Introducción

La coyuntura nacional de Colombia ha cambiado tras las elecciones legislativas y presidenciales desarrolladas en el 2022, contexto que ha llevado a que se presenten nuevas formas de abordar los problemas sociales que en los últimos años han aumentado de manera desmedida en el país, como la protesta social, el conflicto y la seguridad. Al reconocer los cambios que se están generando, es importante comprender la nueva visión que se presenta desde las directrices nacionales hacia la Policía Nacional, lo cual es vital para determinar cuáles son las mejores formas para actuar en este nuevo marco nacional.

La protesta social, que en los últimos años ha sido uno de los elementos que se ha incrementado, ha suscitado un mayor interés dentro de las directrices de la Policía en los procesos de transformación y los factores que más pueden llegar a incidir en el cumplimiento de los deberes establecidos para los miembros de la Policía Nacional, así como el manejo de este tipo de situaciones, que tienen como eje transversal la relación con la población civil y las instituciones del Estado, especialmente quienes se encargan del orden público.

Estas acciones de manifestaciones iniciaron con un sentimiento de inconformismo arraigado por diferentes acciones, como la corrupción que se presenta en el país y las diferentes políticas públicas que no han solucionado los fenómenos de brecha social que persisten hasta el día de hoy (^{Jaraba Fernández et al., 2022}). Sumado a ello, la muerte de algunos jóvenes, hombres y mujeres (civiles y miembros de instituciones públicas) o problemas de salud que se dieron en el marco de las manifestaciones sociales, fomentaron el descontento sobre el accionar de la Fuerza Pública, tema que también fue objeto de motivación para que se mantuvieran las diferentes protestas que se presentaron en el país y frenaron temporalmente por la emergencia sanitaria en el 2020.

Luego de este pequeño espacio de calma, se presentan hechos que afloraron los sentimientos expresados en el 2019 sobre el descontento frente al accionar del Gobierno en curso, como el intento de reforma tributaria que finalmente provocó que la población se volcara a las calles para impedir que esta se suscribiera, tema que finalmente no prosperó. Pero, aun así, esto no calmó a la población. Contrario a lo esperado, la ciudadanía siguió en las calles y sus exigencias se hicieron mayores; incluso, se produjeron hechos de violencia de alta complejidad en determinadas zonas del país que influyeron en la intervención de los miembros de las Fuerzas Militares en un ejercicio de asistencia, hecho debatido por gran parte de la población (^{Rojas, 2021}).

Estos años de manifestaciones han tenido diferentes implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas en el país. Para el 2022, es evidente el cambio en las dinámicas electorales, lo tradicional ha perdido fuerza y el “voto castigo” se convirtió en algo visible, por lo que es evidente que las posturas que tiene la ciudadanía sobre cuál es la mejor forma de administrar el país han cambiado y se buscan transformaciones constantes, pretendiendo con ello mejorar las condiciones sociales, económicas, educativas, de corrupción, de seguridad, entre otras, que afectan el desarrollo efectivo de los derechos de todos los ciudadanos y la posibilidad de que estos mejoren progresivamente (^{Luna & Rovira, 2021}; ^{Grabendorff & Serbin, 2020}).

Así, el presente artículo busca, mediante una metodología cualitativa de carácter hermenéutico comprensivo, analizar y explorar desde la experiencia colombiana cuáles son las formas para aportar a la construcción de una cultura de paz. La perspectiva de seguridad humana emerge como un enfoque crucial para abordar los desafíos de seguridad y convivencia de forma oportuna y efectiva. En el transcurso de este documento se analiza de manera exhaustiva el concepto de “seguridad humana”, y se destaca su relevancia como un marco fundamental que permite comprender la importancia de abordar no solo las amenazas tradicionales a la seguridad, sino también las preocupaciones que afectan directamente al fenómeno planteado. Subrayando así su pertinencia en el diseño de estrategias integrales que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en Colombia.

Lo anterior, no solo de manera general, sino también situado en el contexto histórico de Colombia, donde es necesario reflexionar alrededor de este concepto para promover y respetar los derechos humanos, de manera descentralizada. Este último tema es vital para poder dialogar con relación a cómo podemos, desde el concepto y acción de la seguridad humana, aportar a la construcción de una cultura de paz en el país, que conlleve una transformación social, que, aunque es un reto para la institucionalidad, también es un deber poder generar mayores impactos en términos de seguridad y convivencia.

Existen dos conceptos principales que deben abordarse para comprender las nuevas visiones sobre la forma en la que se debe abordar la protesta por medio de la Policía Nacional: primero, la “seguridad humana” que va más allá de las tradicionales nociones de seguridad centradas en el Estado; aborda directamente las preocupaciones y necesidades fundamentales de los individuos, reconoce que la seguridad no se limita simplemente a la ausencia de amenazas, sino que abarca dimensiones más amplias que afectan la vida cotidiana de las personas, se preocupa por garantizar que las personas tengan acceso a condiciones de vida dignas y oportunidades para desarrollarse plenamente (^{Farfán et al., 2023}).

Segundo, que la cultura de paz es fundamental para lograr un compromiso de construcción en sociedades pacíficas e inclusivas para promover el bienestar de todas las partes que componen la sociedad internacional. Dicho concepto se refiere a un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y prácticas que buscan prevenir y resolver conflictos de manera no violenta; uno de los fines más importantes de este concepto es fomentar el diálogo y la cooperación, el cual permita promover la igualdad, creando un ambiente propicio para el desarrollo (^{Hernández Arteaga et al., 2017}; ^{López & Guaimaro, 2014}).

Finalmente, se presentan unas conclusiones importantes para aportar no solo a las estrategias de seguridad por parte de la Fuerza Pública y las instituciones a cargo, sino además para la sociedad en general, con el propósito de la construcción de una cultura de paz, donde se priorice la confianza y convivencia entre todos los actores de la vida social.

Metodología

Para cumplir el propósito de comprender la perspectiva de la Fuerza Pública en el marco del proceso de transformación ciudadana e institucional, en torno a una vía de paz que dé sustento a una transformación base en las diversas dimensiones de la sociedad colombiana, se explora el fenómeno desde su complejidad; esto es, desde el enfoque cualitativo, se aborda el tejido de relaciones concretas e históricas que componen el objeto de estudio, teniendo en cuenta el carácter dinámico de la realidad social.

