Introducción

El conflicto armado en Colombia remonta sus raíces a las luchas campesinas y a la necesidad de una reforma agraria; desde entonces, la historia del país ha estado marcada por millones de víctimas, muertes, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En particular, durante la década del noventa, la violencia alcanzada por la multiplicidad de actores que intervinieron en el conflicto llevó a considerar que Colombia era un caso de Estado fallido, incapaz de garantizar la seguridad territorial, jurídica y de su población.

Las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC se adelantaron en medio del conflicto armado y se intentaba avanzar a pesar de los fracasos del fallido proceso para la terminación del conflicto adelantado bajo el gobierno de Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán. El proceso de 2012 contó con unos negociadores de impronta más política que militar por parte de las FARC, se establecieron sedes de negociación en Noruega y Cuba, y se ofreció por primera vez la posibilidad de que las victimas tuvieran voz.

De esta manera, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera abrió la posibilidad de alcanzar un desarrollo económico con justicia social y la ampliación de la democracia. Asimismo, se fijaron nuevas líneas de discusión que apuntaban a las condiciones sociales, culturales e institucionales para la construcción de paz, a la reintegración de los actores del conflicto y al cumplimiento de las obligaciones del Estado y sus fines constitucionales.

Uno de los cuestionamientos que surgió de la firma del Acuerdo Final fue acerca del papel de las Fuerzas Armadas y su rol una vez superado el conflicto armado, ya que la experiencia internacional había evidenciado la reducción significativa de su tamaño en condiciones de paz. En el caso de Guatemala, donde los acuerdos de 1996 pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno, los miembros de las Fuerzas Armadas pasaron de 63 000 efectivos a 31 000 entre 1992 y 1993; esa tendencia de reducción se mantuvo hasta 2015, cuando llegaron a 24 000 hombres.

En Colombia, la firma del Acuerdo coincidió con una disminución en el tamaño del pie de fuerza, sin incluir la Policía, que pasó de 288 256 integrantes en 2013 a 248 581 en el año 2017, lo que significó una reducción de 39 675 soldados. Esta cifra despertó la inquietud de sectores políticos y militares, quienes atribuyeron el fenómeno, entre otras, al lema acuñado por el entonces presidente Juan Manuel Santos: "¿Estaría dispuesto a enviar a sus hijos a la guerra?", con el propósito de ambientar el proceso de paz con las FARC; a la prohibición de las batidas con fines de reclutamiento militar.

La reducción de las Fuerzas Armadas se presentaba como una consecuencia del servicio militar diferenciado que en la derogada Ley 48 de 1993 establecía la prestación del servicio de dieciocho a veinticuatro meses como soldado regular, doce meses como soldado bachiller y de doce a dieciocho meses como soldado campesino, y una remuneración de no más de 90 000 pesos al mes. Sin embargo, esta reducción se interpretó como una nueva realidad en la que se eliminaría la confrontación armada y con ello se disminuiría el presupuesto para el sector militar, lo que traería dificultades para el mantenimiento de los equipos de combate, la modernización de las fuerzas y el sostenimiento de sus miembros.

Ante esta situación, surgió la necesidad de buscar alternativas para la sostenibilidad de estas, de tal forma que garantizara no solo la conservación de sus equipos, sino también la estabilidad laboral de su personal, ya que podría verse obligado a migrar hacia otras actividades y se perdería la alta inversión en capacitación y equipos que durante años ha hecho el país, así como el liderazgo y la experiencia regional y mundial.

Una de las mejores opciones son las operaciones de paz de la ONU, por medio de las cuales se podrían mejorar ostensiblemente las condiciones económicas de soldados, suboficiales y oficiales, obtener el presupuesto requerido y mantener fortalecidos los vínculos entre las autoridades civiles y militares que, desde 1958, han sido un ejemplo para la región y el mundo. En escenarios conflictivos, las operaciones de paz son llevadas a cabo por fuerzas militares de los Estados miembros de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diversas partes del planeta.

