Las teorías del crimen

Antes de abordar las teorías, una importante distinción que pudiera orientar al lector es la que existe entre criminología y criminalística. La primera estudia la conducta del delincuente para prevenir sus acciones. Por su parte, la criminalística acopia evidencias del perpetrador de un crimen para llevarlas a juicio. Dado que la presente investigación se centra en las tendencias de las conductas criminales, la referencia siempre será en términos de criminología.

La literatura en asuntos criminológicos es vasta, variada y nutrida. Son diversos los abordajes y distintas las perspectivas utilizadas en torno al tema. Los aportes de los estudiosos van desde teorías y conceptos básicos (^{O'Brien y Yar, 2008}; ^{Williams, 2012}; ^{Burke, 2019}) y aspectos metodológicos y disciplinarios (^{Carrington y Hogg, 2002}; ^{Carrabine et al., 2004}; ^{Schuilenburg et al., 2014}), hasta asuntos emergentes del delito contra la mujer (Cain y Howe, 2005; ^{Humphries, 2009}) o nuevas perspectivas analíticas espaciales (^{Weisburd et al., 2012}; ^{Taylor, 2015}; ^{Liam, 2017}). Esto sin duda revela la densidad razonada y los retos teóricos para el estudio del crimen.

Por obvias razones, las distintas perspectivas han estado influidas, o bien, por los movimientos intelectuales del momento o por las disciplinas de adscripción de los estudiosos. Así, por ejemplo, la criminología clásica estuvo guiada por los argumentos de la ilustración mientras que la positivista lo estuvo por las pretensiones propias para lograr un mundo mejor mediante el uso de la ciencia. Los juristas hicieron lo propio desde sus perspectivas legales, como también lo hicieron los médicos, los psicólogos y los biólogos. Tales contextos justifican que la criminología se nutra de múltiples visiones para intentar explicar conductas, siendo los estudios biológicos, sicológicos, sociológicos y económicos los generadores de las principales explicaciones sobre el crimen. Sin embargo, es importante anotar que ninguna de las teorías desarrolladas explica de manera comprehensiva la ocurrencia de un delito. Esta brecha constituye, así, una motivación esencial para la investigación criminológica.

Según ^{Williams (2012)}, la teoría de la criminología puede comprenderse bajo dos modalidades: la clásica y la positivista (p. 13). La primera resultó definitiva para el desarrollo del sistema judicial y para la explicación de la comisión de un delito: este ocurría, simplemente, por libre voluntad o por malas decisiones. A todas luces, se trató de una teoría de la causalidad del crimen. Cesare Beccaria y Jeremy Bentham se registran como los representantes más connotados de la criminología clásica. La segunda, la teoría positivista, basada en la ciencia, asumía que el crimen podía estudiarse y evitarse. Desde la ciencia, se buscó conocer y alterar la conducta adversa y reducir o eliminar el crimen, de ahí que, desde entonces se registra la pretensión científica de la criminología, reconociéndose una serie de enfoques para investigar la conducta criminal: biológico, sicológico, sociológico y económico. A continuación, una breve referencia sobre los dos primeros, para luego profundizar en el sociológico y económico, ya que serán el sustento de esta investigación desde el enfoque comprehensivo (socioeconómico).

Enfoque biológico

No encarna un cuerpo compacto o único de explicaciones, pues al fin y al cabo la condición humana es compleja en su naturaleza y podrían identificarse varias fuentes de explicación del comportamiento criminal. En ese sentido, considera que ciertos rasgos físicos, estructuras genéticas y condiciones mentales pudieran estar vinculados a la perpetración de delitos. Este enfoque ha sido tradicional para la explicación de la conducta criminal y ya desde Egipto y la Antigua Grecia se tenían registros y propuestas para explicar las conductas "malvadas" (^{Williams, 2012}, p. 21).

La primera corriente biológica postuló que la apariencia y las imperfecciones físicas de las personas podrían revelar su propensión al crimen (^{Rahman, 2015}, p. 3). Según este autor, la fisionomía y la frenología describían sus campos de estudio. Della Porta, Bonesana, Lavater y Gall fueron los principales fisionomistas en prefigurar las iniciativas para explicar el delito. Ellos emprendieron estudios a partir de los rasgos faciales, pues consideraban que algunas anormalidades estaban asociadas a la comisión de delitos. Los frenólogos se dedicaron a estudiar los cráneos en busca de asociaciones entre su forma y las conductas criminales. En estos estudios sobresalieron anatomistas como Franz Joseph Gall y John Gaspar Spurrzheim reconocidos como los iniciadores de lo que posteriormente Thomas Ignatius Forster decidió llamar frenología (Goswami, 1983, como se citó en ^{Rahman, 2015}, p. 3).