Con esta premisa, se reafirma la necesidad de partir del enfoque cualitativo, asumiendo que este tipo de investigación, según ^{Sampieri et al. (2014)}, procede:

a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. (^{Sampieri et al., 2014}, p. 7)

Ahora bien, esta recolección claramente tuvo que pasar por un paradigma investigativo que brinde las herramientas conceptuales para desarrollar una investigación cualitativa. En este caso, dadas las características y necesidades, el paradigma utilizado es hermenéutico comprensivo, puesto que, como indica ^{Sampieri (2016)}, se explora el hecho social desde el relacionamiento de datos, documentos y experiencias prácticas con una visión amplia desde lo teórico que dio un sentido integral a la investigación.

Se parte así, desde un entendimiento de la acción investigativa como “una actuación en movimiento, al adoptar una actitud reflexiva sobre mi acción; vivo mi presente, lo que ocasiona una determinada experiencia” (^{Zavala, 2010}, p. 93). Y es precisamente en este proceso que la retroalimentación continua se proporcionó conforme se avanzaba en la investigación y se ajustaban los instrumentos de recolección para dar un camino concreto a los objetivos planteados.

Por lo que apoyados en ^{Pole (2009)}, se incluyó la sistematización de experiencias, la revisión documental, el diseño de encuestas y entrevistas, ya que fueron los puntos que dirigieron la exploración epistemológica, donde “la sistematización se inscribe en la interpretación que relaciona la teoría y la práctica. -Reflexión y producción de conocimientos de las experiencias prácticas. -Permite el distanciamiento para observar la realidad que se ha producido en sus distintas dimensiones” (^{Zavala, 2010}, p. 94).

En el marco de esta investigación, se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión documental que abarca diversas fuentes de información relevantes para el estudio del fenómeno social abordado; entre las bases de datos consultadas se encuentran Scopus, Google Académico, Dialnet, CEPAL, Redalyc.org, así como bibliotecas especializadas, entre otros recursos académicos. Estas revisiones documentales se realizaron con meticulosidad, utilizando criterios específicos vinculados a las variables de investigación, cultura de paz, Fuerza Pública, protesta social y seguridad humana; las cuales, desde un proceso de depuración basado en fases de sistematización, permitieron obtener un conjunto de información relevante y actualizada, fundamentando así la posterior fase de contextualización y diagnóstico propuesta en este artículo.

Además, para enriquecer la comprensión de los fenómenos estudiados, se llevó a cabo una observación participante, la cual incluyó la revisión de bitácoras en campo. Esta estrategia metodológica permitió una inmersión más profunda en los contextos específicos relacionados con la actuación de la Fuerza Pública, y su implementación de nuevos conceptos como la cultura de paz y la seguridad humana. La hermenéutica derivada de estas observaciones participantes contribuye significativamente a la interpretación y comprensión de las dinámicas sociales y conflictivas abordadas en la presente investigación; de esta manera, se establece una sólida base metodológica que respalda la construcción y análisis de los hallazgos, garantizando la validez y robustez de las conclusiones.

Resultados

La seguridad humana ha sido un tema que en el Gobierno actual se ha potencializado para abordar los fenómenos de violencia y conflictividad que se padecen, factor que incluso ha permitido reconocer a la población como el mayor catalizador de la violencia en el país (^{Castañeda et al., 2019}). Por lo cual, se busca desde dicho concepto plantear herramientas para que, dentro de las funciones establecidas por el Estado a instituciones como la Policía Nacional, se pueda aportar a generar una acción más eficiente y efectiva donde se sume a crear armonía y garantías para los derechos y libertades públicas.

Finalmente, esto nutre la idea de una Paz Total en el país, que si bien logra suscitar incertidumbre y sentimientos tanto de esperanza como de duda, con la implementación de nuevas acciones eficientes por parte de las instituciones del Estado que se sientan como un cambio positivo al hablar de paz, dando lugar a generar un espacio donde se entienda cuál es el lugar de la Policía Nacional en esta construcción y cómo puede, desde sus conocimientos y acciones, aportar para que se establezca una paz duradera en todo el territorio nacional.

Por lo anterior, y tomando como referente la protesta social al ser uno de los puntos que se quiere fortalecer en el país, es necesario que se entienda su concepto y cómo se aborda desde la jurisprudencia en Colombia, entendido como un derecho fundamental en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” (^{Const., 1991}, art. 37). Concepto al que con los años se han ido sumando elementos como la reunión pacífica, la libertad de expresión, entre otros, los cuales han hecho que la protesta social sea un factor relevante dentro de la política nacional, como un espacio donde la población civil puede demostrar sus puntos de vista y alzar la voz frente a temas que lo impactan (^{Cubides et al., 2022}).

El interés en este derecho ha ido en aumento, hasta el punto en que también el sistema internacional, en el marco de diferentes organizaciones, ha establecido un concepto de él. Ejemplo de ello es la intervención que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual se define la protesta social como “una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas” (^{Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019}, p. 5). Esto ha sido posible gracias al reconocimiento de normas como el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dicta: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas” (^{ONU, 1948}); el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica ( ) sujeto a las restricciones previstas por la ley” (^{Organización de los Estados Americanos, 1969}), y el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole” (^{ONU, 1948}). Que permite establecer el derecho que tienen los seres humanos a expresar su descontento y solicitar al Estado actuar para beneficio del pueblo.

Lo anterior permite a los entes internacionales generar, con pleno conocimiento de las normas, no solo un concepto de protesta social, sino también en los momentos en los cuales se deba establecer veeduría y seguimiento a las protestas sociales que se presenten en los diferentes países del mundo, tengan las bases para determinar qué procesos pueden ir en contra de lo que se debe garantizar a la población, ya que abordar la protesta social no es fácil. Como lo determina ^{Burbano (2018)}, es posible que exista una dicotomía en el ejercicio de este derecho, entre la protección de este y la necesidad de garantizar seguridad/orden al territorio; las complejidades que han surgido en los últimos años permiten que se evalúe cuál es la mejor forma para abordar este tipo de dinámicas sociales.

Dentro del desarrollo normativo establecido en Colombia, existen diferentes leyes que han permitido apoyar las protestas en un marco de cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos y de los derechos humanos, como la ^{Ley 1801 de 2016}; en ella se “expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, que determina cuál es la mejor forma en la que, en el cumplimiento de los derechos, se genera un ejercicio de protesta eficiente y de forma pacífica, que pueda ayudar al ejercicio de la democracia.

Es importante entender que todos los cambios que se plantean para la Policía Nacional responden, en gran medida, al marco de sucesos presentados en los últimos años, que dejaron, según el Ministerio de Salud, en las protestas del 2019, 433 civiles heridos (^{Oquendo, 2019}), además de asedios vandálicos a conjuntos residenciales en ciudades como Bogotá. Incluso, la ONG (organizaciones no gubernamentales) (^{Human Right Watch (HRW), 2020}) reportó que, en este mismo periodo temporal, 213 personas fueron detenidas y otras 1662 se llevaron a centros de detención administrativos (^{HRW, 2020}); al mismo tiempo, se evidenció un balance de 271 policías lesionados, además 70 miembros de la Fuerza Pública, policías y militares, entre ellos 14 mujeres, fueron agredidos brutalmente durante las jornadas de paro (^{El Tiempo, 2019}).