Esta labor empezó a gestarse a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, pero fue después de la Guerra Fría, en el año 1989, cuando surgieron conflictos internos en muchos países de la periferia, cuyos aparatos políticos o autoridades gubernamentales habían colapsado o no contaban con los medios suficientes para ejercer la autoridad en sus territorios. Este fenómeno incrementó crisis humanitarias, desplazamientos forzados y violación continua de los derechos humanos de las poblaciones.

La participación de las fuerzas militares de Colombia en misiones de paz lideradas por los cascos azules de la ONU sería una oportunidad para que sus miembros muestren su profesionalidad, formación y experiencia en manejo de conflictos armados internos, ya que han pasado por un largo enfrentamiento con las guerrillas, ejércitos privados dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal, fuerzas paramilitares y delincuencia común. Las fuerzas armadas colombianas han desarrollado tecnología para enfrentar disputas de baja intensidad, así como capacidades logísticas y operativas relacionadas con asistencia humanitaria, brigadas de salud, recreativas y escolares y para hacer presencia institucional en donde al Estado le era imposible llegar con su aparato administrativo.

Por tanto, son fuerzas con una gran experiencia para enfrentar conflictos internos que se caracterizan por ser volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, mientras que los cascos azules han tenido que afrontar amenazas convencionales, no convencionales e híbridas. Una vez empiece la intervención de Colombia en las operaciones de paz será necesario implementar un proceso de evaluación y seguimiento de los efectos del control de la autoridad civil sobre los sectores militar y burocrático de la política de defensa, el profesionalismo militar y la civilización de las fuerzas armadas.

En este contexto, el propósito del presente artículo es determinar las oportu nidades de las fuerzas militares de Colombia para participar en operaciones de mantenimiento de paz de la Organización de las Naciones Unidas y plantear líneas de su comprensión que permitan su participación después de firmado el Acuerdo de Paz en 2016.

En coherencia con lo anterior, se establecerán los posibles efectos de tal partici pación a partir de las experiencias de otros países. Además, se identificarán las características de las fuerzas militares que favorecen su ingreso a las operaciones de paz de la ONU, dados los beneficios de dicha incorporación. Por último, se propondrán las líneas de comprensión que permitan llevarlo a cabo.

1. Elementos para la comprensión de las misiones de paz

Las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU tienen su origen en la Guerra Fría. Sin embargo, sus antecedentes se remontan a la creación de la Sociedad de las Naciones, en 1919 y considerada el antecedente inmediato de la Organización de las Naciones Unidas (1945). Los catorce puntos de Woodrow Wilson, de 1918, motivaron la propuesta de un orden internacional basado en la cooperación y una estructura internacional universal en la que participara la mayor cantidad de Estados, mediante la cual fuera posible la verificación de los compromisos de las naciones. De esta manera, la Sociedad de las Naciones se estableció en 1919, en virtud del Tratado de Versalles, con los propósitos de promover la cooperación internacional y alcanzar la paz y la seguridad.

Pero fue solo en 1941 que Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt firmaron la Carta del Atlántico, una declaración en la que se concretaban los principios comunes de política que habrían de seguirse en aras de evitar las pretensiones expansionistas, acatar la voluntad de los pueblos, la libertad de los mares y la necesidad del desarme. Así, en la Carta del Atlántico se "perfilaba la necesidad de crear una nueva organización internacional que sustituya a la Sociedad de las Naciones y asegure el mantenimiento de un nuevo orden mundial basado en el establecimiento de un sistema de seguridad más amplio y general [...j".¹

La Carta del Atlántico tenía como eje los puntos heredados de los procesos de construcción del orden internacional, como el Tratado de Westfalia (1648), la Santa Alianza y el Sistema de los Congresos (1815) y la Sociedad de las Naciones (1919), y sus principios se centraban en la expansión territorial; prohibir cambios territoriales que estén en contra de la voluntad de los pueblos; el derecho de los pueblos a escoger sus formas de gobierno y regímenes políticos; el acceso de los Estados en igualdad de condiciones al comercio, a las materias primas y a los recursos económicos necesarios para su desarrollo; la colaboración económica entre las naciones, con la finalidad de mejorar las circunstancias de trabajo y el progreso social; el establecimiento de una paz que permita a las naciones la convivencia pacífica; la libertad de navegación y comercio en los mares; la renuncia a amenazar con el uso de la fuerza ante diferendos y controversias entre los Estados y, por último, la consolidación de un sistema de seguridad colectiva.²

