Introducción

El SARS-CoV-2, identificado en China en el 2019, desencadenó la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020. Los síntomas, con un periodo de incubación de dos a 14 días, incluyen fiebre, tos y cansancio, con posibilidad de transmisión presintomática. La gravedad variaba, y algunos podían ser asintomáticos pero contagiosos. A pesar de las recomendaciones de organizaciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que brindaron información y recomendaciones para controlar la propagación y proteger la salud pública, el virus se propagó rápidamente hasta ser catalogado como pandemia (^{OMS, 2020}), el cual impactó en diversos aspectos la vida de la población principalmente en aspectos relacionados a la calidad de vida y la salud mental (^{OMS, 2020}).

Una de las poblaciones que se vio considerablemente afectada fue la de las personas privadas de la libertad; al conocer que el virus se propagaba a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas al toser, estornudar, hablar o respirar, que la transmisión ocurre principalmente en contacto cercano, por lo general a menos de un metro, siendo más probable la propagación en espacios interiores, mal ventilados y concurridos, era evidente el riesgo que se podía desencadenar en los diferentes centros carcelarios (^{OMS, 2020}). En Colombia, en estas instituciones, el hacinamiento ha aumentado en las últimas tres décadas (^{Iturralde et al., 2020}). La infraestructura deficiente, la falta de personal de vigilancia, problemas administrativos y la escasez de recursos impidieron cumplir con las condiciones mínimas para garantizar los derechos de la población privada de la libertad y su reintegración.

En el ámbito mundial, el incremento de la población carcelaria es un fenómeno notorio: registra aproximadamente 10003000 personas privadas de la libertad (^{Rebolledo, 2016}). En el contexto colombiano, según las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la cifra alcanza los 98078 individuos, con un índice de hacinamiento del 21.56% (^{INPEC, 2020}).

Este crecimiento en la población carcelaria plantea una inquietud adicional sobre el problema del suicidio, que a menudo se minimiza o se oculta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de suicidios era de 88 por cada 100 000 personas en la década del 2000, y destaca que el encarcelamiento contribuye al aumento de estas tasas en diversos países (^{Rabe, 2012}). La magnitud de esta situación subraya la necesidad de abordar y comprender las complejidades relacionadas con la salud mental en entornos carcelarios.

Con la llegada del COVID-19 a las prisiones, se sumó un agravante más a las que ya se conocen en los centros penitenciarios. En Colombia, era previsible, y a pesar de la suspensión de visitas desde el 12 de marzo de 2020, que la falta de cumplimiento de protocolos de bioseguridad por parte del personal del INPEC reveló la insuficiencia de medidas efectivas. La ausencia de medidas apropiadas provocó protestas coordinadas de la población reclusa el 21 de marzo de 2020, lo cual desencadenó enfrentamientos que causaron la muerte de veinticuatro internos y ochenta y tres heridos entre los reclusos (^{Iturralde et al., 2020}).

Sin embargo, en la revisión de las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad (PPL) en las instituciones penitenciarias y carcelarias, se plantean preocupaciones académicas. Puesto que ello se debe a los factores presentes en estos entornos carcelarios que generan desequilibrios emocionales, perceptivos, cognitivos y sociales en la vida de las PPL, principalmente debido a las tensiones constantes que enfrentan (^{Alvarado et al., 2020}; ^{Alvites-Huamaní, 2020}).

Por tal motivo, este impacto se ve agravado aún más por la escasa libertad de circulación que experimentan, con restricciones a la movilidad y a la interacción social dentro del contexto carcelario. Asimismo, las tensiones constantes que enfrentan en este entorno confinado aumentan la complejidad de su situación y destacan la urgencia de desarrollar estrategias específicas que consideren las condiciones únicas de la vida en prisión, reconociendo la importancia de implementar medidas que aborden tanto los desafíos emocionales, como las restricciones físicas que afrontan las PPL en este contexto particular (^{Arias et al., 2022}; ^{Fovet et al., 2020}; ^{Kennedy et al., 2020}; ^{Organización Mundial de la Salud, 2020}; ^{Johnson et al., 2003}).

