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Cuando se desarrollan estudios con referencia a la mujer se tiende a enaltecer sus esfuerzos por pertenecer y participar en sociedades más justas e igualitarias en cuanto a derechos y deberes. Además, se legitiman sus logros académicos y laborales, las posiciones sociales alcanzadas, los niveles de independencia económica y la autonomía en las esferas pública y privada, donde se refuerza su individualidad y libertad, altamente valoradas y reconocidas por la sociedad occidental contemporánea.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2016), la igualdad de género y la autonomía de las mujeres son temas que hacen parte de la agenda de desarrollo sostenible de las naciones a 2030. En ello se afirma que no hay incompatibilidad en las relaciones entre los sexos, puesto que solo a través de la igualdad se supera todo signo de discriminación y se transforma el predominante sistema diferencial, así como la división sexual del trabajo (Calvache et al., 2019). En consecuencia, se da un acceso equitativo a la retribución económica y a la participación social.
Lograr un cambio cultural y romper con los paradigmas sociales y estereotipos ligados al género es, según Cook y Cusack (2009), "el primer paso para abolir toda forma de discriminación" (p. 4); es por ello que la Policía Nacional desde 1977 forma mujeres para la profesión policial. Lo anterior se da a partir de campos de formación policial, de acuerdo a su categoría, así: en la Escuela General Francisco de Paula Santander se forman mujeres en la categoría de Oficial; de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada egresan Suboficiales y Agentes desde 1978, y también se tiene en cuenta el Centro de Instrucción de Policía Femenina ubicado en Bogotá, donde se continuaron los cursos para agentes desde 1984, y que años después se convirtió en la XV Estación de Policía Femenina (Diettes, 1993); en paralelo, en la ciudad de Medellín, la Escuela de Policía Carlos Holguín adelantó desde 1986 iniciativas de formación para mujeres. En la actualidad, la Policía Nacional ha abierto programas de formación femenina en todas las escuelas y centros de instrucción, siendo las más destacadas la Escuela de Patrulleros Provincia del Sumapaz Intendente Maritza Bonilla Ruiz, en Fusagasugá, y la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, en Medellín.
Indistintamente del sexo-género, la institución brinda hoy las mismas oportunidades de desarrollo profesional, económico y social-relacional tanto a mujeres como a hombres. Dicho logro se ha dado de forma gradual y acumulativa, gracias a los aportes de las diferentes generaciones de mujeres policías.
Concebir la igualdad de género como una práctica sostenida en el tiempo plantea retos en el presente que tienen incidencia directa en el futuro. Es por ello que en este estudio se realiza una aproximación sistemática al fenómeno, evaluando el proceso de inclusión de la mujer en algunos cuerpos de policía a nivel global, regional y nacional, no sin antes recalcar que el papel de la mujer policía en el mundo no está sujeto a las mismas condiciones sociales, culturales, históricas y religiosas, lo que diferencia las dinámicas incluyentes implementadas en cada cuerpo de policía.
Inclusión de la mujer a diferentes instituciones policiales a nivel global
El trabajo de las mujeres policías ha dejado de transmitirse a partir de narrativas y en los últimos años es un tema que se documenta y del cual se ha dejado registro histórico. De acuerdo con Zepeda (2014) y Arcila (2019), es solo hasta 1950 que la mayoría de países integra mujeres a las instituciones policiales. En sus inicios, estas se dedicaron a actividades consideradas "de menor importancia", tales como el cuidado de menores, la protección ambiental, o la vigilancia en parques, cinemas y lugares destinados a la recreación familiar.
Uno de los primeros países en vincular mujeres a la Policía fue Estados Unidos, en el año de 1845. De acuerdo con Arteaga (2000), estas primeras mujeres fueron llamadas "matronas"; pero solo hasta 1893 se llamaron policías, y en 1910 fueron denominadas mujeres policías.
