LA AUTONOMÍA EDUCATIVA INDÍGENA EN COLOMBIA*
THE INDIGENOUS EDUCATIONAL AUTONOMY IN COLOMBIA
Carlos Mario Molina-Betancur**
*Avance de investigación del proyecto internacional de investigación "Género, familia y tierra en Popayán", realizado en la Universidad de Medellín en asocio a la Universidad Córdoba de España. Proyecto terminado en junio de 2010. Con el apoyo investigativo del miembro del semillero Ágora, Roger Alejandro Jiménez Fernández. Auxiliar de investigación Universidad de Medellín.
**Profesor de Derecho Público de la Universidad de Medellín. Doctor en Derecho de la Universidad Paris II Panthéon, Director de la Maestría y del Doctorado en Derecho de la Universidad de Medellín. Comisionado de la Sala de Maestrías y Doctorados del Ministerio de Educación Nacional. Director Ejecutivo de acqfade. Director grupo de investigaciones jurídicas de la universidad de Medellín, categoria A1 de colciencias. carmol@wanadoo.fr
Fecha de recepción: 07 de febrero de 2012 Fecha de aceptación: 20 de marzo de 2012
Resumen
La autonomía educativa indígena es todavía un sueño en Colombia. Los territorios indígenas todavía no pueden administrar libremente sus recursos, aunque avances significativos se han realizado en el país para integrar las comunidades a las decisiones que competen: a sus gentes, en la administración de sus tierras, la aplicación de una justicia autóctona y el respeto de una cultura propia. El concepto que se ha ido desarrollando ha sido el de educación dentro de su etnodesarrollo, que les permite a estas comunidades decidir sobre su forma de vida, de producción y de regulación. Pero su desarrollo legislativo y jurisprudencial todavía está en construcción.
Palabras Claves: Autonomia, indígenas, territorios indígenas y derecho indigena.
The indigenous educational autonomy in Colombia is still a dream. The indigenous territories cannot be part of the administration of its resources, although significant advances has been done in the country to integrate the communities to the decisions of its people regarding the administration of its lands, the application of an autonomy justice and the respect of a proper culture. The concept that has been developed has been education inside its ethno-develop, that permit those communities to decide over its style of life, production and regulations, but its development over legislative and jurisprudence is still in construction.
Keywords author: Autonomy, Indigenous, Indigenous Territories, Indigenous Rigths.
SUMARIO
INTRODUCCIÓN.- I. EL PROGRESIVO RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.- A. La distribución de la población étnica. -B. Un progresivo reconocimiento legislativo.- II. EL SURGIMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENA.- A. Referentes históricos. -B. La toma de conciencia sobre la etnoeducación.- C. La apuesta a la autonomía universitaria indígena.- CONCLUSIONES.
INTRODUCCIÓN
La población indígena colombiana no logra llegar al dos por ciento de la población; las comunidades indígenas cuentan con tan solo T392.623 individuos, según estadísticas 2005 del dane1. Sin embargo, todavía se conocen 82 pueblos que hablan 63 dialectos indígenas que hacen presencia en gran parte del territorio nacional.
La Constitución de 1991 dio visibilidad a este grupo étnico cuando reconoce en su artículo 7 que el Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Igualmente en su artículo 10, cuando reconoce que las lenguas y dialectos de los grupos son también oficiales en sus territorios. Además, en su artículo 10 establece que la enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. También en su artículo 63 se reconoce que las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En su artículo 68 el texto constitucional establece que dichos grupos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. El artículo 70 establece el principio de la igualdad con dignidad de todas las culturas del país. Por último, el artículo 286 los integra al resto del país al reconocerlos como territorios indígenas, al lado de los departamentos, los distritos y los municipios2.
En este sentido, el artículo 246 de la Constitución de 1991 crea una jurisdicción propia para los indígenas y los artículos 286 y 287 establecen que las entidades territoriales gozan, dentro del concepto de Estado unitario, de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, en virtud de la cual pueden gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales3. Ello se compagina con el artículo 246, que les otorga autonomía jurisdiccional y con los artículos 329 y 330, que les reconoce formas solidarias y asociativas en el manejo de la propiedad, así como la autonomía en la toma de decisiones para la explotación de sus recursos naturales. En este sentido el artículo 357 establece que los resguardos pasan a ser entidades autónomas de derecho público.
Por ello, los territorios indígenas gozan de la autonomía, que no es más que el grado creciente de libertad con autodeterminación de los habitantes del territorio para la definición y control de sus propios intereses y el logro del bienestar general4. La Corte Constitucional avala dicha definición y establece que las únicas tradiciones autonómicas aborígenes que deben ser respetadas son aquellas compatibles con la estructura básica del sistema jurídico de la mayoría de los habitantes, es decir con el sistema que los reconoce5, y que sus restricciones están delimitadas por la misma Carta constitucional de 1991, que entre otras estableció el respeto de los derechos fundamentales para todos los habitantes del territorio6, los cuales se protegen a través del mecanismo de tutela7.
]]> En materia de educación, el artículo 288 de la Constitución de 1991 estableció una competencia concurrente de regulación normativa, la cual debe realizar una armónica distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales; dichas competencias serían ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. Con base en lo anterior, la Ley 115 de 1994, regulatoria de la educación en el país, establece:ARTÍCULO 55. Definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.
PARÁGRAFO. En funcionamiento las entidades territoriales indígenas se asimilarán a los municipios para efectos de la prestación del servicio público educativo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 60 de 1993 y de conformidad con lo que disponga la ley de ordenamiento territorial.
Sin embargo, la ley orgánica de ordenamiento territorial no ha sido aún votada, y con ello el reconocimiento de la autonomía territorial indígena, que influye considerablemente en su autonomía educativa, sigue sin resolverse8.