Por consiguiente, la población carcelaria se enfrenta a una exacerbación de los impactos psicológicos derivados del aislamiento prolongado y las condiciones ambientales restrictivas. La imposibilidad de mantener relaciones sociales de manera habitual contribuye a un incremento de la angustia emocional y la tensión mental entre las personas privadas de la libertad. Además, las medidas preventivas implementadas, como el distanciamiento físico y las restricciones en las actividades grupales, generan un entorno carcelario más desafiante, afectando no solo la salud física, sino también la salud mental de los individuos.

Asimismo, se obtuvo una revisión estadística después de junio de 2020. La población carcelaria colombiana, bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), llegó a un total de 175 244 personas privadas de la libertad (PPL). Esta cifra se distribuyó en 128 establecimientos penitenciarios en todo el país, segmentándose en tres modalidades de atención:

Prisión intramural en establecimientos de reclusión de orden nacional: 99 474 (56.8%). Modalidad domiciliaria: 70 804 (40.4%). Vigilancia o control electrónico: 4966 (2.8%) (^{Ministerio de Justicia y del Derecho (Minjusticia), 2020}, p. 12).

Para junio de 2022, en el Valle del Cauca se registró una población de 14264 PPL, con una preocupante superpoblación de 3637. Esta situación crítica se manifiesta en dos de los nueve establecimientos penitenciarios disponibles en la región.

De acuerdo con lo anterior, es necesario aclarar conceptos entre cárceles y penitenciarías desde el ámbito judicial y el periodo de detención. Según el Código Penitenciario y Carcelario, las cárceles cumplen la función de detención preventiva para sindicados, mientras que las penitenciarías están destinadas a la reclusión de condenados (^{Ley 65 de 1993}, arts. 21, 22). El Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí ejemplifica este principio, al albergar tanto a la población condenada como a la sindicada, organizada de forma independiente y acorde con la situación jurídica de los internos (Minjusticia, como se citó en ^{Arias, et al., 2022}).

La disparidad entre los centros carcelarios puede tener consecuencias significativas en el tiempo de definición judicial, lo que podría resultar en un aumento de la población penitenciaria y representar una amenaza para la salud mental de las PPL. La comprensión de estas diferencias ofrece una visión más clara del riesgo que enfrentan las personas privadas de la libertad en diversos contextos penitenciarios en Colombia.

Por consiguiente, las PPL enfrentan una mayor susceptibilidad a la infección, transmisión y consecuencias mortales relacionadas con el COVID-19, debido a factores como la designación de dormitorios y celdas, la existencia de condiciones de circulación congestionada dentro de las instalaciones carcelarias y las elevadas prevalencias de enfermedades crónicas.

Desde una perspectiva humanista, retomando a Abraham Maslow y a Manfred Max Neef, se plantea que los seres humanos tienen necesidades fundamentales que deben ser satisfechas, no solo desde una perspectiva jerárquica, sino también desde la visión del ser, tener, hacer y estar. Los desafíos preexistentes en el ámbito penitenciario se han visto agravados por la pandemia del COVID-19 (^{Fovet et al., 2020}; ^{Maslow, 1998}; ^{Max Neef et al., 1998}).

Se ha observado que las PPL son propensas a desarrollar sintomatologías relacionadas con trastornos mentales como estrés, ansiedad y depresión, así como a experimentar otras implicaciones afectivas, como la baja autoestima, dificultades en la interacción y adaptación. Existe una prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en entornos carcelarios. Más de la mitad de las mujeres privadas de la libertad ingerían medicamentos por vía oral para aliviar los síntomas mencionados y otras alteraciones psicológicas, atribuyendo esto al aislamiento que implica la privación de la libertad (^{De Miguel Calvo, 2014}).

