http://dx.doi.org/10.15446/rcs.v38n1.53262

Artículo de reflexión.

Estado, sociedad civil y gobernanza local en contextos violentos. Algunos temas para una agenda de investigación^*

The State, civil society, and local governance in violent contexts. An outline of issues for the a research agenda

Estado, sociedade civil e governança local em contextos violentos. Alguns temas para uma agenda de pesquisa

Carolina Galindo Hernández^**
Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

^* Este trabajo es parte de la segunda fase del proyecto de investigación doctoral The Unresolved Tension between Security and Democracy. Two Case Studies: Peru and Colombia, desarrollado en la Universidad Humboldt de Berlín y financiado por la Universidad del Rosario, el Servicio Católico Alemán de Intercambio Académico (KAAD) y la Berlin Graduate School of Social Sciences de la Universidad Humboldt de Berlín.
^** Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Candidata a doctora en Ciencia Política de la Humboldt Universität zu Berlin, en Alemania (tesis en evaluación de jurados). Miembro del Grupo de Investigación Ética, Trabajo y Responsabilidad Social, de la línea de investigación en ciudadanía de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: carolina.galindo@urosario.edu.co

Este trabajo se encuentra bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0.

Recibido: 3 de febrero del 2015. Aprobado: 11 de mayo del 2015.

Resumen

Como una introducción a la sección temática de este volúmen, este artículo sugiere, a partir de tres experiencias concretas, una serie de temas para la construcción de una agenda de investigación relacionada con la conflictiva coexistencia del Estado y diferentes actores de la sociedad civil, armados y no armados, en escenarios marcados por el uso de la violencia como dispositivo de ejercicio del poder sobre un territorio y un colectivo. Las experiencias presentadas dan cuenta de tres escenarios y momentos muy diferentes: un linchamiento en la ciudad peruana de Ilave en el 2004, el triunfo electoral en el 2011 de un candidato de izquierda en una ciudad colombiana controlada por el paramilitarismo y la reciente desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, en el 2014. El caso de los linchamientos plantea el reto de examinar prácticas jurídicas locales que pueden conducir al ejercicio de la "justicia por mano propia". Para el caso colombiano, estas prácticas locales, más allá de las "justicias comunitarias", han descansado básicamente en manos de los actores armados, planteando así importantes desafíos en el análisis de los legados de estas prácticas en un escenario de posconflicto. Este segundo caso conduce, también, a la reflexión sobre las posibilidades de resistencia y mecanismos de rendición de cuentas bajo el control de actores armados. Por último, el tercer caso plantea la cuestión sobre la cooperación abierta u oculta entre actores estatales y no estatales en zonas de conflicto, en especial bajo el control de redes de crimen organizado. En la medida en que sea posible indagar en aspectos que precisan de un mayor detenimiento en la comprensión del fenómeno, será también factible definir líneas de intervención que permitan superar los desafíos que escenarios como el posconflicto, para casos como el colombiano, plantean en términos de la convivencia pacífica y de una realización efectiva de la ciudadanía.

Palabras clave: Ciudadanía, gobernanza democrática, orden social, relaciones Estado-sociedad civil, violencia.

Abstract

As an introduction to the thematic section and on the basis of three concrete experiences, this article suggests a series of critical issues for the construction of a research agenda related to the conflictive coexistence of the State and various actors of civil society, armed and non-armed. The background against which these reflections are put forward are several scenarios marked by the use of violence as a tool for exercising power over a territory and collective. The experiences presented describe three of those scenarios and moments: a lynching in the Peruvian city of Ilave in 2004, the electoral triumph in 2011 of a leftist candidate in a Colombian city controlled by paramilitarism, and the recent disappearance of 43 students in Ayotzinapa, México, in 2014. The case of the lynchings offers the challenge of examining local juridical practices that may lead to the exercise of "taking justice into one's own hands". For the Colombian case, these local practices— going beyond "community justice"—have basically rested in the hands of armed actors, thus offering important challenges to the analysis of the legacies of these practices in a post-conflict scenario. This second case also leads to reflection regarding the possibilities of resistance and mechanisms of accountability under the control of armed actors. Finally, the third case raises the question of open or hidden cooperation between State and non-State actors in zones of conflict, especially under the control of organized crime networks. To the degree that it is possible to examine aspects that require greater attention in understanding the phenomenon, it would be equally possible to define lines of intervention that make it possible to overcome the challenges that scenarios such as the post-conflict scenario pose, in the Colombian case, in terms of peaceful coexistence and the effective realization of citizenship.