Asimismo, Francia incluyó en 1914 "damas dactilográficas", encargadas de tomar las huellas digitales de los presuntos delincuentes en las comandancias. En 1935 se denominaron asistentes y se les autorizó el uso de uniforme policial (Gallego & Montes, 2018).
España lo hizo en 1939, una vez finalizada la guerra civil, destinándolas a cumplir labores de vigilancia (Echeverri, 2017; Arco, 2021).
Presencia de mujeres en instituciones policiales de Latinoamérica
La participación de la mujer en las instituciones policiales latinoamericanas se dio a principios de los años setenta, de forma gradual y progresiva, hasta alcanzar la representación de los dos sexos en sus estructuras organizacionales.
Algunas naciones incorporaron mujeres a partir de experiencias iniciales de países vecinos, mientras que otros lo hicieron con experiencias piloto aplicadas.
En México, la mujer se incorporó a la institución policial en 1930, siendo muchas las dificultares que estas tuvieron que afrontar inicialmente, tal y como lo describe Arteaga (2000), "empezando desde los exámenes de incorporación, centrados en la fuerza física, más que en cualquier otra aptitud" (p. 75).
Uruguay, por su parte, vinculó mujeres a sus filas a partir de 1931, mediante la resolución del presidente Terra, quien dispuso que la Jefatura de Montevideo incorporara seis guardias civiles mujeres. En 1943 se creó el Cuerpo de Policía Femenino de Vigilancia y Seguridad de la Cárcel de Policía (Ministerio del Interior de Uruguay, 2015), aunque estas tan solo se incorporaron como oficiales en 1971 (Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 2009).
Por otro lado, en Chile desde 1939 se cuenta con investigadoras policiales. En 1962 se incorporó la mujer al servicio de orden y seguridad de carabineros, con la primera promoción de la brigada femenina, quienes pasaron luego a ser oficiales. Actualmente, ellas son incorporadas en la actividad, con condiciones iguales a las de los hombres, inclusive en el alto mando.
En Perú se formaron investigadoras policiales desde 1955, pudiendo acceder a la Guardia Civil en 1977 y a la Guardia Republicana Peruana en 1984 (Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 2009).
En Bolivia, el ingreso de mujeres se dio en 1973, con dedicación exclusiva a prevención del delito. Igualmente, Ecuador las recibió hasta 1977; Argentina en 1978, como personal de apoyo al servicio policivo; Paraguay en 1990; El Salvador en 1993 y Guatemala en 1997 (Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 2009).
Inclusión de la mujer policía a nivel nacional
La Policía de Colombia se ha distinguido por ser la primera institución de la Fuerza Pública nacional en incorporar mujeres en la prestación del servicio (Diettes, 1993; Aparicio, 2018; Echeverri, 2017; Cortés et al., 2020). En ese sentido, la historia de la mujer en la Policía Nacional de Colombia se divide en tres lapsos de tiempo, así:
Momento 1: El ingreso de la mujer en la institución data de 1953 en el gobierno del General Rojas Pinilla, periodo en el cual son ascendidas 47 mujeres, de las cuales hacía parte su hija María Eugenia Rojas Correa, con el grado Teniente Honorario, y sobre quien recayó la responsabilidad de liderarlas (Diettes, 1993). Según García (2017), las primeras mujeres policías recibieron inducción y preparación básica para los propósitos buscados en los objetivos sociales de la institución, que para ese momento se centraban en actividades enfocadas en la infancia y adulto mayor.
Según Aparicio (2018), para los años sesenta y setenta la Policía Nacional era totalmente masculina. Para 1977 se llamó a curso de Oficial a doce mujeres tituladas en carreras liberales, para desempeñarse en cuerpo administrativo, con el propósito de aportar a la institución desde sus campos de formación, quienes adelantaron estudios policiales en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.
Respecto de las oficiales profesionales administrativas, se destaca la inclusión de mujeres formadas en distintas disciplinas, las cuales se graduaron, después de aprobar un curso de tres meses, diez de ellas en el grado de Teniente y dos en el grado de Subteniente, en razón a que no habían finalizado su carrera liberal para la fecha de ascenso, siendo asignadas a las diferentes unidades que requirieron sus servicios de acuerdo con su profesión (Diettes, 1993).
