Obstáculos de las mujeres rurales en Colombia para acceder a su derecho a la tierra

En las sociedades existen valores, creencias y conductas que están enraizadas y que han generado diferencias entre hombres y mujeres. Ha sido a través de las instituciones como la Iglesia, el Estado, la educación y la familia en las que se han configurado relaciones sociales de dominación que han sido determinantes en la creación de barreras para la realización de los derechos de las mujeres (^{Gallego 2013}, 28).

Esta construcción social ha dado prelación al mundo de lo masculino, posibilitando la desigualdad de oportunidades y diferencias en los derechos y deberes que se asignan a mujeres y hombres, siendo ellas quienes se ven en mayor medida vulneradas por la visión patriarcal. De manera que: "El enfoque de equidad de género se basa en una rigurosa lectura de los patrones de género establecidos por las sociedades y que implican diferencias en las asignaciones de poder en la vida cotidiana" (^{Gallego et al. 2013}, 29).

La plataforma de acción de la iv Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) proclama que la violencia contra las mujeres es: "[...] una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, lo que ha conducido a la dominación masculina, a la discriminación y a impedir el pleno desarrollo de la mujer" (^{Naciones Unidas 1995}). Aquí se señala que los Gobiernos y la sociedad civil deberán tomar medidas para impedir este tipo de violencia. Como una forma de violencia de género se incluye la patrimonial que en nuestro país se ha reconocido por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-012/16:

En la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio común, sin importarle quién lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos los bienes. (^{Corte Constitucional 2016})

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -en adelante, FAO- ha reiterado que la tierra es el recurso más importante para las familias rurales, por lo tanto, garantizar su acceso es el medio principal para mejorar determinantes de calidad de vida. Sin embargo, en Colombia, entre otras problemáticas que afectan la titularidad sobre la tierra, no existe un registro oficial de la tenencia y explotación de los predios, lo cual es una barrera para el diseño de políticas (^{Comisión Colombiana de Juristas 2011}).

Fenómenos como el conflicto armado, el abandono de las tierras y el despojo de millones de hectáreas han generado profundos cambios en las dinámicas rurales. A raíz del desplazamiento forzado muchas mujeres quedaron solas a cargo de las parcelas, frente a lo cual se hace evidente una brecha de género en el sector rural.

El censo agropecuario del 2016 señala que el 26 % de las explotaciones manejadas por personas naturales está a cargo de mujeres, el 61,4 % a cargo de hombres y el restante 12,6 % de manera conjunta. Adicionalmente, las explotaciones de las mujeres son más pequeñas, predominando las de menos de 5 hectáreas y tienen menos acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica (^{Oxfam 2017}).

La Ley 160 de 1994 considera algunos requisitos en aras de la titulación de predios a las familias campesinas. En términos de la legislación, el acceso al derecho a la propiedad en Colombia puede darse en el caso de los predios baldíos⁴, a través de la prescripción adquisitiva del dominio o usucapión⁵ para lo cual debe demostrarse una ocupación directa, pacífica e ininterrumpida por mínimo 5 años, que cumpla con los criterios de la función social y ecológica de la propiedad contemplada en la Constitución Nacional. Desde la Ley 30 de 1988 se estableció que la titulación conjunta de un predio se podrá realizar en el caso de que la persona que la solicita tenga cónyuge o compañera permanente, lo cual se reitera en la Ley 160. El artículo 70 afirma:

Las Unidades Agrícolas Familiares sobre tierras baldías se adjudicarán conjuntamente a los cónyuges o compañeros permanentes, siempre que hayan cumplido dieciséis años de edad, sean jefes de familia, compartan entre sí las responsabilidades sobre sus hijos menores, o con sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad si velaren por ellos. (^{Ley 160 de 1994}, art 70)

En la práctica, las entidades encargadas de la titulación, entendieron taxativamente la expresión jefes de familia al otorgar este estatus a los hombres reconociéndolos como señores y dueños. Esto se traduce en que han sido las mujeres rurales⁶ quienes se han visto avocadas a probar su relación conyugal o marital para ser incluidas en el título, desconociendo sus derechos patrimoniales independientes de la relación que sostengan con un hombre.

