Mujeres, verdad, justicia y reparación en Colombia¹

Women, truth, justice and reparation in Colombia

Mulheres, verdade, justiça e reparação na Colômbia

María Eugenia Ibarra Melo²
Universidad del Valle, Cali, Colombia³
maria.ibarra@correounivalle.edu.co

¹Este artículo se desprende de la investigación " Acciones colectivas de las mujeres por la paz, la verdad, la justicia y la reparación", realizada entre el 2009 y 2010 en el grupo Acción colectiva y cambio social del Departamento de Ciencias Sociales, y financiada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle.
²Socióloga, Universidad del Valle. Magíster en Investigación, gestión y desarrollo local, y Doctora en Sociología; Universidad Complutense de Madrid.
³Docente-Investigadora, Departamento de Ciencias Sociales. Directora Programa de Sociología. Integrante del grupo de investigación Acción colectiva y cambio social, acaso. ]]>

Recibido: 13 de febrero de 2011 Aceptado: 11 de agosto de 2011

Resumen

Este artículo presenta un recuento de las principales acciones colectivas que desarrollan dos redes de mujeres en Colombia: La Ruta Pacífica y la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, durante el proceso de justicia transicional y de implementación de la Ley de Justicia y Paz (2004-2009). A partir de la perspectiva sociológica del proceso político y la categoría de género se analiza cómo las ideologías de género dan forma a nuevas formas de movilización que afectan los discursos, los objetivos y los repertorios de quienes reivindican identidades y defienden los derechos humanos. La principal conclusión es que la influencia feminista en el reclamo por redistribución y reconocimiento, para las víctimas del conflicto armado, ha propiciado acciones colectivas que empiezan a modificar la relación de estas con el Estado. Lo que se comprueba en los logros jurídicos que han obtenido y en el reconocimiento social que adquieren las víctimas como actor social.

Palabras clave: mujeres, acción colectiva, verdad, justicia, reparación.

Abstract

This paper account for the main collective actions undertaken by two women networks in Colombia: Women's Peace Route and the Colombian Women Initiative for Peace, during transition justice process and the implementation of the Justice and Peace Law (2004-2009). From a sociological approach to the political process and the gender category, this paper discusses how gender ideologies inform new ways of mobilization affecting discourses, purposes and repertoires of those claiming identities and defending human rights. The main conclusion here is that the feminist influence in redistribution and acknowledgement claims for victims from the armed conflict have encouraged collective actions that begin to modify their relationship to the State. This is proved by their achievements at Court and social acknowledgement victims have gained as social actors.

Keywords: Women, collective action, truth, justice, reparation.

Resumo

Este artigo apresenta uma retrospectiva das principais ações coletivas desenvolvidas por duas redes de mulheres na Colômbia: A Rota Pacífica e a Iniciativa de Mulheres Colombianas pela Paz, durante o processo de justiça transicional e de implementação da Lei de Justiça e Paz (2004-2009). A partir da perspectiva sociológica do processo político e a categoria de gênero se analisa como as ideologias de gênero dão forma a novas maneiras de mobilização que afetam os discursos, os objetivos e os repertórios dos que reivindicam identidades e defendem os direitos humanos. A principal conclusão é que a influência feminista na reivindicação pela redistribuição e reconhecimento, para as vítimas do conflito armado, tem propiciado ações coletivas que começam a modificar a relação destas com o Estado. O que se comprova nos êxitos jurídicos obtidos e no reconhecimento social que adquirem as vítimas como ator social.

Introducción

Desde la estructuración del moderno movimiento feminista, ha sido muy importante la formulación del marco jurídico de los derechos humanos -ddhh-, consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo facultativo de 1966. Las mujeres emprenden un activismo transnacional para la redefinición de los derechos y las relaciones de género en esa normatividad y logran que las Naciones Unidas -onu- promuevan el decenio de las mujeres (1975-1985)⁴, que contribuye a ampliar su participación política y cultural (Maier & Lebón, 2005). En estas conferencias, el movimiento social aprovecha la estructura de oportunidad política para aumentar sus bases de apoyo y transformar la agenda internacional. Pero, a pesar de ese activismo para incluir la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres en la agenda de los ddhh, estas cuestiones solo se debaten en la Conferencia de Derechos Humanos de Viena. En esta, sus líderes reclaman cargos en la onu, además de voz y presencia en la formulación normativa; un logro que se concreta en las conferencias sobre educación, ambiente, desarrollo y población. Allí la equidad de género es clave para la definición del desarrollo en el Tercer Mundo.

En Beijing, 1995, se da a conocer, a escala planetaria, el alcance político de las demandas femeninas. Desde la preparación para la iv Conferencia mundial Acción para la igualdad, el desarrollo y la paz, las mujeres se movilizan por la equidad de género y plasman sus demandas en la Plataforma para la Acción, que describe los problemas asociados a las desigualdades de género, las causas de la subordinación y los objetivos para el logro de la igualdad. La legitimidad que adquiere este evento influyó en la formulación de políticas públicas. Después de esta cumbre, las feministas evalúan las consecuencias de la dominación masculina y los avances en materia de derechos. Desde la crítica a la dicotomía público/privado, redefinen los derechos civiles, políticos, económicos y culturales y las políticas para evitar la discriminación y erradicar la violencia contra las mujeres (Beltrán, 2001; Maquieira, 2006); presionan al Estado y a los Organismos Internacionales para crear mecanismos legales más efectivos⁵.

La Plataforma fue el primer documento político que vinculó los asuntos de género y la construcción de la paz y que asoció el logro de la paz con el avance de la mujer (Rojas, 2002). Esta conexión se refuerza en la Conferencia del Llamamiento de la Haya por la Paz (1999), organizada por civiles, gobiernos y organismos internacionales para discutir la agenda de las mujeres por la paz, que identifica como áreas prioritarias su relación con la construcción de la paz, el conflicto armado y la toma de decisiones. Para ejercer incidencia política se crearon grupos locales y redes internacionales, que no siempre reivindicaban ciudadanía plena ni igualdad de derechos. Sin embargo, esta presión permite un avance sostenido de la participación femenina en una amplia gama de experiencias políticas, incluidos los levantamientos revolucionarios, regímenes fascistas y populistas, grupos islámicos y otros movimientos sociales. Al tiempo, se incrementa su vinculación a procesos políticos liberales, sin que su ingreso a lo público elimine los obstáculos para acceder al poder político. Por ello, la participación política de las mujeres, en condiciones de igualdad, todavía es marginal (Molineux, 2003).