Mientras tanto, ante la ausencia mundial de una definición clara sobre la noción de pueblo indígena, el Gobierno Nacional considera que ser indígena es pertenecer a un grupo caracterizado por rasgos culturales de origen prehispánico y con una economía de autoconsumo, en áreas previamente establecidas. Dicho grupo étnico debe conservar un auto-reconocimiento con la colectividad indígena, viviendo en sus territorios y practicando su lengua y costumbres9. Esto es criticable desde el punto de vista teórico, por cuanto la existencia de estos grupos no debería depender de disposiciones gubernamentales; sin embargo, para una adecuada distribución de recursos y para facilitar mejor su censo, se podría pensar que deben existir criterios de identidad que faciliten su organización, tales como estilo de vida, cultura, organización social, costumbres, tradiciones, lenguas y continuidad histórica10. Lo que parece lógico para la Corte Constitucional, que considera que los grupos aborígenes no son comunidades culturales autónomas como lo prevé el derecho internacional con la libre determinación11, es que son subdivisiones políticas dentro del Estado colombiano con rasgos históricos particulares12, aunque hay que reconocérseles que por su identidad histórica no tienen que cumplir con todas las normas nacionales13.
Podríamos decir que el hecho que el gobierno se interese de cerca por la existencia y condiciones de vida de los pueblos indígenas es un gran avance en nuestro país, por lo que dicha intervención no ha sido masivamente contestable por los mismos grupos indígenas o sus defensores. Lo que más les interesa, aparte de ser incluidos, es resolver la grave situación social de estos pueblos en materia de salud y educación.
En materia educativa el Gobierno Nacional ha dado pasos agigantados para llegar a toda la población, incluyendo la indígena. En el siglo XIX los grandes esfuerzos del gobierno de Santander no pudieron instaurar una educación gratuita y obligatoria en todo el territorio nacional. Las grandes reformas que se han realizado en 1843, 1851, 1870, 1880, 1903 y 1927 no lo pudieron lograrlo tampoco; solamente en 1936 la ley ordena por la primera vez que la educación fuera gratuita y obligatoria para todos, sin embargo, estas disposiciones tampoco llegaron a solucionar el grave problema del cubrimiento de la educación14.
Posteriormente, la Ley 111 de 1960 centralizó la educación sin quitarles a los departamentos la competencia para el nombramiento de docentes y mantenimiento de las escuelas. Solamente hasta 1957 el gobierno central asume enteramente los gastos la educación primaria y secundaria15. Desde entonces la cobertura ha ido en aumento tanto para el sector público como privado16. En 1951 la cobertura de la educación primaria fue del 43% y pasó al 97% en 1980. En materia de educación secundaria, se pasó en las mismas fechas del 4,5% al 35,5%. Para 1980 el 20% de la población era iletrada y el gasto del pib en materia educativa había pasado del 1% al 3%.
Las leyes 12 de 1986, 24 de 1988 y 29 de 1989 le devolvieron a los municipios las competencias en materia de administración de la educación, lo que se ratifica en la Constitución de 1991 que dispone que la Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales. La misma Constitución establece unos parámetros financieros que le garantizan a las entidades territoriales un porcentaje de ingresos corrientes para el manejo de la educación primaria y secundaria. Los territorios indígenas, siendo denominados por la Constitución como entidad territorial, van a administrar unos bienes de forma autónoma. Sin embargo, la ley de ordenamiento territorial no se ha expedido aún y son solamente los resguardos, bajo el control de los municipios, quienes reciben los aportes del Estado para la educación.
]]> Estos aportes pasaron de la Administración del Estado a los Departamentos con las leyes 60 de 1993, 115 de 1994, las cuales incluyen el financiamiento de la educación técnica formal y la educación de los grupos étnicos, los adultos y las poblaciones con dificultades o limitaciones. De su lado, la Ley 30 de 1992 estableció los parámetros de la educación superior17. La experiencia de autonomía administrativa y financiera del sector educativo no dio los resultados esperados y creó mucha desigualdad entre los entes territoriales, lo que remedió el Acto Legislativo 01 de 2001 que unificó la repartición del Sistema General de Participaciones, de acuerdo a criterios claros de calidad y eficiencia en el manejo de los recursos "según la población atendida y por atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal y la equidad".La Ley 715 de 2001 pone en práctica la nueva distribución y establece una mayor claridad en materia de competencias, dejándole a la administración central la formulación de políticas y la distribución de recursos, a los entes territoriales les corresponde la planificación y dirección del sistema educativo18.
De forma general, la Nación cuenta con competencias educativas referentes a la formulación de políticas, a la regulación de la prestación del servicio, a la reglamentación de los concursos que rigen la carrera docente, a la evaluación de la gestión financiera del sector, a la certificación de municipios mayores de cien mil habitantes y a la distribución de los recursos para educación provenientes del Sistema General de Participaciones. Los departamentos cuentan con las competencias generales de asistencia técnica a los municipios y la administración de la información educativa, y en relación con los municipios no certificados, se asignaron las competencias de dirigir, planificar, administrar y financiar la prestación del servicio educativo con todo lo que ello implica en el marco de la ley. Los distritos y municipios certificados cuentan con competencias de dirección, planificación, administración y financiación de la prestación del servicio educativo en su jurisdicción. Los municipios no certificados cuentan con la administración y distribución de los recursos de calidad provenientes del SGP, el traslado de las plazas y los docentes entre las instituciones educativas, la participación con recursos propios en la financiación de los servicios educativos y el suministro de la información requerida al departamento y a la Nación en los términos establecidos en el reglamento.
Desafortunadamente, los territorios indígenas siguen sin constituirse y por ello no cuentan con las mismas competencias que la ley le brinda a todos los entes territoriales, caso particular el del autogobierno para decidir sobre sus destinos19. Las participaciones presupuestales del Estado llegan a los indígenas a través de los municipios que tienen resguardos20, que deben reportar el número de individuos con el que cuentan y su extensión territorial. Por ello muchas agrupaciones indígenas que habitan fuera de los resguardos siguen sin contar con esta participación y se encuentran alejados de todo contacto con la civilización, con problemas graves de desnutrición y de alfabetización21.