Igualmente, al valorarse los requisitos para la titulación se da relevancia a los oficios tradicionalmente masculinos, o en general aquellos que producen una plusvalía para la familia. Las labores de cuidado⁷ que asumen naturalmente las mujeres incluyen servicios no remunerados esenciales para las familias -preparación de alimentos, recolección de agua y leña, limpieza del hogar, lavado y planchado de ropa o la atención de niños, niñas, personas mayores y enfermas-.

En el trabajo no remunerado tanto al interior de los hogares como para otros hogares, la participación de las mujeres rurales mayores de 10 años en Colombia es del 93 % en un día promedio y la participación de los hombres es del 60,6 %. Frente a la dedicación en tiempo, los hombres ocupan en promedio 3 horas 6 minutos, mientras que las mujeres 8 horas 12 minutos, esto señala que las mujeres ocupan 5 horas 6 minutos día promedio más que los hombres en este tipo de actividades. (^{Ministerio de Salud 2015}, 16)

Con estos obstáculos, se desconoce además que el 30,4 % de los hogares rurales tiene en su jefatura a una mujer. Sobre este porcentaje, el 68 % es un hogar con jefe mujer sin cónyuge (^{Dane 2017}, 4), por lo que es un factor que debería tenerse en cuenta en el diseño de las políticas públicas.

Asimismo, existe una marcada invisibilización del aporte productivo de las mujeres en el desarrollo rural del país, exacerbado por el impacto que produjo el conflicto armado, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008:

Dado que la relación entre las mujeres y su derecho a la propiedad, especialmente en el ámbito rural, ha estado mediada por su compañero, cuando el desplazamiento forzado está acompañado de la pérdida de su pareja, las mayores dificultades son evidentes: las mujeres no conocen los linderos, no saben de la existencia de títulos, no tienen información sobre la modalidad de la propiedad, no tienen pruebas de posesión, y en muchos casos, no están en capacidad de dimensionar lo que la tierra y sus productos derivados pueden representar en términos económicos. (^{Corte Constitucional 2008}, Núm. III 1,8)

Se puede inferir que en las intervenciones en el sector rural se continúan considerando como principales agentes y beneficiarios a los hombres. En el caso de los procesos de desarrollo rural ha imperado un enfoque familista tanto en su formulación como en la implementación, ya que se considera que, al beneficiar a la familia en general, la mujer está incluida y, por lo tanto, disfruta de los beneficios generados por estas iniciativas.

Para lograr la igualdad sustantiva "[...] es necesario adoptar medidas específicas que corrijan las desventajas de las mujeres, y a largo plazo, la transformación de las instituciones y las estructuras que refuerzan y reproducen relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres" (^{ONU Mujeres 2015}, 35) que permitan superar barreras de tipo cultural e institucional que resumimos a continuación:

En el ámbito cultural⁸:

En el ámbito institucional:

Recomendaciones para incorporar el enfoque diferencial de género en las políticas de tierras

Los enfoques diferenciales son herramientas analíticas y metodológicas que toman en cuenta las diversidades humanas e inequidades existentes en la realidad. Este paradigma implica una postura frente a la lectura de la realidad social, que, vista desde los derechos humanos, busca la modificación de patrones culturales que han generado la discriminación y las difíciles condiciones de vida de las mujeres.

El enfoque diferencial es una forma de análisis y de actuación social y política que, por una parte, identifica y reconoce las diferencias de género, identidad sexual, etnia, edad y situación de salud, entre otras categorías; y por otra, sus implicaciones en términos de poder, de condiciones de vida y de formas de ver el mundo. A partir del reconocimiento de las diferencias y sus implicaciones busca la transformación o supresión de las inequidades y de sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y económica. (^{Piupc 2012}, 12)

Como punto de partida es importante recalcar que la consecución de la igualdad está a cargo de todas las entidades del Estado y no se predica únicamente de las actuaciones específicas en el marco de proyectos concretos, sino que debe ser visto como un proceso amplio y trasversal.