Tal como plantea Tarrow (2005), la difusión y la recepción de los derechos constituyen un elemento esencial para incrementar el ímpetu de la movilización contemporánea. Citando a Smith (2004), dice que el activismo doméstico recibe un fuerte impacto del trasnacional y que la defensa de los ddhh sigue siendo la principal motivación para la constitución de diversos grupos. Para el caso colombiano, se destaca el crecimiento de organizaciones de mujeres que los promueven y que serán el sujeto de esta investigación. Aquí se interroga por la participación de las víctimas en el proceso de justicia transicional, que se inicia con el debate de la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz⁶, la cual proporciona el marco jurídico para el desarme, la desmovilización y la reintegración -ddr-, de las Autodefensas Unidas de Colombia -auc-. Se trata de contribuir a la comprensión del proceso político, a través de caracterizar las acciones colectivas de la Ruta Pacífica y la Iniciativa Colombiana de Mujeres por la Paz -imp-, que reivindican la verdad, la justicia, la reparación y la paz, y analizar sus principales logros políticos.

Este seguimiento se inicia a partir de 2003 cuando el Gobierno presenta el proyecto de alternatividad penal al Congreso, entendido por las víctimas como una Ley de perdón y olvido. Este hecho contribuye a la movilización de defensores de ddhh, de organizaciones sociales, que se oponen a una legislación que a su juicio vulnera los ddhh de las víctimas y favorece a los victimarios. De las dos alianzas que interesan en este estudio, la Ruta Pacífica se opone al proceso Gobierno-auc, al que no le concedía estatus político, e hizo exigencias para que se incluyera a las guerrillas en la negociación política. Mientras que imp considera que este proceso es una oportunidad política para participar en los acuerdos de paz, incorporando la perspectiva de género, tal como lo reglamenta la Resolución 1325 de la onu⁷.

Para abordar este problema de investigación se utiliza la perspectiva teórica del proceso político y la polémica categoría de género. La acción colectiva se entiende como la actuación que surge de la interacción estratégica de los actores, que busca un objetivo, se basa en cálculos políticos y en la cual hay un proceso de construcción de la identidad política (Olzac, 2006). De tal forma que no se trata sólo de recursos que se usan estratégicamente, sino que hay aspectos culturales involucrados en estas dinámicas (Melluci, 1994; Tarrow, 2004; Tilly, 2010; Touraine, 1987). En la caracterización de sus acciones son importantes la motivación, los repertorios, la identificación del contradictor y la estructura de oportunidad política que permite la movilización.

La perspectiva de género contribuye a esclarecer la particularidad del activismo femenino y su conformación como un sujeto político, que rechaza la posición devaluada de las mujeres a quienes se trivializa y cosifica sexualmente. Esta valoración contribuye a desnaturalizar la violencia y la subordinación femenina y a propiciar el reconocimiento de su diferencia, un trabajo que implica la constitución de una identidad de resistencia, que se opone a la identidad legitimadora (Castells, 1998); una identidad que sin ser feminista, redefine las relaciones de género y amplía la interpretación del concepto de ddhh, al reconocer que la cultura (estereotipos, hábitos, normas y tradición) limita jurídica, política y económicamente a las mujeres. Desde esta perspectiva es posible diferenciar a las mujeres como un actor social y las formas en que el género se construye en los procesos políticos y culturales. Por ello, la revisión de sus acciones colectivas permite establecer que las ideologías de género dan forma a nuevos movimientos sociales y afectan los discursos, objetivos, tácticas y los resultados que esperan quienes se movilizan.

Este artículo es parte de los resultados de una investigación financiada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, en la cual se utilizó el archivo de prensa On base del Cinep. Un sistema de información que permite clasificar, analizar y hacer seguimiento al conflicto social colombiano. En total se exploraron 860 noticias, que reportaban 66 acciones colectivas en el período 2004-2009. Luego se aplicó una ficha de registro a cada noticia. La información de los medios impresos se contrastó con la que producen las dos organizaciones, y que difunden a través de informes, boletines y comunicados⁸ disponibles en sus páginas web. Con este material se reconstruyen las acciones colectivas en las que participaron, se describe la estructura de oportunidad política que las posibilitan y se analiza por qué constituyen un logro político. Este es un análisis documental basado en la revisión del contenido de las fuentes secundarias.

La Ruta Pacífica surge en 1996 para manifestarse en contra de la guerra y a favor de la paz. En su conformación inicial participan feministas, sindicalistas y académicas, pero rápidamente se integran al activismo por la paz las víctimas del conflicto (desplazadas, madres y familiares de desaparecidos y secuestrados) y otras mujeres con características particulares de procedencia, formación, religión, preferencia sexual, condición socioeconómica, pertenencia étnica, estado civil, ideología política y edad. Hoy son una reconocida red de mujeres feministas que cuenta con sedes en nueve departamentos del país y que promueve coloridas manifestaciones en contra de la guerra en Colombia. En 2002, en la coyuntura político electoral y de negociación con las farc, surge la imp, con el objetivo de ampliar la participación femenina en los procesos de negociación del conflicto armado y de disminuir los efectos de este en la vida de las mujeres. A diferencia de la Ruta Pacífica, en imp la influencia del sindicalismo es mayor que la del feminismo, lo que les ha permitido tener más incidencia política, pues los intereses políticos tienen mayor importancia en esta red que cada vez amplía más su influencia en las regiones.

Los antecedentes de participación, descritos en la primera parte⁹, les permiten a estas redes contar con un amplio marco jurídico para defender los ddhh y denunciar las infracciones al dih¹⁰ y la violencia contra las mujeres. Del mismo modo, esos desarrollos jurídicos apoyan su constitución como sujetos políticos. Hoy sus acciones colectivas se concentran en los procesos de negociación política del conflicto; en solicitar verdad, justicia y reparación para las víctimas, y en reclamar garantías de no repetición de los hechos violentos, que impidieron el desarrollo humano¹¹. Sus denuncias se acompañan con propuestas al Estado para que atienda sus solicitudes y valide sus iniciativas de paz para profundizar la democracia y el desarrollo local.

