La convocatoria del primer Concilio neogranadino (1868): un esfuerzo de la jerarquía católica para restablecer la disciplina eclesiástica^*

Convening the first Council of New Granada (1868): an Effort by the Church Hierarchy to reestablish Ecclesiastic Discipline^*

John Jairo Marín Tamayo

Profesor investigador de l’École des Sciences de l’Éducation de l’Université Laurentienne, en Sudbury, Ontario, Canadá. Doctor en Teología por l’Université Laval de Québec, Canadá. Entre sus intereses de investigación se hallan: el análisis del discurso de los sínodos coloniales celebrados en Santafé, la construcción del espacio colonial en Colombia y las representaciones de Dios. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra La construcción de una nueva identidad en los indígenas del Nuevo Reino de Granada. La producción del catecismo de Fray Luis Zapata de Cárdenas (1576). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colección Espiral, 2008. jmarintamayo@laurentian.ca

Artículo recibido: 20 de agosto de 2007; aprobado: 31 de octubre de 2007; modificado: 14 de mayo de 2008.

Resumen

Luego de la Independencia de la Nueva Granada las relaciones entre la Iglesia y el Estado tomaron un nuevo rumbo. En junio de 1853, el gobierno liberal presidido por José María Obando decretó la separación de Iglesia y Estado. Para contrarrestar los efectos de esta ley, considerada como un ataque frontal contra la Iglesia, el arzobispo Antonio Herrán convocó a los obispos del país a un concilio provincial en enero de 1868. En este artículo, se aborda la historia de la convocación de dicho concilio. En particular se analiza el discurso contenido en la convocatoria para tratar de comprender cómo fue utilizado este mecanismo en la búsqueda de una solución a una de las peores crisis vividas por la Iglesia neogranadina. El análisis muestra que la jerarquía católica buscó no solamente el restablecimiento de la disciplina eclesiástica, sino que, además, se sirvió del Concilio para desarticular e invalidar el discurso de los liberales radicales, el que fundamentó a la ley que separó a la Iglesia del Estado.

Palabras clave

Iglesia católica, sínodos, concilios, siglo XIX, Colombia.

Following the Independence of New Granada, relations between the Church and State took a new direction. In June 1853, José María Obando’s Liberal government decreed the separation of Church and State. To counteract the effects of this law, considered to be a direct attack against the Church, Archbishop Antonio Herrán convened the country’s bishops to a provincial council in January 1868. This article addresses the convocation of that council. In particular, it analyzes the discourse of the convocation to try to understand how this mechanism was used to find a solution to one of the worst crises experienced by the Church in New Granada. The analysis shows that the Catholic hierarchy sought not only to reestablish ecclesiastic discipline, but also used the council to dismantle and refute the radical Liberals’ discourse on which the law that separated Church and State was based.

Keywords

Catholic Church, Synods, Councils, Nineteenth Century, Colombia.

Si en la actualidad se cuenta con abundantes estudios sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante el siglo XIX, los estudios que abordan específicamente el análisis de las constituciones y decretos de los sínodos y concilios neogranadinos durante el mismo periodo son escasos. Se trata de un vacío historiográfico por llenar, ya que la historiografía eclesiástica no ha tratado debidamente el tema y no ha permitido que tengamos auténticos análisis históricos de dichos documentos. Con el propósito de contribuir a llenar este vacío, el presente artículo aborda la historia de la convocatoria del primer Concilio neogranadino. Hemos limitado este estudio a dicho documento por considerar que él constituye la clave hermenéutica para comprender el contenido de los decretos conciliares. En este trabajo abordamos exclusivamente la historia de la producción del documento, es decir, a su “marco de escritura”, dejando de lado otros niveles de análisis tales como el “marco de difusión” y el “marco de recepción”¹. Un trabajo que debe hacerse posteriormente a través del análisis de otras fuentes, como, por ejemplo, los artículos de prensa aparecidos en la época, es el de verificar el impacto real de los decretos del concilio en la sociedad neogranadina.

