Introducción

Las Comisiones de la Verdad (en adelante, CV) son mecanismos implementados en el marco de la justicia transicional desarrollada en contextos de cambio de régimen político,¹ usados en varios países durante las últimas décadas. Forman parte de las estrategias para afrontar las masivas violaciones de derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), originadas por diversas circunstancias políticas previas al cambio de régimen, como dictaduras, conflictos armados, apartheid u otras.

Las CV se han instituido sobre todo en América Latina y África.² En América Latina se han implementado desde la década de 1980, para hacer frente a dictaduras y conflictos armados internos, principales causas de los períodos de violencia en esa región.

Aunque las CV son diversas, pues su origen depende del contexto político en el que se instauran, es posible identificar una serie de características comunes: han surgido, en gran parte, ante las exigencias de sectores de la sociedad que han requerido al Estado para que disponga mecanismos que permitan esclarecer la verdad³ y el conocimiento de lo sucedido,⁴ con fundamental reconocimiento a las víctimas.⁵

Suelen investigar sucesos acaecidos en períodos específicos y tienen un funcionamiento temporal, a cuyo término presentan informes con sus conclusiones. También estudian graves violaciones a los derechos humanos y en su conformación cuentan con personas de perfiles académicos distinguidos o altas dignidades y reputación. Su función no es definir responsabilidades y sanciones penales para aquellos que se mencionan como responsables de la violencia, sino establecer una verdad histórica.⁶

Por lo descrito, no es extraño advertir en el análisis acerca de la implementación de las CV la aparición de diversos actores como políticos, civiles, militares, religiosos⁷ y económicos, entre otros, que facilitan y apoyan, pero también pueden actuar como opositores y poner resistencias a estas medidas transicionales. Aunque la constelación de intervinientes en las CV es amplia, el interés de este artículo se concentra en los políticos, puesto que estas son una decisión de orden político y son ellos quienes participan directamente en el proceso de discusión, diseño, implementación y entrega de informes finales.

En este documento se comprende que el actor político es aquel que actúa de manera individual o colectiva y tiene capacidad de decisión para promover acciones en su rango de influencia⁸ para lograr sus objetivos en situaciones concretas -en este caso, escenarios transicionales-. Los actores políticos de interés para la investigación se representan en los partidos políticos o sectores gubernamentales en cada país que, en escenarios transnacionales, en particular de implementación de CV, tienen la intención de apoyar, oponerse o relacionarse de forma estratégica sobre el objetivo de esclarecer la verdad, luego de masivas violaciones a los derechos humanos.

Son tan relevantes que sin ellos no sería posible implementar CV u otras medidas transicionales que busquen satisfacer los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, como una forma de materializar la justicia,⁹ la reparación y la no repetición.

Diversas experiencias de CV en el mundo han demostrado que su éxito o fracaso depende de la voluntad política.¹⁰ Es frecuente observar que diversos sectores de la sociedad y actores políticos específicos buscan limitar los mandatos, entorpecer los trabajos investigativos y boicotear las recomendaciones entregadas en los informes finales. Suelen ser llamados saboteadores, pues realizan acciones para bloquear el mandato o vetar el resultado final de las CV,¹¹ ya que muchos de ellos están involucrados en violaciones a los derechos humanos y velan por obtener beneficios y restringir la rendición de cuentas en la medida de lo posible.¹²

Así, entonces, las acciones de los actores políticos que se involucran en estos mecanismos transicionales se derivan del grado de compromiso con el cumplimento de los objetivos de estos, mientras que la capacidad de influencia dependerá de su potencial de incidencia en diversos sectores de la sociedad y en los ámbitos de decisión. Con esta capacidad potencial podrán influir en los mandatos, presupuestos y poderes con los que cuente la CV, ya sea para apoyarlos o limitarlos, de acuerdo con las convicciones y los intereses del actor político específico.