Keywords: Citizenship, democratic governance, social order, State-civil society relationships, violence.

Resumo

Palavras-chave: Cidadania, governança democrática, ordem social, relações Estadosociedade civil, violência.

Introducción

El 26 de abril del 2004, Cirilo Robles, el alcalde del distrito de Ilave, ubicado en el departamento de Puno, en el Perú, fue asesinado en un "ajusticiamiento" popular, días después de un fallido proceso de rendición de cuentas por acusaciones de corrupción, malversación de fondos e incumplimiento de promesas electorales. Robles fue secuestrado por una turba en su propia casa, arrastrado hasta un lugar de la población y torturado por varias horas, junto con algunos aliados políticos. Su fallecimiento se produjo horas después, como producto de los múltiples ataques con objetos contundentes y punzantes. En las elecciones para alcaldes y gobernadores celebradas en Colombia, en el mes de octubre del 2011, Marcelo Torres, un reconocido dirigente de izquierda, fue elegido alcalde de la ciudad de Magangué, otrora próspero puerto sobre el río Magdalena, controlado en los últimos años por el paramilitarismo a través del liderazgo político y social de la empresaria de apuestas Enilce López, conocida en la región como la Gata. Más recientemente, a finales del mes de septiembre del 2014, un grupo de 43 estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos en cercanías de la ciudad de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, en una serie de episodios violentos que, según lo indicado por las investigaciones realizadas hasta el momento, tuvieron la participación de miembros de la policía de la ciudad, en cooperación de la organización criminal Guerreros Unidos, a la que se atribuyen nexos con el propio alcalde de la ciudad y con su esposa, directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de esta misma municipalidad.

En primera instancia, no sería posible establecer conexión alguna entre los tres acontecimientos, más allá de la existencia de un escenario violento o del ejercicio de la violencia por parte de actores de naturaleza social y política muy diferentes entre sí. Sin embargo, respetando las diferencias de modo, tiempo y lugar, los ejemplos planteados permiten sugerir algunos interrogantes —en clave de una sociología política— en relación con la construcción del orden social y la gobernanza en esta clase de contextos, el establecimiento de un tipo particular de prácticas jurídicas, el desarrollo efectivo de la ciudadanía, así como el fortalecimiento de la institucionalidad estatal. Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de este artículo es sugerir, a partir de estas experiencias concretas, una serie de temas para la formulación de una agenda de investigación sobre la conflictiva coexistencia entre el Estado y los diferentes actores de la sociedad civil, armados y no armados, en escenarios marcados por el uso de la violencia como dispositivo de ejercicio del poder sobre un territorio y un colectivo.

Si bien por cuestiones de espacio no es posible presentar de manera detallada los casos sugeridos como ejemplo, busco, a partir de una breve reflexión sobre estos, plantear algunos problemas clave aún pendientes por explorar o que requieren mayores desarrollos en la investigación sobre el tema¹. Esto con el ánimo de definir líneas de intervención que permitan superar los desafíos que escenarios como el posconflicto, para casos como el colombiano, plantean en términos de la convivencia pacífica y de una realización efectiva de la ciudadanía. Para este propósito, he dividido el texto en tres secciones, una para cada caso, en las que subrayo algunos temas para el establecimiento de una agenda de investigación.

Llave y la pregunta por la(s) justicia(s)

Según la recapitulación de los hechos presentada por el sociólogo argentino Carlos Vilas, el linchamiento y posterior asesinato de Cirilo Robles, alcalde de la pequeña ciudad de Ilave, ubicada en la frontera entre Bolivia y Perú, sobre el Lago Titicaca, fue efectuado por una multitud de casi tres mil personas en su gran mayoría pertenecientes a la etnia Aymara. Este acontecimiento tiene sus antecedentes en el conflicto que mantenían el alcalde y un grupo de concejales con una parte de la población que acusaba a los funcionarios de corrupción, de malos manejos de las finanzas municipales, de autoincrementos salariales demasiado altos en relación con las condiciones de pobreza generalizada en la población y nepotismo. Los sucesos de Ilave impactaron directamente en el gobierno peruano, al ser responsabilizado por la opinión pública por su falta de autoridad y presencia en el lugar, por su nula respuesta ante los pedidos de protección que hiciera el alcalde Robles y por el fracaso en sus intentos de negociar un acuerdo luego de los hechos. Después de varios días de crisis, el ministro del Interior se vio obligado a renunciar (Vilas, 2015).

