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Introducción
El concepto de fragmentación en el marco latinoamericano ha sido asociado principalmente a los efectos de la globalización y, en ese contexto, se ha utilizado para abordar temáticas tales como las transformaciones socioeconómicas de los territorios, las políticas públicas, las nuevas formas de gobernanza urbana, la desintegración social y la desarticulación urbana, entre otras (Prévôt-Schapira y Cattaneo Pineda, 2008). El presente artículo se enfoca en el problema de la desarticulación urbana desde un enfoque semiótico y sociohistórico de la ciudad, y plantea que la fragmentación de las grandes ciudades de América Latina es una característica sociocultural -y no una anomalía o irregularidad- cuyo origen es previo a la introducción y aplicación de políticas neoliberales desde los años 80 en la región1.
En este sentido, el objetivo principal fue presentar las raíces del fenómeno de la fragmentación espacial para reenfocar de forma crítica caracterizaciones recientes del espacio metropolitano en las grandes ciudades latinoamericanas. Para ello, este artículo se centró en el periodo comprendido entre los años 40 y 70 del siglo XX en la ciudad de Bogotá, se identificaron las principales contradicciones socioespaciales y se expusieron los efectos de tales contradicciones en la estructura urbana de la capital colombiana durante ese periodo.
El principal argumento consistió en que entre los años 40 y 70 del siglo XX se desenvolvió espacialmente la crisis de la centralidad urbana de Bogotá. Durante estas tres décadas, se apreciaron fuertes contradicciones socioespaciales relacionadas con el esfuerzo de La Hacienda por mantenerse como la estructura asociativa dominante tras el proceso de modernización desarrollado durante la llamada Revolución en Marcha en la década de los años 30. La Hacienda se refiere acá a una estructura asociativa comunitaria que rige las relaciones sociales a partir del ejercicio de una hegemonía espacial. Hegemonía con la cual se retiene el predominio cultural y político de ciertos actores sobre la base de un consenso, para el cual era fundamental la presencia de ciertos signos urbanos en la ciudad2. En este sentido, se observó, en medio de un periodo de violencia intenso, la aplicación conflictiva de estrategias direccionadas a modernizar el centro de Bogotá y, al mismo tiempo, ratificarlo como el principal núcleo de poder del país. Esto sin comprometer relaciones sociopolíticas tradicionales ni sus respectivas representaciones en el espacio urbano.
Al término de este periodo, el resultado fue una nueva estructura urbana caracterizada por una fragmentación espacial que incluyó: 1) un fuerte antagonismo entre signos espaciales seculares y sagrados; 2) la yuxtaposición de subcentros que concentran y simbolizan las prácticas del intercambio, la religiosidad y el ejercicio del poder político; y 3) una fuerte polarización social, funcional y simbólica del territorio urbano. Estas características definieron las pautas de fragmentación espacial que se profundizaron con las políticas de desregulación del uso del suelo en las décadas posteriores.
El artículo concluyó que la fragmentación no fue un proceso reciente introducido por la desregulación neoliberal del suelo, sino que tuvo su origen en un proyecto modernizador excluyente. La materialización de dicha modernización a través de diferentes estrategias urbanas reveló las grandes contradicciones de un proyecto que, aunque hacía referencia a la masificación del acceso a la ciudad, desde su inicio beneficiaba a una minoría y solo transformó algunas áreas de la vida cotidiana. Esto sin poner en riesgo la espacialidad y la continuidad de valores tradicionales que eran útiles al grupo en el poder como la lealtad policlasista, la obediencia, etc. Como resultado, al final de la década de 1970, se apreció una estructura paradójica, es decir, un centro que vinculaba de forma fragmentaria diferentes nodos caracterizados por rasgos espaciales afines a la iconografía del poder. La ambigua jerarquía socioespacial de este centro orientó el siguiente periodo de desarrollo de la ciudad caracterizado por la desregulación y el agudizamiento de la fragmentación urbana.
