Enfoques para la construcción de paz

La construcción de paz en el país ha supuesto numerosos retos para quienes, con buenas intenciones, generan alternativas a una realidad que ha impactado de manera negativa a millones de personas. Diferentes búsquedas se han emprendido en aras de encontrar efugios a los estragos que el conflicto armado interno ha dejado y que, a pesar de los esfuerzos por superarlo, parece no cesar. Pensar un proceso de construcción de paz implica abordar desde diferentes enfoques la realidad: la Acción Sin Daño, la Transformación de conflictos, la Educación Popular, la Interculturalidad y Desde el Territorio se articularon en la experiencia a presentar, orientando el proceso de creación de una Agenda Intercultural de Paz para la región del Catatumbo, reflejando la participación como elemento imprescindible para la construcción de paz.

Estos enfoques aportaron elementos conceptuales y metodológicos para lograr un proceso situado, que permitió a las y los habitantes del Catatumbo analizar las dinámicas particulares de la región, identificar problemas y hallar la diferencia con los conflictos, señalar algunas violencias, proponer alternativas de vida, construir colectivamente conceptos de paz, leer la región desde sus prácticas cotidianas y fortalecer el tejido social y los liderazgos durante el proceso. No es intención del presente artículo desarrollar en detalle en qué consiste cada uno de estos enfoques, se retoman aspectos que se consideran importantes para la reconstrucción analítica de la experiencia, permitiendo de esta manera ubicar la atención en las posibilidades que se desplegaron durante el trabajo en el territorio.

Parafraseando a ^{Bello (2011)}, la propuesta teórica sobre la Acción Sin Daño -en adelante, ASD- sugiere pensar temas como el desarrollo, la violencia y la paz desde el paradigma de la complejidad. De tal manera que se logre una mirada integradora, sensible al cambio, atenta a observar lo simple y valorarlo, así, como reconocer el potencial transformador de las relaciones humanas. Este enfoque sugiere especial cuidado en cada acción u omisión que se tenga al acompañar a las comunidades, teniendo en cuenta "unos principios mínimos como acuerdos y valores deseables de convivencia humana en condiciones de pluralidad y multiculturalidad, fundamentados en las nociones de dignidad, autonomía y libertad" (^{Vela et al. 2011}, 20).

Acompañar comunidades supone una actitud permanente de autorreflexión por parte de quien lo hace, de tal manera que se identifiquen las afectaciones negativas que se puedan generar y emprender acciones o modificaciones para evitar o resarcir el daño, procurando siempre el bienestar de las personas, en el marco de los principios ya mencionados. La ASD en términos metodológicos implica algunas etapas: analizar el contexto en el que se desarrolla la acción; identificar dinámicas, estructuras y actores del conflicto, así como las capacidades locales de paz; y efectuar un análisis durante y posterior a la acción en aras de rediseñar las propuestas, en caso de ser necesario (^{Vela et al. 2011}, 20).

Estos elementos metodológicos se plantean con un horizonte aparentemente claro: "mejorar nuestras prácticas de paz" (^{Paladini 2011}, 42); además, dan pistas sobre las maneras de posicionarse frente a las comunidades. La ASD busca identificar la interconexión e interdependencia de los elementos que configuran la realidad y, con ello, notar que cualquier acción emprendida tiene diversos efectos y responsables concretos que deben asumirse inmersos en el conflicto y procurar aportar a la generación de condiciones para la construcción de paz (^{Vela et al. 2011}). Esto último busca ser complementario a otros enfoques (^{Vela et al. 2011}.) desde los cuales también se identifiquen los aspectos dinámicos de la realidad social.

