El libro-recluso. Las bibliotecas en el sistema penitenciario chileno actual
Book-inmate. The Libraries in the Chilean Current Prison System
José Ariel Rementería Piñones*; Macarena Miranda Nuñez**
* Doctor en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, Magister en Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile, Bibliotecario titulado en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, Académico jornada completa de la Universidad de Santiago de Chile, Facultad Tecnológica. jose.rementeria@usach.cl
]]> ** Magister en Políticas Públicas en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, Bibliotecaria y Licenciada en Ciencias de la Información en la Universidad Bolivariana de Chile, Bibliotecaria de la Universidad del Pacífico.macarena38@gmail.com
Recibido: 2013-08-01 / Aceptado: 2013-11-21
RESUMEN
El artículo tiene como objetivo principal dar a conocer el estado de las organizaciones bibliotecarias de los centros penitenciarios chilenos en el periodo de 2010 a 2012, a través de indicadores cuantitativos básicos. El estudio identifica y describe tres tipos de organizaciones bibliotecarias; Bibliotecas, Centros de Recursos de Aprendizaje CRA y por último las Colecciones. Los resultados del estudio apuntan a que existen reclusos que son privilegiados y tienen acceso a bibliotecas y representan el 12,1% de los centros penales. El 62,6 % de las unidades del sistema penitenciario chileno tienen servicios bibliotecarios, al menos básico, para su población. En cuanto al personal que está a cargo de las organizaciones bibliotecarias el 19,3% son bibliotecarios; sin embargo, el 68,4% de dichas organizaciones están a cargo de un profesional, sea bibliotecario o docente. La legislación chilena vigente no considera la existencia de los servicios bibliotecarios en los penales y por tanto la fundación y mantenimiento de bibliotecas o instituciones afines dependen de voluntades de las autoridades pertinentes.
Palabras claves: Bibliotecas de Prisiones, Chile, Indicadores Cuantitativos, Sistema Penitenciario Chileno, Cárceles
Cómo citar este artículo: REMENTERÍA PIÑONES, José Ariel y MIRANDA NÚÑEZ, Macarena. El libro-recluso. Las bibliotecas en el sistema penitenciario chileno actual. Revista Interamericana de Bibliotecología, 2013, vol. 37, n° 1, pp. 47–66.
ABSTRACT
The article's main objective is to present the state of library organizations Chilean prisons in the period 2010-2012, through basic quantitative indicators. The study identifies and describes three types of library organizations; Libraries, Learning Resource Centers CRA and finally Collections. The results of the study suggest that there are privileged and inmates have access to libraries and represent 12.1% of the prisons. The 62.6 % of the units of the Chilean prison system library services have at least basic, for its population. As for the staff in charge of the library organizations 19.3% are librarians however, 68.4 % of these organizations are run by a professional, whether librarian or teacher. The current Chilean law does not consider the existence of library services in criminal and therefore the foundation and maintenance of libraries or similar institutions depend wills of the relevant authorities.
]]> Key words: Prison law libraries, Chile, Quantitative Indicators, Penitentiary Chilean System, Jails How to Cite this Article: REMENTERÍA PIÑONES, José Ariel y MIRANDA NÚÑEZ, Macarena. Book-inmate. The Libraries in the Chilean Current Prison System. Revista Interamericana de Bibliotecología, 2013, vol. 37, n° 1, pp. 47–66.
1. Introducción
En América Latina las Bibliotecas de Prisiones se pueden identificar, en su funcionamiento o administración a partir de las directrices, en general, según la UNESCO que las incluye en su concepción de Biblioteca Pública como parte de sus servicios. El Manifiesto de la UNESCO establece que:
Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, personas con discapacidades o personas en hospitales o en prisión. (2012).
En países desarrollados, como los Estados Unidos, se reconoce el derecho fundamental de acceso a los reclusos en la preparación y presentación de los documentos legales significativos a través de los servicios de bibliotecas jurídicas, a pesar que no hay claridad sobre qué es un servicio bibliotecario adecuado. (Columbia University, 2011:33). Autores como García Pérez (2001:87), reconocen el caso de Estados Unidos como único, pues junto a las bibliotecas de prisiones coexisten las bibliotecas jurídicas para garantizar los derechos civiles y constitucionales de los reclusos al acceso de información y de los servicios de los tribunales. Para Lehmann (1999), hay más similitudes que diferencias entre las bibliotecas de prisión y las bibliotecas públicas.
En Canadá desde la década del 80 las bibliotecas de prisiones son vistas como bibliotecas públicas y estudios posteriores han mostrado que se enfrentan a los desafíos y recompensas al igual que las bibliotecas públicas y se intenta alcanzar este modelo de bibliotecas. Se reconoce que no se ha llegado a lo que fue recomendado en los años 80. (Ings y Joslin, 2011).
En Colombia, a las bibliotecas de cárceles se les reconoce su rol importante en la educación de los reclusos, sin embargo no son consideradas como bibliotecas escolares y menos universitarias, tampoco como bibliotecas públicas. En general hay una falta de financiamiento y de recursos humanos en las bibliotecas de cárceles de Colombia. (Toro, 2005).
]]> En España, son consideradas y definidas como bibliotecas de centros penitenciarios al servicio de los reclusos y reclusas y tienen tres funciones principales: lectura para el tiempo de ocio, apoyar las actividades educativas que se desarrollan en el centro, y servir a los propósitos de reinserción y rehabilitación de los reclusos. (Chasco Vila y otros, 1991).Desde la práctica misma del bibliotecario, autores como Esparza (2007), las describen como: bibliotecas en contextos distintivos, las cuales serán afectadas por estar al interior de tales organizaciones totalitarias.
En este contexto, se encuentran las denominadas Bibliotecas Penitenciarias o de Prisiones (BPP) que por su conformación, tipos de usuarios y entorno están cercanas a la clasificación de bibliotecas escolares puesto que están muy relacionadas a los procesos educacionales en los recintos carcelarios. También se definen como un servicio de la biblioteca pública, una visión que se apoya en el Manifiesto de la IFLA/UNESCO. Y están aquellos que la consideran como bibliotecas especiales. (García, 2001:81). Las BPP son una instancia de apoyo y complemento a los diferentes programas de Reinserción Social, puesto que otorgan herramientas de formación general y permiten la posibilidad de generar un cambio actitudinal en los reclusos para cuando se encuentren en el medio libre, destacando esta situación no sólo en el ámbito de la reinserción y habilitación para aquellos que nunca han estado insertos, sino además concernientes al ámbito de la seguridad social frente a la amenaza de la reincidencia delictual.
