EL DERRUMBE DE LA PRIMERA REPÚBLICA EN LA NUEVA GRANADA ENTRE 1810 Y 1816

Ana Catalina Reyes Cárdenas
Historiadora y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Doctora en Historia de América Latina de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, Profesora asociada del Departamento de Historia de la Facultad Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia, Directora del Grupo Historia, Territorio y Poblamiento en Colombia (Categoría A en Colciencias). Sus temas de investigación son la configuración del espacio y los patrones de poblamiento en la Nueva Granada durante los siglos XVIN y XIX, al igual que los procesos de transición entre el mundo colonial y el republicano en la Nueva Granada y en la región Andina, Entre sus últimas publicaciones se encuentran: "La revolución de los cabildos y las múltiples autonomías locales en el Nuevo Reino de Granada", en Historia que no cesa. La independencia de Colombia, 1780-1830, editado por Pablo Rodríguez Jimenez (Bogotá: Universidad del Rosario, 2010), 47-62; "Balance y perspectivas de la historiografía sobre la independencia en Colombia", Revista Historia y Espacio 33 (2009): 5-20; "El miedo a la plebe: participación popular en la primera República, Nueva Granada, 1810-1816", en Seminario Internacional Etnia, color y clase en los procesos de Independencia de los países andinos (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008), acreyes@unal.edu.co.

RESUMEN

Este artículo describe los múltiples esfuerzos realizados por las élites criollas para organizar un nuevo orden político en la Nueva Granada entre 1810 y 1816. Se intentará apreciar la complejidad de estos esfuerzos y mostrar cómo, a pesar de ellos, la fragmentación política en múltiples soberanías locales, el peso de las identidades y los proyectos locales, así como los apetitos burocráticos de las élites criollas, allanaron el camino al fracaso de la primera república en la Nueva Granada, aun antes de la reconquista.

PALABRAS CLAVE
Primera república, Nueva Granada, ciudades, villas, provincias, juntas de Gobierno, burocracia, corrupción, guerra.

THE COLLAPSE OF THE FIRST REPUBLIC IN NEW GRANADA BETWEEN 1810 AND 1816

ABSTRACT

KEY WORDS
First Republic, New Granada, cities, villas, provinces, juntas de gobierno, bureaucracy, corruption, war.

Artículo recibido: 15 de enero de 2010; aprobado: 12 de abril de 2010; modificado: 10 de mayo de 2010.

"Esta Junta Superior ve con el más profundo sentimiento que la discordia se va extendiendo por todo el Reino y que lo amenaza la completa anarquía. Las provincias se han separado de las provincias, los lugares se van separando de los lugares, todos quieren ser independientes, y en breve cundirá el mismo espíritu en cada uno de los individuos. Entonces disueltos enteramente los vínculos sociales, no se conocerá otra ley que la del más fuerte, retrocediendo el Reino al estado bárbaro e infeliz de los primeros habitantes del globo[...]"[1].

1. Los retos de la nueva república

Entre los años 1810 y 1815 sucedieron tantos acontecimientos que al intentar reconstruir la cronología de los hechos politicos que sacudieron a la Nueva Granada se tiene la sensación de estar en medio de un gran turbión, Una cadena de sucesos vertiginosos desfilan ante los ojos del investigador, que apenas alcanza a dimensionar su importancia cuando es atropellado por otro: instalación de colegios electorales, congresos, federaciones y proclamación de numerosas constituciones[2], Todo esto en medio de la efervescencia de la prensa, los bandos y la proliferación de panfletos, pues la libertad de imprenta y la necesidad de crear una opinión pública favorable a los diversos proyectos políticos hicieron que ésta irrumpiera como actor determinante de la república.

Mas no sólo se vivió una intensa actividad política, El retumbar de tambores de guerra, el alistamiento y el desfile de tropas fueron constantes entre los años de 1811 y 1815, En la Nueva Granada se movilizaron las tropas y las milicias, no sólo contra los peligros de las provincias realistas y una posible reconquista, sino que también se enfrentaron provincias, ciudades, villas y parroquias, El enfrentamiento entre el Congreso de las Provincias Unidas y el de Cundinamarca se intensificó, hasta llegar a una situación en que la guerra y el sometimiento militar del contendor aparecieron como la única vía para resolver el conflicto político.

Todos estos acontecimientos dan cuenta de la dificultad del tránsito del antiguo orden monárquico a los primeros intentos por construir una república, En estos años, las élites de la Nueva Granada pusieron su empeño en concretar una realidad política, social y económica nueva, Intentaron darle vida a un Estado y a una nación que respondiera a lo que ellos imaginaban: el amanecer de la civilización en América, Numerosas fórmulas políticas, editoriales, escritos y discursos dan cuenta de la efervescencia intelectual de la época, pero todos estos esfuerzos ideológicos y gramaticales no lograron conjurar las soluciones militares que se repitieron en distintos escenarios del antiguo Virreinato, La lógica de la guerra y la solución militar se impusieron una y otra vez sobre los discursos y la pluma.

Para entender el fin de la primera república resulta clave el entrecruzamiento entre los acontecimientos americanos y los que ocurrieron en la Península, Tanto los esfuerzos militares de los patriotas como los esfuerzos políticos por crear un nuevo orden sucumbieron ante el cambio de situación política en la península ibérica.

El 10 de mayo de 1814, el Rey mediante un manifiesto, invitó a los americanos a deponer su rebeldía, Al tiempo envió ejércitos expedicionarios con el objeto de restaurar la monarquía en América y pacificar las colonias. Pascual Liñan recibió el encargo de pacificar la Nueva España y Pablo Morillo el de pacificar Venezuela y la Nueva Granada, La reconquista americana era inminente, y los días de la primera república neogranadina estaban contados, Sin embargo, los neogranadinos, enfrascados en múltiples diferencias y luchas entre facciones y concentrados en la tarea de gobernar la naciente república, no lograron dimensionar el peligro que se cernía sobre la república de papel.

La reconquista militar de América ha sido presentada por la historiografía clásica como una obra del terror y del poder militar de España contra América, Sin embargo, hoy, los pocos estudios que sobre el tema existen permiten pensar que esta reconquista fue posible, al menos en la Nueva Granada, por la debilidad militar, el caos político que reinaba y por la incertidumbre generalizada que creaba una tibia adhesión de la población al nuevo orden republicano. De hecho, exceptuando a Cartagena, hubo ausencia de resistencia de buena parte de la población, que vio con indiferencia pero no con beneplácito el arribo de las tropas peninsulares[4]. Igualmente, estudios como los de Juan Friede y Rebeca Earle ha hecho evidentes que la independencia de la Nueva Granada fue posible por las debilidades del ejército expedicionario. Eran evidentes la carencia de bastimentos y municiones, así como la indiferencia de la Corona ante las reiteradas solicitudes de recursos hechas por Morillo[5].

En 1810, la crisis política en la península se había acentuado como resultado de los continuos descalabros militares. El control por parte de los franceses de la casi totalidad de la península era un hecho. La Junta Suprema Central Gubernativa del Reino desprestigiada debió renunciar y se le entregó el gobierno a un Consejo de Regencia, nombrado sobre la marcha de los acontecimientos. Los americanos temían ser invadidos por Napoleón, desconfiaban además de las autoridades virreinales tildadas de afrancesadas y ponían en tela de juicio la legitimidad del Consejo de Regencia. Éste, a diferencia de la Junta Suprema Central, que había incluido diputados americanos elegidos en las Indias, no convocó a los americanos a elegir sus diputados en él[6].

Todos estos hechos precipitaron en la Nueva Granada en 1810 el movimiento de insubordinación de los cabildos, que llevó al derrocamiento de las autoridades virreinales y la conformación de Juntas Autónomas de Gobierno. Las Juntas brotaron por todo el territorio, tanto en las provincias como en las ciudades, villas y parroquias. Hubo una explosión de múltiples soberanías locales que reclamaban el derecho auto-gobernarse y exigían autonomía.

