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El continente americano concentra el porcentaje y la tasa más alta de homicidios a nivel mundial, situándose como la región más violenta del mundo. El Estudio Global de Homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2019) reportó 464 mil homicidios durante el año 2017, mostrando las tasas más elevadas -dentro de Sudamérica- en: Venezuela (89), Brasil (29.7) y Colombia (24); aunque se ha registrado una caída promedio del 29 % en las 17 ciudades más grandes de América, las tasas nacionales de homicidio registraron un incremento promedio del 2 %, lo que sugiere que el aumento de la violencia por homicidio, reportado en algunos países, ha ocurrido fuera de las grandes ciudades. En el otro extremo, se encuentra Chile con 3.3 muertes por cada 100 mil habitantes, siendo el país con la tasa más baja de homicidios en Latinoamérica (Insight Crime Foundation, 2018); sin embargo, ha presentado una clara tendencia al alza durante los últimos años, con mayor participación de la población joven y el aumento en el uso de armas de fuego para la comisión de delitos (Ceballos-Espinoza et al., 2015).
Junto a este panorama estadístico, se ha reportado el incremento de las investigaciones criminales de alta complejidad, respecto de las cuales la sola investigación médico-criminalística no logra arribar a resultados concluyentes. Esto deriva de la presencia de elementos criminógenos complejos tales como los delitos sexuales, la utilización de doble mecanismo de muerte u otras manifestaciones conductuales accesorias al homicidio (por ejemplo, la escenificación y el desplazamiento o ausencia del cadáver) y, recientemente, el uso de nueva tecnología y el empleo de nuevos comportamientos delictivos asociados a la criminalidad organizada (Ceballos-Espinoza, 2021).
Borges et al. (2006) reconocen la complejidad de la investigación criminal en aquellas muertes donde la intervención de terceras personas no es evidente dentro de la escena del crimen, y el diagnóstico, respecto de la naturaleza de la muerte, escapa a elementos de orden médico legal, mientras que el dictamen judicial se sostiene -en la mayoría de los casos- en elementos periféricos de base criminológica o policiva. Por su parte, Ceballos-Espinoza (2015) considera de especial dificultad investigativa aquellas muertes donde la causa es dolosamente simulada mediante alteraciones en la escena del crimen, para encubrir el delito o en casos donde la criminodinámica da cuenta de un despliegue conductual particularmente atípico o desviado. Frente a estos escenarios de mayor complejidad, es necesario recurrir a metodologías de investigación auxiliares, que contribuyan al esclarecimiento del hecho criminal; esta cuestión constituye un verdadero desafío para los organismos dedicados a la tarea investigativa y a la persecución penal de los delitos.
Derivado de la presencia de estos escenarios delictivos de mayor complejidad surge la psicología criminal, campo de conocimiento especializado, orientado a buscar explicaciones del comportamiento delictivo, incorporando -para ello- diferentes disciplinas y metodologías como la criminología y la criminalística (Velasco, 2014). Durante las últimas décadas, otros autores han utilizado conceptos tales como investigación psicológica del delito (Soto, 2014), psicología criminalista (González, 2015; Torres, 2010), psicología investigativa (Canter & Youngs, 2009), psicología de la investigación criminal (Soria, 2006) o psicocriminología (Ceballos-Espinoza, 2017a), para referirse de modo genérico a los aportes de la psicología dentro de la investigación criminal. Pese a que no existe una definición clara de este campo de conocimiento, es posible entenderla -en términos generales- como aquella ciencia que surge de la interrelación de saberes provenientes de la psicología científica y la criminología forense que, aplicados a la investigación del delito, contribuyen -desde distintos enfoques y objetos de estudio- a establecer la criminodinámica de los hechos y el papel que le correspondió a cada uno de los intervinientes, tanto en su condición de víctima como de victimario. Por lo mismo, su característica principal está dada por la utilización de métodos de exploración psicológica, de naturaleza indirecta y retrospectiva.
En este contexto, surge lo que se ha denominado Evaluación Psicológica Reconstructiva (EPR) que, aunque no cuenta con una definición precisa dentro de la literatura científica, es posible explicarla como aquella metodología de la investigación psicológica que se realiza de manera indirecta y retrospectiva, respecto de un sujeto ausente, sea por su desaparición o por su muerte, con algún grado de participación (como víctima o victimario) en un delito determinado. Esta metodología tiene por finalidad generar hipótesis fundadas respecto de las características psicosociales más probables del sujeto evaluado y, en particular, respecto de su funcionamiento psicológico y de la eventual relación entre su estado mental y la ocurrencia delictiva.