Estos grupos no entran a formar parte de la llamada educación formal, la cual se define como aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducentes a grados y títulos. Los niveles de formación de la educación formal son: educación preescolar, con mínimo un grado de obligatoriedad; la educación básica, con nueve grados (básica primaria: cinco grados y básica secundaria: cuatro grados); la educación media con duración de dos grados (10 y 11) y culmina con el título de bachiller. Por su parte, la educación superior tiene dos niveles de formación: de pregrado y de postgrado.
I. EL PROGRESIVO RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El progresivo reconocimiento de los pueblos indígenas como cultura autóctona tiene su explicación en parte en la tradicional subsistencia territorial y en el avanzado reconocimiento legislativo que se ha hecho de su cultura en los últimos veinte años.
A. La distribución de la población étnica
Por razones de violencia, familiares, educativas o para mejorar sus condiciones de vida, muchas comunidades indígenas han emigrado de un lugar a otro y se acercan generalmente a las cabeceras municipales. Son en realidad pocos los grupos indígenas que residen en sus lugares tradicionales de origen: Amazonas, Guajira, Cauca, Sucre, Córdoba, Santa Marta y el Darién del Chocó, que concentran un 65,77% del total de la población indígena del país. En estos departamentos del país existe presencia importante de grupos indígenas en lo que respecta a la población total de cada lugar: Vaupés (66%), Guainía (64,90%), La Guajira (44,94%), Vichada (44,35%) y Amazonas (43,43%). Otros como Cauca (21,55%) y Putumayo (20,94%) recogen otra parte importante de la población. En los demás territorios del país se encuentran grupos indignas dispersos sin alcanzar el 1°% en cada población: San Andrés, Bolívar, Santander, Bogotá, Quindío, Boyacá, Antioquia, Valle, Santander y Magdalena22.
La mayor parte de la población indígena vive en resguardos legalmente constituidos. De 27 departamentos que cuentan con asentamientos indígenas reconocidos, encontramos que Chocó es el departamento en donde el mayor número de ellos se concentran, 119 resguardos dispersos en 26 municipios; en Cauca existen 93 resguardos en 26 municipios. Lo siguen en importancia Tolima con 72 en siete municipios, Putumayo con 66 en 13 municipios, Nariño con 65 en 20 municipios, Antioquia con 45 en 21 municipios, Caquetá con el mismo número pero distribuidos en 10 municipios, Vichada con 32 en cuatro municipios, Amazonas con 29 en 10 municipios, Arauca con 26 en seis municipios, Valle del Cuaca con el mismo número pero distribuidos en 14 municipios, Guainía con 25 en cuatro municipios y Guaviare también con 25 en tres municipios. El resto de los departamentos no cuenta con más de 20 resguardos y no suman en cada uno más de 20 mil habitantes23.
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La población indígena es un población joven con 39,5% en edad que oscila entre 0 y 14 años de edad, con 55,2% de población entre los 15 y 64 años de edad y con solo un 5,2% mayor de sesenta y cinco años. Del total, 50,5% son hombres y 49,5% mujeres. La tasa de natalidad es baja en los grupos indígenas, 124 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil. La tasa de alfabetismo en los grupos indígenas alcanza el 71,4% (74,1% de los hombres y 68,6% de las mujeres), lo que es inferior a los demás grupos étnicos y se queda en los niveles de educación básica primaria. Muchos de los resguardos practican la etnoeducación, que les permite la integración de su cultura al resto de la sociedad24.
B. Un progresivo reconocimiento legislativo
En aras de organizar a los pueblos indígenas se ha establecido una cantidad importantes de normas a su favor, tales como:
La Ley 21 de 1991, la cual ratifica el Convenio 169 de la üit de 189, sobre pueblos indígenas. En esta, el Estado colombiano se compromete a desarrollar acciones tendientes a garantizar su participación en las decisiones gubernamentales que los conciernen, así como al respeto de su identidad cultural para proteger sus bienes, su trabajo, su cultura y el medio ambiente en el que viven.
De su lado, la Ley 152 de 1993, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, establece en su artículo segundo acciones coordinadas para que los grupos indígenas participen del Consejo Nacional de Planeación por medio de representantes. Con ello se les permite participar en la elaboración de diagnósticos y actividades de seguimiento y evaluación en los planes de desarrollo, sobre todo en los aspectos que a ellos compete.
Con lo anterior, se expide el Documento Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales (conpes) 2773 de 1995, el cual establece un programa de apoyo y fortalecimiento étnico de los pueblos indígenas con objetivos de política gubernamental para estos colectivos en materia de etnodesarrollo autónomo y sostenible.
Luego se expide el Decreto 1396 de 1996, el cual crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Programa Especial de Atención a los Pueblos Indígenas. Este decreto sigue la línea del Decreto 1397 de 1996, el cual crea la Comisión Nacional de Territorios y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.
En materia presupuestal, la Ley 715 de 2001 (Decreto reglamentario 159 de 2002) fija las normas orgánicas de recursos y competencias, de conformidad con los artículos 151, 288 y 356 del Acto Legislativo 01 de 2001 de la Constitución de 1991, para organizar la prestación de los servicios educativos y la salud de los entes territoriales. En su artículo 82, la ley establece que en tanto no sean constituidas las entidades territoriales indígenas, serán beneficiarios del Sistema General de Participaciones los resguardos indígenas legítimamente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior al Departamento Nacional de Estadística dane, y al Departamento Nacional de Planeación en el año inmediatamente anterior a la vigencia para la cual se programan los recursos.
De igual forma, el artículo 83 establece que la distribución y administración de los recursos para los resguardos indígenas se distribuirán en proporción a la participación de la población de la entidad o resguardo indígena, en el total de la población indígena reportada al dane por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (incora) (Hoy Instituto Col ombiano de Desarrollo Rural (incoder). En materia de extensión territorial de la comunidad indígena, es el Instituto Agustín Codazzi (igac) quien rinde el informe al dane.