En 1945, con la participación de cincuenta delegaciones estatales, se celebró la Conferencia de San Francisco, que dio origen al nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas.³ El objetivo era convocar a los países reconocidos internacionalmente para resguardar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, garantizar los derechos fundamentales, instituir la protección de la justicia y el respeto a los compromisos internacionales, y promover el progreso social de los pueblos.⁴

La Carta de San Francisco volvió sobre la seguridad colectiva, elemento central de los intentos de institucionalizar las relaciones entre dichos Estados. El motivo era incentivar la cooperación internacional en los ámbitos económico, social, cultural y humanitario. La intención era promover intercambios comerciales, estrechar los lazos económicos entre los Estados y estimular la reducción gradual del proteccionismo económico para transitar hacia la liberalización de los mercados. Afirma Gilpin:

En contraste con el Tratado de Versalles, esta visión también incluyó el restablecimiento de la economía mundial abierta, liberal y multilateral que había desaparecido con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Alemania y las otras potencias derrotadas del Eje fueron, a su debido tiempo, acogidas de nuevo en el sistema y esta economía internacional universal iba a ser gobernada por varias nuevas instituciones económicas internacionales cuyos fundamentos fueron establecidos en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Estas instituciones fueron el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y posteriormente el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).⁵

En este contexto, la Resolución 200 (III) de la Asamblea General de la ONU, de 1948, estableció que la ayuda económica suministrada a los Estados en vía de desarrollo no constituiría un pretexto de injerencia económica o política por parte de la comunidad internacional. Para avanzar en este propósito, la ONU se creó con seis órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Secretaría General y la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El Consejo de Seguridad se instituyó con la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad colectiva internacional, además de conocer las reclamaciones por parte de los Estados del incumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en cuanto a tensiones limítrofes marinas, terrestres y aéreas. Es importante mencionar el papel del Consejo de Seguridad en el mantenimiento y el restablecimiento de la paz, la seguridad colectiva de los países miembros y su cooperación en la solución de problemas y conflictos internacionales, para lo cual cuenta con mecanismos de presión y sanciones en materia económica, comercial, financieras, incautación de armas e inclusive restricciones de viajes de los jefes de Estado o funcionarios de alto rango de aquellos países condenados por la comunidad internacional. Al mismo tiempo, se busca reducir los efectos de estos mecanismos que puedan perturbar a la población afectada por conflictos o guerras civiles internas e inclusive a las misiones de paz.

El Consejo de Seguridad interviene frente a las amenazas a la paz y la seguridad colectiva, en busca de la resolución pacífica del conflicto. De no conseguir una solución negociada, recurre al uso de la fuerza para cumplir los mandatos, que pueden ser sanciones económicas (bloqueos o restricciones financieras y en viajes internacionales), ruptura de las relaciones diplomáticas y acciones militares que contemplan embargos armamentísticos.

En este panorama se configuran las operaciones de mantenimiento de paz (en adelante, OMP) de la ONU, las cuales iniciaron en 1948 cuando el Consejo de Seguridad envió observadores militares al Oriente Medio. Las OMP tienen como finalidad prevenir y eliminar amenazas a la paz, evitar actos de agresión entre los Estados y la trasgresión de la armonía, y lograr por medios pacíficos, de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o el arreglo de las controversias en situaciones internacionales susceptibles de resquebrajar la concordia y la seguridad colectivas.

El Consejo de Seguridad ha establecido, en los Capítulos VI y VII de la Carta, en particular, en los artículos 40 a 42, la posibilidad de intervenir en asuntos internos cuando hay una amenaza real a la paz o una violación de los derechos contenidos en el derecho internacional humanitario. En todo caso, el uso de medidas coercitivas y, con ello, de la fuerza, solo es posible con el completo acuerdo de los miembros que componen el Consejo de Seguridad permanente, situación difícil de alcanzar. Entonces, la búsqueda de la seguridad colectiva terminó por hacerse efectiva mediante la Resolución Unión pro paz, la cual dio origen a la Asamblea General de Emergencia y a las operaciones para el mantenimiento de la paz.⁶

En este orden de ideas, las OMP fueron creadas para mediar en los procesos de cooperación y procurar salidas pacíficas a los conflictos internaciones en los ámbitos económico, social, cultural y humanitario, para lo cual desarrollan programas de promoción de respeto, aplicación y libertades de la población. La noción de "seguridad internacional" radica, entonces, en garantizar de forma universal los derechos esenciales de cualquier persona, sin distinción (creencias religiosas, género o etnia).