Pese a los más de 50 años de experiencia en esta materia y a su acreditada utilidad, la EPR no ha estado exenta de cuestionamientos (Kagan, 2020; Kocsis & Palermo, 2020; Ribeiro & De Matos, 2021), principalmente relacionados con la falta de una metodología única (Petherick & Brooks, 2020) y con el hecho de que se realice en ausencia del sujeto, a partir de la interpretación de fuentes colaterales (Carrasco & Maza, 2010; Poythress et al., 1993; Torres, 2007). En virtud de ello, el presente artículo pretende examinar los aportes de la Evaluación Psicológica Reconstructiva dentro de la investigación criminal de homicidios y, en particular, revisar los hallazgos reportados en la literatura científica, que resultan de utilidad para una adecuada interpretación de la evidencia recopilada durante este método indirecto de evaluación.
La Evaluación Psicológica Reconstructiva (EPR)
Uno de los primeros señalamientos de la EPR dentro de la literatura científica se encuentra en Poythress et al. (1993), quienes utilizan este concepto para referirse al método de investigación psicológica indirecta y reconstructiva, con uso científico que data de la década de los setenta (Jiménez, 2012), y que se emplea en técnicas de perfilación criminal, perfil geográfico y perfilación victimológica (autopsia psicológica), llevadas a cabo en el marco de la investigación de delitos violentos por la Unidad de Análisis de la Conducta del FBI.
Aun cuando la perfilación criminal y la perfilación victimológica persiguen objetivos distintos, comparten los mismos principios rectores que guían toda EPR, es decir, la posibilidad de evaluar de manera indirecta y reconstructiva -a partir de fuentes de información colateral- los rasgos psicológicos de un sujeto, de quien se desconoce la identidad o de aquellos que no pueden ser evaluados presencialmente, porque han fallecido o porque se encuentran desaparecidos. Al respecto, cabe precisar que la perfilación criminal está orientada a trazar las particularidades más propias de un agresor desconocido mediante la aplicación del método científico derivado del análisis clínico-forense de la escena del crimen, lo cual incluye el estudio de las formas en que se presenta la agresión a las víctimas (Fox & Farrington, 2018). La autopsia psicológica se encuentra orientada a evaluar a la víctima, investigando retrospectivamente las características de su personalidad y las condiciones psicosociales que vivió, para comprender las circunstancias de su muerte, a partir del análisis del funcionamiento psíquico, específicamente en casos de muerte indeterminada, en los cuales se sospecha la participación de terceros (Litman, 1989).
Como se señalaba anteriormente, una de las críticas a estas técnicas de evaluación reconstructiva es su flexibilidad metodológica y la inexistencia de un modelo único de trabajo. En efecto, dentro de la literatura es posible encontrar distintas guías de perfilación criminal (Canter, et al., 2004; Douglas et al., 2006; Kocsis, 2006; Turvey, 1999) y de autopsia psicológica (García-Caballero et al., 2010; García-Pérez, 2007; Gelles, 1995; Torres & Manzo, 2004; Werlang & Botega, 2003) que, aun cuando presentan una metodología de recolección e interpretación de información sin diferencias sustantivas, carecen de una metodología objetiva de interpretación de los datos levantados durante el proceso de evaluación, cuestión que queda al arbitrio del juicio experto y/o de los resultados de la discusión clínica del equipo investigador, lo que -en este último caso- disminuiría el eventual sesgo dentro de este ejercicio inferencial. Pese a tales resguardos, este procedimiento de interpretación subjetiva de los hallazgos constituye la principal crítica frente a estas técnicas de evaluación psicológica indirecta (Chifflet, 2015; Pabón & Delgado, 2019; Ribeiro & De Matos, 2021).
Así las cosas, de la revisión de las técnicas aplicadas en EPR se identifican elementos metodológicos comunes que actualmente confluyen en modelos integradores -o de metodología mixta- que combinan el análisis deductivo con el razonamiento inductivo (Jiménez, 2012). En términos generales, estos se apoyan en dos fuentes de información (figura 1), pilares esenciales dentro de esta metodología: a) el espacio delictivo, es decir, la escena del crimen (lugar físico del hecho delictivo) y la víctima (exploración psicobiográfica y análisis del cadáver forense [cuando la víctima se encuentra presente en la escena del crimen]); y b) las fuentes colaterales, referidas a fuentes testimoniales (empadronamiento, entrevistas y declaración de testigos del hecho si los hubiere) y fuentes documentales (documentos contenidos en la carpeta investigativa y la documentación personal de la víctima [incluye el análisis de sus producciones personales]).
La escena del crimen
Rubtcova et al. (2017) definen la escena del crimen como aquel fragmento del mundo material expresado en un lugar físico -o sus ramificaciones posibles- donde ha ocurrido un hecho que reviste características de delito y, por tanto, es objeto de investigación policial/judicial. Se estima que la escena del crimen presenta ramificaciones, pues no se limita al lugar de ocurrencia del ilícito, sino que abarca -dentro de su definición- a todos aquellos espacios físicos donde se prepara, ejecuta y finaliza la acción ilícita y/o donde se despliegan acciones posdelictivas; en general, toda zona que sea parte de la criminodinámica delictiva, es decir, en la que se encuentre evidencia asociada al delito.
