El juicio a Rojas Pinilla y la construcción de la memoria colectiva de los años cincuenta en Colombia1
The trial against Rojas Pinilla and the construction of collective memory in 1950's Colombia
O julgamento a Rojas Pinilla e a construção da memória coletiva dos anos cinquenta na Colômbia
Alberto Valencia Gutiérrez2
Universidad del Valle, Cali, Colombia3
albertovalencia2010@gmail.com
1Este artículo resume los resultados de la investigación "Violencia y juicios de responsabilidad política", desarrollada en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, con apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones.
2Sociólogo.
3Profesor Titular, Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. ]]>
Recibido: 15 de abril de 2011 Aceptado: 29 de septiembre de 2011
Resumen
La Violencia en Colombia de los años cincuenta se cerró sin un juicio de responsabilidades, sin reparación a las víctimas y sin un proceso de elaboración del sentido de lo sucedido. Este artículo muestra que el juicio que se siguió al general Rojas Pinilla en el Congreso de la República entre agosto de 1958 y abril de 1959, no solo fue una manera de legitimar el pacto político del Frente Nacional, sino también un espacio privilegiado de confrontación y de discusión de las responsabilidades por lo sucedido y un escenario de elaboración y recreación de la memoria colectiva de aquella época.
Palabras clave: memoria colectiva, juicios políticos, Colombia, conflicto, Violencia años cincuenta.
Abstract
"The Violence" in Colombia in the 1950's was closed without a trial of responsibilities, without reparation to the victims or a process to assimilate the meaning of what had happened. This paper shows that general Rojas Pinilla's trial at the Congress of the Republic between August 1958 and April 1959, was not only a way to confer legitimacy upon the political agreement in the National Front, but also a privileged scenario to challenge and discuss the responsibilities on the events, as well as an arena to build and recreate collective memory at that time.
Keywords: collective memory, political trials, Colombia, conflict, 1950's violence.
Resumo
A Violência na Colômbia dos anos cinquenta foi fechada sem um julgamento de responsabilidades, sem reparação às vítimas e sem um processo de elaboração do sentido do acontecido. Este artigo mostra que o julgamento do general Rojas Pinilla no Congresso da República entre agosto de 1958 e abril de 1959, não foi só uma maneira de legitimar o pacto político da Frente Nacional, mas também um espaço privilegiado de confrontação e de discussão das responsabilidades pelo acontecido e um cenário de elaboração e recriação da memória coletiva daquela época.
]]> Palavras chave: memória coletiva, julgamentos políticos, Colômbia, conflito, violência anos cinquenta.La violencia, la verdad, la justicia y la reparación
Una sociedad que ha pasado por un enfrentamiento con un enemigo externo, que ha tenido una guerra civil o que ha sufrido cualquier otro tipo de conmoción interna, como es el caso de Colombia durante los últimos 65 años, debe de alguna manera, para poder subsistir y permanecer, elaborar un "duelo colectivo" que permita reinterpretar en un nuevo contexto lo sucedido: asignar responsabilidades, reparar a las víctimas, construir representaciones colectivas, darle un mínimo de sentido a los acontecimientos (Ricoeur, 2000, passim). Los conflictos violentos sacuden las bases mínimas de la existencia colectiva de una sociedad y ponen en cuestión la legitimidad del ejercicio del poder, por consiguiente, la recuperación no es de manera alguna sencilla (Rousso, 1992, pp. 9-51). El desarrollo de un proceso de esta naturaleza, tanto en el plano individual como colectivo, está vinculado con el problema de la repetición de los sucesos, ya que de lo que se haga en esos momentos depende muchas veces la posibilidad de que los viejos conflictos no renazcan de nuevo (Freud, 1973, pp. 1683-1688). Después de la Segunda Guerra Mundial se han conocido muchos procesos de reconstrucción social y política en diversos lugares del mundo. En América Latina, después de las dictaduras militares o en el marco de agudos conflictos internos, hemos conocido un sinnúmero de "comisiones de la verdad", como entidades encargadas de llevar a cabo este tipo de tarea (Ceballos, 2009, passim).
Si tomamos como base estas ideas podemos preguntarnos entonces por la manera como Colombia ha solucionado los conflictos de violencia que ha vivido durante los últimos 65 años. En ninguno de los procesos de paz que se han conocido hasta el momento, desde que comenzaron en 1983, hemos tenido restauración y reparación a las víctimas con las características que hemos descrito. La mayor parte de las veces las negociaciones han terminado con el otorgamiento de amnistías y perdones judiciales o de algunos subsidios a los que dejan las armas para emprender labores productivas (García Durán, 1992, pp. 161-167).
No obstante, la pregunta específica que queremos formular es sobre la manera como "se resolvió", en términos "institucionales" y formales, la llamada Violencia (con mayúscula) que vive Colombia entre 1946 y 1965, en lo que se refiere a la responsabilidad política, la construcción de representaciones y de memoria colectiva alrededor del sentido de lo sucedido. Y todo ello a partir del estudio particular del juicio que se le sigue al general Gustavo Rojas Pinilla en el Senado de la República entre agosto de 1958 y abril de 1959. Partimos de la idea de que la violencia que vive este país durante esos años constituye un trasfondo fundamental de las violencias contemporáneas y su estudio nos permite avanzar en la comprensión del presente.
Continuidad y discontinuidad de las "violencias"
Durante las últimas seis décadas, Colombia presenta dos grandes períodos de violencia. El primero, conocido con el nombre de la Violencia, enfrenta a los partidos liberal y conservador entre 1946 y mediados de los años 1960, con un saldo no inferior a los 180.253 muertos de acuerdo con los cálculos mínimos presentados por Paul Oquist (1979, p. 59). El segundo, entre mediados de los años ochenta y el momento actual, presenta tasas de homicidio que se ubican por encima de las 40 muertes por 100.000 habitantes, y alcanza su máximo nivel entre los años 1991 y 1993, con tasas superiores a las 82 muertes por el mismo número de habitantes (Valencia, 1998, p. 23). El "interregno" comprendido entre los dos grandes períodos (1965-1985 aproximadamente) presenta cifras significativamente más bajas, pero sin que eso represente una desaparición del fenómeno violento (Deas & Gaitán, 1996, pp. 209-217). El hecho real y escueto es que a pesar de la disminución de las tasas durante los últimos ocho años, Colombia, un país que no se encuentra en una guerra civil declarada, ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en lo que tiene que ver con el número de muertes violentas (Sánchez, 2007, pp. 17-24).
