http://dx.doi.org/10.15446/rcs.v38n1.53287

Artículo de reflexión

Disposiciones, trayectorias e imaginarios sociales de Estado y ciudadanía en el proceso de reintegración de guerrilleros y paramilitares en Colombia^*

Dispositions, trajectories, and social images of the State and citizenship in the process of reintegration of guerrillas and paramilitaries in Colombia

Disposições, trajetórias e imaginários sociais de Estado e cidadania no processo de reintegração de guerrilheiros e paramilitares na Colômbia

Sandra Milena Céspedes Melo^**
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

^* Artículo derivado de la tesis titulada Trayectorias e imaginarios sociales de Estado y ciudadanía de los excombatientes de la localidad de San Cristóbal, en el marco del proceso que adelanta la Agencia Colombiana para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), Bogotá, de la Maestría en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, 2013. Los resultados presentados se basan en mi propia experiencia durante el acompañamiento que hice como profesional psicosocial en el proceso de reinserción de varios actores armados.
^** Trabajadora social y magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante del Doctorado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Correo electrónico: smcespedesm@unal.edu.co

Este trabajo se encuentra bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0.

Recibido: 20 de agosto del 2014. Aprobado: 14 de mayo del 2015.

Resumen

A través de entrevistas estructuradas y semiestructuradas e información del proceso psicosocial, muestro, desde la perspectiva teórica de Pierre Bourdieu y su tríada habitus, campo social y capital, así como a partir del concepto de imaginario social de Castoriadis, que el proceso de reintegración en Colombia no toma en cuenta las condiciones históricas de los excombatientes y limita el proceso de reinserción a la sociedad a un intercambio de beneficios para ambos actores. En ese sentido, dicho proceso no considera los procesos de interiorización de prácticas, creencias y disposiciones que permiten que los excombatientes entren al campo de la reinserción y desarrollen un habitus basado en el cambio del imaginario negativo de lo que significa ser ciudadano y del papel del Estado. Para ello, caracterizo el ser guerrillero y paramilitar en diferentes campos y momentos: antes de la guerra, con el relato del contexto familiar, social, político y económico en donde se desenvolvieron los sujetos, que creó disposiciones para la vinculación a los grupos armados; durante la guerra, con el proceso de adoctrinamiento y entrenamiento específico desarrollado por los individuos en cada uno de los grupos armados; y, finalmente, en la civilidad, momento en el que se describen la reintegración y las dificultades en la interiorización del perfil reintegrado que busca lograr el Estado. En cada campo estudiado se analizan las disposiciones, habitus y capitales en juego de los sujetos de cada uno de los grupos. Al final señalo que el sujeto ha construido, a lo largo de su trayectoria, imaginarios sociales de Estado y ciudadanía que afectan la relación actual que debe establecer con el Estado. Así mismo, describo la manera en que instituciones y agentes en el campo de la reintegración se encuentran en posiciones contrarias, basadas en la ausencia de un diálogo sobre los imaginarios construidos sobre el otro.

Palabras clave: AUC, campo, capital, ciudadanía, FARC, Estado, habitus, imaginario social, reintegración, trayectoria social.

Abstract

Through structured and semi-structured interviews as well as data from the psychosocial process, this study seeks to show that the process of re-integration in Colombia does not take into account the historical conditions of the ex-combatants. The latter limits the process of re-insertion into society to an interchange of benefits for both actors, adopting the theoretical perspective of Pierre Bourdieu and his habitus-social field-capital triad and based on the Castoriadis' concept of the social imaginary. In this sense, this process does not take into account the processes of the internalization of practices, beliefs, and dispositions that allow ex-combatants to enter the field of re-insertion, developing a habitus based on the negative imaginary of what it means to be a citizen and the role of the State. Thus, this article presents insights on being a member of either the guerrilla or the paramilitaries in different places and moments: i) before the war, reporting the familial, social, political, and economic contexts in which the subjects developed that created dispositions for being linked to armed groups; ii) during the war, with the specific process of indoctrination and training developed by the individuals in each of the armed groups; and, finally, iii) in civilian life, a point at which we describe re-integration and the difficulties in the internalization of the reintegrated profile that the State seeks to achieve. In each case, we analyze the dispositions, habitus, and capitals in play for the subjects from each of the groups. The conclusions argue that, over the course of his trajectory, the subject has constructed social imaginaries of the State and citizenship that affect the current relationship that he must establish with the State. Similarly, the conclusions describe how institutions and agents in the field of reintegration find themselves in contrary positions, based on the absence of dialogue regarding the imaginaries constructed with regard to the other.

Keywords: AUC, field, capital, citizenship, FARC, State, habitus, social imaginary, reintegration, social trajectory.

Resumo

Palavras-chave: AUC, campo, capital, cidadania, FARC, Estado, habitus, imaginário social, reintegração, trajetória social.

Introducción

El presente artículo es producto de la experiencia adquirida durante el acompañamiento psicosocial realizado en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, a la población excombatiente que desarrolló su proceso de reinserción a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2012. En este proceso, la labor psicosocial pretendía que los excombatientes alcanzaran el perfil de reintegrado. Para alcanzarlo, debían interiorizar pautas de comportamiento que les permitieran "la adaptación a la civilidad, y así dar garantía de actos de no repetición" (ACR, 2011). Para Frank Pearl, exconsejero para la reintegración, el objetivo del proceso era que el sujeto "se convierta en buen ciudadano" (2007, 22 de agosto).

La ACR implementó acciones necesarias para garantizar la reinserción de los sujetos a la vida civil, como talleres, asesorías individuales, visitas domiciliarias y toda orientación que llevara al sujeto a transformarse. Este proceso suscitó varios interrogantes. Entre ellos, el más importante se relaciona con las constantes quejas e inconformidades por parte de los excombatientes con respecto a lo establecido por el Estado en el programa. Tanto la deserción del proceso como las persistentes quejas son situaciones que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos de la reintegración, en la medida en que la ACR no puede implementar las acciones de transformación. La aceptación por parte de los excombatienes de los lineamientos del programa se da a partir de las concepciones previas sobre el Estado y de los acuerdos, mediante los que el sujeto se hace responsable de cumplir con los compromisos establecidos con la ACR. Uno de ellos es la permanencia durante un tiempo específico en el proceso y la participación en actividades psicosociales.

Estos compromisos se desarrollan en el marco de la justicia transicional, que media "entre los derechos de las víctimas y las condiciones impuestas por los actores armados para desmovilizarse" (Uprimmy, 2006, p. 20). Es decir, las obligaciones contraídas se cumplen en el contexto de acciones de justicia, en las que se garantiza la verdad y la reparación a las víctimas, pero se asegura también la desmovilización y la reintegración de los excombatientes, para evitar la repetición de actos violentos. Por ello, la justicia transicional da un tratamiento especial al desmovilizado o victimario, involucrándolo en el proceso de reintegración a partir de los compromisos establecidos con la institucionalidad, y no a través de la justicia punitiva.