Además, el tiempo en privación de la libertad puede aumentar los niveles de síntomas emocionales, siendo el estrés, la ansiedad y la depresión comunes entre las PPL. También las patologías como el trastorno adaptativo, el trastorno afectivo bipolar, el pánico y la ansiedad generalizada como trastornos que afectan a una proporción significativa de PPL. El miedo se destaca como una emoción predominante, especialmente en situaciones de incertidumbre sobre el futuro, el aislamiento social, la defensa contra otros reclusos y la pérdida de autonomía. Estas condiciones pueden contribuir al desarrollo de trastornos mentales, con un impacto mayor a medida que envejecen y las deficiencias sensoriales y cognitivo-afectivas se hacen más evidentes (^{Alfaro-Alfaro et al., 2013}; ^{Castro García et al., 2022}; ^{CrespoFacorro, 2020}; ^{Ruiz, 2007}).

Cuando se considera el panorama del COVID-19, se afirma que la aglomeración en las cárceles colombianas es un factor principal en la alta transmisión de enfermedades contagiosas. Esto desencadena miedo a lo desconocido, a la falta de condiciones de salubridad y al aislamiento de los seres queridos, lo que resulta en una disminución de la seguridad emocional y material para las PPL. Además, se destaca la negligencia en las condiciones de vida en las cárceles y la falta de una red de apoyo adecuada, lo que contribuye a la vulneración de los derechos constitucionales y al deterioro de la calidad de vida y la salud física y mental de las PPL (^{Baccon et al., 2023}; ^{Hincapié García et al., 2020}).

Estas condiciones de vida en las cárceles pueden dar lugar a sintomatologías similares a la depresión, y que esta tendencia podría aumentar si no se proporciona un seguimiento profesional adecuado o al menos un servicio mínimo de salud mental para las PPL. Además, se señala que los efectos emocionales y cognitivos no deben considerarse aislados de la pandemia del COVID-19. La aparición de nuevas afecciones en la salud física y mental, como estrés, ansiedad, depresión y problemas cognitivos, se relaciona con factores neurobiológicos y psicosociales, lo que influye en las respuestas conductuales ante nuevas situaciones de adaptación. Esto se agrava debido al aislamiento social y el confinamiento preventivo que experimentan las PPL (^{Arias et al., 2022}; ^{Palma, 2023}; ^{Ventosa, 2020}).

Los establecimientos penitenciarios a nivel internacional han adquirido un papel central en los esfuerzos para controlar la propagación de la pandemia, debido a la presencia de ambientes cerrados, la aglomeración de personas y una ventilación limitada, que aumentan la probabilidad de contagio. Es necesario comprender y abordar los comportamientos humanos dentro de las comunidades carcelarias, arraigados e influenciados por circunstancias globales, para mitigar los efectos adversos en el bienestar y la salud de las personas con un mayor nivel de riesgo. La sobrepoblación en las cárceles es uno de los principales desafíos en lo que concierne a la privación de libertad en las Américas, según la ^{Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)}. Esta situación conlleva diversos riesgos graves para la vida y el bienestar personal de quienes están detenidos, especialmente durante la evolución de la pandemia del COVID-19 (^{Arrieta-Burgos et al., 2021}; ^{Betancur-Pulgarín et al., 2018}; ^{López et al., 2022}; ^{OEA, 2020}).

La perspectiva psicosocial basada en el contexto penitenciario retoma la transición y los cambios que se evidencian en la salud física y mental de las personas privadas de la libertad. En congruencia con esta definición, se identifica una estrecha relación con los diferentes efectos psicosociales desarrollados en esta población investigativa (^{Ruiz Pérez & Rodríguez Mesa, 2017}; ^{Zhao et al., 2020}).

De acuerdo con lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo describir la calidad de vida, cognición y afectación del estado de ánimo en personas privadas de la libertad durante la pandemia del COVID-19, a partir de una metodología de revisión sistemática adaptada de la metodología PRISMA, revisión de las variables de las afectaciones cognitivas asociadas al SARS-CoV-2 (COVID-19) en las condiciones y las formas de vida de las personas privadas de la libertad, en aras de la calidad de vida y la salud mental.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática derivada de la metodología PRISMA (^{Moher et al., 2009}), con el fin de consolidar, analizar y debatir información relacionada con las variables del fenómeno del COVID-19, con aspectos cognitivos, calidad de vida y la situación de personas privadas de la libertad. El propósito principal consistió en mapear el estado actual del conocimiento científico, identificando los avances más recientes en la investigación afines con este tema. Se llevó a cabo una búsqueda de la literatura en bases de datos indexadas como PubMed, Scielo, Scopus y ScienceDirect a partir de fórmulas booleanas con sinónimos o términos Mesh relacionados a las palabras clave (Tabla 1).