La Violencia de los años cincuenta no es el resultado de un conflicto central único que dé sentido global a los enfrentamientos, dada la multiplicidad de los intereses en juego, la heterogeneidad de los protagonistas y la diversidad de los conflictos regionales. La lucha no se orienta propiamente a la toma del poder político del Estado, sino, en el mejor de los casos, contra el gobierno. El Estado tiene una débil significación como actor directo del conflicto y las zonas rurales constituyen el escenario privilegiado. En la segunda ola de violencia que despega en los años ochenta aparecen nuevos componentes que no se encontraban en la primera: movimientos guerrilleros orientados a tomarse el poder del Estado por la fuerza, el narcotráfico y el conflicto urbano. El problema que habría que plantear entonces es si existe o no continuidad entre ambos períodos o si nos encontramos ante dos situaciones radicalmente diferentes.
No es el caso, para fines de esta presentación, entrar a discutir con todo detalle esta polémica. En términos generales, se podría considerar que es necesario tener en cuenta al mismo tiempo elementos de continuidad y de discontinuidad (Camacho, 1991, pp. 185-300). Recordemos algunos aspectos que sustentan la continuidad: los grupos guerrilleros de los años sesenta se instalaron inicialmente en las antiguas zonas de violencia; existe una lógica generacional que atraviesa las dimensiones sociales, económicas y políticas del proceso: las historias de vida de muchos de los nuevos actores violentos muestran un antecedente de agresión contra sus familias, hasta tal punto que la violencia que vivimos desde los años cuarenta se podría interpretar en parte como una secuencia de venganzas, muchas de ellas promovidas por los hijos, y sobre todo los nietos, de los primeros protagonistas; las formas de matar son similares, aunque el machete haya sido sustituido por la sierra eléctrica en la violencia actual. La continuidad habría estado favorecida igualmente por el hecho de que a la salida de la Violencia no se estableció un juicio de responsabilidad para identificar y castigar a los culpables, ni un proceso de reparación material o simbólica de las víctimas o de elaboración de su significado en la historia nacional. Como dice el profesor Daniel Pécaut «Colombia paga actualmente un precio por la manera como sus élites pretendieron arreglar el problema de la Violencia de los años cincuenta» (1999, p. 215).
La Violencia de los años cincuenta en Colombia es un periodo de la historia nacional que aparece, en la representación que se ha construido en el país a este respecto, como una especie de interrupción de la trama institucional, que no se integra en términos de continuidad ni con la historia precedente ni con los sucesos posteriores. Algunas de sus características son lo suficientemente complejas como para poder ser asimiladas fácilmente, como es el caso del hecho de que en nombre de dos partidos políticos, que carecían de diferencias claras en términos económicos, sociales o políticos, se haya producido un enfrentamiento de la población, con toda la sevicia y la crueldad que conocemos. Al no existir una elaboración ejemplar de lo sucedido4, que lo integre en una secuencia con sentido, ese pasado sigue estando presente y hace parte de aquellos «pasados que no pasan» (Connan & Rousso, 1974, pp. 13-45). La Violencia es hoy en día uno de los referentes que inspira las violencias contemporáneas5.
]]> El Frente Nacional como pacto de perdón y olvidoLa llamada Violencia de los años cincuenta presenta su punto más alto en el período comprendido entre 1950 y 1953, que corresponde a la presidencia del líder conservador Laureano Gómez, uno de sus principales instigadores durante la segunda mitad de los años cuarenta. Los líderes políticos de los partidos liberal y conservador, preocupados por el desarrollo de un conflicto que se había salido de sus manos, impulsan el 13 de junio de 1953 un "golpe militar" sui generis, ya que cuenta con el apoyo de todos los sectores políticos (salvo los partidarios del presidente derrocado), que lleva al poder a uno de los militares más reconocidos del momento, el general Gustavo Rojas Pinilla, y que significa, sin lugar a dudas, una desaceleración de la violencia y una desarticulación de los factores del conflicto en buena parte del territorio nacional. Poco después, una Asamblea Nacional Constituyente otorga legitimidad al general Rojas como Presidente para el período 1954-1958. Sin embargo, el desprestigio del gobierno, el intento de organizar una tercera fuerza política por fuera de los partidos tradicionales del país (Ayala, 1996, pp. 21-71) y los temores creados por la posibilidad de su permanencia en el poder, obligan al General a renunciar a la presidencia el 10 de mayo de 1957, sin terminar el período. En su lugar, se nombra una Junta Militar de Gobierno, que dirige el país durante quince meses hasta el 7 de agosto de 1958 (Urán, 1983, pp. 120-128).
Ante el fracaso del "golpe militar" como forma de poner fin al enfrentamiento entre liberales y conservadores, las élites políticas establecen el pacto del Frente Nacional, consistente en alternar y compartir el poder entre los partidos con un plazo inicial de doce años, postergado posteriormente a dieciséis. El nuevo acuerdo político partió de un diagnóstico implícito sobre la Violencia de los años cincuenta como resultado de la disputa por el reparto burocrático del Estado y tuvo un éxito cierto, pero relativo, en la terminación del enfrentamiento bipartidista, porque dio lugar a nuevas formas de violencia.
El Frente Nacional fue «un acuerdo para tumbar una dictadura», un «pacto de paz entre los dos partidos» y una propuesta de desarrollo económico (Gutiérrez, 2007, pp. 81-100) pero, igualmente, una amnistía implícita frente a los crímenes cometidos y la responsabilidad de sus gestores y del conjunto de las élites políticas en el inmediato pasado. Y gracias a este aspecto no escrito, uno de los grupos políticos más activos en la promoción de la violencia, el llamado laureanismo, fue precisamente uno de los principales actores políticos de la construcción inicial del Frente Nacional. Muchos de los líderes políticos de la época se convirtieron en actores políticos de primer orden durante los años posteriores (como ministros, candidatos presidenciales, funcionarios, políticos activos), con plena legitimidad y reconocimiento público, a pesar de su pasado conocido como protagonistas de la violencia.