La legitimidad y la capacidad de influencia en procesos de transición son esenciales en escenarios de extrema sensibilidad para los regímenes políticos, en la medida en que instituciones como las CV son resultado de decisiones políticas que involucran a los diversos sectores que apoyan -pero también que se oponen- a dichos mecanismos.¹³ Por lo anterior, este artículo hace énfasis en el rol que han desempeñado los actores políticos y analiza sus compromisos, demostrados con sus actitudes y comportamientos.

Se han elegido las comisiones implementadas en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia, la cual entregó su informe final el 28 de junio de 2022, con el ánimo de exponer la forma como los actores políticos han asumido posturas de apoyo, rechazo u oposición en el proceso de creación, implementación y publicación de los informes finales.

Con este texto se busca aportar a los estudios sobre paz y las discusiones en materia de transiciones políticas y de conflictos armados en América Latina, en especial en lo referido a la actuación de los actores políticos en las CV y contribuirá a la literatura sobre la materia, pues la existente se ha centrado, principalmente, en describir su funcionamiento y producto final.

Metodología

Este trabajo responde a un tipo de investigación cualitativa, en la medida en que permite comprender e interpretar hechos y fenómenos¹⁴ de la justicia transicional y de las Comisiones de la Verdad. El método de investigación usado es propio de los estudios comparados, en cuanto facilita establecer las similitudes y diferencias entre los casos para determinar sus características.¹⁵ Desde este referente, se ha definido el desarrollo conceptual y teórico para identificar los comportamientos y las actitudes de los actores políticos en las Comisiones de la Verdad de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia.

Transiciones políticas en las que se han implementado las Comisiones de la Verdad en América Latina

Las masivas violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en diversos países de América Latina, por dictaduras y conflictos armados internos durante las últimas décadas, han causado un mismo reto: ¿cómo responder ante las exigencias de la sociedad para conocer lo sucedido en medio de estos escenarios de violencia masiva y sistemática de derechos humanos?

Este desafío se afronta con medidas transicionales como las CV, que se han convertido en un referente internacional. Un elemento común a la mayoría de las CV es su momento de origen, ya que surgen luego de períodos de transición política, pues son espacios donde está la posibilidad de reivindicar las exigencias de una sociedad que reclama verdad y justicia.¹⁶

De hecho, tales exigencias son iguales: esclarecer lo ocurrido en medio de los contextos de violencia política y avanzar para que no vuelvan a ocurrir bajo ninguna circunstancia. De allí que las CV latinoamericanas sean resultado de diversos momentos históricos y, a la vez, del proceso de evolución de la justicia transicional que se ha gestado en la región durante las últimas décadas.

Los dos casos iniciales, por ser los primeros en el tiempo, se refieren a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)¹⁷ de Argentina y la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR)¹⁸ o Comisión Rettig, de Chile, ambas originadas luego de procesos de transición de dictaduras a la democracia en el Cono Sur del continente.¹⁹

La Conadep fue impulsada por el presidente Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983,²⁰ cinco días después de asumir su mandato. En Chile, la CNVR fue establecida por el presidente Patricio Aylwin, en abril de 1990, a un mes de asumir el gobierno.²¹ Por ser las inaugurales, son referentes en América Latina y en el mundo.

Las siguientes son la Comisión de la Verdad de El Salvador y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), de Guatemala. A diferencia de las anteriores, son producto de acuerdos de paz impulsados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la década de 1990, con el objetivo de pacificar y consolidar la democratización de Centro América. Por ello, se asocian con un proceso de transición de un conflicto armado interno a un estado de paz.

En El Salvador, la CV se implementó en 1992 y fue instituida en los acuerdos de Chapultepec, en 1991, que suscribieron el Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.²² En Guatemala, la CV se dispuso mediante el Acuerdo de Oslo, en 1994²³

Los siguientes casos de este estudio son la comisión peruana y la segunda comisión chilena. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú surgió tras el fin del régimen autoritario de Alberto Fujimori.²⁴ En 2001, durante los gobiernos de transición de Valentín Paniagua,²⁵ fue instituida para esclarecer los hechos relacionados con el conflicto armado interno y la violencia de Estado entre 1980 y 2000.²⁶