Con este panorama, el presente documento indaga por la relación entre el sujeto reinsertado y el campo de la reintegración. En la primera parte, se hará una descripción teórica y metodológica de la trayectoria social, basada en los conceptos bourdianos de capital, campo, espacio social y habitus. En la segunda parte, teniendo en cuenta este armazón conceptual, se analizará la trayectoria social de los excombatientes estudiados, al hacer énfasis en los campos que favorecieron la construcción de los imaginarios sociales de Estado y ciudadanía, en el sentido de Castoriadis. Esto permitirá ver de qué manera estos campos incidieron en la confrontación del excombatiente con los discursos institucionales propuestos por la ACR. Este análisis tendrá tres tiempos: antes, durante y después de la guerra. En los tres tiempos se buscará delimitar dicha trayectoria. En la tercera parte, se estudiará cómo contrastan las diferentes visiones del reinsertado con los objetivos de la política institucional de reinserción, basada en algunos de los postulados de la ACR, y se analizará cómo esta política falla al no considerar el contexto sociohistórico del excombatiente, con su imaginario de Estado y ciudadanía. El análisis de los conceptos de capital, campo social y habitus es fundamental para hilvanar las reflexiones finales de este trabajo.

Imaginarios sociales y trayectoria social desde una perspectiva bourdiana

Para este trabajo, se tomaron 48 conceptos psicosociales¹ de desmovilizados, emitidos por los profesionales encargados de implementar la estrategia de acompañamiento psicosocial de la ACR. En estos conceptos, se describe el aspecto familiar, educativo y comunitario, antes y después de pertenecer al grupo armado. Es importante mencionar que estos conceptos son de carácter institucional y son exigidos a los profesionales que realizan el seguimiento. Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección:

1. Caracterización basada en los grupos armados de desvinculación: se recogieron veinticuatro conceptos de excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y veinticuatro de excombatientes de la guerrilla². Con estos conceptos se hizo un análisis de las dinámicas de guerra.
]]> Tiempo de permanencia en el grupo: debe ser mínimo ocho años y la desmovilización se debió dar entre el 2003 y el 2005. Tanto el momento histórico de la organización como el tiempo de estancia en ella influyen en la construcción del tipo de combatiente, pues dichos momentos conformarán el habitus en el campo de la guerra.
2. Caracterización de las condiciones familiares, comunitarias, económicas y sociales de los excombatientes antes de la vinculación a los grupos armados.

Con el fin de complementar y ampliar el panorama de análisis de los resultados, se realizaron tres entrevistas guiadas, semiestructuradas, para la identificación de las percepciones de los excombatientes acerca del Estado y del ejercicio ciudadano. Finalmente, se realizó un taller sobre ciudadanía con veintiún participantes, en el que se exploraron las percepciones de los reinsertados sobre el programa, el Estado y la institucionalidad³.

Este grupo de entrevistas y conceptos busca que la descripción de las trayectorias sociales de los excombatientes que manifestaron resistencia al proceso y dificultades en la interiorización de las competencias psicosociales muestre las disposiciones adquiridas antes de la guerra y durante la participación en los grupos armados, para la identificación de los imaginarios sociales de Estado y ciudadanía. Cada uno de estos momentos demanda una caracterización de los tipos de capital utilizados y de la estructura de cada uno de los campos que favorecieron las disposiciones configuradoras de la relación de los excombatientes con el Estado.

Para establecer, a partir de la participación en los diferentes momentos y contextos, el lugar de las disposiciones en el contexto histórico, es decir, para vincular lo social histórico y lo psíquico, la estructura social y la construcción interna del excombatiente, son fundamentales los conceptos de imaginario y trayectoria social de Castoriadis (1975). Por su parte, la dualidad entre las condiciones objetivas (la estructura social) y las subjetivas (la construcción propia del sujeto) está presente en las nociones bourdianas de trayectoria social y habitus. Estrechamente relacionado con estas nociones está el concepto de imaginario social, en cuanto expresa las disposiciones construidas por el excombatiente durante la participación en los diferentes campos, disposiciones que se evidencian en las ideas y creencias que tiene frente al Estado.

Para Bourdieu, las decisiones sobre la trayectoria social resultan de la posición ocupada en el espacio social, entendido este como un "sistema de posiciones sociales que se definen las unas en relación con las otras (ej. autoridad/súbdito, jefe/subordinado, patrón/empleado, hombre/mujer, rico/pobre, distinguido/popular, etc.)" (Giménez, 2002, p. 6). Dichas posiciones vienen dadas tanto por las condiciones objetivas como por las disposiciones subjetivas. Estas últimas, una vez articuladas, se constituyen en un habitus, que no es más que un "sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas y estructurantes predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas" (Bourdieu, 2002, p. 92). En palabras de Giménez (2002), el habitus es un conjunto de "repertorios de acción ya interiorizados", que corresponden a esquemas de obrar, pensar y sentir, con los que los individuos se desenvuelvan en el campo social.

El campo social es indisociable del habitus: los dos funcionan de manera recíproca. Precisamente, el habitus al ser encuentro entre la historia hecha carne y la historia hecha cosas constituye el mecanismo principal de producción del mundo social (Bourdieu, 2007, p. 91). El campo es todo espacio social —configuración de relaciones objetivas entre posiciones definidas (Giménez, 2002)—, que se han ido autonomizando de manera gradual a través de la historia, a partir de las relaciones, los intereses y los recursos propios (Guerra, 2010, p. 397). Esta idea será fundamental para analizar los imaginarios sociales de los reinsertados, pues se consideran como campos los espacios en donde se desenvolvieron los sujetos: el campo social antes del grupo armado, el campo de la guerra y el campo de la reintegración. En estos, se explora la estructura y los tipos de relaciones establecidas.

La posición social de los sujetos, determinada por el habitus en el espacio social, facilita la adquisición favorable o desfavorable de capital, sea este económico, cultural o político. Esto marcará su relación y desempeño a lo largo de su trayectoria social. Los capitales son los recursos puestos en juego en los diferentes campos, e incluyen lo social y simbólico (Bourdieu, 1998, p. 99). Es decir, el capital "actúa como principio de construcción de la diferenciación social entre posiciones que delimitan el espacio social" (Anguiano de Campero, 1997, p. 2). Dado que el capital puede ser político, económico, social o cultural, es necesario definir cada uno de ellos para poder ver de qué manera su necesidad de obtención condicionó el habitus de los excombatientes. Para el análisis del capital político, se mostró el grado de influencia y coacción que el actor armado ejercía en ciertas regiones del país. Es evidente que la "ley guerrillera" o la "disciplina paramilitar" intentaban "instaurar nuevos ordenes económicos, políticos y sociales, basados en la concentración de la riqueza, el autoritarismo, y el sometimiento de la población" (González, 2009, p. 24). Para el capital cultural y económico, se midieron los niveles de escolaridad de los excombatientes antes, durante y después de su participación en la guerra, con lo que se identificó el nivel cultural y de disposiciones alcanzadas. Asimismo, se indagó por las condiciones sociales y económicas de las regiones en donde los excombatientes convivieron, para poner de manifiesto el capital adquirido y las posiciones que ocuparon a partir de este.