Por su parte, la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada hizo su primera incorporación de Agentes mujeres en 1978 y de Suboficiales en 1979, lo que se considera el inicio del cuerpo de policía femenino.
Momento 2: Se centró en la articulación de labores administrativas con actividades operativas. A inicios de 1980 se vincularon catorce mujeres Oficiales destinadas a la especialidad de vigilancia; en 1981 se graduaron siete de estas como Subtenientes; a este grupo pertenece la Mayor General (RA) Luz Marina Bustos Castañeda, primera mujer en alcanzar uno de los grados más altos de la oficialidad y el segundo cargo más importante, como Subdirectora de la Policía Nacional.
Cerrando la década de los ochenta ascienden las primeras 12 Sargento Segundo y se gradúan 62 mujeres en la especialidad de Granadero, momento en el cual se materializa la incursión generalizada del sexo femenino a todo nivel institucional, destacando que para 1992, entre otras especialidades, las mujeres ingresan al servicio aeronáutico y en 1993 se gradúa la primera mujer piloto (Echeverri, 2017).
Finalizando la primera década del 2000, y en atención a necesidades del servicio, se creó el primer Escuadrón Móvil Antidisturbios femenino. En 2017 se reglamenta que la mujer podrá prestar el servicio militar de manera voluntaria. La institución policial decide realizar la primera incorporación de mujeres al servicio militar en el año 2019, lo que muestra un nuevo cambio en la ideología policial con efectos a nivel social.
Momento 3: Se proyecta una mujer policía profesional, con capacidad de liderazgo, formada no solo para los entornos administrativos u operativos, sino de manera integral, quien a partir del conocimiento hace uso de la ciencia, la tecnología y la innovación para generar valor y competitividad en seguridad pública. En cuanto al perfil de las mujeres que optan por dedicarse a la profesión policial y en alineación con el Modelo de Transformación Institucional a 2030, estas deben desarrollar competencias centradas en aprender la forma de ser, saber y hacer de un policía, en contexto. Es así como la versatilidad estratégica, el trabajo anticipativo y el procesamiento inteligente del riesgo son, según Cortés et al. (2020), las competencias indispensables del policía del futuro. Finalmente es pertinente indicar que no solo la formación y la destinación de la mujer deben ser materia de continua actualización, puesto que los procesos de convocatoria y selección de aspirantes enmarcan el perfil requerido para alcanzar las metas fijadas a 2030.
Metodología
Enfoque y tipo de estudio
Se utilizó un diseño de tipo no experimental-transversal, con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, detallado por Hernández et al. (2010), y se analizó la estadística de incorporación y participación de mujeres en la institución desde enero de 1994 a julio de 2021.
Población objeto
El estudio se centró en el análisis de registros administrativos de 24.025 mujeres policías, distribuidas en las categorías de Oficial, Suboficial, Nivel Ejecutivo, Agentes y Auxiliares de Policía.
Procedimiento
Los datos fueron tomados del Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH), a través del software Oracle Discoverer, el cual posibilitó la extracción de los mismos a partir de consultas específicas, y posteriormente se realizó el análisis mediante la organización de variables sociodemográficas y la ordenación de criterios explicativo-secuenciales.
Resultados
En la tabla 1 se presentan las características sociodemográficas, correspondientes a las 24.025 mujeres policías.
Tabla 1 Sociodemografía de la mujer policía
Nota: Observatorio del Direccionamiento del Talento Humano Policía Nacional (OBTAH-PONAL). Datos al corte de julio de 2021.
En las últimas décadas las mujeres en Colombia se han incorporado a la Policía Nacional de manera paulatina, accediendo a nuevos espacios laborales, un logro que es fruto del esfuerzo de diferentes generaciones de mujeres, quienes con su trabajo, dedicación y disciplina han vencido los estereotipos de género que impedían la igualdad en el proceso de selección e incorporación, así como la segregación a ciertas ocupaciones de la profesión policial.
