Ximena Alexandra Ortega Ordóñez**; Francisco Javier Villamarín Martínez**

** Economista de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia; especialista en Alta Gerencia de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia; especialista en Gerencia de Negocios Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Pasto, Colombia; especialista en Docencia Universitaria de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. Directora de Planeación y Desarrollo, Universidad Mariana de Pasto, Colombia. Docente del Departamento de Economía Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. Móvil 3014253247, Correo electrónico: xortega@udenar.edu.co ]]> *** Sociólogo de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia; especialista en Docencia Universitaria de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia; candidato a magíster en Sociología de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Docente del Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. Móvil 3014253496, Correo electrónico: paches74@udenar.edu.co

Resumen

El propósito de este artículo es realizar un breve análisis de los cambios políticos, económicos y sociales sucedidos en América Latina desde los 80, y que se pueden apreciar en la relación Estado, mercado y sociedad, así como las transformaciones en el interior de cada uno de estos componentes. El método empleado fue el análisis documental de recientes trabajos e investigaciones de sociología y economía latinoamericanas; esta experiencia permitió realizar una reflexión sobre los efectos que trajo consigo la transición a la democracia en la región. Para este análisis se toman como referentes los casos de México y Colombia. La conclusión principal es que el Estado centralizado, propio del modelo desarrollista, sigue vigente, pero dándole mayor preponderancia al mercado, en detrimento de la sociedad.

Palabras Clave

Sociología económica; estudio de desarrollo económico de países; América Latina; Colombia; México. Clasificación JEL: Z13; O54; P52; A14

Contenido

Introducción; 1. Estado, mercado y sociedad en América Latina desde los 80: una visión global; 2. Cambios en de las dimensiones Estado, mercado y sociedad en América Latina; 3. Cambios en las dimensiones Estado, mercado y sociedad en México; 4. Cambios en las dimensiones Estado, mercado y sociedad en Colombia; 5. Diferencias en la evolución de la sociedad civil en México y Colombia; 6. Conclusiones; 7. Bibliografía.

Abstract

Key Words

Economic sociology; economywide country studies; Latin America; Colombia; Mexico. JEL Classification: Z13; O54; P52; A14

Content

Introduction: 1. State, market, and society in Latin America from the 80's: An overview. 2. Changes within State, market, and society in Latin America. 3. Changes within State, market, and society in Mexico. 4. Changes within State, market, and society in Colombia. 5. Differences in civil society evolution between Mexico and Colombia. 6. Conclusions. 7. Bibliography.

Resumo

O propósito deste artigo é fazer uma breve análise dos câmbios políticos, econômicos e sócias que aconteceram na América latina desde os 80, e que podem ser apreciados na relação Estado, mercado e sociedade, assim como as transformações ao interior de cada um dos componentes. A metodologia utilizada foi à análise documental de trabalhos e pesquisas recentes da sociologia e a economia latinoamericana; esta experiência permitiu fazer uma reflexão sobre os efeitos que a transição à democracia na região e que trouxe consigo. Para este análise são usados como referentes os casos do México e da Colômbia. A conclusão principal é que os Estados centralizados, próprios do modelo desenvolvimentista, continuam vigentes, mas da maior importância ao mercado em detrimento da sociedade.

Palavras-Chaves

Sociologia econômica; estudo de desenvolvimento econômico dos países; America Latina; a Colômbia; o México. JEL Classificação: Z13; O54; P52; A14

Conteúdo

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como fin analizar, desde un punto de vista reflexivo, los cambios y transformaciones económicas, políticas y sociales, que viene experimentando América Latina desde la década de los 80 del siglo XX, que se pueden evidenciar en las relaciones Estado, mercado y sociedad, así como en las respectivas modificaciones que cada una de estas estructuras ha experimentado en los últimos años.

El método empleado fue el análisis documental de recientes trabajos e investigaciones de sociología y economía latinoamericanas; a través de este procedimiento se realiza una breve reflexión sobre los efectos que trajo consigo la transición a la democracia en la región; para ello se toman como referentes empíricos los casos de México y Colombia. La conclusión es que el estadocentrismo propio del modelo desarrollista sigue vigente, pero dándole mayor preponderancia al mercado, en detrimento de la sociedad. Las consecuencias más relevantes de este modelo para el Estado son: el arribo de mandatarios que han personalizado e individualizado el poder; para el mercado: el aumento de la deuda externa, la privatización de las empresas públicas y la incursión de las economías nacionales en un mercado cada vez más globalizado; y para la sociedad: la fragmentación de los diferentes grupos sociales, y la débil constitución de un concepto de sociedad civil.

La primera parte de este trabajo presenta una visión global de los cambios y trasformaciones antes mencionados en la región desde los años 80. La segunda es un análisis de los cambios de las dimensiones que estructuran todo orden social moderno Estado, mercado y sociedad en América Latina. En la tercera y cuarta, se analizan dichos cambios en los casos particulares de México y Colombia. Y, finalmente, el trabajo culmina con algunas conclusiones que fueron fruto del análisis y la reflexión del tema tratado. Al final de este informe se presenta el listado del material bibliográfico que permitió su construcción.

