1. Chile, neoliberalismo y la crisis estructural

Chile representa un caso muy particular en cuanto a la trayectoria de las condiciones políticas, sociales y económicas en las últimas tres décadas. Luego de la crisis política y cultural generada por la dictadura cívico-militar, junto a la instalación a fuego y sangre del modelo neoliberal (French-Davis 2003; ^{Garretón 2012}), el país inició en la década de 1990 un proceso de transición a un sistema democrático. Pese a las expectativas de transformación, este proceso significó la consolidación y profundización del modelo, junto con la mercantilización del bienestar; así, el Estado adquirió un papel totalmente privatizador, subsidiario y focalizante (^{Moulian 1996}; ^{Bizberg 2014}), que fue gestionado tanto por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia¹, como por los gobiernos del conglomerado Chile Vamos².

En este contexto, la privatización de los sistemas de salud, previsión social, educación, vivienda y transporte, entre otros, no hizo más que consolidar la desigualdad de condiciones sociales y económicas de la población frente al acceso a estos derechos y servicios básicos (^{Fischer y Serra 2004}; ^{Martínez Franzoni 2007}; ^{Báez 2020}). De esta manera se reproduce la estructura de desigualdad social generada desde el neoliberalismo, configurador de una rigidez que tensiona profundamente el contradictorio discurso sobre el éxito de las políticas sociales en Chile.

Al respecto, los datos sobre la concentración del ingreso en Chile son elocuentes. En el 2017, el 56 % de la población con menores ingresos percibía, en promedio, solo 258 dólares mensuales. Por el contrario, el 5 % más rico de la población percibía un ingreso per cápita de más de 2.900 dólares mensuales, es decir, 11 veces superior (Observatorio Social 2018).

En Chile, solo el 1 % de los asalariados gana más de 3 millones de pesos chilenos mensuales, y el 50 % gana 300.000 pesos o menos; el 30 % de la riqueza del país se concentra en un 1 % de la población y una de cada tres familias chilenas tiene deudas que no alcanza a pagar (^{Durán y Kremerman 2019}). Igualmente, el sistema privado de pensiones, instalado hace treinta años, prometió que las personas se retirarían con entre el 70 % y el 80 % de su salario, pero la evidencia es clara y esto se catalogó como un fraude del sistema político chileno (Hormazábal 2012). A todo esto se suma una sensación de agravio sistemático, tanto en el trabajo -por parte de la gente de mayores ingresos-, como de injuria pública -por parte de la clase política-; esta situación "rebalsó el vaso" en octubre del 2019, cuando retumbó el país o, como se planteó en las calles: Chile despertó.

Hay consenso sociopolítico con respecto a que el problema del alza de los boletos del Metro de Santiago gatilló las movilizaciones sociales, lo que devino en el estallido, como consecuencia además de la desigualdad estructural de la sociedad chilena, la acumulación de abusos, las alzas en los servicios públicos privatizados; todo ello sumado a la precarización de los derechos sociales y el endeudamiento de la población (^{Morales 2020}; ^{Grez 1997}; Candina 2020; Ruiz y Caviedes 2020).

Uno de los conceptos que se llenó de sentido fue el de dignidad, que alude a lo que todos y todas merecemos, a cuáles son los mínimos y también los umbrales que merecemos en función de algo que nos vuelve iguales; y se refiere a cuál es la condición mínima de vida digna por ser parte de la comunidad o sociedad chilena. Pero esas condiciones de precarización incluso se agudizaron y profundizaron desde marzo del 2020 cuando llegó el COVID-19 a Chile.

Acontece la pandemia: crisis socio-sanitaria y el develamiento de las desigualdades

La pandemia generada por el COVID-19 ha tenido efectos profundos en el ámbito de la salud e implicaciones complejas en la economía y el desarrollo social, pero, sobre todo, ha dejado en evidencia las precariedades y desigualdades que se viven en Latinoamérica y en Chile particularmente (^{Ordoñez y Amescua 2020}; ^{ONU 2020}; ^{Vera et al 2020}). La crisis sanitaria que inició con la pandemia en marzo del 2020 reveló los profundos problemas de desigualdad y de protección de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (^{Observatorio Ciudadano 2020}; ^{Colegio Médico 2020}). Es así como

el COVID-19 pone a prueba a sociedades, gobiernos, comunidades y particulares. Esta es una época de solidaridad y colaboración para hacer frente al virus y atenuar los efectos, a menudo no deseados, de las medidas aplicadas para detener su propagación. El respeto de los derechos humanos en todo su espectro, que abarca tanto a económicos, sociales y culturales como civiles y políticos, será fundamental para el éxito de la respuesta de la sanidad pública y la recuperación de la pandemia. (^{ONU 2020}, 1)

Desde el momento en que la ONU publicó el texto de donde se toma la referencia anterior, la precariedad de las condiciones de vida se ha venido agudizado negativamente, en ámbitos como: atención médica, situación de vivienda y hacinamiento, situación del agua, saneamiento e higiene, alimentación. Pero también hay sujetos que han sido los más afectados, entre ellos: personas con discapacidad, personas mayores, personas detenidas o recluidas en instituciones, familias migrantes, desplazadas y refugiadas, niños, niñas y jóvenes, pueblos indígenas. Estas situaciones han sido analizadas y han preocupado a organismos regionales.

