Metodología

El presente estudio es de tipo exploratorio, tanto descriptivo como correlacional, ya que se pretende mostrar los valores que toman las variables que conforman la base de datos y analizar las relaciones entre ellas.

En cuanto a los participantes del estudio, se trata de un estudio censal, ya que se consideran todos los registros del Sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), de la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía Nacional (2020a), en relación con las medidas de confinamiento de ámbito nacional. En el análisis de los datos es necesario tener en cuenta que, aunque la normativa sea de ámbito nacional, los gobernadores departamentales y las alcaldías municipales han tenido autonomía para expedir actos administrativos a fin de instaurar de forma obligatoria ciertas medidas, como, por ejemplo, el toque de queda, o el número de veces a la semana que las personas adultas están autorizadas para salir a la calle o la modalidad de dicha salida (e. g., por número de documento de identidad o por género). El tamaño de la población es de 363 439 registros de comportamientos contrarios a la convivencia (CCC) desde el 16 de marzo del 2020 al 1 de mayo del 2020.

Resultados

Datos generales

La edad va de los 14 a los 80 años, encontrándose una media de 30,1 años y una desviación típica de 10,68. Se procedió a una agrupación de la edad en siete grupos: desde los 14 a los 17 años (1,13%), de los 18 a los 24 (36,99%), de los 25 a los 30 (25,01%), de los 31 a los 40 (21,06%), de los 41 a los 50 (9,54%), de los 51 a los 60 (4,64%) y de los 61 a los 80 años (1,53%).

La tabla 1 presenta los resultados relacionados con la nacionalidad. La mayoría de los CCC son atribuibles a nacionales colombianos/as, seguidos en segundo lugar por personas de Venezuela y, con porcentajes del 0,01% o superiores, aparecen personas de Ecuador (66 casos), de Estados Unidos (54), Perú (35), Brasil (29) y Argentina (20). Con porcentajes menores se encuentran sujetos de otras 34 nacionalidades, con un único participante (e. g., Australia) a algo más de una decena: Francia (10 casos), Alemania (11) o España (14). Por otra parte, si se agrupan los registros según el tipo de documento de identidad, se encuentra que la mayoría son nacionales colombianos/as (personas con cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad para menores de edad), seguidos de los extranjeros residentes en Colombia, con cédula de extranjería y los extranjeros sin residencia.

Tabla 1 Datos generales de la muestra 

Dinámicas territoriales de los CCC

A nivel departamental se puede considerar bien sea las frecuencias absolutas o bien las ponderadas en razón a la cantidad de población por las regiones de Colombia. Así, la tabla 2 muestra el total de casos por departamento en términos absolutos y por cada tipo de CCC, y la tabla 3 presenta las tasas de casos departamentales por cada 100 000 habitantes. Esta distinción entre casos absolutos y tasas por 100 000 habitantes es relevante, porque para el total de casos absolutos aparecen con mayor número de infracciones los departamentos con mayor población, además de Bogotá, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Santander y Nariño. En cambio, el indicador de número de casos por cada 100 000 habitantes muestra que las tasas del total de CCC se dan en departamentos con menor población y dificultades de acceso, Amazonas, Guainía y Vichada, junto con otros como, por ejemplo, Casanare y Putumayo.

Tabla 2 Número de casos absolutos de CCC por departamento y Bogotá y tipo de infracción 

Nota: AGLO: sanciones por aglomeración; TOQUE: sanciones por violación del toque de queda; CONAL: sanciones por consumo de alcohol en ley seca; MOVIL: violación de la restricción de movilizarse en moto sin acompañante; GENE: violar la restricción de salir a la calle por géneros; DOCU: sanciones por salir a la calle en día diferente al autorizado según número final del documento de identificación; TAPA: sanciones por no uso del tapabocas.

Tabla 3 Tasas de CCC por 100 000 habitantes por departamento y Bogotá y tipo de infracción 

Nota: AGLO: sanciones por aglomeración; TOQUE: sanciones por violación del toque de queda; CONAL: sanciones por consumo de alcohol en ley seca; MOVIL: violación de la restricción de movilizarse en moto sin acompañante; GENE: violar la restricción de salir a la calle por géneros; DOCU: sanciones por salir a la calle en día diferente al autorizado según número final del documento de identificación; TAPA: sanciones por no uso del tapabocas.