Posteriormente, se postuló que los criminales eran retrocesos biológicos y que su comportamiento era primitivo o arcaico. Por eso, para Lombroso (1876) "los criminales eran física y moralmente degenerados" (p. 104). Este destacado criminalista niega que la ocasión, como lo dice el popular adagio, tenga alguna relación con el delito y su comisión:

La ocasión no obra por sí misma más que sobre una disposición interna del sujeto, causada bien por la herencia, la educación o por una combinación de ambas, pero en todo caso, por la acción directa o indirecta del medio ambiente social, en el cual los antepasados del individuo, como él mismo, desenvolvieron su vida. (Garofalo 1890 en Lombroso, s/f: 58)

¿Puede la biología explicar la conducta criminal? ¿Influye la forma del cuerpo en la personalidad? Estos fueron los interrogantes que inspiraron muchas investigaciones de los biólogos modernos representados por ^{Goring (1913)}; ^{Hooten (1939)}; ^{Sheldon (1949)}, y ^{Glueck y Glueck (1950)}. Sus respuestas llevaron a la antropometría, a la entrevista de convictos y a los grupos de control y paneles para postular involuciones y rastrear signos en el comportamiento que explicarían hechos ilegales. Por supuesto, esta perspectiva encontró fuertes resistencias en la misma comunidad científica que estudiaba otras hipótesis del comportamiento. En defensa de estas apuestas es necesario advertir que no alcanzaron resultados contundentes dado el propio estado de la ciencia.

Enfoque psicológico

Bajo este rubro se encuentran los estudios que proponen explicaciones de la personalidad criminal y el por qué algunos individuos son más proclives al delito que otros. Se asume la criminalidad como un elemento de la personalidad y que los criminales comparten rasgos similares. En sus etapas iniciales, los estudios consideraban que la inteligencia y la criminalidad estaban correlacionadas negativamente. La explicación derivada es muy sencilla: dado el bajo coeficiente intelectual de los criminales, no asimilan u observan las reglas sociales y probablemente sean más propensos a volverse criminales. Otro rasgo de la personalidad estudiado en este campo fue la impulsividad de las personas quienes rara vez ponderan las consecuencias de sus actos. Glueck y Glueck fueron precursores en esta veta investigativa, afirmando que los criminales tienen pobres mecanismos de control y buscan satisfacer y maximizar sus necesidades, sin considerar las consecuencias futuras de sus actos. Dickman y Blackburn refinaron la investigación bajo la consideración de la impulsividad (^{Marsh et al., 2006}, p. 60). En complemento, altos niveles de neurosis, sicotismo y extroversión personifican al criminal (Eysenck, 1971, como se citó en ^{Marsh et al., 2006}, p. 64).

Otras corrientes psicológicas del crimen han considerado asuntos aún más profundos del individuo donde la identidad, el ego y el superego entran a conformar la base de la explicación de las conductas delictivas. También las causas relacionales son importantes para el estudio, por ende los asuntos familiares, escolares, de la infancia, de la adolescencia (abusos) y los grupales constituyen factores que se hipotetizan como rasgos comunes de los delincuentes. Por tanto, las variables psicológicas intentan corroborar con evidencias sus vínculos con los actos delincuenciales. Psicópatas o psicos son términos para referirse a ciertas conductas criminales y a la postre son denominaciones corrientes para describir algunos comportamientos que reflejan los rasgos de la personalidad criminal.

Hacia una teoría comprehensiva

Esta investigación reconoce que la conducta criminal ha sido abordada desde distintas perspectivas y disciplinas y, sin embargo, considera que se trata de explicaciones parciales centradas, bien en el individuo (reduccionistas) o en el contexto ecológico donde acaecen (sociológicas), sin permitir entender comprehensivamente el crecimiento de las tasas de criminalidad, y mucho menos, conocer las motivaciones subyacentes ni los impactos que generan. Ante un fenómeno tan complejo como la criminalidad, las explicaciones simples, los supuestos o las creencias no tienen cabida. Esto ya que, los delincuentes ni son física o mentalmente degenerados ni actúan exclusivamente por las elecciones individuales o los incentivos económicos como lo propuso ^{Becker (1968)}. Habría que decir que el análisis costo/beneficio y las probabilidades de éxito o fracaso tienen un peso, pero no explican en su totalidad la elección criminal: la racionalidad económica importa, pero no tanto. En ese sentido, debe superarse la parcialidad de las explicaciones de la conducta criminal y buscar, en su lugar, teorías convergentes o comprehensivas que den cuenta de su complejidad. Esta investigación propone, en consecuencia, que las teorías sociológicas, económicas e institucionalistas tienen elementos que, en conjunto o tomadas en consideración simultáneamente, podrían ofrecer explicaciones a tasas delictivas sostenidas en cualquier sociedad. Una representación sencilla es:

TCD=f(TS,TSE,TI)