Para abordar el análisis de la convocatoria del Concilio, utilizaremos como método el “análisis del discurso por el discurso”. Este método sociolingüístico procura poner en evidencia el funcionamiento interno y original de un texto apoyándose en su estructura retórica y lingüística. Como lo indica Raymond Brodeur, se trata de aprehender el contenido del texto respetando sistemáticamente su organización y el funcionamiento del discurso para, así, precisar la problemática de fondo y los objetivos del locutor². Éste es un excelente método utilizado para el análisis de fuentes primarias, ya que según sus postulados de esta metodología el propio discurso y su articulación permiten comprender el funcionamiento de lo que precedió a la producción del texto; situar el discurso en su contexto sociocultural; identificar al locutor y a su interlocutor; y definir lo que aquél dice; todo ello a través de un examen atento de la retórica del texto, de las figuras de estilo y de las comparaciones empleadas.

El análisis del documento de convicción del Concilio está orientado por la siguiente hipótesis: la convocatoria del concilio primero provincial neogranadino obedeció a la necesidad de restablecer la obediencia del clero a sus jerarcas. Para dar cuenta de nuestro propósito se presenta brevemente el contexto sociopolítico en el que surgió la idea de la convocación del Concilio, luego se observa en que forma se cristalizó dicha idea; se continúa enseguida con el análisis de su convocatoria y del programa; para terminar con la presentación de algunas consideraciones propias a nuestro análisis.

1. LA SITUACIÓN: RADICALES LIBERALES VERSUS JERARCAS CATÓLICOS

Entre el día de la Independencia de la Nueva Granada y el final de la primera mitad del siglo XIX, la historia de lo que hoy es Colombia “fue de acentuado carácter conservador, a pesar de que las normas constitucionales del Estado se inspiraron en el pensamiento liberal”³. Tanto la economía como la estructura social de la Nación sufrieron pocos cambios profundos. Juicio que se puede aplicar igualmente a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, sin desconocer que durante ese período se presentó un paulatino cambio en dichas relaciones, el que se prolongó hasta mediados del siglo XIX. Los cambios profundos o “revolucionarios” como los denominó Jaime Jaramillo se presentaron a partir de 1850. En ese momento, la opinión pública ya estaba organizada en partidos políticos⁴. Por un lado, los liberales con una marcada infuencia del legado flosófico y político de la Ilustración y del utilitarismo inglés creían que

“[…] la separación de la Iglesia del Estado, era prerrequisito para afanzar las libertades individuales de expresión y de pensamiento y por tanto del establecimiento de la tolerancia religiosa y la libertad de cultos. Ello conducía a la eliminación de los privilegios de la institución religiosa y del clero en materia económica y educativa”⁵.

Dentro de este marco tuvieron lugar las reformas radicales de los gobiernos liberales que, entre otras cosas, querían minar el poder de la Iglesia neogranadina sobre la sociedad civil y circunscribir su acción a lo espiritual, pues consideraban que ésta no tenía poder alguno sobre lo civil. El período de cambios radicales en la vida de la nación y de predominio del partido liberal en el poder se inició con la posesión del general José Hilario López (1849 1853) como presidente de la República. Durante su mandato las relaciones entre la Iglesia y el Estado cambiaron radicalmente, debido a la expulsión de los jesuitas, la supresión del fuero eclesiástico, la abolición de los diezmos y la elección popular de los párrocos⁸. Dos años más tarde, el general José María Obando sancionó la ley que separó la Iglesia del Estado y declaró que éste cesaba toda intervención en la elección y presentación de personas para puestos eclesiásticos, prohibía cualquier contribución forzosa para el culto religioso o sus ministros, sometía a los prelados y ministros del culto a las autoridades civiles, declaraba los templos pertenecientes a los fieles respectivos y negaba el carácter público de las corporaciones religiosas⁹. Posteriormente quedó autorizado el matrimonio civil y la propiedad de los cementerios fue trasladada a los municipios. Dos años más tarde se sancionó la ley sobre la libertad religiosa, en la que se declaró oficialmente que el Estado no estaba asociado a ninguna religión. Estas leyes permitieron el nacimiento del Estado laico, el cual no ignoraba el hecho religioso ni lo perseguía ni lo proscribía, sino que lo concebía como una dimensión cultural que afectaba a las conciencias individuales. Durante ese período los liberales radicales concentraron sus esfuerzos, “en moldear el ciudadano ideal según la concepción de un liberalismo que intentaba construir una sociedad republicana sin una tutoría cultural de la Iglesia católica”¹⁰. Así, los individuos antes de ser considerados como católicos eran ciudadanos.