Para el 2020, se identificaron 75 personas con heridas de arma de fuego, 43 por arma cortopunzante y 187 por otro tipo de elementos, 213 personas fueron detenidas y 3 mujeres denunciaron abusos en el CAI (Comandos de Atención Inmediata) San Diego en Bogotá (^{Veeduría Distrital, 2021}); durante estas jornadas de protesta, 216 policías resultaron lesionados (^{Veeduría Distrital, 2021}). Finalmente, para el 2021, el Puesto de Mando Unificado (PMU) informó a raíz de las protestas sociales desarrolladas 1140 personas civiles lesionadas y el alto comisionado para los derechos humanos recibió 60 alegatos sobre violencia sexual; asimismo, el informe del sector defensa entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021, reconoció 1253 policías (1194 hombres y 59 mujeres) que resultaron heridos en cumplimiento de su función. Por otro lado, en el informe de la ^{Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre lecciones aprendidas del paro (2022)} se reportaron 1712 personas uniformadas lesionadas (^{Policía Nacional Dirección De Sanidad, 2022}).

En este contexto, se comienza a presentar la necesidad de establecer mejores condiciones tanto para el ejercicio del derecho a la protesta, como el cuidado de quienes como funcionarios de la Policía Nacional y la Fuerza Pública mantienen la armonía y paz en el mismo. En este marco se presenta la ^{Ley 2197 de 2022}: “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones”; en esta norma se tipifica la penalización contra las conductas violentas que puedan ocurrir en las protestas sociales. Sumado a ello, el Decreto 003 de 2021 del Ministerio del Interior, “expide el estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana” (^{Presidencia de la República de Colombia, 2021}), este es el primer indicio de las reformas que se presentarán en adelante para determinar el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares enfocado en la protección de derechos como la protesta social.

Son notorios los cambios ocurridos en la política tradicional, por lo que se han generado nuevas expectativas frente a las modificaciones que se establecerán para abordar este tipo de ejercicios sociales que generan debate, por lo cual se presentan directivas en el 2022 como el “Instructivo 009/DIPON-OFPLA-70 de fecha 25 septiembre de 2022”, en donde se plantea el actuar de la Policía Nacional en once escenarios específicos: I) Manifestación pública, II) Huelga, III) Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, IV) Obstrucción a vías públicas que afectan el orden público; V) Enfrentamiento entre barras organizadas de hinchas de fútbol; VI) Asonadas, VII) Erradicación de cultivos ilícitos, VIII) Explotación ilícita de yacimientos mineros, IX) Riñas colectivas, X) Motines en establecimientos carcelarios o penitenciarios, por último, XI) la usurpación de inmuebles o tierras (^{Ministerio de Defensa Nacional, 2022}).

Dentro de las directrices que se establecen en el instructivo para estos espacios, se menciona que los miembros de la Policía Nacional por el cargo que tienen deben tolerar las agresiones verbales (Sentencia C-009/18 y C-442/11), como ante cualquier acción se debe intervenir siguiendo el protocolo de la “Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden” (UNDMO). Es así como finalmente la fuerza disponible será utilizada como la última opción, en cualquier caso (^{Ministerio de Defensa Nacional, 2022}).

Esta nueva visión cultural y política que se tiene frente a las protestas, a las personas que participan en ellas y a las acciones que estas desarrollan en este escenario, se enfoca más en el cumplimiento de los derechos humanos, en los ideales que presenta la gente para ser escuchada por los agentes de poder que tienen, la capacidad de poner en la agenda nacional los temas de interés que estos expresan en sus protestas y tomar decisiones que satisfagan las expectativas, cerrando así las brechas sociales existentes que afectan el tejido social del país. Los hitos de protesta social que ocurren en el país demostraron que este derecho se ha convertido en un instrumento de gran interés en la sociedad colombiana para ejercer la democracia (^{Hurtado et al., 2018}).

Adicional a ello, existe otro escenario que es foco de interés nacional: el conflicto, como uno de los elementos que los últimos 60 años ha influido en el desarrollo del país y en el condicionamiento de diferentes comunidades que se han visto limitadas por la violencia estructural que les ha sido impuesta sistemáticamente (^{Márquez, 2009}). Luego del acuerdo del 2016 entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, la idea de paz se plasmó en el país. Si bien no pudo ejercerse de forma eficiente en todo el territorio, sí es considerada como un hito que permitió entender que los diálogos entre actores que toda la vida se han mantenido en constantes enfrentamientos era posible, e incluso, estos pueden llegar a consensos que permitieran realmente establecer armonía en el territorio nacional; por ende, esta nueva idea de Paz Total que se presenta en el discurso del Gobierno actual da nuevas luces a direccionar todos los recursos en dicha meta (^{Salazar-Zuluaga & Cabello-Tijerina, 2020}).

Entender el conflicto colombiano no es fácil. Autores como Tsun Zu, Bodino, Hobbes y Maquiavelo abordaron el tema de la guerra y el poder como elementos prioritarios para el surgimiento de la nación, asociando las acciones de enfrentamiento especialmente entre naciones como un método de supervivencia del más fuerte. Recurren a un componente a destacar para el conflicto colombiano, el enfrentamiento entre quienes imponen por diferentes factores sus ideas sobre otros; pero, además de ello, es importante tener una perspectiva mucho más amplia del conflicto y sus aspectos, especialmente para Colombia con el cambio constante en las dinámicas. Es así que existieron otros académicos como Marx, quien estableció un cambio para reconocer el conflicto, desde las contradicciones sociales, lo que deriva en una lucha de clases, introduciendo la idea de cambio social (^{Alfaro Vargas & Cruz Rodríguez, 2010}).

Esta visión desde el marxismo permite comprender en cierta medida el inicio del conflicto en Colombia, puesto que establece que la sociedad es un cuerpo organizado dividido entre clases sociales, cada una con sus propios intereses, que en ocasiones tienden a enfrentarse. Por lo cual, se identifica una relación entre opresores y oprimidos, que permite relaciones conflictivas que se derivan de las brechas sociales. Los problemas que se generan con este principio, según Marx, no son conciliables, ya que estos conflictos solo se pueden resolver mediante “una pugna entre contrarios que conlleva a un nuevo estado de cosas, o superación de la contradicción” (^{Silva, 2008}, p. 31).

