La consolidación de la globalización por medio del mercado y de la descentralización político-administrativa del Estado, hacen de la gobernanza el modo de regulación más adaptado a territorios emergentes. El desarrollo económico está fundado en las ventajas competitivas asociadas a las especificidades territoriales: la competencia se espacializa y la producción se optimiza en función del acceso a los recursos, el modo de producción y la organización (Porter, 1998; Krugman, 1997). El Estado se adapta mal a esta flexibilización económica, en tanto que la eficacia del gasto público y el control gubernamental del mercado, son afectados por la volatilidad del crecimiento económico (World Bank, 2003). Su descentralización se impone en busca de una mayor eficacia del gasto y con el interés de acercar las decisiones a los puntos de ejecución. En consecuencia, el surgimiento de nuevos territorios acentúa las disparidades regionales en términos de poder político y desarrollo económico (Garofoli y Scott, 2007; Ruesga y Da Silva, 2005). Estas disparidades tienden a ser reguladas en América Latina gracias a ''capacidades de gestión, de control, de aseguramiento, de apropiación y de organización de espacios más o menos extensos'' (Lombard et al., 2006, p. 15).

Es en este sentido que el desarrollo económico ya no se entiende como un proceso orientado solamente al crecimiento económico, sino también a la distribución de la riqueza, al mejoramiento de la calidad de vida de la población y a la protección del medio ambiente (Nafziger, 2006; Yusuf y Stiglitz, 2002; Sen, 1988). Este nuevo desarrollo económico exige construir estrategias basadas en la coordinación, donde las instituciones juegan un papel crucial, es decir, donde las reglas de juego sean más horizontales que verticales y contribuyan al fortalecimiento de la gobernanza desde acuerdos público-privados. Así, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente ya no serían incompatibles, y la competitividad tendría lugar sobre la base de la acumulación de capital físico, humano y natural (Ocampo, 2003; Stiglitz, 1998).

El caso de Medellín ilustra estas dificultades de gobernanza puesto que, además de la inequitativa distribución de la riqueza, el crecimiento económico parece tener consecuencias ambientales importantes, sobre todo en relación con los recursos naturales de su entorno regional. En efecto, las actividades agropecuarias intensivas degradan el suelo y deforestan las cuencas de los ríos Chico y Grande en el Norte, la conurbación del Valle de San Nicolás modifica los usos del suelo en Oriente y el turismo de sol cambia la estructura de la economía del Valle Medio del Río Cauca y, por consiguiente, modifica también los usos del suelo en Occidente (Lotero y Cardona, 2010).

Ahora bien, existen iniciativas de ordenamiento ambiental del territorio que buscan aportar soluciones a estos problemas. Es el caso, por ejemplo, del Distrito de Manejo Integrado (DMI) del Sistema de Páramos Alto Andinos de Antioquia (SPANA). Se trata de un territorio emergente en el entorno regional norte de Medellín (gráfico 1), donde la ganadería se despliega hacia las coberturas forestales, sin encontrarse con verdaderos obstáculos. Esta ganadería se desarrolla gracias al fomento de la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta), que tiene el monopolio local del comercio y que ya participa en el mercado mundial de productos lácteos.

Mientras que para el sector lechero el nuevo territorio tiene que ver con la tierra como factor de producción, para el sector hidroeléctrico éste concierne el agua como factor de producción. En este sector productivo, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) juegan un papel líder, explotando el agua que escurre del SPANA para aprovisionar al Valle de Aburrá, producir hidroelectricidad y venderla a nivel local, nacional e internacional. Frente al impacto ambiental de estas actividades productivas, el gobierno local se organiza e intenta convencer a los sectores productivos de proteger el Sistema de Páramos Alto Andinos de Antioquia por medio del Distrito de Manejo Integrado. En este proceso de organización y de ''entendimiento'', la gobernanza se revela como el modo de regulación del territorio emergente, basándose esencialmente en los principios de subsidiaridad coordinada y eficacia negociada (Polanco, 2009a). Pero esta gobernanza territorial se enfrenta a dificultades técnicas y políticas, cuya identificación constituye la inquietud que se pretende abordar en este texto.