TCD: Teoría comprensiva del delito

TS: Teoría sociológica

TSE: Teoría económica

TI: Teoría institucional

Algunos elementos sociológicos

^{Cohen y Felson (1979)} propusieron que el cambio en la dinámica de las actividades influía en la oportunidad criminal. Además, postularon que los cambios estructurales en los patrones de las actividades rutinarias podrían afectar las tasas de crímenes al propiciar la convergencia, en espacio y tiempo, de elementos cruciales para las violaciones predatorias de contacto directo. Estas violaciones "fueron denominadas como [aquellos] actos ilegales en los cuales alguien definitiva e intencionalmente toma o daña a las personas o propiedades de otro" (Glaser, 1971, como se citó en ^{Cohen y Felson, 1979}, p. 589). Los elementos son: un infractor motivado (criminal), un objetivo apropiado (persona o instalación vulnerable) y la ausencia de un guardián o disuasor de la violación (autorizado, reconocido, apropiado). Además, propusieron que la falta de cualquiera de los tres elementos era suficiente para impedir que se lleve a cabo con éxito un delito, por ello, se reconoce como el triángulo del crimen y constituye la base para los estudios de seguridad (^{Vellani, 2007}, p. 53).

El cambio social señalado está soportado en la expansión de los centros urbanos, en los procesos inadecuados de planificación urbana y en las dificultades que enfrenta cualquier persona en la actualidad. En efecto, en la medida en que las personas estén sometidas a nuevas dinámicas, en espacios más abiertos y lejanos de su residencia, las expone a la coincidencia de situaciones riesgosas y, en consecuencia, se vuelven objetivos propicios para la criminalidad (primer componente del triángulo del crimen). El desplazamiento hacia un sitio lejano, laboral o académico expone al individuo a situaciones riesgosas o ambientes desconocidos que acrecientan su vulnerabilidad. Tales actividades favorecen la convergencia de la víctima y el victimario en espacios (medios de transporte o sitios públicos) donde la ausencia del guardián reconocido y competente es por lo regular una constante.

Cabe anotar que el desplazamiento de los individuos (a su sitio de trabajo o de estudio) implica dejar propiedades (residencia, vehículos y pertenencias) a merced de personas dispuestas o tentadas a cometer delito sobre ellas. En otras palabras, las dinámicas sociales imperantes, a fuerza, contribuyen a que las tasas de criminalidad encuentren condiciones adecuadas para que su crecimiento sea sostenido, dado que los objetivos adecuados (suitable targets), siempre estarán a la mano y bajo las condiciones favorables para ser atacados. El enfoque de la actividad rutinaria (routine activity approach) es ecológico al enfatizar las circunstancias en que convergen los elementos característicos de un delito.

Pero ¿cuáles son las condiciones que les permiten tomar dichas decisiones? Al respecto pueden esgrimirse varias posibilidades como lo han sugerido los distintos enfoques de la criminalidad, cuya validez está sujeta a verificación. Al respecto, ^{Merton (1938)} propuso la conocida teoría de las tensiones (strain theory), misma que podría servir de soporte para entender el por qué una persona decide por la ilegalidad. El autor propuso que la rigidez y la estrechez de la estructura de clases o la privación o ausencia de oportunidades podrían ser los determinantes de las conductas antisociales. A este tenor, se han ofrecido cinco modelos ideales para alcanzar las metas o propósitos culturalmente impuestos a los individuos, considerando los medios o instituciones determinados socialmente apropiados.

La adopción de alguno de ellos dependerá de varias circunstancias y de las condiciones contextuales imperantes. Lo cierto es que la estructura social establece una suerte de presión para que tales metas se logren y los individuos reaccionen. Así, por ejemplo, si el éxito o prestigio económico es el objetivo dominante en la sociedad, las personas dispondrán de los medios para lograrlo. Algunos trabajarán duro e intensamente, otros se educarán para acceder a un mercado laboral que reconozca la cualificación, todo ello para lograr reconocimien -to y ascenso social.

La correspondencia o alineación entre medios y fines cultural y socialmente establecidos, reconocidos como apropiados, propiciará un orden estable y virtuoso, y generará incentivos adecuados para el progreso individual, la prosperidad de los agentes y el florecimiento de los mercados, y los derechos de propiedad. Ahora bien, no cabe duda de que podrían existir otros medios para atender las presiones culturalmente impuestas con una adecuada tasa de efectividad para su consecución, pero se reconoce que podrían alterar el orden social e institucional deseado cuando se opta por medios no reconocidos socialmente, estos son ilegítimos e ilegales. Este tipo de elecciones individuales están animadas por la incongruencia entre medios y fines para la consecución de los propósitos individuales. Esta condición genera una frustración personal que pudiera orillar a los individuos a adoptar conductas delincuenciales para alcanzar confort y posición social que, a la vez, le permitan el ascenso social al cumplir las metas exógenamente impuestas.