Las OMP están en cabeza del secretario general de la ONU y de sus delegados, pero las misiones ad hoc son dirigidas, financiadas y vigiladas por terceros países que, para asegurar el cumplimiento de las resoluciones, envían a sus fuerzas militares por solicitud del Consejo de Seguridad. Los encargados de llevar a cabo las misiones son conocidos como las fuerzas de paz o cascos azules, llamados así por el uso del tono azul claro aprobado por la Resolución 167 (II) de la Asamblea General en 1947 y su intervención debe ser aprobada por las partes en conflicto, condición que legitima el proceso.

Entonces, las finalidades de las OMP son: garantizar la seguridad colectiva de la comunidad internacional; establecer efectivamente el derecho internacional humanitario; aliviar el sufrimiento de las poblaciones, causado por conflictos armados internos, y limitar los medios y los métodos no convencionales para la realización de la guerra. Estas misiones no tienen el mandato de resolver cuestiones complicadas afines con la prevención de conflictos armados o la restitución de la paz. Su función principal, según lo acordado en la Carta de las Naciones Unidas, es mantener la paz y la seguridad internacionales.

2. Potenciales, experiencia y ventajas de las fuerzas armadas colombianas en conflictos armados irregulares

La historia de las fuerzas armadas en Colombia ha seguido el acontecer de los enfrentamientos, así como de las condiciones sociales y de los progresos, las continuidades y las rupturas propias de la formación del régimen político del país.⁷ Además, han sufrido cambios que obedecen a las transformaciones del conflicto armado interno, el conflicto bipolar en la década de los sesenta, el derrumbe de la Unión Soviética a finales de la década de 1980, las transiciones a la democracia en la región latinoamericana, los atentados del 11 de septiembre y la implementación del Plan Colombia como parte de la guerra contra el narcotráfico y la guerrilla. La ofensiva de estas coincide con el mayor descrédito de la guerrilla en los planos nacional e internacional.⁸

Entre los potenciales de las fuerzas armadas encontramos: la cooperación internacional, las misiones de paz en las que ha participado, la profesionalización de sus miembros, la experiencia adquirida en combatir una larga confrontación interna, y el trato con poblaciones afectadas por esta. Tales factores las han llevado a desarrollar capacidades para fortalecer acciones interinstitucionales y garantizar el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, elementos que las perfilan como referente en la superación de conflictos armados internos, con un rol bastante activo en el sistema internacional, la seguridad colectiva y las misiones de paz.

La conflagración de más de sesenta años, los procedimientos dados por la institucionalidad y el Estado de derecho trajeron consigo fortalezas en términos de modernización, profesionalización y conocimiento en diversos campos, que serán determinantes a la hora de participar en misiones de paz en nombre de la ONU; las dos primeras les ofrecen ventajas frente a otras instituciones castrenses de la región y del mundo y la última -el conocimiento- incluye la vinculación de las víctimas en la construcción de paz y la garantía de la legitimidad y la institucionalidad para llevar a cabo exitosamente los procesos de desmovilización y reinserción de grupos armados irregulares.⁹

La participación del país en las misiones de paz de la ONU será fundamental en la consolidación de la paz. La experiencia en garantizar los derechos humanos de la población; desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes a la vida civil; desminado humanitario; apoyo al restablecimiento de la institucionalidad; asistencia en procesos electorales y consolidación de la democracia en territorios de conflicto; la promoción de la recuperación social y económica, y el impulso del desarrollo, son una muestra de las capacidades para formar parte de las OMP.