La primera "trasgresión" del pacto político
La gran apuesta de las élites políticas que firmaron el pacto del Frente Nacional a finales de los años 1950, consiste en tratar de superar el inmediato pasado de enfrentamiento violento entre liberales y conservadores, sin atravesar por un juicio de responsabilidad política por lo sucedido o por la creación de un tribunal o una "comisión de la verdad" que permitiera "esclarecer los hechos". El pacto implícito de "perdón y olvido" tuvo sin embargo dos trasgresiones: la primera, de carácter institucional, la Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia, convocada por la Junta Militar de Gobierno, mediante Decreto 0942 del 27 de mayo de 1958; y la segunda, el juicio al general Rojas Pinilla, que se impulsa en el Congreso de la República en el mismo momento en que se inaugura el nuevo pacto político. No obstante, como veremos enseguida, en este segundo caso se trató sobre todo de un "efecto imprevisto" que no estaba en los cálculos de sus promotores, ya que lo que se buscaba fundamentalmente era anular simbólicamente la figura del General ante su regreso al país.
La Comisión investigadora de las causas actuales de la violencia recorrió el país, habló con gentes de todo tipo comprometidas con la Violencia, tuvo una importante función pacificadora porque contribuyó al cese al fuego en algunas regiones, asumió tareas de mediación con las autoridades, propuso la creación de entidades y de medidas orientadas al proceso de pacificación y creó una base documental sobre lo sucedido. Sin embargo, la Comisión tenía la misión explícita de no comprometerse en la búsqueda de responsables, sino de "causas actuales", una denominación que no es otra cosa que un eufemismo: "causas actuales" se opone a "antecedentes" y detrás de esta palabra se puede vislumbrar la noción de responsables. La idea era conocer lo que estaba ocurriendo en el momento mismo en que la Comisión operaba con el objetivo de lograr una pacificación inmediata, sin vincular esos sucesos actuales con sus antecedentes ni con sus responsables (Guzmán et al., 1977, p. 15).
Los archivos documentales producidos por esta Comisión solo se conocieron indirectamente a través de la publicación en 1962 del libro La Violencia en Colombia de Germán Guzmán (et al.), que causó un inmenso revuelo a nivel nacional y fue rechazado por muchos, precisamente porque sacaba a la luz pública una serie de hechos que era preciso olvidar. Las reacciones a la publicación del primer volumen del libro, analizadas por Orlando Fals Borda en el prólogo del segundo volumen (Guzmán et al., 1977, Tomo II, pp. 9-52), son bastante elocuentes con respecto a la poca disponibilidad que existía entre los sectores dirigentes del país a favor de un juicio de responsabilidades por lo ocurrido.
La segunda "trasgresión" del pacto político
La segunda de las "trasgresiones" al Frente Nacional es el juicio político que se le sigue al general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de la República entre el 19 agosto de 1958 y el 3 abril de 1959. El proceso global se puede dividir en dos partes. La primera, comprendida entre el 19 de agosto (día del nombramiento de la Comisión de Acusación por parte de la Cámara de Representantes), y el 22 de enero (día del comienzo de las audiencias públicas en el Senado), hace referencia fundamentalmente a todos los trámites procesales que conducen finalmente a la aceptación por parte del Senado de tres acusaciones puntuales presentadas por la Cámara y al inicio de las audiencias. La segunda parte, comprendida entre el 22 enero y el 3 abril (día de la comunicación de la sentencia al acusado), hace referencia al proceso de juzgamiento propiamente dicho, es decir, al comienzo de las intervenciones del acusador, el defensor, el vocero y el acusado, que da como resultado el veredicto y la sentencia.
]]> Durante la primera parte, el juicio se inscribe claramente en los parámetros en los que las élites políticas que lo promueven quieren inscribirlo. Los cargos contra Rojas Pinilla se van improvisando poco a poco sobre la marcha y los promotores tienen éxito en mantener el proceso dentro de los marcos estrictos de un proceso judicial, con pequeñas excepciones. La intención de los acusadores era impulsar un proceso de carácter constitucional y con implicaciones penales contra un ex presidente acusado de corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento indebido e indignidad en el ejercicio del cargo, como una forma de contrarrestar sus posibilidades de recuperar el poder con base en la convocatoria de sus antiguos arraigos populares y de los apoyos que aún pudiera tener entre sus antiguos compañeros de armas.Pero con el desarrollo del proceso judicial ante la Cámara y el Senado de la República, el juicio se sale de las manos de sus propios promotores y comienza a orientarse hacia propósitos que no son los originalmente diseñados y a producir una serie de "resultados no buscados" que trascienden o sobrepasan las intenciones iniciales y que, en lugar de servir al afianzamiento y a la construcción de la legitimidad del Frente Nacional, trabajan en sentido contrario. El origen de estos "efectos inesperados" no se debe propiamente a la acción de uno u otro de los protagonistas, tomados por separado, sino que es el resultado de su interacción y de la acción recíproca que se desarrolla entre todos ellos (Elias, 1991, p. 106): la Gran Prensa, la opinión pública, los directorios políticos, el gobierno del presidente Lleras Camargo, los protagonistas del juicio, los sectores eclesiásticos y hasta las "damas de la alta sociedad bogotana", que con su presencia contribuyen a convertir el juicio en un espectáculo de postín6.
Ante la imposibilidad de controlar el proceso, la presidencia del Senado a cargo de Edgardo Manotas Wilches comienza a tomar decisiones orientadas a detenerlo, que resultan ampliamente contraproducentes para sus propios intereses, porque ponen en cuestión una vez más la legitimidad del juicio y ofrecen a Rojas y su grupo de defensores la posibilidad de aplazar cada vez más su terminación, de poner en cuestión el procedimiento seguido y, por consiguiente, el valor jurídico de sus resultados. Ante la imposibilidad de Rojas de asistir a la sesión del día 13 de marzo por enfermedad comprobada, se decide continuar las audiencias sin su presencia y, finalmente, dar por terminado el juicio, en contra de las normas procesales. En síntesis, pues, la "trasgresión" del pacto del Frente Nacional fue más el "efecto perverso" (Boudon, 1977, p. 20) de una situación que el resultado de una decisión premeditada.
