ARTÍCULOS ORIGINALES

Violencia y derechos de propiedad: El caso de La Violencia en Colombia

Violence and Property Rights: The Case of La Violencia in Colombia

Manuel Fernández

Documento recibido: 8 de agosto de 2012; versión final aceptada: 14 de noviembre de 2012.

Resumen

La literatura económica que estudia la violencia ha analizado la forma en que un menor desarrollo de los derechos de propiedad puede generar las condiciones para que surjan procesos violentos. Sin embargo, son escasos los estudios que analizan la manera como la violencia, en el largo plazo, puede afectar las estructuras de propiedad en las zonas que han sido afectadas. Este trabajo hace una primera aproximación para establecer una causalidad del efecto de la violencia sobre las tasas de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia en el largo plazo. A partir del estudio de caso de uno de los periodos de violencia más intensa en Colombia en el siglo XX, se encuentra evidencia que los municipios que fueron afectados en este periodo con una probabilidad mayor en 10 puntos porcentuales de tener brotes de violencia tienen tasas de informalidad en la tenencia de la tierra que son superiores en cerca de 2.9 puntos porcentuales (0.15 desviaciones estándar).

Palabras Clave: Instituciones, derechos de propiedad, conflicto armado.

Clasificación JEL: O17, N46, R52.

*Este trabajo se vio beneficiado de los valiosos comentarios de Ana María Ibáñez, Fabio Sánchez, Juan Fernando Vargas, Camilo García-Jimeno, Luis Felipe Sáenz y los revisores anónimos de la Revista Ensayos sobre Política Económica. Sin embargo, todos los errores y omisiones que pueda tener el documento corresponden al autor.

Abstract

Keywords: Institutions, property rights, armed conflict.

JEL Classification: O17, N46, R52.

* This work benefited from the valuable comments of Ana María Ibáñez, Fabio Sánchez, Juan Fernando Vargas, Camilo García- Jimeno, Luis Felipe Sáenz and the anonymous reviewers of the journal Ensayos sobre Política Económica. Nevertheless, all mistakes and omissions are responsability of the author.

INTRODUCCIÓN

Durante el final de la década de los cuarenta y el comienzo de la década de los cincuenta, Colombia experimentó uno de los procesos violentos más intensos en su historia reciente. Los brotes de violencia que procedieron a las elecciones presidenciales de 1946, tomaron una dimensión nacional tras el asesinato del líder político liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. A partir de este evento se inició una etapa que los historiadores han denominado como el período de La Violencia¹. Se estima que entre los años 1948 y 1953 se produjeron cerca de 144,500 muertes a causa de La Violencia (Oquist, 1980)², que representan el 1,2% de la población total en 1951. Sin embargo, los efectos de La Violencia no se limitaron al número de muertos y la destrucción de capital físico, humano y social, sino que también estuvieron acompañados por procesos de desplazamiento de población, expulsiones y expropiaciones de terrenos (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2010). Cerca de 400 mil predios rurales se perdieron o fueron usurpados en las zonas en las que se presentó el conflicto y más de dos millones de personas migraron a causa de este conflicto³.

Los efectos a largo plazo de estas expropiaciones masivas y ventas coaccionadas de predios agrícolas no han sido estudiados por la literatura económica de la violencia. Este trabajo tiene como objetivo empezar a llenar este vacío por medio del análisis de una de las dimensiones que pudo haber sido más afectada por la violencia: las tasas de informalidad en la tenencia de la tierra rural en Colombia. En particular, se busca identificar y cuantificar si existen variaciones en las tasas de informalidad en la tenencia de la propiedad de los predios privados rurales en la actualidad, que se puedan atribuir a los hechos de violencia que experimentaron algunos municipios del país entre los años 1948 y 1953.

Para corregir por la posible relación de doble causalidad entre el estado de los derechos de propiedad y el surgimiento de brotes de violencia, se utiliza la variación exógena de la competencia política en las elecciones municipales a la Cámara de Representantes de 1943, así como las tasas de analfabetismo municipales en 1938 como instrumentos de la violencia partidista. De igual forma, con base en la metodología de mínimos cuadrados en dos etapas, se estima si en los municipios con una mayor probabilidad de tener violencia se reportan mayores tasas de informalidad en la tenencia de la tierra en la actualidad. Los resultados de las estimaciones muestran que los municipios que enfrentan una probabilidad mayor en diez puntos porcentuales de haber tenido brotes de violencia tienen, en promedio, tasas de informalidad en la tenencia de la tierra que son superiores en 2,9 puntos porcentuales (0,15 desviaciones estándar), siendo esta diferencia estadísticamente significativa.

II. VIOLENCIA Y DERECHOS DE PROPIEDAD

Hay un cuerpo creciente en la literatura económica que analiza la importancia de la protección de los derechos de propiedad y sus efectos sobre el desarrollo económico (ver, entre otros, North, 1990; Knack y Keefer, 1995; Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001 y Acemoglu, 2003). Los derechos de propiedad son importantes en la medida en que reducen la incertidumbre en la economía y determinan las posibilidades de utilización de los factores productivos. Ello permite la apropiación de los beneficios generados a partir de su explotación económica y llevar a cabo transacciones, ya sea de ventas o arriendos. Dicha característica es aún más importante cuando se analizan los derechos de propiedad de la tierra en los sectores rurales, ya que la tierra es, en muchas ocasiones, no solo un factor productivo, sino el principal activo con el que cuentan los hogares. La propiedad de la tierra determina las posibilidades para los pobladores rurales de tener acceso a los mercados de crédito como colateral y su capacidad para responder a posibles choques económicos (Deininger y Jin, 2003). Sin derechos de propiedad bien establecidos, los incentivos para la inversión y la adopción de mejoras tecnológicas son bajos y se pueden generar ineficiencias en la distribución de los factores, al dificultar que los mercados operen como intermediarios para la asignación de los recursos (Acemoglu et al., 2004; Galiani y Schargrodsky, 2005; Beseley y Ghatak, 2009).

La contribución de la literatura económica sobre la relación entre violencia y derechos de propiedad se ha concentrado en entender la forma en que la ausencia de derechos de propiedad genera las condiciones para que surjan brotes de violencia. De esta forma, cuando las condiciones institucionales^{4 5} son débiles, los mecanismos de resolución de las disputas sociales pueden resultar en conflictos violentos (Deininger, 2004).

En modelos teóricos, Hirshleifer (1995) ha analizado las disputas para adquirir o mantener recursos durables en contextos en los que no hay una regulación efectiva de las autoridades. La ausencia de regulación hace que los agentes deban usar parte de su esfuerzo, ya sea para apropiarse de los recursos o para protegerlos, de tal manera que, en algunos casos, estos procesos de captura y protección pueden derivar en formas violentas. En este sentido, la ausencia de derechos de propiedad, en lo que se denomina como un estado de anarquía, actúa como un incentivo para el uso de mecanismos violentos debido a la inhabilidad para proteger legalmente los recursos. Beseley y Ghatak (2009) complementan este análisis mostrando cómo el esfuerzo que se debe usar para defender las propiedades implica un costo en la economía en general, pues los recursos disponibles no están siendo usados de manera productiva.