Lo que se quiere mostrar es que las dificultades técnicas están relacionadas con el impacto ambiental de desarrollo económico, mientras que aquellas políticas tienen que ver con la formalización de las reglas de juego entre actores. Estas dificultades están ligadas a las especificidades económicas y político-administrativas del territorio. A medida que se mitiga el impacto y se institucionaliza la organización, la gobernanza se consolida como modo de regulación territorial. Con el ánimo de identificar estas dificultades, se busca establecer una relación entre gobernanza y territorio, discutiendo esencialmente el principio de subsidiaridad coordinada de la gobernanza territorial y dejando el análisis del principio de eficacia negociada para otro espacio de debate.

Es con este fin que se adapta el análisis espacial multiobjetivo de Malczewsky (1999) y de Van Herwijnen y Rietveld (1999). Esta adaptación es el resultado conjunto de un análisis estadístico exploratorio multidimensional según Lebart et al. (2006), y de una operación de algebra de mapas realizada en un Sistemas de información geográfica según Polanco (2009b). Así pues, para el análisis de las dificultades de gobernanza del desarrollo económico en el entorno regional de Medellín se procede en tres partes. Primero, se presenta el marco conceptual y metodológico del estudio, haciendo énfasis en la selección de las categorías de análisis sobre desarrollo económico y protección ambiental, y en el tratamiento estadístico de los datos. Segundo, se cuantifica la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental y se analiza esta tensión como la dificultad técnica de gobernanza. Finalmente, se estudia el proceso de institucionalización de las reglas de juego entre los actores gubernamentales, entendiendo la consolidación de este proceso como la dificultad política de la gobernanza.

I. Marco conceptual y metodológico de análisis de la gobernanza territorial

La segunda definición es en efecto la de territorio. El territorio se entiende en este texto, como un espacio habitado y sometido al juego de intereses que emergen en el seno del desarrollo económico sostenible (Di Meo, 2005). Es decir, el territorio representa el lugar de reunión de las relaciones de mercado y las formas de regulación social, que determinan la organización de la producción y las capacidades innovadoras (Garofoli, 1998). Sin embargo, el Distrito de Manejo Integrado del Sistema de Páramos Alto Andinos de Antioquia sería más bien un proyecto de territorio, en tanto que se pretende construir ''un espacio de diálogo que invita a los actores a (re)leer su territorio (diagnóstico), identificar los intereses (objetivos estratégicos), anticipar los principales problemas (ejes estratégicos) y actuar (operaciones y acciones). El proyecto es igualmente un espacio de negociación [...] que contribuye a la construcción de una visión compartida (referencial) y un programa de operaciones'' (Chappoz, 1999, p. 70).

Este proceso de construcción territorial es un trabajo institucional que vela por articular intereses orientados al desarrollo económico a partir de la actividad lechera, e intereses orientados a la protección del patrimonio natural mediante la restricción al uso del suelo. Estos intereses pueden generar tensión como consecuencia de la competencia por el suelo. Pero la intensidad de esta tensión depende de cuan intensiva en tierra sea la actividad lechera y del efecto del gasto público en la protección del bosque. Lo cual es un fenómeno aún desconocido en el territorio estudiado. Por lo tanto, el trade off entre objetivos económicos y ambientales en el Sistema de Páramos Alto Andinos de Antioquia está sujeto a un trabajo institucional cuyos buenos resultados dependen de la gobernanza, que es el tercer concepto fundamental del estudio.

La gobernanza se entiende aquí como un modo de regulación o arreglo institucional que, formalizando las reglas de juego, logre establecer un acuerdo en el territorio entre actores públicos y privados con intereses económicos y ambientales diversos (Jiménez et al., 2005; Le Gales, 2004; OCDE, 2001). Los estudios sobre gobernanza son recientes, en razón de que el concepto también lo es (Benetti y Carrillo-Flórez, 2006; Hufty et al., 2006). Estos estudios se orientan no solamente al manejo de recursos naturales en zonas rurales, sino también al manejo de las ciudades. En el primer caso, se ha estudiado la gobernanza territorial como modo de regulación de territorios provistos de restricciones al uso del suelo para proteger el patrimonio natural (Arnold et al., 2006; Alca, 2006; Gerbaux y Paillet, 1999). En el segundo caso, se ha abordado la gobernanza en busca de arreglos institucionales para la gestión inmobiliaria, del empleo y del riesgo (Hardy, 2006; Jiménez, 2006; Mejía y Granda, 2006).