No cabe duda de que la escena del crimen es una fuente importante de información, que permite inferir las posibles características del autor del crimen. Desde los primeros intentos por estudiar el espacio delictivo, a partir de la clasificación organizada/desorganizada de la escena del crimen (Ressler & Burgess, 1985), diversas investigaciones han establecido una correlación significativa entre la escena del crimen y las características del autor del ilícito (Almond et al., 2019; Pecino-Latorre et al., 2019; Reilly, 2019). Un elemento relevante para establecer tal correlación viene dado por la evidencia conductual presente en el lugar del crimen, y definida por Torres (2010) como toda acción -u omisión- indicativa de una conducta o patrón conductual, que se presenta como vestigio psicológico impreso en el modo en que un agresor realiza un delito, que es susceptible de ser identificado a partir del estudio de la víctima, la escena del crimen, la criminodinámica y los efectos del delito. De ahí que, Ceballos-Espinoza (2015) rescate la importancia de este tipo de evidencias para la construcción de hipótesis explicativas -sólidas y fundadas- sobre quién hizo qué, por qué lo hizo y para qué lo hizo; en consecuencia, contribuye a: 1) establecer la interacción presente durante el hecho, 2) determinar el tipo de relación entre el perpetrador y su víctima, 3) establecer los roles desplegados durante del crimen, 4) definir las posibles razones o motivaciones para cometer el delito y, 5) reducir el universo de sospechosos.
Al respecto, diversos estudios han permitido confirmar la relación existente entre la evidencia conductual encontrada en la escena del crimen y las características distintivas del delincuente (Abreu et al., 2019; Holmes & Holmes, 2008; Pecino-Latorre et al., 2019) y, en especial, respecto de los rasgos de personalidad (Salfati & Canter, 1999; Salfati, 2000). En esta línea, se ha reportado que la evidencia conductual dejada en la escena del crimen en homicidios con componentes sexuales resulta consistente con cuadros psicopáticos (Kopelman, 2015) y con una estructura sexual sádica (Healey et al., 2016; Healey et al., 2013; Mokros et al., 2014).
Otro foco de interés para la investigación se ha concentrado en el desplazamiento de los delincuentes seriales y en los patrones de movilidad que estos presentan a lo largo del tiempo. Derivado de ello, surge la perfilación geográfica (geographical offender profiling), enfocada en los patrones de movilidad geoespacial presentes en una serie de delitos vinculados entre sí, con el objeto de comprender los procesos cognitivos-adoptados por un sujeto- en lo relativo al ámbito espacio-temporal (temporalidad, trayectoria, distancia, frecuencia); esto permite inferir las características del sujeto, tras el análisis de los crímenes y, con ello, acotar el rango de posibles sospechosos (Hammond & Youngs, 2011; Knabe-Nicol & Alison, 2011; Snook et al., 2005). Además de su aplicabilidad y de la evidencia reportada en la investigación de homicidios (Avdija et al., 2021) se ha documentado su utilidad en delitos de agresión sexual (Hammond, 2014) e incendios (Ducat et al., 2015).
Algunos estudios en el campo de la perfilación geográfica han presentado evidencia científica que sugiere que más de la mitad de los homicidas vive cerca de los lugares donde abandonan el cadáver (Nethery, 2004), y que -en el caso de asesinos seriales- la distancia entre el lugar de abandono y el domicilio del victimario alcanza los 15 kilómetros (Lundrigan & Canter, 2001; Snook et al., 2005). Se ha documentado, además, que los cuerpos tienden a ser abandonados -en promedio- a 43 metros de la carretera o camino principal, cuando se trata de zonas rurales (Martineau & Beauregard, 2016), y que, en zonas boscosas, el promedio disminuye a 15 metros del camino principal (Keppel & Birnes, 2009). En esta misma línea, se ha logrado identificar que, en casos con víctimas jóvenes, la distancia de donde se encuentra el cuerpo a la residencia de estas es menor; en casos con víctimas adultas, en cambio, la menor distancia corresponde a la residencia del victimario (Hanfland et al., 1997); y, en lo que a víctimas de edad avanzada y/o ancianos se refiere, por lo general, estos son abandonados en la misma escena del crimen (Chai et al., 2020).
En el caso particular de los niños(as), víctimas de homicidio, la distancia desde el lugar de recuperación del cuerpo hasta el lugar del asesinato tiende a ser cercana, principalmente cuando se trata de un criminal conocido o que vive cerca de la casa de la víctima (Nethery, 2004). Por otra parte, si se considera la distancia desde el lugar de contacto inicial hasta el lugar del asesinato, se ha establecido que, en un tercio de estos crímenes, se recorre un intervalo que oscila entre los 0 a los 70 metros (30 %) y, en un porcentaje mayor (43 %), se recorren entre 2.5 y 20 kilómetros (Hanfland et al., 1997). En el caso de los homicidios sexuales con desplazamiento del cadáver, se calcula -con un 70 % de probabilidad- que el homicidio tiene lugar en un espacio geográfico de 10 km de distancia respecto de la residencia del delincuente, dado que en determinadas circunstancias los homicidas sexuales perciben su entorno como un lugar seguro para cometer un homicidio (Chopin et al., 2019). En términos generales, los estudios son coincidentes en reportar que, a mayor experiencia criminal, mayor es la distancia entre el lugar de hallazgo del cadáver y el domicilio del victimario; mayor distancia que -de igual forma- correlaciona con un mayor coeficiente intelectual (Santos-Hermoso et al., 2021).