En cuanto al tipo de comportamiento y su tasa de ocurrencia entre el total de registros, el análisis de los datos muestra que la mayoría de las infracciones corresponde a violación del aislamiento obligatorio por toque de queda, con el 87,43% de los casos, seguido de la restricción por número de documento (5,36%), la restricción por razón de género (2,56%), el consumo de bebidas embriagantes (1,86%), la aglomeración de personas (1,47%),la restricción de movilidad por llevar parrillero/a (0,94%) y por no usar tapabocas (0,39%).

En las tablas 2 y 3 se muestran las frecuencias de CCC y el número de casos por cada 100 000 habitantes x 1000, por departamentos, tomando las cifras departamentales de la población para el 2018 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 23 de mayo de 2020).

Para el total de casos ponderados por l00 000 habitantes se destacan con mayor participación Bogotá y los departamentos de Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Nariño, mientras que los casos con menos casos se encuentran en el Amazonas, Guaviare, San Andrés, Vaupés y Vichada.

Con esto se puede apreciar que el número absoluto de casos hace sobresalir a los departamentos más poblados y a Bogotá, pero la tasa de infracciones por cada 100 000 X 1000 habitantes refleja un panorama diferente que se complejiza aún más cuando se analizan la distribución de casos por cada tipo de CCC. Así, por aglomeración son más frecuentes en Bogotá, Atlántico y Putumayo, con menos casos se encuentran Guainía, Guaviare y Vaupés, mientras que Arauca, Sucre y Risaralda presentan cero casos.

En cuanto al toque de queda se presentaron más casos en Guainía, Vichada, Risaralda, Amazonas y Casanare, así como menores tasas en Arauca, Bolívar, Chocó y Córdoba. Con relación al consumo de bebidas alcohólicas, se destaca con las mayores tasas el eje cundiboyacense junto con Arauca, Meta, Nariño, San Andrés y Bogotá, mientras que los coeficientes más bajos se dan en Amazonas, La Guajira, Quindío, Risaralda y Vaupés.

Siguiendo a la movilidad por llevar parrillero, las tasas son más altas en el Amazonas, Putumayo, Cauca y Huila, mientras que son más bajas en Arauca, Caquetá, Córdoba, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Vaupés. Por su parte, los CCC por las restricciones de género se dieron especialmente en Bogotá, Bolívar, Meta y el Cesar, con diez departamentos sin ningún caso, mientras que las tasas por restricción de documentos se dieron, sobre todo, en el Amazonas, Casanare, Huila, Norte de Santander y Putumayo, con menores tasas en Bogotá, Caldas, Chocó, Guaviare, Quindío y San Andrés. Por último, con relación al uso de tapabocas, la tasa mayor fue en los departamentos de Atlántico, Cesar, Norte de Santander y Bogotá, frente a tasas más bajas en Bolívar, Cauca, La Guajira, Meta, Putumayo y Risaralda.

Dinámicas temporales

Si se analiza la distribución por cada día, se obtienen patrones de distribución temporal de cada CCC, los cuales se pueden cruzar con la evolución de los propios casos de COVID-19. Por una parte, en las figuras 1 y 2 se muestra la distribución por toque de queda -que constituye la mayoría, en la figura 1- y por las otras seis, en la figura 2. Respecto al toque de queda se aprecian unos picos superiores al inicio de la tercera semana y una tendencia al decremento paralela a la acumulación de casos detectados de personas infectadas por el COVID-19¹.

Figura 1 Distribución del número de CCC por toque de queda a lo largo de 47 días. 

Figura 2 Distribución de CCC y número de casos diarios de COVID-19. 

Los demás tipos de incumplimientos no se relacionaron con el número de casos acumulados de COVID-19, pero sí con el conteo diario de los contagios detectados

Así, para los CCC por aglomeración se aprecia un decremento de las infracciones y a la par un aumento de los registros hacia los días 29 o 30, y el mismo patrón se advierte para los CCC por movilidad con parrillero. Por su parte, con relación a las sanciones por el no uso de tapabocas y violar las restricciones de salir por el número de cédula, se aprecia una cierta relación positiva: con el paso de los días crece el número de sanciones por dichos comportamientos y también lo hace el número de casos diarios de infectados por COVID-19. En cambio, para los CCC por restricción de género o de consumo de alcohol no se identifica un patrón de casos progresivo o regresivo por número de día, si bien los saltos que se aprecian por consumo de alcohol sugieren una cierta periodicidad quizá asociada al día de la semana. A fin de comprobar esto, se cruzó el tipo de infracción con el día de la semana (de lunes a domingo).