Frente a presiones como las anteriores, el individuo decide actividades altamente lucrativas e ilegales. Microtráfico, secuestro y extorsión son, entre otras, opciones adecuadas cuando el prestigio económico es la meta en una sociedad. Pareciera que el lema "el fin justifica los medios" es una interpretación subyacente en este tipo de elecciones, en especial, cuando las oportunidades en determinados contextos sociales exigen demasiados sacrificios. En ese sentido, los mercados laborales tendrían mucho de responsabilidad toda vez que las actividades son en extremo desventajosas: salarios indecentes, extensas jornadas, poco o nulo reconocimiento, legislación favorecedora de patronos, políticas laborales abusivas, etc. El progreso y el bienestar personal y familiar por esta vía serían logros a muy largo plazo y demasiado tortuosos para algunos.

Algunos elementos económicos

Según el enfoque económico, existen incentivos notables para optar por las actividades ilegales. El supuesto económico del crimen es que una persona comete un delito cuando la utilidad esperada excede la utilidad que pudiera obtener al usar su tiempo y otros recursos en diferentes actividades. Se trata, por tanto, de contrastar los beneficios esperados derivados de actividades legales e ilegales. En este cálculo, ^{Becker (1968)} asume que:

Existe una función que relaciona el número de delitos cometidos por una persona y su probabilidad de ser arrestado y otras variables como el ingreso derivado de actividades legales e ilegales, la frecuencia de las detenciones y su propensión a cometer un acto ilegal. (p. 177).

Sin duda, el riesgo juega un papel importante en la decisión por el crimen. La aversión inhibirá cualquier consideración al respecto y la propensión aumentará la probabilidad de cometer una infracción. Para algunos actores y en ciertos contextos "el crimen sí paga" y el riesgo puede correrse, pues las retribuciones así lo aconsejan. También es cierto que la aversión al riesgo puede superarse bajo ciertos estados, por ejemplo, el consumo de sustancias sicoactivas resultan ser un medio para favorecer y controlar ciertos miedos. Se requieren estímulos, condiciones y tecnología para sorprender y lograr el objetivo criminal. En ese sentido, la psicología del crimen ha avanzado en la explicación de la conducta criminal, aunque sin ser considerada como una enfermedad mental. En suma, el riesgo de aprehensión, las multas, los castigos potenciales y todo lo establecido por el sistema judicial, pesará en este tipo de elecciones y el crimen no sería una elección muy posible. Hay condiciones infortunadas, fortuitas y accidentales en ciertos delitos, pero en su mayoría estas requieren capacidad y motivación basadas en una racionalidad para su comisión.

Algunos elementos institucionales

Ahora bien, como una función primordial, corresponde a los gobiernos proteger a las personas contra todo acto que le genere daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual o económico en su esfera pública o privada. Lo anterior hace referencia al tercer componente del triángulo: la ausencia de un guardián. Con respecto a esta función, los estados han desarrollado instituciones, mecanismos y procedimientos para salvaguardar la vida, honra y bienes de los conciudadanos. Todo ello, tiene efectos importantes para las finanzas públicas llegando a consumir porcentajes significativos del presupuesto público, así como un efecto importante en el tamaño de la organización gubernamental. A pesar de estos esfuerzos la actividad criminal, en ocasiones, ha demostrado resistencias notables y las tasas permanecen al alza. Más que un desafío y una paradoja, esta situación amerita una reflexión profunda para encontrar soluciones audaces que superen las tradicionales: el aumento del pie de fuerza y el enfrascamiento en una guerra total.

El triángulo de ninguna manera ocurre en un vacío y se constituye en un importante determinante de la criminalidad, si la debilidad institucional es una condición reinante. Esto es, si el triángulo explica por qué ocurre un delito, la ausencia de las instituciones explicaría de manera contundente por qué el crimen se convierte en una de las industrias más promisorias en un determinado contexto. La mencionada flaqueza de un contexto se caracteriza por un bajo cumplimiento de las leyes o porque existe una importante discrecionalidad en su aplicación y por la durabilidad de tales instituciones es baja; de tal forma que las reglas se cambian repetidamente, no sobreviven a las fluctuaciones del poder y a la distribución de las preferencias (^{Levitsky y Murillo, 2014}, p. 3). En este tipo de contextos, los actores asumen que sus violaciones a la ley no traerán consecuencias o sanciones, porque la inestabilidad es legítima y en consecuencia sus incentivos, para el cumplimiento de las reglas formales, son débiles.

El desafío central para el siglo XXI es superar la debilidad estatal, es "el hilo común que vincula la mayoría de los problemas del mundo actual" (^{USAID, 2003}). En efecto, la fragilidad de las instituciones públicas es la condición ideal para el advenimiento del fracaso de las naciones, ya que las situaciones convulsas impiden que se generen los bienes públicos que sus habitantes requieren. Más allá de esta incapacidad para la garantía de bienes públicos, la debilidad conlleva a la ilegitimidad y, en ocasiones, al colapso.