El Conpes 161 de 2013, desarrolla los Lineamientos para la política pública nacional de equidad de género para las mujeres y el Plan para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Este instrumento conmina al Estado en su conjunto a incorporar los temas de género como un asunto relevante, prioritario de la agenda pública y su transversalización (^{Departamento Nacional de Planeación 2013}).

El enfoque de género en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, programas y proyectos reconoce que existen afectaciones, identidades y apuestas vitales distintas y que toda actuación tiene efectos diferenciados en la vida de las personas dependiendo de si se trata de hombres o mujeres. La necesidad de incorporar la perspectiva de género en los proyectos de desarrollo parte de reconocer que hombres y mujeres deben tener acceso a las decisiones, los recursos y los beneficios, buscando evitar que se ahonden las diferencias.

Incorporar el enfoque de género deja de ser un tema meramente nominal al ser un deber constitutivo del Estado dirigido a atender las particulares necesidades de las mujeres y, más allá, la superación de los factores de discriminación que, para el caso de la relación de las mujeres con la tierra, es histórico y ampliamente documentado (Deere y ^{León 2010}).

Como veremos a continuación, se comprende que la realización del enfoque de género involucra al menos tres aspectos centrales. El primero, se ubica en el orden institucional, relacionado con la actuación de las entidades para dar cumplimiento a la normatividad vigente que se traduce en la efectiva gestión y operacionalización de la respuesta estatal frente a las necesidades e iniciativas a favor de las mujeres; el segundo aborda la actuación de los funcionarios en su ejecución; y el tercero está relacionado con la ampliación de las condiciones de participación de las mujeres, a lo cual subyacen factores culturales.

Transversalización del enfoque de género en metodologías, instrumentos e indicadores para entidades responsables de ejecutar las políticas

Como se ha mencionado en páginas anteriores, Colombia cuenta con una amplia legislación encaminada a garantizar el derecho de la mujer a la tierra. A continuación, se hace una relación de la normatividad que puede respaldar la acción institucional en pro de los derechos de las mujeres.

Tabla 1 Normatividad colombiana relacionada con el derecho a la tierra de las mujeres 

Fuente: elaboración propia a partir de la legislación nacional en tierras, 2019.

Teniendo este marco normativo, el desafío de las entidades encargadas de diseñar e implementar las políticas relacionadas con la Reforma Rural Integral es incorporar el enfoque de género en acciones concretas y medibles en los diferentes procesos y procedimientos.

El primer paso es verificar que los instrumentos y sistemas de información permitan recoger datos de todas las mujeres que explotan el predio, la forma en que lo adquirieron, las actividades de explotación de la tierra, posibilitando que se les de tratamiento de titulares en los procesos de reforma rural que adelante el Estado, que permitan recoger las actividades que realizan las mujeres en el predio donde se incorporen las relacionadas con la economía del cuidado para probar su explotación directa del predio y su titularidad.

Teniendo en cuenta la existencia de diferentes legislaciones que dan el reconocimiento a las mujeres como sujetas de protección constitucional, se identificarán las posibles situaciones, afectaciones y vulnerabilidades sociales que hacen que la mujer en el marco del procedimiento deba tener una atención preferencial o un mayor acompañamiento por parte de una entidad. Esto se hace más visible en el marco de la interseccionalidad⁹, cuando una mujer tiene alguna discapacidad, es niña o adolescente, persona mayor, pertenece a alguna comunidad étnica o es víctima del conflicto armado y que por esa condición enfrenta mayores barreras a la hora de acceder a la tierra.

Igualmente, es importante generar metodologías que garanticen la participación de las mujeres, recogiendo información sobre su titularidad y sobre las formas en que explotan la tierra de manera directa. Muchas veces en estas actividades participan mayoritariamente hombres, ya que las mujeres se quedan en el predio ejecutando actividades relacionadas con el cuidado, razón por la cual se hace necesario generar espacios alternos donde puedan participar niños, niñas, personas mayores y/o con discapacidad, facilitando que ellas se involucren.