Es en este punto y desde los postulados como los anteriores, que se comienza a comprender cómo para los años sesenta, con los procesos de violencia posteriores y el contexto internacional, se establecieron las bases que dieron origen al surgimiento de diferentes grupos armados al margen de la ley; quienes se unieron siguiendo ideologías que permitieron a una parte de la población abordar problemas sociales que vivían como el problema agrario, el acceso a las tierras, el acceso a la educación, entre otros, buscando otras alternativas en las que se creía que la acción violenta podría producir un cambio en los escenarios abordados que les permitiera abordar los fenómenos de manera favorable.

Para esta época, los grupos armados que inician esta primera línea de grupos armados son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que datan de 1964, permeadas por la violencia y el surgimiento de las autodefensas que poco a poco fueron afectando el país, buscando establecer una ideología motivada por la revolución cubana. Seguido a ello, se presenta el Ejército Popular de Liberación (EPL), nace en 1967 como una expresión armada del Partido Comunista Colombiano-Marxista Leninista (PCC-ML) en el departamento de Córdoba; este grupo se enfocó en su lucha política en busca de la consolidación de un partido de izquierda en el país.

Asimismo, el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19), reconocido como una organización revolucionaria y guerrillera de carácter urbano en Colombia, mantuvo un ideal que se basaba en la búsqueda de la eliminación de las dinámicas de corrupción y desigualdad. Finalmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) surgió en torno a un proyecto político armado, tomando como columna vertebral ideológica las lecciones de la revolución cubana y las estrategias de la guerra de guerrillas del “Che”, esperando con ello adquirir poder y generar un cambio; esta es la única guerrilla en Colombia que ha logrado mantenerse en la actualidad gracias a sus relaciones de poder y su estructura organizada (^{Villamizar, 2017}).

El conflicto que se ha desatado en el país es solo una forma de expresar las tensiones que surgen entre diferentes grupos, que buscan cambios dentro de las estructuras tradicionales y las relaciones de poder. Se puede obtener una comprensión del contexto actual al describir tanto las relaciones domésticas como las políticas, lo que permite establecer la diferencia entre los valores y las creencias que pueden llegar a motivar las acciones, los objetivos y los conflictos que estos pueden desencadenar. Así surgen los enfrentamientos, cuando intereses chocan y uno busca prevalecer sobre el otro (^{Hueso, 2000}).

El término ‘cultura de paz’ inicia en la década de los noventa, generado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Así es como el programa que ahora presenta el actual Gobierno denominado “Paz Total” se asocia con la Cultura de Paz, al buscar fortalecer la armonía en todos los niveles del territorio. La ^{Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1999)} define la ‘cultura de paz’ como un conjunto de valores, tradiciones y estilos de vida que se basan en el respeto, en dar las bases para que se presente el fin de la violencia y de que se establezcan herramientas o medios que permitan establecer la paz como cultura por medio de educación, diálogo y cooperación (^{Arrieta et al., 2020}).

En este orden de ideas, se puede entender la manera en que estas alteraciones al orden y la paz del territorio, ya sea desde la protesta o con el conflicto armado interno, afectan de forma diferenciada e incluso en mayor medida a los civiles que se encuentran en medio de estos fenómenos sociales, influyendo en su tejido social y su vida cotidiana, al punto de generar sentimientos de zozobra e inseguridad, que pueden desencadenar incluso mayores amenazas para el goce de los derechos y el desarrollo de la población en general. Desde esta visión, se establecen conceptos que permiten entender las diferentes dimensiones del ser humano que pueden afectarse a raíz de estas alteraciones al entorno y su cotidianidad (^{Ruiz et al., 2019}).

Al reconocer estos cambios, se comienza a plantear el concepto de ‘seguridad humana’, como una de las mejores formas para entender lo que sucede en Colombia. Este elemento ha sido abordado como parte del discurso principal del nuevo Gobierno, que tiende a alejarse de la forma tradicional en la que se hablaba de seguridad asociada solo a los Estados y a la necesidad de mantener los territorios en paz, eliminando la posibilidad de que se presenten enfrentamientos entre dos o más países del mundo (^{Ferreira, 2019}). Por el contrario, este nuevo concepto sitúa al ser humano como el eje principal de estudio, lo que permite abordar todas las dimensiones del ser que pueden verse amenazadas por diferentes aristas del contexto, como la supervivencia o dignidad; es así como desde su visión multisectorial se espera entender tanto las amenazas como las causas y consecuencias que el sentimiento de inseguridad o zozobra deja en las comunidades (^{ONU, 2009}).

Por tanto, es pertinente entender dentro del nuevo discurso que presenta el Gobierno Nacional, que este no es un concepto nuevo, realmente la seguridad humana se ha implementado en el mundo. El “Informe sobre el Desarrollo Humano”, del ^{Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1994)}, reconoce las amenazas que puede sufrir el ser humano en los entornos cotidianos en los que se desarrolla, que influyen en elementos tan básicos como el establecimiento de relaciones, el desarrollo económico, la seguridad alimentaria, la educación, el medioambiente, entre otras dimensiones que se ven afectadas por externalidades que es necesario contener, por lo que se busca no generar un efecto dominó entre los diferentes fenómenos que amenazan los derechos de la población.

En muchas ocasiones se ha hablado de la seguridad como una percepción de tranquilidad y armonía que tiene la población. Este es el que permite que la persona pueda desarrollarse de forma efectiva sin ningún tipo de limitación. En este contexto, las dimensiones del ser humano son abordadas y garantizadas, lo que elimina la incertidumbre y permite que exista un mayor sentimiento de confianza frente al Gobierno, que finalmente es quien con un acuerdo implícito centra sus acciones en el cuidado del ser y permite que las condiciones favorables aumenten y se elimine cualquier riesgo; por medio de acciones que le den seguimiento a las amenazas y las contengan antes de que puedan causar mayor daño (^{Aravena, 2007}; ^{Paricio & Labatut, 2005}).

La seguridad humana significa proteger las libertades vitales, proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones ( ) A tal fin se ofrecen dos estrategias generales: protección y realización del potencial; la protección aísla a las personas de los peligros ( ) permite a las personas realizar su potencial y participar en la toma de decisiones. (^{Rojas & Álvarez, 2012}, p. 14)

La seguridad humana permite también dentro de su multidisciplinariedad responder algunos cuestionamientos cotidianos, como temas relacionados con las garantías de desarrollo, los valores, la moralidad, la ética, entre otros, que permiten reconocer elementos vitales para garantizar la vida plena de una comunidad. Estos cuestionamientos permiten conocer las amenazas que limitan cualquier factor dentro de estas preguntas y el acceso a los derechos; las respuestas a estos interrogantes se asocian a las posibilidades que tiene el ser humano para desarrollarse, planteando desde la seguridad humana abordar temas de acceso y garantías. Es allí donde se impulsan las políticas públicas que permitan garantizar los derechos, que respondan a minimizar las amenazas y garantizar la seguridad integral (^{Fernández, 2005}).