El artículo aporta elementos para el estudio de otros centros urbanos en Latinoamérica y, en paralelo, replanteó generalizaciones hechas en décadas anteriores a partir de principios de análisis propios de la ecología humana (Bähr y Mertins, 1995; Borsdorf, 2002 y Janoschka, 2002). Particularmente, se podrían generar comparaciones entre ciudades donde fueron exitosas las formas de asociación de la encomienda y la hacienda, y sus contradicciones socioespaciales, y observar las variaciones en su historia, por ejemplo, en referencia al manejo diferenciado de las crisis urbanas.
La identificación y caracterización del Centro Modernizador de La Hacienda de Bogotá fue el resultado de una reconstrucción histórico-semiótica que implicó la comprensión de procesos de producción y de asignación de sentido a elementos estructurantes de la ciudad de Bogotá. Se analizaron fuentes secundarias y primarias, aplicando los conceptos de centralidad urbana premoderna, moderna y posmoderna (nociones asociadas al dualismo de comunidad y sociedad), así como una tríada analítica elaborada a partir de las contribuciones de Gottdiener (1986), Harvey (1989), Lefebvre (1991) y Hassenpflug (2010). Esta tríada está compuesta por las categorías de signos espaciales, prácticas espaciales y representaciones del espacio. Los signos espaciales se refieren a elementos urbanos significantes que denotan, ya sea de forma icónica, indicial o simbólica un significado que está abierto a la interpretación por los diferentes actores individuales y colectivos de la sociedad. Las prácticas espaciales tienen que ver con usos empíricos cotidianos del espacio que se analizan a través de las subcategorías de la organización y el trabajo en red, el mantenimiento de flujos, el (des)uso de espacios, el control y las representaciones mentales del espacio. Finalmente, la dimensión conceptual de la significación se aborda a través de las representaciones del espacio, las cuales son connotaciones intersubjetivas que buscan controlar el espacio en general a través de discursos y códigos diversos producidos desde ámbitos privilegiados de la sociedad.
Principalmente, se desarrollaron observaciones en campo, se articularon textos clásicos de cultura urbana latinoamericana (Romero, 2004 y Rama, 2004), historia social y crítica literaria colombiana (Guillén, 1979; Misas, 2002 y Neira 2004), así como fuentes diversas (por ejemplo: memorias, discursos, normativas y planes oficiales) acerca de procesos y transformaciones urbanas en Bogotá desde el siglo XVI hasta los años 70 del siglo XX. Además, se hizo una observación o lectura de los espacios físicos entendidos como detonantes de significado. Finalmente, se realizaron diagramas para sintetizar el análisis, metodología tomada de la práctica del diseño urbano.
Esta estrategia teórico-metodológica permitió hacer énfasis en la dimensión comunicativa del espacio y la atribución de sentido, al tiempo que identificó relaciones entre fragmentos urbanos, esto es, elementos que a nivel funcional o morfológico parecen inconexos o arbitrarios, pero que a nivel semiótico permiten conocer la estructura socioespacial y los consensos que las sostienen. La reconstrucción histórico-semiótica implicó la comprensión de procesos de producción y de asignación de sentido a elementos estructurantes de la ciudad de Bogotá en el periodo 1940-1970.
Contradicciones socioespaciales fundantes de la fragmentación espacial en el caso de Bogotá
El concepto de La Hacienda retomado en este análisis espacial partió de la recuperación que realizó Guillén (1979) de los principios teóricos de Ferdinand Tõnnies y Max Weber, particularmente los tipos ideales de comunidad y sociedad. En este binomio, el concepto de La Hacienda se refiere a una forma comunitaria de relaciones sociales que emerge tras la crisis de La Encomienda luego de una revolución demográfica que incluyó un proceso de transculturación entre los siglos XVII y XVIII, pero que no implicó ningún tipo de "cambio tecnológico abrupto o uso capitalista del plusvalor" (Guillén, 1979, p. 134). Este fenómeno se inscribió en la formación de una nueva sociedad criolla en América Latina que, de acuerdo con Romero (2004), coincidió con la difusión del mercantilismo en la región y la subsecuente formación de elites enraizadas en el subcontinente.