Otros autores han analizado cómo la incapacidad para proteger la propiedad de los bienes de la economía puede incentivar a que se presenten cambios en las normas que regulan la propiedad. Grossman (1994) expone la forma en que las reformas agrarias que impliquen una redistribución de la tierra pueden ser una respuesta óptima de las clases terratenientes, en contextos en los cuáles exista la amenaza de que se presenten expropiaciones ilegales de los terrenos. Cuando hay una alta incertidumbre sobre los derechos de propiedad, las clases terratenientes pueden favorecer procesos de reforma legal que impliquen una redistribución del acceso a la tierra para reducir la probabilidad de perder los predios. La violencia, en este sentido, es un elemento central de las tecnologías de expropiación. Si el uso de la violencia con el fin de generar expropiaciones de terrenos es efectivo, cambios en los marcos legales pueden contar con el apoyo de los sectores que, en principio, se pueden ver más afectados por las reformas⁶.

El estado de los derechos de propiedad también ha sido un elemento de análisis en la literatura económica que estudia el surgimiento de los conflictos violentos y su persistencia en el tiempo. Los análisis económicos sobre las causas del conflicto separan los motivos que provocan el surgimiento de conflictos violentos en dos grupos. Por un lado, hay conflictos que surgen debido a las percepciones de injusticia, desigualdad u opresión política (grievance). Por otro lado, hay conflictos que surgen como oportunidades para los agentes involucrados de obtener beneficios económicos (greed)⁷. Sin embargo, autores como Korf (2005) han argumentado que esta dicotomía en la literatura económica debe ser entendida a partir del marco institucional en que se presenta el conflicto. El autor plantea que en situaciones en las que las instituciones son débiles y los derechos de propiedad no están bien definidos, el conflicto puede surgir por motivaciones económicas con el fin de redistribuir arbitrariamente los recursos. No obstante, estas redistribuciones incrementan las percepciones de injusticia en la sociedad, lo cual a su vez refuerza el conflicto. Ambos tipos de motivación se retroalimentan en la medida que la mala definición de los derechos de propiedad pueda permitir la apropiación ilegal de los bienes en la economía.

La evidencia empírica ha encontrado una relación positiva entre el estado de los derechos de propiedad y las probabilidades del surgimiento de conflictos. En una muestra para más de 100 países, Djankov y Reynal-Querol (2007) encuentran que los países con una protección más sólida contra expropiaciones y una mayor estabilidad en el sistema legal tienen una menor probabilidad de presentar conflictos civiles. Para el caso colombiano, Velásquez (2008) muestra cómo los municipios que tienen mayores tasas de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia tienen, a su vez, mayor probabilidad de presenciar ataques en contra de sus poblaciones, lo que incrementa la intensidad del conflicto.

Sin embargo, la relación entre el estado de los derechos de propiedad y la violencia debe entenderse a partir de una relación de doble causalidad. Mayores niveles de informalidad pueden generar condiciones para el surgimiento de conflictos, pero al mismo tiempo, las disputas violentas pueden afectar los niveles de informalidad de una forma directa, generando así un círculo vicioso. Autores como Gaviria (1998) han mostrado la forma en que los brotes de violencia pueden limitar la capacidad del Estado para hacer valer la ley, situación que reduce las probabilidades de que se presenten castigos e incentivan aún más las actividades ilegales. Así mismo, el autor muestra cómo la violencia puede erosionar las convicciones morales en la sociedad y se incrementa así la predisposición de las personas hacia las actividades ilegales. En ambos casos, la violencia genera una dinámica social en la que el Estado reduce su capacidad de acción en las zonas afectadas, ya sea por encontrarse desbordado o por el cambio en las normas de comportamiento de los individuos. La reducción en la capacidad del Estado, de igual forma, es determinante de las posibilidades del desarrollo institucional y de la protección efectiva de los derechos de propiedad.

Ahora bien, pese a que la relación de doble causalidad es clara, estudios económicos sobre el efecto del conflicto y la violencia sobre la debilidad de los derechos de propiedad son escasos. Si la violencia puede afectar el estado de los derechos de propiedad en el largo plazo, zonas en las que se hayan presentado conflictos violentos deberían reflejar tasas diferenciadas de informalidad en la tenencia de las propiedades. Este estudio busca determinar si esta relación existe, partiendo del análisis de caso del período de La Violencia en Colombia.

III. INFORMALIDAD DE LA TIERRA: ANTECEDENTES AL PERÍODO DE LA VIOLENCIA

La estructura de la propiedad de la tierra que se observa en la actualidad en Colombia puede ser entendida dentro del marco de un proceso histórico que se remonta a las primeras etapas del proceso de colonización en el país. Este trabajo no pretende dar una descripción exhaustiva de este proceso, pero sí identificar algunas de las dinámicas centrales que antecedieron al período de La Violencia y fueron determinantes en la estructura actual de la propiedad en el país.

Los primeros colonizadores en Colombia se asentaron en las regiones donde podían encontrar una mano de obra abundante; es decir, en lugares que eran habitados por los indígenas nativos. Las políticas coloniales españolas otorgaron grandes extensiones de tierra a los colonos, a partir de esquemas institucionales que favorecían y promovían la agricultura a gran escala (LeGrand, 1988; Sokoloff y Engerman, 2000). Antes de la Colonia, los indígenas habitaban zonas dispersas de las tierras altas y las laderas de las cordilleras, de difícil acceso y sin facilidades para la comunicación. El abastecimiento de la demanda de alimentos se daba a partir de mercados regionales suplidos por los resguardos indígenas y las grandes haciendas (LeGrand, 1988). De esta forma, los límites de los asentamientos españoles comenzaban a formar una frontera agrícola que se constituía como el territorio restante de unas islas colonizadas con poca conexión entre ellas mismas.

Para comienzos del siglo XIX, Colombia mantenía muchas fronteras distribuidas a lo largo de las tierras medias y bajas, pero la definición sobre la propiedad formal en los terrenos privados colindantes con la frontera agrícola no era clara⁸. Cerca del 75% del territorio nacional en el año 1850 estaba constituido por tierras de dominio público (LeGrand, 1984). A medida que Colombia se mantenía como una economía cerrada, con una oferta agropecuaria enfocada en los mercados regionales y con posibilidades de expansiones agrícolas a partir de la disponibilidad de terrenos baldíos, las presiones sobre el valor y las disputas sobre la propiedad de la tierra se mantenían al margen. Sin embargo, el boom exportador que se presentó en el país a partir de 1850, provocó las primeras expansiones importantes de la frontera agrícola (LeGrand, 1988; Kalmanovitz, 2002; Sánchez, Vargas y López, 2007a). Con una demanda externa creciente de productos agrícolas, la actividad agropecuaria comenzó a tener un mayor valor y la importancia relativa de la posesión de la tierra se incrementó⁹. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los modelos de utilización de la tierra se modificaron de forma profunda.