La flaqueza de las instituciones genera incertidumbre creciente en horizontes de corto plazo, ya que los actores no pueden usar reglas formales confiables para guiar sus expectativas de acuerdo con la conducta de los demás. Tal condición es propicia para que las agencias no cumplan con sus responsabilidades, para que el desempeño sea precario y para que el Estado de Derecho sea una premisa sin mucho sentido. Las amenazas de un contexto institucional débil son muchas para la vida económica, política y social; para la democracia, y mucho más para la seguridad pública y la impartición de justicia. En tales condiciones, aplicar la ley, garantizar el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad resulta imposible. La inexistencia de responsabilidades penales, civiles, administrativas, etc., será la consecuencia natural y, por tanto, el crimen difícilmente podrá combatirse.

La república mexicana como ámbito de investigación

Este apartado está dedicado a la caracterización de la información delictiva de acuerdo con fuentes oficiales, así como a la descripción de las condiciones socioeconómicas e institucionales reinantes para el año 2015. En un primer momento, se presenta la metodología que se aplicó, para después analizar los delitos (delitos del fuero común). Al final del apartado se analiza el comportamiento individual de las variables significativas.

Estrategia metodológica

A partir de cuatro bases se extraen los datos de desocupación, pobreza, delitos y pie de fuerza; por su parte, el análisis descriptivo, correlacional y de regresión se apoya en el paquete estadístico SPSS 27. En primera instancia, se establecen las correlaciones de la variable total de delitos con la pobreza, la desocupación y el pie de fuerza. A continuación, se proponen modelos de regresión lineal simple para validar las tres hipótesis de trabajo. Por último, se establece un modelo de regresión lineal múltiple para corroborar el delito como un fenómeno multivariable (Figura 1).

Figura 1 Estrategia metodológica 

Como se aprecia, los datos para la investigación se obtienen de cuatro fuentes: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal.

La incidencia delictiva como variable dependiente.

Las estadísticas delictivas en México, desde 1997, están sistemáticamente registradas en el denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (^{SESNSP, 2022}). El conjunto de estadísticas de los delitos del fuero común, como se denominan, constituye una importante fuente para el análisis. Esta investigación toma como referente las estadísticas oficiales, aunque reconoce que, infortunadamente, permanecen serios vacíos toda vez que dependen del reporte de las entidades federativas, por una parte, y remiten exclusivamente la ocurrencia de los delitos a la luz de la frecuencia observada, dejando por fuera muchas circunstancias con las que se pudiera dar mayor densidad al análisis, incluido el reconocimiento de los estratos de los delincuentes. Aun así, estas estadísticas son valiosas. Los delitos están clasificados de acuerdo con la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos, agrupados según el bien jurídico afectado, el delito y las características de la ejecución del delito (Figura 2).

Nota. Elaborado a partir de DOF, 2011.

Figura 2 Clasificación de los delitos del fuero común 

La clasificación oficial de los delitos del fuero común no establece un vínculo con agresiones y crímenes relacionados con los cárteles de drogas. A este tenor, a cualquier investigador le resultaría difícil determinar si alguna modalidad de los siete grupos está movida por el narcotráfico. Desde lue go, que la categoría otros delitos del fuero común incluye el narcomenudeo (microtráfico), delito que precisamente involucra al ciudadano promedio de las colonias más pobres de los centros urbanos que quizá no tuvo oportunidades laborales ni sociales. En México es público que las luchas entre células de narcomenudistas ponen en peligro la vida de los miembros de la comunidad no involucrados con este delito¹.

Esta investigación, por tanto, centra su interés en la afectación al ciudadano mexicano del común o incluso al migrante de paso, como también en el cooptado por las bandas y células, y no así en el impacto sobre el inversionista o el empresario. Posiblemente, el interés de otras investigaciones como las adelantadas por los economistas, sea precisamente determinar la incidencia del nivel delictivo en el desplazamiento del comercio, la industria y la inversión en general. Sin embargo, para esta investigación dominan los enfoques sociales e institucionales a fin de entender el impacto sobre el trabajador, la ama de casa, la estudiante, el microempresario, etc., que no tienen la opción de abandonar su lugar de residencia, de estudio o su centro laboral frente al aumento de las tasas de criminalidad, como si lo hace el empresario o el inversionista.