Este caso de estudio pertenece al primer grupo, puesto que se trata de la gobernanza de un área protegida. Pero aborda un tema novedoso, que es el del efecto de la ciudad sobre las áreas rurales de su entorno regional. Aquí, la gobernanza obedece a dos principios. Uno de coordinación, que es más vertical que horizontal. Y otro de negociación, que es más horizontal que vertical. El primer principio se llama subsidiaridad coordinada, porque obedece a una relación entre actores estatales, orientada a su vez por el principio de subsidiaridad de la planeación nacional (Ley 152 de 1994). Mientras que el segundo principio de gobernanza se llama eficacia negociada, porque obedece a una relación entre actores públicos y privados estimulada por la eficacia paretiana. En este texto se privilegiará el estudio del principio de subsidiaridad coordinada a partir de la organización del gasto público, tal y como es estipulado en Colombia por la ley orgánica de planeación.

Estos tres conceptos dan lugar a diferentes categorías de análisis e indicadores, que son relacionados por medio de un análisis espacial multiobjetivo. Este método es un caso especial del análisis multicriterio, donde los criterios son independientes (Chakhar y Mousseau, 2007; Figueira et al., 2005; Patrono, 1998). Por su parte, el análisis multiobjetivo asume la existencia de una correlación entre criterios para definir dichos objetivos (Malczewsky, 1999 y 2006; Eastman et al., 1998).

En este caso, el análisis multiobjetivo se realiza en dos fases. En la primera fase se identifican los objetivos con la ayuda de un análisis factorial, observando la correlación lineal de los indicadores en el plano factorial principal. La fase dos, consta de un análisis espacio-temporal de los municipios asociados al Sistema de Páramos Alto Andinos de Antioquia como unidades espaciales, considerando los indicadores correlacionados como atributos. Gracias a la dimensión espacial de los datos, los resultados son presentados en mapas haciendo uso de un sistema de información geográfica. El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS 17.0, mientras que los mapas fueron construidos con el programa ARCGIS 9.3. En la tabla 1 se presenta una síntesis de esta metodología de análisis.

II. La tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental

Se efectuará un diagnóstico de la vulnerabilidad del territorio a fin de conocer sus puntos fuertes y débiles. Para ello, la protección ambiental es analizada en términos de gasto público y gestión de proyectos, mientras que el desarrollo económico es analizado en términos de la intensidad en tierras de la actividad económica dominante (lechería) y de la calidad de vida de la población. El territorio sería así vulnerable en los municipios donde el nivel de inversión y de gestión ambiental disminuye, mientras que la demanda de tierras y la calidad de vida de la población aumentan.

A. El impacto ambiental del desarrollo económico y la fuerza ''contra'' el territorio

La desaparición de la cobertura forestal es una consecuencia de la cría bovina como modo de producción agropecuario dominante: los pastos se desplazan hacia los espacios forestales. Esta relación entre la actividad agropecuaria y la dinámica del bosque es sensible al efecto de aglomeración de la ciudad de Medellín y al efecto de tamaño de los municipios periféricos. Al efecto de aglomeración, porque se relaciona también con los criterios de pobreza y distancia, según el modelo de economía monocéntrica de Fujita et al. (1999). Al efecto de tamaño, porque depende de la dinámica del bosque estudiada a partir de criterios como índice local de deforestación o como deforestación.

En lo que concierne al impacto ambiental bajo el efecto de la aglomeración por ejemplo, existe una correlación entre la dinámica del bosque, la demografía, y el impacto de fuerza centrípeta de Medellín. Para el período estudiado (19892005), la intensidad de la fuerza ''contra'' el territorio es estimada inicialmente teniendo en cuenta la presión de población sobre el bosque (correlación positiva entre los criterios índice local de deforestación, densidad de población y tasa de crecimiento de la población rural). La distribución de esta fuerza en el espacio geográfico de los municipios, se explica gracias al impacto de la fuerza centrípeta (correlación positiva entre los criterios pobreza y distancia). Es decir, que el valor medio de los criterios índice local de deforestación, densidad de población y tasa de crecimiento de la población rural es elevado en los municipios donde el valor medio de los criterios pobreza y distancia es bajo y viceversa. Si se observa el cambio del valor medio de los criterios considerados en este período (gráfico 2), se constata que los municipios donde el nivel de presión de la población sobre el bosque aumenta, son también aquellos donde el nivel del impacto de la fuerza centrípeta de Medellín aumenta. Es decir, la fuerza ''contra'' el territorio se intensifica en los municipios más ''ricos'' y más próximos de Medellín.