Las medidas de confinamiento³ y posterior cuarentena se evaluaron como necesarias para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas. Estas primero fueron implementadas por cuadrantes de contagios, lo que generó dificultades para comprender la territorialidad de la cuarentena; después se decretó la medida a nivel administrativo comunal, lo que generó conflictos con las autoridades locales debido su nula participación en estas decisiones. Las cuarentenas comunales inmediatamente tuvieron impacto, pero no el esperado, ya que se generaron pérdidas de empleo, y hubo situaciones en las cuales empresarios pudieron despedir a sus trabajadores/as, incluso sin indemnización, aduciendo fuerza mayor. Sin una cuarentena total en comunas, trabajadores/as debían optar entre cuidar su salud y la de los suyos quedándose en casa, o asistir al trabajo, al que siguen obligados a presentarse, para cuidar su sustento (^{Giminiani, Pérez y Quezada 2020}). Otro efecto profundo del confinamiento lo padecieron las personas ocupadas en la economía informal, este grupo llega a ser el 29 % de los ocupados (INE 2020), una fuerza de trabajo que reporta menores salarios, mayores dificultades de organización colectiva, y vulneración de derechos fundamentales (Durán y Kremerman).

Por otra parte, en la esfera formal siguieron vigentes los permisos laborales, por lo cual trabajadoras y trabajadores han tenido que viajar largas distancias en transporte público aglomerado, para llegar a sus trabajos, corriendo mayor riesgo de contagiar y ser contagiadas. Otras personas han visto reducidos sus ingresos o los han perdido, principalmente que trabajaban en actividades más expuestas a despidos y a reducciones salariales y, en general, en condiciones de precariedad laboral que develan la profunda desigualdad material e inmaterial en Chile: tanto en lo que se refiere a la profundización de las condiciones de pobreza por ingresos, como en lo concerniente a pobreza multidimensional.

En la Región de Valparaíso, la pobreza por ingreso se estimaba en un 12 % en el 2015 y en un 7.1 % en el 2017 (^{Observatorio Social 2018}). De ser así, en el 2015 la pobreza por ingreso estaría por encima de los resultados nacionales (11,7 %), y en el 2017 la relación sería inversa (8,6 %) (^{Observatorio Social 2018}). En relación con la pobreza multidimensional⁴, en la región de Valparaíso, esta llegaba a un 18,7 % en el 2017, siendo solo un 0,3 % menor que el total nacional (^{Observatorio Social 2018}).

Hoy el panorama nacional se hace más complejo, Chile experimenta una problemática prevalencia del virus, y la región de Valparaíso es la segunda con mayor cantidad de fallecidos y con mayor tasa de letalidad por COVID-19. Chile llegó al umbral de contagios en la pandemia en los meses de febrero y marzo del 2021, por lo que nuevamente se ajustaron las medidas sanitarias. Esta fue una situación de total descontrol, lo que implicó que los contagios prácticamente se duplicaran con respecto a junio del 2020.

Fuente: (^{MINSAL-Chile, 2021}).

Figura 1 Casos COVID-19 en Chile, fallecidos por región y letalidad por región desde el 21 de marzo del 2020 hasta el 1 de abril del 2021. 

La tendencia indica que los casos se expanden a un ritmo preocupante. La dinámica de los contagios en la Región de Valparaíso muestra un patrón muy desigual según estratos sociales, ya que los cordones territoriales que bordean las áreas metropolitanas o centrales (figura 2) son los más afectados y a la vez los que tienen menores ingresos y mayor precarización.

Fuente: elaboración propia con base en ^{IDE Chile (2021)} y ^{TECHO- Fundación Vivienda (2021)}.

Figura 2 Casos de COVID-19 por cuadrante sobre el mapa de vulnerabilidad social. 

La pandemia del COVID-19 ha impactado más que la salud de la población. En efecto, esta ha generado efectos multidimensionales, afectando derechos económicos y sociales y también derechos civiles y políticos, como se expondrá en las siguientes secciones. Es por ello que, en tiempos de crisis, es fundamental analizar la acción del poder ejecutivo en el diseño e implementación de políticas.

La crisis sociosanitaria y la respuesta del Gobierno

El 15 de marzo del 2020 comenzó el proceso de confinamiento decretado en Chile, luego de que el 3 de marzo se detectara el primer caso de COVID-19. Las primeras medidas para evitar la propagación del virus fueron la suspensión de clases presenciales en establecimientos educacionales, implementando la modalidad virtual para escuelas, universidades y centros de formación técnica. También se declaró cuarentena en las residencias del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y en hogares de adultos mayores. Además, se establecieron aduanas sanitarias en las fronteras regionales y provinciales.

Otra medida que se mantuvo fue el toque de queda, para restringir los desplazamientos y con ello el contagio. Acogida bajo Estado de Emergencia durante el estallido social, esta medida administrativamente solo pasó a ser denominada Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública (^{BCN 2020}).