La disponibilidad de las tierras para los colonizadores implicaba un problema mayor para los terratenientes en las grandes haciendas, que dependían de la disponibilidad de la mano de obra. Ante la falta de trabajadores, los terratenientes empezaron a entender que para controlar la escasez de la mano de obra debían controlar la posesión de la tierra (LeGrand, 1984).

En el contexto de estos cambios en la estructura productiva del país, la política nacional frente a la titulación de los terrenos baldíos también presentó un proceso de transformación. Después de la independencia de Colombia, entre los años 1820 y 1870, la política de baldíos fue guiada por las necesidades fiscales de un gobierno en quiebra (Pécaut, 2001). El Gobierno Nacional emitía bonos que más adelante eran redimidos a través de la adjudicación de tierras públicas, que no establecían límites al número ni al tamaño de las concesiones otorgadas. Sin embargo, a partir del año 1870, los Liberales Radicales, con la intención de apoyar el desarrollo de pequeños capitalistas, aplicaron una política que favorecía la titulación para aquellos campesinos que hicieran uso productivo de la tierra¹⁰ (Kalmanovitz, 2002; Sánchez et al., 2007a).

Dos condiciones hicieron que esta nueva política sobre la titulación de los terrenos no fuera efectiva. En primer lugar, el Gobierno Nacional no tenía una información clara sobre los límites de los terrenos públicos ni sobre las concesiones que se habían otorgado previamente. En segundo lugar, los costos asociados a los procesos de legalización de los terrenos eran altos, los procesos eran largos y se hacía necesaria una coordinación de las autoridades en los diferentes niveles administrativos (LeGrand, 1988; Sánchez, 2007a). De esta forma, los grandes terratenientes fueron más exitosos en la apropiación de los terrenos que los pequeños colonos, ya fueran tierras baldías o zonas previamente ocupadas por colonos, debido a la influencia política que tenían en las regiones y la posibilidad de asumir los costos del proceso. Mientras que la nueva legislación buscaba proteger a los pequeños campesinos y colonos, los grandes terratenientes aprovecharon la oportunidad para hacer una expropiación de facto de los terrenos. Como lo expone Kalmanovitz (2002), las bases del conflicto estaban sentadas¹¹.

Para 1920, los terrenos baldíos en el Centro y la zona Andina del país se encontraban agotados, mientras que la caída en los precios del café estaba fomentando la migración de población campesina hacia tierras de propiedad privada. Ante la ausencia de mano de obra para el trabajo de las grandes haciendas y la valorización de los terrenos agrícolas, se inició una dinámica de expulsión de aparceros y colonizadores con el fin de convertirlos en trabajadores jornaleros. Las disputas entre colonos, que se encontraban más organizados a comienzos del siglo XX, y terratenientes y empresarios agrícolas se tornaron violentas (Hirschmann, 1964; Oquist, 1980).

La dimensión de los conflictos fue aumentando su intensidad y la aparcería, como forma de relación social económica, se fue debilitando. Los terratenientes expulsaban a los colonos, en ocasiones a través de mecanismos violentos, y buscaban mano de obra jornalera para desarrollar el trabajo en las haciendas. Por otro lado, el Estado, en su incapacidad de resolver los conflictos, fue abriendo nuevos territorios para la colonización. Los incentivos, sin embargo, no habían cambiado. La apertura de los nuevos territorios abría el ciclo de colonización, usurpación de los terrenos y escalamiento de la violencia (Hirschmann, 1964).

En 1926, por primera vez la Corte Suprema de Justicia resolvió los criterios legales para poder diferenciar los terrenos públicos de los terrenos privados. La Corte estipuló que la única prueba válida de propiedad para diferenciar los terrenos públicos de los privados era el título original a partir del cual el Estado había entregado las tierras (Hirschmann, 1964; LeGrand, 1984). Muchos colonos entendían que los dueños de las haciendas no tenían estos títulos originales, ya que las tierras habían sido apropiadas ilegalmente, y pasaron a la ofensiva. De esta forma, en el período entre los años 1928 y 1936 se presentaron las primeras invasiones no indígenas de tierras (LeGrand, 1994).

El Gobierno Nacional intentó dar una solución a los problemas que se estaban presentando en las zonas rurales con la promulgación de la Ley 200 de 1936, conocida como la Ley de Tierras. El propósito de la Ley era conferir seguridad a los ocupantes de tierras cuyos títulos de propiedad eran inciertos, inducir la explotación productiva de la tierra, reglamentar las condiciones de expulsión de los arrendatarios y reducir la cuantía e intensidad de los conflictos en el campo¹² (Hirschmann, 1964; Oquist, 1980).

La Ley era favorable para los colonos que se encontraban en disputas legales por el control de las propiedades. En estos casos, los criterios promulgados por la Corte Suprema en 1926 se mantenían, los terratenientes que reclamaban la tierra tenían que presentar los títulos originales de los predios y debían compensar a los colonos por las mejoras desarrolladas en ellos (LeGrand, 1988). Sin embargo, la mayoría de los predios no se encontraba en disputas formales y los terratenientes carecían de los títulos originales de propiedad. Esta ausencia de un soporte legal sobre la propiedad era el componente que más preocupaba a los terratenientes, ya que abría la posibilidad para que el Estado hiciera expropiaciones de los terrenos y dificultaba el control de la propiedad en el caso en que estuviera ocupada por colonos. En este sentido, la Ley favoreció a las élites terratenientes reduciendo las exigencias para la titulación formal de los predios que no estaban en disputa formal con colonos, al pedir que se demostrara la posesión de los predios durante los últimos treinta años. La Ley eliminaba las condiciones acordadas por la Corte Suprema de Justicia en 1926. Ya no eran necesarios los títulos originales, sino otro tipo de documentos legales mucho más asequibles como testamentos y prueba de ventas. En la práctica, este componente de la Ley compró el apoyo de los grandes terratenientes e implicaba la legalización de las expropiaciones y usurpaciones de terrenos que se habían presentado en el siglo anterior (LeGrand, 1988; Hirschmann, 1964).

Es en medio de estas tensiones que otro tipo de conflictos empezó a manifestarse en el país: las disputas políticas entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. El fin de la hegemonía conservadora en 1930 dio paso a la llegada de gobiernos liberales, algunos de ellos con una abierta política reformista. El cambio de gobierno estuvo acompañado de la renovación de viejas tensiones políticas, tensiones que durante el siglo XIX habían desembocado en ocho guerras civiles generales y catorce guerras civiles locales (Sánchez, 2007). Para las elecciones presidenciales de 1946, el Partido Liberal llegó dividido con sus dos principales candidatos: Jorge Eliecer Gaitán y Gabriel Turbay. Esta división permitió que el candidato por el Partido Conservador, Mariano Ospina Pérez, accediera al poder pese a que su partido había obtenido un menor número de votos en las urnas. La llegada de los conservadores estuvo acompañada de los primeros brotes de violencia. No obstante, fue con el asesinato del líder político liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que un conflicto más generalizado explotó en el país¹³. Aunque no existe un consenso sobre el número de muertos, se estima que entre los años 1948 y 1953 cerca de 144,500 personas (Oquist, 1980); es decir, un 1,2% de la población colombiana en 1951, murió a causa del conflicto.

