Luis Eduardo Hoyos

Universidad Nacional de Colombia

lehoyosj@unal.edu.co

Palabras clave: Colombia, justicia, paz, instituciones, Estado, Ley de Justicia y Paz.

Abstract: (Negotiation without justice): The paper presents a philosophical reflection inspired by Colombia’s ongoing institutional fragility. It argues: (1) that the idea of political and social institutions establishing and safeguarding the human life contains a pragmatic and a normative element, and (2) that Colombia’s tradition in the negotiation with armed actors has been characterized in the last years by the breaking out the balance between this pragmatic and this normative element.

Key words: Colombia, justice, peace, institutions, State, Law of Justice and Peace.

Los seres humanos tomamos un interés racional por una existencia con sentido cuando las condiciones de la vida colectiva permiten que aquella no sea, como dice Hobbes en un conocido pasaje de El Leviatán, “solitaria, pobre, asquerosa, brutal y corta” (I, 13). Y así, “solitaria, pobre, asquerosa, brutal y corta” calificó Hobbes la existencia en lo que llamó “estado de naturaleza”, que es una suerte de construcción conceptual, de experimento mental con el que quiso indicar lo que sería la dinámica colectiva sin relaciones institucionales. La institucionalidad política y social establece y asegura la vida humana y la hace duradera. Ella dota de una base real a la búsqueda de sentido, que es una cuestión más o menos personal. Lo que, en cambio, no es de ninguna manera un asunto personal es que haya marcos institucionales que constituyan, como dije, una base real para la búsqueda de sentido. El interés racional por la legitimidad de las instituciones descansa en ese postulado.
Quiero con esta contribución mostrar dos cosas: (1) que este postulado contiene un elemento pragmático y uno normativo y que ambos se necesitan mutuamente, es decir, que ninguno de los dos puede sobrevivir sin el otro. (2) Que hay una nociva tradición en la negociación con agentes armados en Colombia, al menos en los últimos 15 años. Me refiero a la tradición de romper el equilibrio entre lo que he llamado el elemento pragmático y el elemento normativo del postulado citado. Pienso que la reciente “Ley de justicia y paz” no constituye una excepción dentro de esa tradición.

No pretendo, por supuesto, que este argumento sea una fiel interpretación histórico-filosófica de Hobbes. Mi punto es más bien otro: ofrecer del modo más claro posible una imagen de lo que he llamado el componente pragmático en el interés racional por un contexto institucional de las relaciones humanas y sociales. Ese componente pragmático es, digo yo, altamente hobbesiano.
Para que los motivos racionales del anterior razonamiento queden claramente explicitados y se pueda ver mejor la fuerza del argumento, creo indispensable sacar a la luz algunos de sus presupuestos.
Lo primero que considero necesario establecer es por qué no se puede dejar la consecución de la paz y la seguridad en manos privadas, es decir, por qué el argumento sostiene que es una institución impersonal, aunque humanamente constituida (el Estado), la que debe ser garante de la paz y la seguridad.
En segundo lugar, es importante que se tenga en cuenta qué quiere decir para esta perspectiva “fortalecer” (e incluso a qué se llama “poder”) cuando se habla de “fortalecimiento del Estado” La explicitación de este presupuesto debería ayudar a establecer el puente con lo que he llamado el “aspecto normativo” en el interés racional por la institucionalidad de las relaciones humanas, pues una explicitación de lo que significa fortalecer el Estado debe sacar a la luz la necesidad de dicho componente normativo.