Este período se caracterizó por la fuerte oposición que ejercieron los liberales radicales que gobernaban el país en contra de la jerarquía católica. De un bando y otro las acusaciones iban y venían. Se trató de una guerra discursiva, en la que los gobiernos liberales acusaban a la jerarquía católica de insurgente y conservadora, mientras que, de su lado, la jerarquía católica desprestigiaba y satanizaba la visión política y los fundamentos ideológicos que servían de base a las reformas emprendidas por los gobiernos liberales. Según Diana Soto, “el principio benthamista de la “independencia del Estado frente al poder religioso” sería, sin lugar a dudas, el mayor motivo de controversia que tendría que afrontar el grupo de liberales radicales en los próximos años”¹¹. En este marco se inscribe el discurso político utilizado por el general Mosquera para justificar la posición y las acciones del Estado contra los obispos. En un mensaje dirigido al Papa Pío IX, el general afirma:

“Varios obispos, y entre ellos el metropolitano, antiguo amigo personal mío, se han puesto en oposición con el gobierno, desobedeciendo los decretos de tuición y desamortización de bienes de manos muertas; y me he visto en la necesidad de confinarlos a otras residencias o extrañarlos por rebeldes de la autoridad temporal, pues debieron, conforme a los preceptos del apóstol, someterse al que gobierna, y no olvidar los preceptos del santo obispo de Hipona, doctor de la Iglesia, san Agustín, que aconseja obediencia aun a los tiranos […] Por esta conducta de algunos obispos se ha puesto en peligro la unidad de la Iglesia […] Después del abandono de la Iglesia metropolitana, algunos sacerdotes virtuosos han sostenido el culto católico […] mientras los obispos, en un lenguaje acusador, como el obispo Arbeláez, mandan desobedecer la autoridad pública, estableciendo de este modo un cisma entre los católicos, que solamente vuestra santidad puede remediar”¹².

Para responder a los ataques de los gobiernos liberales, la jerarquía católica neogra-nadina se atrincheró en las posiciones ultramontanas impulsadas por Pío IX. De esta forma, los obispos neogranadinos se escudaron en el principio de la autoridad de la Iglesia, en la infalibilidad del Papa, en la unidad y fdelidad a Roma, en la rea-firmación del dogma como verdad absoluta y en el combate por restablecer el poder temporal de la Iglesia como garantía necesaria de su soberanía espiritual. Se buscó con ello que lo civil y lo nacional continuaran sujetos a la religión católica, que el catolicismo fuera el único cristianismo posible en el país y que la suprema autoridad del Papa fuera acatada por todos los católicos. En efecto, el concilio primero neogranadino fue convocado en un contexto de tensión entre los radicales liberales y la jerarquía católica, lo que dejo marcadas polarizaciones ideológicas en los discursos utilizados por unos y otros, reduciendo la presentación de la realidad a binarios opuestos tales como: verdad/error, pecado/ gracia, justo/injusto, terrenal/espiritual, ateísmo/catolicismo, modernidad/tradición, ciudadano/cristiano, liberal/conservador.