Tal como plantean Downton y Wehr (1997), estas redes ofrecen un mecanismo de vínculo social a las activistas y ayudan a construir una realidad compartida por medio de un discurso común, un consenso en torno a los problemas, una visión compartida del cambio y del futuro y unas estrategias para la acción. Así mismo, April Carter reconoce que las campañas por la paz tienen una deuda con el feminismo, porque este acerca a las mujeres a la política radical y abre el debate sobre la dominación, tanto en la vida privada como en la pública. La experiencia de activismo vinculado a la liberación femenina popularizó los modos informales de organización y la teoría y la práctica feminista rechazaron la confrontación violenta y fortalecieron una cultura de protesta noviolenta apropiada a la actividad por la paz (Carter, 1992, p. 109).

Tanto la Ruta Pacífica como la imp se identifican con los planteamientos feministas, aunque ese discurso no es determinante en la conformación de los grupos de base. Ambas trabajan en la constitución de una identidad femenina que se reconoce excluida (Ibarra, 2007, 2008), sin dejar de apoyar las luchas por necesidades prácticas y, por supuesto, las que se organizan para trasformar las formas prevalecientes de la subordinación femenina, es decir, por intereses estratégicos, de acuerdo con la diferencia introducida por Molineux (1987) para referirse a estas categorías.

Desde la elección del presidente álvaro Uribe, en 2002, junto con la Red Nacional de Mujeres, la Mesa Nacional de Concertación y la Organización Femenina Popular -ofp- se oponen a su determinación de incrementar las acciones de la Fuerza pública, para debilitar a los grupos armados irregulares y someterlos a la justicia, sin actuar sobre las causas estructurales que generaron el conflicto armado en Colombia. Por lo tanto, rechazan la militarización de la política y la imposición de la lógica de la guerra en su tramitación. Exigen incorporar otras dimensiones a la solución política del conflicto armado, apelando a argumentos históricos, políticos, culturales y éticos. Para ellas, desde el punto de vista histórico, ningún gobierno ha tenido éxito con esta opción y no existe certeza para que ahora ocurra lo contrario. En términos políticos, la experiencia internacional demuestra que el acuerdo con actores irregulares fortalece el sistema democrático, al permitirles su participación en la contienda política, sin tener que eliminar líderes y activistas. Desde criterios culturales, el predominio de la cultura bélica en la tramitación de los conflictos invalida la promoción de valores que permitan una paz duradera. Por último, apelando a la ética, consideran que la violencia es innecesaria y, por lo tanto, el Estado debe evitar la muerte de más colombianos. Con este discurso, convocan a otros sectores y organizaciones a evitar la violencia y presionar una salida negociada al conflicto armado. A continuación se realiza una descripción de las acciones colectivas de estas dos redes, durante la discusión del proyecto de Ley de Justicia y Paz y las que realizan después de su promulgación.

Movilización antes de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz.

Como se puede observar en la Tabla No. 1, las acciones colectivas de imp y la Ruta Pacífica son diversas e involucran a las instituciones, a los oi y a otros defensores de ddhh en el debate sobre los desafíos que enfrenta el país para la aplicación de los estándares internacionales de derechos. En las acciones educativas se discute en torno a la construcción de alternativas de paz; los militarismos, fundamentalismos, nacionalismos y terrorismos, que justifican las guerras actuales; los costos de la guerra y su incidencia en la feminización de la pobreza y la guerra como deslegitimadora del avance de la democracia y su incidencia en la ciudadanía de las mujeres.

Al inicio del proceso de desmovilización de las auc, en 2004, se produce la ruptura del Movimiento de mujeres contra la guerra, conformado por la Ruta Pacífica, la Mesa de Concertación de Mujeres, la ofp y la imp. Mientras las tres primeras organizaciones se oponen al proceso, argumentando que las auc no son un actor político, que el Gobierno no convoca a la sociedad y que los acuerdos no garantizan el desmonte de la estructura paramilitar ni la desvinculación del narcotráfico ni la protección de las víctimas, imp participa como veedora de la negociación, a través de la estrategia de interpelación Mesa nacional de incidencia¹² por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación con perspectiva de género.

Según imp, este escenario constituye una oportunidad política para las mujeres, tal como lo define la Resolución 1325. Por lo tanto, defiende su apuesta por la construcción de una cultura de paz y enfoca sus acciones a la formación política de sus activistas y a la realización de eventos simbólicos por la verdad y la reconciliación. De ese modo, gana adhesiones, apoya la creación de colectivos y consolida uniones estratégicas con organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares. Este aspecto es fundamental para el enmarcamiento de sus acciones, en el sentido que propone Tarrow (2005), porque empieza un proceso pedagógico de discusión, para definirse como un actor político que defiende a las víctimas de la violencia.

La Mesa nacional de incidencia se sustenta en los objetivos de imp y se propone a) Incidir en la negociación Gobierno-auc, a través del Alto Comisionado para la Paz; b) Influir en la Ley de Justicia y Paz, y c) Documentar casos de violencia contra las mujeres, donde los actores armados ejercieron control territorial, y recoger percepciones de las víctimas en lo concerniente a verdad, justicia y reparación.

Con este ejercicio, imp concluye que el conflicto armado afecta la vida de las mujeres, que hay un incremento cualitativo y cuantitativo del activismo femenino, pero también un aumento de acciones intimidatorias contra las líderes. En este contexto, las más afectadas son las campesinas, indígenas, afrodescendientes y sindicalistas. Sus testimonios demuestran la persistencia de obstáculos culturales que impiden la denuncia, asociada al déficit de ciudadanía, que constituye un escollo para reclamar derechos. A estas trabas se suma la sanción social y comunitaria por haber sido objeto de violación, el temor a las represalias y la desconfianza en las autoridades. La amplia participación de las mujeres en las Mesas no supuso una igual denuncia de los delitos sexuales que sufrieron, pues sus imputaciones se relacionan más con los delitos que afectaron a sus familiares y vecinos, lo que comprueba la existencia de un orden sexuado en el que las mujeres «siguen viviendo para otros» (Beck & Beck, 2003).

Tal como planteó Kimberly Theidon (2006) en su análisis sobre las violaciones en Perú, las mujeres tienen pocos motivos para contar una experiencia estigmatizante y vergonzante, sobre todo, cuando la posibilidad de encontrar justicia es tan distante. Sin embargo, las conclusiones de la Mesa de incidencia en Colombia proporcionan insumos para elaborar y gestionar propuestas al proyecto de Justicia y Paz, que sugieren inscribir en la Ley los estándares consagrados en el Estatuto de Roma¹³. Durante el debate de la Ley inician la estrategia de lobby con Congresistas. La Mesa de incidencia propone al Gobierno: a) Acoger las recomendaciones de las relatorías especiales de violencia contra la mujer y cumplir con los compromisos adquiridos al ratificar convenios internacionales; b) Investigar los delitos contra las mujeres y sus organizaciones y garantizar su seguridad; c) Crear una comisión de la verdad y certificar el desmonte del paramilitarismo, y d) Constituir una comisión de verificación mixta para fortalecer la Misión de Apoyo al Proceso de Paz -mapp-, de la Organización de los Estados Americanos -oea-, para procurar autonomía de los entes gubernamentales.