A continuación se describirán las relaciones sociales de los excombatientes, así como las disposiciones y capitales presentes que favorecieron su vinculación al campo de la guerra y que lo legitimaron como una posibilidad de vida. Es importante anotar que se realizó una diferenciación entre la trayectoria social de los guerrilleros y la de los paramilitares, pues se considera que si bien los dos grupos armados interactuaron, cada uno tenía diferentes concepciones del Estado, de la ciudadanía y de la legalidad.

Antes del ingreso a la guerrilla

La mayoría de los excombatientes entrevistados y abordados en los conceptos psicosociales habitaba en lugares de dominio histórico de las guerrillas. Por ejemplo, los excombatientes de las FARC procedían especialmente de las zonas rurales del Guaviare, Meta, Vichada, Arauca y Boyacá, donde tenía influencia el Bloque Oriental, y de Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, área de influencia del Bloque Sur (Cubides, 2009, p. 117). La presencia del grupo armado ilegal en estas zonas implicaba su posicionamiento y la obtención del monopolio de la autoridad. Los desmovilizados lo confirman en sus relatos, en los que aseguran que en sus zonas de origen no se obedecía al Estado sino a la guerrilla, que instauró su propia autoridad, legitimada por los habitantes. Angélica⁴, excombatiente de las FARC, desmovilizada en 2003, afirma: "Allá la ley era la guerrilla, ellos eran los que mandaban" (Céspedes, 2013, entrevista 002)⁵.

Este posicionamiento y monopolio del poder de la guerrilla favoreció que los individuos otorgaran legitimidad a otro campo jurídico diferente al del Estado (Espinosa, 2009). Se estableció, así, una relación de consentimiento entre los individuos y el grupo armado, en la que la guerrilla, como agente dominante, se reconoce como poder, mientras que la población civil, en cuanto agente dominado, acepta su posición y reconoce la del otro. La base para la legitimidad de esta "justicia guerrillera" y de este campo jurídico está en la validación de referentes y modos de actuación entre la población. Esto definirá las posiciones que cada uno ocupa en dicho campo, así como las disposiciones de los agentes para vincularse a la guerra. Ya en este punto se presenta un ejemplo de las condiciones de existencia que influirán al habitus como estructura estructurada y estructurante, como principio generador y sistema de clasificación de las prácticas de los agentes.

El indicador de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una referencia del capital económico, pues permite medir directamente el nivel de vida de los habitantes de los municipios de los excombatientes, como Chita (Boyacá), San Vicente del Caguán (Caquetá), Toribio (Cauca), Puerto Inírida (Guanía), Rioblanco y Planadas (Tolima) y Mitú (Vaupés). Estos municipios muestran altos índices de NBI (mayores al 50 %)6, lo que significa que los habitantes carecieron —y aún carecen— de vivienda digna, ya fuera por situaciones de hacinamiento o por condiciones vitales y sanitarias inadecuadas.

En relación con el grado de escolaridad se identificó que el 60 % de los excombatientes guerrilleros inició primaria pero no la finalizó. Este bajo nivel de escolaridad pudo haber influido en la vinculación laboral de los sujetos a muy temprana edad, en promedio entre los 11 y 14 años, ya que asumieron responsabilidades económicas en su núcleo familiar. Jhon, excombatiente de las FARC, menciona al respecto: "Yo nací en Rioblanco, Tolima, en el año de 1986. Crecí junto con mis padres y doce hermanos. Yo inicié a trabajar desde muy pequeño en la finca" (Céspedes, 2013, concepto psicosocial A2).

En el contexto familiar de los excombatientes se identifican pautas y características recurrentes en su trayectoria social, en particular, respecto a las situaciones de maltrato: de los veinticuatro relatos, se encontró que diecisiete mencionan maltrato físico en la infancia, en su mayoría por parte de su padre. En las historias, es una constante que los desmovilizados reconozcan el maltrato como factor que los llevó, inicialmente, a abandonar los hogares. Lo anterior se confirma por la temprana edad en la que muchos dejaron su hogar y se vincularon a los grupos armados: el 35 % de los consultados abandonó su hogar entre los 10 y 13 años y más del 75 % se vinculó a la guerrilla entre los 12 y 17 años.

Los capitales sociales, políticos y económicos analizados ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los sujetos al momento de ingreso a la guerrilla. Por una parte, al estar en espacios de influencia del grupo armado, existía mayor probabilidad de reconocer la legitimidad de este. Por otra parte, factores como la pobreza, la baja escolaridad y la violencia familiar condicionaron a los individuos para satisfacer estas necesidades en el campo militar.

Antes del ingreso al paramilitarismo

Los excombatientes paramilitares provienen en su mayoría de zonas como Tierra Alta, Montería, Cúcuta, San Pedro de Urabá y Simití, regiones de influencia subversiva y paramilitar. Compartir objetivos similares con el Estado, por ejemplo, derrotar a las guerrillas, facilitó la aparición de predisposiciones para validar dichos objetivos. De manera que sus líneas de acción se percibieron como una necesidad para el establecimiento del orden en estas regiones. El escenario político en donde se desarrolló el paramilitarismo, y el tipo de relación que se estableció con el Estado, favoreció la adquisición de posiciones de los excombatientes para el ingreso. La vinculación para algunos fue un medio de remuneración económica, lo que significó que muchos jóvenes legitimaran el accionar paramilitar.

En cuanto al capital educativo de los excombatientes abordados, seis excombatientes alcanzaron séptimo grado, el máximo obtenido en general, trece cursaron básica primaria y cinco, ningún grado. Los excombatientes que provenían de ciudades capitales también tenían grado séptimo como cursar la primaria y solo el 39,1 %, la secundaria (Departamento Nacional de Planeación, 2008). El nivel bajo-medio de escolaridad y la procedencia llevó a que muchos de los individuos trabajaran en oficios relacionados con el campo o la construcción. Antonio menciona al respecto que "antes de la vinculación al grupo armado, tuve experiencia en el campo. Empecé a trabajar de raspachín en el campo desde los 8 años hasta los 11. Luego trabajé en una finca desempeñándome como agricultor y ganadero" (entrevista a excombatiente de las AUC, 10 de mayo de 2011).