2. CONVOCAR UN CONCILIO

La convocación y realización del primero concilio provincial neogranadino fue de una importancia capital para la historia de la nación, un acontecimiento eclesial sin precedentes pues durante el período colonial todos los intentos por convocar ese tipo de asamblea habían fracasado. El primero que intentó reunir un concilio provincial en el Nuevo Reino de Granada fue Fray Luis Zapata de Cárdenas en 1576, pero las circunstancias no favorecieron la realización de tal evento, y en su lugar publicó un catecismo¹³. Cuarenta y ocho años más tarde, el arzobispo Arias de Ugarte logró convocar un concilio, que comenzó a sesionar el 13 de abril de 1625. Una vez terminadas las sesiones conciliares, el documento final fue enviado a Roma para su sanción, pero éste jamás fue aprobado¹⁴. El último intento de convocatoria de un concilio provincial durante el período colonial correspondió al arzobispo Agustín Manuel Camacho y Rojas. Éste convocó un concilio el 14 de agosto de 1773, pero no pudo efectuarlo pues la muerte le sorprendió el 13 de abril del siguiente año. Su realización correspondió al obispo de Cartagena, Agustín Alvarado Castillo, quien se encontraba en Bogotá listo para participar de la reunión; sin embrago, las sesiones fueron suspendidas a finales de enero de 1775 por enfermedad del prelado y jamás fueron reanudadas¹⁵. En efecto, la convocatoria, realización y aprobación de un concilio provincial en la Nueva Granada tuvo lugar por primera vez en el inicio del período republicano en 1868, es decir, casi tres siglos después del primer intento de reunir ese tipo de asamblea en la región. La necesidad de convocar un concilio provincial se hizo urgente luego de que los gobiernos liberales iniciaron el programa de reformas radicales en el comienzo de la segunda mitad del siglo XIX.

Los documentos que dan razón de la historia de la convocación del Concilio son bastante limitados. Entre ellos encontramos el informe del delegado apostólico Monseñor Mieczyslaw Ledochowski y una carta de Pío IX dirigida al arzobispo Herrán. Luego de su expulsión del país por el general Mosquera en 1861, Monseñor Mieczyslaw Ledochowski, presentó un informe al Secretario de Estado de Pío IX sobre la situación sociopolítica y eclesial de la provincia. En dicho informe, el delegado apostólico indicó que no informaba sobre los diezmos por considerar que sería un tema que debería tratar el Concilio Provincial de Bogotá, el cual debía convocarse en cuanto fuera posible¹⁶. Se trata pues del primer documento oficial que revela el deseo de la jerarquía católica de convocar ese tipo de asamblea. Si bien los detalles al respecto son mínimos, el documento indica claramente que la idea de convocar un concilio provincial había sido considerada mucho antes de su realización y que no se trataba de obedecer a una aspiración de Papa como podría pensarse en un momento dado. En 1868 es el propio Romano Pontífice quien manifestó en una carta dirigida al arzobispo Herrán el deseo de ver convocada dicha asamblea lo antes posible.

“[…] no dudamos que sería muy oportuno el que todos los Obispos de esa República, ántes de restituirse á sus respectivas Sedes, vayan á reunirse contigo para conferir sobre los medios mas adecuados en órden á curar las heridas que esa Iglesia ha recibido, á neutralizar las consecuencias de la inmoralidad extendida y á alentar los espíritus quebrantados que han combatido por la justicia. Y como todo esto puede justa y confadamente esperarse de un Concilio Provincial, te excitamos encarecidamente á convocarlo”¹⁷.

Antes que nada, subrayemos que el locutor, Pío IX, se dirige al arzobispo Herrán, quien aparece como su principal interlocutor. Desde el punto de vista eclesiástico, locutor e interlocutor se encuentran en el mismo plano pues ambos son obispos: el uno de Roma y el otro de Santafé. Pero desde el punto de vista estrictamente eclesiástico se trata del discurso de un superior a su subalterno, pues en el orden jerárquico establecido por el Concilio de Trento el Papa, en cuanto sucesor del Príncipe de los Apóstoles, es la cabeza visible de la Iglesia, a quien el resto de la jerarquía y el pueblo fiel deben obediencia¹⁸. Teniendo en cuenta esta disimetría, el deseo de Pío IX de ver convocado un concilio provincial constituía un requerimiento para el arzobispo Herrán.