El proceso de violencia estuvo acompañado por el desplazamiento de la población que huía de las zonas de conflicto, ya fuese por amenazas directas o simplemente escapando de la violencia (Cuadro 1). El desplazamiento de la población obligó al Gobierno Nacional a disponer de nuevas zonas de colonización y a aumentar la adjudicación de terrenos baldíos. LeGrand (1994) muestra cómo las hectáreas anuales de terrenos baldíos adjudicados en los primeros ocho años desde el surgimiento de la violencia aumentaron en más de un cien por ciento frente al período entre los años 1931 y 1945; con lo cual se pasó de un promedio de 60 mil hectáreas por año en los quince años anteriores a La Violencia, a un promedio de 150 mil hectáreas por año entre los años 1946 y 1954. Para el período entre los años 1955 y 1959, las tierras adjudicadas se acercaban a las 375 mil hectáreas por año.

La utilización de la violencia como un medio estratégico para tomar el control de las propiedades en los municipios afectados permite que este período sirva como un caso de estudio para analizar una de las dimensiones que pudieron verse más afectadas por este fenómeno: los niveles de informalidad en la tenencia de la propiedad de los predios rurales.

La expulsión de los campesinos con el fin de apropiarse de sus tierras no ha cesado en Colombia en los últimos años. En las últimas dos décadas, cerca de tres millones de hectáreas fueron abandonadas por los campesinos debido a su desplazamiento por la violencia¹⁵. Parte de estos terrenos permanecen abandonados, pero otra proporción fue usurpada a través de compras forzadas y destierros de los propietarios. Este proceso ha sido caracterizado como una contrarreforma agraria que ha tenido como sus principales artífices los grupos armados al margen de la ley y sectores vinculados al narcotráfico (Reyes, 2009). Entender los efectos que tiene la violencia a largo plazo sobre las estructuras de los derechos de propiedad de la tierra no es sólo un ejercicio histórico y teórico. Los problemas que se presentaron en la década de los cincuenta continúan y el análisis de sus consecuencias se mantiene vigente en la medida en que la historia se sigue repitiendo.

IV. ESTRATEGIA EMPÍRICA

La estrategia empírica de este trabajo busca determinar si el conflicto que se generó durante el período de La Violencia afectó las estructuras de la propiedad rural. En particular, el trabajo identifica si La Violencia influenció en el largo plazo la estructura de los derechos de propiedad en los sectores rurales en la actualidad. La ecuación (1) muestra el modelo explícito a estimar a partir de la metodología de Mínimos Cuadrados en dos Etapas (MC2E).

Donde TInfo2008_i es la tasa de informalidad en la tenencia de los predios privados rurales para el municipio i en el 2008. Violencia48 53_i es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el municipio i experimentó problemas de violencia asociados a los conflictos partidistas entre los años 1948 y 1953 y 0 de lo contrario. OEspañola_i es una variable dicotómica que identifica los municipios que ocuparon los primeros españoles luego de su llegada a Colombia. La variable toma el valor de 1 si existían asentamientos españoles para el período comprendido entre los años 1510 y 1561 en la zona que hoy corresponde a los municipios y 0 de lo contrario. CTierras_i es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si en el municipio i se presentaron conflictos agrarios en las primeras tres décadas del siglo XX y 0 de lo contrario y GeoInst_i corresponde a un vector de variables que busca controlar por las características geográficas y de acceso formal a instituciones relacionadas directamente con la formalización de los terrenos en la actualidad.

Para la construcción de las variables históricas y actuales, fue necesario hacer un ejercicio de revisión de literatura secundaria y de extracción de datos a partir de fuentes oficiales y estudios específicos sobre cada uno de los temas. La construcción de cada una de las variables se explica a continuación.

La variable de tasa de informalidad municipal proviene de las estimaciones realizadas entre los años 2008 y 2009 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el CEDE de la Universidad de los Andes. Esta información es de tipo censal y abarca todos los predios privados rurales cubiertos por el catastro del IGAC. La variable se construye identificando todos los predios que reportaban no tener una matrícula inmobiliaria en cada uno de los municipios. Se asume que los predios que no tienen una matrícula inmobiliaria corresponden a propiedades informales, mientras que los predios para los cuáles existe la matrícula inmobiliaria se toman como propiedades en donde la posesión se encuentra legalizada formalmente. De esta forma, la variable se construye como la relación entre el área total de los predios informales en el municipio i en el 2008, dividido por el área total de los predios reportados en catastro en el mismo año.

La variable Violencia48 53_i se construye con base en la información secundaria proveniente de informes publicados por la Policía Nacional en las primeras seis ediciones de la revista Criminalidad, entre los años 1958 y 1963. En sus diferentes ediciones, la revista lleva a cabo una descripción de los municipios afectados por problemas de violencia relacionados con factores partidistas y los años en los que se presentaron. Si bien sólo es posible construir un indicador dicotómico de violencia a partir de la información disponible, la manera en que se hacen los reportes permite diferenciar el origen de los brotes de violencia, de tal manera que sólo se tienen en cuenta problemas de violencia política y se elimina la violencia que puede surgir por motivos de crimen (Mapa 1 para la distribución geográfica de estos municipios).

Como un control adicional de las condiciones de los derechos de propiedad municipal al momento del surgimiento de La Violencia, el modelo toma en consideración componentes que históricamente han estado relacionados con las estructura de la propiedad rural municipal. El primero de estos componentes hace referencia a la identificación de los municipios que estuvieron en las primeras zonas de frontera agrícola en el país. La variable OEspañola_i identifica los municipios que ocuparon los primeros españoles tras su llegada a Colombia y representan los límites iniciales de la frontera agrícola y los lugares a partir de los cuales se presentó la posterior expansión. La variable se construye a partir del trabajo de Jorge Orlando Melo (1996), en el que se identifican los primeros asentamientos españoles para el período comprendido entre los años 1510 y 1561.

El segundo componente hace referencia explícita a los municipios en los que se presentaron disputas por el control de la propiedad de la tierra entre los colonos y los empresarios agrícolas en la primera mitad del siglo XX. La identificación de estos municipios permite aproximar el estado de los derechos de propiedad en el momento del surgimiento de La Violencia. Con esto, se supone que los municipios sin una definición clara de las delimitaciones de los derechos de propiedad son más proclives a tener disputas por la propiedad de los terrenos. La variable de conflictos de tierras CTierras_i se construye a partir del trabajo elaborado por Catherine LeGrand (1988). LeGrand construye una variable que identifica los municipios en los cuales se presentó resistencia de familias de colonos en contra de las usurpaciones por parte de empresarios y latifundistas en el período entre los años 1901 y 1931. En particular, la variable toma el valor de 1 si al menos cinco familias reportaron tener un conflicto por la propiedad de los terrenos y 0 de lo contrario. La información es recopilada por la autora a partir de los 78 volúmenes de las correspondencias de baldíos en el Archivo Nacional de Colombia.