De las historias recogidas, en catorce se mencionan actos de maltrato físico durante la infancia, mientras que en diez se pone de manifiesto que en lugar del maltrato existió comunicación y diálogo. Respecto a la estructura familiar, quince excombatientes provienen de familias nucleares, seis de familias con padres ausentes, en las que las madres se encargaron de las funciones económicas y afectivas, y tres fueron criados por sus abuelos. Jorge, un reinsertado paramilitar, señala al respecto:

Yo nací en el municipio de Santa Cecilia, Risaralda, en el año de 1983. Me crié con mis padres y mis cinco hermanos. La autoridad la ejerció mi padre, quien ponía las normas. Mi padre todo el tiempo nos castigaba para corregirnos. (Concepto psicosocial realizado a excombatiente de las AUC, 14 de abril de 2010)

Estas situaciones de maltrato familiar, junto con el contexto político y social, favorecieron disposiciones para campos caracterizados por la violencia y la conformación de un perfil para la guerra.

Disposiciones para la guerra

El contexto social propició formas particulares de construir la identidad. Al enmarcarse en un espacio violento, la identidad fue constituida a partir de referentes de guerra. Un ejemplo claro es el relacionado con la construcción de la masculinidad: la virilidad se asociaba con las armas, la guerra y la violencia. El predominio de valores guerreristas, sumado a las dificultades en el acceso de capital económico y social en estas zonas, dio cabida a la vinculación a la vía armada como estilo de vida, en el sentido de Bourdieu.

La relación establecida en los diferentes campos antes de la vinculación a los grupos armados no solo favoreció este tipo de disposiciones para la guerra, sino que generó imaginarios acerca del Estado. En este sentido, la presencia de actores armados en los sectores de procedencia marcó el origen de dicho imaginario. El Estado se presentaba como una institución incapaz de ejercer la autoridad. Por esta razón, los habitantes se debatían entre la legalidad/legitimidad, en la tensión Estado/grupo al margen de la ley, característica del espacio social en el que se desenvuelven los agentes de zonas afectadas por la guerra. Los campos jurídicos diferentes a los oficiales resultaron estar legitimados por la regularización de las relaciones sociales de los habitantes y los actores armados en un campo que no necesariamente era el de la guerra, pero claramente lo incluía. Las disposiciones previas a la entrada en el conflicto, en las que el Estado da pocas alternativas de obtención de capital, sumadas al contexto de entrada en el campo de la guerra, en el que los grupos ilegales son legitimados y legitimadores a la fuerza, generaron una situación paradójica: la adhesión voluntaria de los habitantes a los espacios de ilegalidad de los grupos armados (por protección de su propia vida y la de los suyos) y la adhesión involuntaria a los objetivos de los proyectos guerrilleros y paramilitares, esto es, comunidades enteras fueron forzadas a aceptar la legalidad de los grupos, en detrimento de la legalidad estatal. Esto condujo a los habitantes a percibir que la institucionalidad colombiana es débil y la obediencia a ella es, en palabras de Pedro Medellín, "endeble", pues, además, "la territorialidad espacial y la institucionalización del orden es incompleta" (Medellín, 2004, p. 1).

Hay dos aspectos a considerar en esta última reflexión. En cuanto a la guerrilla, la procedencia rural y la promoción de un discurso insurgente llevaron a relacionar al Estado con una figura ausente, que no proporcionó el capital cultural, educativo y económico necesario para la satisfacción de necesidades básicas en los habitantes. En cuanto a los sujetos que vivieron bajo el campo jurídico paramilitar, el Estado se asoció con su incapacidad para posesionarse como una figura legítima. De igual manera, la relación de políticos y autoridades oficiales con el paramilitarismo condujo a construir referencias de un Estado corrupto, movilizado por intereses particulares.

El campo de la guerrilla

El combatiente se construye con los lineamientos del grupo, basados en la estructura ideológica y militar configurada en el campo de la guerra, y a través de la promoción de aprendizajes interiorizados. Los entrenamientos y el proceso de adoctrinamiento son los espacios para construir a los "sujetos combatientes" (Medina, 2009, p. 21). La estructura ideológica del campo militar se expresa en la lógica de actuación empleada por la guerrilla, que desde sus inicios es "una forma de contraviolencia, dirigida contra la fuerza represiva de un sistema aparentemente aborrecible" (Mansilla, 1990, p. 1). Esto quiere decir que el fin de la lucha de la guerrilla es el derrocamiento del statu quo. Es una lucha basada en una ideología antiimperialista, socialista y revolucionaria —con el matiz en la última década de un panamericanismo que aboga por la construcción de la "patria grande" de Bolívar— y un anhelo de construir un orden social inspirado en el modelo cubano (Mansilla, 1990, p. 3).

La estructura social tiene unos grados militares y una jerarquía definida, pero claramente permeable y permeada. Tiene base de tipo piramidal en la que se establecen las posiciones a partir de los capitales culturales y económicos de cada uno de los agentes. A partir de estas posiciones se definen unas relaciones entre dominado y dominante, que dependen del nivel de capital (poder) económico e ideológico que posee cada uno de los miembros. La estructura del campo se orienta a la militarización, promoviendo el interés del combatiente por el ascenso en la pirámide de la organización, es decir, por el posicionamiento militar, más que por el político.

El mantenimiento y la funcionalidad del campo se asegura a través de la socialización de las reglas y normas, interiorizadas como condiciones de existencia que determinan el habitus de los individuos, es decir, son disposiciones de actuación de los combatientes. El autoritarismo ejercido garantiza la adhesión a las normas y reglas, que son inquebrantables en el juego militar. Uno de los aspectos que más recuerdan los excombatientes son las sanciones. En el proceso de consolidación y de creación de conciencia colectiva de la organización armada, es importante el establecimiento de la relación binaria amigo-enemigo. En el campo de la guerra, el enemigo representa el sentido de la lucha. Esta relación amigo-enemigo es indispensable en la interiorización del significado de la guerra, debido a que permite el "despliegue, la autolegitimización, y la cohesión del grupo armado" (Sánchez y Lair, 2004, p. 126). Todas estas lógicas de juego y características del campo militar fueron aprendidas e incoporadas por cada uno de los miembros de la guerrilla, haciéndolos permanecer en el grupo.

El campo del paramilitarismo

La configuración de la estructura del campo paramilitar se orienta por la idea de la eliminación de los grupos guerrilleros, que se fundamenta en la doctrina de la seguridad nacional y la contrainsurgencia (Velásquez, 2009, p. 285). Con base en dicha doctrina se estableció un campo militar que promovió la disposición hacia ciertos referentes ideológicos y militares que apoyaban la razón de su lucha. Según su modus operandi, los grupos paramilitares establecieron lineamientos en la formación de combatientes que cumplieran las demandas y lógicas de guerra empleadas. En los testimonios de excombatientes de diferentes bloques hay diferencias en cuanto a las normas. Algunos expresan que en el grupo era prohibido el consumo de drogas, en contraste con quienes mencionan que esta práctica era válida para los combates. Al respecto Jamer, excombatiente de las AUC, señala que "eso no es cierto, en el grupo había disciplina, al igual que en la guerrilla, no se podía meter marihuana. De hecho, hay personas que entraron al grupo siendo viciosas y allá se rehabilitaron" (Taller de ciudadanía realizado a excombarientes, 11 de noviembre de 2011). Otro excombatiente afirma lo siguiente: "Pues no existía una regla en donde se dijera que se podía meter drogas, pero nosotros, no todos, algunos sí lo hacíamos" (Concepto psicosocial realizado a excombatiente de las AUC, 10 de abril de 2010). Por otra parte, el tipo de relación establecida entre jefes y subalternos dentro de la estructura militar tuvo carácter laboral, puesto que los sujetos eran vinculados mediante un contrato con remuneración económica ($ 600.000 mensuales aproximadamente para combatientes patrulleros). Era común que en la mayoría de bloques la base para la adquisición de estatus y poder fuera el capital económico y simbólico

