Sthepen ^{Hymer (Hymer, 1979)}, uno de los teóricos más importantes sobre la comprensión y análisis de las corporaciones multinacionales, sostiene que existen dos leyes de desarrollo económico: una, el tamaño creciente de las empresas; y dos, el desarrollo desigual.

El tamaño de las empresas viene aumentando desde el taller a la fábrica de la revolución industrial, la corporación nacional, la corporación de multidivisiones, hasta la corporación multinacional. Las gigantescas corporaciones mercantilistas coloniales son predecesoras de las modernas corporaciones multinacionales: grandes, como los dinosaurios, pero con un cerebro pequeño, dice Hymer.

En consecuencia, el tamaño más grande significa un mercado de pocos jugadores, y menos competencia; es decir, mercados oligopolísticos. El aumento del tamaño puede ser explicado por la centralización y acumulación de capital, que se expresa en una mayor eficiencia, derivada de la toma de decisiones centralizadas, capacidad de innovación corporativa y tecnológica.

Para ^{Hymer (1979)}, la necesidad de las multinacionales de acceder tanto a nuevos mercados como a las fuentes de los recursos naturales, las llevaría a invertir en países menos desarrollados y -aunque traerían beneficios- su accionar afectaría más a los países débiles, con "un desarrollo dependiente y desigual", según ^{Dunning y Pitelis (2010}, p. 4).

En este sentido, existe la tendencia a crear riqueza, pero también pobreza, desarrollo como sub-desarrollo: desarrollo desigual. En los países subdesarrollados el 5% de la población controla entre el 30 y 40% del ingreso nacional y el 30% más rico controla entre el 60% y 70% del ingreso. Mientras, las dos terceras partes restantes solo reciben una tercera parte del ingreso, "no porque no contribuyan a la economía, sino porque no participan de los beneficios" (^{Hymer, 1979}, p. 71).

Por tanto, "El desarrollo económico bajo la corporación multinacional no ofrece muchas promesas para la mayoría de la población y sus antagonismos amenazan continuamente el sistema" (^{Hymer, 1979}, p. 71), debido a que las empresas multinacionales -a pesar de su nombre- operan globalmente, pero son nacionales, según Hymer. Las empresas están comprometidas a obtener ganancias y -sus accionistas- a recibir ganancias en su "propia" moneda. Las empresas tienen una nacionalidad distintiva y definitiva. No son en ningún sentido empresas "globales" (^{Buckley, 2006}, p. 141). En consecuencia, Hymer recomienda que se fortalecieran las instituciones y políticas internacionales antimonopolio, así como la protección -de hecho, el estímulo- a las "empresas infantes locales" (^{Hymer 1968}, p. 55, citado por Pitellis, 2005, p. 22).

En este aspecto, las corporaciones multinacionales han traído grandes beneficios en eficiencia, nuevas innovaciones y nuevos bienes que han mejorado el bienestar general. Sin embargo, en la pandemia actual del COVID-19, que ha generado una crisis sanitaria global -y además económica- ha mostrado la verdadera cara de las farmacéuticas y de los gobiernos que las cobijan, al impedir a la mayoría de la población mundial el acceso universal a la vacuna, mientras los países desarrollados y ricos tienen los inventarios a reventar. Canadá, por ejemplo, cuenta con vacunas para seis veces su población (^{Allison 2021}). Además, los gobiernos han financiado, con fondos públicos, como en el caso de los Estados Unidos, la investigación y el desarrollo del 75% de los nuevos medicamentos más innovadores en la última década y que han sido rentabilizados por las farmacéuticas norteamericanas (^{Mazzucato, 2012}).

El racionamiento calculado de las vacunas se traduce en altos precios y ganancias para las farmacéuticas. Por otro lado, los precios de las vacunas son discriminatorios: "Sudáfrica ha ordenado 1,5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, pero pagará más del doble de lo que paga la Unión Europea por dosis" (^{Allison, 2021}) aunque su población sirvió de conejillo de indias para los ensayos de AstraZeneca. Pero, poco se podrá hacer si no se cambian las reglas de patentes y derechos de propiedad intelectual que rigen en la actualidad a favor de las farmacéuticas, en particular.

Además, las farmacéuticas imponen condiciones a las compras de los países pobres y de ingreso medios -como la suspensión de las legislaciones nacionales de los países compradores por posibles demandas debidas a daños en la salud-. Un titular del periódico El País lo dice todo: "El BID advierte de que las farmacéuticas exigen a los Gobiernos condiciones cada vez más duras para vender vacunas" (^{Cota, 2021}).

Sin embargo, las vacunas todavía no están disponibles en las cantidades necesarias. Según ^{Ribeiro (2021)} para septiembre de 2021 solo estaba vacunada el "44 por ciento de la población mundial. En realidad, solo una veintena de países ha vacunado de 60 a 80 por ciento de su población, mientras en África no llega a 3 por ciento. Un apartheid de vacunas, le llaman organizaciones sociales y gobiernos" (^{Ribeiro, 2021}).

Después de 3,89 millones de muertes en el mundo por COVID, según ^{Our World in Data (s. f.)} - que siguen aumentando-, es necesario examinar las deficiencias de los sistemas de salud y los presupuestos asignados, porque son "los determinantes sociales y las inequidades" los factores que explican que la gente pobre siga muriendo como moscas.

Suramérica, después de Europa, con 1,1 millones de personas muertas por COVID, es la segunda región del mundo, con 981660 muertes -datos del 23 de junio de 2021-, sobre un total de 3,89 millones; supera a todas las otras regiones del mundo. Cada minuto mueren 2,2 colombianos por COVID sobre un total diario de 656 (30 de junio de 2021).