A la luz de las cifras, la totalidad de los delitos tiene un comportamiento anual con tendencias positivas. En efecto, en 1997 se registraron 1.470.943 delitos, cifra que presenta un crecimiento sostenido hasta ubicarse en 1.807.846, en el año 2017. Si se calcula la tasa de delitos por 100.000 habitantes, un índice popular para el análisis, puede decirse que desde 1997 el crimen en México presenta cierta estabilidad (Figura 3). Sin embargo, dicha estabilidad refleja una problemática, ya que significaría, entre otras, que las políticas de seguridad adoptadas por los distintos gobiernos han sido inadecuadas, inefectivas o inocuas. Se supone que por ser prioridad nacional se han invertido recursos públicos y se han implementado nuevas estrategias y tecnologías, y desde luego, se ha ampliado el pie de fuerza. En el análisis conjunto del periodo de estudio la tendencia de la tasa de delitos es negativa mínimamente y está representada por la pendiente (-4.48) de la línea recta. Ha fluctuado a lo largo del tiempo pasando de una tasa de 1.553 delitos en 1997 a una de 1.457 en 2017. El punto más bajo se alcanzó en 2015 con 1.291 delitos por cada 100.000 habitantes. Por ello, este análisis toma como referencia dicho año toda vez que el desempeño institucional es representativo y coincide con la mitad del sexenio (2012-2018), momento en el cual, se supone que el gobierno de turno ha alcanzado un máximo en el aprendizaje de sus funciones.

Figura 3 Tasa de delitos 1997-2017 

Es importante señalar que, si bien las estadísticas reportadas constituyen un referente valioso para el análisis, permanecen incompletas, pues a cada una de ellas, no se les asocia el impacto económico y muchas otras circunstancias que permitirían un análisis más interesante sobre las motivaciones del delito. Las cifras sobre la inversión en seguridad y justicia, de igual manera, no siempre son exactas ni de dominio público, lo cual impide un análisis costo-beneficio o una evaluación de impacto.

Comportamiento de las variables independientes.

La pobreza ha sido una condición asociada a muchos fenómenos sociales como la violencia y la criminalidad. Más allá de las implicaciones en la seguridad, constituye una condición políticamente insostenible y éticamente cuestionable. En sus funciones primordiales, corresponde a los gobiernos aplicar los correctivos del caso para lograr condiciones dignas para sus habitantes. La política social, por ejemplo, busca homogenizar los grupos poblacionales por medio de la redistribución con las políticas gubernamentales. Son funciones tradicionales de las autoridades quienes poseen los mecanismos fiscales y tributarios para llevarlas a cabo. La asociación entre pobreza y criminalidad permanece como una discusión controvertida, ya que algunos autores presentan evidencia de su asociación positiva, mientras que otros la niegan. El mismo ^{Merton (1938)} llama la atención sobre la escasez de oportunidades para la movilidad vertical en la estructura social de algunos países, hecho que no necesariamente conlleva a correlaciones positivas entre pobreza y criminalidad: los pobres no son por naturaleza delincuentes ni lo serán en potencia. Podría constituirse en una de las infortunadas falacias o inferencias ecológicas, cuando basados en unas pocas observaciones se generaliza e incluso demoniza.

La pobreza en México es una condición preocupante desde hace tiempo. Tal y como se presenta en el anexo 1, en 2015, los estados con mayor porcentaje de población en pobreza fueron Chiapas (76,2 %), Oaxaca (66,8 %), Guerrero (65,2 %) y Puebla (64.5 %). De otra parte, los menores porcentajes se presentaron en Nuevo León (20,2 %), Baja California (28,6 %) y Ciudad de México (28,4 %). Otra medida asociada al bienestar y a la generación de riqueza es el índice Gini que regularmente se presenta como una medida de desigualdad de las rentas de una población para un periodo específico. En relación con el índice, la mayor desigualdad en la riqueza se presenta en Puebla (0,572), Chiapas (0,517) y Oaxaca (0,512), un tanto superior al Gini nacional (0,5033) del 2014 (Coneval, 2019). Es oportuno señalar que siempre un índice alrededor de 0,50 significa que el 52 % de la riqueza está concentrado en el 20 % de la población, mientras que el restante 80 % solo recibe el 48 %. Una verdadera expresión de la inequidad.

Pero ¿cuál es la relación entre la pobreza y los delitos? A este tenor, por lo regular se esperaría una relación positiva, a más pobreza más delitos, por tanto, constituye la primera hipótesis a validar. ¿Cuál es la relación entre la pobreza y la desigualdad? Se supone que es positiva, pues a más pobreza más desigualdad y los datos así lo corroboran. En efecto, la correlación entre la pobreza y los delitos es negativa (-0,171) y ello es una buena noticia; la pobreza y la desigualdad están positivamente correlacionadas (0,326), en consonancia, con la relación esperada en teoría (se confirma la primera hipótesis).

Un modelo de regresión simple entre delitos totales y porcentajes estatales de pobreza se presenta en la Figura 4, corroborando las relaciones negativas y ratificando que la pobreza, en todo caso, no es un determinante de la criminalidad durante el año de análisis.