Retomando a ^{Rojas (2007)}, al tener como eje central al ser humano, este concepto ha logrado asociarse con la dignificación de la persona, al reconocimiento de los fenómenos que afectan a la población. Lo que ha permitido entender que los daños que se generan en el tejido social de una comunidad influyen directamente en la dignidad del ser que puede afectar todas sus dimensiones, por lo que es necesaria la intervención del Estado para incidir en la contención de algunos fenómenos como la pobreza, el analfabetismo, los problemas de salud, los conflictos y desastres naturales, donde el cumplimiento de sus funciones deberá generar acciones y garantías para prever que estos eventos no afecten a la población, obteniendo una redignificación para toda la población del territorio.

El paradigma de seguridad humana presenta una visión integral y procedimental que establece elementos que son relativamente nuevos al abordar al ser humano como el enfoque de género y el cuidado del medioambiente, factores de reconocimiento que pueden influir en la seguridad y deben contemplarse al pensar en la protección del ser humano. En este apartado, se comienza a entrar en la securitización como un factor importante para ejercer acciones por medio del Estado, quien es finalmente el que determina cuáles son las amenazas a la integridad humana; por ende, determina las acciones necesarias para actuar frente a cada una de ellas, no solo con políticas públicas, sino también con programas y proyectos que refuerzan el desarrollo continuo del individuo (^{Zeitlin & Mpoumou, 2004}).

Para poder acoger este concepto en Colombia como se quiere en la actualidad, hay que entender que las amenazas se han transformado y tienen nuevas dinámicas que constantemente se modifican. Incluso, las acciones de los grupos que se encargan de generar inseguridad, miedo y zozobra en la población son actualmente más fuertes, debido a diferentes elementos que incluyen la globalización y la interconexión del mundo, lo que ha permitido que se establezcan nuevos canales para afectar al ser humano, como la relación entre grupos ilegales de diferentes países y el intercambio de técnicas para perfeccionar sus acciones.

Lo cual incide en la afectación de nuevas dimensiones e incluso en la dignidad humana, estableciendo nuevos desafíos para la seguridad de la nación. Incluso, estos nuevos elementos sociales han difuminado las fronteras donde los temas de seguridad presentan nuevas formas criminales que se apropian de estos nuevos recursos e impactan a la población de manera diferenciada (^{Sorj, 2014}).

Entonces, surge la necesidad de establecer estrategias para abordar el nuevo contexto que se reconoce desde la seguridad humana y sus dimensiones, pero estas no pueden basarse solo en acciones de la Fuerza Pública, ya que al abordar todas las dimensiones del ser existen otras instituciones que pueden enfrentar estos nuevos procesos multidimensionales, que comprenden otros elementos asociados a la inseguridad que deben tenerse en cuenta. Es necesario plantear nuevas estrategias que aborden la visión militar, de cooperación, cibernética, ambiental, de educación, de salud pública, entre otras, que generen nuevas herramientas para que se establezcan relaciones entre las diferentes instituciones mediante la cooperación, donde cada una dé su conocimiento y herramientas para integrar acciones que permitan limitar las amenazas que atenten contra el ser de forma integral por medio del Estado (^{Muñoz, 2018}).

Este concepto permite entender las diferencias que se presentan y las necesidades de distintas comunidades que se instauran dentro del sistema internacional, las cuales solicitan un reconocimiento y garantías. Por tanto, el Estado colombiano examina las diferentes comunidades que residen en su territorio y los contextos en los que se encuentran, lo que permite implementar diversas acciones de gestión integral para minimizar los riesgos y administrar las diferentes amenazas que generan inseguridad e incertidumbre dentro del territorio nacional. Ello se debe a los contextos en los que se desenvuelve cada persona, además de los problemas sociales que enfrentan (^{Tejada, 2019}).

El cambio discursivo que se presenta en Colombia, donde toma mayor relevancia la noción de seguridad humana, debe tener en cuenta cómo surgen en medio de las transformaciones diferentes conceptos de amenaza, que responden a la incidencia e intensidad que estos tienen frente a la población, donde incluso se presentan diversos tipos de riesgo que pueden influir en el desarrollo de cada individuo. Con este campo discursivo sobre la seguridad, se genera una transformación que planea una nueva acción desde el entendimiento de las diferentes dimensiones del ser, que pueden ser afectadas por externalidades que limitan los derechos de las personas. En este orden de ideas, Colombia, por su conflicto interno, debe reconocer los diferentes grupos al margen de la ley que se instauran en el territorio nacional, inspeccionar cuáles son los lugares en donde se establecen, las estrategias que desarrollan en cada uno de estos, sus fines y dinámicas, para entender cómo afectan en la percepción de seguridad en la población (^{Pérez de Armiño, 2007}).

Se habla de la “seguridad humana” como un concepto que protege las libertades fundamentales de cada ciudadano y su forma de desarrollarse, lo que constituye el cumplimiento de sus derechos, así como eliminar o controlar las situaciones y amenazas que se presenten, con el uso de procesos que fortalecen el tejido social del ser humano y las aspiraciones que este puede tener a medida en que se va desarrollando en un entorno que se pretende sea seguro (^{Torres & Velandia, 2022}).

Discusión

Es importante reconocer que, en el contexto nacional, la propuesta de seguridad humana en el marco de la denominada Cultura de Paz destaca la participación activa de la Fuerza Pública como un elemento crucial. La Policía Nacional colombiana, en particular, ha estado presta a establecer o adoptar una nueva perspectiva orientada hacia la mejora de las condiciones de la población y la promoción de la seguridad humana; en este enfoque, se busca no solo abordar las amenazas tradicionales a la seguridad, sino también atender las necesidades fundamentales de la comunidad (^{Díaz, 2023}).

La Policía Nacional se involucra en la construcción de puentes de diálogo con los diversos actores sociales implicados en los procesos de protesta social, reconociendo la importancia de entender y abordar las causas subyacentes de dichos movimientos. Esta colaboración activa contribuye a la creación de un entorno propicio para la construcción de una cultura de paz, donde la Fuerza Pública se convierte en un agente de cambio positivo, promoviendo la reconciliación y la seguridad integral de la población (^{Ramírez & Céspedes, 2016}).