Por su parte, la segunda comisión chilena, fijada en 2003 con el nombre de Comisión nacional sobre prisión política y tortura o Comisión Valech, desarrolló su mandato después de la transición política; sin embargo, se concentró en los abusos y las torturas cometidas en el marco de la dictadura de Pinochet,²⁷ dadas las exigencias y los reclamos de organizaciones sociales y políticas por suplir las limitaciones en el mandato de la CNVR de 1990.²⁸

Por último, se hace alusión a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición de Colombia, que representa el último caso de CV en la región y cuyo informe final fue entregado en junio de 2022. Su origen es similar a las de El Salvador y de Guatemala, pues las tres derivan de acuerdos de paz. No obstante, no se puede manifestar que en Colombia exista un proceso de transición de un conflicto armado hacia la paz, tal como ocurrió en los otros dos países.

Colombia ha ejecutado medidas de justicia transicional con varios grupos armados, sin que exista una verdadera transición política.²⁹ Esto queda en evidencia con el proceso de justicia transicional adelantado entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC-EP, con el que se dio cierre al conflicto con esta guerrilla, pero persisten otros por resolver, como con la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y grupos armados que están disputando las rutas del narcotráfico y fuentes de minería ilegal.

Los debates políticos que dan origen a las Comisiones de la Verdad en América Latina

Se ha planteado la premisa de que las CV surgen de acuerdos políticos. Desde el Cono Sur, con sus dictaduras, hasta los demás países que sufrieron violentos conflictos armados internos, la situación es la misma: alcanzar consensos para implementar medidas de orden transicional.

En lo que respecta a las CV de Argentina y Chile, el debate estuvo marcado por el grado de aprobación y respaldo a las juntas militares, que se vieron obligadas a abandonar el poder luego de la alta desaprobación de la sociedad que, para el caso de Argentina,³⁰ está asociado a la derrota ante Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas.³¹ Este hecho marcaría la negociación entre los militares y los sectores políticos para dar el paso hacia la democracia, lo que posibilitó que la Conadep tuviera mayores poderes para su ejercicio de buscar la verdad. Ese hecho que no ocurrió con la CNVR de Chile, pues los militares, a pesar de la derrota en el plebiscito, tenían amplia favorabilidad y conservaban poder, con lo que limitaban el campo de la CV.

De hecho, el discurso de los partidos políticos de oposición, en medio de las campañas electorales rumbo a la Presidencia³² en ambos países, estuvo centrado en la necesidad de fijar medidas para conocer la verdad sobre lo sucedido, frente a la presión de los militares por reducir el reconocimiento de responsabilidades y la administración de la justicia.

En Argentina, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana y el Partido Justicialista,³³ así como diversos sectores de la sociedad, cuestionaron las limitaciones investigativas de la Conadep, pues el presidente Raúl Alfonsín no tuvo en cuenta su demanda de crear una comisión bicameral, en la que se involucra el poder legislativo. En Chile, los sectores políticos cercanos a Pinochet rechazaron la creación de una CV³⁴ y presionaron al gobierno de Patricio Aylwin para restringir el poder de la CNVR; dicho episodio propició tensiones y fuertes críticas de partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos, ya que la Comisión Rettig concentró sus investigaciones en hechos relacionados con las muertes ocurridas durante la dictadura.

En lo que respecta a El Salvador, Guatemala y Colombia, las CV no surgieron de acuerdos políticos entre partidos políticos afines a los militares y partidos políticos que impulsaban la democracia, sino de acuerdos de una mesa de negociación entre el Estado y las guerrillas, lo que marcó, en gran medida, sus facultades.³⁵

En el caso de Guatemala, las "reuniones que tuvieron en 1990 los partidos políticos, el sector religioso y el sector sindical con la URNG fueron un factor importante de presión sobre la guerrilla y el Gobierno para situar a ambos en el camino de la negociación",³⁶ lo que desencadenó la firma del punto de la creación de la Comisión de la Verdad.