En resumen, si se considera el efecto de tamaño, la fuerza ''contra'' el territorio se intensifica en los municipios de gran tamaño en el distrito. Esta intensificación de la fuerza puede ser explicada por el ''enriquecimiento'' de la población rural: el valor medio del criterio pobreza (necesidades básicas insatisfechas de la población rural –NBI–) disminuye. Si se considera el efecto de aglomeración, la fuerza ''contra'' el territorio se intensifica en los municipios más ''ricos'' y más próximos de Medellín. Lo que confirma la tesis de Sánchez y Núñez (2000), cuando señalan que mientras más cerca se encuentren los municipios de los mercados domésticos, mayor es su riqueza.

B. La protección ambiental: una fuerza ''a favor'' del territorio

Este comportamiento de la protección ambiental es sensible al ajuste estructural, si se comparan los indicadores de gestión ambiental municipal y de desempeño fiscal (gráfico 4). En efecto, el ajuste estructural del Estado subyace del acuerdo entre el gobierno colombiano del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y el Fondo Monetario Internacional en 1999 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1999). Leyes como la 617 de 2000 y la 715 de 2001, fueron promulgadas como consecuencia de este acuerdo (Cabrera y Naranjo, 2003). Es en este contexto que ha sido concebido, por el gobierno central, el indicador sintético de desempeño fiscal de las entidades territoriales.

Aceptando pues el criterio de gestión ambiental municipal como indicador de la eficacia de gestión ambiental, se puede mostrar que los municipios que han aumentado su desempeño fiscal entre 2000 y 2004, son también aquellos que han debilitado su gestión ambiental municipal en el mismo período. En cambio, los municipios que han debilitado su desempeño fiscal entre 2000 y 2004, son también los que han mejorado su nivel de gestión ambiental municipal. Es por esta razón que se le atribuye al ajuste estructural un ''costo ambiental'' en relación con la protección ambiental, correspondiente a su impacto sobre la gestión.

El criterio Inversión Pública Descentralizada, corresponde a las transferencias del sector eléctrico realizadas entre 1995 y 1999 por Corantioquia en la zona de estudio. El criterio Inversión Ambiental Municipal, se refiere a las inversiones totales efectuadas sobre gestión ambiental por parte de los municipios estudiados entre 2000 y 2006. Y el criterio Gestión Ambiental Municipal, da cuenta de la eficiencia de la gestión a partir de información cualitativa en 2000 y 2004. Para mayor información sobre la construcción de estos criterios, referirse a Polanco (2009b).

C. La vulnerabilidad del territorio

Se le ha atribuido a la oposición entre desarrollo económico y protección ambiental, una tensión cuya configuración espacio-temporal depende de la organización espacial de la presión de la población sobre el bosque y de la deforestación, así como del cambio de la protección ambiental entre 2000 y 2004 (gráfico 5). Como en esta representación el nivel de desarrollo económico es constante entre 2000 y 2004, el cambio de nivel de la tensión varía entre estas fechas principalmente en razón del cambio de nivel de la protección ambiental. El Sistema de Páramos Alto Andinos de Antioquia tiene puntos ''fuertes'' y ''débiles'', que pueden ser identificados teniendo en cuenta la intensidad de esta tensión. Estos puntos muestran no solamente la vulnerabilidad del territorio, sino también el estado de gobernanza territorial en cuanto al principio de subsidiaridad coordinada.