El 20 de marzo se decretó el cierre de cines, teatros, restaurantes, pubs, discotecas, y espacios de eventos deportivos que congregan público en todo el territorio nacional. El 22 de marzo se decretó toque de queda a nivel nacional y se implementó un sistema de "cuarentenas dinámicas" principalmente en comunas de Santiago, que concentraban el mayor grupo de contagiados; en este contexto se difundió el eslogan "quédate en casa". Sin embargo, en la región de Valparaíso, las ciudades de San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar cercanas a Santiago recibieron constantes visitantes desde la capital, tanto en los fines de semana, como en los festivos -Semana Santa, 1° y 21 de mayo-, lo que tuvo como consecuencia un aumento de los casos de COVID-19, llevando a que se tomara como medida, la cuarentena total de algunas ciudades de la región, situación que en algunos casos se prolongó hasta por cuatro meses (tabla 1).

Tabla 1 Periodo de cuarentena en ocho comunas de la región de Valparaíso. 

Fuente: elaboración propia (^{MINSAL-Chile 2020} y ^{La Tercera 2020}).

A nivel regional, las medidas asociadas al control de aglomeraciones y de desplazamiento, como la prohibición de ingreso de cruceros, el cierre de restaurantes, el toque de queda y posteriormente el confinamiento total, llevaron a que el sector turístico, comercial y de servicios se viera impactado, aumentando los niveles de desempleo y/o bajando los sueldos de sus trabajadoras/es.

La suspensión de clases en establecimientos educacionales y cierre de salas cuna presenciales comenzó a generar una crisis de los cuidados en los hogares con niños y niñas, afectando principalmente a mujeres, siendo ellas quienes se quedaron a cargo de los cuidados domésticos, realizando teletrabajo o en muchos casos dejando de trabajar.

Junto con lo anterior, la suspensión de las clases revistió otra complejidad, ya que los establecimientos educacionales además de dar clases y entregar los contenidos correspondientes al año escolar, se hacen cargo de la alimentación de los estudiantes categorizados y focalizados como "vulnerables". Por ello, se determinó la entrega de raciones de alimentos para dichos estudiantes, coordinación que estuvo, y sigue estando, a cargo de las municipalidades (^{JUNAEB 2020}; ^{JUNAEB 2021}). Para ello, apoderados y apoderadas debieron retirar las raciones en los colegios y escuelas semanalmente, proceso que llevó a aglomeraciones por falta de información y que por ello sigue siendo altamente cuestionado.

Durante los primeros meses, las medidas de contención del virus fueron pensadas de manera provisoria, con la idea de que la pandemia sería algo pasajero. Dado que la crisis sanitaria se acentuaba, con el aumento de casos y de demanda de los recintos asistenciales, y ya que esto además estaba impactando en la economía del país, se creó un paquete de medidas para enfrentar la crisis. Este paquete, en torno al COVID-19, consta a la fecha de: Resoluciones (636), Decretos (155), Leyes (56), Acuerdos (8), Circulares (6), Auto Acordados (5) y Ordenanzas (4), en índoles Institucionales y/o Administrativas (490); Sanitarias (187); Aislamiento y/o Cuarentena (102); Laborales y/o Económicas (94); Cordones Sanitarios (88); Paralización de actividades (48); Trámites y/o Documentos (36); y Estado de Excepción (8) (^{BCN 2021}).

Hemos considerado cuatro ámbitos de medidas para la escritura de este artículo: de orden de control y restricción; de orden asistencial-focalizado; de orden económico; y de orden sanitario. La medida de orden de control y restricción tomada por el gobierno, tal como se mencionó, ha sido el toque de queda bajo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública (^{BCN 2020}).

En lo asistencial-focalizado, se implementó un paquete de medidas para proteger a trabajadores y trabajadoras, se destaca la Ley de protección al empleo (^{BCN 2020a}), que busca resguardar la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras, permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del Seguro de Cesantía, cuando se suspenda el contrato de trabajo por acto de autoridad (cuarentena), pacto de suspensión, pacto de reducción temporal de la jornada, y pacto de suspensión bajo la modalidad crianza protegida. Junto con estas medidas, y para apoyar el empleo y mantener los ingresos de trabajadores/as y empresas afectadas, se realizó la entrega de una serie de bonos, entre los que se encuentran: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) (^{BCN 2020b}; ^{IFE 2020}), Bono COVID Navidad, Bono COVID Preparación y Apertura Inicial, el Bono COVID Trabajadores de la Salud (^{BCN 2020d}) y la entrega de canastas de alimentos mediante la campaña Alimentos para Chile (^{SECOM 2020}).

Entre las medidas de orden económico, con miras a fomentar la actividad productiva y la demanda laboral, se destaca: la entrega de financia-miento con el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE) para generar liquidez (^{BCN 2020e}); la implementación de un Plan Económico de Emergencia, que incluye un fortalecimiento de la oferta de crédito, con énfasis en las personas y empresas de menor tamaño; así como la suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas por tres meses para pequeñas y medianas empresas (Pymes) (^{BCN 2020f}; ^{SII 2020}). Unido a lo anterior, como estrategia para fortalecer el sistema de salud, se implementó apoyo financiero para el fortalecimiento de hospitales y laboratorios de diagnóstico (^{Dipres 2020}).