A mayor participación de mujeres en las actividades comunitarias, más información tenemos sobre su titularidad y explotación directa de la tierra, no solo en términos de cantidad, sino en términos de calidad de la información. Más allá de los desencuentros y las frustraciones que puedan suscitar en materia de datos y acceso a la información cartográfica oficial existen muchos ejercicios de cartografía social que han develado otras formas en las que diferentes mujeres han comenzado a apropiarse de las reclamaciones de sus predios, a partir del reconocimiento de sus tierras y de sus lugares de origen por medio de dibujos. (^{Posada et al. 2013}, 11)

Para finalizar, es relevante la articulación de diferentes áreas de las entidades con la de planeación, con el fin de conocer el impacto de estas políticas en las mujeres, contar con datos obtenidos a través de variables e indicadores que permitan dar cuenta del acceso de las mujeres a la tierra. Entre los indicadores que se recomienda en las planeaciones de las entidades están: número de mujeres solicitantes en los mecanismos de registro estatales, las que quedan inscritas; el número de mujeres beneficiarias de formalización de predios privados y/o baldíos, de subsidios de tierra; números de mujeres titulares. Estas cifras deben estar desagregadas por titularidad única o conjunta.

Sensibilización y formación de funcionarios de las entidades en la incorporación del enfoque de género

Uno de los elementos que puede coadyuvar a que el enfoque de género sea una realidad en la política de tierras es establecer procesos de sensibilización y formación con los funcionarios y colaboradores de las entidades, dirigidos a que las mujeres rurales sean vistas como sujetas de derechos y se reconozcan las funciones y acciones específicas que deberían llevar a cabo para visibilizarlas en su accionar.

Es necesario diseñar estrategias que permitan a las personas colaboradoras acercarse a la realidad de las mujeres rurales, a través de testimonios y/o cifras que den cuenta de las barreras de acceso que ellas enfrentan y los beneficios que pueden tener las mujeres si acceden a la propiedad. Adicionalmente, es necesario capacitarse en los derechos, normas y legislaciones relacionadas con el acceso a la tierra y en la interpretación más favorable para las mujeres rurales; para ello desde las Ciencias Sociales estamos llamados al diseño de herramientas, materiales pedagógicos y metodologías que inviten a la reflexión, acción y participación desde las realidades de las comunidades.

No es suficiente con incorporar el enfoque de género a los instrumentos, metodologías e indicadores, se deben diseñar lineamientos e instructivos y adelantar procesos formativos con los funcionarios sobre la mejor manera de aplicarlos; y, de otra parte, es importante acompañar y hacer seguimiento riguroso a su implementación.

El trabajo interdisciplinario puede coadyuvar a generar espacios alrededor de la resolución de casos complejos que se pueden convertir en una barrera de acceso para las mujeres, por tratarse de afectaciones sociales que las hacen sujetas de especial protección, debido a la existencia de conflictos familiares y/o conflictividades sociales; aquí el rol del Trabajo Social es central para identificar y enrutar los casos a favor de las mujeres. Casos como uniones múltiples, uniones sucesivas, mujeres que no quieren hacer parte del proceso para no tener problemas cuando los hombres sean parejas o hermanos y no las reconocen como sujetas de derecho, familias separadas con problemas de sucesiones, entre otros son casos para los que se hace ineludible realizar seguimientos específicos.

La asistencia de las mujeres en el proceso no garantiza su participación consciente y efectiva, es importante enfatizar con los profesionales responsables que la desigualdad se sustenta en las relaciones de poder y que son ellos mismos quienes tienen la responsabilidad de indagar información relacionada con el derecho de la tierra por parte de las mujeres.

Promoción de la participación de las mujeres en la toma de decisiones

La participación¹⁰ es uno de los derechos fundamentales que tienen las mujeres en el diseño, formulación e implementación en toda política pública. Antes de iniciar la implementación de cualquier política de tierras dirigida a garantizar el acceso de las mujeres a la tierra, es necesario realizar un mapeo de las lideresas y organizaciones de mujeres en el territorio para garantizar su participación, e implementar espacios de información y formación para que ellas se reconozcan como sujetas de derechos.

Es importante generar espacios que permitan que las mujeres conozcan la legislación relacionada con la garantía del derecho a la tierra -economía del cuidado y titulación conjunta, entre otras-, las políticas públicas existentes, las entidades responsables y los procesos para acceder a las rutas. Esto posibilitará que cuenten con herramientas que les permitan participar de manera activa e informada, garantizando que puedan realizar ejercicios de exigibilidad y veeduría de sus derechos.