Similar situación sucedió en Colombia. Diversos sectores de la sociedad, incluidos los partidos políticos, presentaron propuestas para estructurar el modelo de justicia transicional, ampliamente criticado por los partidos de derecha, en especial el uribismo, representado por el Centro Democrático.³⁷

En El Salvador, las élites políticas se resistieron a la creación de una CV,³⁸ ya que muchos de ellos estaban involucrados en violaciones a los derechos humanos. Dicha circunstancia trajo repercusiones en el momento de establecerla, puesto que las presiones cortaron sus alcances. Los militares, que aún conservaban poder de injerencia, coaccionaron para evitar la publicación de los nombres de los responsables de violaciones a los derechos humanos³⁹ y varios sectores políticos intentaron impedir la publicación; no obstante, los comisionados se resistieron.⁴⁰

La CV de Perú estuvo influenciada por las exigencias de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos que demandaban esclarecer los hechos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la guerrilla y el Estado.⁴¹ El caso peruano responde a un tipo de transición política moderada, puesto que Sendero Luminoso fue derrotado militarmente por las fuerzas militares.⁴² Esta condición de victoria militar y la presión de sectores políticos provocó que la CVR tuviera un ambiente hostil de oposición y rechazo, incluso desde antes de su creación.

En lo que respecta a la Comisión Valech, la segunda comisión chilena, instituida trece años después de la transición de la dictadura a la democracia, surgió como respuesta a las presiones de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y ex presos políticos que exigían que se investigaran la tortura y el encarcelamiento político ocurrido en la época de Pinochet,⁴³ ante las limitaciones impuestas a la CNVR de 1990.

Comportamientos de los actores políticos en las Comisiones de la Verdad

Si bien las estrategias transicionales son, ante todo, medidas políticas, las CV se implementan en medio de las tensiones y los consensos que implica el proceso de búsqueda y esclarecimiento de la verdad luego de períodos de violencia. Estas tensiones se presentan, por una parte, por el interés de muchas de las partes responsables de evitar que dicho mandato se logre y, en caso de que sí se alcance, que no sean extensas las repercusiones sobre su poder y prestigio. En el otro extremo, se encuentra la sociedad que exige verdad, justicia y amplias sanciones a los responsables.

No sorprende, entonces, que las CV, en especial sus informes finales, estén en medio del debate y sean objeto de campañas de desprestigio y rechazo de diversos sectores. Dichas pugnas han repercutido, en ocasiones, en la delimitación de sus alcances y han puesto obstáculos a su mandato.⁴⁴

Las negociaciones entre los sectores gubernamentales y los actores políticos presentan dos características importantes: por un lado, aquellos afines a las transiciones, que asumen el poder, como en el caso del restablecimiento de la democracia, y los que acceden a la vida política luego de un proceso de negociación que implica el paso de las armas a la vida civil. Por el otro, los que pierden el poder y se ven obligados a abandonarlo, como sucedió con las dictaduras de Argentina y Chile, en este mismo grupo se ubican quienes tienen que rendir cuentas tras una negociación que desencadena un acuerdo de paz. La fortaleza y debilidad de estos últimos marcarán los parámetros con las cuales se llevarán a cabo los procesos de transición y las medidas de justicia transicional.

Ante las CV elegidas para este estudio, se han asumido principalmente dos comportamientos: en primer lugar, se vislumbran los apoyos que les ofrecen partidos políticos, gobiernos o comunidad internacional, que logran ejercer la presión necesaria para que se instituyan; en segundo término, se encuentran los sectores políticos que se oponen a ellos, las desprestigian, rechazan y boicotean y, de acuerdo con su capacidad, consiguen limitarlas o impedir que sus informes finales lleguen a implementarse.

Los sectores políticos que soportan y apoyan las Comisiones de la Verdad

Se ha argumentado que las medidas de justicia transicional, como las CV, no podrían implementarse sin la voluntad y el apoyo decidido de los partidos políticos, sectores gubernamentales y figuras políticas con poder y prestigio. El principal sostén recae en algunos gobiernos y en organismos internacionales como la ONU que han impulsado la implementación de CV en cada país.