Por otro lado, el factor determinante al acceso a las vacunas es resultado del "sistema de patentes farmacéuticas de la Organización Mundial del Comercio [que] fue diseñado para priorizar las ganancias corporativas sobre la vida humana. Incluso en medio de una pandemia mortal, una coalición de compañías farmacéuticas y gobiernos del norte global se niega a reordenar estas prioridades: bloquea las exenciones de patentes, se niega a compartir tecnologías de vacunas y no financia las respuestas multilaterales", dicen ^{Mayta et al. (2021)}.

Aunque "el costo de la vacunación global se estima en solo 23 mil millones de dólares, o el 0,25 %" del total de casi 9 billones de dólares -9 millones de millones de dólares- que los países desarrollados han usado para enfrentar la recesión y las crisis de sus economías, el G7 solo ha prometido mil millones de vacunas al mundo, que apenas si alcanzarán a ser unos 613 millones de dólares, señalan ^{Mayta et al. (2021)}, que llegarán muy tarde para quienes ya estarán muertos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) "estima necesarios 11000 millones de dosis para inmunizar al 60 % de la población global" (^{De Miguel, 2021}).

Los costos de tamaña tacañería despiadada serán inmensos para los países pobres y de ingresos medios, pero aun mayor para la economía global, que se calculan en 9 billones de dólares; hasta tanto no esté vacunado el mundo entero, no se podrá decir que todos estamos a salvo: "sin una transformación en el sistema de salud global, los gobiernos de todo el mundo tendrán que desembolsar miles de millones en compras anuales de potenciadores de las grandes corporaciones farmacéuticas como Pfizer, o rogar al gobierno de los EE. UU. que venga al rescate", dicen ^{Mayta et al. (2021)}.

Por otro lado, el Banco Mundial "pronostica que la economía mundial crecerá a un 5,6 % [...] con previsiones de crecimiento del 6,8 % en Estados Unidos y del 8,5 % en China". Pero, solo "un crecimiento del 2,9 % entre los países de bajos ingresos, el más lento de los últimos 20 años [...]. Por lo tanto, la recuperación será impulsada por el crecimiento en solo unas pocas economías importantes donde el rápido progreso con la vacuna Covid-19 ha permitido un retorno más rápido a la normalidad relativa. [...]. [En general] esta recuperación es inusualmente estrecha en términos per cápita, y se espera que solo el 50 % de los países superen sus picos previos a la recesión en 2022", afirma ^{Roberts (2021)}.

Frente a este panorama, la comunidad internacional no solo debería reformar el sistema de patentes farmacéuticas, sino que en esta pandemia debería mostrar avances significativos al respecto, dada la situación de emergencia manifiesta. Mientras tanto, Colombia se adhiere a la posición de los Estados Unidos, el gran pirata de propiedad intelectual del siglo XIX (^{Ben-Atar, 2004}), sobre la protección a las patentes.

La protección a las patentes se ha endurecido, aún más, con los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -Adpic- (^{Maya, 2014}), y que han sido incorporados "reforzados" en los TLC -Adpic-plus-: reclamando de patentes para segundos usos, alargando su vigencia, limitando el otorgamiento de patentes obligatorias a los laboratorios de genéricos, mediante el pago de las regalías correspondientes solo en casos de fuerza mayor, protegiendo los datos de prueba por cinco años adicionales, e incluso prohibiendo la importación de medicamentos de terceros países (^{PNUD, 2005}, p. 153).

Estas medidas proteccionistas se han convertido en altos precios y enormes ganancias para las farmacéuticas. En efecto, los países desarrollados y las multinacionales farmacéuticas han sido los grandes beneficiarios de las normas Adpic, pues reciben el 96% de las regalías por patentes y 71.000 millones de dólares por este rubro (^{PNUD, 2005}, p. 153). Además, el 97% de las patentes, incluidas las farmacéuticas, también pertenece a los países más ricos.

De acuerdo con ^{Maya (2014)}, los altos precios de los medicamentos sacan del mercado, es decir, ponen más cerca de la tumba a los más pobres, que no tienen los medios privados ni públicos para acceder a los medicamentos que les salvarían o aliviarían sus vidas, mientras los sistemas públicos de salud cargan un costo muy alto por los medicamentos, poniendo en riesgo su solvencia financiera. A las farmacéuticas solo las anima el interés privado.

También, ^{Maya (2014)} plantea: ¿Qué se protege realmente con las patentes? En este caso, las rentas de las grandes compañías farmacéuticas. Pero no a los pacientes y a los sistemas nacionales de salud pública. ^{Mazzucato (2012)} demuestra que el gobierno corre con gran parte del riesgo en la innovación, mientras las farmacéuticas se benefician. ¿Qué hacer? Cambiar el sistema de patentes.

Sin duda, a los gerentes farmacéuticos que duermen arrullados por las cotizaciones al alza de sus empresas en Wall Street no les quita el sueño las humildes lápidas sepulcrales de quienes tuvieron que morir solos y aislados de sus familias. Entonces, ¿Le quieren decir al resto del mundo que son mejores que ellos con la declaración en el billete de un dólar que dice: "In God We Trust"?

En conclusión, frente a este panorama nada tranquilizador, los gobiernos ricos de los países desarrollados deberían financiar otro plan Marshall, sin deuda y sin amarres, para que las economías pobres y de ingresos medios puedan recuperarse, al mismo tiempo que las economías centrales están abiertas para las exportaciones de la periferia. Sin embargo, esto es mucho pedir para los gobiernos que solo quieren subordinación económica y política del resto del mundo.