En la conformación y sostenimiento del campo militar fue importante la "producción de violencia", para el auge y establecimiento del fenómeno del narcotráfico, que requirió el "uso metódico de la violencia" (Cubides, 2004, p. 16). Para ello, el grupo empleó estrategias militares y de entrenamiento con el propósito de que en el proceso de socialización se aprendiera a naturalizar la producción de violencia. Para el ingreso al grupo se debía cumplir un rol que se ajustara a las lógicas y funcionamiento de las autodefensas. Estas características en el funcionamiento del campo paramilitar indican que el entrenamiento de sus contenidos y dinámicas está orientado a que el sujeto permanezca y naturalice sus acciones. Sin embargo, el mantenimiento, ya sea en el campo militar guerrillero o paramilitar, no solo depende de su estructura, sino de la permanencia del habitus. Este no puede considerarse como algo fijo y constante, pues este campo es una estructura que está en constante cambio y adaptación a experiencias nuevas. Es por ello que en los grupos, a pesar de la restricción, existe entrada y salida de miembros.

Disposiciones para la desmovilización

En el caso de los combatientes de la guerrilla, su desmovilización se dio de manera voluntaria⁷ gracias a motivaciones subjetivas, entre las que se encuentran el anhelo de restablecer los lazos con la familia y acogerse a las promesas del Gobierno, que, a través de publicidad, promueve beneficios, como educación, salud, vivienda, etc. En el proceso de reintegración, se insiste en los beneficios de incorporarse a la institucionalidad. Valentina, una guerrillera reinsertada, señala que "el Gobierno nos prometió educación, vivienda y muchas cosas, por eso yo me desmovilice. Pero veo que eso no es tan fácil, aquí en la civil uno se cae de la nube" (Taller de ciudadanía realizado a excombatientes, 11 de diciembre de 2011). Estas motivaciones para la desmovilización, entendida como la estrategia por la que optan los combatientes con la expectativa de dar alcance a sus objetivos, dan cuenta de las disposiciones a aumentar el capital familiar y social. La desmovilización genera nuevas inclinaciones a satisfacer necesidades básicas que estuvieron presentes antes de la vinculación al grupo armado, es decir, existe una continuidad en el deseo de jugar en campos en los que se le proporcione satisfacción a sus carencias relacionadas con el sistema familiar, como es la protección y el cubrimiento de necesidades básicas.

Proceso de reintegración

En el marco de la justicia transicional, el excombatiente inicia dando cumplimiento a las reglas establecidas por la ACR, de modo que adquiere capitales y disposiciones que favorecen la consolidación del perfil de reintegrado. En esta dinámica, influye la estructura del Estado, lo que lleva a que los sujetos se relacionen y jueguen de cierta forma en este campo. Así mismo, en el juego se manifiestan las disposiciones construidas por los excombatientes a lo largo de su vida en relación con el Estado, e interfieren, en consecuencia, en el tipo de vínculo que establecerán con la institucionalidad. Los imaginarios sociales de Estado y de la ciudadanía descritos en el presente estudio se confrontan con las dinámicas, discursos y estructura del campo de la reintegración. El tipo de relación que establece el individuo se expresa en sus actitudes hacia el proceso de reintegración, actitudes que facilitan u obstaculizan la interiorización de las competencias necesarias para el logro del perfil. A partir de las diferentes fuentes, del continuo acompañamiento a la población y de la recepción de los imaginarios acerca del Estado y del ejercicio ciudadano de los excombatientes, se describen a continuación las disposiciones construidas y manifestadas de manera constante por los individuos durante la participación en los espacios de socialización del proceso de reintegración.

Es importante la forma en que el Estado pretende restablecer la relación con el excombatiente. Tal como la exponen los individuos, la primera relación estuvo mediada por los "beneficios" y "servicios" como estrategias de motivación para el abandono de las armas y el retorno a la legalidad. Lo anterior ubica al sujeto en una lógica en la que el Estado debe retribuir: lo considera obligado a darle beneficios por la decisión que tomó. Aunque las reglas del campo están enmarcadas en la justicia transicional, en la que el sujeto debe ser consciente de que ha sido absuelto de sus delitos relacionados con la pertenencia al grupo armado, en la práctica el excombatiente se considera "víctima", al responsabilizar al Estado de toda su trayectoria social.

En el caso de la guerrilla, en la desmovilización influyeron las propagandas y promociones puestas en marcha por el Gobierno, a través de emisoras locales y volantes, en las que se les invitaba a dejar las armas con la garantía de recibir beneficios, como vivienda, educación, salud. Por consiguiente, el acceso inicial a estos derechos constitucionales estuvo mediado por el discurso institucional que los presentaba como beneficios, otorgados en la medida en que los combatientes participaran en el proceso. Los entrevistados expresaron que nunca durante su trayectoria social habían tenido acceso a estos derechos: "yo no había recibido nada nunca", afirman algunos. Por ello, el proceso de reintegración se convierte en el primer momento de acceso. A partir del discurso promovido por la institucionalidad, estos derechos son reconocidos como retribuciones que deben ser otorgadas por el Estado. Tal como lo mencionan en sus historias de vida, antes de estar en los grupos armados, los desmovilizados nunca tuvieron las oportunidades que ahora tienen, como es el acceso público a educación y a las ofertas laborales.

Este discurso de beneficios o servicios del programa, que es aprehendido por los excombatientes, facilita la asociación de estas retribuciones con su condición de actores armados y debilita la posibilidad de percibirsen a sí mismos como ciudadanos con derechos y deberes. Esto significa que el discurso reafirma la idea de que estos derechos fueron conseguidos por ser considerados "población especial" o diferencial, al haber pertenecido al grupo armado y al entrar al proceso de desmovilización. Esta primera relación del Estado con el sujeto favorece un imaginario de Estado paternalista, que debe retribuir todas sus necesidades, de manera unilaterial. Lo anterior tergiversa el ejercicio de ciudadanía, que se supone debe ser instaurado en el campo de la reintegración.