El juicio a una época de la vida colombiana
El primero de los "efectos inesperados" consiste en que el temario global se sale de las manos de sus promotores y el juicio se convierte en un escenario por excelencia para que se pase revista a un período especialmente crítico de la vida política nacional, visto desde la perspectiva política de sus protagonistas. Las acusaciones contra Rojas repercuten sobre el gobierno de Laureano Gómez, los últimos meses del gobierno de Ospina Pérez y los quince meses de la Junta Militar, y toman la forma de una confrontación entre varias dictaduras. El periódico La República reconoce que, con el avance de las audiencias, bien parece que «[...] los límites del juicio son los de la historia nacional»7.
El juicio se desarrolla en un momento crucial de la vida política colombiana, porque están en juego tres maneras diferentes de descifrar la división social, el estatuto del poder y las formas de su apropiación (Lefort, 1981, pp. 159-176): el imaginario político bipartidista, de exclusión recíproca, que había dado lugar a la Violencia; el imaginario político de unión nacional, de la "dictadura", y el imaginario político de la concordia del Frente Nacional. Los sectores de las élites políticas contrarios a Rojas Pinilla, que habían reaccionado fuertemente en contra de sus intentos de refundar las representaciones políticas con base en una alianza entre el Pueblo y las Fuerzas Armadas, y de crear una nueva fuerza política por encima de los partidos tradicionales, encuentran en el juicio político al General una nueva oportunidad para oponerse al gobierno militar y para salvar a los partidos del atentado que contra ellos este había representado. Los enemigos del Frente Nacional, por su parte, partidarios del libre juego bipartidista, tienen la posibilidad de socavar las bases políticas, simbólicas e ideológicas del pacto entre los partidos.
Se produce así, en el escenario del Congreso y de la Gran Prensa, una lucha simbólica alrededor de ciertos puntos centrales, cuyo sentido debe ser conservado, reinterpretado, olvidado o reprimido. El juicio se convierte entonces en un debate alrededor de lo que representan algunas de las fechas fundamentales de la historia de Colombia reciente (el 13 junio o el 10 mayo); sobre la legitimidad de los gobiernos de Laureano Gómez, Rojas Pinilla y la Junta Militar; o sobre lo que significan ciertas figuras históricas, como Laureano Gómez o el propio General, cuya vida pública y privada se somete a un minucioso escrutinio.
Un ejemplo de esta situación, entre otros posibles, se encuentra en la manera como el juicio abre las puertas para que la figura de Laureano Gómez pase a un primer plano de la discusión. Este dirigente conservador había sido el titular del gobierno durante el período más álgido de la Violencia, cargaba sobre sus hombros con acusaciones concretas sobre su participación en hechos violentos, los liberales lo consideraban como un hombre que había hecho «[...] invivible la República» y «[...] convertido el odio en criterio de la vida política» (Lleras, 1955, p. 211) y las gentes de Colombia lo llamaban "el monstruo" por sus antecedentes. Al convertirse en socio principal del Frente Nacional había que reprimir su pasado y su compromiso con los sucesos anteriores, para que pudiera aparecer como un demócrata convencido, partidario de la paz y de la convivencia.
El juicio, por el contrario, abre una tribuna pública para se ponga en cuestión ampliamente su figura. Sus amigos políticos lo consideraban como «[...] el mandatario más puro de los últimos tiempos», «[...] la conciencia honesta, republicana y patricia de la República» (Senado de la República II, 1960, p. 442). Los enemigos políticos, por el contrario, y el propio Rojas, aprovechan la oportunidad que se les presenta para hacer toda clase de denuncias sobre su gobierno e, incluso, sobre su personalidad. El vocero del defensor lo considera una «[...] monstruosidad moral», poseedor de una «[...] sensibilidad morbosa y pervertida», que lo hacía «[...] recurrir a los medios más crueles y sangrientos para lograr sus ambiciones» (Senado de la República II, 1960, p. 183). El propio Rojas habla de un hombre atrapado en un «[...] odio satánico», lleno de «[...] saña y ferocidad» para perseguir a sus enemigos, hasta el punto de que en el país existía, según su opinión, «[...] un desbordado e incontenible odio contra su persona y su familia» (Senado de la República II, 1960, p. 991). Una discusión de este tipo abre una brecha profunda en el proceso de legitimación del nuevo pacto político, que debía hacer "borrón y cuenta nueva" y olvidar el cruento pasado de sus protagonistas. Una situación similar se presenta con los demás temas mencionados.
El juicio de responsabilidades a la Violencia de los años cincuenta
]]> El segundo de los efectos imprevistos del proceso contra Rojas Pinilla, que va más allá de la intención de sus promotores, consiste precisamente en que se convierte en uno de los pocos espacios en los que se denuncian los hechos atroces de la Violencia y se confrontan las responsabilidades de las élites políticas en su desencadenamiento y desarrollo. Y esto se produce gracias a que Rojas y su grupo de defensores no se limitan simplemente a responder por los cargos puntuales que se presentan contra el General, sino que contextualizan las acusaciones en los sucesos de la época inmediatamente anterior, aun a riesgo de aceptar la acusación de dictadura para su gobierno, como hace el vocero del acusado en su primera intervención (Senado de la República II, 1960, p. 182).Durante el paso del proceso por la Cámara de Representantes el tema de la Violencia aparece de diversas maneras, pero sobre todo en boca del representante conservador José María Nieto Rojas, quien denuncia lo sucedido en los Llanos Orientales y acusa a la Dirección Nacional Liberal de la responsabilidad (Senado de la República III, 1960, pp. 606-611). Durante el paso del proceso por el Senado de la República, quien asume más abiertamente el tema es el vocero de Rojas Pinilla en el juicio, el abogado conservador de la línea de Alzate Avendaño, Daniel Valois Arce, quien también lleva a cabo un recuento de los crímenes y las matanzas y acusa abiertamente de la responsabilidad a Laureano Gómez e, incluso, a su hijo álvaro Gómez Hurtado (Senado de la República II, 1960, p. 183). El acusado, por su parte, a pesar de considerar que «la pacificación del país no se podía alcanzar si se le daba vía a la justicia política» (Senado de la República II, 1960, p. 553) termina por hacer su propia descripción de lo sucedido y de lo que fue su participación en los acontecimientos.