Por otro lado, los actores sociales involucrados en los procesos de protesta social también desempeñan un papel esencial en esta propuesta innovadora. La interacción constructiva entre la Fuerza Pública y estos actores sociales implica un enfoque colaborativo para abordar las tensiones y conflictos existentes; por ende, se intenta establecer canales efectivos de comunicación que fomenten la comprensión mutua y la resolución pacífica de disputas. La inclusión de perspectivas diversas en la formulación de estrategias de seguridad humana enriquece el proceso, considerando las necesidades específicas de diferentes grupos dentro de la sociedad.

Esta nueva perspectiva desde la Policía Nacional colombiana promueve una relación más cercana y cooperativa con la ciudadanía, generando confianza y fortaleciendo el tejido social. En última instancia, esta colaboración entre la Fuerza Pública y los actores sociales contribuye a la construcción de una seguridad humana sólida y sostenible en el país.

Por consiguiente, el conjunto de ideas presentadas sobre la seguridad humana y su incidencia en el nuevo discurso que se quiere presentar en Colombia para abordar los fenómenos sociales y de inseguridad que persisten en el territorio, tienden a derivar o crear una cultura de seguridad desde un enfoque de seguridad humana. Ello permite difundir ideas que incentiven entornos seguros, usando también herramientas como la globalización, la cibernética, entre otras, las cuales tienen la capacidad de generar actos que contribuyan a establecer la seguridad, difundiendo así una cultura de seguridad en la que uno de sus pilares más importantes es la educación. Ello permite a la academia plantear instrumentos por medio de los cuales la población cambie sus dinámicas y ayude a fomentar las mejores condiciones con acciones como resolución de conflictos, crear un buen ambiente, establecer diálogos donde se puedan reconocer los diferentes puntos de vista sin que se generen tensiones, entre otros, retos e ideas que permiten instaurar esta cultura de seguridad asociada a una cultura de paz (^{Sánchez, 2021}).

Comprendiendo la cultura de paz como una contraposición a la normalización de la cultura violenta, las amenazas y los temores que estas presentan en el territorio, estos elementos deben revisarse de forma integral, pues de no ser tratados cuando corresponde, pueden promover la incertidumbre e incentivar mayores problemas sociales; lo que permite esta cultura de paz es instaurar políticas que puedan responder a las solicitudes que tiene la sociedad, mediante reclamos para la protección y acciones que le permitan tener un entorno seguro. Por lo cual, la cultura de paz contribuye a la consolidación de una concepción de seguridad integral, donde cada individuo es responsable de las consecuencias de sus acciones como actor del sistema. Ello implica tener pleno conocimiento de lo que sucede, cuando no se presentan temores y cuando, por el contrario, se tienen garantías para la seguridad humana por medio del disfrute de los derechos de la población (^{López, 2022}).

La cultura de seguridad pretende desde su implementación ofrecer conocimiento a la población, especialmente al ser esta que tiene un acercamiento con las amenazas y que debe aportar a la definición de estas. Por lo cual, son ellas las que dan las bases para que el Estado pueda establecer cómo puede enfrentar cada componente que genere inseguridad. Al tener un conocimiento integral de lo que sucede, se puede buscar eliminar el temor dentro de su contexto para poder garantizar el goce efectivo de los derechos de toda la comunidad. Este proceso de reconocimiento de las amenazas y la efectividad para actuar es un objetivo básico que se tiene de la implementación de seguridad, alentando las políticas integrales de comunicación donde incluso los individuos tienen un papel importante en los programas que se implementan, al tener en cuenta todas las dimensiones que permean las amenazas que se presentan (^{Sánchez, 2021}).

Todo lo anterior permite entender que Colombia requiere implementar el concepto de seguridad humana al contexto nacional y las necesidades que surjan continuamente, lo que determina entonces no solo un desarrollo de políticas integrales que respondan a la inseguridad con la que vive parte de la sociedad, sino también integrar acciones que puedan recuperar el tejido social afectado y que construyan mejores bases para la implementación de la paz y la armonía; por lo cual, se establece la necesidad de crear una construcción de paz estable y duradera que permita un mejor desarrollo del país (^{Ardila & Jiménez, 2019}).

Establecer la construcción de paz en un territorio que ha estado tan unido a la violencia y el conflicto por más de seis décadas no es sencillo; se debe enfocar en el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, fomento a la igualdad, la libertad de expresión, el cuidado del medioambiente, el respeto a la diversidad e incluso fomentar la democracia. ^{Oñate y Yassir (2014)} abordan la cultura de paz; se fundamenta en un rechazo masivo a la violencia, al mismo tiempo es un compromiso de la sociedad por resolver los conflictos, aumentando las conductas que puedan generar dentro de la sociedad empatía y respeto por la vida de otros, así como un compromiso por ejercer los derechos humanos respetando la pluralidad ideológica.

Para construir cultura de paz es indispensable impulsar a los ciudadanos para que se haga cargo de su rol dentro de la sociedad a la que pertenecen y la formación del tejido social que permite el desarrollo de esta. Es así como en el contexto colombiano se presenta la necesidad de construir la cultura de paz como un proceso multidimensional que de a poco y con un proceso juicioso desde las bases como la educación, puede cambiar las percepciones y generar un compromiso con la paz (^{Hernández et al., 2017}).

De tal manera, el concepto abstracto de cultura de paz debe concretarse en acciones de los diversos actores que pertenecen a la estructura social colombiana, donde, haciendo uso de la capacidad de agencia, se dé paso a una construcción de paz constructivista que determine, a partir de una concatenación de acciones, una transformación multidimensional y compleja.

Lo anterior se cimenta en que si bien es necesario que la Fuerza Pública revise y reestructure el sistema doctrinario represivo por uno constructivo y restitutivo, también la sociedad, como un todo, debe asumir una nueva relación con la institución policial; puesto que como se evidencia en las estadísticas proporcionadas por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (Figura 1), en medio de este conflicto que alcanzó la vía violenta como una respuesta, hace de los actores partícipes en estos contextos, víctimas de víctimas, por lo que se pretende precisamente anclar el desarrollo de los conflictos mediante la creación de otros espacios que canalicen las contradicciones sociales y conlleven un cambio de prácticas sociales por medio de la construcción de una cultura de la paz.

Nota. El gráfico representa las acciones por región donde se dejaron mayores miembros de la policía nacional lesionados como consecuencia de la protesta social desarrollada en el 2021. Fuente: Tomado de la ^{Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, 2022} (Policía Nacional - Dirección De Sanidad, 2022).