De acuerdo con el día de la semana (véase la tabla 4), se puede apreciar que las medidas correctivas por aglomeración se incrementan de manera progresiva desde el martes al domingo, las infracciones al toque de queda parecen ser algo mayores el domingo y algo más bajas el lunes y el martes, las de consumo de alcohol se concentran los sábados y los domingos (y menos los lunes y martes), las de movilidad se incrementan los jueves, los viernes y los sábados, con menos casos el lunes; las medidas correctivas por las restricciones de género son menores el fin de semana (sábado y domingo), lo mismo que por violación de la restricción de documentos. Por otra parte, por no uso de tapabocas se han dado más los días martes y miércoles.

Tabla 4 Distribución de comportamientos contrarios a la convivencia por día de la semana 

A continuación, se exploró la distribución de los CCC a lo largo de las 24 horas del día (véase la figura 3) encontrándose diferencias entre periodos del día, con un X ² (66): 6355,1 p < 0,001. Se puede apreciar que las sanciones por aglomeración de personas se concentran entre las 8: 00 am y las 12 del mediodía, y entre las 2: 00 y las 8: p. m. Un patrón similar siguen las demás con algunas particularidades: por ejemplo, las medidas correctivas por consumo de bebidas embriagantes se concentran desde las 4: 00 p. m. en adelante, incluyendo horas de la madrugada, desde las 00 horas a las 4: 00 a. m.

Figura 3 Distribución de horarios de los comportamientos contrarios a la convivencia a las medidas contra el COVID-19 

En cuanto a la edad, los CCC, en general, se concentran en las edades de los 18 a los 40 años, y especialmente en la franja de 18 a 24 años, en seis de los comportamientos contrarios a la convivencia; la del consumo de bebidas alcohólicas en Ley Seca es la que muestra una dispersión más similar entre los segmentos de edad, incluyendo un 17,07% de sujetos sancionados por consumo de alcohol entre los 41 y los 50 años (véase tabla 5).

Tabla 5 Distribución de los comportamientos contrarios a la convivencia por grupos de edad 

^*** p < 0,001

Discusión y conclusiones

En el presente trabajo, las unidades de análisis son tanto los registros individuales de siete tipos de comportamientos contrarios a la convivencia al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como los momentos en que ocurren, a nivel de número de día desde el primer registro en la base de datos, el día de la semana y la hora de ocurrencia. A nivel espacial, la unidad de análisis que se tomó fue el departamento en el que registró la medida correctiva. Esto supone adoptar una perspectiva propia de la criminología comparada, en la medida en que esta estudia las diferencias entre contextos, como, por ejemplo, las regiones o los países en las tasas del crimen (^{Beirne & Messerschmidt, 2006}). Esta perspectiva comparada se relaciona con la del análisis espacial del crimen (^{Aksoy, 2017}; ^{Jendryke & McClure, 2019}; ^{Ruiz, 2014}b). Por último, a nivel demográfico, la edad del infractor fue la variable incluida en la base de datos y en los análisis del presente estudio.

Como resultados principales se haya cierta convergencia de varios tipos de infracciones en ciertos contextos: Putumayo presenta tasas altas en tres tipos de CCC (toque de queda, movilidad en motocicleta con segundo ocupante y en restricción de movilidad por número de documento de identificación). Este departamento sufrió inundaciones y un terremoto en su capital en el 2018, lo cual agravó las condiciones de pobreza de la región, en la que convergen las protestas sociales por falta de ayudas, la presencia de cultivos de coca y de intentos estatales para su erradicación, los enfrentamientos de campesinos con fuerzas policiales, entre otros (^{Arenas, 2020}). Amazonas y Atlántico presentan altas tasas en dos tipos de infracción: violación del toque de queda y de la restricción por documentos en el Amazonas, y aglomeración y uso de tapabocas en el Atlántico. A fecha del 28 de abril del 2020 el Amazonas era el departamento con mayor tasa de contagios de COVID-19 por cada 100 000 habitantes, y se han realizado pronunciamientos de organizaciones indígenas por la falta de recursos sanitarios para atender esta población (Revista Semana, 21 de mayo de 2020). Además, esta área es limítrofe con la amazonia brasileña, la cual en aquel país ha sido una de las zonas más afectadas por el COVID-19. Para el caso del Atlántico, las altas tasas de aglomeración y no uso de tapabocas podrían relacionarse con el carácter turístico de la ciudad, especialmente con relación a celebraciones culturales como los carnavales. La tasa de incumplimiento de las medidas de aislamiento en la capital del Atlántico, Barranquilla, y en el área metropolitana, habría llegado al 7% (^{Herrera, 17 de abril de 2020}). En otros municipios del departamento del Atlántico, como, por ejemplo, Soledad, se habría llegado a un incumplimiento del confinamiento del 50%, lo que llevó a considerar la militarización de la ciudad a finales de abril del 2020 (Caracol Radio Barranquea, 21 de mayo de 2020).