La intención inicial de los acusadores, en contraposición con la de los defensores, consistía en obviar todo lo que tuviera que ver con las irregularidades sucedidas durante este período, y desplazar el juicio de responsabilidades, de unos sucesos importantes y significativos tanto del gobierno de Rojas como de los años inmediatamente anteriores, a unos delitos ordinarios relacionados con el mal uso del poder. Ello para condensar, finalmente, toda la responsabilidad en una sola figura, de tal manera que se pudiera limpiar de responsabilidad a otros actores comprometidos, dar legitimidad al pacto del Frente Nacional y restablecer el predominio bipartidista.
Sin embargo, en contravía con las intenciones iniciales de los promotores del juicio, el acusador ante el Senado durante su primera intervención no se limita simplemente a los cargos puntuales contra el ex Presidente, sino que amplía el inventario de los puntos previstos y lo acusa de manera más amplia de haber ejercido una dictadura. En ese momento sólo de paso menciona el tema de la Violencia, para afirmar que «la situación política de Colombia no tuvo ningún remedio con el acceso a la Presidencia del señor Rojas Pinilla», porque si bien en algunas regiones la violencia se interrumpió, en otras continuó (Senado de la República II, 1960, p. 55). Pero la acusación que había presentado el vocero contra la familia de Laureano Gómez por su participación directa en los enfrentamientos, lo obliga en su segunda intervención a referirse ampliamente al tema de la Violencia para expurgar de culpas tanto a liberales como a conservadores, y para hacer recaer la responsabilidad sobre Rojas Pinilla (Senado de la República II, 1960, pp. 341-406). Como se trataba de desplazar la atención de los años anteriores y de dar legitimidad al nuevo acuerdo político del Frente Nacional, el general Rojas Pinilla, como titular de un gobierno que había pretendido crear una "Tercera Fuerza" contra el bipartidismo tradicional basada en el "binomio Pueblo-Fuerzas Armadas", presentaba condiciones excepcionales para ser "elegido" como responsable.
La polémica por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que recorre de un extremo al otro el juicio político, también constituye un intento de establecer un juicio de responsabilidades a la Violencia, ya que ese hecho aparece en el sentido común de la época como el momento fundador del desencadenamiento de la "barbarie" y, por consiguiente, conocer la responsabilidad del magnicidio es una manera de establecer la responsabilidad por lo ocurrido en los años posteriores. Rojas amenaza desde el principio con revelar detalles sobre los autores intelectuales de la muerte de Gaitán en una estrategia aparentemente instrumental, dilatoria del proceso, pero que termina siendo una forma de explotar la dimensión simbólica del nombre del caudillo asesinado. El vocero de la defensa acusa de "complicidad penal" a Laureano Gómez en los acontecimientos del 9 de abril y a su hijo álvaro de haber tenido contactos con Roa Sierra, el asesino de Gaitán (Senado de la República II, 1960, p. 222). Finalmente, el juicio termina sin que el propio Rojas hiciera ningún tipo de revelación.
El juicio, aparentemente, resultó un fracaso desde el punto de vista de sus promotores por diversos motivos: la fragilidad de los cargos presentados contra Rojas, las innumerables irregularidades procesales presentes durante todo el proceso, la ausencia de una norma constitucional escrita y explícita que autorizara al Congreso para juzgar a un ex-Presidente, la imposibilidad de separar las acusaciones de los cargos contra otros funcionarios, la parcialidad de los jueces (Palacios, 2001, pp. 42-44). Sin embargo, a pesar de su aparente fracaso, el juicio no solo constituye un espacio en el que se discute y se elabora colectivamente el sentido de una época de la vida colombiana, sino también uno de los pocos espacios públicos formales en el que se rompe el silencio sobre la Violencia de los años cincuenta, así la discusión haya estado sesgada por intereses partidistas o sus resultados hayan sido nulos desde el punto de vista de la asignación de responsabilidades o de la reparación a las víctimas. Además, en el juicio se expresa claramente lo que es la mentalidad de las élites políticas del momento con respecto a los sucesos anteriores, en los que estuvieron, en una gran mayoría, enormemente comprometidas.
Las diferentes formas de la memoria
El hecho de que el juicio político contra Rojas Pinilla se haya convertido en el espacio para la discusión del sentido de una época de la vida colombiana y para la asignación de responsabilidades, hace posible que el proceso se convierta igualmente en un lugar para el despliegue de un conjunto de representaciones, que sirven de base a partir de ese momento a la construcción de la memoria colectiva de la época. Por tal motivo, el estudio del juicio constituye un excelente punto de partida para contribuir al desciframiento de la forma como "se resuelve", en términos "institucionales" y formales, la llamada Violencia de los años cincuenta.
La idea que queremos proponer es que el campo de la memoria de aquella época debe entenderse como un escenario de luchas y de disputas y, por consiguiente, no existe una memoria sino varias, que establecen entre sí relaciones de jerarquía, subordinación y encubrimiento (Ayala, 2010, pp. 26-27). A pesar de que existen estudios académicos orientados a sopesar y contextualizar los hechos8, el discurso que se ha impuesto en Colombia sobre la Violencia o sobre la dictadura de Rojas constituye una "vulgata histórica", a mitad de camino entre el relato empírico y la elaboración hecha con base en las reglas de la historia como disciplina (Pécaut, 2003, p. 128) y construida con base en una serie de lugares comunes, que tanto partidarios como opositores del Frente Nacional han contribuido a forjar.
En primer lugar, existe una memoria del conflicto y del enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador, construida en términos de un universo mítico, en la que la Violencia no aparece como resultado de unos actores específicos, que impulsan unas estrategias de terror, con base en una concepción instrumental de la lucha o en defensa de los intereses precisos, sino como una «[...] fuerza impersonal y ciega que siembra la destrucción a su paso», en la que no se pueden diferenciar actores ni protagonistas; una especie de «[...] cataclismo social», que escapa al control de todo el mundo como resultado de la «[...] contraposición entre fuerzas impersonales» (Pécaut, 2001, p. 552). Lo que sucede hoy en día no es otra cosa que la expresión de una historia que se repite. No existe una temporalidad apreciable, sino un "eterno retorno" de lo mismo (Pécaut, 2003, pp. 121-123). De hecho, en la vida cotidiana las gentes se refieren a esta época con la denominación de la Violencia (con mayúscula) y le atribuyen la responsabilidad del desenlace de sus vidas o de sus antepasados inmediatos (Ortiz, 1985, p. 22).
