La salida de la crisis (2003-2007)

La crisis de la Convertibilidad⁶ como régimen de acumulación se vio acompañada por un fuerte enfrentamiento en el seno del bloque en el poder que opuso a dos sectores claramente delimitados: los devaluacionistas y los dolarizadores.

Los dos grandes bandos que se fueron delineando en el interior de la clase dominante argentina podrían ser caracterizados grosso modo por dos orientaciones "polares": la profundización del neoliberalismo dentro del esquema vigente o bien cierto reformismo moderado. Se pueden identificar crecientes divergencias en torno a algunos aspectos importantes de la política económica, como el grado de apertura comercial, las tarifas de servicios públicos, el manejo de la deuda externa, el nivel de la tasa de interés y el déficit fiscal, pero, en última instancia, la controversia fundamental era por el tipo de cambio (^{Cantamutto y Wainer, 2013}, p. 67).

El senador Eduardo Duhalde, provisionalmente a cargo del poder ejecutivo durante el lapso 2002-2003, fue un ferviente defensor de la salida devaluacionista, en alianza con la poderosa Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo. Los sectores productivos, tanto los que volcaban su producción en el mercado interno como en el mercado mundial⁷, insistían por la devaluación de la moneda, que se produjo durante los primeros días de enero de 2002 (^{Gaggero y Wainer, 2004}). La brusca corrección de los precios relativos se desarrolló en el contexto de una importante capacidad industrial instalada ociosa, particularmente visible en los sectores productores de bienes destinados al mercado interno, lo cual trajo aparejado la expansión del empleo doméstico (^{Arceo et al., 2010}). Por otra parte, la licuación de las deudas de las grandes empresas, la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica y la transferencia al Estado de las deudas que los Bancos mantenían con los ahorristas (^{Cobe, 2009}), cimentarían la aceptación de las nuevas reglas del juego económico por parte de los sectores más concentrados de la economía, relanzando el régimen de acumulación con una fuerte impronta productivista (^{Peralta Ramos, 2007})⁸.

El sector devaluacionista le asignaba al capital financiero el origen de la crisis de diciembre de 2001 (^{Duhalde, 2009}). Más aún, Néstor Kirchner sostenía la corresponsabilidad de este sector en el default decretado por el Presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, el 22 de diciembre de 2001. Según Kirchner, los tenedores de bonos argentinos no desconocían que los elevados intereses que acompañaron su emisión eran directamente proporcionales al riesgo de que tales obligaciones soberanas no fuesen cumplidas (^{Wainer y Bona, 2017}).

Por tal motivo, Kirchner enfrentaba un arduo desafío en el frente externo dada la magnitud de la deuda declarada en default. Si bien este no alcanzó a la deuda con los organismos multilaterales de crédito, el FMI ejercía una fuerte presión para forzar a la Argentina a negociar con los acreedores externos, al tiempo que exigía la implementación de una política de superávit fiscal tendiente a garantizar los pagos adeudados (^{Kern y Nemiña, 2017}).

En diciembre de 2005, Kirchner canceló la deuda que la Argentina mantenía con el FMI (^{Barrera y Bona, 2017}). Mediante una letra intransferible que el Banco Central le otorgó al Tesoro Nacional, la Argentina abonó en efectivo los 9800 millones de dólares a los que ascendía dicha deuda. Tal determinación se apoyaba en la certeza de que las reservas se recuperarían rápidamente debido a los elevados precios de los commodities agropecuarios que el sector rural volcaba al mercado mundial⁹.

Esta medida puntual se inscribió en un objetivo estratégico de largo plazo que está siendo revertido con una inusitada celeridad: la política de desendeudamiento soberano. Al momento de acceder al Poder Ejecutivo, Kirchner enfrentaba una ratio deuda/PIB del orden del 125%. Por tal motivo, la reestructuración de la deuda externa se proponía alcanzar dos objetivos fuertemente articulados entre sí: producir un sensible descenso de la relación deuda/ PIB y modificar la composición de la misma (Manzanelli y ^{Basualdo, 2017})¹⁰.