El pasaje de La Encomienda a La Hacienda se asocia también al hecho de que, a mediados del siglo XVII, la reducción de la población indígena afectó la capacidad de recolección de tributos y, por lo tanto, la forma de vida ociosa de la nobleza hispánica. Esta situación trajo aparejada una fuerte presión social sobre la propiedad de la tierra. La tierra no era solo un elemento esencial para la supervivencia de la mayoría de la población, también constituía un elemento clave para lograr la emancipación de las diferentes formas de subyugación propias de La Encomienda debido a sus características semióticas. En otras palabras, la propiedad de la tierra en la sociedad ibérica significaba 'grandeza', 'pureza de sangre' y 'prestigio y poder social' al tiempo que permitía la reproducción de valores nobles. Así mismo, fue posible la captura de los cabildos por los antiguos encomenderos lo que les facilitó obtener títulos sobre tierra rural vacante u ocupada por nativos y controlar el producto del trabajo de la nueva población 'libre'. Así, emergieron grandes terratenientes o hacendados que mantenían relaciones paternalistas con aparceros forzados a proveerles una amplia gama de servicios, relación poco distante de La Encomienda.
La estructura de La Hacienda fue exitosa para dirigir y limitar la movilidad social por medio del control social y político y, de esta manera, impidió el desarrollo de estructuras asociativas alternativas como las de comerciantes y artesanos. Cabe destacar que, en Colombia, a pesar de las guerras civiles y transformaciones políticas, esta forma de asociación se mantuvo a lo largo del siglo XIX.
En las primeras décadas del siglo XX, emergieron fuerzas asociativas divergentes frente a las cuales el grupo en el poder reelaboró el proceso de "socialización controlada" (Guillén, 1979) por medio de la captura de dichas fuerzas a fin de evitar la lucha social y mantener los valores y relaciones sociales que históricamente caracterizaron a La Hacienda como la obediencia, el conformismo, las estructuras jerárquicas de parentesco y la retórica del autoritarismo en un contexto en el que emergía el proteccionismo de la industria colombiana. De esta manera, se estableció una coalición política de figuras liberales moderadas como Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo para hacer frente a la actividad sindical y responder al miedo que tenían los hacendados de confrontar las demandas de quienes retornaban de la ciudad al campo. Hecho que, de acuerdo con Guillén (1979), se tradujo en el diseño y aplicación de reformas urbanas y rurales que no amenazaban el statu quo.
Estos procesos se evidenciaron a través de ciertos ajustes y la conservación de características tradicionales del espacio urbano de Bogotá. En este sentido, es importante señalar que, esto tuvo lugar tras evitar en los años 20 la inclusión de nueva población por medio de una implementación incompleta o prácticamente una total omisión de planes de expansión urbana, particularmente como ocurrió con el plan Bogotá Futuro. Luego, se realizaron algunas concesiones socioterritoriales durante la llamada Revolución en Marcha en la década de los 30, como por ejemplo, la construcción fragmentaria de vivienda obrera y la construcción de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros. En los años más intensos de La Revolución en Marcha, se identificaron tres aspectos con respecto a esta tendencia en la planificación urbana. Primero, hubo una concesión parcial de derechos a trabajadores y empleados para quienes se constituyeron espacios urbanos socialmente homogéneos llamados barrios obreros y casas para empleados, separados entre sí y apartados de los nacientes barrios residenciales de las clases altas. Segundo, surgió una clara distinción de prácticas espaciales colectivas, particularmente con la separación de espacios destinados a la política y la religiosidad de aquellos destinados a las actividades comerciales vinculadas a la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Esta separación morfológica, funcional y de ubicación aseguró el mantenimiento de la jerarquía semiótica y la aparente pureza de los espacios de la política y la religiosidad. Esta configuración se observa en la yuxtaposición de la Plaza de Bolívar y el nuevo nodo que emergió en el cruce de la Avenida Jiménez y la Carrera Séptima. Una superposición hipotética de las prácticas religiosas, políticas y comerciales podría haber amenazado el código del principal signo espacial de La Hacienda: La Plaza de Bolívar (antigua plaza de armas). Tercero, se ratificaron los principales signos espaciales de La Hacienda y su organización jerárquica en relación con nuevos tipos de significantes urbanos. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional y el campus de la Universidad Nacional de Colombia estuvieron caracterizados por una estética moderna y fueron ubicados en posiciones periféricas y aisladas. En paralelo, se desestimaron los planes urbanos desarrollados por Karl Brunner quien, de acuerdo con Hofer (2003), buscaba remover el 'aura noble' de la ciudad. Por ejemplo, el proyecto del eje Nueva Avenida Central de 1935 proponía una nueva jerarquía en el acceso a la plaza que amenazaba la predominancia visual de La Catedral, ya que relacionaba un significante de democracia (Capitolio Nacional) con un significante de poder regional (el edificio de la Gobernación de Cundinamarca). Esto hubiera configurado un nuevo signo urbano, pero ¡el espacio de representación del poder político de La Hacienda era sagrado e intocable! (figura 1).