En cuanto a la distribución de la mujer policía en los diferentes niveles de gestión, se logra evidenciar una presencia robusta en cada uno de ellos, siendo el nivel operativo, en especial en regiones, departamentos y metropolitanas de policía, el que reporta el mayor número de mujeres dedicadas a la actividad policial, al hacer presencia en todo el territorio nacional.
Respecto a la edad de las uniformadas, se destaca que el 70 % tienen entre 17 y 30 años, lo cual se debe principalmente a la eliminación de cuotas de incorporación por género, que ha permitido un mayor número de aspirantes, además de una selección basada en competencias, que suprime de base toda forma de discriminación y amplía las oportunidades laborales para las mismas.
Por último, se encuentra la participación por grados, resaltando que existe representatividad femenina en todos y cada uno de los mismos, observándose una mayor cantidad de mujeres en los grados iniciales de cada categoría: en el caso de las Oficiales, su mayor representatividad está en las Oficiales Subalternas, que representan el 5.5 °% de las uniformadas, mientras que para el nivel ejecutivo son las Patrulleras y Subintendentes quienes representan el 51.2 °% del total de la población de mujeres.
Por otra parte, al hacer un análisis de las características sociofamiliares actuales de las uniformadas es válido indicar que, de la población total de mujeres, el 74 % no registra hijos en el sistema, y el 26 % tienen entre uno y dos hijos, manteniendo la tendencia social contemporánea en cuanto a natalidad y salud reproductiva, donde se demuestra que el número de hijos por hogar disminuye (DANE, 2020).
Participación de la mujer en la Policía Nacional de Colombia, desde enero de 1994 a julio de 2021
La incorporación de mujeres a la Policía Nacional se analizó desde 1994 a 2021, considerando los momentos socio-políticos que vivió el país durante este lapso de tiempo. A inicios de los años noventa, bajo el mandato de Cesar Gaviria Trujillo, la política de seguridad se centraba en hacer frente al narcotráfico, dando continuidad a la anterior política de gobierno del presidente Barco; es en este periodo donde se apoya la creación de una nueva Constitución Política, se impulsa la apertura económica y se fortalecen las Fuerzas Militares y de Policía (Leal, 2002), situación que se ve reflejada en la inclusión y participación femenina en la institución policial.
Tal como se muestra en la tabla 2, a inicios de los noventa la participación de la mujer fue incipiente, en comparación con el número de hombres, quienes para la fecha representaban el 96.5 °% de la población policial.
Tabla 2 Crecimiento poblacional vs cantidad de policías, 1994-2021
Nota: Departamento Administrativo Nacional Humano Policía Nacional (OBTAH-PONAL).
Posteriormente, en el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se lanzó el Plan de Seguridad Ciudadana, a través del cual se buscaba garantizar al máximo la tranquilidad de los habitantes, llevando el servicio de policía al ciudadano, dando prioridad a la seguridad de la mujer (Rivas, 2005). Para este momento, la tasa de crecimiento de mujeres en la institución era del 4.53 °% respecto a los hombres, lo que indica que durante este periodo presidencial la representatividad femenina aumento un 1.1 %.
De 1998 a 2002, Andrés Pastrana Arango ejerció la presidencia, periodo durante el cual se firmó el Plan Colombia, que fortalecía las Fuerzas Militares y de Policía con el propósito de contrarrestar el crecimiento del narcotráfico, con el apoyo de Estados Unidos, y se intentó negociar fallidamente la paz con las FARC (Arteta & González, 2014).
En este contexto, es importante resaltar que durante este gobierno se priorizó la incorporación de personal masculino, teniendo en cuenta la situación de orden público que se vivió a nivel nacional y aunando a ello el estereotipo de superioridad masculina para enfrentarla, presente a nivel social.