Tabla 1 Fórmula booleana por base de datos 

La búsqueda de información se realizó entre el 2020 y 2022 en cada base de datos consultada, considerando el periodo posterior a la crisis pandémica. Durante este intervalo, se llevaron a cabo múltiples investigaciones, cuyos resultados se incorporaron en la revisión. Se incluyó literatura de diversas regiones, incluyendo Asia, Europa, América Central y América Latina.

Resultados

En la base de datos de PubMed, se registraron inicialmente un total de 11 658 resultados. Sin embargo, después de aplicar los filtros correspondientes para el periodo del 2020 al 2022, se encontraron 9138 resultados. Además, al restringir la búsqueda específicamente a estudios de tipo clinical trial y systematic review, se logró identificar un total de 621 resultados.

En Scopus, se obtuvo un total inicial de 574 que se redujo a 452 artículos. Al enfocar la búsqueda en ciencias sociales, psicología y neurociencias, se identificaron 164 resultados.

En ScienceDirect, se registraron 771, ajustándose a 426. Al restringir la búsqueda a las categorías de social sciences, psychology y neuroscience, se obtuvieron 207 resultados.

En el caso de la base de datos Redalyc, se obtuvo un recuento inicial de 12 479 artículos en su totalidad. Esta cantidad se redujo a 10 983. Posteriormente, al filtrar por idioma, se obtuvieron 8375. Al concentrar la búsqueda en las categorías multidisciplinarias relacionadas con las ciencias sociales, se identificaron un total de 1173 resultados.

Se llevó a cabo una revisión de pertinencia de los títulos de los artículos encontrados, en la que se seleccionaron únicamente aquellos que incluían variables de interés para la presente revisión. Como resultado de este proceso, se identificaron 38 artículos que se sometieron a una evaluación exhaustiva que incluyó la revisión de sus títulos, resúmenes, palabras clave, metodología y conclusiones. Tras este análisis, se excluyeron 18 de los 38 artículos iniciales; para esta revisión, se consideraron 20 artículos finales. El proceso de selección se presenta en la Figura 1, y los artículos incluidos para cada año en la Figura 2.

Figura 1 Diagrama de flujo PRISMA. Adaptado de ^{Moher et al. (2009)}  

Figura 2 Número de artículos incluidos por cada año 

Concluida la revisión en las bases de datos, se seleccionaron 20 artículos, que se describen en la Tabla 2. Se implementó un sistema de clasificación que se ajustó a temáticas predefinidas y fuentes consultadas, destacando la consideración del COVID-19 como emergencia sanitaria global, el análisis de sus implicaciones cognitivas, el impacto en la calidad de vida, salud mental, y un enfoque particular en personas privadas de la libertad.

Tabla 2 Descripción de aspectos centrales de los 20 artículos incluidos 

La revisión de literatura realizada destaca diversas implicaciones del COVID-19, las condiciones precarias en prisiones, junto con la alta tasa de infecciones y vulnerabilidad inmunológica de los reclusos, afectaron negativamente su salud mental durante la pandemia, afectando a pacientes con síntomas como encefalopatía, hemorragia cerebral, accidentes cerebrovasculares, encefalitis, pérdida del olfato y gusto, síndrome de Guillain-Barré, y daño muscular esquelético (^{Ahmad & Rathore, 2020}). Además, se subraya la incidencia de brotes en cárceles, exponiendo las carencias de pruebas y equipos de protección personal, siendo estos eventos los más reportados en ^{Franco-Paredes et al. (2020)}.