La IFLA (1985), a través de su comité permanente de Bibliotecas para Personas en Condiciones Desventajosas LSDP (sigla del inglés Libraries Serving Disadvantaged Persons), detectó la necesidad, debido al número cada vez mayor de personas que cumplen condenas en centros de detención de todo el mundo, y estableció pautas para los servicios de las BPP. Durante cinco años, un equipo de expertos desarrollaron varios programas de conferencias, talleres, reuniones laterales y una encuesta con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre los servicios bibliotecarios en prisiones; el objetivo fundamental fue utilizar esta información para desarrollar una nueva edición del Guidelines for Library Services to Prisoners. (Lehmann; Locke, 2007).
En el año 2001, el Comité Permanente de la LSDP se percató una vez más de cuánto habían crecido los servicios de bibliotecas en prisiones, no sólo en el occidente y Europa, sino también en varios países en vías de desarrollo y antiguos aliados o naciones que formaban parte de la ex Unión Soviética. (Lehmann; Locke, 2007:4). Junto con ello la IFLA/LSDP también constató los rápidos y profundos cambios llevados a cabo en las diferentes bibliotecas con la introducción de la tecnología de la información y los sistemas de automatización. Es por ello, que se abocó a la tarea de realizar una búsqueda bibliográfica internacional, a fin de conocer el estado actual de las BPP, recopilando información sobre las normas existentes en cada país, así como las formas de prestación de servicios. El resultado de dicha investigación llevó la formulación de una propuesta para el correcto funcionamiento de estas bibliotecas, a través de requisitos fundamentales: primero, que cada biblioteca debe contar con presupuesto propio; bibliotecarios profesionales a cargo de ellas, y normalización técnica para un funcionamiento óptimo de sus servicios, que se adapte al entorno de la población que atiende.
De lo expuesto, se desprende que todo país que cuente con instituciones democráticas fortalecidas comprende la importancia de la labor de las BPP en los procesos de reinserción social, a pesar de que su funcionamiento y organización varía según el país de origen.
2. Propósito y metodología
El presente escrito tiene como objetivo principal dar a conocer el estado de las organizaciones bibliotecarias de los centros penitenciarios chilenos en el periodo de 2010 a 2012. Como segundo objetivo nos propusimos cuantificar el estado de las organizaciones bibliotecarias a través de indicadores básicos de dichas unidades. Para lograr tales objetivos se utilizó la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, ley que regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
La Ley 20.285 permite que los ciudadanos chilenos puedan solicitar cualquier tipo de información de las instituciones públicas.
]]> Se realizó una investigación bibliográfica sobre las bibliotecas en las instituciones penales o penitenciarias, que en su primera fase abarcó las investigaciones publicadas en Chile desde el año 2000 a la fecha. Los resultados permitieron establecer que son escasos los escritos al respecto en Chile; en los últimos años se encontraron cuatro publicaciones específicas sobre el tema.Las publicaciones internacionales son más y fueron consideradas, para este estudio, aquellas de los países desarrollados como Canadá y Estados Unidos, lo escrito en España y algunos países de la región tal como Argentina, Colombia y Perú.
En la segunda fase del estudio se hizo llegar un cuestionario con veinticinco consultas a la máxima autoridad de Gendarmería de Chile sobre aquellas organizaciones denominadas bibliotecas penitenciarias, de prisiones o bibliotecas de cárceles. Una vez recibida la respuesta se realizó el análisis y discusión de los resultados.
Para efectos del estudio se ha preferido el término organizaciones bibliotecarias penitenciarias o de prisiones (OBPP) porque pensamos que refleja mejor la realidad y la práctica de las organizaciones bibliotecarias, por lo tanto cuando nos referimos a las OBPP, apuntamos a todas aquellas formas de gestión o de administración de unidades bibliotecarias con o sin personal calificado que tiene a su cargo una colección de material bibliográfico y que funcionan dentro de un centro penal otorgando un conjunto de servicios básicos a los reclusos. Por lo anterior, en nuestro estudio logramos identificar, en el sistema penal chileno, tres tipos de organizaciones bibliotecarias; Bibliotecas, Centros de Recursos de Aprendizaje CRA y por último las Colecciones; más adelante entregamos mayores detalles al respecto.
La idea a priori, como una hipótesis primitiva, de los autores sobre el estado de las OBPP chilenas, era que estas organizaciones estaban muy lejanas del concepto de biblioteca pública en contexto de libertad y por lo tanto nos encontraríamos bibliotecas con bibliotecarios y colecciones muy deficientes y no suficientes en cantidad.
Por último el enfoque del artículo está muy relacionado a la idea de responsabilidad social bibliotecaria y para ello intentamos relacionarlo con el concepto de reinserción social el cual es central en el actual modelo de concesiones de las cárceles chilenas. (Dammert, 2006).
3. El rol de la biblioteca en el proceso de reinserción social
A través de la historia nos damos cuenta de que el arquetipo del delito empieza a instalarse desde la Revolución Industrial, en donde el criminal es visto como un excluido social, con hábitos inadecuados para el progreso social, es forzado a realizar una migración campo-ciudad. Estos desplazados tendrían como característica principal la vagancia, que es la antesala del delito. Este arquetipo del delito comenzará a considerar los factores sociales en su análisis de las prácticas delictivas, es por esta razón que se debe:
[…] considerar a la criminalidad como un fenómeno social que no puede entenderse partiendo del análisis de individuos aislados. (Román, 2007).]]> En la actualidad, más que de rol social se habla de responsabilidad social de la organización, en nuestro caso la biblioteca debe ser vista como una empresa, una corporación. La biblioteca es un tipo de organización social y como tal debe y tiene una responsabilidad social.
Existen diferentes grados de preocupación en las organizaciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, quienes
[...] buscan asegurar a la sociedad que sus actividades se realizan dentro de un marco ético y con sentido social [...] (Chomali, Majluf, 2007:141).
En general el concepto Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no está muy clarificado o definido. Para Bravo (2007), menciona que una definición breve o rápida de Responsabilidad Social es el comportamiento ético que deben tener las empresas. Por otra parte Arroyo y Suárez (2006:5) mencionan que la RSE es un concepto que comienza a politizarse, ya que las organizaciones se dan cuenta de que no sólo tienen fines económicos que cumplir sino además otros que son sociales y con responsabilidades públicas en una sociedad globalizada. Autores, como Prats, plantea que RSE es:
Una nueva visión de negocios que contempla dentro de la empresa un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, compatibilizando el continuo crecimiento económico con la equidad social y con la protección y administración eficiente del medio ambiente. (Prats 2008: 11).