Sobre el primer presupuesto tendría que decirse lo siguiente: sabido es que la filosofía política de Hobbes, o de corte hobbesiano, se funda en una antropología filosófica bastante pesimista: el hombre es siempre un potencial lobo para el hombre. De ahí extrajo Hobbes la conclusión de que los seres humanos deben apelar a una instancia impersonal que medie entre los diferentes intereses personales para dirimir sus disputas. No hay nada, sin embargo, que sirva para justificar absolutamente el dictamen pesimista de Hobbes, o que sirva para negar que aunque el hombre pueda ser, y de hecho con frecuencia lo sea, algo muy malo para el hombre, él mismo pueda ser, y con frecuencia lo sea, algo muy buen -incluso lo mejor- para el hombre.
Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que es muy improbable que haya algo en los gustos, las afinidades, la aversiones y los intereses personales que, por sí mismo, garantice la sociabilidad y la convivencia. Esto es más obvio en las situaciones de conflicto que en las situaciones en las que no lo hay. Pero puede verse tanto en unas como en otras.
El enamorado que entrega a su amada el anillo de compromiso puede ilustrar el segundo caso. En una situación de no conflicto como ésta parece necesario el “símbolo externo” del compromiso para que éste quede, por así decir, impersonalmente establecido. Y el compromiso mismo, a su vez, parece ser la forma de dar estabilidad y seguridad a lo que de otro modo, es decir, dejado únicamente en manos de los afectos y las emociones, sería volátil y maleable. La conducta de los enamorados adquiere por el compromiso un curso institucional y se hace más o menos previsible. ]]> Unos años después esa misma pareja -pongamos por caso- se enfrenta a una persistente situación de conflicto mutuo y de desacuerdo racional. Sea para salvar el matrimonio, sea para resolver del mejor modo el asunto relacionado con la custodia de los hijos ante la inminente separación, lo normal y más razonable en estos casos -lo único- es que, ante la imposibilidad del acuerdo racional bilateral, se apele a instituciones externas.
En el caso de las relaciones políticas esto es demasiado obvio como para insistir sobre ello. Ante la existencia de algo así como un “derecho originario” a perseguir el interés personal, o de grupo, es necesario que se acepte el arbitraje de una instancia externa e impersonal para hacer valer esta pretensión, al mismo tiempo que se reconoce el “derecho originario” de las pretensiones de los otros.
El segundo presupuesto a explicitar es el que está ligado al concepto de “fortalecimiento del Estado”. Creo que esta es una expresión muy expuesta a la distorsión conceptual y al prejuicio. En principio, considero que hay dos formas de entender la noción de “fortalecimiento del Estado”. La una consiste en un fortalecimiento que podríamos llamar de facto y que se funda exclusivamente en el poder militar y en el monopolio sobre la violencia. Pero “fortalecimiento del Estado” también puede entenderse de jure. ¿En qué se funda el fortalecimiento de jure del Estado? Es una pregunta difícil, que no se deja responder en tres palabras. Creo, no obstante, que es la pregunta política más importante que nos podemos hacer actualmente en Colombia. Propongo aquí la siguiente aproximación a este difícil tema.