El informe preliminar de esta Mesa se entrega a la Relatora para los derechos de la Mujer de la cidh, de visita en Colombia en 2005¹⁴. La Ruta Pacífica se reúne con ella y le exige al Gobierno acoger sus recomendaciones, crear una unidad de Fiscalía especializada y elaborar un protocolo de medicina legal para determinar las causas de los feminicidios. La Relatora reitera su preocupación por la incapacidad del Estado para garantizar los derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El texto final de la Ley incluyó sus propuestas en los artículos: 36. Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz; 39. Protección a víctimas y testigos; 40. Excepción a la publicidad en el juicio; 42. Atención a necesidades especiales; 51. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y 59. Medidas para facilitar el acceso a los archivos de la Ley de Justicia y Paz refrendada por el Presidente de la República.

Movilización posterior a la aprobación de la Ley de Justicia y Paz.

Apenas se aprueba la Ley 975 de 2005, sus acciones colectivas se encaminan a denunciar los impedimentos para participar en las audiencias de reparación y la escasa posibilidad de hallar justicia para los delitos sexuales, ante la imposición de la carga de la prueba a la víctima¹⁵, con un plazo perentorio de 60 días para presentarla. A su juicio, este criterio no contribuye a esclarecer la verdad, amplía la impunidad y vulnera los derechos de las víctimas, al exigir que su defensa sea asumida por un abogado y al no ligar los beneficios que otorga la Ley al victimario, a su confesión de delitos.

Las organizaciones hacen veeduría, revelan cifras y realizan eventos simbólicos para denunciar la baja confesión de delitos sexuales en las versiones libres. Un hecho que será corroborado por la cnrr (2007) en su informe al Congreso: Proceso de Reparación a las víctimas: balance actual y perspectivas futuras. Con estos indicios, aprovechan espacios políticos nacionales e internacionales para denunciar la desatención del Gobierno a la normatividad que protege a las mujeres en situaciones de conflicto armado, contenida en el dih, el Estatuto de Roma, la Convención de Belén do Pará y la Resolución 1325. Participan en las versiones libres y exigen el cumplimiento del articulado de la Ley 975, que protege los derechos de las mujeres. imp reconoce que la Mesa de incidencia permitió a las mujeres ganar confianza para denunciar a los perpetradores de violencia e identificar los contextos y las formas en que fueron victimizadas, y a la organización ampliar los servicios de apoyo psicológico y jurídico. También admite que la escasa legitimidad del proceso con las auc reduce las posibilidades de apoyo social para las víctimas.

Durante este proceso, imp elabora varios informes para denunciar la violación de los derechos de las víctimas y presenta alternativas al Gobierno. Estos documentos se convierten en un instrumento para la acción política y cumplen la función de informar a las víctimas sobre sus derechos; sobre el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración de las auc en las regiones, su impacto en la vida de las mujeres, en sus organizaciones y en las comunidades receptoras; documentar casos y mostrar las percepciones de las víctimas respecto a la verdad, la justicia y la reparación. Algunas de estas acciones logran que la comunidad internacional condicione su apoyo al proceso Gobierno-auc, a la existencia de un marco jurídico que garantice la verdad, la justicia y la reparación. La Ruta logra además que se incluyan las propuestas de las mujeres en la Declaración de Cartagena del Proceso Londres-Cartagena-Bogotá. Ante la incursión de las farc al territorio nasa, la Ruta Pacífica, imp y el Consejo Regional Indígena del Cauca convocan la movilización por el territorio nasa de Tacueyó, Toribío, Jambaló y Caldono, para apoyar la resistencia civil de esta comunidad. Al finalizar 2005, las dos redes, por separado, participan en el diálogo Gobierno-eln.

En 2006, imp conmemora el día internacional de los ddhh con una cadena humana, de más de 4 kilómetros, con la guardia indígena nasa del Cauca, las mujeres de la Asociación Trabajadores Campesinos del Carare y las Madres de la Candelaria. También realiza talleres con víctimas para enfrentar los procesos judiciales, documenta y acompaña a 416 víctimas en la exigencia por la verdad, la justicia y la reparación y participa con otras organizaciones en acciones por la paz y el intercambio humanitario. El 23 y 24 de noviembre, la Ruta Pacífica realiza el Encuentro Internacional de mujeres: Verdad, justicia y reparación. Con silencios no hay justicia ni paz, para conmemorar sus diez años de existencia y presenta el informe: " Efectos de la (des) movilización en la vida y el cuerpo de las mujeres en Colombia". El evento concluye que la vindicación por verdad, justicia y reparación intenta eliminar la impunidad, que para las mujeres se manifiesta en carencia de información, de investigación judicial, permisividad de la pena, estrategias evasivas del responsable e intimidación de las víctimas. Insiste en un proceso de paz que permita crear nuevos discursos, cuestionar el patriarcado y aplicar una lógica y una ética feminista en sus acuerdos.

En 2007, apoyan la solicitud de Piedad Córdoba al presidente de Venezuela, para que interceda entre el Gobierno y las farc por un acuerdo humanitario. Así mismo, exigen el cese al fuego, el respeto a los ddhh y al dih y se unen a Colombianos y colombianas por la paz en el diálogo epistolar con las farc y el eln. Otra acción importante de ese año es la Cadena de resistencia contra la re victimización, que promueve imp, y la entrega del Plan de protección a las víctimas¹⁶ a las autoridades locales y a la comunidad internacional, en presencia de 5.000 asistentes¹⁷.

En mayo de 2007, imp presenta un derecho de petición al Ministerio del Interior y ante su desacato, en junio, Patricia Buriticá, su directora, y 12 víctimas interponen una Acción de tutela para proteger a las víctimas. En agosto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expide el fallo at 07-00876 que obliga al Ministerio y al Fiscal General a diseñar e implementar un programa de protección a víctimas y testigos, adecuado a los estándares internacionales de justicia¹⁸, que contemple una política genuina de esclarecimiento de la verdad, de aplicación de justicia y de reparación.