1. ESTADO, MERCADO Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA DESDE LOS 80: UNA VISIÓN GLOBAL

Los cambios sociales, económicos y políticos ocurridos en América Latina en los últimos 25 años del siglo XX no trajeron mayores alteraciones en las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, propias del modelo desarrollista que imperó en la región durante el período de 1930 a 1970. Se ha perpetuado el dominio del Estado con sus prácticas autoritarias, clientelistas e individualistas que favorecen los intereses de algunos grupos, como las clases altas o las elites políticas, en detrimento del bienestar de los diversos sectores y asociaciones que conforman la sociedad civil.

Como afirma Weffort (1995, p. 411), la modernidad en América Latina ha tenido un rumbo equivocado que, en lugar de promover un orden armónico y consensual, ha creado las condiciones para que se establezca una “anomia generalizada”; modernidad que, en vez de permitir la emergencia de una sociedad civil unida e integrada sobre la base de marcos culturales y conceptuales determinados, la ha fragmentado al estilo de los tiempos medievales. Por ejemplo, en Chile, como lo argumenta De La Maza (2002, p.237), la transición a la democracia permitió una mayor inclusión, pero se mantuvieron las diferencias sociales, la débil integración interna de los grupos y el Estado excluyente y elitista que generó, lo que el PNUD denominó “el malestar ciudadano”. En México este cambio no permitió la consolidación de un principio común que unificara las diferentes agremiaciones sociales; en este país los movimientos y protestas de la comunidad se caracterizan por tener una orientación local y privada.

Además de no viabilizar la consolidación de un concepto fuerte de sociedad civil, las reformas que vienen operando en la región desde la década de los 80 no han sentado las bases para la democratización del ejercicio del poder y la gobernabilidad, pues los últimos mandatarios se han apropiado de los poderes públicos, y los han puesto al servicio de sus intereses, violando de esta manera los principios constitucionales y el Estado de derecho. La historia política reciente de Perú y Argentina da cuenta de ello. El arribo de mandatarios democráticamente elegidos en el Perú no ha sido sinónimo de cumplimiento de los mandatos constitucionales y de respeto a la autonomía de los poderes públicos; dichas instancias han sido subordinadas a los designios del ejecutivo. La experiencia de Perú en este sentido, con los presidentes electos en las dos últimas décadas, se puede resumir en la siguiente premisa que Kahatt (2002, p.462) toma de O'Donnell: “el que gana una elección presidencial está autorizado a gobernar el país como le parezca conveniente [...]”.

En Argentina esta tendencia personalista del poder permitió indultar los vejámenes y las atrocidades cometidas contra la población civil en el período de la dictadura militar, con lo que se pusieron en entredicho los acuerdos del derecho internacional humanitario. La corrupción generalizada en el Estado y los privilegios e intereses particulares de los gobernantes civiles (como Carlos Menem²), han afectado las relaciones entre sociedad y Estado en Argentina. Para Saba (2002, p.172) “(...) el cumplimiento efectivo de la ley o de la actividad judicial es imposible en un contexto de anomia difundida. En este contexto, la reconstrucción del Estado de derecho (...) requiere construir una cultura de la confianza”.

Por otra parte, una tendencia observable en este período en la región es el acercamiento que el Estado ha establecido con el mercado. Finaliza el proteccionismo propio del viejo modelo desarrollista con sustitución de importaciones, y la preocupación ahora es posicionar las economías nacionales en un mercado cada vez más globalizado, con el fin de favorecer los intereses particulares de aquellos grupos que en cada país monopolizan el capital y el aparato productivo. Del mismo modo, en este ambiente de apertura y libre competencia, el Estado busca inversión extranjera para estimular la economía nacional, y para privatizar algunas de sus empresas, con lo que los proyectos de organización y asociación de los grupos de la sociedad civil quedan excluidos.

Como dice Restrepo (2006), la excesiva atención que el gobierno le presta a la globalización hace que deje de lado su función social.

En resumen, las relaciones entre Estado, mercado y sociedad producidas por las transformaciones operadas en la región desde la década de los 80, se diferencian de las del viejo modelo desarrollista, en que el Estado se ha acercado en los últimos tiempos al mercado y, en contraste, se ha alejado de la sociedad civil. Retomando las palabras de Sabino (2006), sociólogo argentino experto en problemas Latinoamericanos, “esta situación se mueve paralela en todos los países de la región; es una tendencia general”.

2. CAMBIOS EN LAS DIMENSIONES ESTADO, MERCADO Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA

Aunque en la relación entre Estado, mercado y sociedad no se presentan mayores cambios con referencia al viejo modelo desarrollista, como se discutió anteriormente, en dichas dimensiones ocurren transformaciones estructurales producidas, principalmente, por fenómenos como la apertura democrática, la globalización económica y los cambios políticos que se venían desarrollando en el concierto internacional.