Pero la expresión: “[…] ántes de restituirse á sus respectivas Sedes, vayan á reunirse contigo” deja claro igualmente que las circunstancias de “antes” no eran las mismas de “ahora. ¿Qué sucedió en el país que permitió dicho cambio? Evidentemente no se trató de un cambió político, sino de un cambio de actitud de los gobiernos liberales frente a la situación de la joven República. En este orden de ideas, el presidente José Santos Gutiérrez (1868-1870) consideró que la situación de caos en la que estaba sumida la Nación debía terminar. En una alocución al Congreso de la República, el Presidente expresó su descontento en los siguientes términos: “El país ha llegado a tal punto de decadencia, fruto de la intranquilidad más o menos absoluta de los últimos años, que es preciso empezar la grande obra de su regeneración por la rudimentaria base de restablecer su seguridad [...] una regeneración que reclaman nuestro honor nacional y nuestra afictiva situación”²¹. Para Santos Gutiérrez, la “regeneración” aparecía como un medio para alcanzar la estabilidad nacional. Harto de la intranquilidad que se vivía, el Presidente pasó a la acción y buscó mediante un entendimiento nacional con el partido conservador la paz para el país²², lo que permitió, entre otras cosas, el retorno de los obispos a sus sedes. Por momentáneo que hubiera sido, dicho cambio tuvo un gran valor para Pío IX, quien consideró “no pequeño consuelo ver al cabo removidos los obstáculos que mantenían á los sagrados Pastores separados de los rebaños á ellos encomendados”²³. Para el Soberano Pontífice, el hecho de que los obispos pudieran retornar a sus diócesis²⁴ era el signo inequívoco para reunir un concilio provincial en la Nueva Granada.

En su discurso, el Romano Pontífice presenta la convocación del Concilio como un instrumento de concertación para determinar los medios más adecuados para afrontar la situación que vivía la Iglesia neogranadina en aquel momento. Con ello, el Papa fja, de un lado, el propósito de la reunión y, del otro, la orientación de las discusiones que en ella tendrían lugar. Se trata de un propósito esencialmente pragmático, que se funda en la acción, la eficacia y los resultados concretos. Con ello queda claro que para Pío IX el primer Concilio provincial neogranadino no sería, estrictamente hablando, un concilio ideológico. Los medios sobre los cuales se debía discutir debían estar orientados a “curar”, “neutralizar” y “alentar”. Con estos verbos se precisa el propósito general del Concilio y se determina la misión que se le confaba al episcopado neogranadino. El propósito expresado por Pío IX deja claro tres aspectos: que la Iglesia local estaba herida, que había que neutralizar los efectos de tal herida y que, pese a ello, había que alentar el combate.

Del discurso del Romano Pontífice se infere que las heridas que afectaban la Iglesia neogranadina no eran el resultado de procesos internos, sino que obedecían a ataques externos. El episcopado neogranadino no se debía contentar con curar dichas heridas, debía ir más lejos y buscar los mecanismos para neutralizar las consecuencias de una inmoralidad generalizada que afectaba tanto al clero, al pueblo fiel como a los hombres de gobierno. Además de neutralizar, los obispos debían alentar a quienes habían combatido por la justicia, es decir, animar a los que habían luchado por restablecer la situación y el estatuto sociocultural que le correspondía a la Iglesia en una sociedad tradicionalmente católica.