La Transformación de Conflictos, según Lederach, permite:

Visualizar y responder a los flujos y reflujos de los conflictos sociales como oportunidades vitales, para crear procesos de cambio constructivo que reducen la violencia e incrementan la justicia en la interacción directa y en las estructuras sociales y responden a los problemas de la vida real en las relaciones humanas. (2003, 15)

Con esto es fundamental considerar al conflicto como inherente a las relaciones humanas, dinámico y potenciador de cambios. Este enfoque invita a identificar que las apuestas se enmarcan en una red de relaciones, las cuales deben afectarse de manera positiva y en diferentes niveles. Se debe procurar mirar el mapa del conflicto atendiendo más allá de lo inmediato, superando la solución de problemas emergentes y optimizando el potencial para el cambio positivo. Se hace importante considerar la paz como un proceso continuo que se construye en el marco de las relaciones y en el que se hace preciso promover el cambio constructivo a partir del diálogo como elemento esencial, tanto en el nivel interpersonal como en el estructural (^{Lederach 2003}).

Hasta ahora se quiere precisar que las acciones emprendidas desde los enfoques de ASD y transformación de conflictos procuren, desde sus principios, orientar las prácticas reconociendo a los sujetos que participan de la experiencia, analizar permanentemente el contexto, tener en cuenta las posibilidades que se pueden generar en medio de un escenario altamente conflictivo y apostarle a transformar las relaciones que en él se desarrollan, en aras de cambio social constructivo con horizontes de paz. De manera integral, la educación popular nutre los propósitos de estos dos enfoques, entendiendo que esta implica hacer una lectura crítica de la sociedad con una intención política emancipadora, "orientada por propósitos e intereses concretos que buscan afectar a los seres humanos involucrados, sus formas de comprender el mundo y sus relacionamientos consigo mismo, con las y los demás y con lo natural" (^{Sierra 2011}, 4).

Esta relación con lo natural dialoga con el enfoque desde el territorio desde el cual se busca una relación de permanencia en él, en el marco del respeto y armonía con la naturaleza. Según el Comité de Integración Social del Catatumbo -en adelante CISCA-, este enfoque "posibilita concentrarse en un territorio específico donde es necesario hacer las transformaciones en miras a la construcción de vida digna" (2018, 2); para ello se requiere ahondar sobre la realidad concreta, revisar los procesos organizativos y las luchas que desde allí se gestan y adelantan, y valorar las oportunidades que estos procesos brindan para posicionar sus propuestas.

Así mismo, las experiencias educativo-populares invitan a desarrollos metodológicos que sean participativos, dialógicos, creativos y, sobre todo, contextualizados. Esto, desde la lógica transformadora como componente relevante del proceso educativo, supone una potenciación de los procesos de organización y movilización (^{Sierra 2011}), pretendiendo "recrear identidades en la perspectiva de constituir sujetos sociales en ámbitos configurativos caracterizados por las articulaciones, vínculos o redes" (^{Ghiso 2000}, 2). En el proceso de construcción de paz se hace imprescindible la voz de personas, grupos, comunidades que buscan transformar su realidad a condiciones de justicia social, de buen vivir.

El diálogo implica el reconocimiento de las diferencias, de los diversos lugares de enunciación y la historia de las personas que participan en el proceso.

Es ahí donde el diálogo de saberes (interculturalidad) [...] da lugar a un pensamiento múltiple y variado, donde los representantes más claros son las múltiples lenguas y grupos étnicos que habitan nuestras realidades, abriéndonos el camino de los pensamientos hegemónicos en la esfera de lo cultural y lo pedagógico. Esto produce una ruptura con los intentos de construir sistemas cerrados (verdaderos y únicos) del conocimiento y del saber. (^{Mejía 2015}, 20)

Este intercambio implica conocimientos, prácticas y saberes desde los que se suponen sentidos particulares frente a la convivencia y articulación. Además, involucra el reconocimiento de la asimetría del poder en las relaciones culturales, expresada en jerarquías, modelos económicos y políticos homogenizantes, actitudes de hostilidad, discriminación y exclusión (^{Rodríguez, Sarti y Aguilar 2015}). 153

La paz entonces se concibe como un proceso que debe construirse en la cotidianidad y en múltiples niveles. La experiencia a reconstruir refleja cómo la participación entraña la articulación de voces; el reconocimiento del conflicto como motor posibilita la solidificación de apuestas comunes en la defensa del territorio, reflejando que en el desafío de construcción de paz "el encuentro, el diálogo, la negociación hacen parte de nuevos rituales que buscan llegar a consensos y a agendas de negociación política" (^{Ghiso 2000}, 11).