El modelo también incluye controles geográficos y de acceso a instituciones formales a nivel municipal (GeoInst_i). Este grupo de control incluye la altura de los municipios medida en metros sobre el nivel del mar, el área total medida en kilómetros cuadrados, la distancia de cada uno a las capitales departamentales y un indicador dicotómico construido a partir de la información de la Superintendencia de Notariado y Registro para el 2005, que toma el valor de 1 si hay presencia de Oficinas de Registro en los municipios y 0 de lo contrario.

Estimar el efecto de La Violencia sobre el estado de los derechos de propiedad reviste de dos complicaciones. En primer lugar, la probabilidad de observar brotes de violencia está correlacionada con el estado inicial de los derechos de propiedad. Como se ha discutido, mayores niveles de informalidad pueden ser un factor determinante en el surgimiento de conflictos. En segundo lugar, la probabilidad de observar estos brotes también puede estar correlacionada con factores no observados, que a su vez pueden ser determinantes en el desarrollo institucional y del estado de los derechos de propiedad en la actualidad. La fortaleza de la presencia estatal puede ser un ejemplo de este tipo de variables; municipios con menor presencia y control por parte de las autoridades pueden tener una mayor probabilidad de verse afectados por problemas de violencia, pero al mismo tiempo, la presencia del Estado puede ser determinante de la estructura de propiedad de la tierra en el largo plazo. Otro ejemplo son las diferencias en el capital social en los municipios. Menor capital social puede estar asociado con el surgimiento de problemas de violencia y, al mismo tiempo, una menor organización y escasa participación de los individuos en la sociedad puede llevar a desarrollos institucionales diferenciados. Si no se tienen en cuenta estos factores, se podría subestimar o sobreestimar el efecto de la violencia sobre los derechos de propiedad en el largo plazo.

Dados estos dos elementos, el modelo empírico usa la metodología de variables instrumentales y la estimación en dos etapas. Esta metodología busca separar el componente de la varianza total de la variable de interés (en este caso los municipios en los que se observó brotes de violencia partidista entre los años 1948 y 1953) entre una parte que es endógena y correlacionada con el término del error, de una parte que es exógena y, por consiguiente, no correlacionada con los factores no observados en el modelo. Bajo el supuesto de que esta separación se lleva a cabo de manera correcta, los estimadores finales encontrados serían consistentes y el efecto total observado en la estimación es causal. En la práctica, es necesario encontrar un conjunto de variables (instrumentos) que sea exógeno en el modelo, pero que se encuentren correlacionados con la variable de interés.

En el caso particular de este trabajo, se debe identificar un conjunto de instrumentos que estén correlacionados con la probabilidad que en los municipios se hayan presentado brotes de violencia durante el período de La Violencia, pero que no tengan una relación con los niveles de informalidad en la tenencia de la propiedad privada rural en la actualidad. Dos instrumentos se utilizan en las estimaciones: el primer instrumento mide el nivel de confrontación política que se observó en los municipios en las etapas anteriores al surgimiento de este período. De forma particular, se construye una variable que mide el grado de hegemonía política que tenían los principales partidos políticos a nivel municipal con anterioridad a La Violencia por medio del uso de la información de los resultados electorales municipales para la Cámara de Representantes en el año 1943. Se plantea que a medida que uno de los partidos políticos sea más o menos hegemónico, las disputas políticas pueden tomar caminos institucionales y ser resueltas por las vías legales o pueden desembocar en disputas violentas.

Por otro lado, este trabajo argumenta que la competencia política con anterioridad al período denominado La Violencia es exógena a los niveles de informalidad municipal en la tenencia de los predios rurales en la actualidad. Las políticas sobre titulación de predios han sido formuladas por los Gobiernos Nacionales y no dependen de la distribución del poder político local. Los procesos de expansión de la frontera agrícola se dieron de forma independiente a la afiliación política de los colonos y las disputas que se generaron en este proceso estaban relacionadas con la disponibilidad de mano de obra para el trabajo agrícola, no como una confrontación de miembros de diferentes partidos por el control de la propiedad rural. Así mismo, las dinámicas políticas locales han tenido una transformación desde el período de La Violencia hasta la actualidad. El proceso de repartición del poder durante el Frente Nacional, así como la apertura política después la Constitución de 1991, han transformado las dinámicas políticas locales y nacionales. A diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, los partidos tradicionales han perdido el monopolio del debate político nacional. No se espera, entonces, que los niveles de competencia electoral municipal con anterioridad al período de La Violencia se encuentren correlacionados con el estado de los derechos de propiedad de los predios rurales en la actualidad.

El segundo instrumento que se utiliza para la identificación del modelo es la tasa de alfabetismo de la población en los municipios de estudio en 1938. Existe evidencia en la literatura de que regiones con menores niveles de capital humano enfrentan una mayor probabilidad del surgimiento de violencia y conflicto. Así mismo, evidencia empírica ha mostrado que menores niveles educativos están asociados a una mayor facilidad para los grupos armados de reclutar población (Blattman y Miguel, 2010) y a una menor capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades en la economía regular. En estos casos, la incorporación a grupos violentos es una opción que puede resultar viable (Deininger, 2003). De esta forma, menores niveles de educación en los municipios con anterioridad a La Violencia, reflejados por menores tasas de alfabetismo, estarían correlacionados positivamente con el surgimiento de conflicto¹⁷.

Los niveles educativos, sin embargo, no han sido determinantes de las estructuras de formalidad en la propiedad rural en los municipios de Colombia. Desde comienzo del siglo XX, la financiación de la política educativa en el país dependía de las autoridades Departamentales (especialmente en la educación primaria) y la provisión de útiles y textos provenía del Gobierno Nacional (Ramírez y Téllez, 2006). Los entes municipales no tenían mayor control sobre el desarrollo de las políticas educativas. Así mismo, los procesos de titulación de los predios agrícolas nunca han dependido de las características socioeconómicas de la población y la escolaridad no ha sido un requisito para la formalización de estos. Por otro lado, el panorama educativo en Colombia tuvo su mayor transformación histórica después del período de La Violencia (Ramírez y Téllez, 2006; Iregui, Melo y Ramos, 2006), con los crecimientos más altos del siglo en las tasas de asistencia escolar de primaria y secundaria, incrementos en el gasto público en educación cercanos a dos puntos porcentuales del PIB y aumentos de más de diez puntos porcentuales del porcentaje del presupuesto en educación en relación al presupuesto general en las décadas posteriores a este período (Ramírez y Téllez, 2006). Las diferencias que pudieron existir en los niveles educativos de primaria con anterioridad a la década de los cincuenta, prácticamente desaparecieron gracias a las políticas nacionales. No se espera, por consiguiente, que las tasas de alfabetismo municipales con anterioridad al año 1950 se encuentren correlacionadas con las tasas de informalidad en la propiedad de los predios privados rurales en la actualidad.

La ecuación 2 muestra la especificación de la primera etapa de las estimaciones.