Luego, en el mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se estableció la Política de Seguridad Democrática. Este gobierno se caracterizó por la lucha incansable y sin tregua contra las FARC, desconociendo el conflicto interno al darle la connotación de terrorismo, lo cual transformó el equilibrio operacional en favor de las Fuerzas Militares y de Policía, a través de la adquisición de nuevas capacidades y la profesionalización de la Fuerza Pública (Echeverri, 2019), situación que nuevamente favoreció la inclusión de la mujer a la institución. Es en este periodo que se materializó la participación de la mujer en los diferentes grupos operativos, tales como el Escuadrón Femenino de Enlace Operacional Rural (EFEOR), el Grupo de Operaciones Especiales Antisecuestro y Antiextorsión o el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), entre otros. De igual manera, y en apropiación de la multiculturalidad nacional, se incorporaron las primeras veinte mujeres de la etnia wayúu.
Es de anotar que aquella década cerraba con un parte de personal de 154.803 uniformados, de los cuales 147.343 eran hombres y 7.460 mujeres, lo que se traduce en una participación femenina para la época del 5 %, frente al 95 % de participación masculina.
Durante 2010-2018, el presidente Juan Manuel Santos Calderón reconoció el conflicto armado interno y con su política de seguridad y defensa combatió la delincuencia común y las bandas criminales BACRIM (Vargas, 2011), transformando la actitud de las Fuerzas Militares y de Policía hacia este nuevo frente de batalla, tras negociar la paz con la FARC. Es en este momento donde el porcentaje de participación femenina en la Policía Nacional se duplicó, pasando del 4.82 °% en 2010 al 8.59 °% en 2018, con un crecimiento del 3.77 °% en aquellos ocho años de gobierno.
Desde 2018 a la fecha, el presidente Iván Duque Márquez ha enfocado sus esfuerzos en materia de seguridad, en lo que él denomina Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, centrándose desde un enfoque multidimensional en fortalecer la legitimidad estatal y el régimen democrático, el respeto por los derechos humanos y la construcción de legalidad (MINDEFENSA, 2019), lineamientos que potencializan la incorporación femenina, a tal punto que hoy se cuenta con una participación femenina de 24.025 uniformadas.
De esta manera, durante el periodo en análisis (1994-2021) se evidencia una tasa de crecimiento del 659.08 % en la representación de la mujer en la institución, llegando a ser el 14.23 % del total de la población uniformada. Lo anterior pone en evidencia que las uniformadas, además de su inclusión, han logrado total participación, proyectándose al 2030 hacia la materialización de la paridad de género, puesto que las brechas existentes en cuanto a igualdad y equidad han sido cerradas.
En un análisis comparativo con las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), se evidencia que, para finales del 2017, última fecha de la cual se dispone información consolidada de carácter público, la representatividad de la mujer era del 5.8 % en las tres fuerzas respecto a los hombres, mientras que, para la Policía Nacional, en el mismo año, las uniformadas representaban el 7.8 °% de la población policial, como se evidencia en la tabla 3.
Niveles de formación académica
De las 24.025 mujeres que integran la institución, 8.566 (35.6 °%) son bachilleres, 11.485 (47.8 °%) cuentan con una formación técnica, 1.177 (4.8 %) son tecnólogas, 1.816 (7.5 °%) tienen pregrado, 1.122 (4.6 °%) especialización, 156 (0.6 °%) maestría, y 3 (0.01 °%) doctorado.
Se observa que el 65 % de las mujeres que integran la Policía Nacional, además de su formación policial, han cursado carreras liberales en los diferentes niveles académicos, lo que a nivel policial es una ventaja, en razón a que las actividades misionales no solo demandan preparación física y psicológica, sino también conocimientos en diferentes áreas del saber, tales como: manejo de tecnologías de la información y las comunicaciones, derechos humanos o inteligencia relacional, entre otras, requiriendo a las uniformadas, además de disposición, un nivel específico del saber-hacer propio de la profesión policial.