El Catatumbo: la casa del trueno y la resistencia

Al nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, se ubica la región del Catatumbo limitando con los departamentos del Cesar, Santander, Boyacá y con la República Bolivariana de Venezuela. Esta región está conformada por once municipios: El Tarra, Sardinata, Convención, Hacarí, San Calixto, Ocaña, Teorama, Tibú, La Playa, Bucarasica y El Carmen (FNUD 2014, 7). En el Catatumbo se encuentran diferentes figuras territoriales que se superponen entre sí: la Zona de Reserva Forestal (ZRF) Serranía de los Motilones, dentro de la cual se declaró el Parque Nacional Natural Catatumbo - Barí, y en esta área protegida el 77 % corresponde a territorio declarado como propiedad colectiva de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura - La Gabarra (^{Eastman 2016}).

La región, junto con estas áreas protegidas, está geográficamente conformada como una combinación de zonas planas, montañas, valles tropicales, selva andina y selva húmeda tropical. Presenta variedad climática, una presencia importante de bienes naturales y riqueza en las propiedades del suelo que favorecen diversas actividades agrícolas (^{Carvajal 2016}, 4). Sin embargo, ^{Eastman (2016)} expone que existe evidencia de la subutilización del suelo para fines productivos, entre otras cosas, por el aislamiento de la región, ya que no existen o son de pésima calidad las vías terciarias.

Ante esta situación de aislamiento y riqueza de la región, son otras las actividades que se han establecido para su desarrollo. Una de ellas es la extracción de petróleo que junto a la explotación carbonífera, la agricultura extensiva, los cultivos de uso ilícito y la deforestación vienen aplazando la consolidación del compromiso institucional de preservación de ese entorno natural; amenazando la sostenibilidad de las áreas de bosque y las reservas de fauna y flora del parque; atentando contra la pervivencia de las comunidades indígenas y campesinas que tienen prácticas propias de relaciona-154 miento con la tierra; imponiendo un nuevo modelo de desarrollo anclado en la concentración de la tierra; y generando conflictos entre el Gobierno, el campesinado y las grandes empresas (^{Eastman 2016}; ^{PNUD 2014}; ^{Carvajal 2016}; ^{García 2020}).

La región del Catatumbo ha contado con una presencia diferenciada del Estado¹, reflejada en condiciones de pobreza en su población², en un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, en institucionalidad municipal débil, en oferta insuficiente e insatisfactoria de bienes y servicios básicos, etc. Este territorio "ha estado desde siempre marginad[o] -en términos reales y simbólicos- del centro administrativo, político y económico del país" (^{PNUD 2014}, 7). Esta marginalidad se evidencia en la insuficiencia y mal estado de la red vial de la región, que, según ^{PNUD (2014)}, en su mayoría son vías construidas para la explotación de petróleo. Además, "según la caracterización realizada en el marco del CONPES 3739 de enero de 2013, las mayores carencias de la región (pobreza multidimensional) se presentan en el tema educativo con un 83 %", lo que evidencia un gran porcentaje de analfabetismo en la población (^{Colombia informa 2014}).