Figura 1 Uniformados lesionados protesta social 2021 

Por otro lado, en la recolección de los datos, se halla que la respuesta de los agentes a quienes se les solicitó la información pertinente para la evaluación, suelen tener respuestas burocráticas o como en el caso de otros actores, se amparan en la ley para evitar la comunicación de información vital para comprender el fenómeno de las protestas sociales ocurridas entre el 2019 y 2021; por lo que se debe, a su vez, establecer herramientas más directas para llegar al conocimiento de las bases de datos institucionales con fines académicos, puesto que se trata de una oportunidad para ser autocríticos en clave de una dialéctica entre el saber académico y la realidad social, buscando el desarrollo social y la seguridad humana de todos, tal como establece la Policía Nacional Dirección Antinarcóticos (^{DIRAN; 2021}):

En el contexto nacional, la construcción de paz está trazada por parte del gobierno nacional en políticas y acuerdos que buscan satisfacer las necesidades básicas, minimizando los riesgos sociales que son catalizadores de entornos donde se violentan los derechos humanos (^{Policía Nacional Dirección Antinarcóticos, 2021}).

Donde a su vez, se indica la importancia de que la paz sea una política de Estado y no de gobierno, puesto que el acuerdo de paz permitió replantear el paradigma de política antidrogas que se enfocaba en el uso represivo, mientras que con los elementos precisados en el punto 4.1.3.2, se determinan formas no violentas a partir del diálogo y la construcción de acuerdos con las comunidades:

4.1.3.2 (…) En los casos donde, en el marco de la suscripción de los acuerdos con las comunidades en el marco del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), haya algunos cultivadores y cultivadoras que no manifiesten su decisión de sustituirlos cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de persuadirlos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades. (^{Ayala, 2022}, p.45)

Asimismo, un punto fundamental para realizar una cultura de la paz y una transformación en el paradigma de la Fuerza Pública, debe partir desde el reconocimiento de su humanidad y de su condición de trabajadores; por lo que, como recomienda la Dirección Antinarcóticos (2022), el hecho de garantizar la salud mental y física mediante una coordinación premeditada del acompañamiento a la protesta social, es un acto de dignidad y paz que repercute en el óptimo desarrollo del deber ser de la Policía, acciones administrativas que deben ir de la mano con la revisión constante de las dinámicas propias del campo social de la Fuerza Pública, donde se tiene que:

Ejercer la debida supervisión y control en las modalidades del servicio de policía, coadyuvando en la ejecución de las órdenes emitidas para desarrollar la actividad de policía; sin vulnerar derechos y garantías ciudadanas.

Se deberá impartir a cada una de las unidades que se encuentren a su cargo, la responsabilidad en la cadena de mando respecto a la subordinación, control y cumplimiento de los protocolos y procedimientos de policía (Policía Nacional Dirección Antinarcóticos (^{DIRAN; 2021}))

Es así como la mejor forma de propagar esta construcción en el marco del establecimiento de valores en la sociedad es la educación, como una forma de transmisión de esa nueva cultura, con la implementación de conocimientos como el diálogo, un sistema de valores enfocados en la tolerancia y paz, entre otras creencias que aporten a esta construcción. La educación es el mejor medio para transmitir los nuevos conceptos asociados a la cultura de paz, para así desde la base de la comunidad establecer los cambios necesarios que se transmiten de generación en generación (^{De Oña & García, 2016}).

Promover la cultura de paz en los entornos educativos es la mejor manera para instaurar buenas prácticas en la sociedad, generando relaciones eficientes y estableciendo espacios seguros para expresarse. Esto implica que exista una inclusión de conceptos básicos como paz o derechos humanos, además de la implementación de metodologías específicas para establecer una educación con objetivos claros donde se vinculen el fomento de valores y la defensa de los derechos (^{Carrillo, 2016}).

En la etapa de la niñez es fundamental implementar estos temas de cultura de paz; en ella, adquirir desde un primer momento habilidades y conocimientos vitales para que dentro del desarrollo del ser se presenten las mejores bases que permitan establecer paz, es el primer paso para generar la cultura ideal para superar el conflicto. Las escuelas y universidades tienen el compromiso de impartir una formación basada en la idea de establecer paz, proporcionando a los alumnos las herramientas necesarias para actuar como mediadores y pacificadores de un conflicto en todas las esferas sociales. Esto es lo que permite generar un cambio en el paradigma de violencia que rige en la sociedad colombiana (^{Barros Arrieta et al., 2020}).

Esta cultura es usada como un enfoque que permite plantear la idea de establecer conceptos para la construcción de paz basada en el diálogo, respeto y otros valores. Por tanto, para establecer este tipo de culturas, en Colombia se debe determinar un camino claro desde las escuelas, pero también entendiendo la actualidad, desde otros medios como redes sociales y la nueva ola del internet que permita propagar esta cultura desde diferentes perspectivas, lo que establecerá sus bases en todas las partes de la sociedad, incluso cuando los alumnos se vean inmersos en ambientes que puedan ser conflictivos y requieran el uso de las bases para resolverlos con responsabilidad afectiva y esperando eliminar el conflicto desde su raíz y no propagándolo (^{Valdés et al., 2018}).

El establecimiento de cultura de paz en las diferentes dimensiones de la persona permite que los ciudadanos se vuelvan dueños de las actitudes que presentan y de su futuro, lo que les permite participar en la construcción de paz. Asimismo, dar estas herramientas académicas permite que se presente una capacidad crítica para que sean actores con capacidades para generar debates con argumentos sólidos y que estos terminen en consensos y no en conflictos. Por ende, la educación es una herramienta que facilita el tránsito de la cultura de violencia, a una cultura de diálogo y paz (^{Cardona, 2012}).

Hoy en día, instaurar la cultura de paz como una meta que se proponen los gobiernos, para enfrentar los diferentes conflictos y eliminarlos de forma progresiva de su cultura, en ello se retoma la idea de “que la guerra es una invención social, y que, en su lugar, se puede inventar la paz” (^{Adams, 1989}, p. 7). Una forma de entender cómo los diferentes ejercicios que se presentan pueden fomentar la intervención de la paz estable y duradera. Cuando este concepto se abordó de forma continua, diferentes organizaciones internacionales invitaban a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y a la comunidad científica, educativa y cultural del mundo, a contribuir para instaurar la paz en todo el planeta (^{Bahajin, 2018}).

La construcción de una nueva concepción de la paz en el marco de las acciones de implementación de una cultura que se asocia a un avance en el desarrollo, en Colombia específicamente debe asociarse al respeto a la vida, a la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad. Estos elementos han sido concebidos como los más importantes para disminuir el conflicto y las consecuencias que este ha dejado en la sociedad, pues ello ha permitido que el odio y otros sentimientos se propaguen de manera desmedida en el territorio nacional de generación en generación. El objetivo final es eliminar los odios generacionales que aún persisten en la actualidad.