Durante la adquisición de estos "beneficios", se presentan conflictos entre la ACR y el desmovilizado, debido a los procedimientos y trámites para acceder a estos. Los desmovilizados, en su mayoría, no han tenido contacto con las instituciones, en las que se debe acceder a los servicios a través de procedimientos burocráticos, por ello, chocan al empezar a relacionarse con estas lógicas. Por otra parte, el sujeto relaciona al Estado con el engaño, en la medida en que no cumplió con las expectativas generadas. Esta percepción deviene en la creación de un imaginario negativo. La mayoría de los entrevistados afirman que las dificultades que surjan en el proceso de adaptación son responsabilidad del Estado. Consideran que la decisión de desmovilizarse no fue autónoma ni voluntaria, sino que fueron persuadidos por Estado a través de "engaños". Esta es la razón por la que seis de los veintiún desmovilizados que participaron en el taller de Estado y ciudadanía consideran que el Estado falta a la verdad.

Este imaginario de Estado incumplido está asociado con los tiempos propios de la institucionalidad. Al parecer, no es claro que el apoyo y la ayuda del Gobierno son transitorios. En las entrevistas, la mayoría de sujetos manifestó la necesidad de un acompañamiento duradero, consideran que dos años es muy poco tiempo. Al respecto Jorge menciona: "Muchos se han vinculado a los grupos armados porque el Estado dejó de dar beneficios. El Estado debe dar ayuda hasta que la persona lo necesite" (Céspedes, 2013, entrevista 002).

Este imaginario lleva a la asunción de la ilegitimidad del Estado y a la reaparición de imaginarios construidos antes y durante la vinculación al grupo armado. Como se describió, las historias de vida de los excombatientes están ligadas a la exclusión, a la marginalidad, así como a ciertos los contextos sociales y políticos, en los que el común denominador era la presencia de campos jurídicos diferentes a los oficiales. Esto dio lugar a que el sujeto construyera disposiciones hacia un Estado ausente e ilegítimo. A partir de la participación en el campo estatal, el imaginario de un Estado ilegítimo se refuerza en el desmovilizado, se hace presente nuevamente, puesto que este no da cumplimiento a las necesidades y servicios prometidos. Con frecuencia, el desmovilizado asegura que no cree en el Estado, manifesta incredulidad y desesperanza frente a sus lineamientos. En las entrevistas a profundidad, tres excombatientes declararon que nunca han ejercido el derecho al voto y que nunca lo ejercerían, pues consideran que el Gobierno es corrupto. El reforzamiento de la imagen del Estado configura el habitus en el campo de la guerra y afecta las disposiciones del guerrero, una vez entra al campo de la reinserción. Este reforzamiento puede verse en que de los veintiún participantes del taller de Estado y ciudadanía que nunca han ejercido el voto, solo seis manifestaron la intención de hacerlo en algún momento de su vida.

La idea de ilegitimidad también está asociada con la idea de un Estado desigual y corrupto, imaginario construido durante la trayectoria social de los excombatientes y que aparece de nuevo en el campo de la reintegración. Así mismo, dado que la ideología guerrillera concibe al Estado actual con las características negativas señaladas (corrupto, ilegítimo, inequitativo, etc.) es evidente que en las organizaciones armadas se reforzaron dichos imaginarios. Por esto se hace necesario que en el campo de la reintegración haya un cambio respecto al trato con funcionarios gubernamentales. Un mando medio de las AUC, Juan Carlos, señala que en su relación con políticos y personas del Gobierno percibió algunos de los rasgos señalados:

Además se quedan con la plata, [en] el Gobierno siempre serán todos corruptos. Yo, estando en el grupo, me reunía con mucha gente importante del Gobierno. Una vez le dije a uno de la ACR, me dijo "quieres [tienes] pruebas", y yo le dije "si quiere las buscamos". (Céspedes, 2013, entrevista 003)

Los testimonios también muestran otros imaginarios sociales vinculados con el Estado. Debido al enfrentamiento durante la permanencia en el grupo, los excombatientes guerrilleros mantienen una relación de enemistad con el Estado, por lo tanto, expresan temor a sufrir persecuciones. Por otro lado, según la doctrina marxista-leninista de la guerrilla, la lucha de clases es la base de la implementación de un Estado socialista, para el cual la clase dirigente procapitalista es su antítesis. En el caso de los excombatientes de las AUC, la relación con el Estado no es legítima: la experiencia en el grupo confirma la complicidad mantenida entre ambas partes. Lo anterior lleva a que los desmovilizados no crean en la institucionalidad y, por tanto, no validen, en ocasiones, su accionar.

Se puede concluir, entonces, que los repertorios de actuación del excombatiente en relación con el Estado y su concepto de ciudadano no se crean en el campo de la reintegración sino son reforzados, pues son producto de su historicidad y trayectoria social. Imaginarios como un Estado ausente y corrupto fueron asimilados antes y durante la pertenencia en la guerra y reaparecen en el campo de la reinserción. Las constantes quejas y los casos de abandono al proceso evidencian la poca legitimidad que tiene el Estado para los excombatientes.

Permanencia en el campo y el éxito de la reintegración

El sujeto, en cuanto producto social que ha creado disposiciones y habitus a lo largo de su vida, construye imaginarios sociales del Estado y de la ciudadanía en el campo de la reintegración. La estructura del campo y las reglas planteadas hacen que el sujeto ratifique o modifique dichas disposiciones. Tal como se registra en las entrevistas, los excombatientes de la localidad de San Cristóbal tienen en su mayoría imaginarios negativos del Estado, que han configurado su habitus en diferentes campos. Todos los imaginarios han sido permeados por el conflicto y se han desarrollando a lo largo de sus contingencias históricas. Lo anterior obstaculiza el proceso de reintegración, al no facilitar la interiorización de las competencias y disposiciones básicas de la ACR. Sin embargo, durante la participación en el campo de la resocialización, el sujeto se mantiene en el proceso, pues está forzado por los condicionamientos económicos y los servicios proporcionados. Se puede decir que el individuo juega en el campo, de manera similar a como Bourdieu ejemplifica en La distinción y El sentido práctico la construcción del habitus, el capital y la participación de los agentes en el primero de ellos. Su permanencia en el juego vendrá dada por los pagos que reciba (en términos de capital económico, cultural, social, etc.). Por lo anterior, la legitimidad otorgada por el sujeto a la institucionalidad —respecto a la disposición a cumplir con los compromisos de la ruta de reintegración— está supeditada a las necesidades de capital que ellos deseen acumular. Dado que el excombatiente no recibe el valor esperado, encuentra motivaciones suficientes para abandonar el campo.

La vinculación a los procesos de escolarización ejemplifica lo expuesto: los diferentes espacios de socialización demuestran el interés del participante en aumentar su capital cultural, educativo y económico. Sin embargo, cuando el programa deja de brindar ayuda económica (como el desembolso para planes de negocios), la mayoría de los participantes abandonan sus labores educativas y los talleres psicosociales. Esta situación muestra que para los participantes el capital económico es preponderante y la permanencia en el campo está supeditada a este. Así mismo, la participación está condicionada por el interés de acceder al capital jurídico, es decir, por mantener la libertad y los beneficios jurídicos que el programa otorga.