A su vez, durante el lapso en el que Kirchner ejecutó su gestión de gobierno, se restableció por decreto el Salario Mínimo, Vital y Móvil, al tiempo que el empleo no registrado se redujo unos diez puntos porcentuales, cayendo de su pico máximo, observado en el tercer trimestre de 2003, del 49.7% al 39%. Por su parte, el empleo registrado aumentó un 38%. Los Convenios Colectivos de Trabajo también experimentaron un singular crecimiento. Mientras que en 2003 se celebraron 406 acuerdos colectivos, en el 2007 los mismos superaron el millar de convenios firmados.

El salario real de los trabajadores en blanco creció un 10% en 2004, un 6.3% en 2005, un 9.6% en 2006 y un 2.2% en 2007. A fines de 2005 había logrado recuperar el nivel de diciembre de 2001, por lo que luego hubo dos años de franco crecimiento del salario real que, al finalizar el gobierno del Kirchner, había crecido casi un 30%. Se trató de un período de fuerte creación de empleo privado registrado. La estructura empresarial se renovó y se amplió el stock de capital de la economía. El sector industrial registró casi veinte mil nuevas empresas y hacia fines de 2006 la tasa de desempleo volvió a tener un dígito, fenómeno que no se registraba desde 1993. La subocupación llegó a la mitad de la registrada en 2003 y la pobreza descendió al 27% (^{Kulfas, 2016}, p. 122).

La reversión de los postulados sobre los cuales se apoyó la expansión de la racionalidad política neoliberal (^{Harvey, 2005}; ^{Dardot y Laval, 2010}) se verificaba en el énfasis puesto en el crecimiento del sector manufacturero y en la expansión del mercado interno (^{Peirano, Tavosnanska y Goldstein, 2010}). El tipo de cambio alto y las retenciones a los commodities industriales y agropecuarios, ligado a los elevados precios internacionales de los que tales productos gozaron durante ese lapso, favoreció al sector exportador primario, lo que se tradujo en la centralidad que asumiría para el gobierno de Néstor Kirchner los llamados superávits gemelos (fiscal y comercial) (^{Basualdo, 2011}).

No obstante, si bien la resolución del frente externo constituía un aspecto de suma importancia para el gobierno de Néstor Kirchner, la crisis de la Convertibilidad también dejaba expuesto un problema cuya centralidad acompañaría a los sucesivos gobiernos kirchneristas: el sector energético y la fijación de las tarifas de los servicios públicos (^{Schorr y Wainer, 2017}). Problemática de difícil resolución dado el carácter de salario indirecto que asumía para el conjunto de los hogares residenciales y de subsidio directo a la producción local. Por otra parte, como se trataba de la fracción derrotada en el enfrentamiento entre devaluacionistas y dolarizadores, las empresas privatizadas proveedoras de servicios públicos fueron particularmente reticentes en realizar las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad económica, que comenzó a verificarse desde el cuarto trimestre de 2002¹¹. La incapacidad de dar una respuesta satisfactoria al cuello de botella que generó el incremento de la actividad económica respecto del sector energético agudizaría la restricción externa, particularmente a lo largo del segundo mandato de Cristina Fernández.

El inicio de la confrontación entre racionalidades políticas y económicas contrapuestas: los gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015)

El 11 de marzo de 2008, tres meses después de que Cristina Fernández asumiera la presidencia, se comunicó la sanción de la Resolución 125 que establecía retenciones móviles a cuatro commodities agropecuarios: maíz, trigo, soja y girasol. A lo largo de la última década del siglo pasado, el sector agropecuario realizó una fuerte inversión que se tradujo en la implementación de un paquete tecnológico que incluía la siembra directa y la utilización de herbicidas, tales como el glifosato, que volvió posible extender la frontera agropecuaria mucho más allá de los límites que delimitaban los contornos de la pampa húmeda (^{Basualdo, 2013}). Este fenómeno redundó en un importante incremento de la productividad de dicho sector. Pero al mismo tiempo, este se había visto beneficiado por la fuerte devaluación de enero de 2002, la pesificación de sus deudas con el sector bancario y el sostenido aumento de los precios de los commodities que tenían como destino el mercado mundial (Bisang y Sztulwark, 2006).

Esta medida tomó por sorpresa a los ruralistas, que reaccionaron fuertemente desde un primer momento. La medida apuntaba en dos direcciones, simultáneamente: por un lado, procuraba producir un desacople entre los precios internos y el mercado mundial, al tiempo que captaba los ingresos que generaba la rentabilidad extraordinaria del sector (^{Zaiat, 2012}). No obstante, su ejecución reveló cierta impericia política al favorecer un sólido abroquelamiento de las diversas fracciones agropecuarias. Estas se agruparon en torno de la autodenominada "Mesa de Enlace" que reunía a La Sociedad Rural Argentina, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la Federación Agraria Argentina y las Confederaciones Rurales Argentina.