A nivel global, el aumento de reclusos con enfermedades mentales destaca la necesidad de no mantener a estos enfermos en prisión, por lo que se aboga por un enfoque acorde con las normas internacionales. En Colombia, las condiciones infrahumanas en cárceles se agravaron por la pandemia, lo que provocó la propagación del virus y se registraron 16 804 casos de COVID-19 en prisiones (^{Piñeros-Báez, 2021}).

En cuanto a la gestión de la pandemia en contextos penitenciarios, la mayoría de las naciones desarrolladas, exceptuando a Estados Unidos, manejaron la situación de manera efectiva (^{Marco et al., 2021}). Se enfatizó la responsabilidad de las correccionales en proteger a todas las personas en sus instituciones, siguiendo pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (^{Montoya-Barthelemy et al., 2020}).

Además, se evidenciaron consecuencias psicológicas en pacientes que tuvieron que interrumpir su tratamiento, como estados de abstinencia forzada, sintomatologías ansiosas y descompensaciones psicóticas o afectivas. La revisión resalta la importancia de abordar el impacto del COVID-19 en la población penitenciaria y garantizar un manejo integral que considere las diversas dimensiones de salud y bienestar (^{Fovet et al., 2020}).

En relación con la cognición, la revisión de literatura revela un deterioro cognitivo específico en pacientes de COVID-19, destacando este fenómeno, en particular, en individuos mayores de 50 años (^{Amalakanti et al., 2021}). Asimismo, se identificó que el deterioro cognitivo global y la disfunción ejecutiva están vinculados con mayores dificultades en la calidad de vida, especialmente en áreas como la actividad habitual y la manifestación de ansiedad o depresión (^{Miskowiak et al., 2021}), siendo la población joven y adolescente la más afectada. Asimismo, se registró un incremento del 57% en los intentos de suicidio en una prisión de Suiza durante la pandemia, datos que fueron comparados con el periodo anterior, cuando se desconocía el potencial del virus (^{Gétaz et al., 2021}).

La salud mental se asoció con una baja resiliencia estatal, evidenciando diferencias significativas entre grupos en síntomas ansiosos, depresivos, experiencias psicóticas, alteraciones del sueño y futuras expectativas (^{Verdolini et al., 2021}).

Los resultados de una encuesta realizada en China, reveló que el impacto psicológico del brote, medido mediante la escala IES-R, indicó que el 24.5% de los encuestados reportaron un impacto mínimo, el 21.7% experimentó un impacto leve, mientras que el 53.8% informó un impacto moderado o severo (^{Wang et al., 2020}). Además, los participantes expresaron preocupación por su salud y la de sus seres cercanos (^{Vásquez et al., 2020}).

Finalmente, en relación con las limitaciones que surgen, la población carcelaria, caracterizada por diferentes tipos de delitos, duración de condena y condiciones de vida, complica la identificación de patrones distintivos y la atribución de resultados específicos (^{Arias et al., 2022}). Es vital reconocer el riesgo potencial de sesgo de selección, ya que la calidad de los datos puede ser variable, lo que plantea desafíos para la investigación.

Discusión

En relación con los artículos analizados, los estudios subrayan la complejidad y gravedad de la situación en las prisiones durante la pandemia, evidenciando la necesidad de intervenciones específicas para proteger la salud física y mental de las personas privadas de la libertad (^{Alvites-Huamaní, 2020}). Las condiciones precarias, el riesgo de enfermedades neurológicas (^{Ahmad & Rathore, 2020}), el impacto en la salud mental y el desafío de prevenir la propagación del COVID-19 en entornos carcelarios destacan la urgencia de medidas gubernamentales y de salud pública (^{Júnior et al., 2021}).

Para entender los resultados de esta revisión sistemática, se hace una discusión descriptiva de los hallazgos en cada categoría. Se encontró que, según los autores ^{Alvites-Huamaní (2020)} de Perú, el COVID-19 tuvo un efecto en la salud física y emocional en las PPL, siendo para esta población un momento frustrante; las condiciones de vivienda no fueron atendidas con urgencia, enfrentar la propagación del virus en espacios reducidos y alejados de sus familias (^{Alvites-Huamaní, 2020}).