Aun cuando existe un corpus de con kmocimiento importante, los últimos datos reportados en este campo de estudio han permitido evidenciar una mayor efectividad de los perfiles predictivos -en comparación con los resultados reportados por los perfiladores de la policía- derivados del procesamiento automatizado de distintas variables presentes en la escena del crimen, mediante la aplicación de modelos matemáticos tales como: clasificación multidimensional (Fujita et al. 2013, 2016), árboles de decisión (Pecino-Latorre et al., 2019), modelos de regresión logística (Ivaskevics & Almond, 2020) y análisis de clase latente (Khoshnood et al., 2020).
Escenificación y firma
Con toda la información extraída de la inspección técnico-policial de la escena del crimen, se debe analizar la más relevante dentro de la EPR. Esto implica reconocer que no toda conducta desplegada por el victimario en la escena del crimen guarda directa relación con la ejecución del delito (Jiménez, 2012). Es frecuente encontrar -principalmente en delitos contra la vida- evidencia que da cuenta de la realización de actos adicionales (anexos/ accesorios) que, a simple vista, resultan innecesarios para la ejecución del crimen y/o para asegurar la impunidad de este (Garrido & López, 2006). Tales conductas no responden al modus operandi (forma de actuar de un delincuente [patrón delictivo] por las que pretende consumar el delito), sino más bien a cuestiones que guardan relación con la motivación delictiva o el móvil tras el delito. Dos de estas expresiones conductuales accesorias que mayor atención han acaparado en la literatura científica son: la escenificación y la firma.
La escenificación
Definida por Ceballos-Espinoza (2015) como toda aquella manipulación o modificación deliberada de un crimen o de su escena, alterando la apariencia de las cosas o de la víctima con el objetivo de confundir a los investigadores -o llevar las indagatorias por un camino equivocado-, con los cuales se puede simular un delito diferente al acontecido. La escenificación es efectuada por el autor del delito, cómplice o encubridor, posterior al crimen, y previo al arribo de la policía; incluye la provocación de un incendio o la inundación del lugar (Turvey, 1999). Según Hazelwood y Naiper (2004), la manipulación de la escena del crimen puede llevarse a cabo respecto de: a) la naturaleza de muerte (etiología/NASH ), b) la causa de la muerte (diagnóstico/mecanismo), y c) la motivación del acto original (codicia, ira/venganza, atención, juego u otro). Cada una de las cuales tendrá sus características y particularidades distintivas.
Chancellor y Graham (2014) identifican tres tipos posibles de escenificación: primaria, secundaria y terciaria. La escenificación primaria se define como el intento de alterar o cambiar la evidencia física, con el propósito de confundir o desviar la investigación policial. Esta puede ser ad hoc (sin previsión ni planificación previa, inmediatamente después del hecho, por ejemplo, borrar evidencia) o premeditada (planificada meticulosamente, agregando evidencia que no tiene relación con el delito. La escenificación secundaria hace referencia a la alteración o manipulación intencional de la escena del crimen o de la víctima por parte del homicida, y está acompañada de un importante componente psicológico que incluye: a) despersonalización o mutilación postmortem, desfiguración facial, extirpación genital, entre otros; b) body posing es el ajuste o manipulación corporal de la víctima; y c) escenificación simbólica o ritualista hace referencia a escenas que se organizan o alteran para simular razones simbólicas o ceremoniales. Finalmente, la escenificación terciaria que corresponde a la manipulación dolosa, realizada por algún miembro de la familia o personas externas que encuentran un cuerpo en una situación vergonzosa o degradante, para evitarle a la familia o la víctima cualquier deshonra o desprestigio.
Con relación a esto último, Douglas y Munn (1992) identificaron dos razones por las cuales un victimario realiza una escenificación: 1) para redirigir la investigación hacía el sospechoso más lógico y/o para proteger el honor o la reputación de la víctima (o de la familia de la víctima). Coincidente con ello, Hazelwood y Napier (2004) tipifican estas categorías conductuales como escenificación por autoconservación, en la que el victimario realiza alteraciones en la escena del crimen para redirigir la investigación y proteger su identidad, desviando la atención policial sobre sí mismo y escenificación por vergüenza/ deshonra, realizada para proporcionar a la víctima un grado de dignidad, por ejemplo: modificar o alterar el cuerpo para que la familia recuerde al occiso en un sentido más noble que el que tenía en la escena del crimen (cuando la víctima fallece durante actividades autoeróticas peligrosas). Con respecto a lo anterior, la evidencia científica sugiere una mayor probabilidad de escenificaciones en prácticas parafílicas letales (Kernbach-Wighton & Madea, 2014; Sendler, 2018), homicidios intrafamiliares o vinculares (Keppel & Weis, 2004), robos (Ferguson, 2015) y suicidios (Ferguson & Petherick, 2016).