Fuente. Proyectar Hábitat (2021) con base en planos del archivo personal de Konrad Brunner, citados en Hofer (2003).
Figura 1 Plan Nueva Avenida Central de 19 35
En resumen, este periodo de transición se caracterizó por una relación particular entre la concentración espacial en el centro de la ciudad y la especialización hacia la periferia. Mientras se permitió una mayor densidad en el centro de la ciudad, donde se mantuvo el código de la centralidad urbana tradicional, la periferia se configuró por medio de la planificación y construcción de, por un lado, barrios residenciales, social y espacialmente segregados y, por otro, referentes de modernización cultural como la Biblioteca Nacional y la Universidad Nacional de Colombia.
Efectos socioespaciales en la estructura urbana de Bogotá
A partir de los años 40, la élite tradicional en el poder identificó como una gran amenaza las transformaciones generadas durante el breve periodo de la Revolución en Marcha y decidió hacer una especie de pausa. Esto implicó la necesidad de capturar las fuerzas sociales divergentes lideradas principalmente por los sindicatos dentro de los partidos políticos tradicionales paternalistas (Guillén, 1979). Además, se requirió reconocer y hacer alianzas con las nuevas asociaciones socioeconómicas y culturales (por ejemplo: la Asociación Bancaria, Asociación Nacional de Industrias, Sociedad Colombiana de Arquitectos, etc.) en un contexto de restitución socioespacial de la autoridad.
Tal restitución incluyó al mundo rural y urbano. Por un lado, se desarrolló una contrarreforma agraria que buscó restablecer la aparcería y lograr el aplazamiento (indefinido) del traspaso de tierras vacantes o no cultivadas al Estado (Guillén, 1979). En cuanto al mundo urbano, se concibieron acciones de renovación urbana, entre las cuales llamaron especialmente la atención las llevadas a cabo en el centro de Bogotá. Este espacio central apareció como un área estratégica a través de la cual se podían cumplir dos objetivos interrelacionados: primero, la representación en el centro sociopolítico de la nación de las nuevas asociaciones vinculadas desde su conformación a las élites políticas tradicionales y, segundo, la restitución social y simbólica de la "autoridad afectada" de la ciudad debido a la promoción del desorden en la vida urbana y a las "agitaciones sindicales" de los últimos años (las frases entre comillas fueron tomadas de El Tiempo, 1945, citado en Niño y Reina, 2010, p. 60). Se buscaba lograr tales objetivos mediante la planeación y construcción de un tipo de Central Business District (CBD) que se denominó en este trabajo como CBD-político. A diferencia del CBD-empírico, mencionado más adelante, en el cual el sector privado dinamizaba el proceso, el CBD-político era un espacio central planificado por el Estado, concebido para introducir funcional y simbólicamente en el espacio urbano a los nuevos monopolios.