Para la exigibilidad del fallo de Tutela, imp instala una Mesa de seguimiento al Plan de protección y seguridad de las víctimas¹⁹. En respuesta a este fallo, el Gobierno crea el Programa de protección a las víctimas y testigos, mediante el Decreto 3570 de 2007. Pero también impugna el fallo de tutela, y la Sala de lo Contencioso Administrativo profiere una sentencia que rechaza la tutela interpuesta por imp, por improcedente. El caso se lleva a la Corte Constitucional, que revoca la sentencia proferida por la Sala y confirma la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De ese modo, la Corte tutela los derechos a la seguridad personal, la integridad, la vida y el acceso a la justicia, impide la re-victimización de los denunciantes²⁰ y ordena al Ministerio y a la Fiscalía realizar o actualizar el estudio de riesgo de las demandantes. También conmina a estas instancias a tener en cuenta las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado sobre protección de las mujeres contra todo tipo de violencia, así como un enfoque de género que permita respuestas adecuadas a las circunstancias particulares de vulnerabilidad, derivadas de su condición de género²¹.

A esta batalla legal se suma la exigibilidad de la sentencia T-025/2004, que declara la situación de las mujeres desplazadas como una manifestación crítica del estado de cosas inconstitucional. En el foro Verdad, justicia y reparación para las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, la Ruta Pacífica elabora un informe sobre el incumplimiento del Gobierno y propone una audiencia técnica con víctimas. El 10 de mayo de 2007, la Corte Constitucional convoca la audiencia e invita a altos funcionarios del ejecutivo, de los entes de control y de los Organismos Internacionales, y la Ruta y la Casa de la Mujer presentan el informe " Análisis crítico de la política pública para las mujeres en situación de desplazamiento forzado". Casi un año después, la Corte profiere el Auto 092/ 2008. Una providencia que reconoce, fácticamente, la generalidad y sistematicidad de la violencia sexual en el conflicto armado y ordena al Gobierno crear 13 programas para las desplazadas y compulsa copia a la Fiscalía de 183 casos de violencia sexual, perpetrados por los actores armados, que antecedieron y derivaron del desplazamiento.

El Auto 092/2008 reconoce a las mujeres como sujetos de derecho y como sujetos políticos. En ese sentido, el fallo es un aporte histórico para avanzar en la exigibilidad de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado y las violencias privadas. Estos fallos (Tutela y Auto) se producen casi un año después de haber instaurado los recursos jurídicos. Lo que indica que las acciones colectivas, cuando utilizan mecanismos de participación ciudadana requieren mayor dedicación, apoyo de diferentes instancias, preparación jurídica y, por supuesto, presión ciudadana y de agentes internacionales.

Mientras transcurre el proceso judicial de la Tutela y el auto 092, se realizan otras acciones, por ejemplo, el Encuentro Nacional de Víctimas en Bogotá (julio 2007). La Ruta Pacífica solicita romper la cultura del silencio frente a la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Sus integrantes plantean la importancia de romper con los estereotipos de la feminidad tradicional en la guerra. Un arreglo de roles que impide la denuncia de lo que sucede en los cuerpos de las mujeres, contribuye a la ausencia de registros, dificulta la reconstrucción histórica, desde un enfoque de género, y la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En el evento entrega un paquete de propuestas al Gobierno para la reparación, que incluye sancionar a los responsables, elaborar una política que consulte la experiencia femenina, preparar a los administradores de justicia y mejorar la documentación.

En esta coyuntura, imp se une a los defensores de ddhh para exigir una Ley para todas las víctimas. Su argumento se centra en la reconciliación, en el derecho a la paz y en la obligación ética y política del Estado. No obstante, el panorama político no es favorable y el proyecto se aplaza porque el Gobierno arguye carencia de recursos para asumir la reparación y está en discusión la reforma a la justicia, la reforma política y el referendo reeleccionista, entre otras razones. A partir de ese momento, la estrategia de las organizaciones se enfoca en la presión internacional para evitar una ley que desconozca los estándares internacionales. La respuesta del Gobierno a las demandas de las víctimas es la reparación por vía administrativa, que les entrega recursos estatales, a través de la Agencia presidencial para la Acción Social, previa inscripción ante la cnrr. Frente a esta solución, las víctimas rechazan el decreto presidencial y exigen que no se excluyan los crímenes de Estado y que se aumente la presión judicial para que los desmovilizados entreguen sus bienes. No obstante, las víctimas individuales se inscriben, masivamente, para recibir las indemnizaciones y esta situación le exige a imp elaborar materiales pedagógicos para informar sobre los procedimientos sin intermediación de los abogados.

Todo este año 2008, la Ruta Pacífica denuncia que las mujeres continúan expuestas a la violencia en las regiones de resurgimiento paramilitar, ante la ausencia de políticas de prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación. Lo que se agrava con la extradición a Estados Unidos de los 15 jefes paramilitares que suspendieron las confesiones. Este año se cierra con un acto simbólico, que rodea el Palacio de Justicia, en respaldo a las labores de la Corte Suprema para exigir justicia en los casos de funcionarios públicos vinculados a las auc. Este acto hace parte de la Campaña Víctimas y Derechos, para visibilizar el impacto de la violencia en la vida cotidiana y lograr mayor apoyo para las iniciativas que defienden a las víctimas.

En 2009, imp realiza actos públicos simbólicos en 51 municipios. A finales de 2009, discute la posibilidad de crear una Comisión de la verdad, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia y la Oficina de la Alta Comisionada de la onu para los ddhh. Estas instancias proponen que además de la verdad judicial, es necesario conocer la verdad de las víctimas, pues pese a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que permite conocer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y sus responsables, se desconocen fragmentos que impiden la aplicación de la justicia y la reparación. Esas debilidades que señalan las dos organizaciones respecto a la Ley, las contrarrestan con el desarrollo de acciones para defender los derechos de las víctimas en la justicia transicional. En este escenario, realizan acciones de exigibilidad en el reconocimiento de los casos de violencia sexual por parte de los versionados y para promover sentencias favorables. Este año, las acciones terminan con la convocatoria de imp y la Ruta Pacífica a la movilización " ¡Todos y todas a la mesa! Negociación política del conflicto ya", para conmemorar el día de la no violencia contra las mujeres. Una manifestación cargada de simbolismo, que exige evitar la violencia contra las mujeres y garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos violentos.