Muchas de las mujeres al final del proceso, cuando se les hace entrega de los títulos de propiedad, desconocen su utilidad y si tienen la información siguen considerando que el hombre es el único dueño del predio, por lo cual es necesario adelantar procesos pedagógicos relacionados con su reconocimiento como titulares, la seguridad jurídica otorgada, su derecho a figurar en los documentos públicos y, mediante estos, la posibilidad de acceder a otras ofertas del Estado como proyectos productivos, subsidios de tierras, créditos, etc.

Asimismo, es necesario fortalecer el diálogo con las diferentes instancias formales de participación tanto a nivel nacional como regional, con el fin de promover la discusión y concertación de las políticas públicas de tierras acorde a las necesidades de las personas que habitan los territorios, y permitiendo resarcir los daños y las afectaciones relacionadas con el derecho a la tierra que tuvieron las mujeres en el marco del conflicto armado.

Para finalizar, es importante que el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas de tierras se realicen de manera participativa para que tenga legitimidad y sostenibilidad con la ciudadanía en general, por lo cual es importante trabajar con organizaciones de la sociedad civil, especialmente, con organizaciones de mujeres que desde su experiencia y realidad puedan enriquecer su implementación.

Consideraciones finales

El conflicto armado, el abandono y el despojo de tierras han marcado la dinámica de la tenencia de los predios rurales en el país, afectando de manera especial y diferencial a las mujeres que siguen teniendo dificultades para el acceso efectivo a sus derechos sobre la tierra y el territorio; y afincando la visión patriarcal de la propiedad rural en Colombia. Por esta razón, es fundamental que las políticas que se diseñen e implementen desde el Estado, relacionadas con la Reforma Rural Integral en el marco de un contexto de posconflicto, incorporen una perspectiva de género partiendo de las necesidades y desigualdades reales de las mujeres, logrando una transformación social que disminuya de manera radical las barreras de acceso históricas con las que ellas se enfrentan a la hora de reclamar sus derechos patrimoniales.

Las entidades del sector rural han reconocido el derecho de las mujeres a la tierra a partir del vínculo familiar, marital y/o conyugal con un hombre que es considerado el señor y dueño de la tierra. Explotar un predio se ha entendido como una actividad que genera una plusvalía, lo cual desconoce el aporte económico que hacen las mujeres con las labores de cuidado. Por esta razón, uno de los mayores retos es precisamente que los funcionarios reconozcan a las mujeres como sujetas de derecho y dueñas de la tierra.

Para ello, se hace necesario que desde las entidades se avance en el diseño e implementación de metodologías e instrumentos que agilicen su reconocimiento como ocupantes y poseedoras con derecho a la propiedad. Esto les abre puertas para participar en las economías locales, mejorar sus ingresos, solicitar créditos, implementar proyectos productivos, entre otros.

Institucionalmente, se debe establecer dentro de las rutas de atención que las mujeres tengan un tratamiento diferencial y preferencial a lo largo de los procedimientos; elaborar contextos que permitan visibilizar las barreras de acceso a las que se enfrentan las mujeres a la hora de acceder a los derechos patrimoniales; y sensibilizar a las personas colaboradoras de las entidades en clave de género, con el fin de modificar su forma de intervención que muchas veces da prioridad a los hombres.

En lo cultural, el primer paso es que las mismas mujeres rurales se reconozcan como sujetas de derecho a la propiedad, participen más activamente en las dinámicas relacionadas con la tierra, valoren su trabajo y apoyen el empoderamiento de otras mujeres de su comunidad. Luego, de manera más progresiva y con la vista puesta en no generar acciones con daño en las familias, promover transformaciones de las dinámicas cotidianas como el manejo de la economía familiar, el rol de la mujer en las organizaciones locales y el conocimiento de sus derechos. Un enfoque de género en relación con la tierra solo empieza con la inclusión de las mujeres como titulares; aunque es una transformación radical, solo es un primer paso para el mejoramiento de su calidad de vida.