Donde ICE1943_i representa el instrumento del índice de competencia electoral. El índice de competencia política se define como uno menos la diferencia en valor absoluto entre el porcentaje de personas en el municipio que votaron por el candidato liberal y el porcentaje de personas que votaron por el candidato conservador en las elecciones a la Cámara de Representantes de 1943. A medida que uno de los dos grupos tenga un porcentaje alto de la votación en el municipio, se considera que es más hegemónico y el índice se acerca a 0. Si ambos grupos tienen proporciones similares de votos, ninguno de los partidos políticos es hegemónico; por tanto, hay mayor competencia electoral en el municipio y el índice se acerca a 1. La información para la construcción del índice proviene del trabajo de Jorge Mario Eastman (1982) que recopila los resultados electorales municipales entre los años 1930 y 1982.

El segundo instrumento, Alfabetismo1938_i, corresponde a la tasa de alfabetismo municipal en 1938. La variable se construye a partir de la información del primer censo colombiano disponible con anterioridad al período de La Violencia en 1938 y corresponde al porcentaje de personas mayores a siete años que reportan saber leer y escribir sobre el total de personas mayores a siete años en cada uno de los municipios.

Una vez se construyen todas las variables, se cuenta con información para 725 municipios de Colombia. Esta cifra corresponde a un universo inicial de 817 municipios que existían en el país en 1954¹⁸, de los cuáles el censo de 1938 cuenta con información para 771 municipios y las estadísticas electorales para 787 municipios. En conjunto, la información se encuentra disponible para un total de 725 municipios (89% del total de 1954). La creación de nuevos municipios, así como la incorporación de las intendencias y comisarías como departamentos en los cambios posteriores de la división político-administrativa, hacen que el total de municipios con información sea inferior al que se observa actualmente en Colombia (1.120). Es factible que la estructura de la propiedad de la tierra en estas zonas sea diferente a la que tuvieron municipios que se crearon con anterioridad a la década de los cincuenta, pero no es posible hacer una identificación para este período dado que aún no se habían constituido como municipios. Los resultados, de esta forma, deben ser interpretados teniendo en cuenta esta limitación.

Tanto para la variable de conflictos de tierras como para la variable de ocupación española se observan diferencias significativas entre los dos grupos de municipios. Uno de cada tres municipios con violencia (34%) presentó problemas de conflictos de tierras en el período entre los años 1901 a 1931, mientras que este porcentaje es del 19% (quince puntos porcentuales menor) para los municipios sin violencia. En la medida que esta variable captura de manera indirecta el estado de los derechos de propiedad en los municipios, estas diferencias respaldan la idea de un desarrollo institucional menor de los municipios violentos con anterioridad al surgimiento de los choques de violencia.

Un 48% de los municipios sin violencia habían sido parte de las primeras zonas de colonización española, mientras que este porcentaje es de sólo 24% para los municipios con violencia. La diferencia también soporta la idea de que los municipios violentos se concentraron de forma mayoritaria en lo que posteriormente se constituiría como las regiones de expansión de la frontera agrícola, debido, presumiblemente, a la debilidad en la definición y protección de los derechos de propiedad.

La presencia de Oficinas de Registro es mayor para los municipios que presentan violencia en el período en los años 1948 y 1953. El 29% de los municipios con violencia tiene Oficinas de Registro, mientras que sólo el 21% de los municipios sin violencia tiene presencia de estas entidades, esta diferencia es estadísticamente significativa. Por último, los municipios afectados por conflictos durante La Violencia se encuentran en zonas con una altitud menor, están más cerca de las capitales departamentales y tienen, en promedio, áreas considerablemente mayores.

V. RESULTADOS

Las estimaciones de la primera etapa de las regresiones correspondientes a la ecuación (2) se presentan en el Cuadro 4, mientras que los resultados correspondientes a la segunda etapa se presentan en el Cuadro 5¹⁹. Se utilizan diferentes especificaciones de los modelos dependiendo de si incluyen efectos fijos departamentales y controles geográficos y de acceso institucional.

La estimación de la primera etapa corresponde a un modelo de probabilidad lineal, con estimación de errores estándar robustos. Ambos instrumentos son individualmente significativos a niveles tradicionales de confianza y el modelo global presenta un R-cuadrado entre 0,06 y 0,19, dependiendo de la especificación utilizada. Así mismo, el índice de competencia electoral es significativo a un nivel de significancia del diez por ciento para las primeras dos especificaciones, y al cinco por ciento para la especificación en la que se incluyen todos los controles y efectos fijos departamentales. En particular, los resultados de las estimaciones muestran que un aumento de una desviación estándar en el índice de competencia electoral disminuye la probabilidad de observar choques de violencia en los municipios durante el periodo de La Violencia en tres puntos porcentuales. De esta forma, mayor poder hegemónico de uno de los partidos tradicionales en los municipios tiene como resultado mayores probabilidades de observar brotes de violencia política. Así mismo, los resultados respaldan el argumento de que para la consolidación de la democracia es más importante que todos los grupos políticos tengan oportunidad de llegar al poder y que, en la medida en que esto no suceda, las probabilidades de observar disputas por mecanismos no institucionales (la violencia) se incrementan.

En esta primera etapa, la tasa de alfabetismo es significativa al uno por ciento en todas las especificaciones. De esta forma, los resultados muestran que mayores niveles de educación disminuyen la probabilidad de que se presente violencia partidista. En particular, un aumento de cinco puntos porcentuales en las tasas de alfabetismo reduce la probabilidad de que los municipios hayan experimentado choques de violencia en 2,3 puntos porcentuales.

Se realizaron dos pruebas adicionales para determinar tanto la exogeneidad de los instrumentos utilizados, como la endogeneidad de la variable de violencia en el modelo original. La sobreidentificación del modelo (tener mayor número de variables instrumentales que variables endógenas) permite realizar una prueba J de Hansen para identificar si los instrumentos utilizados son válidos (exógenos al modelo). En ninguno de los casos se puede rechazar la hipótesis nula conjunta de que los instrumentos son exógenos (ver Cuadro 5). Además se realizó una prueba de Hausman para determinar si la variable de violencia era, en efecto, endógena. La prueba muestra en cada una de las especificaciones que, como era esperado, la violencia entre los años 1948 y 1953 era endógena en el modelo original.

Los resultados de la segunda etapa de las estimaciones muestran que los municipios que tienen mayor probabilidad de presentar hechos de violencia partidista entre los años 1948 y 1953 tienen tasas de informalidad en la tenencia de la tierra superiores, con un efecto positivo y significativo en cada una de las especificaciones. Para las especificaciones (1) y (2), la variable predicha de probabilidad de observar choques de violencia política es significativa a niveles del uno por ciento, mientras que en la especificación en la que se incluyen todas las variables de control y los efectos fijos departamentales presenta una significancia del cinco por ciento.