El territorio, además, ha sido blanco de diferentes actores armados que han buscado beneficios económicos y se han disputado el control político, económico y social: el Ejército de Liberación Nacional -en adelante, ELN-, "los pelusos" disidencias del Ejército Popular de Liberación (EPL), hasta el 2016 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo -en adelante, FARC-EP- y ahora el Frente 33 disidencia de esta guerrilla (^{González 2020}). Estos actores armados ilegales junto con los paramilitares y las bandas criminales se sustentan y protegen, según López citado por ^{Guarnizo (2016)}, con el narcotráfico, el robo de hidrocarburos, extorsiones, secuestros, instalaciones de minas antipersona, carros bomba, asesinatos, y, con esto, se acrecientan los conflictos en la región. "El auge de la economía cocalera, la expansión de los cultivos de palma y la explotación del petróleo y el carbón se relacionan con la vulnerabilidad, inseguridad, exclusión y marginalización de los habitantes del Catatumbo" (^{PNUD 2014}, 8).

En algunos municipios, la población permanece en estado de alerta por la probabilidad de amenazas, homicidios, enfrentamientos entre los grupos armados y las fuerzas militares (^{Guarnizo 2016}). Ante esto, son insuficientes los esfuerzos que se han realizado desde la administración nacional para contribuir a la mejora en la calidad de vida de los habitantes del Catatumbo. La respuesta a la situación de vulnerabilidad de los habitantes por parte del Estado ha sido militarizar el territorio, hecho que ha exacerbado la desconfianza en la institucionalidad, ya que, las Fuerzas Militares también han participado en hechos victimizantes proferidos a los habitantes de la región ^{(PNUD 2014}; ^{Alba 2018}).

Pese a este panorama, el Catatumbo es una región que se ha caracterizado por el nivel organizativo de sus habitantes, organizaciones gremiales y sectoriales, quienes en aras de alcanzar la vida digna, han generado diferentes estrategias para permanecer en el territorio y como comunidad exigir la garantía de los Derechos Humanos -en adelante DD. HH.-, el mejoramiento de las condiciones básicas de vida, condiciones que faciliten sus actividades agrícolas y el cumplimiento de acuerdos previos establecidos en espacios de concertación con el Estado (^{Carvajal 2016, 30}).

El trabajo organizativo se consolida en los años setenta y ochenta, se crean las Juntas de Acción Comunal -en adelante JAC-, se conforman cooperativas y tiendas comunitarias para facilitar el acceso a alimentos, y se establece en la región una economía campesina solidaria que fortalece el sector comunal.

Este proceso fue turbado por la arremetida paramilitar a finales de los años noventa, que produjo masivos desplazamientos, en medio del ataque a los procesos comunitarios y el asesinato a muchos pobladores y líderes de la región.

En el 2004 se lleva a cabo la desmovilización del Bloque Catatumbo; mientras tanto, las y los habitantes llevan a cabo un proceso para regresar al territorio, teniendo como horizonte el buen vivir construido desde las bases y la reconstrucción de las relaciones quebradas por la acción paramilitar. En este proceso de reasentamiento en la región, surge, entre otras organizaciones (Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAM-CAT- y Movimiento por la Constituyente Popular -MCP-), el CISCA, una organización de base que logra consolidarse con la intención de "no seguir aislados y [unirse] para enfrentar las problemáticas del desarrollo de la región en medio del conflicto armado" (^{CISCA 2005}). Desde su conformación hasta el día de hoy, esta organización ha desarrollado diferentes escuelas, encuentros regionales, municipales, sectoriales, con el fin de dar a conocer sus apuestas y fortalecer la comunidad campesina e indígena en el territorio.

El plan de vida recoge la visión que esta organización propone sobre la región; orientado por los principios de integración, respeto por la vida y permanencia en el territorio, presenta las alternativas de resistencia en oposición a los planes de desarrollo impuestos a nivel local y nacional. Este plan se concreta a partir de tres caminos de lucha, la participación institucional, la organización y la movilización social, desde los cuales las y los catatumberos presentan sus exigencias particulares, procurando dejar atrás los años de guerra que han marcado su historia, sus sueños y sus vidas.