En cuanto a las medidas de orden sanitario para contener el avance de los contagios por COVID-19, se encuentra la implementación del plan Paso a Paso, el cual fue emitido mediante la Resolución Exenta 591, que dispone medidas sanitarias de confinamiento en cuatro fases, desde la cuarentena hasta la fase de apertura inicial. Este plan consiste en una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular, y está sujeto a indicadores epidemiológicos, a la demanda de la red asistencial y a la trazabilidad de los casos (^{BCN 2020g}). Con relación a la trazabilidad, el seguimiento de casos activos se realiza mediante la plataforma "Visor Territorial COVID-19", que divide los territorios en cuadrantes que se señalan con un número y color, según la cantidad de casos positivos detectados.

Lo anterior se tensiona con la precariedad de los sistemas de salud pública y la privatización del sistema sanitario, la dependencia de insumos médicos que deben ser importados, reducción de presupuestos de los sistemas sociales (salud, educación y vivienda), la deficiencia de las condiciones laborales e inestabilidad económica que afectan a miles de familias.

El malestar colectivo es evidente a medida que continúa la emergencia sanitaria (^{Julián 2020}), que también se ha transformado en emergencia económica e incluso alimentaria, a causa de la profunda desigualdad y agudización de las condiciones de pobreza.

La pandemia y las medidas del gobierno de Chile han llevado a una mayor precarización de las condiciones de vida y laborales de la sociedad, existiendo una visible asimetría social y territorial. Esto configuró una serie de acciones y resistencias a nivel local y territorial, que emergieron ante las cuarentenas y como resistencia a las insuficientes políticas de "mitigación" del Gobierno central; frente a la consigna "quédate en casa" aparecieron otras prácticas discursivas como: "confinamiento comunitario" y "sólo el pueblo ayuda al pueblo", materializadas en dos propuestas que daremos a conocer en el siguiente apartado.

4. Políticas emergentes desde los territorios

En Latinoamérica la respuesta a la crisis sociosanitaria se da, al igual que en Chile, desde los territorios, con actores involucrados que van desde movimientos sociales más consolidados hasta personas que comenzaron a involucrarse localmente debido a la pandemia (^{Sartorio 2020}).

Las medidas de aislamiento tuvieron consecuencias que intensificaron y crearon iniciativas populares y redes de solidaridad como acciones inmediatas para garantizar la distribución de alimentos a los más vulnerables (^{Sartorio 2020}). Así, por ejemplo, las ollas comunes nacen a partir de la intensificación de la organización barrial, y son iniciativas coyunturales, que se diferencian de los comedores populares, tienen carácter más institucional y mayor sostenibilidad en el tiempo (^{Cuadra, Soto et al. 2021}). Estas iniciativas se han replicado en Latinoamérica, a saber: ollas populares del Bañado Sur de Asunción, Paraguay (^{Allende y Torres 2020}); ollas populares en las periferias del Área Metropolitana de Buenos Aires (^{Pahn, Sumiza y Sabán 2020}); Ollas comunes en Lima (^{Cuadra, Soto et al. 2021}), entre otras.

Para el caso chileno, queremos destacar la respuesta a la crisis sociosantaria del COVID-19, desde dos ámbitos. Primero, nos referiremos al modelo de confinamientos comunitarios, desarrollado por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y, en segundo lugar, a la política popular de las ollas comunes.

4.1. Política territorial Municipal de Valparaíso: la nueva configuración de espacios

El Gobierno local de la comuna de Valparaíso propuso enfrentar la emergencia generada por el COVID-19 a través de un confinamiento comunitario, diferente del modelo clínico-administrativo de cuarentena desarrollado por el Gobierno Central.

Esta propuesta se planificó a través de anillos de aislamiento diseñados para contener el contagio y, a la vez, mantener la vitalidad de una comunidad cuya organización y activación resulta fundamental para su propia subsistencia (^{Municipalidad Valparaíso 2020}).

La propuesta del municipio⁵ fue gestionada por su equipo político-técnico, conformado por el área de salud y equipo de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) y de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), quienes analizaron el escenario complejo que vivía Valparaíso y propusieron una intervención que tuviera en cuenta las características propias de la comuna.

El proyecto articuló el plan epidemiológico de salud, previniendo focos de contagio y estableciendo ciertos controles sobre ellos, desde los Centros de Salud Familiar (CESFAM), con el propósito de reducir los contagios por COVID-19.

Con relación a las atribuciones efectivas del municipio, y mirando las condiciones, el diseño de esta política municipal no se ha enfocado solo en el manejo de los entornos contagiados, y se remite de forma amplia e indiferenciada a restringir la circulación de las personas, con el fin de reducir las posibilidades de contagio y con ello aminorar en la mayor medida posible la presión sobre la atención hospitalaria, de modo de ayudar entre todas y todos a que sus recursos se destinen al tratamiento de los casos de mayor gravedad. Entrevista a Carla Meyer, DIDECO I. Municipalidad de Valparaíso (^{Cortés 2020})

La gestión buscó aumentar el desarrollo de capacidades comunitarias autónomas en los territorios, desde el reconocimiento público del rol de cuidado que juegan las comunidades, descentralizando las capacidades políticas y de cuidado del gobierno central y comunal, generando medidas de protección social multiescalares (^{Municipalidad Valparaíso 2020}).