Una reflexión final sobre las mujeres y la acción colectiva

Por el tipo de acciones que desarrollan estas redes de mujeres, se podría plantear que están creando nuevos marcos de interpretación de la realidad y que propician importantes cambios sociales. De ese modo, la paz que proponen tiene como sustrato común la necesidad de desarticular la lógica de la guerra y el militarismo, como expresión de la cultura patriarcal, que refuerza la dominación masculina y los estereotipados roles de género: varón violento/mujer pacífica, en los cuales se sustenta la exclusión femenina de lo público y se justifica la violencia contra las mujeres. La forma más arcaica de violencia, porque se basa en una desigualdad sexual, plasmada en una relación de poder claramente física, que la convierte en una forma banalizada de violencia, a menudo silenciada por causa de su propia banalidad (Treiner, 2007).

Ambas redes han reflexionado con académicas, funcionarias y feministas nacionales e internacionales sobre la apropiación del cuerpo de las mujeres que hacen los actores armados en medio de la confrontación. Unos debates que develan la permanencia de esta práctica para infringir daño al oponente, desmoralizar sus tropas y eliminar su continuidad en el territorio, a pesar de las normas del dih, la modernización de los ejércitos, el cambio en la estrategia militar y el uso de armamento sofisticado. Además, revelan que en los escenarios en disputa se confina y restringe la organización de las mujeres, se las castiga, se regula su comportamiento y se siembra terror en las comunidades²³. No obstante, el reconocimiento de la gravedad de este problema por parte de los oi y las agencias de cooperación, el Gobierno colombiano no menciona la violencia sexual en su discurso al Examen Periódico Universal, al que se sometió en 2008, un instrumento de la onu para evaluar el progreso del país en materia de ddhh; lo que a juicio de las víctimas incrementa la impunidad que ha perpetuado esos crímenes.

Ellas reconocen que los varones aportan un mayor número de víctimas directas a las estadísticas de victimización, pero como demuestran los datos de la cnrr sobre el proceso de Justicia y Paz son las mujeres quienes asumen los costos de emprender nuevas vidas como sobrevivientes. De este modo, su marco de interpretación, tal como señala Goffman (1974), se convierte en un conjunto de orientaciones mentales, que permite organizar la percepción y la interpretación sobre cómo el conflicto armado ha influido en la vida de las mujeres y las conmina a actuar.

Para estas redes la violencia contra las mujeres es injusta. Por lo tanto, sus propuestas se enmarcan en desarticular la legitimación cultural que ella ha recibido y transformarla. Sus acciones no son solo agitación y protesta, en realidad están más cerca de los " laboratorios de innovación cultural" de los que habla Melucci, porque en ellos emerge la creación de nuevos marcos de referencia, de nuevos significados para asuntos tradicionales, que eran aceptados como normas. En ello, ha sido fundamental la ideología feminista, porque permite que sus integrantes reconozcan nuevas formas de organización social e interrelación. No se puede desconocer que el movimiento feminista permanece en continua actuación, elaborando su visión de la realidad, o praxis cognitiva, para la subversión de los códigos culturales dominantes, a pesar de que muchos críticos certifiquen su muerte, ante la pérdida de efervescencia en sus movilizaciones (álvarez, 2003).

Los principales hallazgos de esta investigación permiten plantear que en medio del conflicto armado, las mujeres han demostrado su capacidad para organizarse con el fin de responder a las necesidades de sus hogares y de promover sus derechos políticos y sociales, que antes no habían logrado a pesar de su masiva incorporación en organizaciones sociales, sindicales y económicas mixtas en las cuales participaban conjuntamente con los varones. Por lo tanto, un resultado preliminar de su participación en acciones colectivas por la paz, es su reconocimiento como líderes comunitarias y sujetos de derecho que se constituyen en un actor social con capacidad de negociación. En este proceso construyen una identidad política como mujeres, que en términos de Chantal Mouffe, está atravesada por múltiples condiciones de sujeto: edad, formación educativa, clase, etnia y procedencia, que permite avanzar en la construcción de propuestas de paz respaldadas en el marco normativo internacional de los ddhh y en la presión que ejercen los Organismos Internacionales y las ong sobre el Estado colombiano, para que incorpore esos estándares en la legislación, en la aplicación de justicia y en la política pública. En la creación de esa nueva identidad y de su marco de interpretación, de referencia o de injusticia, estas organizaciones pugnan con otros agentes sociales por hacer hegemónica su definición de la situación. Por ejemplo, contra los actores armados y otras organizaciones, la mayoría de ellas mixtas, que no cuestionan las desigualdades de género, la dominación masculina, la subordinación femenina ni la violencia contra las mujeres. Desde una perspectiva feminista y de género se podría argumentar que este reclamo por el reconocimiento social de una afectación diferenciada y, por lo tanto, de respuestas particulares para resarcir los daños sufridos es lo que le imprime el carácter novedoso a estas organizaciones.

Sus principales reivindicaciones, al igual que las del movimiento feminista, son el reconocimiento y la redistribución, que en términos de Fraser (2006), implican cambios culturales o simbólicos; la revaluación ascendente de una identidad no respetada, la valoración positiva de su diversidad cultural y la transformación de la totalidad de los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación. En cuanto a la redistribución, el remedio a la injusticia que viven las mujeres es la reestructuración económica, ya sea en la distribución de la riqueza o en la asignación de los ingresos, el cambio en la estructura de la propiedad, la democratización de los procedimientos para decidir la inversión del Estado y los agentes privados (incluida la familia) y la transformación de estructuras económicas básicas.

Por ello, para ser reconocidas en su diferencia, sus acciones colectivas no recurren a los repertorios de confrontación alta. Utilizan modalidades educativas y simbólicas, a veces con un uso exagerado de la dramatización, que a juicio de Uribe (2009) las convierte en una minoría desafiante. Ellas han encontrado hitos espaciales y temporales para insistir en los procesos de memoria, prefieren la politización del dolor y el sufrimiento, antes que una confrontación que las revictimice. Esto las ha conducido a revalorar la maternidad biológica y decidirse por una maternidad política, que exige la apropiación del espacio público para la deliberación. Reclaman al Estado y a la sociedad la valoración de sus contribuciones y desarrollan un trabajo de renovación de su discurso y su práctica, el cual incluye el debate feminista sobre las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de género, al que hoy se suma la apuesta por la redistribución y el reconocimiento y la construcción de una ciudadanía alternativa.