]]> Finalmente, es interesante resaltar la Ley 1381 de 2010, la cual desarrolla los artículos 7, 8, 10 y 70 de la Constitución Política, así como los artículos 4, 5 y 28 de la Ley 21 de 1991, la cual aprueba el Convenio 169 de 1989 de la oit sobre pueblos indígenas y tribales. Con esta norma se brinda un amplio reconocimiento a los pueblos indígenas, se fomenta, protege y preserva el uso de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia. Esto es un adelanto, pero la tan esperada autonomía de los pueblos indígenas sigue a la espera de ser una realidad.En primer lugar, en materia de autonomía, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007 de la Asamblea General de Naciones Unidas no es muy clara. El reconocimiento de los indígenas como ciudadanos plenos no borra de un brochazo el despojo de sus tierras, la discriminación, los maltratos, el desplazamiento forzado a los que son sometidos estos pueblos en todo el mundo. Basta mirar cada represión de sus protestas en Bolivia, Perú, Brasil y Ecuador para darse cuenta que finalmente no son libres y no se respetan sus derechos.
Además, el artículo 3 de la Declaración sobre Derechos Indígenas de 2007 afirma que en virtud del derecho a la libre determinación los pueblos indígenas determinan libremente su condición política y prosiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. A su vez el artículo cuarto establece que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas25. Pero esto no parece ser reconocido sino como un derecho interno que tienen los pueblos indígenas de autogobernarse, nunca para separarse del Estado al cual pertenecen26. La definición de pueblo indígena aún no se ha concretado y los derechos colectivos que le son atribuidos no son verdaderos derechos subjetivos por ser atribuidos y enmarcados por una cultura dominante, además que no cuentan con estamentos institucionales propios que los defiendan27.
En materia del derecho a la tierra, por ejemplo, la mayor parte de los países que tienen asentamientos indígenas, rechazan la idea de devolverles las parcelas que por siglos estos pueblos han ocupado, además que claman por el respeto a la vida y a no proliferación del conflicto armado dentro de sus territorios28. En materia institucional, estos pueblos han sido sometidos a estructuras de gobierno y de participación que ellos no practican y por ello siguen siendo absorbidos por un sistema institucional que se les ha impuesto sin tener consideración de la autonomía que tienen para autogobernarse29. En materia económica, los pueblos indígenas colombianos siguen estando en los estratos económicos más bajos de la sociedad, su poder de comercio se limita a la venta de artesanías o de productos agrícolas, lo que dificulta su autodeterminación como pueblo.
Por ello, si bien es cierto que es un adelanto el reconocimiento constitucional de su identidad y la inclusión dentro de los organismos políticos y administrativos del Estado, la autonomía con la que cuentan algunos pueblos indígenas colombianos no se encuentra sino en el papel de la norma, hace falta mucha voluntad política para que se realicen las reformas institucionales, económicas, políticas y judiciales que favorezcan la autonomía de estos pueblos.
II. EL SURGIMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La educación autóctona de los pueblos indígenas está surgiendo en el país gracias a unos fuertes referentes históricos, que van desarrollando e imponiendo progresivamente el término de etnoeducación, a tal punto que hoy ya se habla de la apuesta por la educación superior indígena.
A. Referentes históricos
Antes de la llegada de los españoles a tierras americanas, los habitantes de nuestras tierras habían formado un sistema educativo propio, con unos ideales y conocimientos bien definidos en diferentes campos del saber: ingeniería, medicina tradicional, música, arquitectura, ciencias botánicas, actividades artísticas, astronomía y lenguas. Con ello, alcanzaron un nivel de desarrollo tal que les permitió construir grandes ciudades, canales de riego, controlar enfermedades y tecnificar la agricultura, siempre enmarcado en la búsqueda del equilibrio del hombre con la naturaleza30.
Con el arribo de los españoles, la sociedad colonial contaba con una estructura social altamente diferenciada: se caracterizó por una fuerte diferenciación y exclusión entre españoles de origen y españoles nacidos en América, entre mestizos, indígenas y esclavos; con una división del trabajo bien definida, en donde cada grupo recibía la educación de su nivel social. Por ello, la única educación que recibieron los indígenas fue la educación religiosa, con normas básicas de conducta propias de doctrina cristiana: obediencia, abstinencia y trabajo. Era una educación monopolística, eminentemente autoritaria, vertical y memorista, que enfatizaba en el aprendizaje de oraciones y deberes religiosos.
]]> Durante los siglos XVI y XVII, cada encomienda contaba con su "cura doctrinero", que se encargaba de la evangelización de los nativos, cumpliendo con una doble finalidad: obtener la redención de los indígenas y garantizar la pasividad y complacencia con la asimilación de las ideas dominantes31. Se estableció así una escuela sin libros y una enseñanza sin escritura32, pero con muy buenos resultados en la práctica; el predicador los doblegaba moralmente con dogmas de fe, mientras que el encomendero les instruía nuevos hábitos de agricultura y les inculcaba el trabajo, especialmente en las minas.Esta "civilización" de los nativos a través de los misioneros, tuvo como uno de sus objetivos la persecución de los líderes ideológicos de los indígenas, ya que cada tribu antes de la llegada de los españoles tenía su propia cosmovisión y su manera de reproducirla. Esta persecución trató de acabar con los representantes de las comunidades, tachándolos de "diabólicos"; se persiguió a chamanes, jaibanás, mamus, médicos tradicionales, etc.; con esto se trató de sustituir las lenguas indígenas por las europeas, como el español, francés, inglés y portugués. Para ello se les prohibió hablar su propio idioma, se les obligaba a cambiar de vestido, a cortarse el cabello, y cuando desobedecían eran azotados en las plazas públicas, catalogándolos como aliados del diablo, o salvajes sin alma, eran desterrados o quemados en plaza pública. Este sometimiento fue cambiando la autoridad ancestral y la sabiduría de los ancianos, dándole paso a la educación religiosa con el fomento de la propiedad privada, afectando la economía comunitaria tradicional indígena33.