En este período la adhesión de ciudades, villas, parroquias y sitios a uno u otro bando obedecía más a los intereses de las élites de estas localidades y a la defensa de la autonomía territorial, política y económica que a posiciones ideológicas definidas. Algunas ciudades como Santa Marta, Pasto y Panamá se proclaman defensoras del Rey para diferenciarse y liberarse de la tutela de otros centros de poder cercanos que se habían definido como patriotas. Tenían la esperanza de que su adhesión a la corona les permitiera recuperar su autonomía y obtener mejoras en su estatus y en sus privilegios. Panamá había perdido el privilegio de tener su propia audiencia en los años treinta del siglo XVIN, cuando se estableció el virreinato de la Nueva Granada. Aspiraba a recuperar su importancia política. Y en efecto, durante la reconquista fue lugar de residencia de la Audiencia y del Virrey. Santa Marta en un principio fue patriota, pero su tradicional rivalidad como puerto con Cartagena y la imposición por parte de ésta de un arancel del 12% al comercio deterioraron sus relaciones y la impulsaron a intentar ganar autonomía mediante una diferenciación política con respecto a su rival, Pasto encontró en su adhesión a la causa realista una forma de defenderse del eje político Quito-Popayán que la subordinaba, En este sentido, son claras las representaciones del cabildo de esta ciudad; en ellas se reclamaba a la corona "la residencia de la Real Audiencia en Pasto [,,,], La residencia de la mitra; un colegio para estudios mayores, ya que por la rivalidad quiteña las juventudes pobres de Pasto no pueden instruirse para el bien público y de la monarquía", y se solicitó además "una frontera fortalecida con tropas, puesto que los de Quito han sido siempre nuestros rivales"[7].

La historiografía tradicional ha presentado el período de 1811 a 1815 como un enfrentamiento entre un proyecto federalista y otro centralista, Sin embargo, esta interpretación hace que se soslayen los numerosos conflictos locales, la fuerza política de las comunidades que definieron bandos, simpatías, apoyos, y que, en muchas ocasiones, llevaron incluso a confrontaciones armadas que dificultaron la consolidación de la primera república, Más que un conflicto entre centralistas y federalistas[8], lo que expresan estos múltiples conflictos son las tensiones entre un orden local fuerte, un orden provincial débil y un orden republicano que intentaba conjurar la desintegración territorial[9], El proyecto del Congreso de Cundinamarca, liderado por Antonio Nariño, si bien quería fortalecer el nuevo Estado intentando controlar la dispersión y fragmentación de soberanías locales y unir esfuerzos militares contra un posible ataque realista, también privilegiaba los intereses de la antigua capital virreinal, Se intentaba establecer a Santa Fe como eje y centro político de la nueva república y como centro de la burocracia del nuevo Estado, Este proyecto centralista generaba en las otras provincias neogranadinas desconfianza y temores bien fundados ante la política expansionista del recién creado Estado de Cundinamarca[10].

Las élites criollas patriotas debieron asumir la difícil tarea de crear un nuevo Estado que reemplazara el antiguo orden colonial, Lo viejo y lo nuevo se entrecruzarían en un duelo de imaginarios entre las ideas antiguas, que tenían peso sobre la mentalidad y la cultura de los hombres de esta época, y la necesidad de crear un orden que se diferenciara del antiguo régimen, Sobre el ordenamiento municipalista y local, sobre el poder de los cabildos, que tenían bajo su control el poder político y la administración de la justicia, había que imaginar nuevas instituciones políticas que hicieran viable el principio de la modernidad política: conformar un Estado en el que los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— estuvieran claramente diferenciados, Debían dotar de representación política a los nuevos ciudadanos, darle forma al nuevo poder judicial, crear un nuevo y moderno sistema fiscal y conformar un ejército que defendiera a la nueva Republica, Todas estas tareas debían llevarse a cabo en medio de los conflictos internos, las amenazas de las provincias realistas y de una posible expedición militar de España.

En estos años, las élites neogranadinas debieron también, de forma prematura en el contexto hispanoamericano, decidir si conservaban la adhesión a la nación española y a la monarquía constitucional proclamada por las Cortes de Cádiz o si por el contrario se daba el salto hacia una independencia total de la Nueva Granada y se asumía la orfandad de una nueva república sin rey, Debieron resolver qué relaciones mantendrían con Venezuela y lidiar con las vacilaciones de la élite quiteña, que creaba una situación de confusión en la Audiencia de Quito.

]]> 2. Tareas de las Juntas supremas de Gobierno. soberanías locales y división de poderes

El gran reto para las Juntas Supremas de Gobierno establecidas en las ciudades capitales consistía en constituir juntas provinciales que lograran cristalizar negociaciones entre ciudades, con el fin de fortalecer las provincias y evitar la fragmentación. La tensión entre lo local y lo provincial es clave para entender este período. Construir el orden provincial significaba contar con una capacidad de negociación que tuviera en cuenta la representación equilibrada de las distintas ciudades y las villas en cada Junta Provincial, Mantener la cohesión interna de una provincia, sin disidencias de sus localidades, implicó en numerosos casos el otorgamiento de gracias, honores, prerrogativas económicas y en la mayoría de lo casos un nuevo estatus en la jerarquía territorial. Numerosas parroquias y sitios se convertirán de la noche a la mañana en villas a cambio de adherir y mantenerse fieles a las juntas provinciales. El mapa de Virreinato se trasformaría de forma acelerada entre 1810 y 1815[11]. La mayoría de las veces el remedio fue peor que el mal, pues la creación de nuevas villas generó rivalidades y luchas por competencias en las provincias. Podemos concluir que las juntas en su mayoría fracasaron en el intento de mantener la unidad en sus provincias.

Asimismo, al iniciarse el año 1811 las juntas de Gobierno provinciales eran duramente cuestionadas por la población, que las acusaba de concentrar y abusar de su poder y de excluir a las localidades. Las juntas de Gobierno habían concentrado en ellas los poderes legislativo, ejecutivo y, lo más grave, el judicial. Las juntas tenían el poder de adelantar juicios a los oponentes políticos, confiscar sus bienes e incluso ponerlos presos. A esto hay que sumar que la Junta de Salud Pública que se creó en Santafé tenía la potestad de someter a juicios de purificación, a embargos y a préstamos forzosos a aquellos que consideraba enemigos de los criollos americanos, y que algunas veces incluía entre los purificados a personas del bando patriota que no compartían las orientaciones del Gobierno de turno[12].

Esta concentración de poderes aparecía como una abominación peor que el poder de la antigua monarquía y contrariaba los principios liberales del nuevo Estado, que descansaba sobre el pilar de la división de poderes. En algunos casos, es importante observar cómo el nuevo orden con sus promesas de igualdad y ciudadanía había logrado permear a sectores populares urbanos, que reclamaban ser tenidos en cuenta en los nuevos espacios y órganos de poder. Tanto en la prensa como en pasquines anónimos, los reclamos a las juntas por el exceso de concentración de funciones hicieron que éstas tuvieran que abordar, como tarea prioritaria, la conformación de colegios electorales que dotaran a las nuevas provincias de constituciones y formaran gobiernos divididos en tres poderes.

En Cartagena, el periódico El Argos Americano publicó, en abril de 1811, una carta firmada bajo el seudónimo de "Sr. Reformador", en que se afirmaba que era una necesidad inaplazable que la Junta Provincial de Cartagena asumiera la tarea, dilatada inexplicablemente, de darse una Constitución. Expresaba que si bien la ausencia de gobierno llevaba a la anarquía, la falta de una constitución tenía a la provincia en "permanente peligro de ser presa de las arbitrariedades de sus mandatarios o de las facciones que dominen la debilidad e inconsistencia del gobierno". El artículo manifestaba la preocupación por la inquietud que podía generar en el pueblo la ausencia de una Constitución y prevenía sobre la imagen que esta situación podía producir en "las naciones civilizadas", que verían con absoluta extrañeza una ausencia tal y la concentración del poder en manos de la Junta: "No demos al mundo la idea de que la expulsión de nuestros antiguos mandones y establecimiento de la nueva forma de gobierno ha sido capricho de odio a sus personas [...] o de alguna mira de ambición"[13].

Lo que más preocupaba al autor era la concentración de poderes en la Junta y ponía de manifiesto que la "fuente de arbitrariedad y el despotismo es la reunión de los tres poderes: Deliberativo, Ejecutivo y Judicial". Recomendaba entonces que la Junta de Cartagena separara esos poderes y adelantara la creación de tribunales e instigaba a la separación del poder jurídico. El autor anunciaba que, sin esta separación, los negocios públicos se verían "entorpecidos" y se cometerían "contradicciones y arbitrariedades"[14]. A raíz de esa discusión, principios de julio de 1811, los vecinos de Cartagena hicieron una representación a la Junta Provincial de Gobierno[15]. En dicha representación, manifestaban que:

"[Con] miras a mantener la libertad que ha logrado el pueblo de Cartagena y mantener un equilibrio entre poderes se propone urgentemente a la Suprema Junta se forme la constitución provincial, para que separe los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que el pueblo sea admitido en las sesiones públicas del primero para recuperar el espíritu público y la confianza"[16].