Las magnitudes de los efectos estimados varían según la especificación utilizada. Un municipio cuya probabilidad de haber sido afectado por La Violencia sea superior en diez puntos porcentuales, tiene en promedio una tasa de informalidad en la tenencia de la tierra que es superior entre 2,9 puntos porcentuales (modelo 3) y 8,3 puntos porcentuales (modelo 1). Dada una desviación estándar de 0,19 para las tasas de informalidad en la tenencia de la tierra, estos resultados implicarían aumentos entre 0,15 y 0,43 desviaciones estándar adicionales en la informalidad en la tenencia de la tierra para los municipios respectivos. El efecto estimado de La Violencia se reduce a medida que se incluyen los controles en las estimaciones, especialmente cuando se incluyen efectos fijos departamentales. Sin embargo, tanto la dirección del efecto como la significancia del coeficiente son robustos a las diferentes especificaciones.

Se encuentra evidencia, entonces, de que la violencia en el período entre los años 1948 y 1953 tuvo efectos sobre el estado de los derechos de propiedad de la tierra en Colombia en el largo plazo. Dicho efecto se mantiene cuando se tienen en cuenta los problemas de doble causalidad entre el estado de los derechos de propiedad y la probabilidad de surgimiento de brotes de violencia. Los resultados de las estimaciones muestran que los efectos de la violencia se pueden mantener mucho tiempo después de haber cesado. La violencia, de esta forma, puede transformar las estructuras de propiedad. Mientras que la destrucción de capital físico y humano puede tener un efecto transitorio, los cambios en las estructuras de propiedad pueden ser permanentes, lo que refuerza el efecto negativo de la violencia a largo plazo.

Como un ejercicio de robustez, se realizaron tres estimaciones diferentes para probar la consistencia de los resultados. En un primer ejercicio, se estimaron las tres especificaciones, sin tener en cuenta los controles históricos relacionados con las características institucionales previas al surgimiento de La Violencia. Las variables de conflictos de tierras y ocupación española en el momento de la conquista sirven como una aproximación indirecta al estado de los derechos de propiedad en los municipios de estudio, pero su inclusión no debe ser determinante en los resultados presentados con anterioridad. En el Cuadro 6 se puede observar que tanto en la primera como la segunda etapa, las estimaciones son cualitativamente similares a las ya discutidas y que tanto la magnitud como la significancia de las estimaciones se mantiene de forma independiente a su inclusión.

Así mismo, se estimaron los modelos de variables instrumentales para dos muestras diferentes. En un primer ejercicio se estima la ecuación (1) para el conjunto de departamentos que, según el trabajo de Oquist (1980), tuvieron el mayor número de parcelas perdidas a causa de la violencia en el período (Véase el Cuadro 1). Los datos proporcionados por la Compañía Colombiana de Datos muestran que en 12 de los departamentos del país se presentaron cerca del 97% de los reportes de parcelas perdidas a causa de La Violencia. Una vez se restringe la muestra a estos departamentos, el efecto de la violencia sobre los niveles de informalidad aumenta en magnitud y la significancia estadística se mantiene, así como los resultados ya encontrados en términos de la exogeneidad y la relevancia de los instrumentos (Cuadro 7).

Para estos departamentos, el efecto estimado de La Violencia sobre el estado de los derechos de propiedad es más estable que cuando se hace la estimación para la muestra completa. Los efectos varían entre 3,9 y 4,6 puntos porcentuales. Este efecto corresponde a 0,2 y 0,24 desviaciones estándar adicionales en las tasas de informalidad para municipios con una probabilidad de haber sido afectados por la violencia superior en diez puntos porcentuales. Todos los departamentos que se incluyen en este ejercicio tuvieron municipios que fueron afectados por La Violencia en algún punto entre los años 1948 y 1953. Así mismo, estos son los lugares que para este período ya se encontraban constituidos como departamentos (con la excepción de Meta que era una intendencia) dentro de la división político-administrativa de Colombia. La restricción de la muestra a los departamentos afectados puede reflejar condiciones institucionales iniciales más similares que cuando se tienen en cuenta el agregado nacional.

En un tercer ejercicio, se restringió la muestra a los departamentos en los que el conflicto tuvo una mayor intensidad en términos del número de muertos (Cuadro 8). Oquist (1980) muestra que en los departamentos de Antioquia, Viejo Caldas (Caldas, Quindío y Risaralda), Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle, se presentaron aproximadamente el 88% de las muertes en la etapa temprana de La Violencia. De nuevo, se encuentra que los resultados son robustos a estos ejercicios y que cuando se analizan los departamentos más afectados, el efecto de la violencia sobre las tasas de informalidad de la propiedad de los predios privados rurales se incrementa, con efectos estimados que se encuentran en un rango entre 0,20 y 0,37 desviaciones estándar adicionales para los municipios con una probabilidad mayor en diez puntos porcentuales de haber sido afectados durante La Violencia²¹.

VI. CONCLUSIONES

La literatura económica que estudia la violencia ha analizado la forma en que un menor desarrollo de los derechos de propiedad puede generar las condiciones para que surjan procesos violentos. Sin embargo, son escasos los estudios que analizan la manera como la violencia, en el largo plazo, puede afectar las estructuras de propiedad en las zonas que han sido afectadas. Este trabajo hace una primera aproximación para cuantificar el efecto de la violencia sobre las tasas de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia en el largo el plazo. A partir del estudio de caso de uno de los períodos de violencia más intensa en Colombia en el siglo XX, se encuentra evidencia de que los municipios que fueron afectados tienen tasas de informalidad en la tenencia de la tierra que son superiores en cerca de 2,9 puntos porcentuales para municipios con una probabilidad mayor en 10 puntos porcentuales de tener brotes de violencia. Teniendo en cuenta que la tasa de informalidad promedio en el país es del 18%, las diferencias en las tasas de informalidad para los municipios que tuvieron una mayor probabilidad de tener brotes de violencia son altas.

La evidencia encontrada sugiere que los efectos de la violencia se pueden mantener mucho tiempo después que los hechos violentos hayan terminado. En la medida en que las estructuras de propiedad de las zonas afectadas por conflictos violentos se puedan ver transformadas en el transcurso de estos procesos, los efectos negativos de la violencia sobre el desarrollo económico pueden mantenerse en el tiempo a través de canales indirectos. De esta forma, la relación entre violencia y derechos de propiedad puede terminar en un círculo vicioso, donde la mala definición de los derechos de propiedad genera condiciones para que surjan conflictos violentos y que estos conflictos, a su vez, deterioren el estado de los derechos de propiedad.

Las disputas por la propiedad de la tierra en Colombia han estado presentes desde el proceso de colonización de la frontera agrícola a mediados del siglo XIX. La mala definición de los derechos de propiedad de los predios rurales ha desembocado en disputas violentas en diferentes momentos de la historia colombiana. Así mismo, los procesos de reforma que han intentado corregir esta situación no han sido exitosos y este fracaso ha permitido que la violencia siga siendo un instrumento para que algunos sectores de la población busquen hacer apropiaciones masivas de terrenos, aprovechando la mala definición de los derechos de propiedad en las zonas rurales. Esta es una situación que se vivió durante el período de La Violencia y que se mantiene hoy día vigente en las nuevas dinámicas del conflicto colombiano.