Diferentes análisis que dan cuenta de las causas y de las formas que reviste este fenómeno en América Latina coinciden en señalar que más allá de su tradicional consideración como "algo aislado, marginal, atípico y hasta 'folklórico' dentro del derecho popular urbano" (Castillo Claudett, 2000), los linchamientos pueden ser catalogados como

]]> Una forma de expresión política para aquellas personas sin acceso a espacios legales formales y una crítica del Estado democrático y su defensa del Estado de Derecho. A través de estas prácticas violentas, quienes están políticamente marginados encuentran una vía para la expresión de sus quejas contra la incompetencia de los oficiales del orden legal del Estado, mientras que al mismo tiempo hacen uso de la retórica de la justicia y del derecho de salvaguardar a sus comunidades contra el crimen. (Goldstein, 2003, p. 23)

Esta condición de marginalidad es ratificada en los análisis de Carlos Vilas al señalar que, en general,

La gente que lincha pertenece a ámbitos de mucha pobreza y marginación. No hay en ellos muchos medios, si es que hay alguno, para pagar seguridad privada formal o informal. Con el telón de fondo de la desconfianza en las instituciones públicas, el linchamiento se presenta como un instrumento accesible para resolver una situación odiosa. (Vilas, 2015, p. 2)

El caso de Ilave no constituye en absoluto una excepción en el Perú. En otros lugares de su geografía nacional tuvieron lugar linchamientos de miembros de las autoridades municipales, como es el caso del distrito de Tilalí donde campesinos furiosos intentaron linchar al alcalde Malasio Larico, por mal uso de los fondos públicos. Al no hallarlo, secuestraron a los cinco concejales municipales. Hechos similares se reportan en la misma época en el municipio de Ayaviri y en el poblado amazónico de Cahuapana. En este, el alcalde fue secuestrado por los vecinos por supuestos casos de corrupción y tras dos días de interrogatorios fue puesto en libertad (Vilas, 2015). Más allá de ver el linchamiento como expresión de la marginalidad social o como una respuesta "política" a un vacío estatal² en su función básica de protección de la población, el caso del distrito de Ilave plantea la pregunta sobre cómo dar cuenta de un tipo de situaciones que expresa "la conflictiva coexistencia de diferentes órdenes axiológicos y normativos dentro de una misma sociedad, la existencia de profundas fracturas en su orbe cultural y la muy parcial eficacia de las instituciones públicas y su reducida legitimidad" (Vilas, 2001, p. 157). Este último aspecto, relacionado con la relativa eficacia de las instituciones públicas y el problema de la legitimidad, puede ser documentado también en otros contextos que no necesariamente experimentan en su seno profundas diferencias culturales, sino que más bien son escenarios producto de un conflicto armado de naturaleza sociopolítica y, en algunos casos, de la disputa por el control de territorios y recursos por parte de la delincuencia común. Este es el caso de la(s) justicia(s) ejercida por actores armados no estatales, como la guerrilla, los paramilitares y las bandas criminales en Colombia³. Para el caso de las prácticas de justicia ejercida por los grupos guerrilleros, la tipología establecida por Mario Aguilera, hecha a partir de experiencias revolucionarias de muy diferente naturaleza y estrategia, da importantes pistas iniciales para la comprensión de la construcción de un orden social encabezado por un actor armado no estatal. A partir de una caracterización de las estrategias de guerra empleadas en el proceso revolucionario chino y en las luchas subversivas en América Latina (en especial, en Argentina, Perú, El Salvador, Guatemala y Colombia), con sus correspondientes prácticas de justicia "popular" o "revolucionaria" y contrapoderes establecidos en el orden local, Aguilera establece tres grandes tipos de justicias guerrilleras: a) ejemplarizante, b) retaliadora y c) de poder local. Independientemente de las particularidades que revisten en relación con su accionar frente al Estado y las relaciones que establecen con la sociedad civil, estas justicias constituyen un dispositivo de escalamiento y de expansión del conflicto (Aguilera, 2014).