De igual manera, otro cambio importante en la región en este período es la emergencia de reformas constitucionales y el establecimiento e institucionalización del Estado de derecho. A partir de estos marcos de referencia, los gobiernos le abren un espacio de participación e inclusión a los diferentes grupos sociales. Es decir, este cambio, especialmente palpable en los años 90, potenció una redefinición de lo público y lo privado: la política ya no es una actividad reservada para elites, es una actividad que puede ejercer cualquier persona o grupo interesado en asuntos públicos. Como lo sostiene Chávez (2007, p.72): “es el significado de lo público lo que cobra fuerza como resultado de este proceso de [mayor] participación de la sociedad”. También, dentro de esta tendencia de mayor participación e inclusión, algunos Estados de la región, como el colombiano, entran en un proceso de descentralización política y territorial, a través del cual aumenta el rango de autonomía y decisión de las instituciones oficiales, de las Administraciones locales y de algunos grupos de la sociedad.

Finalmente, este período de transición en América Latina se caracteriza porque el proceso democrático produce la emergencia de nuevos y diversos partidos que entran en contienda electoral, y que, en algunos casos, logran llegar al poder. Esta época de cambio coincide con el fin de los regímenes de partido único (como el PRI), y con las democracias bipartidistas (como liberales y conservadores en Colombia), que anulaban de la arena política expresiones diferentes a las hegemónicas.

Por el lado del mercado, han ocurrido variaciones importantes, pero la más significativa es el tránsito de un modelo desarrollista con sustitución de importaciones y de producción nacional de corte proteccionista, a otro de tipo globalizado donde se rompen las fronteras nacionales, para insertar las economías de los países de América Latina en el comercio internacional. Este proceso no solo se refiere al posicionamiento de los productos y los bienes nacionales en otros mercados, sino también a la oportunidad de abrirle espacios a la inversión extranjera.

Por esta razón, en los últimos tiempos, algunos países de la región, como México y Chile, han firmado tratados de libre comercio y circulación de productos. Por lo general, estos convenios económicos y comerciales son acordados con sociedades industrializadas, por lo que se genera una competencia desigual, donde nuestros países llevan la peor parte, lo que produce, en algunos casos, una desaceleración de sus economías, un aumento de la inflación y de los saldos negativos en sus balanzas de pago y los diversos conflictos sociales. Es oportuno agregar que estos tratados también han favorecido la integración regional, la cual se ha convertido en un instrumento de defensa colectiva contra las adversidades surgidas del sector exterior, que en la actualidad se han asumido como una estrategia que contribuye a mejorar la inserción internacional de América Latina.

Uno de los efectos negativos de un contexto económico globalizado es la privatización de las empresas de servicios públicos, proceso que viene ganando un amplio terreno desde la década de los 90, y que afecta a las bases populares, porque se pone fin a los subsidios y exenciones que la empresa pública daba a las poblaciones de menos recursos por la prestación de sus servicios; de igual manera, crece el desempleo y diminuyen los salarios reales. Con el fenómeno de las privatizaciones, se acaban las prerrogativas sociales e impera la lógica competitiva del mercado.

Al mismo tiempo, el saldo negativo de las balanzas de pagos obliga a los gobiernos a contraer créditos con la banca internacional, con los que el nivel de endeudamiento aumenta. Esto explica las presiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que los Estados pongan en marcha reformas económicas y tributarias, que afectan la estabilidad económica de los hogares de cada país, y su capacidad de ahorro e inversión.

Por último, aunque ha sido, paradójicamente, la más afectada con los cambios que ha traído consigo la modernización en la región, la sociedad es la dimensión más dinámica y diversa. Su transformación más importante, según la opinión de los científicos sociales de América Latina, tiene que ver con la emergencia de nuevos grupos que demandan el reconocimiento de sus derechos y más atención por parte del Estado. Esta tendencia se puede observar en las nuevas orientaciones de los objetivos y agendas de los movimientos y protestas sociales. Desde los años 90 en Colombia, según Archila (2006), la acción colectiva se ha orientado más hacia la defensa de las identidades culturales y la política, que hacia las reinvidicaciones de orden económico y de clase, como era tradicional en otros tiempos⁶.

Dichas manifestaciones sociales, en la actualidad, no solo son lideradas por sindicalistas y campesinos, sino por mujeres, estudiantes universitarios, ambientalistas, defensores de derechos humanos, grupos barriales o comunales, organizaciones no gubernamentales y movimientos indígenas, que además de demandas económicas, reclaman mayor atención del Estado y la posibilidad de participar en sus decisiones. Es decir, la acción colectiva ha cambiado en cuanto a los motivos de sus protestas y a los actores que las realizan. Algunos de estos movimientos han llegado a desarrollar un grado tal de activismo y movilización, que se han convertido en partidos políticos, con una significativa representación en el poder.