En el marco de las luchas históricas que se han dado desde el movimiento campesino, en el 2013 se convocan distintos sectores campesinos para instalar el Congreso de Paz, en el que se mandató un movimiento por la paz del país que articulara las iniciativas que en ese sentido se habían adelantado; una agenda que se basaba en la paz territorial, la justicia social y ambiental; el desarrollo de un gran diálogo nacional; y una Mesa Social Para la Paz (MSP) para coordinar la operativización de la propuesta (^{Comité de impulso Mesa Social para la Paz s. f.}).

La mesa social se constituye como un escenario independiente y a su vez complementario de las mesas de diálogo y negociación con las insurgencias. Diferentes organizaciones sociales que tienen presencia en territorios afectados por el conflicto armado o que se han constituido desde una lucha por los DD. HH. y la defensa de la vida encuentran en esta figura un espacio en el que pueden exponer los diferentes puntos que, consideran, deben dialogarse para la construcción de la vida con dignidad (^{Restrepo 2015}).

Es en este escenario que para el 2017 el CISCA decide realizar un ciclo de escuelas municipales para la construcción de una agenda de paz propia, que obedeciera a los intereses y necesidades de los y las habitantes de la región, una agenda que permitiera recoger propuestas encaminadas a tener mejores condiciones de vida. La consolidación de esta agenda "es un ejercicio propositivo de movilización social y resistencia de comunidades que se niegan a doblegarse frente al miedo, al histórico abandono estatal y al sistemático uso de la violencia en la región" (^{CISCA 2018}). Para este proceso se contó con el acompañamiento de la Asociación Minga³ y de la Universidad Nacional de Colombia⁴.

Una agenda intercultural de paz

"¿Cómo acabamos con algo indeseado y construimos algo que si deseamos?" (^{Lederach 2003}, 34). Esta pregunta permite identificar la importancia 157 de transformar la realidad. La construcción de paz no es un proceso lineal, corto, sencillo, supone múltiples esfuerzos y una profunda convicción de que otro mundo es posible. El CISCA se propuso en el 2017.

Fortalecer y proyectar nuevos liderazgos en los territorios donde [...] ejerce su compromiso comunitario a través del análisis y la comprensión de la problemática municipal y regional, para la formulación e implementación de alternativas de vida en el territorio desde la construcción de una agenda social de paz. (^{Asociación Minga, Universidad Nacional y CISCA 2017})

El proceso que buscó dar cumplimiento a este objetivo se desarrolló en ocho escuelas: seis municipales (Convención, El Tarra, La playa, San Calixto, Hacarí y Teorama), una escuela de juventud y una de mujeres. Se presentan a continuación tres apartados que visibilizan la experiencia retomando algunos elementos conceptuales de los enfoques: uno metodológico, otro que hace referencia a la participación como fin y medio y, por último, se exponen algunas de las propuestas fruto del proceso.

Metodología de las escuelas

La programación de cada una de las escuelas implicó un diálogo entre personas del CISCA, la Asociación Minga y la Universidad Nacional de Colombia. Se diseñó una metodología de trabajo para tres días, que se cualificó en cada municipio, respondiendo a las particularidades y eventualidades presentadas. Cada escuela contó con tres grandes momentos: en el primero, se realizó una mística, se presentaron las y los participantes y se rememoró la historia del proceso del CISCA. Esto permitió un acercamiento entre las personas que asistieron, un reconocimiento del camino de lucha recorrido por la organización y una disposición especial para la escuela.

En el segundo, se logró un análisis de contexto de cada uno de los municipios, identificando actores, violencias y disputas presentes en la región, procurando integrar cada una de las problemáticas tanto locales como regionales en el análisis. Finalmente, se hizo una revisión de los procesos de negociación y diálogo que se han dado en aras de la construcción de paz en el país, generalmente entre los diferentes gobiernos y las insurgencias, para recoger los aprendizajes de estas experiencias y concretar propuestas propias en la figura de un árbol⁵ que sintetizaría la jornada.