Figura 4 Delitos y pobreza 

Los mercados laborales, de otra parte, deberían atraer toda la mano de obra disponible para realizar actividades asalariadas que les permitan derivar su sustento y el de sus familias. Sin embargo, por razones económicas o políticas no siempre es así. Constituye entonces, uno de los fallos de mercado y justifican la intervención de los gobiernos en la economía. El desempleo y la desocupación representan situaciones que pudieran motivar la criminalidad y se esperarían relaciones positivas con la tasa de delitos: a más desempleo más delitos, siendo esta la segunda hipótesis de trabajo. Un análisis de correlación entre las dos variables presenta un índice de correlación positivo (0.871), lo que indica que a más desocupación más delitos a nivel estatal. Este tipo de asociaciones indican de una parte que los esfuerzos por la generación de empleo son insuficientes y que las personas desempleadas podrían ser "caldo de cultivo" para el crimen organizado (se confirma la segunda hipótesis). Habría cierta racionalidad en ello, toda vez que los individuos requieren derivar ingresos para su subsistencia. Si una persona no tiene formas de ingresar al mercado laboral, o si encuentra que su salario resulta insuficiente, podría estar a merced del crimen organizado (^{Velázquez y Lozano, 2019}).

La función de seguridad es una de las más importantes, por parte de los gobiernos, en la actualidad. Como fue remarcado anteriormente, es deseable la garantía estatal para la vida, bienes y honra de las personas. Frente al auge de las acciones delictivas, una respuesta regular de las autoridades ha sido aumentar el pie de fuerza y el número de efectivos de los cuerpos de seguridad a fin de contener, disuadir o eliminar las conductas delictivas. Las medidas son tan extremas que incluso se llega a militarizar la seguridad, algo realmente improcedente y que contraría muchos postulados democráticos e institucionales (paz negativa).

Un aspecto importante de la seguridad es la presencia institucional y en cierto sentido su competencia o fortaleza para inhibir, capturar y castigar a los infractores. Siendo así, la presencia institucional una condición con muchas dimensiones que involucra el pie de fuerza, las fuerzas armadas, como también a quienes persiguen el delito y quienes condenan y se aseguran del castigo y la readaptación. Para el caso de referencia las distintas entidades federativas tienen distintos grados de presencia institucional encarnada en la policía estatal en conjunción con las fuerzas federales.

Al respecto, de las tasas de autoridades por cada 1.000 habitantes, un indicador extremadamente básico, indica que, en el primer cuartil, en el más bajo nivel están aquellos estados que tienen hasta 0,44 personas dedicados a la seguridad por cada mil habitantes. Ello ocurre en Baja California, Guanajuato y Aguascalientes, entidades federativas con problemas serios de criminalidad y elevada presencia de organizaciones criminales. Ciudad de México, Tabasco y Veracruz presentan tasas superiores a las recomendadas internacionalmente, sin embargo, en dichas entidades las tasas de delitos son superiores a la media nacional. En efecto, estas entidades tienen 1,45 personas por cada mil habitantes dedicadas a la seguridad y superan el estándar internacional. Ciudad de México presenta diez personas dedicadas a la seguridad y constituye el nivel máximo del país.

A más personal de seguridad menos delitos, sería la relación lógica y esperada para estas situaciones, siendo, por tanto, una relación negativa por probar como tercera hipótesis. La relación observada entre estas variables indica que para 2015 la relación es positiva con un índice de correlación de (0,473). La regresión lineal presentada en la Figura 5 indica que la tasa de personal por cada 1.000 habitantes crece en la misma dirección de la tasa del crimen (se rechaza la tercera hipótesis).

Figura 5 Fuerza pública y delitos 

Algo que constituye una paradoja y una evidencia es que el aumento del personal de seguridad no siempre inhibe de manera contundente el delito. Por el contrario, ante la poca profesionalización y, en ocasiones, bajo las condiciones precarias de los cuerpos policiales, la colusión y la indiferencia son las respuestas más probables.

Validación del concepto comprehensivo del delito

Una vez revisados los elementos teóricos sobre el crimen, puestos en consideración los asuntos socioeconómicos de la unidad de análisis para el año 2015 y probadas las hipótesis planteadas es imprescindible presentar un modelo que explique de manera multivariada el fenómeno de estudio. El análisis de regresión lineal múltiple estudia la relación de una variable dependiente con dos o más variables independientes (^{Anderson et al., 2008}, p. 626). Los valores estimados de la variable dependiente se calculan empleando la ecuación de regresión múltiple estimada, representada por la siguiente expresión:

Donde:

Valor estimado de la variable dependiente

b_0: El corte en y, o la ordenada en y.