Los pagos, en términos de los diferentes tipos de capital, que ha considerado la ACR para los excombatientes difieren de los pagos esperados. Dado que no se tienen en cuenta las condiciones históricas que configuran el habitus del excombatiente, la ACR asume que los imaginarios sociales alrededor del Estado y la ciudadanía concuerdan en al menos unos mínimos. El fortalecimiento del capital educativo y cultural es para la ACR la oportunidad de que esa estructura estructurante que es el habitus sea también ordenada por el campo de la reinserción, a través de las intenciones y posteriores prácticas sociales que espera de los reinsertados. Para el excombatiente, el campo representa un aumento del capital económico y jurídico, en detrimento del capital educativo y cultural, pues los primeros le representan, en su imaginario de Estado y ciudadanía, la posibilidad de mejorar sus condiciones objetivas y subjetivas de existencia que, desde su historia como sujeto excluido, han sido su mayor problema y condicionante. El excombatiente se percibe no solo como receptor justo de los servicios del Estado, sino que se ve también como su "víctima". Esto hace que en el proceso el excombatiente perciba la ayuda económica y jurídica como una obligación. Si bien es cierto que la ayuda económica proporcionada por el Estado es importante para la inserción en la sociedad, la ACR espera —y considera— que dicha ayuda no debería ser la motivación central en la permanencia en el campo. Esta falta de coordinación crea un diálogo de sordos, que lleva a los participantes a abandonar el programa por ser incompatible con su estilo de vida.

Esto se puede ver en las ayudas que suspendió la ACR. A finales del 2011, el Centro de Servicios de Rafael Uribe interrumpió la ayuda económica a 33 participantes por las directrices del Decreto 4138, que dictaminó que no podrían recibir más beneficios económicos, pues ya se les había otorgado el apoyo por proyecto productivo. A pesar de ser un compromiso inicial establecido, solo once participantes han seguido el proceso. El resto se ha desvinculado, a pesar de poner en riesgo su beneficio jurídico, pues como muy bien lo saben, si transcurren seis meses o más de inactividad, se iniciará un "proceso de investigación".

El programa ha identificado casos de desvinculación y ha dado directrices para contactarlos. Cuando los profesionales psicosociales logran comunicarse, la mayoría de participantes manifiestan no querer volver al proceso y asumir los riesgos que acarrea la decisión. Esta situación da cuenta de la particularidad en los intereses y disposiciones hacia la acumulación de capital por parte de los sujetos, por los aspectos que se encuentran en juego y que se mencionaron. Aunque existe algún interés en acumular capital cultural, esta motivación está condicionada en algunos casos por el capital económico y jurídico, a pesar de que la justicia transicional forma parte del proceso, gracias a la cual el desmovilizado obtuvo los beneficios ofertados por la institucionalidad. Debe señalarse que son muy pocos los participantes que muestran un interés en el acceso y acumulación de los capitales culturales y sociales. De los participantes activos del Centro de Servicios, solo 28 individuos han accedido a estudios técnicos (Consulta Sistema de Información de la ACR, marzo del 2011), algunos están por terminar el bachillerato e iniciar su vinculación con la educación técnica y universitaria.

Todo lo anterior permite afirmar que el éxito de la reintegración se encuentra sujeto al avance de intereses y capitales económicos, sociales, simbólicos, con los que el sujeto se ubique en el marco de un proceso transicional y logre adquirir los capitales necesarios para la consolidación de un proyecto de vida. Estos capitales deben ser alcanzados en el escenario de la legalidad, enmarcado en el funcionamiento de las instituciones. En consecuencia, el sujeto debe asumir las características y estructuras del campo de la ciudadanía y del Estado.

Consideraciones finales

El diálogo e interacción constante con los excombatientes en Bogotá permitió conocer las miradas y percepciones acerca del proceso de reintegración, así como la adaptación a este nuevo mundo social. Así mismo, la participación directa en la acción estatal, a través de la implementación de la estrategia psicosocial, favoreció un acercamiento al encuentro entre el campo estatal y los excombatientes partícipes. En este acercamiento fue importante tener presente el carácter histórico del sujeto, que a lo largo de su trayectoria social ha interiorizado disposiciones y referentes de actuación, según el campo en el que ha participado. Dichas disposiciones se hacen visibles en la nueva relación que establece el excombatiente con el Estado, cuya decisión de abandonar las armas lo ubica en un campo ciudadano. El estudio muestra que el excombatiente ha sido partícipe de diferentes contextos históricos, que favorecieron y condicionaron la disposición a campos como la guerra.

En este recorrido fue importante diferenciar entre la trayectoria en la guerrilla y en el paramilitarismo. Si bien existieron similitudes en cuanto al recorrido antes del grupo y en la construcción de guerreros, la orientación de cada una de las organizaciones favoreció disposiciones específicas. En relación con el recorrido de los excombatientes de la guerrilla, se identificó que los contextos sociales, familiares y políticos facilitaron el aprendizaje y las disposiciones hacia la vinculación a la guerra. La participación en escenarios caracterizados por campos jurídicos diferentes a los estatales y dirigidos por la guerrilla permitió un acercamiento y legitimación de este tipo de justicias. Así mismo, las condiciones familiares, en particular, situaciones de maltrato, hicieron posible la decisión de muchos excombatientes de abandonar el núcleo familiar. La carencia de capital familiar y simbólico, como la identidad y el reconocimiento, recursos importantes en la construcción individual, llevó a considerar al grupo armado escenario para la satisfacción de dichas necesidades. Además, el contexto social de los municipios de procedencia limitó la adquisición de capital social, económico y cultural, ubicando al individuo en una posición inequitativa con respecto al acceso a los derechos.

Todos estos factores promovieron la inclinación hacia la guerra, a través de la participación en la guerrilla. En este campo, a partir de su estructura jerárquica, disciplinaria, patriarcal y doctrinal, se da una conformación de un combatiente específico. El proceso de socialización promueve la interiorización de un habitus, orientado a consolidar y legitimar dicha estructura guerrillera. El sujeto aprende la obediencia, la subordinación mantenida con las normas y reglas establecidas. El campo guerrillero no solo realizó una socialización en el aspecto militar, sino que también estuvo presente lo ideológico. Así, se promovieron orientaciones hacia la lucha de clases y el derrocamiento del status quo. Para ello, fue importante la caracterización de un "enemigo", con la que se construyó una conciencia colectiva, base para la legitimación del campo.