Aunque Pío IX abogaba por un concilio provincial, era consciente de que ese tipo de asambleas no era fácil llevarlas a cabo, debido a las circunstancias que vivía la Nueva Granada; esto sin contar el trabajo que representaba para el Metropolitano la realización de un evento de tal magnitud. Teniendo en cuenta las posibles dificultades, el Papa advirtió: “Mas si las ocurrencias no permitieren que se reúna un Sínodo Provincial, deseamos que á lo menos lo que en aquel hubiera de hacerse se provea por medio de conferencias privadas”²⁵. Para el Romano Pontífice lo más importante no era el medio sino la finalidad, razón por la cual proponía una segunda opción: las conferencias privadas. Éstas son presentadas como un recurso y no como una prioridad. El Pastor Universal se aferraba a la idea de un concilio, porque ese tipo de reuniones constituyen actos de autoridad para gobernar y orientar la Iglesia tanto en lo administrativo como en lo moral y doctrinal. El Papa apostaba por el Concilio, ya que estaba convencido de su eficacia, la que aumentaba con la magnitud, pues cuanto más general fuera el Concilio, mucho más importantes serían sus efectos, y consideraba que los remedios que debían aplicarse eran mucho más eficaces, “en cuanto con mas uniformidad y energía de comun acuerdo se administran”²⁶. Pío IX veía en el Concilio la expresión de la colegialidad episcopal para luchar de forma mancomunada contra los liberales radicales. Para él era evidente que la fuerza discursiva de un documento que refejara la unidad del episcopado neogranadino sería mucho más eficaz que una carta pastoral de uno de los obispos. Para el Romano Pontífice, la unidad del episcopado era necesaria con el fin de intervenir eficazmente y revertir la situación.

Para finalizar, el Papa propone al Metropolitano anotar todo lo que estime conveniente con respecto a la ejecución de la idea o “sobre algun otro camino que pareciese mas expedito conforme á los tiempos y situaciones, y en fin sobre todo aquello que demande la utilidad de la Iglesia, la salud de las almas y en particular la conveniente reforma del clero”²⁷. De los tres aspectos aquí señalados, Pío IX subraya la reforma del clero. Ello indica la urgente necesidad que había en la provincia de restablecer la disciplina eclesiástica. Esta acción se hacia urgente, entre otras cosas, porque algunos los clérigos intervenían en la vida pública y habían jurado obediencia a la Constitución de la República²⁸. Subrayemos que en el discurso del general Mosquera estos clérigos son calificados de virtuosos por haber mantenido el culto católico en el momento en que los obispos fueron desterrados. Esta situación que para el propio Mosquera ponía en peligro la unidad de la Iglesia, para el Papa era inaceptable y por ello había que actuar de inmediato procediendo a la reforma del clero.

3. LA CONVOCATORIA DEL CONCILIO

El documento de convocatoria del Concilio fue rubricado por el arzobispo de Santafé de Bogotá y metropolitano de la Nueva Granada el Ilustrísimo y Reverendísimo señor doctor Antonio Herrán en Villeta el día seis de enero de 1868, es decir, seis meses después que Pío IX hubiera instigado al Metropolitano a convocar un concilio provincial. El corto lapso de tiempo entre la convocatoria y la solicitud del Papa muestra hasta qué punto el Arzobispo tomó en serio la propuesta. Señalemos que la convocatoria fue dirigida exclusivamente a los hombres de Iglesia y dejó de lado a los laicos. En otras palabras, fue el alto clero el que se atribuyó la responsabilidad de buscar una solución a los problemas que afectaban a la Iglesia neogranadina, sin contar para ello con el pueblo fiel, al que se le encargó exclusivamente la misión de asistir a los prelados con sus oraciones.

Para justificar la convocación del Concilio y convencer a su interlocutor de la necesidad de reunir dicha asamblea, el Arzobispo define la función de aquel indicando que un concilio es el instrumento “mas poderoso y eficaz para conservar y aumentar la fe, para restablecer la disciplina eclesiástica y para reformar las costumbres del pueblo”²⁹. Con los calificativos empleados, el Arzobispo buscaba borrar toda posible duda que su interlocutor pudiera tener acerca de la importancia de dicha asamblea, y para evitar toda ambigüedad, enuncia inmediatamente las funciones atribuidas a los concilios. Dichas funciones definen al mismo tiempo los objetivos que debía proponerse toda asamblea de este tipo.