En cuanto a los gobiernos que han impulsado y apoyado la creación de CV se encuentran los de Argentina, Chile, Perú y Colombia. En los dos primeros, llegaron al poder con la promesa y el compromiso de establecer CV que esclarecieran lo ocurrido en las dictaduras;⁴⁵ sin embargo, no contaron con las facultades y los alcances investigativos esperados.⁴⁶

Luego de la caída de Fujimori y del retorno a la democracia en Perú, sumados al antecedente de la victoria militar de las fuerzas armadas estatales sobre la insurgencia, se estableció una CV con limitado apoyo de diversos sectores políticos a las investigaciones, a pesar del respaldo del gobierno de transición de Valentín Paniagua. Por su parte, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, en Chile fue instituida la Comisión Valech, ante la presión de los ex presos políticos y otros sectores de derechos humanos.

En Colombia, la CV emergió del compromiso decidido del gobierno de Juan Manuel Santos, quien apostó todo su capital político a las negociaciones de paz con las FARC-EP. Las investigaciones de la CV se desarrollaron durante el gobierno de Iván Duque, cuyo partido cuestionó en varias ocasiones su trabajo y pertinencia para el país.⁴⁷

El informe final fue recibido por el presidente Gustavo Petro, quien expresó, en la ceremonia llevada a cabo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá, lo siguiente: "Recibo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y las cumpliré. Hasta la última familia en el último rincón de Colombia sabrá y tendrá estas recomendaciones".⁴⁸ Este hecho implica un cambio de posición respecto al gobierno de Duque y manifiesta la voluntad política de acompañar la implementación de las recomendaciones formuladas.

En lo que respecta a El Salvador y Guatemala, no fueron los gobiernos los soportes que dieron origen a las CV, sino que el principal impulso provino de la ONU en su plan de democratización de Centro América.⁴⁹ La ONU los instó a llevar a cabo las negociaciones de paz, a la vez que financió y acompañó las mesas de diálogo entre ambos Estados y las insurgencias. Entregados los informes finales, los dos gobiernos tomaron posiciones que redujeron sus repercusiones: el Gobierno salvadoreño rechazó tajantemente el documento, mientras que el guatemalteco lo redujo a una investigación más, por lo que sus recomendaciones nunca se implementaron.

Otro elemento común a todos los casos se refiere a las presiones derivadas de los reclamos por los derechos de las víctimas, provenientes de organizaciones sociales y políticas.⁵⁰ Esta postura posibilitó que estas comisiones fueran un mandato, independiente de su origen.

Algunas CV, en procura de lograr su propósito, se relacionan y escuchan a los partidos y otros actores políticos -entre ellos los victimizados y perseguidos durante los períodos de violencia-, lo cual representa un apoyo directo a su trabajo. Por ejemplo, en Colombia, la Comisión se reunió con varios partidos políticos entre los que se destacan los encuentros con sobrevivientes y exiliados de la Unión Patriótica.⁵¹ Estos hechos son presentados en su informe final, en el tomo de hallazgos y recomendaciones, y los cataloga como "víctimas pertenecientes a movimientos políticos como la Unión Patriótica y otros grupos de oposición".⁵²

Sectores políticos que rechazan y se oponen a las Comisiones de la Verdad

Aunque algunos sectores políticos apoyan decididamente las CV, otros rechazan, obstruyen y se oponen a estas medidas transicionales. Esto ha ocasionado que el logro del mandato y la implementación de las CV esté comprometido, incluso antes de su creación.

En los casos de estudio, el rechazo, la obstrucción y la oposición son constantes por parte de los partidos y algunos sectores que, a pesar de pertenecer a gobiernos que impulsan la transición, su filiación corresponde a aquellos que no están de acuerdo con estas herramientas. Tales posturas obedecen, en gran parte, a que están involucrados, de manera directa o indirecta, en violaciones de derechos humanos, por lo cual no están interesados en que se adelanten ejercicios de búsqueda y esclarecimiento de la verdad.

En ocasiones, la oposición es muy evidente y fuerte, y es factible identificar las estrategias que utilizan para boicotear el trabajo investigativo de las CV y los resultados entregados en los informes finales; incluso, sus recomendaciones no se han podido atender, debido a su influencia.