Por otro lado, las fuerzas armadas tienen una estrecha relación cívico-militar, que ha marcado su respeto a la institucionalidad, al orden constitucional y al Estado de derecho, la cual les facilita participar en conflictos de alta complejidad en los que lo primordial es el no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato. En tal sentido, Omar Gutiérrez Valdebenito establece como fundamento para la legitimidad estatal, la institucionalidad y el orden jurídico la subordinación de los militares al poder civil.¹⁰

En este aspecto, los trabajos de Samuel Huntington abren la posibilidad de ejercer control sobre el poder militar, con el propósito de reducirlo o limitarlo en tanto resulte conveniente.¹¹ Esta perspectiva, desarrollada en las décadas de 1950 y 1960, como respuesta a los desmanes de estas contra la sociedad en conflictos internos, busca asentar, por la vía institucional, la obediencia total e incondicional del poder militar a la autoridad civil, que se cristaliza en un Gobierno legítimo que tendrá la exclusividad de la toma de decisiones sobre los asuntos de seguridad.¹²

Samuel Huntington contempla dos posibilidades: el control civil subjetivo y el control civil objetivo. Con estas condiciones, Huntington rescata la relación entre el control civil y el poder militar, de modo que las fuerzas militares se subordinen a las autoridades políticas en el marco de instituciones democráticas. El primero consiste en maximizar el poder civil sobre el militar y, el segundo, se alcanza por medio de la profesionalización de los miembros de los estamentos militares.¹³

El control civil objetivo ha caracterizado a las fuerzas armadas de Colombia. Con la profesionalización en la defensa de la institucionalidad, los derechos humanos y la garantía de los derechos de la población, entre otros, se ha procurado su neutralidad política, para reducir sus pretensiones de poder y estimular su preocupación por mantener el establecimiento estatal.¹⁴

Los anteriores potenciales y experiencias les dan la capacidad para participar en misiones de paz en conflictos armados internos, en los que la población civil se ve expuesta a crímenes de lesa humanidad y violación continua de sus derechos. Estos enfrentamientos se han desarrollado en regiones periféricas y se caracterizan por tener un contenido religioso, nacionalista o étnico.¹⁵

Las confrontaciones en el siglo XXI están marcadas por tres tendencias: i) su diversidad, pues se mezclan asuntos geopolíticos, identitarios, ideológicos, religiosos, de terrorismo fundamentalista y de organizaciones criminales internacionales; ii) al desaparecer la Unión Soviética, el orden internacional pasó de ser bipolar a ser multipolar, que se observa en la constante inestabilidad entre los Estados, todo indica que seguirán apareciendo nuevos Estados que, aunque pequeños, débiles económicamente y con poca población, serán una amenaza para las grandes potencias garantes del orden, de la paz y la seguridad colectiva, y iii) el mundo occidental, encabezado por Estados Unidos, perdió la superioridad sobre la producción de la riqueza y su capacidad económica, en un escenario fragmentado y que funciona en red, que se asienta en pequeños Estados o ciudades que impulsan el desarrollo científico-tecnológico, industrial y comercial en el mundo.¹⁶

Esta diversidad de conflictos a los que la comunidad internacional hace frente se complejiza por la aparición de economías ilegales transnacionales, la cual está relacionada con el tráfico de drogas, la minería ilegal, el mercado negro de armas, la trata de personas, etc., de donde se extraen recursos suficientes para financiar grupos armados en zonas periféricas del mundo.¹⁷

Un elemento esencial en las confrontaciones que tienen lugar en el siglo XXI es el ciberespacio, pues el mundo contemporáneo demanda una geopolítica determinada por el acceso a la información y la disposición, el despliegue y el empleo de fuerzas militares más allá de ámbitos físicos; se trata de un ejercicio enfocado en la administración y la coordinación técnica de los recursos de Internet para enfrentar las amenazas de tal escenario.¹⁸ Las amenazas que emergen de este son nebulosas, con una distribución variable, irregular e indefinida y son difíciles de atribuir. El enemigo actúa en red, no tiene centro ni frontera entre lo interior y lo exterior, por lo que su presencia suele ser indeterminada. La comunidad internacional y las misiones de paz deben estar preparadas en todo momento para afrontar amenazas inesperadas y adversarios desconocidos, en un contexto en el que las guerras tienden a ser reticulares.¹⁹