La principal característica del proyecto del CBD-político en Bogotá, a diferencia de los planes encargados a Le Corbusier, Wiener y Sert en años posteriores, fue modernizar el centro de la ciudad sin comprometer los espacios de representación del poder político tradicional de La Hacienda. Promovido y diseñado por actores locales, el CBD-político fue proyectado como una avenida enmarcada por edificios de uso mixto de 12 pisos de altura que atravesaba de norte a sur el centro de la ciudad, sin tocar o alterar la Plaza de Bolívar. Este esquema general cumplía propósitos funcionales y semióticos. Mientras se introducía la axialidad como recurso iconográfico de poder y autoridad, se resolvía también el problema de accesibilidad al centro de la ciudad. Dicha acción de renovación demandó la demolición de varios mercados (incluyendo la Plaza de Mercado Central), los cuales eran importantes lugares de encuentro de diversos actores como campesinos inmigrantes, trabajadores por cuenta propia, rebuscadores, estudiantes, artistas, poetas, excombatientes de guerras civiles además de cantantes bohemios y rebeldes; espacios comerciales acusados por las autoridades de promover "la sedición, el crimen y el desorden" (Calvo Isaza, citado en Neira, 2004, p. 224) y connotados oficialmente como espacios de reunión de "actividades ilícitas de elementos antisociales" (Proyecto de Acuerdo 274, 1948, sancionado como Acuerdo 6, 1949, citados en Niño y Reina, 2010, p. 83).
La figura 2 muestra el plan ideal del CBD-político, elaborado para esta investigación a partir de descripciones y textos de la época. Esta ilustración muestra la principal avenida planificada (conocida como la Carrera Décima en Bogotá), que pasaba a dos cuadras de la Plaza de Bolívar. Se incluía una ligera ampliación de un par de calles del damero original de la ciudad en sentido este-oeste para conectar ambos espacios. De esta manera, más que una reestructuración espacial, el CBD-político bogotano implicaba una 'modernización' de la traza noble, que no afectaba la base semiótica del espacio central heredado de la colonia. Sin embargo, la materialización de este proyecto terminó por espacializar las fuertes contradicciones socioculturales y políticas, y, entre los años 40 y 70 la centralidad urbana de Bogotá se transformó en una entidad fragmentada que orientó el desarrollo posterior de la ciudad bajo un fuerte esquema de liberalización de los usos del suelo, como se explicará enseguida.
Fuente. Elaboración propia con base en descripciones del proyecto.
Figura 2 Plan ideal del CBD-político
El primer factor de fragmentación de la estructura urbana tuvo que ver con representaciones del espacio disímiles, las cuales derivaron en el reforzamiento de la oposición entre espacios seculares y sagrados de la ciudad. Particularmente, las diferencias en las connotaciones de actores privilegiados de la política y la cultura, sobre los espacios afectados por la construcción del proyecto, impactaron los ritmos y fases de construcción del CBD-político. Los espacios identificados como populares, rebeldes, desordenados y potencialmente insurreccionales (por ejemplo: el Mercado Central, de gran valor estético y arquitectónico, y la Plaza de las Nieves) sucumbieron rápidamente al deseo de mantener la trayectoria lineal de la avenida central del CBD-político. Esta avenida perdió, en su momento, su estricta linealidad para evitar la demolición de recientes inversiones inmobiliarias hechas por la familia del presidente Mariano Ospina Pérez (Niño y Reina, 2010). Entre tanto, asociaciones sociales de élite (como la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá) y medios de comunicación cuestionaron fuertemente la demolición de edificios religiosos, particularmente los localizados en proximidad a la Plaza de Bolívar como la Iglesia de Santa Inés. Esta situación afectó los trabajos de demolición y construcción de los edificios modernos en proximidad a los principales significantes del poder político-religioso de La Hacienda. Por el contrario, el sector norte del proyecto presentó un dinamismo particular, el cual aseguraba de forma pronta la accesibilidad al centro de la ciudad desde los barrios residenciales de la élite.