]]> Y, en segundo lugar, existe una memoria de la dictadura que se desdobla a su vez en dos versiones, de acuerdo con los aspectos a los que se les da mayor significación y que se conservan en el recuerdo popular. Por una parte, una "memoria blanca", construida con base en la oposición al Frente Nacional, sobre todo por la Alianza Nacional Popular (Anapo, el partido de Rojas Pinilla), con arraigo en los sectores populares, y que hace énfasis en los aspectos positivos del régimen como los logros en materia de terminación de la violencia como consecuencia de la amnistía, la construcción de obras públicas en todo el país, la eliminación de la "politiquería", las prácticas asistenciales promovidas por la Secretaría de Asistencia Social y Protección Infantil (Sendas), las políticas impulsadas a través del Instituto Nacional de Abastecimientos (ina) orientadas a distribuir artículos de primera necesidad a bajo costo. En esta dirección, Rojas Pinilla aparece en la mentalidad popular de los años 1960 y 1970, al lado de la legendaria figura de Jorge Eliécer Gaitán, como un símbolo más de la frustración de las aspiraciones populares, por causa de unos sectores oligárquicos que monopolizan el poder y excluyen a los "verdaderos representantes del pueblo".Y, por otra parte, una "memoria negra", promovida por el propio Frente Nacional, en cuya construcción desempeña un papel fundamental la Gran Prensa y, en particular, el periódico El Tiempo (Ayala, 2010, pp. 26-27). Esta "memoria negra" hace énfasis en los aspectos negativos del régimen, como es el caso de la muerte de los estudiantes el 8 y el 9 de junio de 1954, la masacre del Circo de Toros el 5 de febrero de 1956, la explosión de los camiones cargados con dinamita en Cali el 7 de agosto de 1956, la censura de prensa que se instaura casi desde el principio del gobierno, la persecución a los opositores políticos, entre muchos otros aspectos. La representación de una "dictadura atroz" se superpone a la trama compleja de las circunstancias del período.
Las características del gobierno de Rojas Pinilla ofrecen un asidero a ambas formas de rememoración de la época. Sin embargo, lo que nos interesa subrayar en este documento es que este tipo de representaciones sobre la Violencia y la dictadura (base para la construcción de la memoria colectiva), que se impone ampliamente en los años sesenta y setenta, se encuentra ya presente en los anales del juicio político contra Rojas Pinilla. Y por este motivo su estudio, aunque no agota el problema, sí constituye un excelente punto de partida.
La construcción de la "memoria negra" de la dictadura
La "memoria negra" de la dictadura se ha elaborado con base en tres componentes. En primer lugar, las evidencias históricas que dan un carácter sui generis a este gobierno pasan a un segundo plano y, por el contrario, este suele ser presentado como una "dictadura atroz", un caso particular en el conjunto general de las dictaduras latinoamericanas del momento. Sin embargo, el primer aspecto que habría que discutir es si el gobierno de Rojas puede ser puesto en el mismo lugar de las dictaduras de la época. Existen argumentos que nos permiten sustentar esta caracterización: la suspensión del libre juego de los poderes públicos; la anulación de la actividad política partidista; la censura de prensa, el control de la información, el cierre de los principales periódicos del país y la creación de órganos oficiales de divulgación; el intento de "refundar la patria" con base en la figura de un dictador y la reinterpretación de la historia nacional a partir de la instauración del 13 junio de 1953 como fiesta nacional; la promoción del caudillo a través de actos fastuosos como el juramento de fidelidad de los militares y del pueblo el 12 y 13 de junio de 1956.
Sin embargo, el gobierno de Rojas también presenta algunos aspectos que lo diferencian del modelo típico de una dictadura: su llegada al poder no es el resultado propiamente de un golpe militar sangriento, sino de la presión de un movimiento de opinión casi unánime de los sectores políticos y sociales del momento, que consideraban su intervención como una necesidad ineludible para hacer frente a la violencia que se había desatado durante el gobierno de Laureano Gómez; durante este período no hay presos políticos ni torturas a un nivel que permitan comparar esta administración con otras similares de la época; no es fácil demostrar claramente la existencia de una responsabilidad directa de un supuesto dictador omnímodo y arbitrario en los hechos graves de su gobierno (citados en el acápite anterior), ya que el análisis detenido de las responsabilidades deja muchas veces la impresión de que se trata de sabotajes bien organizados por redes y círculos que no necesariamente estaban bajo su control (Senado de la República II, 1960, pp. 624-626). Rojas, en lugar de perpetuarse por la fuerza y de convertirse en un verdadero dictador, decide abandonar el gobierno el 10 de mayo de 1957, ante la presión de las élites y de la ciudadanía, reunidas en el Frente Civil creado para derrocarlo.
A pesar de los atenuantes, en la rememoración que se construye de la época el gobierno de Rojas Pinilla aparece como una "dictadura atroz". Los representantes y senadores utilizan las tribunas del Congreso durante el juicio político a Rojas Pinilla para contribuir a la construcción de esta imagen. En la sesión de la Cámara de Representantes del lunes 27 de octubre, por ejemplo, el representante Ramírez Parra y otros copartidarios suyos dicen que la dictadura fue «[...] una secuencia de robos, contrabando, crímenes, donde se cometían delitos contra la integridad personal»; una «[...] especie de tiranía que puso al servicio de una familia el tesoro público» (Senado de la República i, 1960, pp. 235-242). Encontramos observaciones similares en muchos otros lugares.