La firma
Se define como el conjunto de conductas desplegadas por el victimario antes, durante o después del delito, que resultan accesorias e innecesarias para la ejecución delictiva, y que dan cuenta de las necesidades psicológicas o de las fantasías que el sujeto pretende satisfacer cometiendo el delito (Keppel, 1995; Turvey, 1999); constituye el sello personal del homicida y refleja la motivación por la cual cometió el crimen (Norza-Céspedes, et al., 2013). El delito mismo no suple las necesidades psicológicas del agresor, y este necesita invertir energía adicional para cubrir esa falta, de tal forma que, el modus operandi refleja la naturaleza del crimen y la firma, las características del agresor (Keppel et al., 2005). Por lo mismo, Turvey (1999) señala que la firma comprende aspectos que se relacionan con emociones que agrupa en distintas categorías: beneficio, ira/venganza, seguridad, autoafirmación y sadismo. El goce se instala en los actos accesorios, tales como: la tortura, las mutilaciones o los actos sádicos. Gil (2013) incluye -dentro de estos últimos- la práctica del piquerismo (realización de una gran cantidad de cortes, heridas punzantes o desgarros de la piel de los genitales o del rostro de la víctima), que se encuentra asociada a sujetos que padecen psicosis o trastornos propios de un pensamiento desorganizado.
Bartol y Bartol (2013) distinguen entre firma de la escena del crimen y firma psicológica, para referirse al patrón conductual repetitivo, realizado de manera consciente e intencionada en el primer caso, o de manera inadvertida y esencialmente inconsciente en el segundo escenario. Garrido (2012) sostiene que la firma se compone de dos partes: a) aspectos generales o motivos del crimen: lucro, ira, venganza, ganar confianza y/o reconocimiento, experimentación, deseo de obtener control/poder, deseo de arrogarse el derecho de algo, sexo/sadismo y b) conductas de la firma o necesidades psicológicas y/o emocionales del delincuente, que reflejan su personalidad, estilo de vida y experiencias de vida y comprenden: mutilaciones, ensañamiento, dejar mensajes, dejar marcas profundas en el cadáver o grabar cosas en él, posicionar al cuerpo de forma que transmita un mensaje/señal, actividad posmortem, forzar una interacción particular con la víctima (ej. un diálogo planeado, requerimiento de respuestas específicas de la víctima, uso de frases o nombres determinados, obligar a la víctima a realizar determinadas acciones, entre otros).
Algunas de las conductas incluidas dentro de la firma, que llama mayormente la atención de los investigadores policiales, son los actos reparatorios. Russell et al. (2018) reportaron que, en su mayoría, estos actos son realizados por un victimario hombre (10:1) con una víctima mujer, con quien -el homicida- mantenía una relación previa (familiar o vínculo íntimo). Entre los actos de mayor recurrencia se encontraron: el uso de mantas para cubrir el cuerpo de la víctima (55 %), la alteración de la disposición/ubicación del cuerpo (55 %), el uso de una cama o sofá (42 %), el lavado del cuerpo (36 %), la utilización de almohadas (36 %), desnudar a la víctima y agregar otro tipo de adornos (27%).
Pese a lo señalado previamente, la evidencia acumulada no ha permitido generar categorías taxativas que hagan posible definir o diferenciar determinados actos como componentes inequívocos de la firma, así como tampoco han podido otorgarles un significado unívoco; ello, por cuanto, la misma necesidad psicológica o emocional puede cubrirse con distintas conductas en distintos crímenes, así como también -aunque de manera poco frecuente- pueden presentar cambios o modificaciones en el tiempo (Turvey, 1999). Aunque -en teoría- la diferencia entre modus operandi y firma parece evidente, en la práctica, la distinción de estos elementos criminodinámicos puede presentar cierta confusión y llevar a interpretaciones erradas, desviando las diligencias policiales hacia una línea investigativa equivocada (Douglas et al., 2006). Por lo mismo, resulta de suma importancia reconocer cuando un acto es parte de la firma o del modus operandi en el delito. Al respecto, Jiménez (2012) señala que solo mientras se interpreten correctamente estos elementos criminógenos, la vinculación dentro de una posible serialidad delictiva será acertada y, con ello, habrá una mayor proximidad con el victimario dentro del perfil de los sospechosos.