Las medidas de fuerza adoptadas por las cámaras empresariales se tradujeron en cortes de ruta y desabastecimiento de los principales centros urbanos de la región metropolitana. Consciente del error que supuso no advertir la heterogeneidad de este sector de la actividad económica, el gobierno envió al Parlamento una ley que disponía una diferenciación en la aplicación de las retenciones en función del volumen de producción, además de diversas medidas tendientes a beneficiar a los pequeños productores (^{Pucciarelli, 2017})¹².

La resolución del conflicto en favor de los ruralistas marcó un punto de inflexión en la historia reciente argentina, por varias razones. En primer lugar, definió los contornos de un bloque social que aún no contaba con una nítida expresión electoral, pero que ponía de manifiesto un límite que marcaba el bloque en el poder respecto de la orientación política del gobierno. Es en este contexto en el que comienza a instalarse con fuerza en el debate público la oposición entre "populismo" y "república", sobre fondo del histórico enfrentamiento entre el "pueblo" y la "oligarquía"; tan cara a la tradición política peronista (^{Peña, 1973}). En segundo lugar, este enfrentamiento resaltó la magnitud de la crisis hegemónica de diciembre de 2001: la clase dominante no ejercía el gobierno del Estado, pero demostró una singular capacidad para conducir las movilizaciones sociales en su apoyo, particularmente verificable en importantes sectores de la clase media urbana (^{Artese et al., 2013}). Así, el conflicto en torno a la Resolución 125 estableció una clara divisoria de aguas entre dos proyectos de país en pugna, portadores de sendas racionalidades políticas contrapuestas. En tercer lugar, la plena conciencia de la dirigencia del sector respecto del rol que este asumía en la provisión de las divisas destinadas para el funcionamiento de la economía doméstica, sería determinante en el curso posterior de los acontecimientos. Este fenómeno se verifica con singular nitidez en la renuencia a liquidar las divisas provenientes del comercio exterior de granos para forzar una posible devaluación de la moneda, aspecto que constituyó un factor de presión suplementario sobre el gobierno (^{Aronskind y Vommaro, 2010}).

Sin embargo, lejos de volver sobre sus pasos y ante las presiones para imprimirle un sesgo ortodoxo al rumbo de su gobierno, Cristina Fernández impulsó dos medidas fundamentales que se inscriben en el despliegue de una racionalidad política claramente nacional-popular: la estatización de los fondos de pensión hasta ese momento en manos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y la sanción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A estas dos medidas se le suma la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual¹³.

Los fondos previsionales en manos de los bancos habían sido privatizados en 1993, en pleno auge de la racionalidad política neoliberal. De hecho, la privatización de los fondos previsionales se apoyó en uno de sus más sólidos vectores culturales: la valorización de los aportes individuales, lo que se oponía abiertamente con la lógica de solidaridad intergeneracional que caracterizaba al modelo de reparto estatal, el cual se recuperó con la estatización de tales fondos. La cesión de los fondos previsionales al capital financiero en un contexto en el que se producía un fuerte incremento del desempleo acentuó el déficit fiscal, que se intentó cubrir mediante el endeudamiento interno y externo. Fue así como se dio la situación paradojal en la cual las AFJP financiaban al Estado nacional por medio de la compra de los títulos públicos tendientes a cubrir tal déficit (^{Rofman, 2012}).

Es interesante remarcar esta medida dado que se implementa en el contexto de la fuerte crisis internacional que se produce en 2008 a partir de la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos, la retracción del comercio internacional y la caída de los precios de los commodities agropecuarios (^{Abeles, 2009}). En la estratégica estatización de los fondos previsionales convergían tres aspectos medulares sobre los que se apoyaba tal decisión: en primer lugar, constituía un gesto tendiente a recuperar la iniciativa política luego de la derrota ante el sector agropecuario. Al mismo tiempo, se ratificaba la determinación por enfrentar la crisis internacional desde una perspectiva contraria a las recomendaciones del establishment económico respecto de la conveniencia de aplicar un ajuste ortodoxo para evitar un eventual colapso económico. En segundo lugar, las arcas fiscales captaban una significativa masa de recursos imprescindibles para ganar grados de autonomía estatal en el diseño de políticas públicas expansivas. Y en tercer lugar, el Estado accedió a un "stock de activos equivalentes al 10% del PBI, compuestos en su mayor parte por títulos de la deuda pública y acciones en grandes empresas privadas, con la consecuente participación estatal en los directorios de estas firmas" (^{Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017}, p. 121).