Pero es sobre todo en la Gran Prensa del momento, que impulsa el juicio político, donde mejor encontramos representada esta construcción selectiva de los aspectos negativos. Según El Tiempo el régimen de la dictadura fue el «más abominable y devastador de cuantos haya habido en la historia de Colombia»9. Según El Espectador, Rojas Pinilla es el peor gobernante de nuestra historia, incluyendo en ella a los más crueles y bárbaros caciques de las razas precolombinas10. Según El Siglo, el General concentró en su persona un poder omnímodo; utilizó el poder en beneficio personal y de sus familiares; consiguió recursos de crédito impresionantes que le permitieron comprar y vender propiedades; se apoyó en la censura de prensa y en el cierre de los periódicos; no tuvo congreso que lo controlara ni llamó a elecciones, y muchos políticos fueron a la cárcel11. La República considera que durante este período el país se encontraba en un abismo, en una profunda "crisis moral y económica", como "obra nefanda" de sus actuaciones como gobernante12. El Colombiano dice que la fe, la confianza, el entusiasmo con que fue recibido por conservadores y liberales se vieron defraudados y se convirtió en la más grande decepción de la historia colombiana, ya que fue "inferior a su misión histórica"13.
La metáfora predilecta para caracterizar lo sucedido durante la dictadura es la expresión del himno nacional "cesó la horrible noche". La forma de causalidad escogida consiste en remitir todos los horrores de la época a la acción de un dictador y cargar sobre sus hombros la responsabilidad de todos los sucesos, excluyendo de paso a otros implicados. Este tipo de representación sirve para hacer pasar a un segundo plano la sevicia y el horror de los crímenes cometidos en nombre de los partidos liberal y conservador. Igualmente, el recurso a la denuncia de los "horrores de la dictadura" permite ocultar lo sucedido durante el gobierno de Laureano Gómez (socio principal del Frente Nacional). El sentido de la época procede entonces de un dictador y no de la trama compleja de las circunstancias históricas en que se inscribe su paso por el gobierno. Una de las principales funciones de esta "memoria negra" es que ha contribuido a impedir la elaboración en el imaginario político de los colombianos de un relato con sentido de los acontecimientos de la Violencia, que vaya más allá de su versión mítica y atemporal.
El segundo de los componentes que conforman la "memoria negra" de la dictadura, nos dice la "vulgata histórica" presente ya en los anales del juicio político contra Rojas Pinilla, tiene que ver con la existencia de una serie de sectores "patrióticos" y "valerosos" que contribuyeron a la caída del "tirano" y prepararon el "feliz advenimiento" del Frente Nacional, como salida de una "atroz dictadura". La leyenda necesita alimentarse de una importante dosis de heroísmo y para ello se requiere exaltar de manera particular las luchas y las hazañas de quienes desde la oposición asumieron riesgos y enfrentaron el régimen. El personaje más representativo de los que participaron en esta conspiración y que interviene en el juicio político contra Rojas Pinilla, es el entonces senador Belisario Betancur, quien se refiere a la dictadura como unos «tiempos arduos», «inverosímilmente azarosos», en los que, «caían, día a día, tronchadas por el propio déspota, aquellas dignidades y personas que osaban levantarse a discrepar de su jactancia». Y una vez pintado ese cuadro de la «horrible noche de la dictadura» presenta entonces la acción heroica de quienes se levantaron antes del 10 de mayo a protestar contra el gobierno. Durante este período las cárceles se llenaban de «conservadores auténticos que protestaban contra los desmanes de la dictadura» y de «rostros juveniles que clamaban por la libertad»14. Betancur se presenta entonces como una expresión de la reacción contra los «sistemas clausurados» el 10 de mayo. La Nación había sido sojuzgada por sistemas tiránicos, «hollada por sistemas degradantes de la libertad», «menoscabada en su dignidad y en sus fueros» (Senado de la República i, 1960, p. 145).
]]> Betancur conformó un grupo llamado "escuadrón suicida", al que el acusador de la Cámara ante el Senado llama un grupo «escaso, doctrinario y apostólico» de «aspirantes al martirio», integrado por los conservadores laureanistas Belisario Betancur, Diego Tovar Concha, Darío Marín Vanegas, Alfredo Araujo Grau, Guillermo Amaya Ramírez y Luis Ignacio Andrade, este último el personaje más representativo del movimiento. También se conformó el grupo Conacción integrado por laureanistas, «campeones de la libertad», según expresión del representante citado. Estos grupos enarbolaron la bandera de la resistencia y posteriormente conformaron el gran movimiento del 10 de mayo que «puso término a todas las iniquidades» (Senado de la República i, 1960, pp. 143-145).El tercero de los componentes que conforman la "memoria negra" de la dictadura, de acuerdo con la "vulgata histórica" presente en el juicio, tiene que ver con la manera como se construye la figura de Rojas Pinilla. Durante los primeros 18 meses de su gobierno, la prensa "eleva a los altares" al General, lo convierte en objeto de culto y de idolatría y lo considera el "Segundo Libertador" de Colombia. A partir del momento en que pretende emanciparse de la tutela de las élites políticas, entre diciembre de 1954 y febrero de 1955, pasa a ser considerado como un "oscuro dictador", que pretende imponer a toda costa su voluntad y favorecer sus intereses económicos. El general Rojas no era propiamente un "estadista de excelsas cualidades" y es un hecho que utilizó su gobierno para ejercer influencias indebidas e, incluso, para enriquecerse y obtener ventajas económicas. Sin embargo, si con el mismo rasero se juzgara a otros personajes de la época, como dice Hamlet, «ninguno escaparía a una paliza». El destino particular de Rojas es que, dadas las características de su gobierno, presentaba una serie de ventajas para ser escogido como "representante de una época" y para depositar en su figura todos los atributos de la arbitrariedad y de la villanía.
Por estas razones, el juicio político se encuentra atravesado por un examen minucioso de la vida de Rojas Pinilla. El desciframiento del poder pasa por el escrutinio de las cualidades de quien lo representa. Pocos protagonistas de la historia colombiana han sido objeto de una revisión tan minuciosa de su vida privada: sus gustos, sus antecedentes, sus rendimientos escolares, el origen de sus medios de subsistencia e, incluso, los rasgos de su carácter, se convierten en objeto de discusión. El General es presentado por sus detractores como un negociante mezquino que convirtió el palacio de San Carlos en un centro de negocios en beneficio de su familia y de sus amigos. Se le atribuyen una serie de comportamientos ilícitos, la responsabilidad de asesinatos y de atropellos de toda clase y la posesión de una inmensa fortuna. El acusador de la Cámara de Representantes ante el Senado introduce desde el primer momento de su intervención una referencia crítica a las cualidades personales de Rojas (Senado de la República II, 1961, pp. 102-105) que obliga al propio General a ocupar una buena parte de su intervención en hacer una defensa de sí mismo y de sus condiciones profesionales y morales (Senado de la República II, 1961, pp. 486-496). La Gran Prensa, por su parte, hace eco a esta manera de denigrar de su figura.