Análisis psicológico de la víctima
Junto a la escena del crimen, la víctima también constituye un pilar esencial dentro de una EPR. Sin embargo, no siempre es factible obtener su relato de lo sucedido, por lo que la evidencia física y conductual levantada desde la escena del crimen, así como también los elementos derivados de su historia -tanto previos al acto criminal como remotos- resultan esenciales dentro de este proceso de evaluación. Aunque no existe un modelo único de perfilación victimológica, esta técnica incluye -junto al estudio médico forense- la exploración de los elementos biológicos, psicológicos y sociales presentes en la historia de la víctima, considerando un proceso de análisis en dos niveles: 1) el estudio del cadáver, es decir, el análisis criminalístico/lesionología y 2) el estudio psicobiográfico de la víctima (próximo/remoto).
El estudio del cadáver
Frente a un homicidio, del cual no existe un autor conocido, la inspección del cadáver resulta un procedimiento de gran relevancia forense a la hora de llevar a cabo una EPR y de levantar un perfil victimológico. Para Soria (2006), un estudio completo del cadáver comprende -junto con la inspección externo policial, el examen criminalístico y la autopsia médico legal- el análisis psicológico de las características criminógenas del delito en la víctima (disposición del cadáver, vestimenta, desgarraduras); así como también el análisis de la lesionología presente (violencia instrumental v/s expresiva, firma criminal, características, naturaleza y vitalidad de las lesiones).
Aunque no existe una pauta de interpretación y/o categorización frente a cada lesión y ubicación de las mismas, para Pachar (2018) resulta necesario -primeramente- establecer el modo de producción o la naturaleza de las distintas heridas: a) ofensivas (provocadas intencionadamente por el agresor con la intención de controlar a la víctima, provocarle daño o acabar con su vida), b) defensivas (provocadas por el agresor durante el acto delictivo y que se generan a partir de la reacción de la víctima con la intención de defenderse y/o huir del lugar), c) accesorias (producidas por una acción indirecta fuera de la agresión o defensa, por ejemplo, acción postmortem de animales con el cadáver, acción del personal policial o médico que trabaja en la escena del crimen, etc.) y d) autoinfligidas (provocadas por la víctima con la finalidad de dañarse a sí misma). Junto con ello, Bórquez (2012) plantea la necesidad de establecer la intencionalidad de las lesiones presentes, determinando -para ello- la naturaleza del patrón lesional: accidental (sin el objeto de causar daño), control (persiguen el dominio de la víctima), homicida (heridas letales que tienen por objeto acabar con la vida de la víctima) y suicida (heridas letales autoprovocadas). También es ideal establecer si se trata de lesiones propias de una violencia instrumental, emocionalmente fría, planificada y calculada, o si corresponde a lesiones propias de una violencia expresiva, derivada de una descarga emocional tal como la ira, rabia o frustración (Company & Soria, 2016).
Otro de los aspectos importantes que debe ser motivo de análisis, dentro del estudio del cadáver, lo constituye la identificación de la firma del agresor. Esta característica, presente en la lesionología de la víctima, responde a las motivaciones o necesidades psicológicas del agresor y, por lo mismo, innecesarias para la ejecución del crimen o para evitar la acción jurídica del mismo (Jiménez, 2012). Lo innecesario de las heridas se puede reconocer tanto desde lo cualitativo como desde lo cuantitativo, por lo mismo, es necesario prestar atención al número de lesiones, al grado de fuerza aplicado, a la presencia de heridas postmortem y a aquellas que no forman parte del modus operandi y/o que presentan una carga simbólica (Company & Soria, 2016), y que podrían arrojar indicadores de una eventual motivación con base en el sadismo (número importante de lesiones no letales, de connotación sexual realizadas ante-mortem y que persiguen el sufrimiento de la víctima), venganza (presencia de un número importante de lesiones, ante-mortem y postmortem, expresión de ira) y/o arrebato pasional (componentes de sadismo y venganza).
Al respecto, diversas investigaciones han documentado una correlación significativa entre el patrón lesional y la motivación subyacente a tal ocurrencia lesionológica, encontrando una mayor consistencia entre la presencia de lesiones accesorias no letales y homicidios de connotación sexual (Chan et al., 2019; Koeppel et al., 2019). Carabellese et al. (2013) relacionaron este tipo de lesiones accesorias con los efectos del consumo de droga por parte del victimario, previo a la comisión del homicidio. En esta misma línea, basándose en el patrón lesionoló-gico encontrado en homicidios con motivación sexual, Salfati y Taylor (2006) identificaron tres estilos temáticos de interacción con la víctima durante la agresión: explosivo, control y violento.Hákkánen y Laajasalo (2006) encontraron que los homicidas esquizofrénicos presentan mayor probabilidad de matar a un familiar consanguíneo, usando un arma y provocando lesiones en la cara de la víctima. Los mismos investigadores encontraron que los adictos a las drogas incurren -en un número importante de casos- en robos a la víctima y en conductas de oculta-miento del cuerpo. En esta misma línea de investigación, Gerard et al. (2017) identificaron tres zonas temáticas, basadas en los tipos de agresión desplegados en la escena del crimen: a) expresivo, en delincuentes múltiples; b) instrumental, en robo; y c) instrumental, en delitos sexuales con conciencia forense. Sea y Beauregard (2017), por su parte, encontraron cuatro categorías motivacionales distintivas en homicidios: a) sexo/excitación; b) cognitiva; c) exceso/sangre; y d) impulsividad.