Las transformaciones experimentadas hasta hace poco por el conflicto armado colombiano, en un momento clave como la implementación de la política de Seguridad Democrática y el consecuente proceso de desmovilización de un amplio sector del paramilitarismo⁴, así como el posible advenimiento de una solución negociada al conflicto, plantean el reto de examinar con mayor detalle los posibles escenarios para un efectivo desarrollo de las instituciones y prácticas jurídicas en el orden local, a la luz de la emergencia o del cambio de rol de viejos y nuevos actores locales (incluso nacionales y transnacionales, como es el caso de los grandes proyectos de infraestructura o de empresas extractivistas), de la futura coexistencia entre otrora enemigos políticos, así como de las posibilidades de una integración efectiva de la poblaciones a un sistema jurídico. Un segundo desafío está en pensar los escenarios de una justicia posconflicto no solamente en el orden local sino en el nacional, en términos de la reestructuración de un aparato judicial, que se ha caracterizado por presentar altos índices de impunidad, congestión y corrupción, y su consecuente impacto en el fortalecimiento de las justicias locales.

Participación política y mecanismos de control de cuentas

Sin duda alguna, el caso del triunfo electoral de Marcelo Torres en Magangué rompió el consenso establecido sobre la hegemonía política del paramilitarismo en la región Caribe colombiana, especialmente, en las áreas rurales (Serrano, 2011; Ávila, 2010; Romero, Olaya y Pedraza, 2011; Romero, 2003, 2006; Grajales 2013; Hristov, 2010, Centro de Memoria Histórica, 2012). La elección popular de un alcalde proveniente de una coalición de izquierda en una población controlada desde hacía más de una década por un grupo político y económico asociado con el temido jefe paramilitar Salvatore Mancuso planteó (y plantea aún) importantes retos en cuanto a las causas pero, sobre todo, en relación con las capacidades políticas que hicieron posible esta ruptura, en términos del ejercicio de un efectivo control ciudadano. Sin desconocer la importancia de investigar estos fenómenos desde la eficacia y transparencia del sistema electoral, cuestionado precisamente por la injerencia de los grupos armados en los resultados de los comicios, a través de diferentes estrategias (Acemoglu, Robinson, y Santos-Villagrán, 2013; Escobar, 2002) y de campañas de búsqueda de voto a voto, casa por casa, es imperativo examinar en detalle el papel de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación en un proceso que podría considerarse como una forma particular de resistencia civil frente a la hegemonía política paramilitar en la región. Por supuesto, estos análisis no pueden partir de supuestos ingenuos sobre la sociedad civil como un escenario armónico (Galindo Hernández, 2014). Tampoco es posible afirmar que un cambio en la cabeza de la administración municipal representa de manera efectiva e inmediata el fin del control del paramilitarismo o de otro tipo de actores armados sobre los recursos fiscales o del poder político en amplios sectores de la población. Sin embargo, esta coexistencia es un desafío para el estudio de los mecanismos de relación de la población con el poder local, bien sea estatal o paraestatal⁵, regional y nacional, así como para el estudio de los cambios en el juego de fuerzas existente entre los diferentes actores, en cuanto a la distribución de los recursos y a la resolución de los conflictos (Staniland, 2012; Kruijt y Koonings, 2008).

En efecto, la mayor parte de los estudios dan cuenta de las formas de relación entre los actores armados, las administraciones municipales y los políticos locales. Estas formas se dan a través de mecanismos presentados de manera muy general como una captura del Estado. Garay, Salcedo y De León Beltrán (2010) adaptaron este concepto para el análisis del caso colombiano⁶ de los estudios realizados por Joel Hellman y Daniel Kaufmann para los procesos de transición hacia la democracia de los países de la Cortina de Hierro. Sin embargo, la excepcionalidad de casos como el de Magangué y el del triunfo del voto en blanco en Bello (Antioquia), una ciudad marcada por la influencia y el accionar de bandas criminales herederas del paramilitarismo (Bedoya, 2010; Tubb, 2013), obliga a la reflexión desde la otra cara de la moneda. Ya no nos preguntamos, entonces, cómo y bajo cuáles formas los actores armados someten a la población civil y controlan la administración municipal, sino qué hace posible que las comunidades se organicen y utilicen el sistema electoral y los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas para construir una forma de resistencia frente a los actores armados (Pearce, 2007). Pese a los avances que al respecto presentan trabajos como los realizados por Fabio Velásquez (2009, 2010), es urgente examinar los límites y los alcances de las leyes de participación ciudadana y la apropiación que los miembros de una comunidad hacen de las mismas, aún en condiciones hostiles para su realización.

