Nota del editor

El volumen 38, número 1, de la Revista Colombiana de Sociología (RCS), el segundo de la renovada línea editorial, presenta en su Sección Temática (ST) un conjunto de trabajos sobre el tema Estado, sociedad civil y gobernanza local en contextos violentos. Reflejo del esfuerzo de la RCS por fortalecer todas sus secciones, en la Sección General (SG) se presentan tres artículos, dos de estos de investigación, cuyos autores son John Herlyn Anton, Fernando García Serrano y Claudia Mercedes Jiménez, y uno de reflexión, escrito por David Andrés Vidal López.

En esta ocasión, la ST es coordinada por la profesora Carolina Galindo de la Universidad del Rosario, quien es la editora invitada. Desde la sociología política, esta sección nos convoca a una reflexión sobre un debate que, necesariamente, se desplaza a otras ramas de nuestra disciplina, así como a las demás ciencias sociales y humanas. Más allá del debate académico, esta sección aporta elementos conceptuales a la reflexión y a la formulación de las políticas públicas y, al mismo tiempo, refleja preocupaciones y planteamientos presentes en nuestra sociedad civil organizada. En un horizonte de esperanza, como el anhelado fin del conflicto armado, la discusión que suscita la sección nos enlaza de manera pública al debate que ocupa un lugar central en la reflexión no solo académica, sino política y civil de toda Colombia.

Al leer en su conjunto los artículos de Galindo, Rehm, Guevara Latorre, Morales Rosas y Pérez Ricart es posible encontrar que la relación entre Estado y sociedad civil, eje estructurante de las formas de gobernanza local, está marcada no solo por conflictos, como en el caso de Colombia, sino por formas violentas de actuación legitimadas que suplantan las formas civiles y democráticas del debate político. Estos conflictos, no solo en Colombia sino con diferentes intensidades en toda América Latina, primero, se caracterizan por la participación de actores ilegales y a menudo armados, como en el caso de las guerrillas y de los grupos paramilitares y, segundo, se producen a lo largo de escalas tanto geográficas como institucionales, abarcando así diferentes niveles del Estado. De igual forma, estos conflictos han contribuido durante los últimos sesenta años a la constitución y normalización de la actuación violenta como forma de resolución de las contiendas políticas y, por lo tanto, con la identificación de esta como una práctica cultural.

Esta transformación socioantropológica de nuestras sociedades hacia la introyección del acto violento como hecho constituyente de la cotidianeidad, se ha extendido, a menudo, del ámbito político a las prácticas empresariales e industriales, terminando por legitimar el uso de la violencia como instrumento para limitar la libertad de expresión y participación. Con esto se busca lograr el control de funciones que institucionalmente deberían ser propias del Estado mismo, como lo reflejan, por un lado, la historia de las insurgencias en el país —con la administración de la justicia y del territorio de vastas zonas, con formas operativas inaceptables y a menudo inciviles y deshumanizantes—, y por el otro, la estela de desalojos, desplazamientos, muerte y masacres dejada por la puesta en marcha de la seguridad de la infraestructura productiva y de comunicación del país, en nombre de la Seguridad Democrática.

Lo que está en juego tras del control de estas funciones no es nada más ni nada menos que el poder de asignación de recursos materiales y simbólicos. Estos conflictos, según lo plantean de manera transversal los cuatro trabajos de la ST, no suelen detenerse frente a la terminación formal de procesos de confrontación cruenta. Más bien presentan la tendencia a transformarse en contiendas por los espacios políticos, los recursos, el modelo de desarrollo y la conformación de una sociedad civil libre de pensar y de expresarse. En el caso colombiano, se trata de una nueva geografía de la libertad y del derecho, en la que el Estado y los actores armados, que se declaran a sí mismos y proclaman fuerzas que actúan en favor del pueblo, tienen por igual retos inacabados.

El primer eje transversal a toda la ST reitera el reto de la construcción de formas no violentas de ejercicio de la política, así como la necesidad de fortalecer espacios de defensa efectiva de los derechos políticos, sociales y culturales para el ejercicio de la ciudadanía efectiva. Colombia, como gran parte de América Latina, lamentablemente no puede complacerse por el aumento del PIB y por el proceso de ingreso en la OCDE. Tampoco puede enorgullecerse por grandes logros en uno de los elementos que fundamentan el derecho a llamarse un Estado moderno y democrático a pleno título: que el derecho a la vida y a la protección por parte de las instituciones sean elementos absolutos, inquebrantables y que la agresión o la muerte de una sola persona provoquen el rechazo masivo de la ciudadanía y de los medios, así como una respuesta profunda y contundente de las instituciones para que estos derechos sean tutelados y reestablecidos de forma estructural en el territorio. Estos derechos y su tutela efectiva, como muchas veces se olvida, son los pilares constituyentes de una ciudadanía real; pero en muchas regiones de nuestra América Latina siguen siendo un asunto que solo recibe nominalmente amparo universal e incondicionado por las instituciones. Como en varios casos ilustrados en la ST de este número, es el mercado o simplemente los actores más violentos o militarmente más fuertes quienes deciden hasta dónde la titularidad de estos derechos aplica o no.