También este carácter de región turística y su cultura asociada a celebraciones y fiestas podría ser uno de los factores explicativos de tasas altas de CCC en departamentos como el Cesar (tasas altas por restricción por género y en el uso de tapabocas), San Andrés y Boyacá (por consumo de bebidas alcohólicas en ley seca) o Bolívar, cuya capital, Cartagena, es uno de los principales destinos de turismo nacional e internacional del país, por violación a las restricciones por género. El caso de Boyacá es paradigmático en cuanto al consumo de alcohol, debido a que es el departamento que figura a la cabeza de las regiones colombianas en consumo de cerveza (Caracol Tunja, 2018, Revista Semana, s/f.), con varios municipios que presentan las mayores tasas de consumo de todo el país (^{Ávila-Jiménez, 2019}; ^{Pérez-Gómez, Lanziano, Reyes-Rodríguez, Mejía-Trujillo & Cardozo-Macías, 2018}).

Por otra parte, los resultados recolectados muestran patrones variados según infracción y unidad de tiempo considerada. En este sentido, la literatura muestra que se pueden hallar ciclos de tiempo tales como años, semanas o días en la manifestación de la criminalidad (^{Andresen & Malleson, 2015}; ^{Ashby & Bowers, 2013}). En el presente estudio, a lo largo de los días se advierte un decremento de las medidas correctivas por CCC, en conjunto y en tres tipos específicos: aglomeración, toque de queda y movilización con acompañante en motocicleta. Este decremento, que se da hacia la mitad del periodo cubierto por los datos, parece paralelo a un incremento de los casos acumulados o diarios detectados de COVID-19 (véase la figura 2). Sin embargo, esta relación puede ser solo coincidente y podría basarse en el incremento de la capacidad de las autoridades colombianas de detectar nuevos casos de un lado o en que el 6 de abril de los corrientes la Dirección Nacional de la Policía Nacional emitiera la Circular 007 (2020b) en la que se establece y regula el aislamiento preventivo en reserva estratégica, como acto de servicio para el personal policial, lo que supuso desde el 8 de abril que un 20% del personal policial -según el tipo de unidad- fuera confinado en sus viviendas por turnos de 14 días. Esto ha podido conducir a un decremento en el número de efectivos policiales en las calles para vigilar el respeto a las medidas asociadas al distanciamiento social, así como podría haber repercutido en una disminución en el número de sanciones. También se puede plantear que la acción de vigilancia de la Policía con menos efectivos en las calles haya priorizado la vigilancia y sanción de ciertos CCC que van tomando importancia en el contexto del riesgo de contagio por COVID-19. Así, se aprecia un incremento paulatino de medidas correctivas relacionadas con las restricciones de salidas según el número de documento y por no uso de tapabocas (véase la figura 2). De igual forma, se puede plantear un quehacer policial dirigido súbitamente a este tipo de medidas de CCC en atención a los actos administrativos de los niveles nacional y local, y posteriormente a medida que se flexibilizan las medidas a volcar de nuevo su accionar en la persecución del delito y la atención tradicional de motivos policiales como, por ejemplo, la violencia doméstica. Finalmente, es posible señalar situaciones tales como la resistencia de ciertos sectores de la población a acatar las medidas, la violencia contra los servidores públicos y abstenerse de impartir medidas ante la presión ciudadana o de los medios de comunicación. A 19 de mayo del 2020 (^{El Tiempo, 2020}a), la mayoría de las personas sancionadas no habría pagado la multa correspondiente por diferentes razones (e.g., no disponer del dinero, no saber dónde pagar por estar cerradas muchas oficinas, etc.) lo cual podría desalentar a ejercer ciertos aspectos de su función de control social, a lo que se une los cambios permanentes a nivel nacional y local en la regulación de actividades permitidas o no durante el confinamiento.