En su proceso retórico, el Arzobispo busca ahora convencer a su interlocutor de la eficacia y la necesidad de los concilios, y para ello se sirve de algunos eventos y datos tanto de la historia de la Iglesia universal como de la Iglesia local. Subraya, antes que nada, que ese mecanismo fue utilizado por los Apóstoles y sugerido por el Concilio de Trento para “arreglar las costumbres, corregir los excesos, ajustar las controversias y otros puntos permitidos por los sagrados cánones”³⁰. En segundo lugar, indica que el Concilio debe convocarse, porque nunca antes en la Iglesia neogranadina había sido posible realizar ese tipo de asambleas o bien éstas no habían surtido efecto. Es por ello que después de haber regido y gobernado la provincia en medio de amargas vicisitudes por espacio de 14 años, el Arzobispo concluye que la realización de un concilio era el remedio requerido para “conservar la integridad de la fe y la obediencia debida á la Iglesia, administrar rectamente las cosas sagradas, mantener el esplendor de la disciplina eclesiástica y la pureza de costumbres, y alejar el contagio de los vicios”³¹.

Seguidamente el Metropolitano enunció el problema que aquejaba a la Iglesia neogranadina. Dos elementos de base constituyen la problemática: la introducción de los abusos y de la corrupción en las instituciones eclesiásticas y la falta de disciplina del clero. El discurso del Arzobispo indica, al menos en una primera instancia, que el problema era interno. Pero si la problemática es endógena, su origen es exógeno. Para el Prelado, el origen del mal se encontraba realmente en las leyes adoptadas por los liberales radicales en contra de la Iglesia neogranadina. Particularmente se refrió a una sola: la sanción de la ley que puso fin al Patronato Eclesiástico y separó la Iglesia del Estado³². Tanto para él, como para los obispos neogranadinos, la sanción de dicha ley no sólo afectaba sino que atentaba contra la Iglesia. La jerarquía católica estimaba que las acciones de los gobiernos liberales eran arbitrarias y abusivas, ya que no respetaban los derechos adquiridos por la Iglesia en el pasado. En sus Memorias, Salvador Camacho Roldán matiza este postulado, indicando que el clero temía más el desafuero eclesiástico y la introducción del matrimonio civil que la “separación del Estado y de la Iglesia, reforma más bien solicitada que temida”³³.

Justificada la necesidad de convocar el Concilio, el Arzobispo pasa a demostrar la viabilidad del proyecto, que por su envergadura no podía realizar solo. Para su realización solicitó en primer lugar la asistencia de Dios y en segundo lugar, la colaboración de sus sufragáneos, del clero, del pueblo fiel, del presidente de la nación y de otras autoridades civiles. Por sorprendente que parezca, el Arzobispo estaba convencido que sin la colaboración del presidente y demás autoridades civiles era imposible realizar el evento. Pese a las diferencias ideológicas entre la jerarquía y los liberales, había que contar con ellos para no condenar el proyecto al fracaso. Para convencer al presidente y a las autoridades civiles de colaborar en la realización del Concilio, el Arzobispo utilizó tres argumentos. Con el primero de ellos, el moral, el Metropolitano afirmó que la Iglesia es un instrumento de mejora y de conservación de las costumbres mucho más eficaz que el propio Estado. En efecto, si las autoridades civiles deseaban ser obedecidas, ellas debían contar con el concurso de la Iglesia, que a través de su doctrina enseñaba a todos los fieles la sumisión a las autoridades civiles. El arzobispo supuso allí dos cosas: que los neogranadinos antes de ser ciudadanos eran cristianos y que, como tales, antes de obedecer a las autoridades temporales debían obedecer a la Iglesia, la cual es definida como “madre fecunda de toda virtud, azote del vicio, liberadora del espíritu y señal de verdadera fielicidad”³⁴. El Metropolitano demostró así que la Iglesia, como instrumento de cohesión social, jugaba un papel destacado en los destinos de la Nación y que como actor social, por su infuencia y su presencia en su configuración, no podría dejarse al margen de su proceso de pacificación y estabilización. Al contrario, su presencia en dicho proceso era urgente y necesaria. En efecto, el arzobispo Herrán abogaba por la unidad entre la Iglesia y el Estado, para, así, restablecer la tranquilidad y la estabilidad de la República, es por ello que el Presidente y las autoridades civiles debían apoyar la celebración del Concilio.