Para la American Library Association (ALA), específicamente su sección sobre Responsabilidad Social (cuya sigla es SRRT, del inglés Responsabilities Social Round Table), dicha responsabilidad está en relación con la contribución de la biblioteca y los bibliotecarios en el fortalecimiento de la democracia y al mejoramiento y resolución de problemas críticos de nuestra sociedad. La responsabilidad social de la biblioteca y los bibliotecarios, por tanto, tiene como perspectiva el bienestar de la ciudadanía, el bien común de las personas, a saber, con una educación que contribuya a la práctica de una Sociedad de la Información, que sea incluyente con aquellos sectores marginados de la sociedad. Que capacite a los miembros de la comunidad para su libertad intelectual dando acceso a información por encima de las fronteras. Ayudando a conservar los valores democráticos y los derechos humanos universales con imparcialidad y oponiéndose a cualquier forma de censura. (American Library Association, 2011).
En este sentido, la función de las OBPP es de apoyar las actividades pedagógicas y culturales dentro de los centros penales; es por ello que cumple una importante misión, entendiendo que el tiempo disponible que tienen los internos en estos espacios de intramuros muchas veces se utiliza en perjuicio de la convivencia y el hábitat, aumentando o potenciando el caudal de conductas antisociales.
La biblioteca en un establecimiento penitenciario debe contribuir desde sus servicios a la política de reinserción, apoyando los programas de escolarización, de iniciación y desarrollo del hábito de la lectura, apoyar los programas de desintoxicación de drogas, ofreciendo a los usuarios materiales didácticos para completar el aprendizaje de un oficio, etc. La biblioteca de un centro penitenciario, además de proveer a los usuarios de literatura de evasión, debe y puede contribuir a mejorar, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con sus objetivos, la calidad de vida dentro del establecimiento.
]]> Las OBPP, en América Latina tienen como característica común:En la taxonomía bibliotecaria, las OBPP son consideradas bibliotecas especiales puesto que para su clasificación se considera el tipo de usuario que deben servir. En esta definición, su centro, es el grupo de usuarios a los cuales se brindan servicios y no considera las funciones que cumple este tipo de bibliotecas. Un análisis funcional de la OBPP revela una realidad más compleja. Por un lado, cumple las funciones de biblioteca pública en cuanto facilita el acceso a las expresiones culturales de las manifestaciones artísticas, presta apoyo a la educación cumpliendo funciones de la biblioteca escolar, estimula la creatividad y la imaginación, tiende a garantizar el acceso a la información de la comunidad, facilita la información ciudadana y el uso de la información a través de medios informáticos. Estas funciones son mucho más amplias que las provistas por las bibliotecas escolares y, se relacionan tanto con el aprovechamiento de información útil como con usos intelectuales, estéticos y lúdicos de la literatura y otras obras culturales. Mientras que la función de la biblioteca escolar es principalmente formativa, la biblioteca pública presupone que el ciudadano elige el tipo de información a consultar o leer y demás materiales que le ofrece la biblioteca (Mateo y otros, 2011:22). Así mismo, las OBPP también cumplen funciones de Biblioteca Especializada, en cuanto proveen acceso a material legal requerido por los reclusos, principalmente para informarse sobre las causas que dieron origen a su situación y sobre los derechos que le asisten.
No hay unanimidad en la definición de las Bibliotecas Penitenciarias o de Prisiones, hay profesionales que las comparan con las bibliotecas escolares ya que están relacionadas con las enseñanzas en los centros penitenciarios y la recreación (Román: 2007); la UNESCO a través de su Manifiesto en favor de las Bibliotecas Públicas, establece que estas:
]]> Debe contar además con servicios específicos para quienes por una u otra razón no puedan valerse de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos.
Otros autores como Merlo Vega (2000), las consideran como bibliotecas especiales, sin embargo, muy relacionadas con la educación, la cultura y el ocio; Chávez Merchán (2007) de acuerdo a Lehmann (2005), asignan, además de la educación, cultura y recreación, la rehabilitación o preparación para el regreso al mundo exterior.
Así los bibliotecarios de las OBPP enfrentan una realidad algo más compleja que sus pares de las bibliotecas escolares o públicas pero sus obligaciones siguen siendo las mismas; tales organizaciones bibliotecarias son para los usuarios, principalmente deben garantizar el acceso a la información pública sin restricciones en forma oportuna, completa, objetiva e imparcial.
Veamos a continuación un breve panorama de la situación en parte de España y en algunos países latinoamericanos.
4. Situación en España
El modelo organizativo español de los servicios bibliotecarios de prisiones es similar al de otros países mediterráneos como Francia o Italia, en los que las bibliotecas dependen en su gestión y funcionamiento de las instituciones penitenciarias y se establecen acuerdos de cooperación de carácter general con instituciones y organismos públicos y privados. La legislación actual penitenciaria contempla la posibilidad de utilizar libros facilitados por los servicios bibliotecarios ambulantes establecidos por la Administración Pública o entidades particulares, si bien la colaboración con la biblioteca pública más cercana al centro penitenciario no se realiza de forma generalizada, sino en algunos casos concretos debido al voluntarismo de las personas al frente de la dirección de estas bibliotecas o del propio centro penitenciario.
Por lo que respecta a la participación de los organismos competentes de las Comunidades Autónomas, a partir del desarrollo de su propia legislación en materia de cultura, no todas las normativas contemplan a las OBPP como una organización que se deba incluir como parte de su sistema bibliotecario. Únicamente Asturias, Castilla y León, Galicia y Murcia, además de Cataluña que merece una consideración aparte, hacen mención de una u otra manera a este tipo de servicios bibliotecarios, con el subsiguiente compromiso de cooperación y seguimiento. (Pérez Pulido; Sule Duesa: 2004).
Tanto en España, Italia y Francia existe una estrecha relación entre educación y las OBPP, y comparten situaciones críticas similares tales como:
]]> […] la baja consideración de la profesionalización de los servicios bibliotecarios de prisiones. Son factores esenciales en el funcionamiento de estos servicios contar con presupuesto propio, con bibliotecarios profesionales al frente de estas bibliotecas, y con unas normas técnicas de funcionamiento. (Observatorio de la Lectura y el Libro. España, 2011:9).
Se puede observar en general que los servicios bibliotecarios en las OBPP de España requieren crear puestos fijos de bibliotecarios en dichos Centros Penitenciarios del Estado, que dirijan y gestionen las bibliotecas, y también puedan atender de manera eficaz las tareas propiamente bibliotecarias, además establecer un modelo de gestión de OBPP, una red de bibliotecas de prisiones, y que pudiesen contar con gestión de presupuestos, talentos humanos suficientes y especializados, por último con infraestructura y tecnologías adecuadas. (Observatorio de la Lectura y el Libro. España: 2011:34).