En Colombia, la gestión de esta crisis en las instituciones penitenciarias de Colombia se convirtió en un desafío social, el cual fue reportado por diferentes autores como ^{Arrieta-Burgos et al. (2021)}. Las administraciones penitenciarias tuvieron que tomar medidas efectivas para garantizar los derechos fundamentales, la integridad moral y física, y promover la salud mental y la calidad de vida. Dada la incertidumbre de la emergencia sanitaria, se consideró la excarcelación o la libertad condicional para reducir el riesgo para la vida y la dignidad de las PPL (^{Alfaro-Alfaro et al., 2013}; ^{Arias et al., 2022}; ^{Fovet et al., 2020}; ^{Johnson et al., 2003}).

Además, la necesidad de abordar no solo la propagación del COVID-19 en entornos carcelarios, sino también los problemas de salud mental, teniendo en cuenta la cantidad de casos que se presentaron, la falta de recursos y las condiciones estructurales que exacerbaron los desafíos antes de la pandemia (^{Lalama Aguirre & Castro Castro, 2020}). La llamada a la reforma, el acceso a la atención médica y la consideración de las condiciones de vida son temas recurrentes que apuntan hacia soluciones más amplias y sostenibles en el sistema penitenciario (^{Nweze et al., 2021}).

Ahora bien, esto se puede relacionar con la idea de que las primeras acciones para prevenir la propagación del virus en las cárceles incluyeron la reducción de contactos con familiares y visitantes, limitando las comunicaciones a través del teléfono, las cuales también excluyeron al personal de apoyo, lo que generó factores de riesgo y limitaciones en recursos esenciales. Se destacó la importancia de la vacunación progresiva como una garantía durante la pandemia del COVID-19. La falta de medidas oportunas para prevenir la propagación del virus en las cárceles plantea un riesgo significativo (^{Fovet et al., 2020}; ^{García-Guerrero & Vera-Remartínez, 2022}; ^{Piñeros-Báez, 2020}).

Respecto a la calidad de vida, la Organización Mundial de la Salud la aborda como la percepción subjetiva que una persona tiene sobre su existencia en relación con sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones. Este concepto abarca aspectos psicológicos, la capacidad de establecer relaciones interpersonales y la salud física. Sin embargo, la calidad de vida en contextos específicos, como las cárceles, va más allá de esta definición. Autores como Liebling y Arnold enfatizan que, en el entorno carcelario, factores como las condiciones materiales (la estructura física de las cárceles) y la moralidad y ética son fundamentales para comprender la calidad de vida de las personas privadas de la libertad (^{Liebling & Arnold, 2007}; ^{World Health Organization, 1996}). Si bien la calidad de vida en las cárceles es un tema de debate en la actualidad, es urgente la protección de los derechos fundamentales y la dignidad de las PPL en el sistema penitenciario. Sin embargo, el aumento de la población carcelaria ha llevado al hacinamiento, una situación agravada por los aumentos repentinos en la población reclusa. A pesar de que no todos los países con un aumento de la población carcelaria experimentan hacinamiento, existe gran cantidad de países sudamericanos con gran sobrepoblación carcelaria (^{Constitución Política de la República de Colombia, 1991}; ^{Mondragón Duarte et al., 2020}).

Asimismo, también es importante mencionar que la calidad de vida de las PPL en las cárceles debe basarse en los principios de respeto y dignidad humana. Sin embargo, las condiciones de vida precarias y la falta de garantías sanitarias dificultan el proceso de resocialización en las cárceles colombianas. Las actitudes y comportamientos de los agentes de custodia también influyen en las condiciones carcelarias y, en última instancia, en la calidad de vida de los reclusos. La calidad de vida en prisión es un concepto multidimensional que abarca factores como el tiempo de reclusión, la regulación del espacio, las relaciones sociales y la percepción individual de las PPL (^{Betancur-Pulgarín et al., 2018}; ^{Lopera Medina & Hernández Pacheco, 2020}; ^{Manríquez-López et al., 2021}).