En ese sentido, en cada una de las escuelas se realizó un análisis del contexto que permitió "identificar tensiones y divisiones existentes, más allá de lo obvio. Hay divisiones de carácter económico, político, cultural e incluso geográfico" (^{Vela et al. 2011}, 17). Es posible identificar cómo se van articulando las diferentes visiones de quienes participan y se va constituyendo un relato colectivo en el que se aclara la visión de conflicto, la identificación de violencias en diferentes niveles: estructural, simbólica y directa, y, por último, se presenta lo que se entiende por paz reconociendo la responsabilidad de los diferentes actores para construirla.

Participación

La participación se entiende como elemento transversal, vinculante y potenciador de cambios. Las escuelas posibilitaron un intercambio de ideas, sentimientos, historias, experiencias, esperanzas y metas, que, en conjunto, permitieron encontrar definiciones comunes a los problemas y, en un ejercicio creativo, construir alternativas a ellos. Según Lederach, "los procesos diseñados para explorar los problemas más profundos necesitarán tener como meta la creación de espacios de diálogo, más que la de una solución negociada e inmediata" (2003, 63).

La transformación requiere "la conjugación de esfuerzos de carácter individual y colectivo, en espacios tanto locales como regionales y globales" (^{Sierra 2016}, 29). En esa vía, la participación supone lograr puntos de encuentro en medio de la diferencia. Para las comunidades catatumberas es claro que la paz implica los aportes diversos de los actores que habitan la región y de aquellos que, siendo externos, toman decisiones sobre el territorio. En las escuelas se propusieron escenarios en los cuales se posibilite un diálogo entre perspectivas diferentes.

Las y los habitantes del Catatumbo plantean la articulación de diversos sectores como apuesta política, en la que diferentes comunidades, los actores relacionados con el cultivo de uso ilícito, las y los indígenas, las JAC y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, las instituciones y administraciones municipales establezcan un diálogo para que en un trabajo mancomunado se asuman responsabilidades individuales y colectivas para el cumplimiento de la agenda de paz. Con esto es clara la intención de las comunidades frente a la construcción de paz, manifestando que esta solo es posible en un trabajo en red, donde lo organizativo se plantea como clave para llevar a cabo todo el proceso, partiendo de principios como el respeto mutuo de ideas, de expresiones y de derechos. El diálogo se establece como la vía por la cual se transforman los conflictos y se superan los malentendidos.

En este proceso se considera importante una participación "donde las desigualdades sociales, económicas y políticas, además de las relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no son mantenidos ocultos sino reconocidos y confrontados" (^{Rodríguez, Sarti y Aguilar 2015}, 26). A pesar de la fuerza de los procesos organizativos, la historia de discriminación, exclusión y negación ha dificultado a las y los catatumberos tener una participación efectiva en las decisiones que se han tomado sobre su territorio, decisiones que afectan sus vidas y sus maneras de habitar. De esto surge la importancia de orientar sus fines hacia la potenciación de una participación incidente que se exprese en diferentes niveles.

Propuestas

La construcción de paz supone generar "condiciones de vida con justicia, en dignidad, con plena vigencia de los DD. HH. y además de forma participativa, entre ellas, con estrategias que empoderen a la mujer y afiancen la igualdad de género" (^{Vela et al. 2011}, 28). De las escuelas se logran construir diferentes propuestas que buscan transformar los conflictos y las relaciones atendiendo necesidades en cuatro niveles: estructural, comunitario, familiar e individual⁶. Estos se presentan de manera diferenciada; sin embargo, la propuesta de agenda intercultural de paz implica avances en todos ellos para considerar que efectivamente se está trabajando en la consecución de justicia social para la región. Es necesario que se desarrollen capacidades individuales y colectivas para visualizar y generar un compromiso con los procesos de cambio tanto en las relaciones interpersonales como socioestructurales (^{Lederach 2003}).