El segundo de los argumentos es de tipo histórico. El Metropolitano que la realización de esa suerte de reuniones había sido posible en otros países, como en los Estados Unidos de Norte América, en los que las potestades del Estado y de la Iglesia habían sido separadas³⁵. Con ello el Prelado indicaba, en primer lugar, que la realización del Concilio era posible siempre y cuando existiera la voluntad política para realizarlo y, en segundo lugar, que la separación de la Iglesia y del Estado no constituía un obstáculo para que las autoridades civiles apoyaran la realización de la asamblea.

En la búsqueda de su objetivo, el Metropolitano esgrime un tercer argumento, esta vez de orden flosófico. Se trata de un razonamiento que busca valorar en su justa medida el “ser” mismo de las autoridades civiles. El Arzobispo señala que ellos son varones católicos que ejercen autoridad en una república católica³⁶ a quienes abraza como hijos muy amados en Cristo. Desde esta óptica es posible afirmar que el Prelado reconoce dos elementos en el ser de las autoridades civiles: la catolicidad, afirmada en primer lugar, aparece como elemento intrínseco del ser, y el ejercicio de la autoridad, que se presenta como una función, elemento extrínseco o accidental, que califica o que dice algo de la persona sin que se modifque su esencia. Sobre la base de este nuevo argumento, el Metropolitano exhorta a los hombres de gobierno a que como católicos pasen a los actos. Les pide específicamente que refrenen las tentativas de quienes intenten perturbar o impedir la realización del concilio. En última instancia, lo que buscaba el Prelado era el compromiso incondicional de las autoridades civiles para garantizar el mínimo de tranquilidad necesaria con el fin de poder reunir el Concilio provincial. En ningún momento se cuestiona la catolicidad de los liberales ni se les califica de pecadores o ateos.

El arzobispo Herrán cierra esta parte de su discurso anunciando la fecha de convocación del Concilio, el que debía comenzar sus sesiones el 29 de junio³⁷. Entre las personas convocadas se encontraban los obispos de Cartagena, Panamá, Popayán, Antioquia (o vicarios capitulares en Sede vacante), Pamplona, y Pasto, el obispo coadjutor del arzobispado, el vicario apostólico de Santa Marta, el Capítulo metropolitano, los Capítulos catedralicios que debían ser representados por procuradores, los Superiores de regulares y demás personas eclesiásticas, las que por derecho o costumbre debían asistir al Concilio³⁸.

4. EL PROGRAMA

Además de los objetivos, motivaciones, obstáculos y personas convocadas, la convocatoria del primer concilio neogranadino daba cuenta de los temas que la asamblea debía abordar en sus deliberaciones. El Arzobispo propone cinco: las cosas que, según la doctrina católica, se referen a la Revelación y a la Iglesia contra los errores de nuestros tiempos; las cosas que Cristo estableció en su Iglesia para la salud de los hombres, esto es la jerarquía y régimen de la Iglesia; las cosas que han sido encomendadas a los ministros sagrados como son la predicación, administración de sacramentos y culto divino; los frutos de la santificación que son la piedad y caridad en todos, perfección evangélica en los regulares y santidad en el clero, y finalmente, los medios para promover las instituciones de la Iglesia y otros puntos concernientes a la disciplina eclesiástica³⁹.