5. Situación de las OBPP en Latinoamérica
Argentina: por su organización administrativa y política, cuenta con un sistema carcelario dividido en un Servicio Penitenciario Federal (SPF) que atiende las necesidades de la justicia federal, y una serie de servicios penitenciarios provinciales que opera en Buenos Aires, Córdova, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan, Neuquén y Misiones; donde se alojan detenidos procesados o condenados por la justicia ordinaria de estos Estados provinciales.
En junio de 1996 se promulga la Ley Nacional 24.660 relativa a la Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y complementaria del Código Penal. El Artículo 140 de esta ley dispone que:
En todo establecimiento funcionará una biblioteca para los internos, adecuada a sus necesidades de instrucción, formación y recreación, debiendo estimularse su utilización. (Román, 2007).
Es interesante repasar otros artículos significativos de esta ley para entender el sentido que el Estado argentino le asigna a la educación de los convictos y en qué marco legislativo se lleva a cabo. La misma ley será posteriormente confirmada por leyes provinciales y adaptada a los sistemas penitenciarios provinciales.
A través de la experiencia en Argentina de la Biblioteca para Detenidos ''Elda Massoni'', se puede establecer la experiencia en los servicios bibliotecarios en establecimientos penitenciarios de detención transitoria, haciendo hincapié en aspectos como libertad de acceso a la información y la promoción de la lectura. La Biblioteca funciona en la Alcaidía desde el 2002, extendiendo sus servicios en el 2004 a la Casa del Adolescente. En cada uno de estos servicios se estableció modalidades de trabajo diferentes, que fueron diseñadas en función del perfil institucional de cada establecimiento y de las posibilidades de desempeño que se pueda obtener. (Aimino; Ferreyra, 2004).
]]> Otra experiencia es la denominada ''Bibliotecas Abiertas'', Proyecto piloto co-financiado por el Proyecto EUROSociAL y el Ministerio de Educación de la República Argentina, repartición que está cargo de la coordinación del mismo y que administra la educación en contextos de encierro en Argentina. En la coordinación del proyecto además, está presente el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos-CIEP, perteneciente al Ministerio de Educación de Francia, con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos, delegación de Argentina y la participación de la Asociación Transformas de Barcelona de España.Así, a partir del marco que ofrece el proyecto EUROSociAL se implementó el proyecto piloto sobre Capacitación de Bibliotecarios para la promoción de la lectura y actualización del equipamiento de las Bibliotecas en contextos de encierro. En sus dos primeras etapas, 2008-2009, 2010-2011, se espera pasar de 50 a 200 unidades penitenciarias donde, actualmente, funcionan bibliotecas dotadas por el Ministerio de Educación argentino con más de 500 libros en cada una de ellas. Para este fin, se espera capacitar a 200 profesionales bibliotecarios que se encuentran interconectados a través del entorno en red de la Web oficial del Ministerio de Educación para esta modalidad llamada Red Girasoles. Dado que la Red Girasoles es de uso privado y restringido a las bibliotecas constituidas en contextos de encierro, desde la Coordinación Nacional se han dado a conocer experiencias destacables del trabajo coordinado para poner al alcance de la población las novedades, problemáticas, enseñanzas y obstáculos de este tipo de gestión. (Giacchino, 2008).
Los desafíos, en ámbito bibliotecario, que tiene el proyecto para el año 2021, son tener 400 bibliotecas abiertas y 400 profesionales capacitados, y lograr el 100% de las escuelas de educación en contextos de encierro con bibliotecas escolares en pleno funcionamiento. (Maris Pallini, 2011).
Colombia: Al igual que muchos países de Latinoamérica, Colombia cuenta con una alta tasa de sobrepoblación carcelaria. Esto ha derivado en el común denominador de la mayoría de estos centros penales, el hacinamiento de los reclusos, que altera las funciones del sistema penitenciario y provoca serios problemas al proceso de reinserción social de los privados de libertad y el respeto a sus derechos fundamentales. (Universidad de los Andes, Colombia, 2010:9 y ss.)
En el año 2005 el Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional y la División de Desarrollo Social del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a través del Grupo de Bibliotecas Públicas implementó el proyecto Implementación y fortalecimiento de servicios bibliotecarios y de promoción de la lectura en establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia. La tesis planteada en este proyecto piloto es que el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas de Colombia puede contribuir a los procesos de resocialización de los reclusos a través de acciones que permitan entender la lectura como una influencia positiva para el aumento de su nivel cultural e intelectual, preparándolos para su reinserción a la sociedad. (Martínez Santos, 2008:3)
El principal objetivo del proyecto es promover la lectura y el acceso entre la población carcelaria del país y sus familias a los servicios bibliotecarios, contribuyendo de esta forma a los procesos de socialización, formación y reinserción social. Entre sus objetivos específicos está realizar un diagnóstico de la situación de los factores que se encuentran involucrados en el proyecto, diseñar el plan de promoción de lectura, estudios de usuarios para conocer las necesidades de información de la población carcelaria, y por último definir un conjunto de servicios bibliotecarios que puedan ser ofrecidos por los internos y personal de los establecimientos.
El proyecto se desarrollará a través de cuatro etapas comprendidas desde el periodo 2008 al 2012. Estas etapas tienen como finalidad la creación de una biblioteca diseñada de tal forma que su infraestructura, servicios, programas de lectura, sirva a los procesos de reinserción de los reclusos. A marzo de 2009, de acuerdo a las autoridades del INPEC, todo aquello relacionado con fomento y promoción de la lectura, organización y manejo de la biblioteca en el sistema carcelario de Colombia no se había ejecutado y no tenía asignación de presupuesto. (Moya, 2009:25). También hay serias dudas de si las actividades que ofrecen las bibliotecas públicas en las cárceles colombianas apuntarán a cumplir los objetivos y tesis de los proyectos bibliotecarios en tales establecimientos. (McDermott, 2010:26).
Perú: Similar a otros países de la región, la tendencia de la población penal es creciente, notándose un comportamiento lineal entre los años 1997 a 1999, luego una disminución en el crecimiento y posterior decrecimiento entre los años 2000 y 2001 respectivamente. A partir del año 2002 hasta 2008 el comportamiento es claramente de tipo exponencial. Así mismo se aprecia que en los años 2009 y 2010 existe una desaceleración en el crecimiento de la población, esto debido a política de despenalización, conmutaciones, gracias presidenciales, indultos y otros beneficios. (INPE, 2011).
El Instituto Nacional Penitenciario INPE, organismo público descentralizado del Ministerio de Justicia, es responsable del sistema penitenciario de Perú. Su labor está dirigida a tres áreas: administración, tratamiento y seguridad. El pilar más importante del sistema penitenciario es aquel denominado tratamiento penitenciario, pues este órgano es el que va a permitir los procesos de resocialización y de reinserción de los internos a la comunidad, a través de actividades tales como; trabajo, educación, asistencia social y psicológica, que la administración penitenciaria está obligada a proveer.