La relación entre el aumento de la población carcelaria y el hacinamiento resalta la complejidad de abordar la calidad de vida en las cárceles (^{Nweze et al., 2021}). El enfoque debe ir más allá de las meras discusiones teóricas y centrarse en medidas prácticas y políticas que aborden el problema del hacinamiento, garantizando simultáneamente el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de las PPL. La adopción de enfoques multidisciplinarios y colaborativos resulta esencial para abordar estas complejidades y mejorar de manera sostenible las condiciones de vida en el entorno carcelario (^{García-Guerrero & Vera-Remartínez, 2022}).

De igual manera, la identificación de síntomas neurológicos, deterioros cognitivos y problemáticas relacionadas con el impacto que presentó el COVID-19 en el sistema nervioso, fue significativo (^{Ahmad & Rathore, 2020}; ^{Amalakanti et al., 2021}; ^{Chen et al., 2021}). Relacionando lo anterior, solo una minoría de pacientes positivos presentó evidencia de involucramiento nervioso o neural. Entre las principales manifestaciones reportadas se encuentran las encefalopatías, dolores de cabeza, accidentes cerebrovasculares, mielitis y discinesias (^{Marco et al., 2021}).

Es así, como el deterioro cognitivo se convirtió en una preocupación, especialmente entre las personas mayores privadas de la libertad, que se enfrentaron a nuevos desafíos en el entorno carcelario (^{Miskowiak et al., 2021}), donde la falta de actividades estimulantes, la reducción de la sociabilidad y el acceso limitado a redes de apoyo contribuyen a afecciones cognitivas y neuropsiquiátricas (^{Arias et al., 2022}; ^{Wang et al., 2020}; ^{Johnson et al., 2003}).

No obstante, el desempeño individual de los reclusos también fue un elemento esencial en la ecuación, donde factores como la resiliencia, la colaboración, las preocupaciones psicológicas, las dificultades y las estrategias de afrontamiento fueron muy importantes en esta población (^{Verdolini et al., 2021}); las interacciones personales y la relación en el entorno penitenciario lograron un impacto en la calidad de vida y, por tanto, en su capacidad de rehabilitación y resocialización (^{Chen et al., 2021}; ^{Manríquez-López et al., 2021}; ^{Valenzuela-Molina et al., 2020}).

Finalmente, la relevancia de abordar estos desafíos se destaca en la literatura, donde investigaciones recientes, como las de ^{Piñeros-Báez (2020)} y ^{Arias et al. (2022)}, subrayan la importancia de implementar estrategias eficaces para la prevención y reducción del riesgo de propagación de efectos secundarios, derivados del COVID en contextos penitenciarios. Estas estrategias no solo son esenciales para la protección de la salud de la población carcelaria, sino que también tienen implicaciones significativas para la salud pública en general, considerando la conexión intrínseca entre la salud de los individuos en reclusión y la prevención de la propagación de enfermedades en la sociedad en su conjunto.

Conclusiones

Estos hallazgos subrayan la urgencia de implementar medidas gubernamentales y de salud pública específicas para abordar las condiciones particulares de las prisiones, destacando la importancia de estrategias preventivas y de atención integral en el ámbito penitenciario. La complejidad de la situación requiere una respuesta coordinada y eficaz para garantizar la protección de la población reclusa en el contexto de la pandemia.

De igual manera, es necesario adoptar enfoques humanitarios y proactivos en la gestión de crisis dentro de las cárceles. Si bien la prioridad es la protección de la salud física, mental y los derechos fundamentales de las PPL, estas medidas también pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los reclusos. El análisis de la efectividad y la ética de estas estrategias se convierte en un aspecto crucial para una gestión integral y ética de la crisis en entornos carcelarios.

Se destaca la importancia de futuras investigaciones cuidadosamente diseñadas, en colaboración con expertos y con la obtención de la aprobación de comités de ética. Es esencial documentar estas limitaciones de manera transparente en los informes científicos para una interpretación precisa de los resultados, reconociendo así la complejidad y la variabilidad intrínseca a la población carcelaria.