De esta forma violenta se fue imponiendo la nueva cultura, buscando la resignación o erradicación de las comunidades indígenas, pero gracias a zonas geográficas impenetrables y a una fuerte resistencia de ciertos pueblos disgregados, no fue posible la implantación absoluta de la cultura occidental. Para los misioneros tampoco fue fácil la tarea de evangelización, ya que cada tribu manejaba un idioma diferente, y para asegurar la evangelización algunos misioneros se dieron a la tarea de aprender las lenguas aborígenes, recibiendo el nombre de "lenguaraces" o "lenguas", y los indígenas que eran capaces de aprender el castellano, eran llamados "ladinos"34. Los primeros en preocuparse por el aprendizaje de las lenguas nativas fueron los frailes dominicanos, lo que evitó la desaparición total de ciertos dialectos35.
Con la llegada del primer presidente de la Nueva Granada, Andrés Díaz Venero de Leiva en 156436 se trató de darle cumplimiento a cédulas reales, creando escuelas de primeras letras por todo el territorio para hijos de españoles e indios; la idea era instruirlos en religión, gramática, escritura y lectura. También se intentó darle cumplimiento a una norma que ordenaba la creación de colegios para hijos de caciques indígenas. En líneas generales se trató de aumentar la instrucción, se aumentó el número de doctrineros dominicos y franciscanos y para cada una de las poblaciones donde había cura doctrinero funcionó una escuela, financiada bien sea por religiosos, por particulares o por cabildos. Estas escuelas son el antecedente de la educación pública contemporánea pero estas disposiciones no tuvieron eficacia para los indígenas37.
En el siglo XIX, poco después que el Libertador Simón Bolívar liberara de la esclavitud a los negros e indígenas de Colombia, fue la Iglesia católica la encargada de evangelizarlos, y por ende de brindarles una educación cristiana. La Iglesia controlaba la educación tanto pública como la privada a través del monopolio de las escuelas, los colegios religiosos y universidades38. El Decreto del 5 de noviembre de 1829, reforma por completo el Plan de Estudios de 1826, modificando de manera tajante la enseñanza primaria, con ideas de Simón Rodríguez y Lancaster. De su maestro extrajo la idea de la educación universal y gratuita, humanística e integral, con contenidos que le permitan al ciudadano aprender a vivir y a crear una auténtica cultura que sirva de sustento a su nacionalidad. De Lancaster se tomaron los fundamentos que le permitirían hacer viable una educación pública a todos los ciudadanos en medio de la profunda crisis económica de la República, pues dicho sistema permitía un maestro para mil alumnos39.
En la segunda mitad del siglo XIX, con la aparición de una burguesía naciente con nuevos intereses comerciales, se propició la formación de una escuela pública, bajo una nueva idea de un maestro secular, que comenzó el proceso de laicización de la educación, situación que no cambió nada para el caso de los indígenas, quienes continuarían mucho tiempo bajo la tutela de la Iglesia Católica. Para la época, la sociedad los consideraba salvajes40, la misión de la Iglesia Católica era brindarles una evangelización para convertirlos al cristianismo.
Con la firma del Concordato de 188741 se entregó formalmente la titularidad de la educación a la Iglesia Católica, se dispuso que la enseñanza religiosa debía ser obligatoria en escuelas, colegios y universidades, orientada con la moral y los dogmas católicos, recuperando así la Iglesia no solo los bienes que le habían sido confiscados bajo el Régimen Liberal Federal (1863-1886), sino también la enseñanza religiosa; con ello se reorganizó la educación privada expandiéndose a través de las comunidades religiosas. Se fortaleció para los indígenas la llamada "educación contratada", en la que la administración de la educación era realizada por las misiones católicas o en internados indígenas bajo preceptos estrictamente religiosos para la evangelización de estos pueblos.
Con esto, el Estado delegó en las misiones religiosas toda la responsabilidad en materia educativa sobre las comunidades indígenas. Fueron famosas "las misioneras de la madre Laura" y las misiones capuchinas y carmelitas. En el Cauca, por ejemplo, Tierradentro es la región en donde habita el mayor porcentaje de paeces, la congregación de la misión compuesta por lazaristas y vicentinos se instala desde 1905. Los centros misioneros escolares ejercían control y vigilancia sobre las actividades cotidianas del mismo, pretendiendo incidir en la continuidad de la estructura social tratando de amoldarla según ciertas pautas "civilizadas". Rápidamente los misioneros se percataron del gran flujo de elementos que permitían los centros y las posibilidades que ofrecía la creación de poblados alrededor de estas escuelas, convirtiéndolos en espacios económicos, de aprovisionamiento, circulación de mercancías, de comunicaciones y de compra de fuerza de trabajo42.
De su lado, los internados indígenas eran unidades económico-administrativas que concentraban la población alrededor suyo, con labores agropecuarias, salud, servicios de comunicaciones, mercadeo y transporte, que permitieron consolidar pautas cognoscitivas, modelos espacio-temporales, relaciones de producción, valoraciones y prohibiciones. La educación en los internados adolecía de muchos defectos, estaban ubicados en lugares lejanos a donde se desarrollaba la cotidianidad de las sociedades indígenas, con un idioma diferente al de los nativos, con horarios muy rígidos y donde los niños y niñas eran separados. A los varones se les enseñaba carpintería, ebanistería, agricultura y mecánica, a las mujeres se las preparaba para ser empleadas domésticas, se les instruía en el cuidado de los niños, limpieza de pisos, costura o culinaria. Todo lo anterior en espacios apartados de su entorno y de acuerdo a una división del trabajo por sexo diferente a la de sus costumbres43.