Así, mientras se llevaban a cabo debates intensos entre la administración de la ciudad y las asociaciones cívico-religiosas sobre la demolición de la iglesia de Santa Inés (Niño y Reina, 2010), en el sector norte del proyecto ya se empezaban a localizar las sedes de las asociaciones vinculadas al modelo de ISI, liderado por la estructura política tradicional de La Hacienda.
De este modo, entre 1951 y 1974, se localizaron en el sector Norte del CBD-político las sedes de la Acción Cultural Popular-para la educación integral y cristiana del pueblo (ACPO); la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol); Seguros Bolívar; el Banco de Bogotá; entre otros (Niño y Reina, 2010). Entre tanto, el sector central (en proximidad a la Plaza de Bolívar) y el sector sur del CBD-político se caracterizaba por una imagen de demolición masiva y construcción parcial flanqueada por construcciones tradicionales en adobe.
Sumada a esta división entre el norte y el sur del proyecto, planificadores locales concibieron el CBD-político como un eje urbano con dos polos diferenciados. Mientras el polo norte debía incluir un hotel internacional (Hotel Tequendama) en el área conocida como San Diego, el polo sur debía estar caracterizado por un hospital moderno para proveer servicios médicos para "los pobres del sur" (Niño y Reina, 2010). Por ello, el proyecto adquirió un sentido instrumental muy fuerte. Mientras el sector norte tenía la función de alojar las instituciones y servicios necesarios para apoyar el modelo de industrialización, los servicios del sur neutralizaban la posibilidad de conflictos y levantamientos sociales en un periodo particularmente violento y álgido en el país.
De forma simultánea al desarrollo de este proyecto urbano, la élite colombiana buscó el apoyo de figuras internacionales reconocidas en el marco de la integración de la nación al llamado mundo civilizado. Para ello, a principios de los años 50, se contrató a Le Corbusier y a Wiener y Sert como consultores urbanos. Estos prestigiosos consultores validaron la conexión lineal de los espacios centrales, configurados alrededor de La Plaza de Bolívar, la Avenida Jiménez y San Diego a fin de constituir un Centro Cívico. Se debe entender el Centro Cívico como una estrategia para resolver la quinta función urbana olvidada en la Carta de Atenas, es decir, la valoración de la historia y su representación. Además, estos consultores sostenían que este tipo de centro actuaría como un nodo de profundas relaciones cívicas y comunicaría valores libertarios en favor de la democracia (declaraciones de Le Corbusier y Sert citadas en Hernández, 2004). Para ello, proponían redefinir morfológicamente la Plaza de Bolívar, resaltando la presencia del Capitolio e incluyendo en sus bordes edificios de organizaciones sindicales y edificios administrativos de gran altura. No obstante, no cuestionaban la concentración de instituciones sacras y seculares en un único R espacio heredado del proyecto homogeneiza-dor de la colonia.
Paradójicamente, estos planes fueron fuertemente cuestionados por quienes originalmente sugirieron convocar a los consultores, entre ellos estaban la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Revista Proa, los medios y expertos locales (Castillo Daza, 2003 y Hernández, 2004). Aunque se reconocía la idea de desarrollar un núcleo gubernamental fuerte en el centro de la ciudad; nuevamente, se dudaba acerca de la intención de recodificar el espacio original de la Plaza de Bolívar. Se vinculaba directamente la "conservación de la tradición" con "el respeto del centro existente de la ciudad" (Niño, 1991; Niño y Reina, 2010).