La AUH consistía en el depósito mensual de una suma de dinero, de carácter no contributivo, a padres y madres por cada hijo menor de dieciocho años hasta un máximo de cinco hijos. Para acceder a tal beneficio, se exigía la inserción y asistencia del niño o adolescente en cuestión al sistema educativo y el cumplimiento de un cronograma de vacunaciones, así como diversos controles sanitarios (^{Agis, Cañete y Panigo, 2013}; ^{Kulfas, 2016}). Por su parte, la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituyó el punto de no retorno en el enfrentamiento sostenido entre el gobierno de Cristina Fernández con el poderoso Grupo Clarín. Si bien dicha ley no afectaba a la prensa escrita, el objetivo que esta perseguía apuntaba al desmembramiento del conglomerado comunicacional tal como se lo conocía hasta ese entonces, puesto que establecía un tope al número de licencias audiovisuales que detentaba cada grupo económico del sector (^{Loreti y Lozano, 2017}).

Estas medidas coadyuvaron a la fuerte recuperación económica que comienza a verificarse en el tercer trimestre de 2009. Los datos positivos que comenzaban a bosquejarse en la economía doméstica, ratificaron la pertinencia del rumbo adoptado para enfrentar la crisis internacional que se había desatado con las hipotecas subprime en Estados Unidos. El bienio 2010-2011 estará signado por un fuerte crecimiento económico, apoyado en la política fiscal expansiva y en un contexto internacional favorable (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina [CIFRA], 2011)¹⁴. Este conjunto de factores, sumado al impacto social que produjo la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, hizo que la reelección de Cristina Fernández en los comicios celebrados en octubre de 2011 no encontrase obstáculo alguno: la Presidente obtuvo el 54% de los votos, manteniendo una distancia de casi cuarenta puntos porcentuales respecto del segundo candidato más votado. Si bien la ratificación del rumbo parecía no encontrar mayores fisuras, las tensiones inflacionarias recrudecieron en virtud, fundamentalmente, del frente externo.

El surgimiento de la restricción externa, impulsada por la fuga de capitales, el deterioro de la balanza comercial (por las crecientes erogaciones en materia energética y el crecimiento de las importaciones) y la caída en el nivel de las reservas, comenzaba a condicionar fuertemente el desenvolvimiento de la economía doméstica (^{Schorr, 2013}).

Por tales motivos, Cristina Fernández impulsará tres medidas con el objetivo de atenuar los efectos de la restricción externa: la implementación de rígidos controles cambiarios que impedían la adquisición de divisas, lo que rápidamente fue bautizado como "cepo cambiario"¹⁵; el establecimiento de las declaraciones juradas anticipadas de importaciones y la estatización del 51% del paquete accionario de YPF, en manos de la española REPSOL.

No obstante, la implementación de este paquete de medidas, no fue posible evitar la devaluación de la moneda en enero del 2014, que se ubicó en un orden del 20%. Si bien el Banco Central impulsó una suba de la tasa de referencia para neutralizar lo máximo posible la dolarización de las carteras, en lo que intentó convertirse en una suerte de "devaluación controlada", la corrección de los precios relativos de la economía tendría por efecto una inevitable aceleración inflacionaria y una caída de los salarios reales y de la demanda interna (^{Manzanelli et al., 2014}).