Las cualidades personales de Rojas Pinilla se convierten, pues, en el símbolo de una época de la vida colombiana, en una clara transmutación de valores, que permite ocultar el sentido de los acontecimientos y los procesos económicos, sociales y políticos que se encuentran en el trasfondo y desplazar el problema a la crítica de los vicios del gobernante. Independientemente de la veracidad de las denuncias, el General fue tomado como una especie de "chivo expiatorio", destinado al sacrificio, en un juicio político en el que se busca aniquilar y anular el significado simbólico de su figura, para otorgar una nueva significación a unos sucesos cuyo sentido real era necesario reprimir y olvidar, y para eludir la responsabilidad en los acontecimientos del momento. Los años cincuenta no son solo la época de una "atroz dictadura", sino una época con nombre propio.
El juicio político a Rojas Pinilla, en un sentido similar pero inverso a la "desestalinización" que hizo el xx Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956 (Lefort, 1979, passim), lleva a cabo una especie de "rojaspinillización" de la época, para impregnar todo lo sucedido con sus cualidades personales y condensar en una figura, a la que se considera mezquina y despreciable, todos los horrores, de tal manera que los demás quedaran por fuera de cualquier tipo de impugnación y pudieran seguir participando en la vida política del país, con altivez y dignidad. Con un claro sentido religioso, una sola persona debía cargar con todos los "pecados" y tenía que ser sacrificada en el "altar de la patria", representado por el recinto del Senado de la República y con base en el ritual de un juicio solemne, para redimir con su castigo a la sociedad en su conjunto, que recuperaba con esta expiación el verdadero sentido de su historia, perdido en la Violencia. La personalización del poder y la personalización de la época sirven de base para la construcción de la memoria colectiva, en sus dos versiones.
Las ventajas de la "memoria negra" de la dictadura
La memoria de la Violencia de los años 1950, de acuerdo con la tipificación elaborada por Todorov (2000, pp. 11-60) presenta todas las características de lo que se puede llamar una "memoria literal", en la medida en que la singularidad del proceso sigue intacta en la rememoración que de ella se hace, dado que carece de una temporalidad precisable y no se presta a un proceso de elaboración simbólica. La "memoria negra" de la dictadura, por el contrario, a pesar de la extrema simplificación con que se elabora aparece bajo la forma de una "memoria ejemplar" en la medida en que permite identificar actores y temporalidades: hay un culpable que se puede identificar (el general Rojas), una periodización precisa que se puede establecer (13 de junio de 1953 a 10 de mayo de 1957), unos adversarios definidos y con nombre propio (el Frente Civil, el Escuadrón Suicida). Además, la dictadura aparece como un caso particular de una situación que rige al mismo tiempo en otros países de América Latina y su terminación es considerada como la liberación de una situación excepcional, sin precedentes y sin posibilidades de repetición en el futuro, después de asimilada la lección de lo que no debía haber ocurrido (Szulc, 1959, p. 3). La historia de Colombia puede entonces ser reinterpretada a partir de un antes y un después de la dictadura y el Frente Nacional, al ser considerado como la salida y la liberación de ese "pasado oprobioso", adquiere una nueva legitimidad.
Cada vez que se celebra una conmemoración de la caída del general Rojas los periódicos nacionales reproducen la leyenda en términos similares. Esto es lo que aparece, por ejemplo, en El Tiempo, el principal periódico nacional, con motivo de los 50 años de la caída de la dictadura. El editorialista considera «que los casi cuatro años en los que Rojas Pinilla gobernó al país [constituyen] una de las etapas de mayor frustración en la historia contemporánea de Colombia», marcada por grandes errores políticos y por las «arbitrariedades de la dictadura». Estas últimas explicarían por qué los líderes políticos liberales y conservadores, con Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez a la cabeza, se unieron para luchar contra el régimen militar y para fundar el Frente Nacional. Y esas arbitrariedades explicarían también por qué el espíritu bipartidista logró prolongarse a pesar de la confrontación entre los partidos y por qué nunca ha sido posible otra «dictadura militar como la que terminó hace cincuenta años». En otros términos, «el acontecimiento fundador de la historia política colombiana después de los años 1960 sería la dictadura de Rojas y no la violencia que vivió el país durante aquella época» (Valencia, 2011, pp. 465-466).
En síntesis se podría afirmar, entonces, que Colombia, ante la ausencia de un juicio de responsabilidades por lo sucedido durante los años de la Violencia, y ante la imposibilidad de elaborar su sentido, ha vivido una situación de conflicto sin solución de continuidad desde el segundo semestre de 1946 hasta el presente, a pesar de los nuevos componentes que encontramos en los últimos treinta años. El estudio del juicio político contra rojas Pinilla, aunque no agota la investigación sobre el tema, se convierte en un punto de referencia fundamental y en una especie de "eslabón perdido" para dilucidar la precaria forma como "se solucionó" la violencia de aquellos años. El objetivo de este trabajo ha sido integrar a la investigación sociológica e historiográfica un objeto de estudio que había sido descuidado y olvidado.
Pie de Página
4Asumimos a lo largo de este trabajo la diferencia establecida por Tzvetan Todorov entre una "memoria literal", que sigue presa en la singularidad de un fenómeno pasado y una "memoria ejemplar", que incluye esa singularidad en una generalidad, lo compara con otros sucesos y lleva a cabo una elaboración simbólica de lo sucedido (2001, pp. 11-60). ]]> 5Por razones de espacio no podemos llevar a cabo un balance minucioso de la historiografía de la Violencia de los años cincuenta en Colombia, pero remitimos al lector a dos de los lugares donde esto se ha hecho (Ortiz, 1994, pp. 371-423; Sánchez, 2007, pp. 11-30).Referencias
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