Frente al rechazo del proyecto del Centro Cívico se decidió construir un Centro Administrativo Nacional (CAN) alejado de la zona más densa de la ciudad. Esta ubicación se justificó como una protección contra posibles ataques adicionales al poder después del Bogotazo (Niño, 1991). Nuevamente se contrataron firmas internacionales cuyas propuestas fueron desechadas. Sin embargo, como puede observarse en los planes de expansión de la época, el proyecto fue finalmente desarrollado de manera fragmentaria junto con una red de autopistas semicirculares, la cual abrió la posibilidad de materializar una expansión zonificada afín al rápido crecimiento demográfico y la alta concentración de la propiedad de la tierra en la periferia de la ciudad. A su vez, este desarrollo respondía a los requerimientos del Banco Mundial. Institución que, de la mano de Lauchin Currie, influenció durante los siguientes veinte años las políticas económicas y urbanas de Bogotá, bajo la idea de que la ciudad es un medio para lograr el crecimiento económico y superar el subdesarrollo (Niño, 1991 y Saldarriaga, 2006).
Como resultado, la construcción del CAN liberó el centro de la ciudad de la necesidad de concentrar un gran número de instituciones públicas y de introducir códigos modernos intrusos en el centro tradicional. En segundo lugar, configuró un nuevo eje este-oeste marcado por la nueva autopista Avenida El Dorado que conectaba el área de San Diego, el CAN y el nuevo aeropuerto inaugurado en 1959.
Desde el punto de vista de las élites económicas emergentes, el área de San Diego adquirió un rol clave en estos años y fue redenominada como el Centro Internacional, ya que ganó accesibilidad desde varios puntos cardinales y obtuvo un creciente valor simbólico relacionado a la construcción y uso intensivo del Hotel Tequendama. A esto se sumó la ubicación de importantes edificios empresariales asociados a la ISI en este sector. El área de San Diego también fue atractiva para la dictadura de Rojas Pinilla, quien promulgó un Plan Nacional de Obras Públicas más flexible y de corto plazo.
A pesar de las disposiciones legales de contención urbana desarrolladas en planes maestros generales como el Plan Regulador, este periodo se caracterizó por la presencia de actores inmobiliarios que comenzaron a operar con crecientes privilegios y la liberalización de facto del uso del suelo urbano3. A su vez, el Plan Nacional de Rojas Pinilla superó los límites establecidos por el Plan Regulador y funcionó como un instrumento propagandístico clave para mostrar la eficacia del régimen para superar la crisis socioeconómica de principios de la década de 1950 (Cortés, 2007).
El Centro Internacional puede ser interpretado como un CBD-empírico4 configurado por las acciones de diversos actores públicos y privados que, de acuerdo con Jaramillo (2012) terminaron influenciando un gran cambio en la ubicación de los lotes más costosos en la ciudad. Estos actores adoptaron la verticalidad como una forma de representar el poder en el paisaje urbano. El Centro Internacional también puede ser reconocido como un fragmento de la configuración de la centralidad urbana de Bogotá. Este fragmento altera profundamente la jerarquía espacial de la ciudad y difiere notablemente, en términos funcionales, espaciales y estéticos de la Plaza de Bolívar, la Avenida Jiménez y el CBD-político.
Simultáneamente a la configuración de los nuevos subcentros (el CBD-político, el naciente CAN y el Centro Internacional), se procedió a reforzar el código histórico de la ciudad noble, es decir, la traza cuadrangular, la horizontalidad secular, las acentuaciones verticales asociadas a lo sagrado, la simetría, entre otros. A fin de apropiarse del pasado y presente político de la Plaza de Bolívar se propuso un concurso para su rediseño. Se promovieron algunos cambios en la plaza sin transformar su austeridad y monumentalidad históricas. El proyecto ganador fue rápidamente desarrollado y seguido de una serie de intervenciones y concursos que permitieron la localización de edificios institucionales claves sobre la plaza o en proximidad a ella como el Palacio de Justicia y la ampliación del Palacio Presidencial que incluyó una nueva plaza de armas detrás del Capitolio. De esta forma, se mantuvieron los principales espacios de poder en el centro tradicional bajo las preferencias estéticas heredadas de la élite del siglo XIX en las que el poder secular no compite con los íconos de la religiosidad (La Catedral y los cerros de Monserrate y Guadalupe). Así, se limitó la jerarquía espacial del CAN y se reforzó el eje norte-sur como organizador de los principales referentes del poder político-religioso de La Hacienda.