Otro cambio asociado con el anterior es que la acción colectiva en estos últimos años se urbanizó; es decir, tiene su centro de gravitación en la ciudad; en ella se encuentran las instituciones y los funcionarios del gobierno hacia quienes van dirigidas sus consignas, peticiones y reclamos. En países como Colombia, según Archila (2006, p. 265), esta tendencia es explicada por el recrudecimiento de la violencia en el campo, y los limites de las políticas de descentralización implementadas en el país durante los años 80.

3. CAMBIOS EN LAS DIMENSIONES ESTADO, MERCADO Y SOCIEDAD EN MÉXICO

Los cambios ocurridos en cada uno de estos componentes en México describen una lógica similar a los que reportan estas mismas dimensiones para América Latina. En la esfera estatal, la principal transformación es la transición a la democracia electoral en el año de 1988, que expresa, como dice Olvera (2003, p.53), el cambio en la perspectiva de las elites político-culturales mexicanas, que decidieron aceptar la vía electoral como forma civilizada y pacífica de propiciar el cambio de régimen. La llegada de Vicente Fox al poder, el primero de diciembre de 2000, cristalizó el fin de 71 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La derrota de este partido y de su candidato Francisco Labastida⁷ coronó un proceso de decadencia que ya venía en marcha. México llegó al nuevo siglo no con un solo partido dominante sino con tres partidos importantes: el Partido de Acción Nacional (PAN) de derecha y la fuerza opositora de centroizquierda, el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Además arribó con un PRI que no controlaba al Congreso desde 1997 y que no tenía la mayoría en más de dos tercios de los congresos estatales.

Por otro lado, en lo referente al mercado, a finales de los 80 y principios de los 90 ocurre un cambio importante: el gobierno de Carlos Salinas le dio un giro neoliberal a la economía, y el fruto de este proceso fue la firma en el año de 1993 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (NAFTA). Según Olvera (2003), dicho gobierno se caracterizó por la implementación de un atrevido proyecto de autotransformación del régimen y por su preocupación por ubicar el mercado interno en una economía globalizada. A partir de entonces dice Olvera (2003, p.54) “Se privatiza la banca nacional (...) se pone fin a la reforma agraria (...) se cierran las empresas paraestatales vinculadas al campo (...) y se financia esta modernización mediante el endeudamiento masivo con el exterior”.

Los efectos del ajuste neoliberal no son desconocidos. Dicha política condujo para Olvera (2003, p.54) a un “aumento del desempleo, al desmantelamiento de los contratos colectivos, a la pérdida de la influencia del sindicalismo, a la inviabilidad económica de la producción campesina, al aumento de la informalidad y la marginalidad urbana, al incremento de la emigración y a la acentuación del privatismo como conducta dominante en el plano colectivo”.

Uno de los sectores que más se vio afectado por la profundización del neoliberalismo económico fue el campo. Dicho sector se privatiza, y la implantación de este modelo socioeconómico busca a toda costa, según Rionda (2008), acabar con la propiedad colectiva de la tierra para darle un uso industrial. Al igual que Olvera (2003), este autor sostiene que esta reforma en el sector rural del país se la emprende con el propósito de “anexar la economía del país en el mercado global”.

Finalmente, en lo que se refiere al último componente, al igual que algunos países de la región, el proceso de transición dinamizó la emergencia de grupos y asociaciones que, como lo menciona Archila (2006, p. 268), no solo persiguen fines económicos o de clase, sino que sus reinvidicaciones y protestas están orientadas hacia el reconocimiento de su identidad y su cultura. Pero con este cambio en la orientación de la acción colectiva, como dice Olvera (2003, p.45), no se logró la organización y la asociación de la sociedad en torno a un principio representativo común, sino que se produjo lo contrario: la emergencia de movimientos rurales y urbanos fragmentados, locales, privados y, en tiempos recientes, clientelistas e individualistas, que han conducido a una débil institucionalización de la sociedad civil.

A pesar del escaso desarrollo que, según Olvera (2003, p. 68), ha alcanzado este componente, se puede hacer referencia a algunos de sus cambios más importantes. La gran novedad en el desarrollo de la sociedad civil en los últimos años en México es la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el incipiente movimiento indígena. Conjuntamente con ellos, la transición produjo una proliferación de organizaciones no gubernamentales que surgen con el desmonte del antiguo régimen desarrollista, cuando el Estado cede gran parte de sus funciones esenciales, como la justicia a la sociedad; los centros de conciliación, los juzgados de paz, las organizaciones de derechos humanos dan cuenta de su poder de acción y operación.

No se puede pasar por alto que el desarrollo de las múltiples asociaciones de la sociedad civil en México ha sido promovido por instituciones de tipo religioso ligadas a las elites económicas y por grupos de socorro y apoyo mutuo de orientación socialista. Lo cierto, como dice Alfie (2004, p. 6), es que hoy es difícil establecer el campo de estas asociaciones, pues tanto el mercado, a través de fundaciones empresariales e industriales, como otros segmentos de la sociedad, expresan la complejidad para definir sus límites y participantes.