En esta movilización hay un aporte importante a la construcción de una cultura de paz. Lo cual se evidencia en la realización de acciones pedagógicas y de formación, en eventos simbólicos de reconciliación, en la exigencia cada vez más fundamentada de los ddhh, en evitar la revictimización, el acompañamiento psicosocial a las víctimas, en el aprovechamiento y ampliación de los mecanismos de participación, en las acciones que superan la denuncia y reivindican identidades. También realizan investigaciones, eventos lúdicos y firman pactos simbólicos para erradicar la violencia contra las mujeres, como parte de la construcción de una paz duradera.

De este activismo de las mujeres por la verdad, la justicia y la reparación se puede concluir que pese al resquebrajamiento del movimiento contra la guerra, las dos redes logran un importante reconocimiento de los derechos de las víctimas; ampliar la participación ciudadana en las movilizaciones que convocan e innovar en los repertorios de acción que utilizan, haciéndolos cada vez más simbólicos y fluidos. Sin embargo, estas acciones evidencian que la solidaridad femenina está por construirse, que persisten las dificultades para movilizar a los colombianos a favor de las víctimas y que este hecho parece estar asociado con la " calidad" de las personas que sufrieron la violencia política en el país.

Otra conclusión importante de este activismo de las mujeres, es la capacidad que han adquirido para aprovechar la estructura de oportunidad política que se crea en el escenario nacional durante este período. Por ejemplo, eventos como la reelección presidencial; la integración plena de la cnrr; el fallo de la Corte Constitucional, Sentencia C-370/2006, que modifica la Ley 975/2005 respecto a las penas; el rechazo de las auc a la aplicación de la Ley; el debate en el Congreso sobre el decreto reglamentario a la Ley 975; el control de la Fuerza Pública sobre la zona de ubicación en Santa Fe de Ralito; la creación de la Alta Consejería para la Reinserción; la reclusión de varios comandantes desmovilizados; las dificultades del proceso de ddr; la propuesta de Acuerdo Humanitario de Colombianos y Colombianas por la paz y las conversaciones del Gobierno con el eln. Estos inconvenientes son aprovechados para crear nuevas estrategias de acción, impulsar nuevos repertorios y establecer alianzas con otras organizaciones.

Por último, para estas redes los resultados de sus acciones no son completamente satisfactorios, pues a pesar del activismo desplegado durante estos seis años (2004-2009), para oponerse a la Ley de Justicia y Paz y para que esta cumpla con los objetivos propuestos, los datos oficiales demuestran que a pesar de los importantes avances de las versiones libres²⁴, son incipientes las condenas proferidas y muy discutibles los logros en reparación. Por ello, comparten los argumentos de la Corte y de la Alta Comisionada, al solicitar al Gobierno y al Congreso de la República que en este proceso de justicia transicional se revisen y apliquen otros mecanismos para lograr los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación en sus distintas dimensiones.