Es interesante anotar cómo en su representación los vecinos de Cartagena, además de pedir la constitución y la separación de poderes, reclamaban el derecho del pueblo a participar en las discusiones de la nueva Constitución, lo cual se explica por la numerosa población de color y la destacada participación de los pardos en la política de la ciudad a partir de 1809[17]. De hecho, este grupo social fue determinante para definir las rivalidades entre las facciones patriotas Toledistas y Piñeristas, que controlaron la agitada política de la ciudad en estos años[18].

La gente del común, si bien no tuvo representación en las juntas, se había movilizado en los procesos de remoción de las autoridades coloniales y tuvo amplia participación en los acontecimientos de esta época. En los núcleos urbanos, en las celebraciones de instalación de nuevos gobiernos, en las ceremonias y procesiones y en la siembra de "árboles de la libertad", el pueblo participó activamente. A partir de 1810, la continúa proclamación de bandos, los desfiles militares, el llamamiento a formar milicias urbanas, mantenían a las gentes en un estado de expectativa que, aunque no los hacía actores principales, sí los involucraba. Muchas veces la gente del común fue determinante para el triunfo de algunas de las facciones o bandos en pugna. Además, las élites frecuentemente apelaban a la voluntad popular e invocaban la "soberanía del pueblo" para validar sus actuaciones; los motines, la circulación de pasquines, las representaciones y la participación en algunas asambleas legislativas, en que las gentes aplaudían o rechiflaban actuaciones y decisiones de las élites, constituyen un cuadro que desvirtúa la tradicional idea de que los sectores populares urbanos se mantuvieron alejados e indiferentes frente a los hechos que acontecían.

En 1811 los vecinos de la villa de Cúcuta estaban inconformes con las actuaciones de la Junta Suprema instalada en Pamplona. A pesar de las lisonjeras promesas que este cuerpo había hecho a Cúcuta de instalar un colegio electoral, con representación de todas las ciudades y villas de las provincias y con el fin de que éste dotara a la provincia de una Constitución, nada de eso se había cumplido. Además, los representantes de Cúcuta se quejaban de que eran insultados y vejados por la Junta Suprema de Pamplona, y ésta por su parte difundía rumores de que Cúcuta, para favorecer sus redes comerciales, estaba resuelta a unirse con Maracaibo, que se había declarado realista y enemiga de Caracas[19]. Mientras tanto, Cúcuta se reunía con los representantes de las localidades bajo su jurisdicción para ver qué decisiones se tomaban frente a la Junta Provincial de Pamplona.

A principios de 1811, la provincia de Mariquita decidió adherirse a la antigua capital santafereña y desmembrarse. La razón que adujo fueron los conflictos con la Junta de Gobierno de la villa de Honda, que había reclamado sus poderes sobre la provincia, desconocido los derechos de representación de Mariquita y concentrado en ella los tres poderes, negándose a aplicar la división de poderes y aprovechando su omnipotencia para cometer toda suerte de arbitrariedades[21].

Lo cierto es que Mariquita estaba resentida con la Junta de Gobierno de Honda desde septiembre de 1810, año en que esta junta aceptó la adhesión a ella de los vecinos de la ciudad de Ibagué, que estaba bajo la jurisdicción de Mariquita. Los vecinos de Ibagué expresaron su propósito al agregarse a la Junta de Honda: "[...] para que se nos gobierne, se nos determine y arregle en nuestros juicios civiles, criminales, políticos y económicos, arreglándose en todo a las constituciones con que hoy gobiernan las provincias de Norteamérica". Los vecinos de Ibagué afirmaban que Mariquita había elegido representantes al Congreso del reino en una votación, a su juicio, llena de vicios, y que debía declarase nula; así mismo, afirmaban que no se había tenido en cuenta los cabildos de las ciudades de Ibagué y La Palma, con lo que habían cometido un "notable agravio" y habían violado el "derecho natural y de gentes a la hijos de esta provincia, en cuyos cuerpos existe aun reasumida la autoridad desde el instante que fue depuesta arrancada de las manos de los tiranos que con violencia la usurparon"[22].

En el Estado de Cundinamarca, a fines de 1811, en la recién erigida villa de Chocontá se presentó un motín del pueblo contra el cabildo, con el objeto de impedir la elección de los apoderados de esta villa que debían nombrar a los electores del colegio electoral que se instalaría en Santafé. La protesta del pueblo iba dirigida contra la exclusión de algunos miembros del común que, según los vecinos, cumplían con los requisitos para ser apoderados, pero a los que el cabildo impedía la posesión. El desorden tomó proporciones violentas y el Gobierno de Cundinamarca debió enviar una expedición militar compuesta por cuarenta hombres, al mando de subteniente don Manuel Portocarrero[23], Este caso ilustra el surgimiento de una conciencia de inclusión política por parte de sectores del común y las resistencias de las "roscas" locales a permitir esta participación, En sentido más amplio, expresa una de las tensiones y dificultades centrales del período: la definición de quiénes, en el nuevo orden, eran ciudadanos, quiénes podían ser elegidos, quiénes podían elegir y con qué mecanismos se debían realizar las elecciones.

Otro caso es el de la provincia del Chocó, que había padecido las desmembraciones de Nóvita y Citará y continuos vaivenes políticos, Esta situación había llevado a que ésta se anexara al Gobierno de Cundinamarca, pero el cabildo de Quibdó, el centro urbano principal, oscilaba entre posiciones realistas e independentistas, El 19 de marzo de 1812, la gente del común de Quibdó se amotinó en contra de dos vocales de la Juntajunta, el alcalde ordinario y el protector de naturales, La protesta no pasó a la violencia, gracias a la mediación del cura franciscano José Escarpeta, quien representó al pueblo ante la Junta, Los cargos del pueblo contra los mencionados funcionarios sostenían que impedían la conformación de un colegio constituyente en la provincia y que eran "desafectos a la causa común del reino"[24].

Lo que desató la movilización del pueblo de Quibdó fue el hecho de que, después de dos años, los vocales no habían permitido la "instalación de un legítimo gobierno, perpetuándose ellos en el mando", Los vocales, apoyados por el alcalde ordinario, habían usurpado el poder judicial, atribuyéndose funciones de tribunal, e injustamente, afirmaban los vecinos, habían prendido a "cuatro vecinos honrados, entre ellos uno de distinción, cargándolos de cadena, después de haberlos sacado de sus casas desnudos y con violencia solamente porque habían manifestado sus deseos acerca de la legítima reunión de la provincia e instalación de un gobierno legal compuesto por los representantes de los pueblos"[25].

Otro factor que avivó los conflictos interprovinciales fue la creación de nuevas circunscripciones electorales denominadas partidos y departamentos, En Antioquia la creación de departamentos fue producto de un juego de intrigas entre las élites locales de las ciudades y villas con mayor poder, Los departamentos que inicialmente se establecieron fueron los de Antioquia, Medellín, Rionegro y Marinilla, pero la localidad de Santa Rosa de Osos[26], nuevo y pujante eje minero en el norte, protestó contra su exclusión, Igualmente lo hizo la antigua ciudad de Remedios, en el nordeste de la provincia, Ambas localidades amenazaron con separase de la provincia y adherirse al Gobierno de Cundinamarca si no se les otorgaba la categoría de departamentos[27].

En Cartagena, la política continuó centrada en las disputas, cada vez más exacerbadas, entre las facciones toledistas y piñeristas. En noviembre de 1814, José María García Toledo logró imponerse en el Colegio Electoral, que tenía como encargo la revisión de la Constitución. La ventaja sobre su contradictor de siempre, Gutiérrez de Piñeres, fue apretada y desató una asonada con amplia participación de los mulatos, que apoyaban a Germán Gutiérrez de Piñeres. Este movimiento impidió que se nombrara como presidente de la Cámara Legislativa al toledista Miguel Díaz Granados, y que el líder popular mulato Pedro Medrano, quien tuvo una amplia participación en estos eventos, se perfilara como una figura política clave de este sector de la población.