Todo esto generó el bajo rendimiento académico de los pequeños indígenas, que si era comparados con el resto de colombianos se encontraban muy por debajo del rendimiento normal, acentuando esa superioridad ya consagrada de los "blancos" sobre los "indios", quienes por mucho tiempo conservarían el lugar de "brutos" e "ignorantes". Esta situación contribuyó al deterioro de la cultura de los aborígenes, en cuanto al ver resquebrajados todos sus valores se producía desprecio por su cultura, y el deseo de algunos de pertenecer a la cultura "moderna", y en la sociedad hegemonizadora la sensación de estarles haciendo un favor, de "humanizarlos". Este proceso terminó en una "deculturación" de las etnias indígenas, pues se les brindaba una educación que no permitía la interiorización de sus valores tradicionales ni la adopción adecuada de los conocimientos de la sociedad civilizada, es decir, una integración que solo creaba sumisión44. Con todo, el rechazo de los estudiantes a los misioneros tenía diversas manifestaciones: hiperactividad, falta de comunicación, apatía, deserción escolar, factores que a su vez eran usados para seguir justificando la labor misionera, asumiéndolos también como simples expresiones del "poco coeficiente intelectual" y del "atraso cultural" de los nativos. Durante todo el siglo XIX y mitades del siglo XX, los indígenas se educaron en las iglesias, en ocasiones en escuelas públicas en donde no se les permitía hablar sus dialectos ni derogar las reglas que regían el sistema educativo nacional45.
]]> Hacia mitad del siglo XX, los pueblos indígenas comienzan a organizarse en los resguardos bajo las banderas Manuel Quintín Lame, un indígena educado que reivindicó los derechos sociales, sobre todo el derecho a la tierra, de los pueblos indígenas46. Así, en 1971 se crea una de las organizaciones indígenas más importantes del país, el Consejo Regional Indígena cric, compuesto por paeces, con unos 120.000 habitantes. A este movimiento indígena le sigue el del Consejo Regional Indígena del Tolima crit en 1975, compuesto por pijaos y coyaimas, después el Consejo Indígena Arhuaco (coia), el Consejo Regional Indígena del Vaupés (criva), la Organización U"wa del Oriente Colombiano, y la Organización Nacional Indígena de Colombia onic de 198247. Dichas organizaciones eran más de veinte en 1980 y sus reivindicaciones principales son recuperar la tierra de los resguardos; la ampliación de resguardos; el fortalecimiento de los cabildos; el no pago de terraje; hacer conocer las leyes y exigir su justa aplicación; recuperar las costumbres, tradiciones y la historia propias, así como formar profesores que enseñen de acuerdo a las necesidades y en sus respectivas lenguas; fomentar las organizaciones económicas comunitarias y defensa de los recursos naturales.Con la Ley 20 de 1974, se reforma el Concordato de 1887 y se da un paso trascendental en la emancipación de la Iglesia de la educación indígena, pues se suprimió por completo el monopolio de la Iglesia sobre el aprendizaje. No obstante, el Estado carecía de los medios necesarios para hacerse cargo de la formación de estos pueblos, por lo que se vio en la necesidad de continuar la educación por contrato, pues la Iglesia contaba con más de 1300 escuelas aptas para la enseñanza. Esta reforma es fundamental, sobre todo para los nativos que venían de la desafortunada aplicación de internados para ellos.
En 1976 se revalúa la mirada que se le venía dando a la situación indígena, se inicia la historia legal de la etnoeducación mediante el Decreto-Ley 088 de 1976, donde se les reconoce el derecho a tener una educación acorde a sus experiencias, necesidades, particularidades y procesos, permitiéndoles participar de la formación, selección y evaluación de sus profesores.
Con el Decreto 1142 de 1978 se consolidan los principios de una educación bicultural y bilingüe. Se introduce así el estudio de las lenguas aborígenes, y adquieren la potestad de intervenir en la escogencia de sus profesores, en la elaboración de sus planes de estudio, en el diseño de los horarios y calendarios académicos de acuerdo a sus tradiciones, etc. Esta sería la norma rectora de la materia hasta la Constitución de 1991.
Con la llegada del gobierno de Belisario Betancur en 1982, se inicio una nueva fase en la política indigenista, se extendió masivamente la figura del resguardo a los pueblos de tierras bajas, se reconoció de esta forma una territorialidad indígena con autoridad política administrativa conocida como cabildo en casi un cuarto del territorio colombiano.
Por las fuertes presiones de las organizaciones indígenas, se desencadenó un fenómeno semejante a una reforma agraria, se devolvieron millones de hectáreas a comunidades indígenas, tierras que jurídicamente por mandato de la Ley 89 de 1890 eran propiedad indígena. El gobierno propició la consolidación de los movimientos indígenas, convirtiéndolos en interlocutores nacionales de sus asuntos, pues se requerían instancias mediadoras para la consolidación de la política indigenista, y en el marco de la descentralización, organizar las regiones indígenas del país.
Un avance considerable lo constituye la realización de encuentros nacionales indígenas. En 1985, por ejemplo, dentro del marco del II Congreso Nacional Indígena, se definieron las grandes políticas que deberían dirigir las reivindicaciones indígenas, dentro de ellas la autonomía, la tierra, la cultura y la unidad son prioritarias48. Entre otras reivindicaciones de estas organizaciones, se busca la recuperación de la tierra para los indígenas, la recuperación de los valores, el fortalecimiento de los resguardos y cabildos, la recuperación y respeto de la medicina indígena, fomentar sus tradiciones y la economía comunitaria, así como la formación de profesores para que enseñen a sus pueblos de forma bilingüe y de acuerdo a sus tradiciones y costumbres49.
Las siguientes reformas a la educación indígena en Colombia han tenido que hacer frente a las organizaciones indígenas, las cuales, cada vez más organizadas, exigen que la educación bilingüe se establezca dentro de los parámetros de su cultura, en donde se difunda la importancia de la tierra, el respeto por su lengua, sus mitos ancestrales y su medio ambiente50.