En este orden de ideas, el aumento del nivel de tensión entre desarrollo económico y protección ambiental determina un punto ''débil'', mientras que su disminución indica un punto ''fuerte''. Cuando el nivel de tensión es estable, se determina un punto de transición del territorio en la medida en que éste puede convertirse en ''fuerte'' o ''débil'', según el nivel de la protección ambiental. En los puntos ''fuertes'' del territorio, la subsidiaridad coordinada entre Corantioquia y los municipios se mostraría funcional respecto a los puntos ''débiles'', donde el estado de la gobernanza territorial haría vulnerable el territorio. En los puntos de ''transición'' del territorio, el estado de la gobernanza territorial sería particularmente sensible al costo ambiental del ajuste estructural, en razón de las dificultades de gestión ambiental municipal asociadas a la demanda de desempeño fiscal.

Es así como la tensión, en el caso de presión de la población sobre el bosque, hace vulnerable el territorio en los municipios de Belmira, Olaya y San Pedro de los Milagros. Mientras que la tensión, en el caso de deforestación, hace vulnerables los territorios de Belmira y San Pedro de los Milagros. Por lo tanto, la perennidad de los recursos naturales renovables del Sistema de Páramos Alto Andinos de Antioquia estaría en peligro en las jurisdicciones de Belmira y San Pedro de los Milagros, o sea en el 53,2% del Distrito de Manejo Integrado. En términos de Delgado y Posada (2003), el territorio es vulnerable allí donde existe una tensión activa que desplace la frontera agrícola hacia el bosque y cause erosión de los suelos.

En síntesis, la fuerza ''contra'' el distrito de Sistema de Páramos Alto Andinos de Antioquia se intensifica en los municipios de mayor tamaño y en aquellos más próximos de la ciudad debido a su ''enriquecimiento''. A esta fuerza se opone otra que es ''a favor'' del territorio, cuya intensidad es sensible al desempeño fiscal de los municipios. Finalmente, la oposición de estas dos fuerzas se traduce por una tensión cuyo cambio de intensidad dependería no solo de los efectos de tamaño y de aglomeración, sino también del ''costo ambiental'' del ajuste estructural. Es entonces este cambio de nivel de tensión que ayuda a apreciar la vulnerabilidad del territorio. Ahora bien, la gobernanza de este territorio vulnerable, demanda la coordinación entre actores gubernamentales. Dicho de otra manera, la ''buena'' gobernanza necesitaría formalizar las reglas de juego entre estos actores. Lo que se interpreta a continuación como la dificultad política de gobernanza territorial.

III. Institucionalización excluyente de las reglas de juego

La asignación de recursos y la puesta en común de objetivos y acciones entre Corantioquia y los diez municipios tributarios del Sistema de Páramos Alto-Andinos de Antioquia, determinan la coordinación en el proceso de regulación territorial. Se trata de un proceso de institucionalización, mediante la lógica de proyecto en vista de la racionalización del presupuesto público. Este proceso se estudia aquí analizando la influencia que tendría sobre la lógica de proyecto, a fin de conocer primero, el impacto que ejerce sobre los contrastes entre municipios, y luego, sobre la vinculación de estas entidades territoriales en dicho proceso de institucionalización.

A. La influencia de la lógica de proyecto sobre la institucionalización de la gobernanza

La lógica de proyecto es un elemento esencial del prisma institucional de Corantioquia, en lo que tiene que ver con su rol mediador entre los municipios. Se trata de un mecanismo de coordinación que se inspira en los principios de la planificación y de la racionalización presupuestal del Estado. La lógica de proyecto es establecida en un contexto de descentralización en el cual los municipios, aunque beneficiarios de autonomía político-administrativa y financiera, manifiestan la necesidad de apoyo económico y técnico en materia ambiental. En el caso del establecimiento del Distrito de Manejo Integrado, este mecanismo busca atribuir la autoridad y responsabilidad a los municipios, mediante la articulación de herramientas de planificación y la asignación de recursos financieros. La lógica de proyecto influencia notablemente el principio de subsidiariedad coordinada de la gobernanza territorial. Se estudia aquí el modo de funcionamiento de este mecanismo, a fin de mostrar cómo puede introducir exclusión entre los municipios, a pesar de la existencia de una ''discriminación positiva''.