4. CAMBIOS EN LAS DIMENSIONES ESTADO, MERCADO Y SOCIEDAD EN COLOMBIA

Al igual que el resto de América Latina, estas tres dimensiones en Colombia han sufrido transformaciones significativas en los últimos 25 años. Pero uno de los rasgos que vuelve su análisis complejo y particular es que dichos cambios estuvieron acompañados durante este tiempo por la agudización del conflicto armado entre el ejército y los grupos al margen de la Ley y el narcotráfico, así como las consecuencias políticas, económicas y sociales que dichas confrontaciones han traído consigo, y que aún se pueden sentir.

Con relación al Estado, los años 80 son el escenario de la apertura democrática puesta en marcha por el presidente Belisario Betancur⁸, con la cual se iniciaron los procesos de descentralización política y territorial, y donde la sociedad ganó espacios de participación en los asuntos públicos y estatales. Estas tendencias ganan un piso jurídico y normativo con la Constitución Política de 1991, con la que se consolida el proceso de modernización política en el país, institucionalizando el Estado de derecho, el respeto y vigilancia de los derechos fundamentales, la autonomía política y administrativa de las unidades territoriales, las instituciones oficiales y las ramas del poder público.

Sin embargo, el clientelismo, la corrupción y la primacía de intereses particulares no han desaparecido, y en los últimos años, especialmente desde los 90, se las puede apreciar en dos sentidos: las que reproducen prácticas del viejo modelo desarrollista tradicional (la individualización del gobierno), y las reformas estatales motivadas por intereses económicos.

Desde la primera perspectiva, desde la década de los 70, época en que finaliza el régimen del Frente Nacional, hasta los gobiernos recientes, según Restrepo (2006, p. 48), los presidentes colombianos han privilegiado y personalizado su poder, operando al margen de los partidos políticos y los principios constitucionales. Es decir, han administrado el país violando los principios fundamentales de la democracia, valiéndose de todo tipo de artimañas clientelistas, corruptas y excluyentes que han agudizado la crisis social y política de la nación. En ellas, también, se han infiltrado intereses del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, dando lugar a crisis políticas como el proceso 8.000 y, en tiempos recientes, la parapolítica.

En lo referente al segundo aspecto, desde los años 90 el paquete de reformas⁹ que el gobierno puso en marcha para frenar la crisis institucional, ocasionada por el cambio de modelo económico operado en el último gobierno del Frente Nacional, y por la agudización de la violencia y el narcotráfico a finales de los 80, en lugar de solucionar el problema de desorganización estatal, y de atender las necesidades de la población, lo que produjo fue una agudización de estos conflictos. Estas reformas fueron paliativos que permitieron un mejoramiento de los indicadores macroeconómicos, pero que, paradójicamente, dejaron una crisis social que aún no se ha podido atender.

Por otro lado, respecto al mercado, al igual que en México y que en el resto de América Latina, el cambio más importante es que Colombia ha entrado en una economía globalizada a partir de los 90. Se pasa de un modelo intervencionista a otro, sujeto a la competencia internacional, con el cual se espera alcanzar un mayor crecimiento, sobre la base de un sector exportador dinámico. Esta reforma económica le resta posibilidades de éxito a la producción industrial nacional, y abona el terreno para la privatización de las empresas de servicios públicos del Estado, y para la marginalización de la sociedad.

Como en México, debido a los saldos negativos en la balanza de pagos, por la necesidad de equiparar las ventajas comparativas y competitivas con el mercado internacional, y por la urgencia de atender la problemática interna signada por el desempleo, la violencia, la pobreza, y el desplazamiento, el país se ha visto obligado a solicitar créditos a la banca internacional, y a pedir ayudas financieras, especialmente a Estados Unidos, lo que ha incrementado el monto de su deuda externa. Colombia durante este período ha estrechado sus vínculos comerciales con algunos países, formando, como se dijo anteriormente, bloques defensivos para palear las adversidades que plantea la competencia desigual de la economía globalizada. En los últimos tiempos, está en proceso y discusión la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estado Unidos, lo que, según la opinión de los expertos, sumirá al país en una crisis social y económica mucho más profunda.

Esta tendencia, más que un riesgo para el orden social nacional, es una oportunidad, primero, para estrechar los lazos entre el Estado y la sociedad civil, y, segundo, para ampliar los horizontes de lucha y de maduración de procesos organizativos; aspectos que renuevan la política y le brindan al país la posibilidad de alcanzar mundos mejores. Sin embargo, según Archila (2006, p. 285) “(...) aún es muy temprano hablar de quiebres históricos o de nuevas eras en la movilización social”.

5. DIFERENCIAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO Y COLOMBIA

La evolución de la sociedad civil en estos países muestra semejanzas y diferencias. En ambos casos los cambios que se han dado en el Estado y el mercado han ido en detrimento del desarrollo y consolidación de un tejido social fuerte; paradójicamente el proceso de transición a la democracia ha dejado como principal damnificado a la sociedad y a sus organizaciones. Un aspecto relevante para el análisis de la evolución de la sociedad en México y Colombia es que en tiempos recientes las movilizaciones sociales y la acción colectiva en general ya no tienen como telón de fondo las reinvidicaciones de clase o económicas, sino la defensa de la identidad y de la cultura, la cual ha evidenciado su diversidad y particularidad.

Un aspecto en el que coinciden las sociedades de estos países es la emergencia de los grupos indígenas que desde 1992, año en el que se cumplió el quinto centenario del descubrimiento de América, vienen manifestando sus demandas y su interés por ser reconocidos como un sector importante con mucha relevancia histórica y cultural. Una tendencia importante que describe la acción colectiva mexicana y colombiana es que las protestas y movilizaciones sociales se concentran en las ciudades.

Por otra parte, una problemática que comparten las asociaciones y grupos de la sociedad civil en los dos países es su fragmentación. En ambas naciones se carece, como dice Alfie (2005, p. 8), de un capital social que permita la construcción de redes, nodos e interacciones que fortalezcan su unidad, confianza y participación. El Estado ha aprovechado esta situación para poner en marcha reformas favorables a los intereses de las elites políticas y del mercado. La incertidumbre y la contingencia son los rasgos que caracterizan a estas sociedades.

Sin embargo, la dinámica de la sociedad de los dos países en los últimos años presenta diferencias sustanciales. El origen de varias asociaciones y formaciones mexicanas puede identificarse desde finales de los 60, con acciones anti-partidistas y pro-católicas. La iglesia ha tenido una independencia relativa del Estado, lo que le ha permitido promover la organización y movilización social en el país, y para ello ha contado con el apoyo de grupos de orientación socialista. Este es un rasgo del desarrollo de la sociedad mexicana que no solo encuentra diferencias con Colombia, sino con otros países de América Latina.

Otra diferencia es que uno de los sectores que más ha dinamizado la acción colectiva en México son las organizaciones no gubernamentales. Como dice Alfie (2005, p. 2), éstas se han convertido en un actor fundamental en la construcción de la sociedad civil en México y son el producto de las nuevas formas de organización y de encuentro de intelectuales críticos con sectores que representan un amplio espectro de descontento social, provocado, principalmente, por los excesos de autoritarismo del régimen de partido único. A partir de los 80, estas organizaciones han captado la atención política derivada de sus prácticas, sus formas de financiamiento y su acción frente a los vacíos y limitaciones estatales.

Por último, un hito en el desarrollo de la sociedad civil mexicana es el levantamiento zapatista, liderado por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), en enero de 1994. Este movimiento provocó que pudieran concretarse demandas sociales de vieja data que habían sido relegadas y olvidadas por la desmedida atención que le prestó el Estado mexicano a la apertura económica. Cambios como la ciudadanización del Instituto Federal Electoral y la especial atención que le prestaron los funcionarios del Estado a las demandas campesinas y a sus respectivas soluciones caracterizan este período.

Esta orientación de la acción colectiva ha obedecido principalmente a la escasa atención que los últimos gobiernos le han otorgado a los problemas sociales del país. El énfasis que estos mandatarios han puesto tanto en la solución política y militar del conflicto armado con grupos ilegales, como en la necesidad de privatizar algunas empresas del Estado para que inversionistas extranjeros exploten los recursos naturales y cometan toda serie de atropellos laborales y económicos contra la clase trabajadora han traído, como consecuencia, además del dinamismo y variedad de estos movimientos, la politización de la protesta social, como lo sostiene Archila (2006, p. 273).

En Colombia no solo han cambiado en los últimos tiempos los motivos de las movilizaciones y protestas sociales, sino también los actores que las protagonizan. Ahora dichas acciones son lideradas por obreros, sindicalistas, campesinos, y por otros grupos de la sociedad que, además de perseguir fines económicos, también buscan la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento de los grupos LGTB¹⁰, la liberación de secuestrados, el diálogo entre los actores del conflicto y la reconciliación nacional.

6. CONCLUSIONES

La transición a la democracia a partir de los años 80 no implicó cambios importantes para la región en general, y para México y Colombia en particular, en lo concerniente a la relación mercado, Estado y sociedad. En la actualidad, al igual que el período que va desde 1930 hasta 1970, se conserva la estructura de la MEC, con la diferencia de que el Estado se ha acercado más al mercado, pero se ha alejado un poco más de la sociedad. Esto se puede apreciar en la tendencia que muestran algunos mandatarios de la región, quienes no se han acogido a los principios constitucionales y del Estado de derecho para gobernar y promover el desarrollo y el bienestar de sus sociedades. En su lugar, han privatizado el poder y han adelantado reformas económicas y sociales, que envilecen a las asociaciones y movimientos de las bases populares, y, en contraste, exaltan los intereses de las elites políticas y económicas.