Sin embargo, la salida escogida por el kirchnerismo, nuevamente, fue la opuesta a las tradicionales recetas ortodoxas tendientes a "enfriar" la economía, es decir, hacer caer la demanda para estabilizar los precios internos. Por el contrario, las medidas señaladas se vieron acompañas por una serie de políticas públicas orientadas a impulsar la demanda luego de su caída tras la devaluación. Fue así como se implementó el programa "Precios Cuidados", un acuerdo de precios para productos de consumo masivo establecido entre la Secretaría de Comercio, las principales Cámaras del sector alimenticio y las grandes cadenas de distribución (que explican el 70% de las ventas minoristas del país). Simultáneamente, se impulsó una medida destinada a financiar el consumo popular a través del programa "Ahora 12", se creó una línea de créditos subsidiados para la compra de automóviles (Programa de Crédito Automotriz), se implementó una política destinada al apoyo de los jóvenes de entre 18 y 24 años para que concluyesen su formación en el sistema educativo (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina) y se diseñó el Pro.Cre.Ar (Programa de Crédito Argentino para la Vivienda Única Familiar) que consistió en el otorgamiento de créditos, a tasas subsidiadas, destinados a los sectores populares para que estos accedan a la vivienda propia. Si bien estas políticas públicas mitigaron los efectos de la devaluación y la caída de los salarios reales, el sensible descenso de las reservas en poder del Banco Central continuaba acentuando la restricción externa (^{Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017}, pp. 131-132).

Este contexto fue determinante para que el equipo económico revisase su reticencia a regresar a los mercados financieros internacionales para revertir los efectos que la restricción externa ejercía sobre el mercado interno y el sector externo, simultáneamente. Sin embargo, quedaban algunas cuentas pendientes que debían ser resueltas para que esto fuese posible: la resolución del litigio con REPSOL por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF y la deuda histórica con el Club de París, cuyo inicio se remontaba a 1955. Cuando en ambos frentes comenzaba a bosquejarse un principio de solución, la Corte Suprema norteamericana determinó la validez del fallo del juez de primera instancia del distrito neoyorquino, Thomas Griesa, en el que se determinaba que los holdouts, es decir, los acreedores de bonos de la deuda externa que se mantuvieron al margen de las reestructuraciones llevadas a cabo en 2005 y 2010, se encontraban en un pie de igualdad respecto de quienes se habían plegado a tales iniciativas. En tal sentido, la prescripción judicial estipulaba que, si no se les abonaba a estos fondos el monto estipulado por dicho juez, de 1300 millones de dólares, la Argentina no podría cancelar los pagos de la deuda con los acreedores que se habían acogido a las mencionadas reestructuraciones de deuda soberana (^{Wainer y Bona, 2017}).

Las condiciones para cancelar un monto relativamente insignificante ponían al país en una disyuntiva de difícil resolución, puesto que el cumplimiento del fallo ordenado por el juez Thomas Griesa vulneraba la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). Esto significaba que si el gobierno argentino ofrecía mejoras en los términos de las reestructuraciones alcanzadas en 2005 y 2010 a los acreedores que no se acogieron a las mismas, estas se harían extensibles automáticamente al conjunto de aquellos; con lo cual, en los hechos, un eventual acuerdo con los holdouts se traduciría en la caída del proceso de reestructuración de la deuda. Luego de extinguirse la cláusula RUFO, el 31 de diciembre de 2014, el gobierno argentino no logró llegar a un acuerdo con estos acreedores, quienes ante la posibilidad real de que Mauricio Macri accediera a la Presidencia de la República, optaron por dejar transcurrir el tiempo con la expectativa de lograr un acuerdo favorable a sus intereses. Acertada estrategia que demostró su eficacia en la premura que impulsó al gobierno de Mauricio Macri en cerrar un acuerdo con estos fondos para retomar la senda del endeudamiento externo.

La restauración conservadora y la primacía del capital financiero: el gobierno de Mauricio Macri (2015-2017)

Las primeras medidas adoptadas por el actual gobierno dejan traslucir claramente la impronta neoliberal de la actual gestión: se produjo una devaluación del orden del 60%, las retenciones al trigo, girasol y maíz fueron suprimidas, mientras que se redujo en cinco puntos porcentuales (de 35% al 30%) las que afectaban a la soja¹⁶. Simultáneamente, se produjo una apertura comercial indiscriminada del comercio exterior que afectó, particularmente, a las pequeñas y medianas empresas, que vuelcan su producción en el mercado interno. Por otra parte, los fuertes aumentos tarifarios en la provisión de servicios públicos tales como electricidad, gas, luz y agua, a lo que se suma el combustible, provocaron una fuerte contracción del consumo y del mercado interno en general¹⁷. Este paquete de medidas se vio acompañado por despidos en el sector público, que rápidamente alcanzarían al ámbito privado, particularmente en el sector manufacturero¹⁸. La eliminación de las restricciones cambiarias también afectó negativamente a las pequeñas y medianas unidades productivas puesto que el aumento de la tasa de interés encareció el crédito destinado a la producción¹⁹.