En la actualidad, las competencias requeridas para ser policía, además de las exigibles a todo profesional (tales como adaptabilidad, relaciones interpersonales, comunicación asertiva, condición física, trabajo en equipo, entre otras), se enfocan en aquellas que aportan a la seguridad pública, desde la creatividad y la innovación, la versatilidad estratégica en diferentes áreas del conocimiento, la capacidad para desempeñarse en diversas funciones (polivalencia), el procesamiento inteligente del riesgo, la preservación de los recursos ambientales y naturales, la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) o la mediación y solución de conflictos (Cortés et al., 2020). Todo esto hace de la educación policial una formación integral, que permite a sus discentes adaptarse a los nuevos conocimientos en ciencia policial, para posteriormente articularlos en su actuar en el servicio.
Edad de la mujer policía y su aproximación generacional
En la tabla 4, se agrupa el número de mujeres, por rango de edades, con el fin de determinar la generación correspondiente al grupo etario al que pertenecen.
Tabla 4 Taxonomía generacional de las mujeres policías
Nota:Díaz-Sarmiento et al. (2017), ajustado a la Policía Nacional.
Al analizar las edades y su generación correspondiente, se observa que las uniformadas conforman una institución joven, mayoritariamente representada por centennials y millennials, con edades comprendidas entre los 17 y 40 años, quienes representan el 97 % del total de la población femenina.
Lo anterior es una ventaja en términos misionales, a la hora de contar con pie de fuerza disponible para los requerimientos y demandas físicas exigidos por la labor policial y con la experiencia derivada del conocimiento existente en las generaciones X y de baby boomers, articulando de esta manera las competencias alcanzadas por las diferentes generaciones hacia la efectividad institucional.
Cargos más representativos ocupados por mujeres
Si bien la Policía Nacional está exenta de cumplir lo estipulado en la Ley 581 de 2000, también denominada Ley de Cuotas de Género en la Función Pública, en lo concerniente al artículo 2 (Concepto de máximo nivel decisorio) y el artículo 3 (Concepto de otros niveles decisorios), en la actualidad la institución ha generado espacios de inclusión y participación de la mujer, permitiendo que las mismas lleguen a ocupar cargos directivos, de jefatura y comandantes dentro de la estructura organizacional. La tabla 5 presenta los cargos más relevantes ejercidos por mujeres como directoras y subdirectoras.
Tabla 5 Cargos directivos
Nota: Observatorio del Direccionamiento del Talento Humano Policía Nacional (OBTAH-PONAL).
A medida que más mujeres llegan a grados de Oficiales Superiores, tienen mayor oportunidad de ejercer cargos directivos dentro de la estructura de la institución, demostrando así que el género no es un impedimento para la ocupación de cargos en el máximo nivel decisorio.
Por otra parte, la tabla 6 presentan los cargos más relevantes en cuanto a jefaturas liderados por mujeres policías.
Tabla 6 Jefaturas femeninas
Nota: Observatorio del Direccionamiento del Talento Humano Policía Nacional (OBTAH-PONAL).
En la actualidad existen 645 mujeres que ostentan grados de jefatura, describiéndose en la tabla 6 los cargos con mayor representación que son ejercidos a nivel institucional; es pertinente en este caso indicar que, en la actualidad, el 3 % del total de la población de uniformadas ocupa este tipo de cargos.
La tabla 7 permite evidenciar que, del total de mujeres en la institución, 571 (2.3 °%) ocupan cargos como Comandante, de las cuales el mayor porcentaje (24 %) se desempeñan como Comandantes de Centros de Atención Inmediata (CAI), seguido de aquellas que comandan Estaciones de Policía (17 °%).
Tabla 7 Comandantes
Nota: Observatorio del Direccionamiento del Talento Humano Policía Nacional (OBTAH-PONAL).