Para concluir: ¿hacia dónde va el Estado?

Para dar cierre al establecimiento de la agenda preliminar de investigación que buscamos esbozar aquí, quisiera detenerme en un aspecto fundamental desde el que es posible establecer algunas coincidencias entre los artículos de esta Sección Temática, más allá de las diferencias existentes, en términos de los escenarios y momentos a partir de los cuales se estructuran. Este es el de la interrelación que establece el Estado con diferentes actores armados de carácter ilegal, bien sean de naturaleza política o vinculados a redes de crimen organizado. Aunque en la sección anterior se hacía alusión al debate sobre la captura del Estado, tanto desde los actores armados hacia los políticos como de los políticos hacia los actores armados, en aras de la obtención de un beneficio mutuo, es importante profundizar en el impacto que tienen este tipo de relaciones en las capacidades institucionales del Estado, así como en su mismo proceso de construcción⁹, de consolidación de sus instituciones y, especialmente, de una gobernanza democrática en escenarios posconflicto.

En efecto, de la muy reciente discusión en Colombia sobre el proceso de negociación de paz con las FARC que se adelanta en La Habana, surge como un tema de investigación en el largo plazo la incidencia de la colaboración abierta u oculta entre actores estatales y no estatales en zonas en conflicto, en términos del fortalecimiento institucional y de la (no siempre lograda) adscripción de los ciudadanos al Estado (Bolívar, 2010; Davis, 2009; Patti y Cepeda-Espinosa, 2007). En este sentido, conclusiones como las que arroja el artículo de Lukas Rehm en relación con las alianzas establecidas entre los gobiernos regionales y grupos guerrilleros en el departamento del Tolima como fundamento del origen del paramilitarismo moderno en Colombia, en los albores de los años ochenta, las reflexiones del artículo de Sabina Morales y Carlos Pérez Ricart sobre el giro hacia la militarización experimentado en la sociedad mexicana como estrategia en la lucha contra los carteles del narcotráfico, que oculta profundos intereses que van más allá de lo establecido en la agenda de esta lucha, y por último, las observaciones de Juan Pablo Guevara acerca de las implicaciones de los cambios en la agenda y de la implementación del Plan Colombia¹⁰ en el fracaso de la construcción de paz en las regiones objetivo, dan cuenta de la necesidad de revisar, como bien lo sugiere Norbert Elias (1998), las transformaciones en las relaciones entre los actores y su impacto en el proceso nunca acabado de formación de Estado, desde una perspectiva de la larga duración. A partir de esta revisión será posible, entonces, encontrar pistas para la definición de un trabajo de intervención política y social en el esperado escenario del posconflicto.