En relación con la propuesta, la directora de la DIDECO de la Municipalidad comentó que el modelo de confinamientos comunitarios se funda en la idea de promover la generación de archipiélagos territoriales:

supone dividir la comuna en un conjunto de unidades territoriales de acción comunitaria y municipal, que buscarán aislarse y a la vez interconectarse de forma regulada entre sí. Junto a ello se reconoce, a partir del enfoque multiescalar puesto en práctica en el Pladeco⁶, un conjunto de unidades mayores que deberán actuar sobre todo el territorio comunal o grandes porciones de él. El buen funcionamiento del modelo exige por lo tanto su flexibilidad y adaptación, puesto que todos los servicios y acciones no se realizarán en las mismas escalas territoriales. Entrevista a Carla Meyer, DIDECO I. Municipalidad de Valparaíso (^{Cortés 2020}).

Siguiendo ese objetivo, la comuna se dividió en quince zonas, asociadas a los Centros de Salud Familiar (CESFAM) y a la Posta de Laguna Verde, abarcando un total de 210 Unidades Vecinales. Luego, el municipio debió descentralizarse y montarse sobre esas quince unidades y distribuir, desde ese nivel, los equipos y los recursos hacia microescalas, es decir, hacia las 210 unidades vecinales existentes (^{Municipalidad Valparaíso 2020}). Desde este planteamiento se fueron configurando nuevos espacios sociales, como conjunto indisoluble, solidario, y también contradictorio, de acciones y prácticas no consideradas aisladamente. Así el espacio encuentra dinámica y se transforma (^{Santos 2000}). La figura 3 muestra cómo fueron organizados los CESFAM, los núcleos de cada polígono, en la estructura multiescalar determinada por el Gobierno Local de Valparaíso, ya que se coordinaron oficinas municipales con el propósito de contribuir articuladamente en los cuidados domiciliarios y territoriales de manera integral. El modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario del CESFAM facilitó que las oficinas del municipio ubicadas territorialmente se centraran en una respuesta familiar y comunitaria.

Fuente: ^{Municipalidad de Valparaíso (2020)}.

Figura 3 Modelo de confinamiento comunitario, zonificación. 

La propuesta se transformó en una estrategia clave para entregar efectividad a la limitación en la circulación de las personas, lo que a su vez reforzó la sostenibilidad de los barrios, del comercio local, y también los cuidados, ya que los grupos etarios importantes como niños, niñas y adultas y adultos mayores no tenían, ni tienen, las mismas condiciones para afrontar una cuarentena como la que estaba planteando el gobierno central.

El modelo buscó hacerse cargo de esa amplia variedad de desigualdades, y avanzar en una articulación entre el gobierno local y la comunidad, de modo de desarrollar colectiva y democráticamente una política de cuidados que no deje a nadie atrás, impidiendo, en definitiva, que sean esas desigualdades las que terminan definiendo en los hechos, la suerte de las personas en esta crisis.

logramos articularnos territorialmente, basado en la territorialidad de los CESFAM, para luego ir ubicando oficinas territoriales, logrando contratar profesionales para estos espacios, con vínculo directo con servicio, con organizaciones del territorio, y con quienes requerían mayor apoyo en los cuidados, adultos mayores, niños y niñas, personas con movilidad reducida. Entrevista a Carla Meyer, DIDECO I. Municipalidad de Valparaíso (^{Cortés 2020}).

Para que la población pudiera resguardarse y no quedara simplemente expuesta al contagio, buscaron asegurar condiciones para la subsistencia y protección de esta, respondiendo a necesidades básicas con el mayor bienestar posible. Para eso fueron articulando prácticas con comedores comunitarios, panaderías populares, centros de acopio de alimento y ollas comunes identificados en estos polígonos, reconociendo así la colectivización territorial.

El eje de este modelo, entonces, estuvo en el reconocimiento y desarrollo de las capacidades autónomas de las comunidades territoriales, y en la articulación de estas con un Gobierno Local cuya política -contextualizada en su heterogeneidad, desde una mirada distinta a la centralizada para enfrentar la crisis-, "priorizo la vida y la salud de cada persona de nuestra comuna" Entrevista Carla Meyer, DIDECO I. Municipalidad de Valparaíso (^{Cortés 2020}).

Una de las ventajas que tuvo el modelo de confinamiento comunitario, por sobre la política centralizada de cuarentenas, es que lo comunitario permitió conocer la realidad COVID-19 de barrios, cerros, quebradas, destacando el trabajo solidario de las ollas comunes, así como la necesidad de aportar para su sostenimiento a lo largo del tiempo.