La asimetría en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación se incorpora como un componente de las relaciones entre Estados, en un escenario en el que los individuos pueden intervenir activamente en la proliferación de situaciones de crisis y profundización de conflictos armados internos. Los Estados, la comunidad internacional, las organizaciones de seguridad y las decisiones del Consejo de Seguridad han dirigido sus esfuerzos en la prevención, detección y respuesta ágil y efectiva frente a ciberataques por parte de organizaciones delincuenciales que usufructúan enfrentamientos armados en regiones periféricas.²⁰

Frente a los anteriores fenómenos es imperativo que la comunidad internacional, representada en organismos supranacionales como la ONU, cuente con fuerzas armadas capacitadas en estrategias de ciberseguridad y ciberdefensa. Lo anterior implica el desarrollo de sus capacidades y profesionalización para responder con creciente velocidad a las organizaciones que tienen el potencial de desestabilizar la comunidad internacional y la seguridad colectiva.

3. Oportunidades para la participación de las fuerzas militares de Colombia en operaciones de mantenimiento de paz

Aunque los protocolos sobre las misiones de paz se implementaron desde la misma conformación de la ONU, en el año de 1945, las formalidades sobre los procedimientos han cambiado según las transformaciones de los conflictos armados ocasionados por tensiones religiosas, problemas nacionalistas o diferencias étnicas y raciales. En parte, lo anterior se debe a que estos sobrepasan la capacidad de las misiones para atender el elevado número de muertes de la población civil, como lo sucedido en Ruanda, la antigua Yugoslavia o Sudán, entre otros, que forman parte de la tercera y la cuarta generación de las misiones de paz.²¹

En septiembre de 2015, durante la Cumbre de líderes sobre operaciones de mantenimiento de la paz, en Nueva York, la ONU manifestó la necesidad de incorporar 30 000 elementos más a las OMP y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que las fortalecería en forma progresiva, hasta con 5000 efectivos (esto, según la Organización de las Naciones en 2018).

La participación de Colombia en las operaciones de paz comporta una gran relevancia, pues permitiría utilizar las capacidades que adquirieron las fuerzas militares y la Policía Nacional durante la confrontación interna. Puede ser esta una oportunidad para enfrentar retos en materia estratégica, operacional y táctica, en áreas en las cuales se han acumulado conocimientos y capacidades derivadas de acciones diversas, que incluyen el enfrentamiento en conflictos de baja intensidad y el control de explosivos de fabricación casera o improvisados.

Además, es preciso avanzar en el conocimiento de los protocolos desarrollados por la ONU para atender y ejecutar las misiones de paz, aprender sobre nuevas confrontaciones de finales del siglo XX y principios del XXI, los cuales involucran factores identitarios y religiosos²² y comprender las condiciones culturales y sociales de los lugares donde se realizarían la misión de paz.

También se requiere formación en derecho internacional humanitario y derechos humanos, aspectos en los que las fuerzas militares en Colombia tienen una ventaja estratégica. Hay que tener presente que la finalidad del derecho internacional humanitario (DIH) y los derechos humanos (DH) es proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas, pero desde puntos de vista diferentes. Ambas normatividades protegen la vida humana, prohíben la tortura, acuerdan los derechos fundamentales de las personas en procesos penales, prohíben la discriminación por manifestaciones sexuales, religiosas o raciales, disponen sobre la protección de mujeres y niños y reglamentan la salud.²³

El DIH se caracteriza por regular muchos asuntos por fuera del ámbito de los DH. Este es un conjunto de normas internacionales destinadas a resolver los problemas causados directamente por conflictos armados internacionales o internos y busca proteger a las personas y los bienes afectados mediante la reglamentación del derecho de los combatientes a elegir los métodos y medios de hacer la guerra. Los tratados aplicables en caso de confrontación internacional o interna son: los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, su Protocolo adicional 1 de 1977 y las disposiciones convencionales aplicables en caso de conflicto armado no internacional, establecidos en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y las disposiciones del Protocolo adicional II.