A continuación, se presentan las propuestas en cada nivel; cabe precisar que, a pesar de que existen particularidades en cada uno, existe como propuesta transversal en las agendas de trabajo sobre género y mujeres el reconocimiento a la diversidad sexual que le apunta a la eliminación del machismo en la región y con él a la eliminación de todo tipo de violencias hacia las mujeres y diversidades sexuales. Se insiste en potenciar las capacidades de las mujeres campesinas e indígenas para lograr un gobierno propio y en esa vía un fortalecimiento de los colectivos de mujeres acompañado de un proceso de sensibilización sobre las violencias que suelen ser invisibilizadas.

A nivel estructural

Las propuestas a nivel estructural se pueden articular en cinco grandes puntos que recogen el cúmulo de ideas al respecto presentadas por quienes participaron en las escuelas. El primero tiene que ver con el potencial para el cambio que supone la capacidad de reconocer, entender y reparar lo que ha sucedido (^{Lederach 2003}). Las comunidades del Catatumbo consideran que para construir paz es necesario el reconocimiento y cumplimiento de los acuerdos previos realizados con diferentes actores sociales y políticos. Existen esfuerzos históricos que merecen la pena ser retomados, visibilizados y actualizados para determinar los horizontes y las maneras en las que se llevará a cabo un posible proceso de diálogo. En el segundo punto, las personas de la región consideran fundamental fortalecer los espacios de participación de las comunidades en escenarios institucionales. Ante la ausencia de garantías para la participación se reclama como imperativo para la transformación, ejercicios vinculantes, donde las propuestas de vida de las comunidades sean determinantes sobre las decisiones a tomar en relación con el territorio. Un tercer punto es la garantía de los DD. HH., del Derecho Internacional Humanitario- DIH y los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), respondiendo al contexto violento que dificulta el Buen Vivir de las personas.

Como cuarto punto, se hacen propuestas en relación con la concepción que el campesinado tiene del territorio y su vínculo con la Naturaleza.

Algunas propuestas son: la implementación de los Territorios Campesinos Agroalimentarios y con esto el ordenamiento territorial popular, el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos, el cese de extracciones minero-energéticas y la consulta popular decisoria frente a este tema, así como crear estrategias viables y concertadas frente a la dejación del cultivo de coca, la eliminación de los monocultivos en la región, garantías para la comercialización de los productos propios y el reconocimiento de la economía solidaria y campesina.

Por último, se presenta la exigencia del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos; se hace referencia a elementos que tienen que ver con el relacionamiento con la tierra y con las personas que la habitan, lo que supone unas prácticas económicas, sociales y culturales propias. Este reclamo implica garantías frente a la realización de sus actividades, entre esas, la productiva; para las comunidades del Catatumbo es fundamental que existan posibilidades para la producción, transformación y comercialización de productos propios con precios justos y venta directa en las plazas. Ahora bien, las propuestas de paz desde arriba deben combinarse de manera creativa con los aprendizajes, prácticas y saberes desde abajo (^{Paladini 2011}). El CISCA suscita una revisión en diferentes niveles, que considere, además de los acuerdos con las insurgencias, transformaciones locales que complementen y recojan las demandas comunales, reconociéndose como sujetos activos en la transformación, creación y consolidación de estrategias y horizontes de vida, que se resisten a abandonar el territorio o sus prácticas tradicionales en él.

A nivel comunitario

Para las y los habitantes del Catatumbo el fortalecimiento organizativo es imprescindible para construir paz, este ha sido un camino de lucha que les ha permitido permanecer en la región. Las propuestas invitan a las JAC, a las iglesias, a la comunidad Barí y a los procesos sociales a integrar en sus prácticas cotidianas relacionamientos que apunten a la transformación de conflictos desde la no violencia. Además, se plantean escenarios colectivos de formación para la paz, junto con la creación de estrategias para socializar los aprendizajes de estos espacios, visibilizando las responsabilidades que cada actor tiene en el proceso de cambio.