Dos son las condiciones que deben cumplirse para la cofinanciación. La primera está relacionada con el objetivo, el cual tiene que ver con la contribución del proyecto a la ejecución de los planes municipales y de los planes de la Corporación. La segunda tiene que ver con el método seguido para la formulación del proyecto, el cual debe ajustarse a la ficha BPIN 001 tipo B, estandarizada por el Departamento Nacional de Planeación.

De las dos condiciones exigidas para la inscripción al banco de proyectos de Corantioquia, la más difícil de llenar por parte de los municipios es la ficha BPIN, esencialmente por razones de baja competencia (Cardona, 2004). En cuanto a la contribución de los proyectos a los planes de Corantioquia, estos proyectos son considerados como prioritarios cuando benefician varios municipios, cuando la población de los municipios participa en su ejecución y cuando los planes municipales de ordenamiento territorial han sido concertados con la Corporación y han sido aprobados por los Concejos Municipales respectivos (Corantioquia, 2004a). Si el proyecto pasa esta fase del proceso de selección, debe someterse a continuación a la evaluación ex–ante. Aproximadamente 40 evaluadores se movilizan para calificar el proyecto, teniendo en cuenta cuatro criterios (Cardona, 2004): ambiental (25%); institucional (25%); socio-económico (20%); técnico o de evaluación ex-ante y ex-post del proyecto (30%).

Entre los 40 proyectos inscritos por los municipios estudiados, en el banco de proyectos de Corantioquia en 2004, por ejemplo, solamente tres fueron declarados viables, otros tres fueron rechazados. Se solicitó la reformulación de la mitad de ellos. La evaluación de otros diez no estaba disponible, mientras que cuatro más fueron inscritos fuera de la fecha límite. Aunque estos datos se refieran a un solo año, permiten evidenciar que la calidad técnica de los proyectos propuestos por los municipios es visiblemente baja. Lo que pone así mismo en evidencia su débil capacidad para asumir la protección del ambiente y su dependencia técnica respecto a Corantioquia.

B. La política de la lógica de proyecto: ¿un modo de exclusión territorial?

La selección de un proyecto entre varios, cuando todos son técnicamente viables, está influenciada por la relación entre el funcionario de Corantioquia y la entidad que busca la cofinanciación. Esta relación depende no solamente de la norma, sino también del lobby que realiza el municipio ante la Corporación Autónoma Regional. Retomando el ejemplo precedente, dicha influencia tiene lugar, principalmente cuando el costo del proyecto a cofinanciar supera los 100 millones de pesos, monto que corresponde al límite definido por la ley de contratación directa sobre el presupuesto de la Corporación Autónoma Regional en 2004, el cual era de 57.600 millones de pesos según Corantioquia (2004b). En este ejemplo, todos los proyectos municipales considerados viables, cuya parte del presupuesto cofinanciada por la Corporación está por debajo de esta suma, son escogidos por el funcionario encargado teniendo en cuenta el lobby emprendido por el municipio (Cardona, 2004). Es el caso de más de la mitad de los proyectos municipales inscritos en el banco de proyectos en 2004.

Existe también un segundo elemento, éste de tipo legal, que parece hacer aún más influyente el medio relacional entre estos actores en el proceso de toma de decisiones: es el voto al cual tienen derecho los municipios en las decisiones de la Asamblea Corporativa de Corantioquia. El voto de los municipios es aún más influyente en las decisiones, en la medida en que sus contribuciones financieras a las rentas de la Corporación son altas. Entre 1996 y 1999, por ejemplo, los municipios estudiados que han transferido los mayores recursos financieros a Corantioquia, son también aquellos que se han beneficiado de los mayores recursos para cofinanciar sus proyectos de protección ambiental (gráfico 6).

Es particularmente el caso de las asignaciones financieras que hace Corantioquia, considerando los recursos provenientes de los impuestos sobre el agua (criterio Inversión Pública Descentralizada). Los municipios de Sabanalarga y Belmira son la excepción. El primero, porque parece haber sido beneficiado de una ''discriminación positiva'', teniendo en cuenta su nivel extremadamente elevado de pobreza. El segundo, porque es el municipio privilegiado por Corantioquia para la protección de las coberturas forestales, debido su alto porcentaje de superficie (49,4%) dentro del Sistema de Páramos Alto-Andinos de Antioquia.