En definitiva, existe desde los años setenta un rechazo continental por la escolarización de los indígenas en escuelas formales del Estado o en misiones religiosas, para llegar progresivamente a un sistema indígena propio en donde los profesores son los mismos miembros de los grupos indígenas que enseñen de acuerdo a sus tradiciones. Con esto, cada grupo o etnia crea su propio modelo de enseñanza de acuerdo a sus condiciones y necesidades propias de la autonomía regional51.
B. La toma de consciencia sobre la etnoeducación
]]> La etnoeducación en Colombia está ligada al desmonte de los privilegios de la Iglesia en los territorios indígenas y la defensa de los grupos étnicos minoritarios sometidos a una educación que desconocía sus culturas y formas de vida. Esto coincide en los años setenta con la firma de varios tratados internacionales sobre derechos de grupos minoritarios y con las presiones crecientes del movimiento indígena en todo Latinoamérica.La historia legal de la etnoeducación en Colombia comienza en 1976 con el Decreto 088 que reestructura del sistema educativo colombiano, en la cual se brinda a los indígenas el derecho a una educación propia y a participar activamente en la elaboración de sus currículos.
En 1978 se expide el Decreto 1142 como documento rector de los principios de educación indígena para el país. Según el texto, la educación debía estar de acuerdo con las necesidades y características culturales de los grupos étnicos, las comunidades deben participar en el diseño de sus programas educativos. Lo más importante de este documento es la aceptación de que la alfabetización debía hacerse en lengua materna, y en la cual se tendrían en cuenta horarios y calendarios de acuerdo a las características de las comunidades.
Un poco tarde, el Ministerio de Educación Nacional expide la Resolución 3454 de 1984 sobre el programa de etnoeducación, según el cual la educación de los grupos étnicos es "un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos y valores, y en el desarrollo de habilidades y destrezas, de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacita para participar plenamente en el control cultural del grupo étnico". Esto tiene que ver estrechamente con la noción de desarrollo étnico conocido más como etno-autodesarrollo52, es decir, un desarrollo cultural y social acorde a las necesidades de los grupos que habitan la región y de su medio ambiente53.
Con el Decreto 2127 de 1992 se establece una División de Etnoeducación en el Ministerio de Educación Nacional. En esta ocasión parecía que los indígenas sí contarían con un interlocutor permanente y de primer nivel en la dependencia nacional encargada de la educación, pero en 1994, con la reestructuración del Ministerio, regresaría a ser un grupo de trabajo. En el 2008 figuraba como programa de la Subdirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales, pero en ese mismo año, cuando se reorganizó esta dependencia, desapareció de la agenda programática del Ministerio definitivamente.
Como quiera que sea, la etnoeducación adopta definitivamente su identidad en el aprendizaje bilingüe teniendo como referente el aprendizaje de la lengua materna para garantizar la transmisión de saberes tradicionales; de su lado, el aprendizaje de la lengua española servirá de referente para el aprendizaje del mundo externo y de los saberes universales. Como lo vimos supra, la Ley 115 de 1994 encuadra esta educación en su artículo 55, y la define como aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones54.
La etnoeducación está orientada por los principios y fines generales de la educación nacional, basada en criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad55. Dicha educación tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura.
Una de los aspectos más importantes para resaltar es que la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística propia será bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo56. Por su parte, el Estado se compromete a promover la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas57. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y en concertación con los grupos étnicos, presta asesoría especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolinguística.
Con el Decreto 804 de 199558, se redefine la concepción de etnoeducación; ya no se entenderá solo como derecho a exigir el respeto a la identidad y autonomía educativa en cuanto diseñar currículos, establecer funcionamientos escolares, determinar procesos de evaluación o seleccionar docentes, sino también como servicio, es decir, como escolarización, como obligación del Estado dentro de la política vigente. Surge así la dicotomía entre la etnoeducación como educación desde las culturas étnicas o asumirla como escolarización de esas culturas.
El Decreto 982 de 1999 estableció compromisos del Gobierno Nacional para el desarrollo integral de la política indígena en el departamento del Cauca y consideró que es necesario fortalecer el sistema educativo de los pueblos indígenas y sus autoridades de acuerdo con sus características culturales, sociales y administrativas.
]]> Con esta reglamentación, el Ministerio de Educación Nacional pretende formar a los grupos indígenas dentro de la interculturalidad para que el aprendizaje de la lengua española no sea una simple vía de comunicación entre dos culturas sino la manera más rápida de inculcar en estos pueblos la aceptación y tolerancia de nuestra cultura y de otras culturas diferentes a las de ellos. De otro lado, le permite a nuestra cultura aceptar la diferencia y reconocer el gran valor que tienen otros grupos por minoritarios que sean.En la actualidad, de acuerdo con lo expuesto por los expertos en el tema59, el programa de etnoeducación está estructurado en un sistema articulado en los niveles nacional, departamental y local.
En el ámbito nacional existe una División de Etnoeducación, compuesta por una jefatura y profesionales encargados de dinamizar los procesos del programa. La división está encargada de la coordinación nacional por zonas de responsabilidad. En esta división se encuentran representantes de los grupos étnicos.
En lo regional existe un coordinador regional, generalmente ubicado en el centro experimental piloto, quien orienta y dinamiza todos los procesos etnoeducativos. También en este nivel se encuentran organizaciones representativas de los grupos étnicos que coordinan, con las instancias estatales la planeación, la programación, la ejecución y la evaluación de los procesos etnoeducativos.
En el nivel local se encuentran las comunidades con sus maestros, autoridades y sabedores tradicionales. Este núcleo constituye el grupo de base para el desarrollo de todas las actividades de diseño curricular y de medios educativos, de formación, de investigación y de evaluación propias de los procesos de etnoeducación.