En este escenario jugaron un papel importante los reacomodos de poderes locales de las nuevas villas como ejes políticos y económicos de la provincia. Los representantes de las recién creadas villas de Soledad (1814), San Roque de Mahates y Barranquilla, cabeza del recién creado departamento de Barlovento (1813), lideraron en 1815 la oposición a los piñeristas y propusieron desconocer el Colegio Electoral elegido y formar uno nuevo. Asimismo, propusieron desconocer el nuevo Gobierno de Cartagena, elegido según ellos por la presión de los amotinados. A Barranquilla se sumaron los representantes de los sitios de Sabanagrande, Santa Rosa, Santa Catalina, Villanueva, Arjona y Nuestra Señora de la Concepción de Ternera[28]. Los cabildos de estas villas denunciaron el "ultraje y vejamen" al que los habían sometido los piñeristas, a quienes no vacilaron en tildar de "bandoleros que intentaban destruir la provincia"[29]. Denunciaron la ilegitimidad de Colegio Electoral, que se oponía a la "voluntad libre de los pueblos" y declararon que desconocerían la nueva Constitución que se pudiera promulgar en un ambiente de violencia e intimidación[30]. Por el contrario, las villas del Carmen de Bolívar (1813) y Majagual (1814), que debían su nuevo estatus a los piñeristas, continuarían fieles a este partido.

Como hemos podido observar, las guerras entre provincias, los conflictos internos dentro de ellas y los desajustes propios de la instauración de un nuevo orden político proyectaban sobre la Nueva Granada un horizonte de caos, inestabilidad y zozobra, que demostraba las dificultades en la construcción de un nuevo Estado y una nueva nación, sin contar con identidades colectivas ni nacionalismos previos. Con su lúcida visión, Nariño hizo un cuadro de la situación de la nueva república:

"¿Qué es lo que he adelantado? Nada: el descontento sigue, las corporaciones no quieren reunirse á despachar sus funciones, los partidos se mantienen vigentes y acalorados a pesar de los continuos esfuerzos que hago para calmarlos, y el Gobierno en su totalidad vá a disolverse, y nos vamos á ver precipitados en una anarquía espantosa"[31]. ]]>


3. La pobreza de la nueva república y el apetecible manjar de los cargos burocráticos

Las actas de instalación de las juntas provinciales evidenciaban el espíritu ilustrado y reformista de las élites criollas. En ellas se expresaba la necesidad de garantizar la felicidad de los pueblos y su progreso. La Junta de Antioquia en su primera proclama hizo explícita la necesidad de garantizar "el aumento de las poblaciones, civilización de los pueblos, fomento de la agricultura y minería, para la más activa circulación del comercio y su prosperidad, para la educación de la juventud para todos los ramos de la policía y demás bastos objetos que sea propuesto regenerar".

De acuerdo con el espíritu de cambio, las juntas decretaron la supresión de estanco sobre el tabaco y el aguardiente, la eliminación de la alcabala, la abolición del tributo indígena y otros impuestos[32]. Estas medidas, además de su contenido revolucionario y de diferenciación con el antiguo régimen, pretendían también congraciar a las élites y a las nuevas burocracias estatales con las gentes del común. Pero el resultado de la supresión de impuestos, sin que fueran reemplazados por otro tipo de contribuciones, generó consecuencias graves para la economía de las provincias.

En 1811 la mayoría de las provincias de la confederación estaban en bancarrota. Alegando el derecho a la soberanía y autonomía, las cajas reales de las distintas provincias se negaron a hacer los trasladados a la Caja de Santafé, a dar cuenta de sus recursos e igualmente dejaron de trasladar el situado fiscal necesario para los gastos militares de Cartagena[33]. Ante las angustiosas solicitudes de apoyo económico para gastos militares por parte de Cartagena, que estaba rodeada por las fuerzas realistas de Santa Marta, las provincias se mostraron indiferentes, aunque no hostiles. Algunas de ellas fueron de la opinión de que "Cartagena era un sepulcro de la población y de las riquezas del interior"[34]. Llegaron a sugerir incluso la demolición de sus fortificaciones. La vieja pugna entre las provincias de Cundinamarca y Cartagena se intensificó. Nariño, ante las múltiples críticas que le llovían desde la prensa de Cartagena por no enviar recursos afirmó que: "Me es indispensable decir una palabra sobre los motivos de no haber mandado situados a Cartagena. Pudiera limitarme a una sola razón: no he mandado dinero porque no lo hay; pero diré también que no lo hay porque Cartagena ha propendido a que no lo haya. Cartagena ha fomentado la desunión de las pequeñas provincias a Cundinamarca. Cartagena ha permitido la extracción del oro sin amonedar, con detrimento de nuestro tesoro, y sin la utilidad suya: Cartagena ha recargado de derechos los géneros que han internado para este Estado; y Cartagena finalmente ha querido que le demos, quitándonos los medios de tener que darles"[35].

La escasez de las rentas provinciales se debía a la anarquía que reinaba en la Nueva Granada, a la ausencia de rentas por los tributos suprimidos, al desorden en el quinto real, al fortalecimiento del contrabando y a la evasión. Los distintos bandos políticos criollos señalaron a su contrario como responsable de la crisis, inculpándolo de una su desmedida voracidad por ocupar cargos y apropiarse de las rentas en las provincias, dilapidando así los escasos recursos. Prácticas de corrupción como el favorecimiento de "roscas" familiares en el nombramiento de funcionarios, que, incapaces y mal preparados, contribuían al caos y al desorden económico, fueron un síntoma generalizado en la Nueva Granada.

Los sueldos e ingresos percibidos por cargos públicos significaban una importante fuente de ingresos para quienes impulsaron la independencia. Además, no hay que olvidar que al inicio de siglo XIX las ganancias de los comerciantes neogranadinos estaban sometidas a los difíciles avatares del comercio internacional, pues la pérdida de poder comercial de España frente a Inglaterra, la prohibición por parte de la Corona española del comercio con las Antillas y los Estados Unidos y los altos impuestos a esta actividad tenían profundas repercusiones para las élites neogranadinas.

Aunque poseían un estatus social y cultural, algunos de los que impulsaron la independencia carecían de fuentes de ingreso. La mayoría eran abogados prestigiosos, intelectuales y descendientes de familias importantes, pero no necesariamente ricos. Otros eran clérigos afanosos de mejorar su posición después de haber sido reiteradamente desplazados de los mejores cargos por los eclesiásticos peninsulares. De los miembros de la Junta del Socorro, el 33% eran abogados; en la Junta de Cali representaban el 20,5%, en la de Santafé el 34% y en la de Cartagena el 45%, mientras que en la Junta de Antioquia el 50% lo componían abogados y clérigos. Alrededor de un 70% de los miembros de las juntas tenían como forma de vida los cargos públicos[36].

Sobre este tema se refirió igualmente la Gaceta Ministerial y señaló que muchos de los cargos públicos del nuevo Gobierno republicano estaban siendo asumidos por hombres facciosos que, directa o indirectamente, empleaban medios artificiosos, injustos y crueles para asumir dichos cargos y que lo único que los motivaba eran sus propios intereses o el ánimo de revancha sobre el contradictor, pero en ningún caso el bienestar general.

"La primer clase [se refiere a los empleados] es la de los vengativos que maquinan contra aquellas personas á quienes aborrecen, teniendo oculto su odio para perseguir con más seguridad al objeto de sus venganzas. Usan aún de los medios más injustos para procurarse un puesto eminente, a fin de servir á su venganza [...]. La segunda clase de caracteres sujetos á esta debilidad humana, comprende á aquellos hombres soberbios, que llenos de estimación de sí mismos, no pueden resolverse á recibir la ley de otras personas [...]"[37]. ]]>

La voracidad de las élites criollas contrastaba con las exangües finanzas de las provincias. Las juntas de gobierno, los colegios electorales y los nuevos tribunales, sumados a los antiguos puestos de funcionarios, fueron un apetecible manjar para las élites locales, ávidas de nuevos ingresos y de reafirmar su prestigio como el nuevo patriciado de la República.