Hacia el final de los años 70, la antigua configuración definida por el centro tradicional fue reemplazada por una nueva estructura que se denominó el Centro Modernizador de La Hacienda. Centro caracterizado por una fragmentación espacial, cuyo principal rasgo es la oposición entre signos urbanos seculares y sagrados (figura 3). La nueva jerarquía espacial y visual del Centro Internacional y del CBD-político se despliega simultáneamente con el reforzamiento funcional y semiótico del área de la Plaza de Bolívar. Cada subcentro ilustrado en la figura 3 tiene una fuerte jerarquía espacial, pero ninguno se constituye como el centro social, espacial y topográfico de la ciudad. Mientras que las características morfológicas del área de La Plaza de Bolívar se refieren a prácticas político-religiosas vigentes, el área del Centro Internacional, con su fuerte verticalidad, expresa cada vez más la importancia social de actividades comerciales y la autoridad de nuevos actores de élite. Esta transformación incluyó el reemplazo del eje oriente-occidente tradicional por uno nuevo que desplazó hacia el norte la jerarquía espacial y simbólica de la ciudad. Sin embargo, esta configuración ambigua entre jerarquía y representatividad de signos urbanos tradicionales-sacros y modernos-seculares aparece estabilizada por un tercer elemento: los cerros de Monserrate y Guadalupe. Los cuales dominan visualmente el área fundacional y el Centro Internacional. Ambos cerros pueden ser entendidos como un fuerte signo icónico que afecta el significado de la estructura urbana. De esta manera, las prácticas religiosas y su fuerza semiótica tienden a dominar visualmente el paisaje urbano caracterizado por una polarización social, funcional y simbólica que pautó el desarrollo fragmentario de la ciudad bajo las políticas de desregulación urbana aplicadas a partir de los años 80.
Conclusiones
El proceso de fragmentación del espacio urbano de Bogotá tuvo origen en un proyecto de modernización socioespacial selectivo y elitista. Este proyecto implicó estrategias como la introducción de nuevos tipos de "centro" como los CBD o los llamados Centros Cívicos, así como la adopción de principios funcionalistas para la expansión de la ciudad. La materialización segmentada de tales estrategias reveló las grandes contradicciones de la doble intencionalidad de la élite de La Hacienda de modernizar solo a un reducido grupo de la sociedad y algunas áreas de la vida cotidiana y, al mismo tiempo, mantener valores comunitarios históricos (como lealtades policlasistas, sistemas de obediencia y socialización controlada, etc.) y su espacialidad. Este aspecto se ratificó cuando, a finales de los años 70, se dio una conjunción de diversos elementos y espacios urbanos los cuales terminaron por configurar lo que llamamos el Centro Modernizador de La Hacienda, esto es, una estructura que aglomeró fragmentariamente diferentes espacios y convenciones relativas a la iconografía del poder (por ejemplo: gran altura, verticalidad, linealidad, concentricidad, etc.) oponiendo signos nobles y modernos (como el actual centro histórico y el área conocida como el Centro Internacional). Esta oposición implicó una jerarquía socioespacial ambigua compuesta por un poder político-religioso perenne y un poder económico monopolista creciente de élites industriales y financieras; jerarquía que orientó la fase posterior de desarrollo de la ciudad (años 80 hasta el presente) caracterizada por procesos de desregulación espacial y la profundización de la fragmentación socioespacial.
Este abordaje histórico-semiótico puede aportar al nuevo foro de "reflexión a escala latinoamericana" (Gorelik y Areas Peixoto, 2016, p. 18). En particular, se plantearon metodologías de análisis que permiten establecer puentes, ya no en los términos positivistas de la teoría de la modernización y la Escuela de Chicago, sino en el análisis crítico de prácticas espaciales como las de La Hacienda y sus efectos en la configuración de espacios urbanos significativos. Esto incluyó la identificación de las diferentes estrategias espaciales de élites y otros grupos en pugna para adaptar funcional, estética y semióticamente el espacio urbano a las crisis de cada periodo histórico.