La primera estrategia que se reconoce, aunque no se presenta en todos los casos de estudio, va encaminada a limitar los alcances y poderes de las CV desde antes de su creación. Se emplea, sobre todo, en países donde las medidas de justicia transicional deben tramitarse por vía legislativa, por ejemplo, para refrendar lo establecido en un acuerdo de paz. El ejemplo más reciente es Colombia, donde el partido político de oposición, Centro Democrático, intentó restringir a la CV para que no pudiera acceder a los archivos reservados del Ejército, y apeló a que se podría atentar contra la seguridad nacional.⁵³ Aunque esta iniciativa no tuvo éxito, demuestra que los actores políticos pueden reducir la capacidad investigativa de una CV y articular intereses con sectores estatales, como los militares, para tal propósito.

En los demás casos esta estrategia no fue tan visible, aunque también se empleó. En Argentina y Chile, por ejemplo, actores políticos y militares consiguieron aminorar el poder investigativo de las CV.⁵⁴ Chile fue el caso más notorio, pues se redujo el mandato de la CNVR a los hechos relacionados con muertes y se dejó de lado la tortura, que se practicó de manera sistemática.

La segunda estrategia está relacionada con desprestigiar y descalificar a los comisionados, al señalarlos de comunistas y marxistas y de ser afines ideológicamente a grupos insurgentes. Los casos en los que se han hecho estos señalamientos han sido Perú y Colombia. En el primero, se atacó a la Comisión de manera directa y afirmaron que el informe reflejaba sesgos ideológicos, debido a las claras tendencias de varios comisionados hacia Sendero Luminoso o el marxismo, pues provenían de una militancia izquierdista.⁵⁵

En el segundo caso, Colombia, los actores políticos alineados a la derecha ideologica desarrollaron una campaña de desprestigio en contra de los comisionados y la Comisión, en especial contra su presidente, el sacerdote jesuita Francisco de Roux. Entre los ataques se destaca un trino del exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien señaló que la "mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados". Esto llevó a la CEV a pedir rectificación y a advertir que estudiaría la forma de proteger los derechos violados.⁵⁶

El expresidente Álvaro Uribe, con esta misma estrategia de desprestigio, reiteró en múltiples ocasiones que no consideraba legítima la CV ni ninguna de las instituciones transicionales emanadas de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC- EP. En lo referido a la CV ha criticado los costos que implicó su funcionamiento, "escribiendo, entre otras cosas, que los costos de La Habana que, según él, no llegan a la ciudadanía son inmensos".⁵⁷ En este mismo sentido se adujo sobre la comisión peruana, que fue "excesivo su gasto de trece millones de dólares, argumentando que este monto habría sido mejor invertido en obras públicas".⁵⁸

La tercera estrategia se relaciona con la publicación de los informes finales, en los cuales se dan a conocer los resultados investigativos. En este aspecto, se pueden reconocer dos tipos de oposición: una representada en algunos gobiernos y la otra, en partidos políticos, ya sea de derecha o de izquierda, que manifiestan rechazo absoluto o desacuerdo con algunos de los puntos presentados.

En cuanto a los gobiernos se halla lo acaecido en El Salvador, Guatemala y Colombia. En El Salvador, su reacción fue de total rechazo.

El presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, acusó a la comisión de exceder su autoridad y afirmó que el informe no correspondía al deseo de la mayoría de los ciudadanos, quienes lo que querían era perdonar y olvidar lo que había ocurrido en el pasado.⁵⁹

Esta situación se agravó con la promulgación, a tan solo cinco días de entregado, de la Ley general de amnistía para la consolidación de la paz por el Congreso salvadoreño, controlado por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena),⁶⁰ lo que reafirmó que no había voluntad política por parte del gobierno de turno para incorporar las recomendaciones formuladas por la CV, que incluían el juzgamiento a militares y altos representantes del Estado.