Una de las primeras medidas que tomaron los colegios electorales en las distintas provincias fue asignar una retribución económica a cada uno de los miembros; salarios que oscilaban, en algunos casos, entre mil y dos mil pesos. A esto se sumaban los pagos de secretarios, relatores y otros cargos necesarios para la administración provincial, como los del gobernador, fiscal, los vocales de la sala de justicia y los tesoreros públicos. En una provincia como Tunja, que afrontaba una disminución de sus ingresos, los gastos anuales de la burocracia ascendían a la considerable suma $33.000.



La prensa centralista de la época señalaba que eran los estados confederados, con sus múltiples soberanías y gobiernos, los responsables de la bancarrota de la nueva república: "Los partidarios de las pequeñas soberanías halagan al pueblo con la posesión de mil ventajas: entre nosotros dicen: residirán los tribunales superiores, y el ciudadano no tendrá que concurrir a una capital distante en solicitud de su justicia. Todos los recursos se facilitarán en nuestra provincia, y seremos autores de nuestra felicidad"[38]. El artículo señalaba, finalmente, éstas eran sólo vagas promesas de unas "soberanías fantasiosas" que apenas tenían con qué sobrevivir, que carecían de personas capacitadas para ejercer los cargos y que daban pie para que los ciudadanos terminaran bajo el dominio de una "fuente de poder emponzoñada"[39]. Esta última frase era una crítica a lo que el autor denominaba "oligarquías provinciales", que monopolizaban los puestos burocráticos en cada uno de los nuevos estados.

Los dos proyectos políticos, el de la Confederación de Provincias Unidas y el centralista, liderado por Cundinamarca, se recriminarían en repetidas ocasiones el intento de disfrazar con ropajes ideológicos el deseo de apropiarse de las rentas del Estado. Camilo Torres Tenorio, quien lideraba desde 1811 el proyecto de las Provincias Unidas, le escribió con preocupación a su hermano Jerónimo, manifestándole que muchas de las decisiones políticas que estaban tomando las provincias eran producto de los intereses particulares. Igualmente, le explicitaba su temor de que los intereses coyunturales y burocráticos de las élites locales estuvieran impidiendo la búsqueda de fórmulas de unidad del Reino: "Vea usted que perspectiva y cuanto más prudente habría sido el establecimiento de una Junta de Diputados del reino que se pidió y que el orgullo y la ambición de mandar con viles intereses de las rentas y empleos impidió"[40].

Ya desde 1810, cuando se discutía la instalación del primer Congreso del Reino, convocado por Santafé y al cual Cartagena se había negado a asistir, proponiendo como lugar alternativo la villa de Medellín, el abogado Ignacio Herrera, natural de Cali, hizo una dura crítica a los que defendían la propuesta de confederación y los tildó de "enemigos intestinos". Su argumento fundamental era que una organización confederada exigía unas tradiciones políticas y una riqueza económica que no existía en la Nueva Granada. Señalaba, así mismo, que esta forma de gobierno sólo era un embeleco para que las principales familias de las provincias pusieran en los puestos más importantes a su parentela y familiares. Contra los gobernantes locales que defendían las soberanías particulares y el sistema federalista afirmó:

"Sus muchos miembros son [...] otros tantos déspotas que aspiran a la tiranía, que se empeñan en recoger los impuestos del Reino para dominar con ellos a los pueblos, que se distribuyen los empleos, entre los de su familia y que miran con desprecio a los que no han nacido en su suelo. El sistema federativo bien lejos de ser útil en las circunstancias actuales, prepara la ruina absoluta de todos los pueblos. Él no se puede organizar sin una perfecta igualdad en las Provincias, que extirpe los celos y las asegure del poder de otra que aspire a conquistarlas"[41].

Reclamaba que la independencia y la consolidación de las provincias pasaban por que cada una de ellas tuviera las rentas suficientes para garantizar la fundación de colegios, academias, talleres, tribunal superior y una tropa arreglada. Demostraba que, con el estado económico de la mayoría de las provincias, era imposible que se emprendieran tareas absolutamente necesarias para el progreso, como la apertura de caminos, la adecuación de ríos para la navegación y la formación de marinas que defendieran puertos y costas. Concluía el autor argumentando que, para lograr el progreso bajo una organización federal de estados soberanos, se tendría que recurrir a muchos impuestos y contribuciones, con lo que la población se vería más esclava y oprimida de lo que estaba bajo el antiguo gobierno colonial[42].

En 1811, la Junta Provincial de Antioquia se vio precisada a desmentir, a través de un manifiesto público, los pasquines anónimos que circulaban y que denunciaban el supuesto "favoritismo a ciertas familias a quienes se les había concedido los cargos públicos malgastando el erario"[43]. Según el gobierno provincial, todos los cargos estaban en manos de empleados beneméritos, miembros de las familias "de distintas calidades", y los sueldos se habían fijado con criterios de ahorro y economía[44].

]]> En 1813, Nariño, en el discurso inaugural del Colegio Electoral de Cundinamarca, señaló los peligros que acechaban a la nueva república si se continuaba con los modelos de gobierno que desangraban a todas las provincias:
"Han corrido no obstante, tres años, y ninguna provincia tiene tesoro, fuerza armada, cañones, pólvora, escuelas, caminos, ni casas de moneda: Sólo tienen un número considerable de funcionarios que consumen las pocas rentas que han quedado, y que defienden con todas sus fuerzas el nuevo sistema que los favorece [...]. Establecer un sistema de debilidad para formar un cuerpo robusto, es una contradicción, un absurdo y el último de los delirios del entendimiento humano... Nada digo señores que no esté delante de vuestros ojos. El día funesto se acerca en que si no mudamos de conducta, vamos cargados de nuestras bellas constituciones a morir en los cadalsos o en las bóvedas de las Antillas"[45].

Ese año, en el periódico La Gaceta Ministerial de Cundinamarca, apareció un interesante artículo tomado del periódico El Observador Colombiano, que al parecer circulaba en Caracas. En él se analizaban "el origen y las causas de la división en que se hallaban las provincias de la Nueva Granada y Venezuela y el desgobierno que reinaba". El autor empezaba por señalar como causa de la desunión el carácter de los habitantes, su torpe educación y algunos rasgos heredados de los españoles:

"Como hijos legítimos de los españoles amamos mucho los empleos, y las distinciones, y nos gusta demasiado vivir de la hacienda pública. No nos queremos convencer de que [... ] los empleos libres son una carga muy pesada porque no es agradable merecer el odio y la execración general, cuando no hay talento, y la virtud necesaria para desempeñarlos [...]. Así es que esa inmensidad de funcionarios públicos que se han elevado en nuestras provincias presenta hoy el más poderoso obstáculo a que todos se den el ósculo de la paz y se reúnan bajo un gobierno enérgico. Porque es preciso decirlo de una vez, ese enjambre de empleos condecorados con cuantos títulos han visto las repúblicas antiguas y modernas, que cunde por todas partes, y cual una plaga desoladora destruye, y aniquila en lugar de plantar y edificar ¿qué otra cosa hace a pesar de sus buenas intenciones sino preparar los combustibles más propios para una guerra civil?"[46].

Continúa el polemista, sin entrar a calificar o descalificar el sistema norteamericano, a afirmar que en la Nueva Granada la teoría de las "soberanías particulares nos ha embriagado demasiado", y que resultaba un error intentar igualarnos a los Estados Unidos de Norteamérica, pueblo que tenía otras tradiciones, otra experiencia política en cuanto al funcionamiento de los Estados desde el período colonial. Además, el autor señalaba que no se contaba con las virtudes de aquel "pueblo laborioso e ilustrado"[47], y concluía con escepticismo y pesimismo que los hombres de la Nueva Granada, como los de Venezuela, eran en 1813 más esclavos que durante el régimen anterior, pues el estado de la justicia era lamentable, por caótico e ineficiente. Lamentaba que los gobernantes se desgastaran en disputas frivolas, mientras no aparecían las reformas que debían hacer felices a los pueblos[48].


4. Fiesta, poder y armas

La incertidumbre y la desconfianza fueron el signo generalizado de los últimos años de la primera república. Es muy probable que la gente del común y amplios sectores de las élites incluso añoraran el antiguo gobierno. El exceso de boato y el ánimo de las mencionadas élites de reproducir, bajo los ropajes del nuevo credo republicano los privilegios de que gozaban las antiguas autoridades coloniales, alimentaban el escepticismo del pueblo. Fue un periodo marcado por la creación de fiestas patrias y símbolos que representaban el nuevo orden republicano, en el que también resaltaba el papel protagónico y privilegiado del nuevo patriciado integrado por los criollos.