La exclusión que resulta del aspecto político de la lógica de proyecto, se materializa pues por el lobby, cuyos resultados en términos de la cofinanciación de proyectos, son muy diferentes entre los municipios. Entre 1996 y 1999, San Pedro de los Milagros fue el municipio al cual se le transfirieron la mayoría de los recursos, gracias no solamente a su tamaño, sino sobre todo al valor de la tierra, dado el sistema intensivo de ganadería bovina que es dominante en su territorio. Esta elevada transferencia de recursos, se debe también, según Posada et al. (2000), al recaudo eficaz del impuesto predial. Este municipio es también el que cuenta con la calificación más elevada de gestión ambiental municipal en 2000, gracias a la concepción y ejecución de objetivos y acciones realizadas por funcionarios capacitados. En consecuencia, San Pedro de los Milagros ha sido uno de los municipios más beneficiados con los recursos redistribuidos por Corantioquia (gráfico 6).

La influencia de la lógica de proyecto sobre la gobernanza del territorio, se resume por las reglas de organización formales (''ciclo del proyecto'') e informales (medio relacional) entre Corantioquia y los municipios, que legitiman pero también dificultan la escogencia del proyecto. El ''ciclo del proyecto'' legitima la decisión a través de unos criterios técnicos, mientras que el medio relacional la dificulta a raíz del surgimiento de un espacio de ''política burocrática'' (Muller y Surel, 1998). Este espacio es definido por una relación de fuerzas entre los municipios y Corantioquia que engendra desigualdades. De una parte, porque los primeros están subordinados a la segunda, a causa de la falta de medios materiales. De otra parte, porque la capacidad de lobby es muy diferente entre estos municipios. Es por eso que la coerción ejercida por la ''política burocrática'' sobre el decidor, podría materializarse en la exclusión de aquellas entidades territoriales cuyo lobby tiene menos resultados en relación con las otras.

Conclusión

La gobernanza es analizada como un modo de regulación del desarrollo económico que tiene lugar en el entorno regional norte de Medellín. Su principio de subsidiaridad coordinada revela principalmente la coordinación entre Corantioquia y los diez municipios tributarios del Sistema de Páramos Alto Andinos de Antioquia. Se demuestra la existencia de dificultades técnicas y políticas de gobernanza. Las primeras se relacionan con la tensión existente entre el desarrollo económico y la protección ambiental del distrito de manejo integrado. Las segundas conciernen al proceso de institucionalización de las reglas de juego entre actores. Mientras que la tensión entre el desarrollo económico y el medio ambiente hace vulnerable el territorio, la institucionalización tiende a excluir a ciertos municipios de las reglas de juego. Es así como estas dificultades de gobernanza territorial se encadenan, poniendo a prueba el modo de regulación del Sistema de Páramos Alto Andinos de Antioquia. En efecto, los esfuerzos de protección de las coberturas forestales se oponen difícilmente al despliegue de la ganadería bovina y surge una tensión de manera diferenciada en el espacio de los municipios.

Al mismo tiempo que la lógica de proyecto formaliza las relaciones entre la Corporación Autónoma Regional y los municipios, el proceso de institucionalización que de allí se deriva tiende a ser excluyente a raíz de la política burocrática que lo caracteriza. En consecuencia, la gobernanza territorial parece caracterizarse esencialmente por una planificación municipal enmarcada por Corantioquia, con el fin de inscribir proyectos intermunicipales en el seno del distrito como territorio.

Finalmente, el aporte de este trabajo al estudio de la gobernanza territorial radica no solamente en el método de análisis, sino también en el alcance de los resultados. Este trabajo aporta metodológicamente porque logra cuantificar la relación entre gobernanza y territorio de tal manera que los resultados son dinámicos y visibles en mapas. Y, retomando a Ocampo (2003) y a Stiglitz (1998), el aporte en términos de resultados consiste en la construcción de un conocimiento nuevo y útil para la gobernanza del entorno regional de Medellín. Conocimiento que contribuye al fortalecimiento del capital social y natural de esta región del país. Así pues, este trabajo podría dar pie a un estudio más amplio sobre la sostenibilidad del desarrollo económico del Valle de Aburrá en relación con los recursos naturales de todo su entorno regional.

Bibliografía