Por su parte, en Guatemala, el gobierno no reconoció los resultados de la CV, rechazó el informe final como parte de la historia oficial del Estado en el período del conflicto armado interno y se refirió a él como una investigación más, con resultados discutibles y que no reflejaban la historia real de lucha contra la insurgencia. De ese modo cerró la posibilidad de crear una institución que hiciera seguimiento a la implementación de las recomendaciones, por lo que muchas de ellas nunca se llevaron a cabo.

Mientras, en Colombia, el presidente del momento, Iván Duque, no asistió a la ceremonia de entrega del informe final y rechazó una de las recomendaciones de la Comisión relativa a la elección del Fiscal General de la Nación.⁶¹

En los demás casos, no se presentaron posiciones de rechazo por parte de los gobiernos; sin embargo, partidos tanto de derecha como de izquierda manifestaron su oposición a todo el informe o a algunas de las recomendaciones. En El Salvador y Guatemala, los partidos asociados a la élite y sectores de gobierno desconocieron de manera tajante los documentos finales.

En Perú, varios partidos políticos descalificaron en el Congreso de la República el informe de la CV, sin asumir ningún tipo de responsabilidad en la violencia del país.⁶² En Argentina, el rechazo "vino principalmente de la oposición de izquierda, al no incluirse el listado de los nombres de los responsables a las violaciones a los derechos humanos",⁶³ mientras que los demás partidos aceptaron las conclusiones y los resultados investigativos de la Conadep.

En Chile, el informe final de la Comisión Rettig, recibió críticas por parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el cual insiste en la limitación investigativa de la Comisión, al no dar cuenta de todos los hechos sucedidos en medio de la dictadura de Pinochet;⁶⁴ no obstante, reconoce los aciertos del documento y exige que esta CV no cierre las pesquisas por la búsqueda de la verdad completa de la dictadura.

Acerca de la segunda comisión chilena, la Comisión Valech, varios movimientos políticos y sociales exigieron al gobierno la desclasificación de los archivos secretos de la Comisión, ya que, a un año de la publicación del informe, se emitió la Ley 19 992 de 2004, que incluyó "una cláusula de secreto por un periodo de cincuenta años para los testimonios y antecedentes presentados ante la Comisión, acompañada de una sanción penal para quienes incurrieran en la comunicación, divulgación o revelación de los antecedentes y datos".⁶⁵

En Colombia, el rechazo al informe de la CV no se hizo esperar por parte del expresidente Uribe y su partido, tanto así que presentaron un contrainforme en una cartilla titulada ¿Cuál verdad? para contrarrestarlo.⁶⁶ Así mismo, la senadora María Fernanda Cabal criticó al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, del gobierno de Gustavo Petro, por llevar el informe final a los colegios públicos⁶⁷ y adujo que allí no se presentaba la historia real del conflicto armado.

La cuarta estrategia consiste en la no implementación de las recomendaciones emitidas por las CV en sus informes finales, cuya responsabilidad es del Estado y del gobierno de cada país. Los casos más claros son los de El Salvador y Guatemala. En el primero, las recomendaciones relacionadas con el otorgamiento de reparaciones y las reformas institucionales no se pusieron en marcha, ante la falta de reconocimiento del gobierno,⁶⁸ mientras que en Guatemala, la falta de voluntad política y el carácter no vinculante impidieron su implementación. En los demás casos sí se ha avanzado; no obstante, en Perú, Marciano Rengifo Ruiz, ministro de Defensa durante la presidencia de Alejandro Toledo (2005-2006), intentó evitar la inclusión de las conclusiones de la CVR en los currículos escolares y la distribución de estos materiales en los colegios.⁶⁹

Conclusiones

Los mecanismos de justicia transicional se han consolidado a partir de las experiencias acumuladas durante las últimas décadas en diversos países. Las Comisiones de la Verdad, como parte vital de la justicia transicional, se han convertido en un estándar para aquellos Estados que pretenden establecer medidas para esclarecer los hechos de violencia del pasado.