Todo lo anterior permite entender los puntos más importantes del discurso actual y de las políticas que se quieren implementar para afrontar las diferentes dinámicas de conflicto que se presentan en todo el territorio nacional. Es esencial abordar en este punto algunos aspectos que han sido objeto de gran controversia en la población colombiana con relación a la propagación de este discurso. Entre ellos, se destacan los compromisos y acciones que se han llevado a cabo con el propósito de promover la seguridad humana, con el fin de establecer cambios en la nación, especialmente en las instituciones que forman parte de la Fuerza Pública como la Policía Nacional (^{Noticias Caracol, 2022}).

Usualmente, las transformaciones que se presentan para este tipo de instituciones se asocian a elementos negativos que pueden afectar la autoridad de los funcionarios de estas. Pero al abordar estos puntos desde la construcción de paz y la implementación de la seguridad humana, se puede apreciar estas transformaciones como un aporte a la implementación de la paz en el territorio nacional de una forma diferente a lo que se espera de manera tradicional.

Con las transformaciones que se asocian al tema del conflicto armado interno y la protesta social, en este contexto la Policía Nacional puede contribuir no solo como una institución que debe acompañar ciertos espacios y garantizar la paz según sus funciones que le otorga la Constitución Política de Colombia, sino también por medio del acompañamiento a la construcción de paz en el territorio, apoyando las zonas que presentan una baja presencia de instituciones del Estado, mediante acciones como apoyo en educación, salud, infraestructura, entre otros espacios que fomenten la unión entre las comunidades y, por ende, la armonía en la misma. Pero también se pueden establecer acciones de apoyo y diálogo en espacios urbanizados en los que se presentan acciones de vandalismo o afectación al orden.

Un ejemplo claro, es la implementación de un papel relativamente “nuevo” para los miembros de la Institución: es la creación de cursos o talleres impartidos por los miembros de la Policía donde estos fomenten con el conocimiento que tienen el respeto, la igualdad y el diálogo en contextos complejos; es aquí donde los miembros de la Institución pueden convertirse con este tipo de acciones en líderes de cada una de las comunidades que promueven convivencia, armonía y seguridad (^{Paz, 2009}; ^{Santamaría et al., 2017}).

Esto no solo hará que la población civil renueve la confianza en instituciones como la Policía Nacional, sino que también aportará a la reconstrucción del tejido social que se ha quebrado en el país debido a los diferentes tipos de conflicto que se presentan. En este orden de ideas, estos nuevos roles que asumirá la Policía en el país permitirán atacar el conflicto desde una de sus bases estructurales, esto le dará herramientas a la población para no volver a caer en el conflicto; en cambio, se pueden crear canales de diálogo que permitan a la comunidad despojarse del conflicto interno. Es así como los miembros de la Policía se convertirán en líderes de paz en la nación.

Conclusiones

Las condiciones materiales en la realidad social colombiana establecen como necesidad una transformación múltiple en el funcionamiento pragmático y en los sistemas de pensamiento que dominan en las instituciones y en las realidades micro. De esta manera, el concepto de “seguridad humana”, adoptado al marco histórico del país, se establece como un camino viable para encauzar las contradicciones sociales inherentes a las sociedades, en caminos institucionales y acciones por y desde la paz.

Dicho propósito se ve influenciado por una complejidad propia de las pretensiones de transformación social, puesto que los conceptos como categorías abstractas son muy diferentes a su traducción en acciones concretas. Para ello, se debe pretender una apuesta activa del Estado por una educación institucional y no institucionalizada que brinde elementos para el entendimiento de los “otros”; no desde una perspectiva amigo-enemigo, sino como actores activos políticamente que desarrollan los conflictos a partir de herramientas no violentas.

Gracias a la presente investigación, es posible deducir que el cumplimiento de los deberes establecidos para los miembros de la Policía Nacional se ve fuertemente influenciado por varios factores. Principalmente la recuperación de la confianza de la ciudadanía desempeña un papel fundamental, ya que una relación positiva con la comunidad es esencial para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Esto implica una transformación institucional que reconozca la función social de la Policía y promueva el respeto por los derechos humanos. Además, la implementación de estrategias no represivas en el contexto de las protestas sociales es esencial para evitar conflictos y garantizar el respeto de los derechos de los manifestantes.

Estos factores son cruciales para crear un entorno en el que los deberes de la Policía Nacional puedan cumplirse de manera efectiva y en línea con los principios de una cultura de la paz. Por ende, la seguridad humana y la cultura de la paz son un enfoque que se ha venido planteando al interior de la Policía Nacional y en la comunidad académica, precisando una transformación social que permita la reproducción de prácticas de paz, asociada a una comprensión relacional de los fenómenos; es decir, asumiéndose no como entes autónomos, sino más bien como actores interrelacionados que dependen de la comunidad para poder alcanzar un bienestar.

Por tanto, el presente artículo es un llamado a los actores que pertenecen a las diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil a crear espacios de construcción colectiva, donde se puedan superar lecturas de la realidad que solo conducen al odio y no a la cohesión y al mejoramiento de la sociedad. La coyuntura de las protestas sociales dadas entre el 2019 y 2022 fueron la expresión de fallas estructurales históricas; a su vez, se evidenció que la acción violenta de las autoridades y los manifestantes fueron muchas veces la ruta ante la situación, pero, debido a ello, se está en un punto de inflexión social, donde es necesario continuar reflexionando y trabajando alrededor de las múltiples perspectivas existentes sobre seguridad y las que mejor se ajusten al contexto colombiano.

Es seguro que este estudio deberá ser evaluado y reevaluado en diferentes ocasiones teniendo en cuenta el paso del nuevo Gobierno y la forma en la que se dirigirán los temas de seguridad en cabeza del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, sobre todo la Policía Nacional, quienes asumen el enfrentamiento inicial durante las movilizaciones sociales que se den durante este mandato. Lo cual mantiene vigente el tema y todas las reflexiones que a su alrededor puedan surgir, ojalá con el propósito de seguir aportando a la construcción de la cultura de paz en el país.

Finalmente, existe también una oportunidad de investigación y trabajo para comprender el concepto de seguridad humana desde una visión de “paz territorial”, que permita además de promover el respeto por los derechos humanos en todo el territorio nacional, crear estrategias que se adecuen a cada comunidad y zona del país. Aunque esto plantea un enorme reto institucional, también es una oportunidad como sociedad para afianzarnos como país y reconocer a los otros con toda su diversidad, donde no se trate de negar la existencia de los conflictos, sino de estructurar canales para el desarrollo pacífico y democrático de ellos.