La desregulación del sector financiero reestableció la plena vigencia de la valorización financiera (Manzanelli, González y ^{Basualdo, 2017}, p. 216). Este aspecto marca una profunda ruptura con los sucesivos gobiernos kirchneristas, que apostaron al crecimiento de la economía real y al desendeudamiento soberano²⁰. La deuda emitida por el actual gobierno está destinada a financiar la formación de activos externos (fuga de capitales), el histórico déficit comercial que dejó como saldo el 2017 (8471 millones de dólares), el giro de utilidades de las empresas multinacionales a sus casas matrices y las erogaciones turísticas. En sintonía con este fenómeno, la apertura comercial, la caída de la actividad por la recesión que se extendió a lo largo de 2016, los aumentos tarifarios, la retracción del consumo doméstico, así como el encarecimiento del crédito para las pequeñas y medianas empresas, revelan una estrategia destinada en dos direcciones: desincentivar la demanda y contraer el mercado interno. Ambos factores confluyen en el vértice que determina el carácter inflacionario que el pensamiento neoclásico le otorga a la emisión monetaria, la cual debe ser eliminada de plano según los presupuestos que rigen a tal corriente teórica (^{Alsogaray, 1981}).

Simultáneamente, lo que se observa es un desplazamiento en el centro de gravedad hegemónico donde la primacía en el interior del bloque de poder pasa a ser ejercida por el capital financiero. Si durante el cuarto de siglo que signara la plena vigencia de la valorización financiera (1976-2001) la conducción del bloque de poder recayó sobre los conglomerados locales, beneficiarios directos de las privatizaciones, de los regímenes de promoción industrial y de la estatización de la deuda externa privada (^{Basualdo, 2006}), el gobierno del Presidente Macri produjo un fuerte reacomodamiento en el interior de dicho bloque en donde la primacía la ejerce el capital financiero, en alianza con las multinacionales y el sector primario exportador, ambos sectores subordinados al primero de ellos²¹. En este punto es importante resaltar dos cuestiones fundamentales. La primera remite a la centralidad que asume el tipo de cambio en la disputa interburguesa. Los sectores exportadores de commodities agropecuarios retienen la cosecha de los granos como una forma específica de ejercer presión para elevar el tipo de cambio; mientras, por su parte, los inversores locales y externos que se ven beneficiados por la valorización financiera requieren de un tipo de cambio estable para poder realizar en divisas el ciclo especulativo. Sin embargo, ambas fracciones encuentran un grado de acuerdo que morigera su velada confrontación en la ofensiva sobre el poder adquisitivo del salario²². Este es el segundo punto fundamental. Tanto una fracción como la otra apuntan a depreciar los salarios y a neutralizar el poder de veto del movimiento obrero organizado. El modelo societario de la alianza Cambiemos, de plena apertura comercial y desregulación financiera, presupone la inserción de la Argentina en el mercado mundial como una mera plataforma exportadora de productos primarios con escaso o nulo valor agregado; en plena sintonía con la posibilidad de realizar una rentabilidad financiera particularmente elevada a escala planetaria.

Este fenómeno constituye la fragilidad del régimen macroeconómico del actual gobierno, así como su insustentabilidad a largo plazo (^{Scaletta, 2017}). La completa desregulación del sector financiero que produjo la actual Administración deja expuesta la vulnerabilidad de la Argentina ante una eventual crisis financiera internacional. La tendencia al alza de los bonos soberanos de los Estados Unidos añade un sensible obstáculo a la política de fuerte endeudamiento externo que llevó adelante el gobierno hasta el presente²³.

En suma, los desafíos que se presentan para la Argentina se desenvuelven en una coyuntura internacional singularmente sombría. La apertura de la economía en un mundo crecientemente proteccionista, anclada en un fuerte endeudamiento externo como única alternativa a la restricción externa de las cuentas fiscales, el grave deterioro del mercado interno y la fuerte caída del poder adquisitivo del salario ante la persistencia de una elevada tasa inflacionaria, constituyen factores estructurales nada auspiciosos para el futuro inmediato del actual gobierno.