Notas

¹ En los temas planteados, el caso de los linchamientos ha sido objeto especial de algunos estudios en diferentes países de América Latina, entre los que se destacan los realizados por Carlos María Vilas (2001, 2006, 2015), Daniel M. Goldstein (2003), Eduardo Castillo Claudett (2000) y William D. Carrigan y Clive Webb (2011).
² Es importante hacer alusión a la preocupación de Eduardo Castillo Claudett por este fenómeno en países como Guatemala, donde tomó fuerza luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. En efecto, "antes de esa fecha los casos de este tipo no parecen haber generado mayor atención en la opinión pública, debido a la presencia dominante en todas las esferas de la violencia política; pero una vez diluida esta, los linchamientos van a ir adquiriendo una creciente importancia y visibilidad, siendo entendidos como efecto de las secuelas dejadas por la guerra, el aumento explosivo de la delincuencia y el vacío de poder del Estado, bastante debilitado luego de 36 años de conflicto interno continuo". Con respecto a la relación entre violencia continua y el fenómeno que nos ocupa, señala el mismo autor que "países con altos índices de violencia delictiva en el continente —como El Salvador y Colombia— no registran casos de linchamiento colectivo, en parte porque parecen predominar otras formas de respuesta a dicha violencia como el paramilitarismo, el sicariato y otras formas de justicia privada" (Castillo Claudett, 2000, p. 219).
³ Un importante esfuerzo por sistematizar esta existencia o coexistencia de sistemas de justicia paralelos puede encontrarse en dos estudios desarrollados desde una sociología del derecho. El primero, "El caleidoscopio de las justicias en Colombia", coordinado por Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas da cuenta, dentro del escenario de las no siempre claras fronteras entre lo institucional, lo legal y lo ilegal, de las formas de justicia paraestatal ejercida por paramilitares, bandas criminales y guerrilleros, tanto en zonas urbanas como rurales. El segundo, realizado más recientemente por Mario Aguilera, constituye un ejercicio de análisis in extenso de la justicia guerrillera en diferentes etapas de trayectoria subversiva.
⁴ No podemos pasar por alto en este punto el extenso debate que se ha dado en instancias académicas, políticas y judiciales sobre la "legalización" de amplios sectores del paramilitarismo, más que la efectiva desmovilización de estos grupos. En la actualidad, en diferentes regiones del país se experimenta un grado de incertidumbre en relación con posibles amenazas de reconquista del poder paramilitar a manos de antiguos jefes o mandos medios que han cumplido o están por cumplir sus condenas establecidas en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
⁵ Un avance significativo al respecto se presenta en los trabajos de Ana María Arjona sobre las interacciones establecidas entre grupos armados y comunidades, a partir de las formas como los primeros intentan obtener control sobre territorios locales y las dinámicas que dichos intentos desencadenan en la vida de la comunidad. En un esfuerzo por superar la dicotomía entre sujeción y simpatía de la población civil hacia los actores armados, que ha caracterizado los análisis de estas interacciones, Arjona propone una revisión de estas en términos de obediencia y apoyo, para dar cuenta de los límites y alcances de la agencia política de los pobladores en zonas de conflicto armado (Arjona, 2008).
⁶ Vale la pena señalar que la analista Claudia López cuestiona el carácter unidireccional de los análisis sobre la captura del Estado en el caso colombiano. En efecto, López considera que este fenómeno de captación instrumental no solamente se da desde los actores ilegales hacia los legales, sino que se presenta sobre todo desde los actores legales hacia los ilegales (López, 2010). Esta situación se evidencia claramente en el fenómeno de la parapolítica, cuya historia apenas está empezando a ser contada. ]]> ⁷ Dos trabajos de revisión muy bien logrados sobre las transformaciones experimentadas por el orden social a partir de una situación de violencia y de cambio social son los de Clara Inés García (2011), quien hace énfasis en las posibilidades de estas reflexiones para el análisis del caso colombiano, y de Jürgen Mackert (2013), para el caso de la movilizaciones de la Primavera Árabe y de otros episodios de revuelta social que surgen en los márgenes de algunas de las grandes ciudades europeas. Para el caso colombiano, el trabajo de Ana María Arjona, al que se hizo alusión en la sección anterior, constituye un aporte desde la investigación empírica.
⁸ Sobre el particular, en este artículo no se asume que el ejercicio de este tipo de violencia sea exclusivo de organizaciones o de economías ilegales, como el narcotráfico, o que se alimente solo de la situación de vacío social generado por un escenario posconflicto. Por supuesto, actividades económicas de carácter legal, como las asociadas al extractivismo o a la agricultura industrial, ponen a prueba y en conflicto los intereses de actores sociales de muy diversa índole, constituyendo un escenario para el desarrollo de la disputa por el sometimiento de poblaciones, territorios y recursos y, en consecuencia, generando nuevas reglas y transformaciones para el orden social ya existente.
⁹ A partir de la perspectiva desarrollada por Charles Tilly, el debate sobre la articulación entre la gobernanza y los procesos de construcción de Estado ha sido planteado, desde hace más de una década, en las investigaciones realizadas principalmente por Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez (2003). Otros trabajos destacados son los de Rokkan (1971), Kurtz (2009), Bailey (2008) y Shifter y Jawahar (2004).
¹⁰ Por cierto, el artículo de Juan Pablo Guevara trae de nuevo a la discusión un tema que no ha sido suficientemente estudiado, debido quizás a la atención que generó en el debate académico y político la formulación e implementación de la política de Seguridad Democrática a partir del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este tema es el del impacto social y económico de la política del Plan Colombia. En efecto, ha brillado por su ausencia una revisión minuciosa de las continuidades y discontinuidades existentes entre una política formulada desde la injerencia directa del gobierno norteamericano durante la administración de Andrés Pastrana y la priorización de la seguridad como eje de la política en los ocho años de mandato de Álvaro Uribe Vélez.

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