La modernización política y social que vive América Latina y los países que la conforman, según lo expuesto en esta reflexión, no consolidó espacios de participación y de construcción de un modelo de sociedad civil fuerte y solidaria, y en su lugar, lo que trajo fue mayor fragmentación e individualización de sus diferentes grupos, asociaciones y movimientos. En lugar de mayor equidad, estos cambios han traído como consecuencia lo que Weffort (1995, p. 411) denomina “anomia generalizada”, situación de la que no escapan México y Colombia, países que este trabajo ha tomado como referentes para un análisis más detallado y específico de la situación.

Por otro lado, los cambios no solo se han operado en la forma como se relacionan estos tres componentes que estructuran todo orden social moderno, sino también en el interior de los mismos. Desde la perspectiva del mercado, la principal transformación tiene que ver con inserción de las economías nacionales a un mercado globalizado y neoliberal, donde la función pública de las empresas e instituciones del Estado va cediéndole espacios cada vez más importantes a los intereses particulares y a la entrada de capitales extranjeros, con lo que la función social del Estado se reduce sustancialmente.

Por su parte, el Estado, con la apertura democrática que viene experimentado desde la década de los 80, ha puesto en marcha reformas políticas y constitucionales que se enmarcan dentro de la figura del Estado de Derecho. Se ha promovido la participación de la ciudadanía en asuntos públicos, se le ha dado un lugar de preponderancia al reconocimiento de los derechos fundamentales y a la diferencia, y se han establecido parámetros constitucionales para ejercer el poder de forma democrática. Sin embargo, la experiencia muestra que estos cambios se han quedado en el papel, porque en la práctica han imperado en la región la privatización y el caudillismo presidencial, la violación sistemática de los derechos humanos, y la falta de cumplimiento de los compromisos que el Estado ha asumido con la sociedad.

Finalmente, aunque la sociedad ha sido la más afectada en este proceso, es la que más dinamismo presenta. Los objetivos de las protestas sociales, según la opinión de los expertos, han cambiado en los últimos tiempos; se ha pasado de las reivindicaciones económicas y de clase, especialmente obreras y campesinas, a otras de un corte más plural: como las movilizaciones indígenas, estudantiles, feministas, humanitarias, políticas, etc., de las cuales dan cuenta los casos de México y Colombia. Sin embargo, como lo sostienen los científicos sociales de la región, hace falta, como dice Alfie (2005, p. 8) un mayor capital social que fortalezca la confianza, la unidad y la participación en la sociedad, y que contribuya a apaciguar ese clima de incertidumbre y contingencia en el que están imbuidas nuestras sociedades.

BIBLIOGRAFÍA

1. ALFIE COHEN, Miriam (2004). Globalización, democracia y desilusión: la sociedad civil en México (1991–2004). En: El Cotidiano. Revista de la realidad mexicana actual, No 126, Universidad Autónoma Metropolitana, México, p. 1-9.        [ Links ]

2. ARCHILA NEIRA, Mauricio (2006). Los movimientos sociales en la encrucijada de comienzos del siglo XXI. En: LEAL BUITRAGO, Francisco. (Editor). En la encrucijada Colombia en el siglo XXI. Bogotá: Grupo editorial Norma, p. 261-289.        [ Links ]

3. DE ARTAZA MONTERO, Manuel María (2008). Reseña sobre “reformas económicas y consolidación democrática, historia contemporánea de América Latina, volumen VI 1980-2006, de Manuel Alcántara, Ludolfo Paramio, Flavia Freidenberg y José Déniz”. En: Araucaria, Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. No 19, Primer semestre de 2008, Universidad Santiago de Compostela, p. 209-217.        [ Links ]

4. BONILLA GONZÁLEZ, Ricardo (2006). La reforma económica: una apertura concentradora. En: LEAL BUITRAGO, Francisco (Editor). En la encrucijada Colombia en el siglo XXI. Bogotá: Norma, p. 423-449.        [ Links ]

5. CAVAROZZI, Marcelo (1994). Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina. En: REYNA, José Luis. (Compilador). América Latina a fines de siglo. México: Fondo de Cultura Económica, p. 460-485.        [ Links ]

6. CHAVEZ TEXEIRA, Ana Claudia; DAGNINO, Evelina y SILVA, Carla Almeida (2002). La constitución de la sociedad civil en Brasil. En: DAGNINO, Evelina (coordinadora). Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil. México: Fondo de Cultura Económica y UNICAMP, p. 21-49.        [ Links ]

7. DE LA MAZA, Gonzalo (2002). Sociedad civil y democracia en Chile. En: PANFICHI, Aldo (Coordinador). Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono sur. México: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo de Cultura Económica, p. 211-240.        [ Links ]