El área educativa (Centro de Educación Ocupacional CEO) es de responsabilidad del Ministerio de Educación, que brinda servicios educativos a nivel de alfabetización, primaria y secundaria, y de educación ocupacional en cursos en áreas de sastrería, electricidad, manualidades, electrónica, artesanía, industria alimentaria, estructuras metálicas, tejido a máquina entre otros.
]]> A pesar de que la normativa penitenciaria indica que las cárceles deben contar con una biblioteca para ocupar el tiempo libre de los internos, no todas las bibliotecas penitenciarias del país cuentan con este servicio, ya que su organización no es fácil por no contar con personal idóneo para la conducción y desarrollo de la actividad bibliotecaria en el penal.Las bibliotecas de los establecimientos penitenciarios están administradas por el área de educación, pero son conducidos por los profesores del CEO y en algunos casos cuentan con el apoyo de los propios internos.
La función de la biblioteca del penal es de apoyo a las actividades pedagógicas y culturales, cumple una importante misión teniendo en cuenta el tiempo libre que tienen los internos en estos espacios a intramuros, que muchas veces se utiliza en perjuicio de la convivencia y el hábitat, aumentando el caudal de conductas antisociales. (Merino, 2007a).
El servicio de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Nacional a establecimientos penitenciarios, se ejecuta bajo el Programa Lectura sin barreras, este servicio consiste en el préstamo de las colecciones destinadas para tal fin a favor de determinados penales ubicados en Lima, por ahora debido a la escasa disponibilidad de personal solo se ha atendido a Piedras Gordas, pero se evalúa la situación de los otros penales. (Merino, 2007b).
La falta de acceso a los servicios bibliotecarios es el principal problema a resolver en las instituciones penitenciarias de América Latina; los factores que limitan el acceso son:
Horarios reducidos y los fines de semana y feriados la biblioteca permanece cerrada; ubicación de la biblioteca, si bien varía en cada establecimiento penitenciario, acorde a los tipos de seguridad de la prisión, la ubicación de la biblioteca suele representar una barrera para la consulta, y por último las medidas de seguridad de las prisiones tienden a afectar el acceso a la biblioteca. (Román, 2005:3-4).
Lo anterior debe ser reducido por el Convenio Interinstitucional firmado entre la Biblioteca Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario en el año 2007, que tiene los objetivos de:
Impulsar la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio de bibliotecas en los establecimientos penitenciarios del país. Y, promover el hábito de la lectura, mediante programas educativos, culturales y recreativos. (Pampa, 2008).
]]> 6. Las OBPP de Chile
6.1 Algunas características del Sistema Penitenciario chilenos
La sobrepoblación y el incremento de la población penal en las cárceles chilenas es una situación muy similar a la de los países latinoamericanos; en el Gráfico N°1, sobre población penal por 100.000 habitantes, se puede observar el aumento de la población de reclusos en las últimas dos décadas. Las consecuencias de tal fenómeno se resumen en:
Falta de políticas y acciones penitenciarias para la rehabilitación de los internos. Condiciones de hacinamiento que afectan la integridad física de los internos, a la vez que constituyen condiciones de vida degradantes. (Maldonado, 2009:14).
Se puede observar en la Tabla N° 1, el estado de la situación del sistema penitenciario chileno en relación a los posibles avances cuantitativos en materia de sobrepoblación y su directa relación con el hacinamiento y condiciones de vida de los reclusos. Existe diferencia importante en las cantidades, las que pueden ser consideradas como avances en el modelo de concesiones que se está aplicando en Chile desde el 2008.
Chile ratificó la Resolución N° 45/111 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de fecha 14 de Diciembre de 1990, normativa que establece los principios básicos de respeto a la dignidad y valor inherente de ser humano, y por el hecho de estar privado de libertad no puede ser objeto de discriminación alguna.
Considerando las limitaciones propias del encarcelamiento que impone la legislación chilena, todos los reos mantienen los derechos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos incorporados al sistema legal chileno.
El sistema de cárceles concesionadas implementado por el Estado chileno, de acuerdo a la Ley 20.410, surgió debido a la preocupación por la carencia de infraestructura penitenciaria y su nula influencia en la capacidad del sistema de rehabilitar a los internos (Rozas y otros, 2012: 226), por lo cual decidió impulsar el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, partiendo en una primera instancia con la construcción de diez cárceles bajo este modelo en las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana (2), del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos.
]]> Las autoridades gubernamentales, en el año 2008, al darse cuenta de que el modelo funcionaba en forma positiva, especialmente en lo que se refería a disminución del hacinamiento y aumento de la vigilancia y seguridad de los recintos penales, sumado ésto a la entrega de servicios como alimentación, salud y reinserción, entre otros, decidió impulsar a fines del 2009 el Segundo Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, definiendo las ciudades donde se construirán los cinco nuevos Establecimientos Penales, como son Calama, Copiapó, Valparaíso, Chillán y Temuco. (Gendarmería de Chile, 2012.)El sistema de cárceles concesionadas ha dejado en evidencia la precariedad de las OBPP y la falta de recurso humano capacitado para desempeñarse en ellas (Carvajal et al, 2011:44), aspectos que suceden también en países como España, donde el recursos humano cualificado en este tipo de bibliotecas es muy escaso (Observatorio de la Lectura y el Libro. España, 2011). Lo anterior, debido entre otras cosas a la falta de fiscalización por parte de la autoridad, al compromiso de los sostenedores de estas bibliotecas y al desconocimiento de los profesionales bibliotecarios de su responsabilidad y deber ante aquellos que están excluidos de la sociedad. El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios de Chile (2011), garantiza el derecho a la información, a la educación y acceso a la cultura entre otros; sin embargo su articulado, el 40, es algo ambiguo y nada dice en relación a las organizaciones bibliotecarias, establece que:
Los internos tendrán derecho a la información, el que se ejercerá mediante la libre lectura de libros, diarios, periódicos, revistas, y a través de aparatos de radio y televisión del establecimiento o de los internos, cuyo ingreso haya autorizado el Alcaide. (Chile. Decreto 518).
Las bibliotecas o las organizaciones bibliotecarias no están consideradas en la norma chilena en cuestión y por lo tanto queda a interpretación y a la voluntad de las autoridades de los recintos penitenciarios el proveer de tales organizaciones o de autorizar el ingreso de los diferentes formatos contenedores de información o aparatos de comunicación masiva. No existe la obligatoriedad de la ley chilena de que los recintos penitenciarios o las prisiones deben tener organizaciones bibliotecarias para hacer efectivo el derecho a la información de los reclusos.