Con lo anterior, la legislación colombiana se aproxima a lo dispuesto en el artículo 14 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual pretende que: 1) los pueblos indígenas tengan derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes y a que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 2) Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tengan derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 3) Los Estados deben adoptar medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.
Sin embargo, la aplicación de la norma se ha quedado en un discurso de buenas intenciones, las dificultades propias de presupuesto y de inaccesibilidad de algunas regiones no han permitido que se realice una educación propia de acuerdo a la historia, la cultura y las tradiciones de los grupos indígenas. De forma general, las decisiones gubernamentales que se toman en materia educativa no propician el desarrollo de modelos educativos alternativos ni potencian el concepto de etnoeducación como política educativa estatal; además, el proyecto oficial se refiere exclusivamente a la educación básica. Siguen siendo los organismos internacionales y las üng las que finalizan procesos exitosos en la formación de maestros autóctonos en regiones apartadas de tradición indígena60. El sistema educativo lo consideran solamente para ciertos grupos minoritarios y con procesos paralelos al sistema de educación nacional integral. Por ello Colombia debería afrontar el reto de crear una educación nacional pluricultural, caracterizada por la diversidad de razas que la compone, para que todos los grupos se sientan identificados e inmersos en una misma cultura.
C. La apuesta a la autonomía universitaria indígena
Aparte del hecho que desde 1991 el Gobierno Nacional comienza a subsidiar la educación de los indígenas en las universidades del país y que en la actualidad existen siete universidades con programas de etnoeducación, en algunas comunidades indígenas, desde hace una década se ha puesto en marcha el proyecto de universidad autónoma como respuesta a las necesidades de una etnoeducación para la formación de profesores intereculturales. Dicha propuesta, como la del Consejo Regional Indígena del Cauca (cric)61 y el consentimiento de algunos resguardos62, ha tenido eco en algunas comunidades que han trabajado la educación superior alternativa de acuerdo a las necesidades y la cosmovisión de cada pueblo.
Dicha educación es diferente a la educación superior oficial, por cuanto está compuesta del plan de vida de cada pueblo, con currículos propios, para formar sus habitantes a partir de la cultura indígena, su historia, raíces y necesidades. Lo interesante de la formación es el bilingüismo y la interculturalidad que maneja con profesores y metodologías autóctonos que enseñan y transmiten los saberes tradicionales, las costumbres y la cosmovisión de cada pueblo.
]]> Estos profesores sirven de puente entre ambas culturas y se convierten en líderes comunitarios, empresarios, comunicadores y profesionales de la medicina autóctona; tienen relaciones y en ocasiones estrechos vínculos con la sociedad alterna que los alberga: representantes en administraciones locales, políticos y cargos públicos. Con esto se pretende crear un sistema propio de producción y conocimiento que organice con una mejor calidad de vida la convivencia de los habitantes de cada comunidad. Esta formación busca ser altamente calificada para conseguir el respeto por las autoridades propias y por aquellas con las cuales tienen relaciones económicas, sociales y culturales63.Dentro de las áreas que enseña la universidad indígena podemos resaltar la formación pedagógica comunitaria, la gestión colectiva, el derecho indígena, la salud comunitaria, las políticas públicas locales, la administración colectiva y el desarrollo local sostenible. Con más de 300 estudiantes, algunos ya egresados, la Universidad Autónoma Indígena, cuenta con los límites propios de financiamiento y de población estudiantil, ya que solamente el 60% de los menores indígenas del Cauca son escolarizados, y de estos solamente el 19% siguen una educación secundaria. Además que las políticas de acceso y vinculación laboral para pueblos indígenas en Colombia son inexistentes64.
CONCLUSIONES
Si bien es cierto que la autonomía de las minorías indígenas comenzó a ser reconocida constitucionalmente desde hace muy poco, también es cierto que los avances en materia de derechos han sido progresistas y de avanzada constitucional en nuestro país.
Es abundante la legislación colombiana que reconoce y respeta sus derechos, como también los tratados internacionales que han sido incorporados a la normativa interna como garantía de protección y respeto.
La Corte Constitucional ha sido la encargada de interpretar toda esta compleja normativa y garantizar la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la Constitución de 1991 hizo depender mucha de esa autonomía de la constitución de las entidades territoriales como entes autónomos. Dicha legislación no se ha producido y eso ha impedido que los pueblos ejerzan adecuadamente sus competencias administrativas y políticas. La misma Corte Constitucional ha hecho depender la noción de autogobierno indígena de la noción de unidad nacional, lo que ha venido a contrarrestar la libertad de acción de esos pueblos en materia política65, administrativa66, cultural67 y educativa68.
En materia de educación, los territorios indígenas todavía no pueden administrar libremente sus recursos, aunque avances significativos se han realizado en el país para integrar las comunidades a las decisiones que competen a sus gentes, en la administración de sus tierras, la aplicación de una justicia y el respeto de una cultura propia. El concepto que se ha ido desarrollando ha sido el de etnodesarrollo69, que les permite a estas comunidades decidir sobre su forma de vida, de producción y de regulación.
Progresivamente el avance y respeto por el concepto de etnoeducación, que aunque es dirigido y planificado por el Gobierno Nacional ha brindado a estas minorías la posibilidad de formar a sus gentes dentro de su historia y cultura para garantizar la supervivencia de la especie. La educación escolar es hoy en su mayoría bilingüe y respetosa de su cultura. La universidad indígena incursiona lentamente, lo que garantiza que a futuro sus colectivos sean gobernados y educados por personas de su misma cultura, su modo de producción será autóctono y original, lo que no debería chocar con el sistema productivo dominante.
Queda en la discusión el tema de la autodeterminación como pueblo y el alcance que esta pueda tener al momento de decidir tener un sistema educativo propio que no tenga ninguna relación con el sistema educativo nacional. El voto de la ley orgánica de entidades territoriales nos podrá dar luces al respecto.
Pie de Página
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