El estudio psicobiográfico de la víctima
Dentro de toda investigación criminal, el estudio de la víctima no se agota en la inspección del cadáver. Tras el cuerpo inerte hay una historia, reciente y remota, que se relaciona de alguna forma con su desenlace. De ahí que, García-Pérez (1998) considere la fenomenología victimo-lógica como un proceso notablemente dinámico, en el que la participación de la víctima resulta fundamental para comprender el acto -único o múltiple- de victimización. Por lo mismo, su exploración biográfica debe considerar los factores predisponentes (por lo general de naturaleza endógena), posibilitantes (exógenos) y desencadenantes o precipitantes (de naturaleza mixta); pues, a partir de este examen minucioso -y de las actividades de la víctima- es factible encontrar una posible vinculación entre esta historia de vida y la motivación del acto criminal (García-Pérez, 2007). Bajo esta premisa, es necesario considerar la exploración detallada de la historia de la víctima (desde su nacimiento), que incluya el análisis de sus antecedentes sociodemográficos, médicos (físicos y mentales), laborales, escolares y relacionales. Sobre esto, diversos autores dedicados a la investigación psicobiográfica han proporcionado parámetros metodológicos para la recopilación, codificación, integración y gestión de los datos derivados de la evaluación indirecta de la personalidad (Du Pleissis, 2017; Ponterotto, 2017; Wiggins, 2003).
Con base a ello, es imprescindible identificar elementos comportamentales recurrentes; esto último, orientado a identificar la presencia de despliegues conductuales de riesgo, impulsivos, coléricos y/o una baja tolerancia a la frustración, lo que permitirá reconstruir las posibles acciones de la víctima dentro de la dinámica homicida y los eventuales desencadenantes vinculados a los actos realizados por esta. En este proceso, Herrera et al. (2019) señalan que se deben analizar las relaciones afectivas, eventuales maltratos, infidelidad, deudas, cuadros psicopatológicos, habitualidad de conductas peligrosas, pertenencia a grupos de riesgo y antecedentes delictuales, entre los más relevantes. Por su parte, García-Pérez (1998) recomienda -de igual manera- la revisión de los antecedentes policiales o delictivos de la víctima, conductas antisociales, hechos de violencia, antecedentes penales y el historial de reclusión. Turvey (1999), además, señala que no se pueden desestimar -bajo ningún pretexto- los antecedentes que, en una primera lectura, no guarden relación evidente con la muerte, pues resulta improcedente analizar una evidencia fuera de su contexto -o de manera preliminar-, sin considerar el resto de los elementos presentes en el delito, tanto en la historia como en el acto delictivo propiamente.
Fuentes testimoniales
Las fuentes testimoniales provenientes de las declaraciones registradas dentro de la carpeta de la investigación, o derivadas de las entrevistas realizadas en el propio contexto de una EPR, constituyen una de las fuentes de mayor recurrencia dentro de este método de evaluación indirecta (Ceballos-Espinoza, 2017b). Aun cuando se trate de información indirecta sobre el objeto de evaluación, representa la posibilidad de triangular tales antecedentes con la evidencia levantada, previamente, en la escena del crimen. Por otra parte, cuando se trata de entrevistas realizadas a propósito de la EPR, surge la oportunidad de profundizar en áreas respecto de las cuales no se ha logrado obtener información suficiente en los pasos previos (García-Pérez, 2007). De todas formas, resulta importante considerar -dentro de este análisis testimonial (declaraciones, empadronamiento y/o entrevistas)- la exploración de elementos relativos tanto a la ocurrencia del delito, como a aquellos relativos a la historia personal de la víctima (ciclo vital).
En esta línea de investigación, diversos autores han presentado evidencia científica que confirma la factibilidad de realizar una evaluación diagnóstica de manera indirecta a partir del testimonio de algunos informantes (Acklin, 2018; Lilienfeld et al., 2018; Neller, 2019). Schneider et al. (2004) reportaron una especificidad alta de un diagnóstico acertado para el método de la historia familiar. Incluso, se ha señalado que cónyuges e hijos proporcionan información más precisa, que la proporcionada por padres y hermanos (Thompson et al., 1982). Por otra parte, existe una mayor asertividad del diagnóstico indirecto para las mujeres, en comparación con el nivel de acierto obtenido para los hombres (Orvaschel et al., 1982). Además, se ha reportado una mayor precisión para trastornos afectivos tales como depresión (Orvaschel et al., 1982), trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias (Conner et al., 2010) y alcoholismo, en comparación con otros menos graves asociados al trastorno por estrés postraumático y trastorno límite de la personalidad (Cwik et al., 2017).