[...] las organizaciones y comunidades que están sosteniendo las ollas comunes en los territorios requieren cada vez de más ayuda y colaboración, porque no es fácil sostener un proceso comunitario de alimentación en un contexto de crisis, como municipio invertiremos 200 millones de pesos para ayudar con alimentación a las más de 150 ollas comunes y 30 panaderías populares con las que venimos trabajando a partir del modelo de confinamiento comunitario. [...] Se necesita un apoyo fuerte del Estado de Chile y también de los actores privados. El llamado que hacemos es a colaborar porque aquí se necesita el compromiso de todos y todas. Alcalde Jorge Sharp. (^{Radio Festival 2020})

Esta articulación no estuvo exenta de conflictos, tensiones y contradicciones, lo cual reconoce el gobierno local; la limitación de recursos, el resguardo de los y las colectivas de su autonomía, así como la coyuntura electoral fueron parte del escenario, pero desde la autoridad del gobierno local se reconoce el aporte de cada una de las iniciativas, dando cuenta de la ineficiencia de la política centralizada para responder a las necesidades básicas de la población.

4.2. La política territorial popular y de resistencia en Valparaíso.

La crisis política, económica y sanitaria que Chile comenzó a vivir desde octubre del 2019 y que se agudizó en marzo del 2020, llevó a que las comunidades, desde sus propios territorios, comenzaran a articularse en una serie de iniciativas. Estas buscaron responder a las necesidades básicas de la población: alimentación, cuidados y vínculo solidario territorial. Una de las más recurrentes fueron las ollas comunes u ollas populares.

[... ] pensábamos que no éramos Latinoamérica y resulta que sí somos Latinoamérica, yo creo que eso ha sido lo más brígido, pensar todo el tiempo como en Chile un país con un ingreso per cápita así altísimos cachai', con un país que tenemos un índice de femicidios más bajo que el resto de Latinoamérica, hay mejores trabajos, esta hueá 'era como la panacea po', el sueño americano y de repente llegó la pandemia y llegó el estallido social y ya empezó a desequilibrar todo, llegó la pandemia y quedó la caga, la gente no tiene que comer, no tiene donde vivir. Olla Común la Resistencia, Valparaíso (Quinteros y ^{Cortés 2020}a)

Las ollas comunes surgieron principalmente en territorios impactados fuertemente por las crisis, como una respuesta excepcional y momentánea ante la debilidad de las políticas de gobierno, particularmente frente a la seguridad alimentaria, y se han sostenido o han sido cíclicas en todo este periodo.

En la historia de Chile, la olla común tiene antecedentes bastante lejanos, fundamentalmente en zonas campesinas, en especial con la "porotada", un plato que era repartido entre los temporeros o inquilinos de un fundo (^{Hardy 1986}; ^{Grez 1997}; ^{Gatica 2017}). De cualquier modo, la olla común, como se la conoce hoy, tiene sus antecedentes más inmediatos en las "ollas de los pobres", nacidas en la década de 1930 para enfrentar los estragos de la crisis económica. Pocos años después, en las décadas de 1950 y 1960, este tipo de práctica de supervivencia también se transformó en una forma de protesta.

Durante la dictadura cívico-militar de Chile (1973-1989), las ollas comunes dan un vuelco, ya no solo era la tarea de alimentación, sino también un accionar conjunto y solidario, así como de oposición a la violencia del régimen, lo que devela la dimensión política de estas iniciativas (^{Valdés y Weinstein 1993}). Estas se fueron desarmando durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia y los nuevos gobiernos de derecha en los últimos treinta años. Empero, desde la revuelta popular del i8 de octubre del 2019, diversas iniciativas comenzaron a organizarse, auto-gestionadas, desde la memoria histórica.

En la provincia⁷ de Valparaíso las iniciativas se fueron organizando territorialmente en cerros, tomas de terreno, centros culturales, agrupaciones feministas, así como en juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras. Estas mismas organizaciones, serían las que darían respuesta alimentaria, de cuidados, material y subjetiva ante la crisis sociosanitaria generada por el COVID-19 desde el inicio del confinamiento y en posteriores cuarentenas.

El escenario se complejizó con el confinamiento. Durante el trimestre mayo-julio del 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas anunció que el desempleo había llegado al 13,1 %, presentando un incremento del 5,6 % con respecto al 2019. Al desempleo en aumento se suman las dificultades para acceder a las ayudas estatales, tanto por la complejidad de estas como por su tecnificación estas son difíciles de entender. Con ello comienzan a visibilizarse con más fuerza las ollas comunes, comedores comunitarios, centros de acopio, y otras iniciativas.

En términos de organización, las ollas comunes y comedores comunitarios nacen como una práctica para enfrentar la necesidad alimentaria desde las mismas comunidades y vivencias cotidianas, ya que las políticas de Gobierno no fueron capaces de llegar a estas formaciones sociales. En lo logístico, tienden a vincularse con organizaciones de su territorio cercano (barrio, campamento, cerro) así como con agrupaciones de la comuna, tanto para la difusión de actividades como para la obtención de recursos -por ejemplo, los centros de acopio-, retomando una iniciativa popular que se dio en la dictadura, como fue la de "comprando juntos"⁸, lo que da cuenta de esa memoria popular. A modo de ejemplo, la Olla Común La Resistencia, ubicada en Valparaíso, generó vínculos inicialmente con conocidos de las organizadoras de esta olla. A partir de dichos contactos, se dio paso a la articulación⁹ con otras organizaciones, como colectivos, cooperativas¹⁰ y otras ollas comunes de la ciudad puerto.