Por su parte, el excombatiente de las autodefensas también fue partícipe de campos jurídicos diferentes a los estatales, en los cuales la legitimidad referida a la autoridad y al poder era ejercida por los paramilitares. A diferencia de la guerrilla, los individuos procedían de zonas rurales y urbanas, caracterizadas por altos índices de violencia y pobreza, en las que algunos tuvieron acercamientos y disposiciones hacia la delincuencia (sicariato). El acceso al capital educativo no fue tan restringido, debido a la ubicación en zonas urbanas. Si bien su alcance fue mayor que en el caso guerrillero, es aún muy bajo para los niveles nacionales (ninguno de los reinsertados terminó la media). El campo familiar se caracterizó por situaciones de maltrato, siendo este un factor expulsor. Todos estos factores predispusieron a la vinculación al paramilitarismo, aunque la motivación que prevaleció fue el acceso al capital económico, pues se identificó el campo de guerra como un escenario laboral. También, fue importante la disposición hacia la adquisición de capital simbólico, en cuanto al estatus y al reconocimiento como militares ofrecidos por la organización. En algunos testimonios, muchos consideran la vinculación a las AUC como una carrera militar, por su participación previa en el ejército.

Al igual que en la guerrilla, la configuración del paramilitar se realiza dentro de las orientaciones de un campo militar. Se interiorizan aspectos como los entrenamientos militares, la disciplina y la obediencia. En cuanto al derrocamiento y eliminación del enemigo, se emplearon técnicas orientadas a deshumanizar al otro, a través de prácticas como el desmembramiento. En la socialización del grupo fue importante el aprendizaje de disposiciones orientadas a la naturalización de la muerte, las masacres y toda clase de prácticas que generaran miedo y terror en los habitantes. Estas acciones eran legítimas, pues se originaban dentro de un acuerdo laboral: al combatiente se le pagaba por ello. El compartir con el Estado un sentido de la guerra —la eliminación de la guerrilla— favoreció la legitimación de la pertenencia al grupo. La mayoría de los entrevistados reconoció la relación y asocio de figuras de la política con la organización.

Esta trayectoria social permitió la adquisición de habitus que se hacen extensivos en el proceso de reintegración. Tener en cuenta el carácter histórico de estos, no solo desde la vinculación a los grupos armados, sino desde su construcción en la infancia, permitió la comprensión del proceso de adaptación al campo de la ciudadanía y del Estado por el que atraviesan los individuos. Está visión holística de la historia de vida es omitida por la institucionalidad, que aborda al sujeto solo desde la participación en la guerrilla o las autodefensas, sin considerar los otros campos. Por consiguiente, las instituciones del Estado consideran que el sujeto se encontraba fuera de la sociedad y que al haber sido partícipe de la guerra posee un perfil violento que debe ser transformado a través de la implementación de la estrategia psicosocial, orientada a constituir un perfil reintegrado.

Durante este proceso, se hacen evidentes confrontaciones entre el discurso promovido por la ACR y las expectativas de los excombatientes. A través de las entrevistas y del acompañamiento, se hace visible la permanencia de ciertos imaginarios del Estado y la ciudadanía, construidos durante la participación en diferentes campos, en donde directa o indirectamente estuvo presente el Estado. El campo estatal se caracteriza por mantener una estructura de tipo de gerencial, en la que es proveedor de servicios educativos, de salud y psicosociales, y se considera al desmovilizado un cliente, que accede a estos tras la decisión de abandonar las armas. Esta "relación contractual" obliga al individuo a asumir las reglas y normas que establece la ACR, para poder ejercer los derechos ciudadanos y conservar los beneficios jurídicos. Esta orientación del Estado tergiversa el marco del ejercicio ciudadano, pues no favorece la interiorización de los derechos, debido a que estos se asocian con beneficios o servicios que solo son posibles en la calidad de desmovilizado. Algunos desmovilizados llegan a creer que esta relación es contractual-laboral y exigen "el sueldo", refieriéndose a las ayudas económicas de la ACR. La estructura burocrática del Estado y el funcionamiento estandarizado y regularizado de la ACR genera inconformismo, pues los participantes consideran que los trámites son obstáculos generados por el Estado para no dar cumplimiento a los acuerdos. El desmovilizado advierte durante el proceso de reintegración que la educación, salud y vivienda no son prestaciones que se dan de manera directa, sino que su acceso está mediado por gestiones específicas.

Los excombatientes de las autodefensas también manifiestan inconformidades frente al funcionamiento del Estado, aunque a diferencia de los de la guerrilla, no se sienten engañados, sino que se replantean su participación en el escenario de la legalidad. Son frecuentes expresiones como: "yo no deseaba salirme del grupo, lo hice por órdenes del patrón". En el proceso de reintegración, los desmovilizados del paramilitarismo reafirman el imaginario del Estado corrupto, construido durante la permanencia en el grupo, pues en este escenario fueron testigos de los vínculos del Estado con la organización. Este imaginario tiene como consecuencia que no se legitimen las acciones institucionales durante la reintegración. Esta situación es frecuente en los excombatientes de la AUC, quienes tienen dificultades para el reconocimiento de la autoridad, pues la orientación del grupo armado promovió solo el respeto hacia los líderes paramilitares, sin hacer extensivo este principio para sus pares y para la población civil. De la misma manera, las pautas de obediencia se hacen extensivas en la reintegración en los excombatientes de guerrilla, que continúan en la mayoría de los casos aceptando relaciones de subordinación y sometimiento.

Estas disposiciones frente a la institucionalidad y la ubicación dada por el Estado en el campo ciudadano establecen imaginarios frente al ejercicio de la ciudadanía. Como se mencionó, el marco de servicios y beneficios en que se origina el acceso a los derechos fundamentales de los sujetos, dificulta el establecimiento de escenarios para el ejercicio ciudadano. El excombatiente cree, a partir del discurso inicial del Estado, que los derechos y deberes se dan en su calidad de desmovilizado, por una relación de retribución de beneficios. Por otra parte, el anonimato del desmovilizado no propicia un diálogo con las comunidades de acogida, para que exista la posibilidad de interrelación y reconocimiento ciudadano. Las zonas de ubicación son sectores con niveles altos de pobreza, lo que limita la adquisición de capital social y económico que rompa con el tipo de disposiciones promovidas por los contextos sociales.

Notas

¹ El concepto psicosocial es un instrumento implementado por los profesionales psicosociales en la ACR, en el que recepcionan el historial familiar, social, educativo y laboral del excombatiente.
² Para efectos del presente estudio, solo se tomarán referencias de la guerrilla de las FARC, debido a que la mayoría de los excombatientes que dieron sus testimonios eran de esta organización.
³ Los excombatientes de las entrevistas y del taller de ciudadanía son diferentes a los elegidos para los conceptos psicosociales.
⁴ Los nombres de los excombatientes han sido cambiados por seudónimos, con el propósito de mantener el anonimato y la seguridad de los entrevistados.
⁵ Fragmento de una de las cuatro entrevistas (001, 002, 003 y 004) realizadas para el desarrollo de la tesis de maestría de la que se deriva este artículo.
⁶ Datos analizados para la tesis de maestría de la que se deriva este artículo. ]]> ⁷ Existen dos clases de desmovilizaciones: las individuales, en las que el sujeto se desmoviliza de manera voluntaria, en contraposición a los lineamientos de la organización armada; en la desmovilización colectiva hay un acuerdo de paz entre la organización armada (AUC) y el Estado.

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