Editorial

La desindustrialización en Colombia

La participación de la industria colombiana en el PIB tuvo su máximo valor en 1975, cuando alcanzó 23,2 %; posteriormente, en el decenio de los 80 disminuyó a 21,3 %, en promedio, pero, a partir de los noventa, se redujo notoriamente, hasta situarse en 15,1 %. Hoy representa el 11,2 %, es decir, 12 puntos porcentuales por debajo del año de mayor participación.

La reducción en la contribución de la industria al PIB es normal, tanto para países desarrollados como en vías de desarrollo; en los primeros, cuando la misma alcanza niveles del 30 % del PIB, comienza a bajar su peso, y se inicia un crecimiento del sector de servicios, debido a los avances tecnológicos incorporados en este último.

En el caso colombiano, la desindustrialización coincide con el proceso aperturista de los noventa y se agudiza con la adopción de los TLC firmados en el país y por la revaluación del peso.

La apertura económica se inició en marzo de 1990 y, una vez posesionado el presidente Gaviria, se consolidó. La apertura económica no solo se asocia a la liberalización del sector externo, sino a una serie de reformas como la cambiaria, la laboral, la tributaria, entre otras, todas inspiradas en el Consenso de Washington, para, supuestamente, mediante los ajustes macroeconómicos, lograr el crecimiento económico. De hecho, con las reformas se esperaba que el mercado asignara los recursos. En otras palabras, la libre actuación de la oferta y la demanda enviaría señales de eficiencia. De igual manera era necesario eliminar todo aquello que interfiriera en la libre formación del precio de un bien o servicio. De ahí la exigencia de desmontar todo el sistema de incentivos, subsidios, aranceles, etc. Además, comienza a cuestionarse el papel del Estado, que no debe interferir en la actividad económica sino fomentar la seguridad social y ofrecer la infraestructura básica que ayude a elevar la rentabilidad privada.

En el plan de desarrollo La revolución pacífica (1990-1994), de la administración de César Gaviria -quien trasplantó el decálogo del Consenso de Washington a la economía colombiana, tanto en el prólogo, como en la introducción y en el capítulo I-se hace toda una exposición de motivos para enfatizar que el Estado, básicamente, debe garantizar la actividad productiva del sector privado, prestar servicios básicos y dejar a las fuerzas del mercado que asignen los recursos. Esto se puede corroborar con las reformas planteadas, todas dirigidas a flexibilizar y a agilizar el funcionamiento de los mercados, y, de esta forma, contribuir a incrementar la eficiencia en la asignación de los recursos.

En relación con los TLC, se ha vendido la idea de que ofrecen inmejorables condiciones para crecer. Esto es correcto, si se dispone de una buena capacidad productiva, la cual no se construye, solamente, con orientación exportadora. Se necesita una política decidida para crear esta capacidad competitiva, y, además, ofrecer otras condiciones que son determinantes, tales como: una tecnología adecuada y una infraestructura, que contribuyan a elevar la productividad. Se requiere, por lo tanto, lo que algunos llaman, «agenda transversal» que incluya políticas encaminadas a la modernización del aparato productivo, mejorar la calidad y aumentar la cobertura en educación, la modernización del aparato productivo, la ampliación y mantenimiento de la infraestructura física, en especial, las vías, el impulso a sectores competitivos, el mejoramiento de los canales de comercialización, el incremento del presupuesto para ciencia y tecnología, entre otras iniciativas. En algunos de estos frentes, el Gobierno nacional ha realizado ingentes esfuerzos, pero todavía falta mucho por hacer, hasta el punto que ha decidido suspender la suscripción de nuevos tratados y, más bien, concentrar su atención en la política industrial. De todas formas, algunos TLC, sobre todo con los de Estados Unidos, Europa y Corea, tienen deficiencias estructurales, lo que ha llevado a que algunos críticos planteen la necesidad de revisarlos.

Otro elemento que contribuye a la desindustrialización es la revaluación del peso, la cual en los últimos años ha sido considerable, sobre todo a partir del 2003. La apreciación del peso estimula las importaciones y desestimula las exportaciones. Ha sido tan fuerte la revaluación que entidades como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) sostiene que en la desindustrialización colombiana el elemento determinante es el comportamiento de la tasa de cambio. Según esta agremiación, en economías como la colombiana -donde la mayoría de las exportaciones son commodities, tipo enclave-, la participación del sector industrial en la economía tiende a reducirse significativamente, es decir, se presenta lo que se conoce como enfermedad holandesa. La abundancia de divisas por concepto de exportaciones de commodities genera una apreciación cambiaria real y persistente, que reduce la competitividad de los demás bienes y servicios producidos en el país, ocasiona una reducción de las exportaciones industriales y agrícolas, y, por consiguiente, estimula considerablemente las importaciones, lo que conduce al desplazamiento de la producción doméstica por la producción extranjera.

Luis Eudoro Vallejo Zamudio
Director Revista Apuntes del CENES, Tunja, Colombia