Pie de Página

⁴En 1975, se realiza la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, que propuso igualdad de género plena, eliminación de la discriminación sexual, integración y plena participación de las mujeres en el desarrollo y ampliación de sus contribuciones al fortalecimiento de la paz. En esta conferencia se crearon el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer -instraw-, y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer -unifem-. En 1979, se declara la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer -cedaw-. Esta convención identifica la violencia basada en el género como discriminación y obliga a los Estados a tomar medidas para eliminarla e impulsar acciones para la equidad en la vida pública y privada. En 1980, se celebró la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, en Copenhague, y en 1985 se realizó en Nairobi la Conferencia Mundial para el examen y evaluación de los logros de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz.
⁵Varios países no suscriben la cedaw y otros no cumplen sus recomendaciones. Colombia la ratifica en 2005, ante la presión de la Alianza de mujeres liderada por Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres. ]]> ⁶El objeto de la Ley es: facilitar los procesos de paz, la reconciliación nacional, los acuerdos humanitarios y los derechos de las víctimas frente a la administración de justicia (reparación, verdad, medidas de protección y deber de memoria); la reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley -gaoml-; en cumplimento de los acuerdos con el Gobierno nacional desmantelar y desarticular el gaoml de que se trate; investigar y juzgar las conductas cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al gaoml; posibilidad de acceder al beneficio de una pena alternativa, previo cumplimiento de los requisitos. Véase texto completo en: http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Documentos/Esquema_Ley975_Justicia_Paz.pdf
⁷Esta resolución conmina al Estado y a los actores armados a ampliar la participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones para la prevención, manejo y resolución de conflictos, así como en las operaciones de mantenimiento y negociación de la paz, a partir del estudio sobre el impacto del conflicto en las mujeres y las niñas y de sus roles en la construcción de la paz.
⁸Como fuentes secundarias se tomaron los Boletines Voces de Mujer de la Iniciativa de las Mujeres Colombianas por la Paz -imp-: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; los Boletines imp en Acción: 65, 66, 67 y 68 de 2009, y los Boletines de la Ruta Pacífica: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así como los documentos: Mesa nacional de incidencia por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación con perspectiva de género (imp, 2005); Manual de Víctimas " En búsqueda del camino hacia la verdad, la justicia y la reparación" (imp, 2006a); Mesa nacional de incidencia por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación con perspectiva de género. Documento N° 2 Tregua Incierta (imp, 2006b); Análisis sociodemográfico de las víctimas del conflicto armado: brechas de género. Documento No 3 (imp, 2007); Justicia y seguridad para las víctimas del conflicto armado análisis con perspectiva de género. Documento No. 4 (imp, 2009); Efectos de la (des)movilización paramilitar en la vida y el cuerpo de las mujeres en Colombia. Una mirada a la situación en Santander, Chocó, Cartagena y Medellín (Ramírez, 2006); Nuevas formas de resistencia civil de lo privado a lo público movilizaciones de la Ruta Pacífica 1996-2003 (Sánchez, 2006a); Palabras, Representaciones y Resistencias de Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano. Ruta Pacífica (Sánchez, 2006b); Las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra. Ruta Pacífica (Sánchez, 2008a); Módulo Verdad, Justicia y Reparación: deuda pendiente con las mujeres. Escuela itinerante de formación política, educación para la paz y la democracia: " Trenzando saberes y poderes". Ruta Pacífica (Sánchez, 2008b).
⁹Desde los setenta las mujeres encararon el reclamo por la violación de los ddhh en América Latina. Pautassi (2007) plantea que su compromiso no era ideológico, sino una consecuencia de la victimización sufrida ante la desaparición de familiares durante las dictaduras. Paulatinamente, su demanda individual se convierte en una reivindicación pública y política de ejercicio democrático. De esa época son las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo; las Comadres, en El Salvador, y el Comité Eureka en México.
¹⁰Los instrumentos más importantes son la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará), la cedaw, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, la Resolución 1325 y el preámbulo de la Constitución Política Nacional.
¹¹De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -pnud-, el desarrollo humano va más allá del aumento o la disminución de los ingresos. Comprende la creación de un entorno para desarrollar el máximo potencial de las personas, para que tengan una vida productiva y creativa. Implica ampliar las oportunidades para vivir una vida que se valore, el disfrute de una vida longeva y saludable, recibir educación y acceder a los recursos para un nivel de vida digno y participar de una comunidad.
¹²imp entiende por incidencia política el conjunto de acciones de estudio, información pública, consulta, diálogo social, presión, denuncia y formulación de propuestas alternativas, que realizan las iniciativas de la sociedad civil, mediante la movilización y la participación en órganos representativos. Su principal objetivo es actuar en el quehacer institucional para mejorar la situación de quienes defienden.
¹³En 1998, este incluyó la violencia sexual como crimen contra la humanidad (art. 7) y como crimen de guerra (art. 8). él reconoce a las mujeres como titulares plenas de derechos y de la Justicia Penal Internacional. Fue ratificado por Colombia con la Ley 742 de 2002, que cuenta con un amplio catálogo de estructuras y procedimientos, en especial para el tratamiento de las víctimas de violencia sexual.
¹⁴Para mayor información sobre esta visita véase http://www.cidh.org/women/Colombi06sp/parte1.htm
¹⁵En términos jurídicos, significa que quien acusa debe aportar las pruebas, puesto que no se puede juzgar por conjeturas. El sindicado tiene derecho al amparo jurídico de la presunción de inocencia, que exige contundencia en la acusación, es decir, demostración fehaciente de su culpa. ]]> ¹⁶El plan se basa en la Resolución 1325 onu y en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional para la protección de las víctimas. La sentencia C-370 establece la obligatoriedad de la participación de las víctimas en el proceso judicial y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. El plan debe responder por la adopción de medidas para garantizar la protección y el acceso de las víctimas a sus derechos, establecer un mecanismo de seguimiento para verificar el desempeño institucional, la coordinación interinstitucional y el sistema de monitoreo para la protección, el seguimiento y control a los desmovilizados, la implementación de medidas de seguridad preventiva e inmediata, como la asistencia humanitaria, la protección de las organizaciones y de las víctimas, la adecuación de espacios para las audiencias. Entre otras medidas relacionadas con el resguardo, la reubicación temporal y la relocalización de las víctimas ante las amenazas.
¹⁷Esta acción tiene el respaldo de la Confederación de Trabajadores Estatales de Suecia, a través de la entrega de 5.000 firmas de suecos, que apoyan el Plan, al Ministerio de Interior de Colombia.
¹⁸«En el ámbito judicial, la reparación se expresa bajo las siguientes formas: la restitución (que busca restablecer a la víctima en la situación en la que se encontraba antes de la violación de la normas internacionales); la indemnización (que corresponde a la evaluación de los perjuicios que sean consecuencia de la violación); la rehabilitación (que incluye la atención médica y psicológica, así como los servicios jurídicos y sociales); la satisfacción (que puede adoptar formas variables según sea el caso y abarca la verificación y la revelación pública de la verdad, la aplicación de una sanción judicial o administrativa a los responsables, conmemoraciones y homenajes a las víctimas), y las garantías de no repetición (que también pueden adoptar formas variables según sea el caso y abarcan medidas como el fortalecimiento del poder judicial, la revisión y reformas de normas que contribuyen a las violaciones de normas internacionales, etc.)» (Naciones Unidas, 2006, pp. 8-9).
¹⁹Conformada por funcionarios del Ministerio del Interior, Fiscalía, la Defensoría del Pueblo de Magdalena y Atlántico, varias Personerías municipales, la Procuraduría, Organismos de seguridad del Estado, representantes de la comunidad internacional y del Sistema de Naciones Unidas (ocha, acnur, pnud, Oficina del Alto Comisionado para los ddhh), organizaciones de víctimas y delegados de la cnrr. Para este tiempo imp ha documentado 423 casos de víctimas del conflicto armado y los ha presentado a la Fiscalía General de la Nación.
²⁰imp recibe asesoría del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -cejil-, la Oficina de Asuntos Colombianos en los Estados Unidos -usoc-; la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington -wola-; el Latin American Working Group -lawg-, y Amnistía Internacional usa y la presión de activistas de ddhh y de agencias internacionales al Gobierno con el objeto de que cumpla las sentencias de la cidh, para implementar un programa de atención a las víctimas, diseñado e implementado con ellas.
²¹La sentencia se puede consultar en línea: http://www.nrc.org.co/biblioteca/sentencia-T-496-08.pdf
²²El Acuerdo Base busca acuerdo humanitario, cese al fuego y mayor participación ciudadana. Para estas organizaciones, el proceso debe acoger la Resolución 1325, realizar acciones afirmativas que incorporen la perspectiva de género en la negociación y en la implementación de los acuerdos.
²³Diversas investigaciones demuestran esta situación. Entre ellas, los 9 informes de la Mesa Mujer y conflicto armado (Disponibles en: http://www.mujeryconflictoarmado.org/informes.html), los informes de Amnistía Internacional (2004, 2005): " Cuerpos marcados crímenes silenciados. Violencia sexual en Colombia" y " Los efectos de las armas en la vida de las mujeres"; las recomendaciones de las relatorías especiales de ddhh de la onu y cidh; los trabajos del Grupo de Memoria Histórica de la cnrr sobre las masacres de Trujillo, la Rochela, Bojayá, El Salado y Bahía Portete, así como el último informe de Oxfam Internacional (2009): " La violencia sexual en Colombia un arma de guerra".
²⁴De acuerdo con la Fiscalía, a 21 de mayo de 2010 había 4.356 postulados a la Ley 975 de 2005. De los cuales, 2.431 comenzaron versión libre, 1.514 no ratificaron su voluntad y 917 estaban rindiendo versión. Los delitos confesados por los desmovilizados de las auc hasta agosto de 2009, de acuerdo con la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía son 15.402; entre las víctimas atendidas en Justicia y Paz, 294.479 están registradas, 53.189 víctimas han participado en versiones libres y 21.570 víctimas han realizado preguntas a los postulados en versión libre.

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