Por otra parte, los DH conforman el conjunto de normas internacionales que definen el comportamiento y los beneficios que las personas o los grupos de personas pueden esperar o exigir de los gobiernos. Las principales fuentes convencionales de los DH son el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966), el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), las Convenciones relativas al genocidio (1948), a la discriminación racial (1965), a la discriminación contra la mujer (1979), a la tortura (1984) y a los derechos del niño (1989).²⁴

La mayor cantidad de misiones de paz atienden aquellos países donde hay conflicto armado interno o guerras civiles, el control territorial es escaso, la población tiene características raciales diversas y no se consolida un régimen político garante de derechos. Por tanto, suelen padecer conflictos étnicos, pues la confrontación social y política se produce entre combatientes definidos asimismo en términos étnicos: nacionalidad, religión, raza, idioma y otras formas de identidad cultural.

Los enfrentamientos no se originan de manera natural porque existan grupos de personas diferenciadas étnicamente, sino por los significados especiales que se les atribuyen a esas distinciones que las hacen parecer irreductibles e incompatibles, aunque sean de origen subjetivo. Surgen de situaciones históricas, particulares y únicas, y su construcción se debe a intereses de idealistas e ideólogos, visionarios y oportunistas, líderes políticos e intermediarios étnicos.

Los contingentes que forman parte de las OMP se profesionalizan y especializan en nuevas tecnologías desarrolladas a partir de la tercera y la cuarta revoluciones industriales. Como lo sostiene Kissinger,²⁵ el proceso de modernización asociado a la revolución de la información y la comunicación es la primera en convocar tantos y tan diversos individuos y procesos en un mismo espacio y bajo un mismo lenguaje: el tecnológico.

El ciberespacio colonizó el espacio físico y desplazó las actividades que eran primordialmente manuales o al uso del papel en generaciones previas, como salir de compras, leer, hacer campañas políticas, el gobierno, la vigilancia y la estrategia militar y, con esto, sus efectos se extendieron a todos los ámbitos de la organización humana.²⁶

En la ciberguerra no es posible emplear la disuasión, dado que las represalias son asimétricas, como en la guerra nuclear. Los cálculos tradicionales para mantener el equilibro de poder resultan obsoletos frente a los nuevos escenarios globales. Al mismo tiempo, la capacidad de la comunidad internacional se ve limitada debido al desplazamiento del dominio de los Estados hacia las organizaciones o entidades regionales, supranacionales o internacionales.²⁷

Por su parte, el terrorismo contemporáneo está etiquetado bajo la fórmula del fundamentalismo, el cual comienza a ganar espacio en el terreno de la identidad. Estos movimientos religiosos y políticos de masas pretenden instaurar la pureza religiosa y étnica mediante la aplicación estricta de la ley derivada de la interpretación literal del libro sagrado y el sometimiento a una doctrina o practica establecida. Este tipo de disputas evidencia tres asuntos: i) la reciente relación entre la religión y el poder político, con la cual se busca ser gobierno y dejar atrás la idea de una sociedad laica secular; ii) las acciones de los fundamentalistas se asocian con el islam y, en su mayoría, son terroristas, y iii) el fundamentalismo se impone como un modelo de acción política considerada fuerza revolucionaria y una fuente inagotable de legitimidad, poder y autoridad.²⁸

El terrorismo se afinca en opciones extremistas relacionadas con fundamentalismo, nacionalismo radical, prácticas de limpieza étnica, guerras de exterminio y surgimiento de opciones discursivas que ven en la violencia y el ataque sistemático a la sociedad civil un camino hacia la política. Buena parte de sus militantes son vistos como mártires y héroes. Para los suicidas, su lucha es la acción más importante que sus propias vidas: su voluntad de matar, incluso a ellos mismos, es superior a su voluntad de vivir y dejar vivir.²⁹

La participación de las fuerzas militares colombianas en las misiones de paz implica operaciones multidimensionales de los cascos azules orientadas a facilitar procesos políticos, protección de civiles, ayuda en el desarme, desmovilización y reinserción a la vida civil de combatientes, apoyo a la organización de procesos electorales, protección y promoción de los derechos humanos y restablecimiento del Estado de Derecho. Ejemplo de ello es la misión del Congo, ya que se trató de una operación en la cual los cascos azules actuaron sin inmiscuirse en asuntos internos de mayor trascendencia, como dar opciones a la solución del conflicto. Aunque fue una misión activa y no de observación, su papel incluyó llevar ayuda al Gobierno congoleño para incitar a las fuerzas militares belgas a retirarse del país.