En este contexto, la realidad de las OBPP chilenas resulta preocupante debido a que la ley no las considera y por tanto se pueden establecer como un privilegio y no como un derecho. La población carcelaria, la cual ha crecido en la última década, no tiene derecho a servicios bibliotecarios como el resto de la población, hay que tener en cuenta que Chile tiene uno de los índices, reos por 100.000 habitantes, más elevados de Latinoamérica con 305, superado por Guyana Francesa con 365 y Suriname con 356. (Walmsley, 2008).
6.2 El Rol de las OBPP Chilenas
La visión integradora de estos centros penitenciarios puede ser fortalecida a través de los servicios que presta la biblioteca intrapenitenciaria, puesto que su rol en la rehabilitación social o habilitación para aquellas personas que han estado fuera durante mucho tiempo en el esquema social, formal y tradicional es determinante, puesto que la biblioteca puede fortalecer el vínculo de socialización, educación y cultura.
Sin embargo, no cuentan con infraestructura, personal cualificado y un fondo bibliográfico acorde a las necesidades de los usuarios que atienden, sumado a los altos índices de sobrepoblación. Lo anteriormente expuesto toma fuerza si se considera que para llevar adelante la gestión de estas organizaciones es preciso que los profesionales bibliotecarios sean conscientes del papel que juegan en el proceso rehabilitador de los internos e internas. De ahí que resulta fundamental que las escuelas de formación bibliotecológica contemplen en sus planes de estudio áreas que permitan desarrollar aquellas competencias y habilidades necesarias para trabajar en un entorno de prisión, fortaleciendo de esta manera el concepto de responsabilidad social tantas veces usado como un aspecto fundamental de la biblioteca como institución.
Toledo (1989), cuyo texto podemos considerarlo clásico, afirma que:
]]> […] la biblioteca es una institución eminentemente social, educativa y cultural, el bibliotecario consecuentemente también lo es para el desarrollo del país, teniendo que representar una función específica en una institución social.
Desde una posición más extrema y tal vez más correcta, Civallero establece que:
La responsabilidad social comienza por reconocer que el trabajo empieza en casa. Cada profesional tiene un deber ético para con su propia sociedad, donde quiera que trabaje, donde quiera que desee y quiera ayudar.'' (2006:6).
En Chile, los estudios en este tipo de bibliotecas son realmente escasos. En lo que va del siglo XXI, la única investigación de tipo exploratorio al respecto toca el tema de la responsabilidad social en forma tangencial, concluyendo que las bibliotecas de prisión deberían funcionar en:
[…] el principio de la educación penitenciaria y su labor sanadora de las carencias generadas en el individuo; decantarían en un mejor entendimiento de la función reparadora que los recintos penitenciarios debieran poseer. Las bibliotecas, bajo este prisma, funcionarían además como instituciones que complementasen y mediaran el proceso de readaptación de los internos, dando un seguimiento a las prácticas entregadas durante su reclusión. (Carvajal et al, 2011:46).
Mardonez (2011), desde una perspectiva más general, afirma que:
[…] la biblioteca como institución pública se constituye en un eje central para el desarrollo de los pueblos por lo que es dable afirmar que si bien han cambiado el perfil del usuario, el acto lector, el soporte de información, los requerimientos de información persisten; y si bien es posible que la biblioteca o centro de información evolucione, el usuario siempre va a demandar acceso a la información, siendo rol del Estado actuar como mediador entre el bienestar ciudadano y la industria cultural. Y es precisamente en este contexto donde el Centro de Información reafirma la importancia de su rol histórico, pues es por su naturaleza integradora y democrática, tiene su fundamento en lo social.
Nosotros establecemos que las BPP chilenas funcionan en contextos de restricción donde hay grados y escalas de usos en relación a los servicios y en la infraestructura. Los usuarios, según su condición de recluso y de género, y el personal bibliotecario, de acuerdo a su cualificación y nivel académico, están restringidos en sus derechos por las normativas del contexto de prisión, por las condiciones de hacinamiento que impactan negativamente en el espacio bibliotecario y la falta de políticas bibliotecarias al respecto; sin embargo, sus necesidades de información y el derecho de acceso a la información y a la biblioteca son características similares a cualquier tipo de comunidad.
6.3 Situación General de las OBPP Chilenas
Según datos de la Dirección de Gendarmería de Chile (Masferrer, 2010) para el funcionamiento de las organizaciones bibliotecarias en régimen penitenciario se debe tener presente la diversidad de tipos de organizaorganización, lo que determina el sistema de administración de la misma. Es decir, en aquellos establecimientos penitenciarios donde se cuenta con acceso a una biblioteca pública, existe un profesional bibliotecólogo responsable de su administración; por lo tanto, se cumple con las normas necesarias para la optimización de sus recursos y la organización de la colección.
]]> Para los casos de las organizaciones bibliotecarias que dependen de las Escuelas Penales, éstas se constituyen básicamente como Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA), por lo tanto, también cuentan con un sistema de registro de textos. Finalmente, hay que destacar que dentro de los Establecimientos Penales existen bibliotecas- colecciones creadas por la Administración Penitenciaria, siendo atendidas por un interno previamente seleccionado, que lleva los registros, por lo menos básicos, de los textos con que cuenta.En relación a los dos primeros casos, vale decir, tanto las bibliotecas públicas, como los CRA, el registro del material se efectúa computacionalmente, mientras que para el tercer caso, es decir, las bibliotecas-colecciones de la administración penitenciaria se realizan de forma manual a través de un libro de registro. Sin embargo, solo las bibliotecas públicas cuentan con catálogos para la búsqueda de información. Con respecto a las políticas o procedimientos para su funcionamiento hay que destacar que los CRA de las Escuelas Penales responden a lo instruido por el Ministerio de Educación, y las bibliotecas públicas según lo estipulado por la Dirección de Bibliotecas y Museos (DIBAM).
Cabe destacar, que en la actualidad Gendarmería de Chile se encuentra en proceso de ordenamiento general. Este proceso contempla entre otras cosas el mejoramiento de los servicios bibliotecarios a través del diseño de un plan de trabajo y de desarrollo de colecciones para sus organizaciones bibliotecarias.
Como se mencionó anteriormente, las OBPP que dependen de la DIBAM cuentan con un profesional bibliotecario a cargo de ellas, en el caso de los CRA estos se encuentran a cargo de un docente, y de un interno en los casos de las colecciones de la propia administración penitenciaria. Para entregar un servicio óptimo a los reclusos de los Centros Penales, el personal cumple una jornada laboral de 35 horas semanales y funcionan en horario de las 9:30 a las 16:30 horas. De lo que se desprende que las bibliotecas públicas están mejor organizadas en este aspecto, mientras que los CRA cumplen un horario común a todos los centros penitenciarios.