8. KAHATT, Farid (2002). Sociedad civil y gobernabilidad democrática en Perú. En: PANFICHI, Aldo (coordinador). Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina. México: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo de Cultura Económica, p. 449-431.        [ Links ]

9. OLVERA, Alberto (2003). Las tendencias generales de desarrollo de la sociedad civil en México. En: OLVERA, Alberto (compilador). Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: México. México: Fondo de Cultura Económica, p. 42-70.        [ Links ]

10. RESTREPO, Luis Alberto (2006). ¿Hacia el reino de los caudillos ilustrados? Los gobiernos colombianos como actores políticos. En: LEAL BUITRAGO, Francisco (Editor). En la encrucijada Colombia en el siglo XXI. Bogotá: Grupo editorial Norma, p. 27-49.        [ Links ]

11. RIONDA RAMIREZ, Jorge Isaura (2008). Política económica sectorial en el desarrollo regional de México: crisis y reforma estructural (1980–1999). [En línea] Tecsistecatl, revista electrónica de ciencias sociales, junio de 2008. Disponible en: http://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n4/jirr.htm. [Consultado en noviembre 16 de 2008).        [ Links ]

12. ROJAS-ARAVENA, Francisco (1993). América Latina. El difícil cambio de la concertación y la integración. Revista Nueva Sociedad, No 125, Junio, p. 1-12.        [ Links ]

13. SABA, Roberto (2002). El movimiento de derechos humanos, las organizaciones de participación ciudadana y el proceso de construcción de la sociedad civil y el estado de derecho en Argentina. En: PANFICHI, Aldo (2002). Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina. México: Pontificia Universidad Católica del Perú y Fondo de Cultura Económica, p. 147-176.        [ Links ]

14. SABINO, Carlos (2006). Conferencia: Tendencias económicas y políticas en América Latina. [En línea] New Media, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, 3 de octubre de 2006. Disponible en: http://www.newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Tendencias_pol%C3%ADticas_y_econ%C3%B3micas_en_Am%C3%A9rica_Latina%2C_2006 . [Consultada el 19 de diciembre de 2008).        [ Links ]

15. WEFFORT, Francisco (1995). La América Latina equivocada: apuntes sobre la democracia y la modernidad en la crisis de América Latina. En: REYNA, José Luís. América Latina a fines de siglo. México: Fondo de Cultura Económica, p. 399-432.        [ Links ]

Recibido: febrero 28 de 2009; Aprobado: mayo 13 de 2009

¹ La MEC (Matriz Estado Céntrica) es una categoría que en CAVAROZZI (1994, p. 483) se refiere a la preponderancia del Estado dentro del modelo desarrollista.

² Presidente de la República Argentina en el período 1989-1999. Ha sido el único mandatario en ocupar este cargo durante 10 años consecutivos en este país. Impulso la Reforma de la Constitución Argentina en el de 1994, la cual fue el marco normativo que institucionalizó la reelección presidencial inmediata. Actualmente es Senador de la Nación por la Provincia de Rioja.

³ General chileno que participió en el golpe de Estado que derrocó del poder a Salvador Allende en 1973. Desde entonces asumió el gobierno del país, primero como Presidente de la Junta Militar de Gobierno, y luego, en 1974, como Presidente de la República. Con la Constitución de 1980 fue ratificado en su cargo. En 1990 perdió su mandato en el Plebiscito Nacional, el cual paso por vía democrática a manos de Patricio Alwin. La dictadura del Augusto Pinochet ha sido objeto de duras críticas por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil durante su gobierno.

⁴ Como se anotó anteriormente, Patricio Alwin fue el Presidente que sucedió a Augusto Pinochet, quien estuvo al mando de Chile durante dieciséis años y medio. Fue Presidente de la Nación durante el cuatrienio 1990-1994, y su gobierno le abrió la puerta a la democracia y a grandes cambios político-institucionales.

⁵ Fue Presidente de México entre los años 2000 y 2006. Con su llegada al gobierno puso fin a 71 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el país.

⁶ Archila (2006) denomina esta diversidad de movimientos como “poiíclasista”

⁷ Fue el primer candidato presidencial del (PRI) en perder una elección presidencial. Reconoció públicamente la victoria de Vicente Fox. Actualmente se desempeña como Senador de Sinaloa para el período 2006 - 2012

⁸ Político conservador que ocupó la Presidencia de Colombia en el período 1982-1986. Su mandato se caracterizó por tener un marcado tinte social y por sus esfuerzos por establecer un proceso de reconciliación con las guerrillas de las FARC, el M19 y el EPL; esfuerzos éstos que no arrojaron mayores frutos, pues su gobierno es tristemente recordado por la Toma del M19 al Palacio de Justicia en el año 1985, que significó la desaparición forzada de algunos civiles que se encontraban en el interior de este edificio.

⁹ Reformas de primera y segunda generación como las denomina Bonilla (2006).