El 22 de diciembre de 1810 se instaló el Congreso del Reino en Santafé do Bogotá. A él asistieron los representantes de las provincias del Socorro (presbítero Andrés Rosillo), Neiva (presbítero Manuel Campos), Santafé (Manuel Bernardo Álvarez, antiguo funcionario colonial), Pamplona (Camilo Torres, prestigioso abogado de la Real Audiencia), Nóvita (el abogado Ignacio Herrera) y Mariquita (León Armero). El sastre José María Caballero, perspicaz observador de la época, consignó la instalación del evento en su diario con las siguientes palabras:

"El 22 fue la instalación de Congreso; hubo salva general de la artillería y Auxiliar. A 23 fue la misa de gracias con asistencia de toda la Junta y congreso de los que había siete diputados de las Provincias Unidas habiendo hecho presidente del Congreso al señor Manuel Bernardo Álvarez, diputado de esta provincia, y se le hicieron todos los honores como al Virrey; hubo salvas de granaderos, y a la tarde un famoso refresco en el Palacio, toros e iluminación por tres noches"[49].
]]> Es de anotar la referencia a que los criollos insistían en verse como la nueva nobleza y en reproducir las formas cortesanas de los antiguos virreyes. El 31 de diciembre se le hizo otro homenaje a don Manuel Bernardo Álvarez, esta vez utilizando nuevas alegorías, propias de la república francesa. La retreta que le ofreció el batallón de Guardias Nacionales fue precedida por una procesión encabezada por "dos ninfas preciosamente vestidas con carro triunfal, con muchas luces y pólvora [...]"[50].

Asimismo, en marzo de 1811 arribó a Bogotá el presbítero José Cortés Madarriaga, enviado por el Gobierno de Caracas para lograr un acuerdo de apoyo y defensa mutua entre granadinos y venezolanos contra los realistas y para acordar formas de relación entre ambos estados. Madarriaga fue recibido con salvas de artillería, y esa "noche se le ofreció un refresco que costo $400 y al día siguiente una comida de costo $1.000 con mucha suntuosidad y aparato; en la noche se dio una gran música y baile"[51].

Santafé, como antigua capital del Virreinato, era heredera del ceremonial colonial y ahora, como capital de la nueva república, trató de reforzar su importancia y el prestigio de sus élites con continuas celebraciones que implicaban actos religiosos, desfiles, retretas militares, banquetes, corridas de toros, bailes, alumbrado y fuegos artificiales que, obviamente, estaban a cargo del presupuesto de la provincia. Pero el despilfarro y la ostentación terminaron por indisponer a la gente común. En su diario, Caballero apuntó expresiones que daban cuenta de ese rechazo del pueblo frente al abuso de las élites, no sólo por el aprovechamiento de los cargos públicos, sino también por el derroche de los dineros del erario provincial.

A fines de 1814, cuando ya el control político lo detentaba el Congreso de la Unión, José María Caballero se quejaba en su diario de cómo el peligro realista amenazaba por todas partes, mientras los señores del Congreso "se están disputando mandos, empleos y rentas [...]"[52]. Sin poder ocultar su malestar con la celebración del 20 de julio en 1814, criticaba el exceso de lujo y gasto del Congreso. Esa noche, en una nueva sala de baile estrenada en el palacio de gobierno, se celebró un fastuoso baile al que asistieron no sólo las élites patriotas, sino también "carracos" (adeptos al Rey): "Se sirvió un refresco costeado por el estado, que importó $250 con un ambigú que se dio a las doce de la noche. ¡Bueno! Me gusta que bailen, coman, beban y se diviertan a costillas ajenas. Que sabroso será. ¡Oh quién pudiera pero no con lo ajeno!"[53].


5. La república se construye en la guerra

Entre 1808 y 1815, las élites criollas tuvieron grandes desafíos. Ante todo, como hombres inmersos en la cultura y los imaginarios del antiguo régimen, debieron abordar el reto de imaginar un nuevo orden político para una república liberal; pero, sin una nación, sin un nacionalismo preexistente, debieron concentrar sus esfuerzos en imaginarla e inventarla apresuradamente, en medio de una avalancha de acontecimientos. Intentaron construir una nueva identidad colectiva que superara los conflictos e intereses locales; tuvieron que poner en marcha un nuevo modelo político y territorial, "cambiar la geografía del reino", como dijo Nariño, al tiempo que mantenían la frágil integridad de lo que había sido el Virreinato. Y simultáneamente, los criollos, que se autopercibían como una nueva nobleza republicana, debieron imaginarse cómo integrar, en calidad de nuevos ciudadanos, a los indígenas, negros, zambos, mestizos, mulatos y pardos, una población revuelta a la que siempre habían despreciado. Todas estas inmensas tareas se llevaron a cabo en medio de la inestabilidad económica, enfrentamientos militares entre facciones patrióticas y amenazas de una intervención armada por parte de España.

Las élites fueron impotentes para imponer el orden y lograr acuerdos políticos que garantizaran la unidad de la nueva república y su defensa. La confrontación entre el Congreso de las Provincias Unidas y Cundinamarca amenazaba constantemente con una guerra entre provincias. Ante el fracaso de los políticos, nuevos actores irrumpirían en la escena; el espacio político fue suplantado a partir de este momento por los militares que prometían imponer el orden, someter a las provincias desgastadas en los enfrentamientos entre las facciones patrióticas y reconquistar aquellas que se habían declarado leales al Rey. El 29 de noviembre de 1814, el Congreso de la Provincias Unidas decidió declararle la guerra a Cundinamarca y enviar a Bolívar al comando de las tropas que debían someter a este Estado al Gobierno de las Provincias Unidas. El 12 de diciembre de 1814, Bolívar se tomó la ciudad en un asalto que fue descrito como salvaje por la población; al parecer, le entregó a su tropa la ciudad para el saqueo y se acusó a los soldados de violar a las mujeres e irrespetar templos. Las autoridades eclesiásticas de Santafé exigieron la excomunión del general[54].

El 15 de enero de 1815, después de la victoria de Bolívar, el gobierno del Congreso de las Provincias Unidas se trasladó finalmente de Tunja a Bogotá. Pocos días después, Bolívar partió como jefe de las tropas de la Unión llevándose para el sostenimiento de éstas todos los caudales de la Caja Real y un empréstito forzoso al que fueron sometidos los habitantes de Cundinamarca[55]. A medida que las tropas de Bolívar avanzaban, se conocieron varias quejas sobre el comportamiento desordenado y abusivo de los soldados. Incluso, el del Congreso de las Provincias Unidas, presbítero Andrés Rodríguez, se vio precisado a intervenir y exigirle a Bolívar ponerle fin a los atropellos contra la población[56]. Poco antes de que Bolívar marchara hacia Cartagena y se rebelara contra el Gobierno de la Unión en esa ciudad, Juan de Dios Amador, presidente del Estado de Cartagena, en misiva al gobernador de la Provincia de Tunja, le hizo explícitos sus temores y desaprobación frente al comportamiento de Bolívar:

"Cartagena desde el punto en que vio dirigirse hacia esta Plaza a Bolívar con las armas en la mano no le há considerado más ni debido considerar como General de la Unión, ni con misión de su Gobierno le há visto como un intruso aventurero, Gefe de asesinos é incendiarios devastadores de la Nueva Granada, atentador a su libertad, y usurpador de la autoridad Suprema de la Unión. Como á tal le há recibido como a tál le resistirá, y está resuelta á pulverizarla con las bandas infames que le siguen; yá se vá derramando sangre en nuestros encuentros diarios, y si cabe en su impericia militar, o en su arrojo quixotesco el intentar embestir la Plaza en el estado de defensa en que se ha puesto, y de odio y execreción con que sus habitantes están animados á su destrucción, cuente Vuestra Excelencia con que el destrozo será horrible"[57].
]]> Estas imágenes sobre la capacidad de destrucción de las tropas tienen que ver con las prácticas de saqueo e incendio empleadas por muchos de los militares venezolanos que comandaron fuerzas en las expediciones, con el fin de someter las poblaciones ribereñas del Magdalena y las de las sabanas de Bolívar. Basta recordar el comportamiento indisciplinado de las tropas del militar venezolano Miguel Carabaño, a quien se le encargó el sometimiento de las sabanas de Bolívar; allí cometieron todo tipo de abusos contra la población, y cuando al militar se le pidieron cuentas por parte del gobierno de la Unión, se rebeló y amenazó militarmente a Cartagena[58].