El segundo eje transversal del debate tiene que ver con el problema de la gobernanza. En la línea de pensamiento del Banco Mundial, la academia colombiana, alineada con la institucionalidad que hegemoniza los ámbitos internacionales y dicta la pauta de las reformas nacionales, concibe la gobernanza como un asunto de reglas del juego, de imperio de la ley y de mayor formalización de las reglas contractuales. La gobernanza es, como lo muestran los artículos de toda la ST, un brutal asunto de poder y de posicionamiento con medios legales o hasta ilegales de intereses particulares, que no tienen nada que ver con un ideal de Estado moderno, cuya aplicación se queda demasiado a menudo en las arquitecturas de las Constituciones y de los marcos legales. La arquitectura institucional de gran parte de América Latina, y por cierto de Colombia, a la luz de la reproducción de patrones cultural y sistemáticamente aceptados de corrupción, a la luz de la tolerancia frente a la muerte violenta, nos muestra, detrás de los discursos presidenciales y ministeriales, que la ciudadanía es parte básicamente nominal. Lo público, transformado en un problema de gerencia, sigue en deuda con una reflexión sobre la ciudadanía social, concepto que los trabajos de la ST contribuyen a reubicar en el centro del poblado, para que todos lo puedan ver y ojalá discutir.

El tercer eje transversal es el de la historia de los contextos violentos y de la memoria. Varios de los artículos que los lectores y las lectoras encontrarán nos recuerdan que los actores que han ocupado sectores más o menos amplios de la arquitectura institucional lo han hecho sin renunciar a la utilización de grupos y prácticas irregulares, si bien han existido fuerzas que históricamente han peleado por la construcción de un Estado, de un sistema político y judiciario más equitativo, justo, solidario y con ciudadanía efectiva. A pesar de la existencia de grises y matices, como en la totalidad de los procesos de formación institucional, la dimensión violenta y la práctica feudal de la apropiación fraudulenta e ilegal de extensas partes de lo público no dejan de impactar y de generar la necesidad de un análisis riguroso y sin falsa autocomplacencia.

El artículo de Rehm "Procesos violentos de formación del Estado durante los inicios del Frente Nacional en el Tolima, Colombia" analiza desde la antropología del Estado cómo la ciudadanía viene constituyéndose en el país en un hecho de afiliación a un partido, y no en un derecho. El Estado es, entonces, el escenario, pero también el actor en el momento histórico del origen del conflicto armado, así como a lo largo del tiempo ha sido escenario y actor de los conflictos por el control de los recursos económicos y ambientales.

El texto de Guevara Latorre nos ubica en el campo del análisis político del discurso y de las prácticas relacionadas con el Plan Colombia. El autor deconstruye los objetivos y supuestos del Plan y plantea una cautivadora interpretación de la evolución presentada entre la primera y la segunda fase. A lo largo del análisis de esta transformación, se observa realmente el cambio en el modelo de desarrollo del país, en el que se ve prevalecer la idea de que para conseguir la paz prima el buen funcionamiento de la economía sobre el buen funcionamiento de las relaciones sociales.

El trabajo de Morales Rosas y Pérez Ricart, "La militarización, un obstáculo para la gobernanza democrática de la seguridad en México", nos trae un aire internacional al debate y, al mismo tiempo, presenta una temática que resulta central para Colombia. La militarización es investigada como un proceso que si bien no necesariamente altera las relaciones cívico-militares en términos formales, sí es parte fundamental de la transformación de las normas y las relaciones sociales, dado que se imponen las lógicas del mayor poder otorgado a los órganos policiales y militares, la suspensión de las garantías democráticas y la penetración profunda de las instituciones civiles por lógicas de tipo militar y del principio de las armas como solución para los conflictos sociales.

En la muy interesante SG, el primer trabajo que presentamos es "La presión sobre el derecho al territorio ancestral del pueblo afroecuatoriano. El caso de la Federación de Comunidades Negras del Alto San Lorenzo", en cual Antón y García, a partir de una investigación sobre derechos colectivos y plurinacionalidad, analizan las resistencias del pueblo afroecuatoriano frente a la neomodernización impuesta por un modelo de desarrollo centrado en el buen vivir. El artículo revela, una vez más, cómo un modelo de sociedad basado en una sola idea dominante y en una concepción del orden social que se convierte en la palabra sagrada lo que realmente produce es la transformación de la utopía en formas de tiranía, donde lo local, lo culturalmente diferente, lo que se declara inconforme con el modelo que ve en el territorio una fuente de recursos, debe ser erradicado, reducido, neutralizado, porque ¿quién se puede atrever a ir en contra de quienes descubrieron la receta de la felicidad social?

En su trabajo "Movimiento social de 'piernas cruzadas', práctica neosubjetiva y comprensión del cuerpo como lugar de lo político", Jiménez Garcés presenta insumos derivados de su investigación para la FLACSO, Argentina, en los que analiza nuevas prácticas en la reconfiguración de los movimientos sociales contemporáneos. El caso analizado es el de las huelgas del sexo o el movimiento de piernas cruzadas como manifestación de una acción colectiva, que es social y cultural al mismo tiempo. Como plantea la autora, el movimiento de las mujeres es la emergencia de los desencantamientos de la modernidad, una modernidad que prometió aventura, poder, libertad, derechos, igualdad, desarrollo, pero que al mismo tiempo amenaza, corrompe, desune y desintegra.

El último trabajo de la sección, "Pensar la formación para la ciudadanía en clave espacial. Una lectura comprensiva de David Harvey y Doreen Massey", presenta un interesante análisis acerca de la relevancia de la espacialidad en el debate sociológico, dimensión a menudo olvidada o cuanto menos subvalorada tanto conceptual como, sobre todo, metodológicamente. Vidal señala cómo la aplicación de los conceptos de los autores sobre las dimensiones espacio-temporales a un caso escolar en el Páramo de Sumapaz revela la centralidad del territorio en la conformación de la identidad social y política.

ANDREA LAMPIS, PH. D.
DIRECTOR/EDITOR