En la tabla 8 se muestran algunos cargos de responsabilidad básica, tanto a nivel administrativo como operativo, sobre quienes recae la delegación de responsabilidades específicas.
Distribución femenina por niveles de gestión
La inclusión y participación progresiva de la mujer hoy muestra que en la Policía Nacional "se observa, una clara, inequívoca y proyectada política institucional de vinculación femenina a las filas" (Echeverri, 2017, p. 26) y que estas a su vez optan, en mayor medida, por dedicarse a la misionalidad institucional (el servicio de policía).
Asimismo, quienes por formación y/o vocación desean desempeñarse a nivel administrativo y docente, pueden igualmente hacerlo al interior de la institución, en tanto que la estructura organizacional demanda el cubrimiento de estas necesidades, con el fin de crear estrategias enfocadas en la convivencia y seguridad ciudadana.
A continuación se presenta en la Tabla 9 el número de mujeres de acuerdo al nivel de gestión institucional.
Discusión
Los resultados de esta investigación permiten evidenciar que la participación de la mujer en la Policía Nacional de Colombia entre 1994 a 2021 se ha dado de manera gradual y progresiva, en congruencia con las políticas de promoción de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres en los entornos laborales definidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres, 2017) y los objetivos de desarrollo sostenible planteados para el 2030 (ONU, 2015).
En algunos países de Europa, según datos publicados en 2015 por el Instituto Europeo de Género, la presencia de mujeres en los cuerpos de policía variaba del 30 % al 40 %; estas naciones pioneras en materia de inclusión de género son: Holanda (30.4 %), Suecia (31.4 %), Estonia (34.7 °%), Lituania (36.1 °%) y Letonia (37.4 °%). Mención especial merece Bulgaria, donde la participación femenina respecto a la masculina supera el 70 % (Gallego & Montes, 2018). En América del Norte, la participación policial femenina es inferior a la de los países europeos, situándose entre el 10 % y el 26 % dependiendo de cada estado, mientras que, por su parte, Canadá registra un 22 % (Fantz, 2020). Ahora bien, en América Latina y el Caribe el promedio de participación de mujeres en las instituciones policiales es del 13 °%; entre estos países sobresale Nicaragua, con un 27 °% de mujeres, seguido por San Cristóbal y Nieves (26 °%), Guyana y Jamaica (ambos con un 25 °%) (Peña, 2016).
Para Colombia, a corte de julio de 2021, la participación femenina corresponde al 14.23 °% del total de la población uniformada, observando que la misma tiene participación en todas las categorías (Oficial, Suboficial, Nivel Ejecutivo y Auxiliar de Policía), niveles (Operativo, Administrativo y Docente) y cargos, lo que demuestra que en la actualidad existe igualdad y equidad frente al empoderamiento de la mujer y su reconocimiento profesional y social, y da lugar a proyectar al 2030 la paridad de género, como eventual realidad institucional. "Cada día el número de libertades y derechos de las personas se incrementan y reclaman la presencia femenina, por resultar esencial para la observancia de estos y esas" (Arco Moreno, 2021, p. 55).
Durante esta investigación se logró caracterizar a la mujer policía colombiana, evidenciando que, al consolidarse una institución menos represiva y más cercana al ciudadano el enfoque cambió, pasando de la atención al conflicto armado a un direccionamiento más social, ligado a la prevención del delito, el trabajo cercano con la comunidad y el respeto de las diferencias y la multiculturalidad de la nación, y que la mujer demuestra competencias para evitar la confrontación directa y la violencia: "Las mujeres policías tienen menos probabilidades de enfrentar acusaciones sostenidas de fuerza excesiva que sus colegas varones, [...] cuestan menos a las ciudades en los acuerdos de demandas civiles por tales incidentes y son objeto de menos quejas ciudadanas" (Fantz, 2020).
Para finalizar, es importante indicar que los hallazgos de esta investigación son solo una parte de la visión de inclusión y participación de la mujer en la sociedad actual, que en todo caso integra un concepto social más amplio en materia de género.