Sin embargo, es necesario señalar que para el mismo periodo de tiempo comparativo 2019-2020, 16 de marzo al 1 de mayo del 2020, en los registros de delitos del Sistema Estadístico Delictivo y Operativo de la Policía Nacional (2020c), todos los delitos de impacto social se redujeron en un 70,56%, destacando reducciones como las del homicidio en un 37,53% (608 casos menos), los hurtos comunes en un 71,77% (37 144 casos menos) o los hurtos de vehículos en un 74,28% (4193 casos menos). Esto es indicador de que las medidas de aislamiento tuvieron un efecto dramático en la criminalidad registrada en el país, lo cual contribuye, sin lugar a dudas, a una temática de estudio internacional relacionada con la disminución en los datos de criminalidad en periodos de aislamiento.

En cuanto a los ciclos semanales, se encuentran incrementos periódicos en las medidas correctivas por consumo de bebidas con alcohol, especialmente en los días sábado y domingo, en consonancia con ese consumo social de fines de semana que se ha descrito para Colombia (^{Pérez-Gómez et al., 2018}) y en otros contextos, mientras que en cuanto a los horarios, los CCC son detectados en casi todos los momentos del día, incluyendo la noche y la madrugada, pero especialmente en los horarios de actividades laborales y comerciales: primeras horas de la mañana y entre las 4:00 y los 8:00 pm, en correspondencia con la necesidad de comprar alimentos, bebidas y otros bienes y servicios de primera necesidad, según los horarios respectivos, unido a la venta de bebidas alcohólicas en horarios nocturnos. Así, la comisión de ciertas conductas contrarias a la convivencia se acomoda también a los postulados de la teoría de la rutina de actividades (^{Andresen & Malleson, 2015}; Bernie & Messerschmidt, 2006).

En tercer lugar, no se puede dejar de lado los resultados hallados entre la edad y la comisión de CCC. Estos se concentran en las edades más jóvenes, entre los 18 y los 24 años y, a continuación, entre los 25 y los 30 años. Queda para investigaciones futuras indagar sobre dicha asociación y sus causas. Estas pueden ser diversas, desde aspectos de posibles sesgos de los funcionarios policiales a la hora de detectar los CCC y sancionar a jóvenes (^{Altell, 22 de mayo de 2020}), pasando por la mayor toma de riesgos en adolescentes y jóvenes, tal como se encuentra con relación a los juegos de azar (^{Chan-Gamboa, Ruiz-Pérez, Morales-Quintero & Echeburúa 2019}), los accidentes viales o el consumo de drogas, o factores socioeconómicos que subyacen a esa toma de riesgo, como, por ejemplo, el desempleo, la inseguridad alimentaria u otras (^{Klaitman, Solomonov, Yaloz & Biswas, 2018}).

Por otra parte, es necesario reconocer con relación a las infracciones, las faltas o los delitos menores la diversidad de fuentes de información para su registro y la probable existencia de una cifra oscura, tal y como se postula para la criminalidad convencional (^{Ruiz-Pérez, 2014}a; ^{Tamayo & Norza, 2018}). Reducir dicha cifra negra y esclarecer los determinantes de cada tipo de medidas correctivas puede contribuir a establecer actos administrativos y normas legales de mayor conducencia, así como políticas de convivencia ciudadana más eficaces, las cuales pueden tener implicaciones a su vez en ámbitos diferentes de la justicia, como, por ejemplo, la salud pública. Esto incluye la identificación y el estudio de los factores explicativos de las tasas de CCC. La extensión y el objetivo principal del presente trabajo hace que el papel de variables como las económicas (e.g., tipos de actividad económica de la región, índice de Gini, tasa de población por debajo del umbral de la pobreza, entre otras), de tejido social (eficacia colectiva, cultura ciudadana, resiliencia comunitaria e.g.), o de criminalidad convencional, deban abordarse en estudios posteriores. Con todo, de mantenerse las medidas de confinamiento por el resto del 2020, los registros administrativos de CCC por estas faltas podría superar el millón de registros en Colombia, lo que significa un desacatamiento general de los diferentes actos administrativos, independiente de las motivaciones internas o externas de los infractores.