En relación a los usuarios directos de las OBPP hay que consignar que son los internos e internas de los establecimientos penales sin embargo, preferentemente entran en este grupo los que están condenados. Es necesario hacer estudios en relación a los usuarios de las OBPP chilenas especialmente en relación a los perfiles y niveles de satisfacción a los servicios ofrecidos en ellas.
En cuanto a los servicios que prestan las OBPP, se trata principalmente de préstamos de libros en su modalidad de celda y que apoyan a los diferentes talleres artísticos, de instrucción y formación de monitores internos. Esto ocurre en el caso de las bibliotecas públicas y en los CRA, en menor dimensión. El tiempo de préstamo del material bibliográfico depende de cada biblioteca. No obstante, el promedio mínimo de préstamo es de dos semanas, periodo que puede ser ampliado a través de una petición expresa del usuario. Los datos estadísticos son escasos en cuanto que permitan conocer la movilidad de la colección en estas organizaciones. En relación al acceso a las mismas, debemos decir, que los establecimientos penitenciarios cuentan con diversas modalidades de acceso al libro y la lectura, y pueden ser:
En relación al tipo de materiales de que están formadas las colecciones se debe indicar que preferentemente son en formato impreso. No obstante las bibliotecas públicas, en especial las de la Región Metropolitana, cuentan además con material audiovisual.
Finalmente, la mayor parte del fondo bibliográfico de dichas bibliotecas es adquirido a través de donaciones efectuadas por organismos del Estado e instituciones, como el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Ministerio de Educación, Municipalidades y la DIBAM, así como de fondos concursables externos. Lo anterior, en atención a que Gendarmería de Chile no cuenta con presupuesto dirigido en forma específica a la provisión de libros, infraestructura y demás aspectos de las bibliotecas. A pesar de esta situación, Gendarmería destina parte de su presupuesto para la ejecución de talleres literarios, ya sean efectuados en la biblioteca misma, o bien por el propio establecimiento penal, quedando este recurso en poder de la primera de estas instancias. Los costos de mantención y/o reparación de los espacios existentes, se hace del mismo presupuesto con el que cuenta el respectivo Establecimiento Penitenciario, lo que incluye además, los gastos de operación (papelería, gastos básicos, etc.).
6.4 Indicadores Cuantitativos de las OBPP Chilenas
Los siguientes guarismos deben considerarse como las primeras aproximaciones cuantitativas de medición de las organizaciones bibliotecarias que funcionan en el sistema penal chileno. En la Tabla N° 2, podemos observar el tipo y la cantidad de unidades penales del sistema penal chileno, dichas magnitudes son la base para el siguiente análisis. (Ver también la Tabla N° 3).
Los primeros resultados dicen relación con la proporción y porcentaje de OBPP y respectiva segregación en el sistema penal, además de aquellos penales que no disponen de acceso a este tipo de servicios. Las fórmulas y sus resultados son los siguientes:
Podemos establecer que al menos un 37,4 % de las unidades del sistema penitenciario chileno no tienen acceso a servicios bibliotecarios y por ende los reclusos, no se pudo determinar la cantidad, de tales unidades no tienen el derecho, al menos, a libros. El 62,6 %, tiene garantizado el derecho de acceso a libros, al menos. Sin embargo, el análisis cuantitativo nos arroja que el 12,1% de los penales tiene una biblioteca de carácter público lo que puede ser considerado como un privilegio de sus reclusos y no tanto como un derecho puesto que la mayoría no lo tiene. Los CRA, representan un 30,8 %, y son mayoría, su función básicamente está en relación al derecho de la educación que debe garantizar el sistema penal a los reclusos, nada se pudo establecer con el derecho de acceso a la información que tiene la población penal. Las colecciones pueden ser consideradas las organizaciones básicas, con un 19,8 %, del sistema penal chileno.
6.4.1 Personal y Organización
Considerando las pautas internacionales, las que establecen que:
[…] la supervisión o administración de las bibliotecas de prisiones, sin importar las dimensiones de la misma, deben ser bibliotecarios profesionales con la preparación y habilidades necesarias adquiridas a través de estudios universitarios en ciencia de información bibliotecaria u otra carrera afín.'' (Lehmann, Locke, 2007:10).
Por lo tanto hemos establecido a partir de dichas directrices denominar: Bibliotecas, aquellas que están administradas por un bibliotecario profesional, las otras organizaciones las denominamos Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA, sin el apéndice biblioteca) a cargo de un docente o profesor, y las Colecciones, aquellas que son administradas por la propia organización penitenciaria y que en la mayoría de los casos es atendida por un interno o recluso.
Se puede observar en las Tabla N° 3 y 4 respectivamente, la situación de las OBPP chilenas; el 19,3 % de las organizaciones puede ser considerada como Biblioteca, es decir son administradas por un profesional bibliotecario y son minoría dentro del conjunto de las organizaciones. Los CRA son la mayoría y tienen un docente a cargo. Se desconoce el nivel de educación de los internos o reclusos que atienden las Colecciones.
]]>
La cantidad de bibliotecarios profesionales que están en las OBPP es bajo con el 19,3% sin embargo, debemos considerar una fortaleza que el 68,4% de las organizaciones bibliotecarias están a cargo de un profesional, sea bibliotecario o docente.
Por lo tanto, se establecerá como primera afirmación que, si bien la biblioteca penitenciaria responde a una política social, su existencia, mantenimiento y funcionamiento son el resultado del esfuerzo y de la misma iniciativa de aquellos internos lectores que la defienden como un espacio de autoformación y de liberación.'' (2011:40).
Si bien, esta investigación indaga en la dinámica que se produce entre la Biblioteca Pública N°158 del CCP (Centro de Cumplimiento Penitenciario) Colina I, a cargo de la DIBAM y con personal bibliotecario profesional, al parecer los usuarios no solo defienden la biblioteca, también la definen como tal, a nuestro entender este aspecto es muy interesante y debe profundizarse en futuros estudios.
En la Tabla N° 5 , se puede observar la distribución de la dependencia de las OBPP al interior de los centros penales chilenos. El 87,7% de las organizaciones bibliotecarias dependen de dos organismos estatales; de Gendarmería de Chile y del Ministerio de Educación (Mineduc), la DIBAM es parte del último organismo. En menor grado están involucradas las municipalidades en donde están localizados los centros penales y por último los centros penales concesionados.
6.4.2 Colección y Servicios
En lo relativo al tipo de materiales o formato que componen las colecciones de las OBPP, son preferentemente libros; no obstante, las pertenecientes a la Región Metropolitana poseen además material audiovisual pero no hay datos sobre la cantidad y otras características de los mismos.