América Latina se convirtió en un laboratorio para el desarrollo y la implementación de Comisiones de la Verdad. Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia elegidos para este estudio, dan cuenta de los diversos contextos sociales⁷⁰ y políticos en los que se han instituido estas CV y, a la vez, dan a conocer el proceso de evolución de la justicia transicional durante las últimas décadas.

Las CV establecidas en América Latina resultan de transiciones políticas, originadas principalmente luego de dictaduras y conflictos armados internos, que les han asignado características particulares en cada país. En las CV de Argentina y Chile se pueden hallar más elementos en común, ya que ambas surgen tras el paso de dictadura a democracia y responden a las primeras experiencias de CV en la región.

Con las CV de El Salvador y Guatemala se da un giro y se observan diferencias con las de Argentina y Chile, pues no son posteriores a una dictadura, sino derivadas de un acuerdo político, originado por una negociación de paz entre los Estados y las insurgencias. Este hecho representa un salto cualitativo del empleo de CV en América Latina, que se convierte en referente de estandarización para otras partes del mundo.

En cuanto a la Comisión peruana existe una situación especial, puesto que fue instituida luego de la caída del fujimorismo, pero mediada por la derrota militar de la insurgencia.

El caso colombiano tiene similitudes con el de El Salvador y el de Guatemala, al surgir de un acuerdo de paz. Sin embargo, Colombia conserva una peculiaridad: ha ocurrido lo que los expertos denominan una transición sin transición,⁷¹ ya que continúa la confrontación armada con otros grupos guerrilleros y organizaciones criminales que se sustentan del narcotráfico.

Los actores políticos son importantes, dado que las medidas de justicia transicional, incluidas las CV, son medidas de orden político, originadas de consensos entre las fuerzas que detentan el poder. Ello hace que este tipo de instituciones transnacionales se encuentren constantemente en medio del debate público, ante sectores políticos que las impulsan o intentan limitarlas y organizaciones sociales y de derechos humanos que reclaman el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido en medio de las dictaduras o conflictos armados internos.

El papel que desempeñan los actores políticos en el diseño de medidas de justicia transicional es mucho más visible que el de otros actores, dado que estos tienen mayor poder y capacidad de decisión desde instancias de gobierno. Entre ellos, los partidos políticos influyen directamente en las negociaciones que posibilitan los procesos de transición, así como también en el límite de los mandatos y poderes con los que puede contar una CV en el momento de investigar.

Los debates y consensos políticos en torno a las CV de los países involucrados en este estudio responden a los tipos de transición en los que surgieron estos instrumentos transicionales. De tal forma, en Argentina y Chile, donde no hubo acuerdos de paz, la fuerza y la oposición de los sectores políticos alineados a la dictadura y los militares influyeron para reducir el alcance de la Comisión, mientras que en los países donde se adelantaron negociaciones de paz, los consensos se alcanzaron entre Estado e insurgencia, aunque con presiones y participación de sectores políticos y sociales que solicitaban ampliar o limitar las capacidades investigativas de las CV.

Los actores políticos de los países de estudio han asumido dos comportamientos que develan la manera como se han situado frente a las CV. El primero se relaciona con los partidos, los sectores gubernamentales y organismos internacionales que apoyan y sacan adelante estas instituciones transicionales y el segundo responde a quienes se oponen, rechazan y boicotean tanto la creación como el funcionamiento y el informe final.

Entre los sectores políticos que apoyaron la puesta en marcha de las CV se destacan los gobiernos de transición de Argentina, Chile, Perú y, en el caso de Colombia, el compromiso asumido por el gobierno Santos en las negociaciones con las FARC-EP y del gobierno Petro para implementar las recomendaciones del informe final; mientras, en El Salvador y Guatemala, el apoyo no provino de los gobiernos, sino de la ONU, que financió e impulsó un plan de pacificación y democratización de Centro América.

La oposición a las CV se vio reflejada tanto en partidos como en gobiernos que rechazaron los informes finales, por razones de sesgo ideológico de los comisionados, poca objetividad y limitaciones investigativas. Entre los partidos políticos opositores se destacan el Centro Democrático, en Colombia; la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en el Salvador, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, que cuestionó los alcances de la comisión Rettig.