Entonces empezamos a mover contactos, así como a conseguirnos los fondos y todo [...] Al principio fueron amigos nuestros como mis exsuegros [...] me donaron 150 lucas, así como, confiamos en ti y en lo que tú estás haciendo, sabemos lo que tú eres y como que creemos que nuestra plata está en buenas manos, teníamos estos ahorros hace tiempo y bueno y queremos ayudar de alguna forma. Olla Común La Resistencia, Valparaíso. (Quinteros y ^{Cortés 2020}a)

Una de las características fundamentales de la práctica de las ollas comunes fue el protagonismo de las mujeres, que generalmente impulsaron las iniciativas y se organizan para alimentar a sus vecinos/as y ampliar los cuidados de niños, niñas, adultos/as mayores, entre otros y otras.

[...] fuimos las dirigentes del campamento las que comenzamos a reunir alimentos y cocinar, en nuestra sede éramos cerca de cinco cocinando, otras se turnaban cuidando a los niños, a las hijas de las compañeras. Olla Común, Campamento Felipe Camiroaga (^{Barrales y Viñambres 2021}, 212) La olla común como espacio de resistencia y sobre todo resistencia femenina. principalmente, ha sido un espacio donde hacer política lejos de la política convencional ¿no? Un espacio donde se puede hacer política de lo popular. Olla Común la Resistencia, Valparaíso (Quinteros y ^{Cortés 2020}a)

La aproximación realizada fue a las prácticas autodeterminadas y con ejercicio de autonomía que, como plantearía ^{Laclau (1985)}, son nociones absolutamente equivalentes. El concepto de autonomía es solamente útil -más aún: tiene sentido solamente- cuando ninguno de estos dos extremos (equivalentes) es alcanzado. Pero si en el desarrollo de cierta actividad una intervención externa es vivida como una interferencia, en tal caso sí podremos plantear la necesidad de autonomizar esa actividad respecto de la intervención que interfiere en su desarrollo. Así, la determinación por parte de la fuerza externa que interfiere es claramente una intervención, la cual es resistida por el colectivo.

Estas son ollas comenzaron como autodeterminadas y autogestionadas, recibimos donaciones de vecinos y gente anónima que hace aportes. No hemos recibido ayuda del Gobierno, ni la queremos, porque acá no hay colores políticos y no queremos su intervención. Olla Común Playa Ancha. (Quinteros y ^{Cortés 2020}a)

La práctica cotidiana en las Ollas se ve tensionada con la responsabilidad que le corresponde al Gobierno, ya que les permite dirigir la crítica a la in-eficiencia de la respuesta ante la crisis, ante lo más profundo de esta: la crisis alimentaria. Fue así como en la Región de Valparaíso se constituyeron más de 300 iniciativas (figura 4) que lograron articularse territorialmente, una parte importante de estas se registraron a través del "Mapeo Registro de Ollas Comunes, Comedores, Centros de Acopio y otras iniciativas, Región de Valparaíso"¹¹.

Fuente: elaboración propia con afiches encontrados en redes sociales.

Figura 4 Afiches o carteles de ollas comunes, comedores y otras iniciativas de la provincia de Valparaíso. De izquierda a derecha, fila superior: Olla Solidaria, Parque Cintura, Valparaíso; Olla Común Agrupación Trabajadores Gastronómicos de Barrios Puerto, Valparaíso; Ollas Comunes Conductores de Uber, Valparaíso y Viña del Mar; Olla Común Quebrada, Cerro el Litre y Cerro Las Cañas, Valparaíso; Acopio Comité Bellavista, Valparaíso; Olla Común Comité Brisas del Mar, Campamento Felipe Camiroaga, Viña del Mar; Centro de acopio Placilla Oriente, Valparaíso; Olla Común Miraflores, Viña del Mar; Olla Común Cerro Bellavista, Valparaíso. 

Estas articulaciones colectivas para la subsistencia¹² emergen en una red de procedimientos y mecanismos que luchan contra la crisis y la normalización que fue intentando generar el Gobierno. Solo algunas alianzas alternativas, incluso con algunos gobiernos locales, generaron una red territorial fundamental para responder a necesidades básicas.

Así, la práctica de las ollas comunes emerge desde lo popular, no es inofensiva y menos neutra, está vinculada al deseo y al poder de un sujeto colectivo y autónomo: "el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o lo sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse" (^{Foucault 2004}, 15).

Como consecuencia, frente a la proliferación de las Ollas, comenzó el discurso normalizador, moral-religioso, el educativo, el de clase, el político oficial, por mencionar algunos, que intentaron dictar lo que se espera de un individuo para que este pueda desenvolverse en la formación económico social. Es por eso que las ollas comunes o populares, ante estas formas de ser interpretadas, concebidas como una construcción sociohistórica de subjetividades a partir de distintas prácticas históricas y en diferentes ámbitos, procesos que ^{Foucault (1994)} denomina de subjetivación como: "las formas y las modalidades de relación consigo mismo por las cuales el individuo se constituye y se reconoce como sujeto" (1994, 12). Dicho en otros términos, implica reconocerla como un proceso por el cual se constituye un sujeto, o más exactamente una subjetividad colectiva, de conciencia y cuidado de sí.