Fuentes documentales
La EPR no se centra únicamente en el delito y en sus efectos (escena del crimen y análisis de la víctima), si no que recurre a todas aquellas fuentes de información obtenida dentro de una investigación criminal; algunos autores sostienen que existe la posibilidad de realizar un diagnóstico tan preciso como aquellos derivados de un examen directo (Kroll & Pouncey, 2016; Pollitt, 2013). Por lo mismo, el análisis de fuentes documentales constituye información útil para la evaluación indirecta, bien sea derivada de los documentos contenidos en el registro consignado en la carpeta, como de documentos personales de la víctima (incluye el análisis de sus producciones personales), en los cuales el análisis computarizado del texto, distanciando de una práctica meramente inferencial, ha demostrado ser un instrumento útil para la evaluación indirecta de la personalidad (Boyd & Pennebaker, 2017; Tausczik & Pennebaker, 2010).
Los resultados obtenidos en esta materia han confirmado la correlación entre el uso de determinadas palabras y el funcionamiento psicológico (Hirsh & Peterson, 2009; Lee et al., 2007; Pennebaker & King, 1999), el estilo cognitivo (Wolf et al., 2007), el procesamiento neurobiológico subyacente (Saxbe et al., 2013; Vigliocco et al., 2014) y la afección psicológica sobre experiencias traumáticas (Pennebaker, 2018; Walton & Wilson, 2018). Adicional a esta evidencia, se encuentran las iniciativas en perfilación derivada de evidencia digital (Al Mutawa et al., 2019), en particular los hallazgos sobre la correlación entre los rasgos de la personalidad de un sujeto y el uso que hace de datos digitales no textuales, por ejemplo: emoji (Hall & Penninton, 2013; Marengo et al., 2017), que aportan un corpus de conocimiento relevante para la interpretación de evidencia levantada desde distintas fuentes documentales, derivadas de la técnica de perfilación psicolingüística, aplicada a la investigación criminal (Ceballos-Espinoza, 2017b).
Discusión
La evidencia científica expuesta en el presente artículo permite confirmar la relevancia de la EPR dentro de l a investigación criminal. Los hallazgos reportados en la literatura revisada constituyen fundamentos empíricos clave para la interpretación de la evidencia en el contexto de una investigación criminal de alta complejidad. Se encontró evidencia sustancial para dos fuentes de información dentro de la EPR: espacio delictivo (escena del crimen y víctima) y fuentes colaterales (testimoniales y documentales). Se confirma que, tanto el análisis de la escena del crimen (tipología, características criminodinámica y análisis de evidencia) como el análisis de la víctima (investigación psicobiográfica [historia próxima y remota] y lesionología presente [características de las lesiones, mecanismo de acción, causa y naturaleza de muerte]), generan información válida y suficiente para la reconstrucción del perfil, tanto de la víctima como del victimario. Por lo mismo, mientras mayor información se tenga sobre los antecedentes de ambos sujetos, para la construcción del perfil criminológico/victimológico, mayor será la aproximación entre el perfil generado y el sujeto motivo de la evaluación.
Por otra parte, se identifican nudos críticos que deben ser motivo de revisión, pues aún cuando se han desarrollado diversas técnicas para el levantamiento y sistematización de la evidencia levantada dentro de este proceso de evaluación reconstructiva y se ha reportado un acervo importante de evidencia científica, para fundamentar los resultados expuestos en un perfil criminológico, un aspecto complejo de la EPR sigue siendo la metodología de análisis e interpretación de la evidencia levantada mediante las técnicas utilizadas para este tipo de evaluación indirecta. Ello, dada la carencia de metodologías automatizadas y objetivables explicitadas en la literatura científica revisada, pues, las técnicas utilizadas en EPR perseveran en la idea de realizar este ejercicio de manera inferencial. Este cuestionamiento metodológico resulta consistente con lo reportado en publicaciones previas frente a las técnicas aplicadas en EPR (Alison et al., 2003; Fox & Farrington, 2018; Kocksis, 2013; Norza-Céspedes et al., 2013, 2021); y, en lo particular, respecto de su fiabilidad y validez (Kocksis et al., 2008; Ribeiro & De Matos, 2021). Pese a lo expuesto, se identifican iniciativas recientes, basadas en modelos de análisis e interpretación de evidencia y apoyadas en sistemas computacionales, que permiten reducir el sesgo y riesgo de error presente en los procesos subjetivos de interpretación por parte del equipo investigador.
Finalmente, se plantea la necesidad de desarrollar trabajos futuros orientados a superar las barreras metodológicas, actualmente utilizadas en el análisis e interpretación inferencial de la evidencia levantada. Se propone la creación de un corpus con evidencia científica, local, que permita la construcción de perfiles factibles, para contrastar en futuros casos de investigación criminal de alta complejidad; soportando -con ello- el análisis realizado con las técnicas de EPR, mediante el desarrollo y aplicación de algoritmos y modelos de evaluación basados en sistemas computacionales, que permitan replicar las iniciativas existentes en otras áreas de la psicología, que han demostrado una evidencia robusta sobre su efectividad.