En relación a la cantidad de libros en las OBPP, podemos observar en la Tabla N° 6, el Índice Libros por Reo, las regiones de O'Higgins, los Ríos, Atacama son las que tienen, al menos, 1 libro por recluso, las regiones de Aysén y Magallanes tienen por sobre 2 libros por recluso. Las OBPP del resto de regiones van desde 0,2 a 0,9 libros por recluso, siendo la Región de Antofagasta la más crítica y en la práctica no hay ningún tipo de servicio bibliotecario para la población penal, situación que fue detectada en el estudio de Vacca del 2009. El promedio total del indicador de las OBPP es 0,6 libros por recluso.
]]> Si consideramos solo los reclusos del subsistema cerrado (SC) el indicador se incrementa en un cien por ciento en la mayoría de las regiones, en casos como las regiones de Aysén y de Magallanes se triplican y a nivel país el promedio total del indicador de las OBPP es 1,3 libros por recluso.Las principales áreas temáticas a la que pertenecen los materiales de las colecciones son: libros de autoayuda, literatura chilena, latinoamericana y europea, historia y geografía chilena y universal, castellano, matemática, física, química, biología, artesanía, teatro, poesía, jardinería, repostería y cocina, diccionarios y manuales.
Los servicios otorgados por las organizaciones bibliotecarias dependen fundamentalmente del tipo de organización a la que están adscritas. En las Bibliotecas y los CRA los materiales bibliográficos son registrados en forma computacional y solo las primeras cuentan con un catálogo para las búsquedas de información; en las Colecciones todo tipo de registro se lleva en forma manual. Los principales servicios tienen relación al préstamo de libros, sea en sala o para dependencias o celdas, para apoyar los talleres, servicio de referencia y hemeroteca, y formación de monitores internos. En relación al tiempo de los préstamos, depende de cada una de los tipos de organización, sin embargo lo mínimo son dos semanas y puede ser ampliado.
El horario de atención es común a todas las OBPP y va desde las 9:30 a 16:30 horas. Los hombres adultos son los principales usuarios de las OBPP, a pesar que no hay estudios al respecto y tampoco existen estudios de satisfacción de los usuarios fundamentalmente por falta de recursos de personal y financiero.
7. A Modo de Conclusiones
Los estudios sobre las organizaciones bibliotecarias del sistema penitenciario chileno son escasos y los que están publicados son parciales y tratan con muestras no representativas; sin embargo, son aproximaciones válidas que tratan de analizar un problema complejo de la realidad nacional.
Se logró identificar a tres tipos de organizaciones bibliotecarias en el sistema penal chileno; las Bibliotecas, de carácter pública y su característica principal es que están a cargo de bibliotecarios profesionales, las cuales dependen de las DIBAM y son minoría en el sistema penal chileno. Los CRA, depende del Ministerio de Educación o de Gendarmería, su característica es que están a cargo de un docente y son la mayoría del sistema penal chileno. Por último, la segunda mayoría, las Colecciones, denominadas así ya que están a cargo de un recluso y fueron creadas y administradas por las unidades penales respectivas. La gran mayoría, el 68,4% de las OBPP están bajo la responsabilidad de un profesional, lo que hemos considerado una fortaleza del sistema penal chileno.
Los servicios que ofrecen las OBPP son básicos, donde predomina el préstamo de libros para el apoyo de actividades educativas o de ocio de los reclusos. Existe una cantidad importante de centros penales que no tienen ningún tipo de organizaciones bibliotecarias definidas en este estudio y por ende la población penal de dichos establecimientos no tiene acceso a libros ni a servicios de apoyo que pueden ofrecer los CRA. Las Bibliotecas definidas en este estudio son un privilegio para los reclusos que tienen acceso a ellas puesto que están en la minoría de los centros penales chilenos.
No se logró establecer ninguna relación en cuanto a satisfacción de necesidades entre la colección y los usuarios de las mismas y tampoco existen estudios al respecto en la realidad chilena y por ende puede ser objeto de una investigación. Se pudo establecer la relación de medidas de cantidad entre libros y reos, las regiones de Aysén y de Magallanes son las que tienen los más altos resultados al respecto. La Región de Antofagasta es la más crítica y a nivel país los promedios están entre 0,6 y 1,3 libros por reclusos, en general podemos decir que los reclusos donde hay OBPP tienen acceso a los libros, lo cual está estipulado en la normativa vigente como un derecho a la información; sin embargo, un 37,4% de los centros penales no tiene ninguna organización bibliotecaria y por ende podemos decir que no cumplen la normativa vigente.
]]> En cuanto a la dependencia de las OBPP son dos las principales instituciones que administran estas organizaciones; la primera es Gendarmería de Chile del Ministerio de Justicia, la cual por diferentes medios ha logrado tener servicios bibliotecarios básicos en 64,6 % en el sistema penal. El Ministerio de Educación es la segunda institución que apoya en forma importante los servicios bibliotecarios a través de los CRA y las Bibliotecas que pertenecen a la DIBAM. Las municipalidades, en menor grado, también disponen recursos para la fundación o mantenimiento de las OBPP. Y por último, las empresas concesionarias de los centros penales también mantienen este tipo de organizaciones, sin embargo al 2012 la cantidad es mínima.Sobre la responsabilidad social y el proceso de reinserción social que debe apoyar o contribuir a la organización bibliotecaria en el sistema penal chileno es más una declaración en el discurso sin mucho respaldo de acciones que la hagan realidad. La falta de recursos, la sobrepoblación penal y una legislación que no considera a las organizaciones bibliotecarias hacen de la responsabilidad social y la reinserción social una realidad lejana para Chile.
En cuanto a nuestra idea primitiva, hipótesis arqueológica, la intuición fue cercana puesto que existen muy pocas bibliotecas públicas pero estábamos equivocados en relación al personal que está a cargos de las organizaciones bibliotecarias. Las OBPP chilenas están en su mayoría a cargo de profesionales, docentes y bibliotecarios, y en menor grado de reclusos, pero no logramos determinar el nivel educativo de los últimos y por ende es lo que podemos decir al respecto. Las colecciones, compuestas por libros preferentemente, son pequeñas y tampoco logramos establecer otras características de las mismas.
Por último, la legislación vigente que establece las características del sistema concesionado de los centros penales chilenos no considera a las bibliotecas u organizaciones similares o afines como un servicio obligatorio y por ende la fundación y mantenimiento de las organizaciones bibliotecarias seguirá dependiendo de las voluntades de la autoridad pertinente y de la tradición de las instituciones adscritas al sistema penal chileno.
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