1 Algunos historiadores han determinado el año de 1946 como el inicio del período de La Violencia. Para efectos de este trabajo, la fecha del análisis comienza desde 1948, momento a partir del cual se intensifican los conflictos en el país.

2 Las cifras sobre el número de personas muertas a causa de La Violencia es un tema que ha generado un amplio debate. Otros trabajos estiman que el número de muertos es de 134,820 entre los años 1949 y 1958 (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1962), mientras que es común encontrar en las discusiones cifras que se acercan a las 300 mil personas.

3 Estas cifras provienen de los cálculos de la Compañía Colombiana de Datos presentados por Oquist, (1980).

4 Por el término ''instituciones'' se entiende las limitaciones ideadas por el hombre que regulan la interacción humana en la sociedad (North, 1990).

5 Para otros estudios que utilizan los derechos de propiedad como una aproximación al estado de las instituciones ver Libecap, 1978; Alesina, Ozler, Roubini y Swagel, 1992; Kanck y Keefer, 1995 y Deininger y Jin, 2003; entre otros.

6 Como se muestra en la siguiente sección, la percepción de vulnerabilidad por parte de los terratenientes, fruto de los conflictos de tierras en las zonas de expansión de la frontera agrícola colombiana, fue determinante para el proceso de reforma del gobierno de Alfonso López Pumarejo en 1936, el cual marcó uno de los puntos centrales en la legislación de tierras en el país en el siglo XX.

7 Para una discusión sobre esta dicotomía en la literatura económica del conflicto ver Collier, 2002 y Collier y Hoeffler 2007.

8 LeGrand (1988) muestra claramente este fenómeno. ''[...] A comienzos del siglo XIX, nadie sabía exactamente cuáles eran las tierras de propiedad privada y cuáles las de dominio público. Las propiedades privadas en tierras medias y bajas colindaban a veces con baldíos, pero los límites no estaban definidos exactamente. En la época colonial no existían normas para las medidas de la tierra y eran muy pocos los agrimensores competentes. Además, los límites solían establecerse con base en fenómenos no permanentes como árboles, piedras, cauces de arroyos, lomas o linderos de propietarios vecinos. Para aumentar la confusión, muchos títulos coloniales omitían completamente los límites de uno o más lados de la propiedad. El resultado es que pocas eran las personas que supieran exactamente cuánta tierra poseían o cuáles eran sus verdaderos linderos'' (p. 25).

9 Sánchez, Fazzio y López, (2007b) muestra cómo estos cambios se vieron reflejados rápidamente en los precios de las propiedades de la tierra, con aumentos de hasta 200% por fanegada entre los años 1850 y 1900.

11 ''El motor primordial del crecimiento, la economía agrícola exportadora, propició la apropiación en gran escala de la tierra y del trabajo por parte de la elite empresarial a fines del siglo XIX y principios del XX [...] Las concesiones fueron muy concentradas en el primer período [1820-1870] y lo fueron aún más en el comienzo del segundo, con linderos mal establecidos y con una apropiación tan desequilibrada de la tierra, se sentaron los gérmenes de las posteriores disputas por su control'' (Kalmanovitz, 2002, p. 20).

12 A pesar de que la Ley 200 de 1936 es vista, en general, como una medida progresista encaminada a formalizar la propiedad de la tierra, algunos autores han planteado una interpretación diferente. LeGrand (1988) expone que ''[...] la Ley de Tierras de 1936 señaló la determinación del gobierno de asumir un papel más importante en la promoción del desarrollo rural y en la especificación de los derechos legales a la disposición de los grupos sociales en sus relaciones mutuas. Dentro de este marco, sin embargo, se hizo sentir muy fuertemente la influencia de la élite territorial. La ley 200 proponía un compromiso entre los intereses de los colonos y los de los terratenientes favorables enúltima instancia a estos últimos'' (p. 203). Esta asimetría en los posibles efectos de la reforma, derivada en las diferencias de poder de los agentes involucrados, es analizada de una manera diferente por Hirschmann (1964): ''[...] Los intereses latifundistas estaban abundantemente representados en el congreso, lo que hace más sorprendente aún que la ley llegara a aprobarse; sin embargo, habían dos factores que obraban a favor de la ley: primero, la anarquía que reinaba en el campo, y segundo, el temor de los hacendados de perder toda autoridad y derecho sobre sus tierras'' (p. 121).

13 Para un análisis de las causas del surgimiento de la violencia véase: Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1962; Oquist, 1980; Gaitán, 1984; Bushnell, 1996; Pécaut, 2001 y Sánchez y Peñaranda 2007, entre otros.

14 Las declaraciones de uno de los campesinos afectados resume la situación:''Toda la noche lo pasaron haciendo disparos y profiriendo amenazas a las casas y cometiendo toda clase de atropellos. Por esos momentos hubo asesinatos, incendios, lesionados en esa región... Ante la inminencia del atentado, me vi obligado a tener que salir entre los montes, con toda mi familia ... Estos individuos se encargaron de hacernos llegar la noticia: que no permitirían que nadie distinto a ellos fueran las personas que administraran la finca y que cualquiera que fuera sin este requisito sería atacado inmediatamente'' (Guzmán et al., 1962, pp. 66-67).

15 Ministerio de Agricultura (2010). Exposición de motivos al proyecto de ley ''Por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras''.

16 Autores como (Chacón, Robinson y Torvik, 2006) han controvertido esta interpretación argumentando que la posibilidad de observar brotes de violencia política debe ser una función creciente de las probabilidades que puedan tener los grupos en conflicto de alcanzar sus objetivos.

En este sentido, lo importante sería la probabilidad de que esa violencia sea exitosa, que depende directamente del equilibrio de poderes interno en las poblaciones. Bajo esta interpretación, un mayor grado de competencia electoral es el resultado de una distribución más simétrica del poder y de una probabilidad mayor de cada grupo de obtener réditos políticos a partir de una confrontación violenta.

17 Esta situación parece haber sido característica en Colombia durante La Violencia, como lo exponen algunos de los principales líderes políticos de la época ''La insurgencia de presiones brutales, la crueldad que caracterizó a esta época recientísima de nuestra historia, no habría prendido tan fragosamente sobre una nación educada, sobre un país civilizado [...] La insensibilidad que se apoderó de buena parte de las antiguas clases dirigentes ante la tremenda gravedad de la violencia es también otro síntoma de la defectuosa educación, aún en las más altas jerarquías de la dirigencia. Fallaron los sistemas educativos... Ése es un hecho histórico'' (Alberto Lleras Camargo en el Tiempo, citado por Ramírez y Téllez, 2006).

18 Datos extraídos de: www.dane.gov.co Reseña histórica sobre la evolución de la codificación de la división político-administrativa.

20 La prueba de Kleibergen-Paap es una aproximación a la prueba tradicional de Cragg-Donald de debilidad de instrumentos cuando se utilizan errores robustos.

21 Como un ejercicio adicional se hizo la estimación con controles de violencia actual (tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes y presencia de grupos armados en los municipios) e indicadores de presencia de cultivos de coca. Ninguno de los resultados se vio afectado por esta inclusión.

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