El Estado se halla de jure fortalecido cuando está democráticamente constituido, cuando garantiza un equilibrio sostenible entre libertad negativa (la libertad que un individuo tiene para desarrollar su personalidad y desplegar su iniciativa sin interferencia estatal, según la clásica concepción de John Stuart Mill) y compensación frente a la desigualdad en oportunidades. La fortaleza del Estado en sentido compensatorio consiste en su responsabilidad frente a la educación y a la salud, principalmente. Esta fortaleza está basada en un principio de justicia que es clara, obviamente, normativo y que se encuentra ligado a la noción de vida buena o de calidad de vida. (Pienso aquí, principalmente, en una propuesta como la de John Rawls en su Teoría de la justicia). Pero la fortaleza de jure del Estado también tiene que ver, y no de manera meramente incidental, con su función como garante de la estabilidad y eficiencia de un régimen jurídico que, dentro de marcos constitucionales y democráticos, defienda a los individuos contra la violación de sus derechos básicos y sea capaz de ejercer intimidación sobre el comportamiento criminal. Es en este último aspecto del concepto de Estado fuerte de jure en el que se centrará en lo que sigue mi atención.
Creo que el primer sentido de “fortaleza del Estado” (el de facto) sin el segundo (el de jure) no da una noción completa de Estado fuerte, garante de la paz y la seguridad. No hay fortalecimiento de facto del Estado que, por sí mismo, es decir, sin la contribución de un fortalecimiento de jure, alcance suficiente influencia intimidatoria como para garantizar la tranquilidad y la seguridad. La actual política exterior del Gobierno norteamericano es el ejemplo más ostensible con el que contamos en este momento de la historia para ilustrar esta idea. Nadie puede afirmar que la situación vivida actualmente en Irak, generada por un ejercicio hegemónico de facto que no fue sancionado por el derecho internacional, es una situación estable y segura. Pero no sólo eso: nadie, creo yo, puede decir que ese ejercicio hegemónico de facto, sin el consecuente acompañamiento de jure, haya hecho más segura y estable la situación de los mismos Estados Unidos. No quiero sostener con eso, por supuesto, que no deba ejercerse poder armado intimidatorio contra el terrorismo, sino que no se debe ejercer ese poder a costa del derecho, del principio del fortalecimiento de jure, pues nunca es suficiente la compensación militar para una pérdida de la legitimidad política y jurídica cuando se desea alcanzar paz estable.
Me parece evidente también que la noción de fortaleza del Estado en el segundo sentido (el de jure), sin el primero, no es realista, ni realizable. Es conveniente observar aquí el vínculo necesario entre ambas nociones y su mutua alimentación. He dicho que el principio de un monopolio de la fuerza por parte del Estado es ejemplo de fortaleza de facto del Estado. Y eso es cierto. Se trata aquí de fortaleza en sentido físico, por así decirlo. Pero este principio tiene un componente jurídico, normativo: es legítimo que la violencia esté en manos del Estado y no que sea privada porque el monopolio de la fuerza por parte del Estado es la más expedita manera de controlar la generalización de la violencia y el crimen. No obstante, el Estado que monopoliza y debe monopolizar la fuerza física también tiene que afirmar permanentemente su legitimidad, es decir, debe fortalecerse de jure mediante ejercicios de poder que no están ligados a la fuerza física.
El problema con el punto de vista que he llamado aquí hobbesiano, o pragmático, es que permite comprender la conclusión del argumento que versa sobre la legitimidad del Estado garante de la paz y la seguridad solamente basado en el primer sentido de fortaleza del Estado, el de facto. Y ese sentido es necesariamente sesgado e incompleto. “Si el fortalecimiento del Estado -concluye el argumento- conduce a la consecución de la paz y la seguridad, el fortalecimiento del Estado se halla (humanamente) legitimado”.
Por eso creo que el hobbesianismo debe ser sometido a un ajuste que he querido llamar “normativo” pero que igualmente -también con algo de libertad- podría ser llamado “kantiano”. La razón de ello está en dos nociones de origen kantiano de las que me voy a servir. La primera es la idea de que lo que se ha de considerar como un bien a cuya consecución aspira el Estado y al servicio del cual se institucionalizan las relaciones humanas, no es la paz, sino la “paz duradera”. Cierto es que Kant habló de “paz perpetua”, o “eterna” (ewiger Frieden), pero creo que se puede evitar la resonancia religiosa e idealista que el término “eterno” trae consigo. El núcleo de la cuestión es que la paz debe durar, debe ser estable. Como en el caso de Hobbes, no me interesa aquí una interpretación filosófica ceñida al texto, sino una apropiación útil de los conceptos, o de las concepciones.
La segunda idea kantiana de la que me quiero servir, íntimamente ligada a la anterior, está contenida en la crucial expresión: “La paz por medio del Derecho” -para utilizar la famosa expresión de Hans Kelsen, de clarísimo origen kantiano-. Lo que esto significa es que solamente acuerdos de paz sancionados por el Derecho y fundados en la justicia pueden ser tenidos como acuerdos durables. De no ser así, no se tiene un acuerdo de paz sino, a lo sumo, un armisticio, o una entrega de armas que puede durar lo que dure la foto que se necesita para la prensa.
Del ajuste normativo al razonamiento pragmático sobre el interés racional en la institucionalidad de las relaciones humanas, resultaría el siguiente argumento:

También resultará útil en este caso la explicitación de algunos presupuestos.
El concepto de “paz y seguridad duraderas” está, a mi modo de ver, íntimamente ligado a un elemental principio de racionalidad práctica y de racionalidad social. Se trata de la idea de que (1) si se aspira a un fin, se deben buscar los medios expeditos para alcanzarlo. Pero, (2) si se aspira a un fin es porque éste es de algún modo deseado y este factor de deseabilidad está ligado a una noción de bienestar. Y el bienestar es algo que, en lo fundamental, se desea de forma duradera. Esta es una reflexión muy antigua; se remonta a Aristóteles, el fundador de la “teoría de la acción social”. Se podría llamar a esto sentido común práctico ilustrado.
No siempre, evidentemente, es racional pretender que algo que produce bienestar sea duradero. Son muchas las situaciones en la vida en las que se desea un bien pasajero y se lo desea como tal, y en esos casos lo prácticamente racional, lo prudente, es no intentar forzar las circunstancias para que dure lo que, por así decir, no tiene futuro, sino que es necesariamente pasajero. Lo prudente en tales casos es vivir o disfrutar lo pasajero como tal. Pero respecto a ciertos fundamentos del bienestar como, por ejemplo, la salud o, para volver a Aristóteles, la amistad, lo prácticamente racional es procurar que perduren. Es por eso característico de un ser racional que tenga interés en la posesión duradera de esos bienes y que sepa diferenciar lo que vale la pena hacer que perdure de lo que no merece tal esfuerzo. Poder reconocer esa diferencia es también, entonces, parte de las capacidades de un ser racional. La paz y la seguridad sociales son demasiado esenciales para todo proceso de despliegue colectivo y personal como para no ser deseadas de forma duradera.
Ahora bien, si en una situación de conflicto se establece una negociación, un acuerdo de paz, que no se funda en el derecho o que no tiene en cuenta elementales principios de justicia, no se está procurando la consecución de la paz duradera. Es aquí en donde entra en juego el segundo presupuesto del ajuste normativo a la argumentación pragmática.
No se alcanza paz duradera y estable sino a través del derecho y la justicia porque los seres humanos requieren de la mediación institucional en sus relaciones para que éstas alimenten permanentemente el proceso social, que es un proceso en el que ha de primar la cohesión sobre la atomización, o dispersión, la creación sobre la destrucción. La debilitación de la justicia y el derecho es lo peor que se puede hacer si se quieren paz y seguridad duraderas por dos razones, principalmente: (1) porque esta debilitación no constituye ningún expediente para evitar la privatización de la seguridad (la “autodefensa”), sino que, por el contrario, la estimula. Es relativamente obvio, en efecto, que si la institución del Derecho Penal no da a la víctima de hoy una demostración de que el victimario es sancionado en una proporción que sea para ella reparadora, entonces la víctima de hoy será con mucha probabilidad el victimario de mañana. El deseo de venganza de una víctima se refrena si ella sabe que hay instituciones penales eficientes y justas, y si esa víctima puede confiar en ellas. Pero también, obviamente, si esas instituciones producen la efectiva intimidación para que alguien que, por los motivos que sea, pudiera llegar a ser un victimario, lo “piense dos veces” antes de emprender su acción violenta, es decir, haga un cálculo racional instrumental sobre su acción y busque mejor un canal institucional para ejercer castigo y exigir justicia.
(2) Por otra parte, la paz y la seguridad no fundadas en el derecho y la justicia y no sancionadas por ellos no tienen la garantía de ser duraderas porque los acuerdos de paz alcanzados sin esa mediación debilitan de jure al Estado y lo hacen por ello extorsionable. Un Estado extorsionable es la peor base posible para una negociación entre actores armados en un conflicto como el colombiano. Me voy a atrever a afirmar que un Estado extorsionable es una pésima base para una negociación porque es una pésima base para un acuerdo racional, y justamente por eso. ]]> El principio del fortalecimiento de jure y de facto del Estado democráticamente constituido es esencial para cualquier proceso negociador y para cualquier proceso político con agentes políticos armados. Sostengo que este principio forma parte de lo que de ninguna manera puede entrar a ser tema en una negociación. Se trata de algo que es base de cualquier negociación pero que por ello mismo no puede ser negociado.
Buena parte del drama colombiano consiste, en mi opinión, en que, en los últimos años al menos, las instituciones que representan al Estado en las negociaciones con agentes políticos (y no políticos) armados se han presentado a esas negociaciones en situación de debilidad (de jure y de facto). Eso ha hecho creer al agente armado que siempre se puede negociar extorsionando al Estado. Pienso que es esencial para esta nación, “agobiada y doliente”, que haga una ruptura en este momento con esta tradición, pues de continuar en esa dirección, seguiríamos contribuyendo a la debilitación del Estado. Así, las negociaciones serán siempre más o menos forzadas y tal situación es la que conduce a que la razón estratégica prevalezca sobre el entendimiento y el acuerdo racionales, o mejor, la que conduce a que la razón estratégica se separe de la búsqueda del acuerdo racional. Con ello, el aspecto racional del comportamiento meramente estratégico quedaría, desde cierto punto de vista, en entredicho.
¿Cuál es ese “cierto punto de vista” desde el que el aspecto racional del comportamiento estratégico quedaría en entredicho de no haber una base estatal fuerte de jure y de facto para que tenga lugar una negociación? Me gustaría intentar responder a esa pregunta después de recordar muy brevemente tres momentos de la historia reciente colombiana en los que hubo “negociaciones” o intentos de negociaciones con agentes sociales armados.

* Una versión preliminar de este texto fue leída en el Tercer Seminario Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Políticos: “Negociación, discusión racional y acuerdos”. (Bogotá, octubre 19 a 21 de 2005. Universidad Nacional de Colombia). Dentro de los problemas para discutir propuestos por Jon Elster y Antanas Mockus -los organizadores del Seminario- estaba el relacionado con el modo como se ha de concebir el intrincamiento entre “racionalidad estratégica” y “discusión racional” orientada a lograr acuerdos y entendimiento entre las partes en situaciones de conflicto. La racionalidad estratégica y la discusión racional pueden o bien excluirse mutuamente o bien hallarse en tensión mutua. La siguiente reflexión debe asumirse en el contexto de ese debate. Agradezco a los participantes al Seminario por sus observaciones y por sus críticas.