Con ello, se invita al fortalecimiento de los gobiernos propios, a la unidad popular desde las diferentes maneras de ser y hacer gobierno. Esto involucra a los colectivos y comités conciliadores; de soberanía alimentaria; de economía solidaria; de mujeres; de niñez y juventud, en un trabajo de formación permanente para realizar lecturas de contexto y desarrollar estrategias para defender la región. Se proponen actividades culturales, recreativas y deportivas, de acceso a todos, que integren a las comunidades y expresen otras maneras de habitar. La danza, la poesía, la trova, el teatro y el rap aparecen como elementos que contribuyen tanto a la formación para la paz como para fortalecer las redes comunitarias.

Por otro lado, se sugiere que el ordenamiento territorial⁷ lo realicen las mismas comunidades en aras de respetar tradiciones en relación con la producción y el uso del suelo. Se hace un llamado a la eliminación de los agroquímicos inspirando cultivos sanos, huertas caseras orgánicas, diversificación en la producción, cuidado de bosques y microcuencas, con horizontes de relaciones conscientes con la naturaleza, de soberanía alimentaria y de economía solidaria en la región. Esto acompañado de estrategias como la colectivización y comercialización comunitaria en tiendas, cooperativas y la creación de empresas propias para la transformación de los productos, como esfuerzos de formación, organización y actuación crítica y creativa (^{Sierra 2016}).

A nivel familiar y personal o individual

Aunado a lo anterior, se hace fundamental considerar un nivel familiar y personal o individual. Desde él, se le apunta al reconocimiento de los saberes, prácticas ancestrales y de la cultura campesina. Para las y los catatumberos, construir paz implica un trabajo desde la casa, de formación en valores comunitarios y de pensamiento colectivo procurando un impacto en las relaciones, donde se empiece a primar la honestidad, el respeto a las differencias y la solidaridad, y con ello se reduzcan, hasta su eliminación, las violencias en el hogar, en especial contra la niñez, las mujeres y el desamparo a los adultos mayores.

Por otro lado, el campesinado propone que las comunidades convivan en una relación en armonía con la naturaleza, esto implica un cuidado y defensa del ambiente y del territorio para garantizar la permanencia y así la consecución del Plan de Vida. La Agenda Intercultural de Paz sugiere un trabajo permanente en lo cotidiano, sin perder los horizontes y sueños (^{Lederach 2003}).

Horizontes

Por último, las propuestas construidas por las y los catatumberos dan cuenta de que "la construcción de mayor justicia pasa necesariamente por producir cambios en los marcos institucionales, políticos, económicos y culturales y en los patrones relacionales que dan origen a los conflictos" (^{Rodríguez, Sarti y Aguilar 2015}, 21). Estos cambios se orientan a partir de horizontes políticos concretos expresados en cada una de las escuelas; las acciones propuestas en cada nivel, en conjunto, deben apuntar a la construcción de justicia social, al ejercicio pleno del poder popular, a una verdadera autonomía y equidad social, en síntesis, al cumplimiento de lo que los campesinos y campesinas llaman el Plan de Vida.

Es imprescindible un trabajo en red donde las alternativas que se plantean se orienten hacia unos principios que las mismas comunidades determinan. La práctica no puede percibirse por fuera de una concepción de mundo particular; se hace preciso integrar capacidades, con deseos y pertinencia de horizontes, es necesario establecer diálogos entre niveles y con temporalidades de cumplimiento, de tal manera que se produzca un reconocimiento recíproco de la realidad, que facilite el entendimiento de la complejidad y permita prácticas situadas y transformadoras (^{Max- Neef 2016}).

La consolidación de la Agenda Intercultural de Paz para el Catatumbo es un paso más en la historia de luchas y resistencias que en esta región se han gestado. Se ha trazado la ruta para una realidad fluctuante; el compromiso de las y los habitantes de esta región permanece y se afianza en cada uno de los colectivos de trabajo. En aras de operativizar las iniciativas expuestas, se requiere seguir nutriendo la Agenda y establecer plazos de cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo en cada uno de los niveles.