Conclusiones

En el último lustro, la política de seguridad y defensa del Estado colombiano se ha enfocado en procesos de modernización y renovación que han posicionado a las fuerzas militares como una de las instituciones con más altos estándares de planificación estratégica para la transformación.³⁰

De cara a la terminación del conflicto armado interno, se ha empezado a considerar la participación de las fuerzas militares en las misiones de paz lideradas por la ONU, así como en actividades de defensa mutua con la OTAN.³¹ Dicha participación incluye operaciones multidimensionales de los cascos azules orientadas a facilitar los procesos políticos, la protección de civiles, ayudar en el desarme de los combatientes, así como en su desmovilización y reinserción a la vida civil, el apoyo a la organización de procesos electorales, protección y promoción de los derechos humanos y restablecer el Estado de Derecho.³²

Las características esenciales de las misiones de mantenimiento de la paz son la consensualidad, la imparcialidad y el uso de mecanismos de acción no militares. En efecto, su establecimiento y funcionamiento requieren el consentimiento de las partes del conflicto; sin este, el despliegue de aquella no es posible.³³

Ello garantiza a la ONU la libertad de acción para llevar a cabo las tareas de pacificación. "Sin el consentimiento, la operación para el mantenimiento de la paz corre el riesgo de convertirse en parte del conflicto y de verse arrastrada a aplicar medidas de imposición de la paz, apartándose de su función original".³⁴

Por su parte, el Estado colombiano debe tener presente que las OMP requieren inversiones previas y una preparación acorde, que incluye: i) calcular los riesgos y peligros de los contingentes en la misión; además, la actuación de las fuerzas militares fuera del país puede repercutir en la política interna; ii) comprender que la participación en misiones de paz es una decisión soberana y tiene fines altruistas, lo que entra en contradicción con el interés nacional; iii) asumir los costos y riesgos individuales, políticos y económicos que puedan surgir, así como los beneficios, y iv) reconocer que la mayoría de los conflictos en los que se adelantan misiones viven nuevas guerras de índole identitaria, religiosa y étnico-racial, que se complejizan por las actividades ilegales transnacionales.

La participación de las fuerzas armadas colombianas en operaciones de paz lideradas por la ONU tiene costos políticos y económicos. Los primeros involucran un alto impacto moral derivado de las consecuencias de la guerra, como son la muerte y el desplazamiento. La opinión pública desempeña un papel significativo en este sentido, ya que por medio de ella se establecen dichos cuestionamientos, más aún en un Estado como el colombiano que ha sido signado por un conflicto armado de larga duración.

Los costos económicos comportan cierta complejidad al ser evaluados, debido a diversas circunstancias: i) las cifras se refieren a las operaciones de mantenimiento de paz; ii) existen gastos de preparación de las fuerzas militares antes de participar en el terreno, que deben ser contabilizados por parte de los Estados, y iii) la ONU ha elegido el reintegro de los gastos de la movilización de las fuerzas en misiones de paz, los cuales son asumidos por los países y van cambiando según la operación se realice.³⁵

El involucramiento de las Fuerzas Armadas en las misiones de paz y el envío de tropas al exterior dependerá de la orientación política gubernamental y del grado de alineamiento con los intereses y reclamos de la comunidad internacional.

Las fuerzas militares colombianas tienen un alto grado de especialización para enfrentar conflictos en los que el mayor reto será lograr la terminación de este y la creación de condiciones sociales, culturales y políticas favorables para el libre desarrollo de los ciudadanos y las sociedades.³⁶ De esta manera, las misiones de paz de la ONU representan un escenario para continuar con la labor de las fuerzas militares colombianas, con miras a consolidarse en el Plan 2030 como una de las fuerzas de vanguardia más importantes de la región.