x₁ x₂ x_p: Valores de las variables independientes

Al reconocerse el delito como fenómeno complejo, una sola variable independiente no podría constituirse como su principal determinante. La regresión lineal múltiple podría, entonces, proponerse como una técnica que pudiese identificar los determinantes del crimen y sus tasas crecientes. Como ya se aclaró, la decisión de trabajar el año 2015 como referente obedece a dos razones: por presentar los niveles de tasas delictivas más bajos y porque el gobierno de turno cumplía su tercer año, momento en el que se supone ya se ha consolidado una política pública en materia de seguridad. En este modelo, el total de delitos constituye la variable dependiente y las explicativas están asociadas a cuestiones socioeconómicas e institucionales. El modelo se expresa así:

Donde:

TD ₂₀₁₅ = Total delitos para 2015

p = Porcentaje de pobreza estatal

Pd = Población desocupada

Pi = Presencia institucional

Inicialmente, es necesario señalar que las correlaciones entre las variables de estudio son interesantes, aunque no siempre acordes a las relaciones teóricas esperadas (Tabla 1). Como se aprecia el delito total y la pobreza porcentual se correlacionan negativamente (-0,171) y se esperaba que fueran positivas y más robustas; la desocupación, en número de personas y el delito, de igual manera, tienen una correlación importante (0,871), y la tasa de elementos de seguridad y el delito también (0,473).

Tabla 1 Correlaciones 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

El modelo de regresión lineal múltiple (Tabla 2) es estadísticamente significativo y, a la vez, un modelo robusto al presentar un coeficiente de correlación múltiple de 0,893 y un índice de determinación (R²) de 0,797². Como se sabe, este último indica que las variables escogidas como predictoras, explican el 0,797 de la variabilidad del total de los delitos ocurridos en 2015.

La ecuación de regresión múltiple, entonces, sería:

Donde:

TD ₂₀₁₅ : Total Delitos 2015

X ₁= % Pobreza 2014

X ₂=Número de personas desocupadas

X ₃=Tasa de personal de seguridad por cada mil habitantes

En el análisis de regresión múltiple (Tabla 3), cada uno de los coeficientes de regresión se interpretan como sigue: b. son los parámetros estimados para cada variable predictora y representan la estimación del cambio en y debido a un cambio en una unidad en x., mientras todas las demás variables independientes permanecen constantes.

Tabla 3 Regresión múltiple (coeficientes ^a ) 

^a Variable dependiente: Delitos totales por entidad federativa

A la luz de los coeficientes de la ecuación de regresión múltiple significa que el total delitos disminuirá en 352 por cada unidad porcentual de pobreza. De igual forma, cuando las otras variables permanecen constantes, el total de delitos aumentará 0.47 por cada persona desocupada como también aumentará en 4.897 delitos cuando la tasa de personal de seguridad por cada 1.000 habitantes aumenta en una unidad. Este último coeficiente contradice la tercera hipótesis: a más personal de seguridad menos delitos.

El modelo de regresión lineal múltiple, entonces, permite corroborar la complejidad del delito y ratifica que no puede explicarse con una sola variable. Para la evidencia aquí presentada, el delito y su creciente tendencia está asociada a variables socioeconómicas como la pobreza (%) y la desocupación (número de personas) y a la efectividad de las acciones gubernamentales, expresada en el número de personas dedicadas a las actividades de seguridad en cada entidad federativa.

Una vez se estableció el modelo, lo que sigue es la verificación del cumplimiento de los supuestos establecidos para el análisis de regresión (^{Abu, 2016}). Esto hace referencia a la linealidad, la normalidad, la homocedasticidad y la (multi)colinealidad, usando algunas gráficas o mediante el establecimiento de ciertas medidas para fijar algunos límites para su cumplimiento. Para verificar la normalidad de los residuales y la linealidad, la Figura 6 presenta el gráfico P-P (a) y el de dispersión (b). En el P-P se esperaría que los datos formaran una línea recta diagonal y como se aprecia las observaciones no caen totalmente sobre dicha línea y ello sugiere una transformación de los datos. A la par, el de dispersión de los residuales pretende identificar patrones subyacentes, pero el comportamiento no refleja patrón alguno.

Figura 6 (a) y (b) Validación del modelo 

De otra parte, la multicolinealidad fija como límite superior del factor de inflación de la varianza (variance inflation factor), VIF en 10. Si este factor sobrepasa dicha cantidad indica un problema de multicolinealidad. Este no es el caso para los datos presentados. De otra parte, un valor de tolerancia más pequeño de 0.10 ratificaría dicho problema, el cual no es caso toda vez que la tolerancia fluctúa entre 0.86 a 0.992 (tabla 4).

Tabla 4 Pruebas de multicolinealidad 

A la luz de estas pruebas puede afirmarse que el modelo presentado da cumplimiento a los supuestos subyacentes al análisis de regresión múltiple. En consecuencia, el modelo se valida y no es necesario hacer transformaciones ni proponer variables compuestas en el modelo seleccionado para dicho análisis.