A partir de lo expuesto hasta este punto, es indudable que en Chile y Latinoamérica han existido grupos que han intentado ejercer prácticas de control y sometimiento sobre otros, pero también estos procesos críticos generan el surgimiento de colectivos con conciencia de sí en los territorios.

La experiencia con iniciativas emergentes de la provincia de Valparaíso evidencia que existe una relación entre vida, resistencia y creación, pues es en el interior de las relaciones estratégicas que se encuentran las fuerzas que resisten y que crean.

Nosotros le hacemos la pega al Estado con eso, al Gobierno que no supo responder a la necesidad básica de nuestros vecinos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque luego vienen y se apropian de nuestra organización, nos dicen cómo funcionar, siempre pasa lo mismo. Olla Común, Campamento Felipe Camiroaga (^{Barrales y Viñambres 2021}, 213)

Nos atrevemos a armar una olla, porque no hemos tenido ayuda de parte del Gobierno en absoluto, y el tema es la alimentación, el hambre de la población, de las familias, de los niños. (Olla La resistencia, Valparaíso)

Lo que resisten las ollas comunes es la fijación de las relaciones estratégicas con el gobierno local y nacional, en relación con condiciones de vida de la población; además resisten a esa reducción de los espacios de libertad frente al deseo de dirigir las conductas de los otros. Es en este sentido que la vida y lo viviente devienen una práctica ideológica que crea a la vez nuevas cotidianidades.

Ahora bien, esta práctica no es una sustancia y no es anterior al poder al cual se opone, no es la imagen invertida, pero es, y da cuenta de cómo las relaciones de poder están condicionadas por los aparatos de Estado.

En términos organizativos somos un nudo crítico para los que no quieren que nos organicemos, porque estamos viendo en el cotidiano las necesidades de nuestros territorios, luchamos día a día, pero esta lucha no ha sido solo generada por el COVID, si no por el Gobierno, que no ha sabido actuar, y nos somete a que nosotros lo hagamos. (Olla Común La resistencia, Valparaíso)

Que todo el mundo sepa que existimos como Olla, que nosotras somos la organización real, nosotros somos las que estamos sacando esta crisis adelante y estamos ayudando al entorno, nuestra lucha es la que se tiene que hacer visible... hay mucha gente que confía en nosotras, hay mucha gente que gracias a nosotras ha podido sortear toda esta crisis de mierda que nos está invadiendo. Olla común, Campamento Felipe Camiroaga, Viña del Mar (^{Barrales y Viñambres 2021}, 206)

En el momento mismo en que se da una relación de poder, existe la posibilidad de la resistencia a las políticas gubernamentales. Las ollas comunes reconocen que no están atrapadas por el poder; dan cuenta de la modificación de su dominio en condiciones determinadas y según una estrategia territorial. Tanto estas prácticas como el poder no existen más que en acto, como despliegue de relación de fuerzas, es decir, como lucha, como enfrentamiento, como guerra, no es solo en términos de negación como se debe conceptuar, sino como proceso de creación y de transformación.

Reconocemos las ollas comunes y populares autogestionadas como una práctica creadora, construida sobre la base de la experiencia límite, vivida por quienes hacen de ella una auténtica práctica autónoma, pero con alianzas, frente a las crisis. Con ello, deben resistir toda posibilidad de un examen disciplinario que busca controlar la capacidad de creación y transformación de la subjetividad local.

En relación con las alianzas indispensables, estas fueron necesarias para sostener dichas iniciativas ante el agotamiento y la tensión interna. Así, hicieron acuerdos con el gobierno local de la comuna de Valparaíso, que reconoció en ellas un sujeto articulador y fue clave en el proceso de confinamiento territorial. De este modo la idea de colaboración fue esencial, sin la subordinación de las ollas ante las autoridades locales.

[...] tuvimos un acercamiento con el municipio, hubo apoyos, pero dejamos en claro que éramos nosotras quienes planificamos con el colectivo, éramos nosotras quienes nos articulamos con los vecinos y vecinas, no podíamos estar al ritmo del municipio. (Olla Común, La Resistencia, Valparaíso)

[...] hay fondos que han llegado que han sido súper beneficiosos para nosotras. Hemos sido base en las cuarentenas apoyando en la pobla, por eso nos mantenemos con la distancia necesaria, porque la gente nos pide esa independencia. (Dirigente Olla Montedónico 2020) (Quinteros y ^{Cortés 2020}a)

Aún con lo anterior, es importante destacar que las ollas comunes -al tratarse de una iniciativa colaborativa- deben resolver sus necesidades de abastecimiento a través de donaciones gestionadas rápidamente a nivel cotidiano. Es por eso que, si bien reciben los aportes del municipio, no dependen de estos.