En Cartagena, Bolívar se dejó arrastrar por la lucha facciosa entre piñeristas y toledistas, poniéndose del lado de los primeros. Desafió la autoridad del gobierno de Cartagena y se enfrentó con las tropas de la ciudad al mando de Manuel Castillo, a quien derrotó por primera vez el 13 de abril de 1815 en el sitio de Pasacaballos. Después de varias escaramuzas militares entre Bolívar y Castillo, el 15 de mayo se firmó un tratado de "amistad y paz" entre las tropas de Bolívar y las del Congreso. Pocos días después, Bolívar, desilusionado de la política neogranadina, viajó a Jamaica.

En 1815 las élites patriotas estaban desprestigiadas en muchas localidades por su abuso de poder e incapacidad para mejorar la situación de la población; ese año, la promesa de progreso y felicidad de los pueblos era más lejana que en 1808. El impacto del proyecto republicano en la población fue muy limitado, e incluso éste fue rechazado por sectores indígenas, mestizos y gentes de color. Los continuos enfrentamientos implicaban levas de población, empréstitos forzosos y abusos de las tropas sobre los civiles, hechos que generaban resistencia frente a los patriotas.

En abril de 1816, Camilo Torres, ante los problemas políticos y el avance de la reconquista, renunció a la presidencia del gobierno de las Provincias Unidas. Fue nombrado entonces con poderes dictatoriales el cartagenero José Fernández Madrid; pero ya era tarde: lo que siguió fue la desbandada de los políticos criollos tratando de salvar aunque fuera sus vidas. La primera república sucumbía; las tropas de Morillo avanzaban por diferentes flancos, y algunas poblaciones

vieron con satisfacción la llegada de estas tropas que impondrían el orden sobre el caos y la anarquía. Los beneficios de libertad, ciudadanía y soberanía popular prometidas por el proyecto republicano no pasaron de ser, la mayoría de las veces, mera retórica de la prensa, y los que promulgaban constituciones eran acallados por los continuos llamados a la guerra y las confortaciones armadas[59].

En 1816, el vasto territorio de la Nueva Granada, con sus estados soberanos, sus múltiples soberanías e independencias dispersas, era el reflejo de una multiplicidad de poderes locales y regionales que debieron enfrentar el proceso de la reconquista y prepararse para una etapa de guerra generalizada, de resistencia en la que se forjarían nuevas identidades y sentidos de nación[60]. Un largo proceso de guerras civiles y reacomodos de los poderes regionales durante el siglo XIX acabaría por dibujar el mapa de la nueva república de Colombia.

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Comentarios

[*] Este articulo es el resultado de la investigación realizada para la tesis doctoral, presentada a la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, en el mes de noviembre de 2009.

[1]"Pronunciamiento de la Junta Provincial de la Provincia de Antioquia. 26 de diciembre de 1810", citado en Roberto Tisnes, Don Juan del Corral (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1980), 64.

[2]Entre 1810 y 1815 se promulgaron las siguientes constituciones: Antioquia, 1811, 1812, 1815; Cartagena, 1812, 1814; Cundinamarca, 1811, 1812, 1815; Socorro, 1810; Mariquita, 1815; Mompox, 1812; Neiva, 1812, 1815; Timaná, 1810; Pamplona, 1815; Popayán, 1814; Provincias Unidas, 1811, 1814, 1815; Tunja, 1811. Ver: Manuel Antonio Pombo y José Joaquin Guerra, ed., Constituciones de Colombia, vol. 1-4, Carlos Piedrahita (estudio preliminar y anexo) (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1986).

]]> [3] Juan José Morales Ruiz, "Fernando vII y la masoneria española", Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 3 (2003). En: http://hispanianova. rediris.es (septiembre 29 de 2009).

[4]Juan Friede, La otra verdad. La Independencia americana vista por los españoles (Bogotá: Carlos Valencia Edito-res, 1979), 47-57. Friede demuestra la debilidad del ejército reconquistador y la ausencia de interés de España por esta campaña militar.

[5]Rebecca Earle, Spain and the Independence of Colombia, 1810-1825 (Chicago: University of Exeter Press, 1999); Brian Hamnett, La politica española en una época revolucionaria, 1790-1820 (México: Fondo de Cultura Económica, 1986).

[6]Debemos recordar que los americanos tuvieron una representación de nueve diputados elegidos por ellos en la Junta Suprema de Gobierno establecida en 1809 para gobernar en la ausencia del rey.

[7]"Actas del cabildo de Pasto, 1809", en Sergio E. Ortiz, comp., Colección de Documentos, 95.

[8]Es además cuestionable hablar de federalismo en un virreinato en que las provincias se caracterizaban por su poca cohesión interna y numerosos conflictos entre ciudades y villas. Ver Juan Carlos Chiaramonte, "Mutaciones del concepto de nación durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX", en Nación y Estado en Iberoamérica. El Lenguaje político en tiempos de la Independencia, coord. Juan Carlos Chiaramonte (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2004). "La comparación de independencias Ibero y Anglo americanas y el caso rioplatense", en Las revoluciones del Mundo Atlántico, coords. Maria Teresa Calderón y Clement Thibaut (Bogotá: Universidad Externado de Colombia - Taurus, 2006).

[9]Fueron notables los conflictos intraprovinciales en la provincia de Cartagena, no sólo con la villa de Mompox, que desembocó en un conflicto militar, sino también la rebelión realista de las poblaciones de las sabanas y riberas de Sinú. Se levantaron Tolú, Corozal, Sampues, Sincelejo, Ayapel, Cispatá y Lorica. Igualmente se presentaron múltiples conflictos en la zona del actual Santander. El Socorro, cabeza del nuevo corregimiento, se enfrentó con la villa de San Gil y la antigua ciudad de Vélez. Igualmente, hubo conflictos con las parroquias de Barichara y Charal. Hacia el norte de la región, Pamplona se enfrentó con Girón y con San José de Cúcuta. Los conflictos intraprovinciales de Popayán giraron en torno al enfrentamiento con Pasto, pero también con el nuevo eje político conformado por Cali y las ciudades confederadas. En esta misma provincia se enfrentaron Barbacoas e Iscuandé. Tunja tuvo conflictos con Villa de Leyva, Sogamoso, Chiquinquirá y Muzo, que decidieron adherir a la Junta de Santafé. En Antioquia los conflictos se dieron entre la antigua capital y las pujantes villas de Medellin y la ciudad de Rionegro de Arma; igualmente con Santa Rosa de Osos y la antigua ciudad de Remedios y también con la parroquia de San José de Nare. La Provincia de Quibdó se fracturó en torno a los ejes de Novita, Citara y Quibdó. Ver Ana Catalina Reyes Cárdenas, "Ordenamiento Territorial en el Nuevo Reino de Granada, 1750-1810", en Poblamiento y Movilidad Social en la Historia de Colombia. Siglos XVI-XX, eds. Ana Catalina Reyes Cárdenas y Juan David Montoya (Medellin: Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoria de Investigaciones, 2007); "Una Nación o Muchas Patrias Soberanas. Territorios, Identidades e Independencias en el Nuevo Reino de Granada. 1780, 1816" (Tesis para optar al titulo de Doctorado, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, 2009), 153-188 y 273-320.

[10] Con el ánimo de extender y crear el Estado de Cundinamarca, en el año de 1810 la Junta de Santafé le dio el titulo de villas a las siguientes poblaciones y pueblos de indios: Zipaquirá, Ubaté, Chocontá, Mesa de Juan Diaz, Guaduas, Cáqueza, Turmequé, Tensa, Sogamoso y Chiquinquirá. Igualmente en 1811 permitió la adhesión a dicha junta del cabildo de San Gil y sus parroquias. Ver: Ana Catalina Reyes Cárdenas, "Una Nación o Muchas Patrias Soberanas", 277-285.

[11]Entre 1810 y 1814 se le concedió titulo de villa en la zona andina a Zipaquirá, Ubaté, Chocontá, Mesa de Juan Diaz, Guaduas, Caquezá, Tumer-qué, Tensa, Sogamoso y Chiquin-quirá, Tocaima, Santa Rosa, Soatá, Puente Real de Vélez, Barichara, San Laureano de Bucaramanga, San Carlos de Piedecuesta, Matanza, Amabalema, Chaparral y Garzón. En la zona Caribe, a Soledad, San Roque de Mahates, Barranquilla, Carmen de Bolivar y Majagual. Ver: Ana Catalina Reyes Cárdenas, "Una Nación o Muchas Patrias Soberanas", 332-417.

[12]Archivo General de la Nación (agn), Anexo. Purificaciones, tomo 2, ff.183-205.

]]> [13]El Argos Americano, n.° 28-29, Cartagena, abril 1 de 1811.

[14]El Argos Americano, n.° 28-29, Cartagena, abril 1 de 1811.

[15]Las representaciones, como formas de protesta y queja utilizadas durante el gobierno colonial, subsistirían durante la primera República.

[16]El Argos Americano n[o] 40, Cartagena, julio 1 de 1811.

[17]En Cartagena la proporción de las gentes de colores representaban el 66%, porcentaje al que deben sumarse los esclavos negros que representaban el 7%. Los blancos alcanzaban a representar solo el 12%. A raíz de las reformas borbónicas, algunos pardos y mulatos habían ingresado a las milicias, lo que les había proporcionado movilidad, ascenso social y cierta autonomia al tener fuero militar. También esta ciudad gozaba de un grupo de pardos dedicados a actividades artesanales y que habian alcanzado cierto nivel cultural. Con el tiempo algunos pardos habían logrado una buena posición económica y social e incluso eran propietarios de esclavos. Un caso ilustrativo fue Pedro Romero, el lider político mulato de la primera república. Romero perteneció a las milicias, era artesano y realizó varias solicitudes a la Corona para que su hijo pudiera ingresara a los estudios universitarios; una de sus hijas contrajo matrimonio con un destacado dirigente político criollo y corregidor de Tolú, Ignacio Muñoz. Las condiciones sociales, económicas y culturales les permitió a los pardos tener un papel destacado en la política de la ciudad durante la primera república, aunque esto no implicó, como bien lo ha señalado Aline Helg, que asumieran una posición a favor de la abolición de la esclavitud. Ver Alfonso Múnera, El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano, 1717-1821 (Bogotá: Banco de la República - El Áncora Editores, 1998); Aline Helg, Liberty and Equality in Caribbean Colombia, 1770-1835 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004).

[18]Estas facciones se enfrentaron durante la primera república, llevando a la ciudad a una inestabilidad política permanente. Los toledistas fueron liderados por José Maria Toledo, hacendado y patriota que representaba las posiciones moderadas, garantizaba la estabilidad económica y política de los criollos y protegia los intereses de los grandes hacendados y comerciantes. Los piñeristas, liderados por los hermanos Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres, eran partidarios de una independencia total de España y tenían una actitud más demagógica con los sectores pardos y mulatos de la ciudad.

[19]La Bagatela, n.° 30, Santafé de Bogotá, noviembre 5 de 1811.

[20]Gaceta Extraordinaria de Cundina-marca, n.° 25, Santafé de Bogotá, enero 18 de 1812.

[21]La Bagatela, n.[0] 25, Santafé de Bogotá, marzo 12 de 1811.

[22]agn, Archivo Restrepo, "Declaración del Cabildo de Ibagué. 16 de enero de 1811", rollo 25, ff. 38-39.

]]> [23]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, n.° 29, Santafé de Bogotá, noviembre 7 de 1811.

[24]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, n.[0] 49, Santafé de Bogotá, mayo 7 de 1812.

[25]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, n.[o] 49, Santafé de Bogotá, mayo 7 de 1812.

[26]Santa Rosa de Osos se convirtió durante el siglo XVIN en el nuevo centro minero que reemplazó las decadentes explotaciones del nordeste y el bajo Cauca antioqueño. Ann Twinam, Mineros, comerciantes y labradores: las raices del espiritu empresarial en Antioquia. 1763-1810 (Medellin: FAES, 1985).

[27]Archivo Histórico de Antioquia (aha), Libros capitulares de Antioquia, tomo 650, ff. 125-126.

[28]agn, Archivo Restrepo, rollo 02, tomo 2, ff. 625-636.

[29]agn, Archivo Restrepo, rollo 02, tomo 2, ff. 625-636.

[30]agn, Archivo Restrepo, rollo 02, tomo 2, ff. 625-636.

[31]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, n.° 54, Santafé de Bogotá, agosto 20 de 1812, 255-256.

[32]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, n.[o] 54, Santafé de Bogotá, agosto 20 de 1812, 255-256.

]]> [33]Adolfo Meisel Roca, "La crisis fiscal de Cartagena en la época de la Independencia. 1808-1821", Cuadernos de Historia Económica y Empresarial (Bogotá: Banco de la República, 2007).

[34]La Bagatela, n.° 4, Santafé de Bogotá, agosto 4 de 1811. Noticias muy gordas.

[35]agn, Archivo Restrepo, "Manifiesto al pueblo de Cundinamarca, Antonio Nariño. Junio 04, 1812", rollo 04, ff. 419-420.

[36]Victor Manuel Uribe Urán, "¡Muerte a los abogados! Los abogados y el movimiento de independencia en la Nueva Granada, 1809-1820", Historia y Sociedad 7 (2000): 7-48; Victor Manuel Uribe Urán, Honorable lives Lawyers, Families and Politics, 17801850 (Pittsburg: Pittsburgh University Press, 2000), 47-49.

[37] Gaceta Ministerial de Cundinamarca, n.° 49, Santafé de Bogotá, abril 26 de 1812.

[38]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, n.° 49, Santafé de Bogotá, 12 de mayo de 1812.

[39]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, n.° 49, Santafé de Bogotá, 12 de mayo de 1812.

[40]agn, Archivo Academia Colombiana de Historia, serie Colección Camilo Torres, carpetas 2-25, ff. 1-10. Las itálicas son de la autora.

[41]agn, Archivo Restrepo, rollo 05, ff. 80-83. Las itálicas son de la autora.

[42]agn, Archivo Restrepo, rollo 05, ff. 80-83.

]]> [43]aha, Libros capitulares de Antioquia, tomo 650, ff. 147-149.

[44]aha, Libros capitulares de Antioquia, tomo 650, ff. 147-149.

[45]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, Santafé de Bogotá, junio 28 de 1813. Las itálicas son de la autora.

[46]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, Santafé de Bogotá, noviembre 4 de 1813. Las itálicas son de la autora.

[47]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, Santafé de Bogotá, noviembre 4 de 1813.

[48]Gaceta Ministerial de Cundinamarca, Santafé de Bogotá, noviembre 4 de 1813.

[49]José Maria Caballero, Diario de la independencia (Bogotá: Talleres Gráficos Banco Popular, 1974), 82. Las itálicas son de la autora.

[50]José Maria Caballero, Diario de la independencia, 83.

[51]José Maria Caballero, Diario de la independencia, 87. Las cursivas son de la autora.

[52]José Maria Caballero, Diario de la independencia, 62.

]]> [53]José Maria Caballero, Diario de la independencia, 182. Las itálicas son de la autora.

[54]"Relación de lo ocurrido en esta Provincia en el mes último", Gaceta Ministerial de Cundinamarca, n.° 175, Santafé de Bogotá, enero 5 de 1815.

[55]Rodrigo Llano Isaza, Centralismo y Federalismo (Bogotá: El Áncora Editores - Banco de la República, 1999).

[56]Rodrigo Llano Isaza, "Hechos y gentes de la primera República colombiana. 1810-1816", Boletin de Historia y Antigüedades 789 (abril de 1995): 501-523.

[57]agn, Archivo Restrepo, 5 de abril de 1815, rollo 6, ff. 234-235.

[58]José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia, 10 vol. (Paris: Libreria Americana, 1827), vol. 2, 86-90.

[59]Hermes Tovar Pinzón, "Guerras de opinión y represión en Colombia durante la Independencia (18101830)", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 11 (1983): 187-206.

[60]Clément Thibaud, Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia en Colombia y Venezuela (Bogotá: Planeta - Instituto Francés de Estudios Andinos, 2003).

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Referencias

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Libros:
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