Ricardo Azael Escobar Delgado^**

^* El presente artículo es resultado de investigación terminada en la tesis doctoral: "Los derechos humanos: entre la defensa política y la doctrina social de la iglesia, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de Colombia", calificada con Summa Cum Laude por la Universidad Pontificia de Salamanca (Madrid, España).
^** Ph.D. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Pontificia de Salamanca (Madrid, España). Candidato a doctor en Teología, Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colombia). Especialista en Gerencia de Instituciones de Educación Superior; en Docencia Universitaria y en Derechos Humanos, Universidad Santo Tomás (Bogotá, Colombia). Licenciado en Filosofía y licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, Universidad Santo Tomás. Integrante del Grupo de Investigación Oikos, Instituto del Matrimonio y la Familia, Universidad Pontificia Bolivariana (línea: identidad, familia y sociedad). Correo electrónico: ricardoazael.escobar@upb.edu.co

Forma de citación: Escobar, R. A. (2017). El derecho a la libertad religiosa y de cultos en Colombia: evolución en la jurisprudencia constitucional 1991-2015. Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 20, 39, 105-138. http://dx.doi.org/10.18359/prole.2727

Fecha de recepción: 12 de febrero de 2016 ]]> Fecha de evaluación: 19 de agosto de 2016
Fecha de aprobación: 11 de noviembre de 2016

Resumen

El artículo desarrolla el tema de la libertad religiosa y de cultos en Colombia y su evolución a partir de las sentencias de la Corte Constitucional entre 1991 y 2015, con ocasión de los 25 años de la Constitución Política de 1991. Metodológicamente la investigación se realizó de manera deductiva e histórico-crítica, mediante el análisis del derecho a la libertad religiosa y de cultos en el sistema interamericano e internacional de los derechos humanos, ratificado por el Congreso de la República. Al igual que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno al derecho a la libertad religiosa como una expresión individual y colectiva. Los resultados de la investigación evidenciaron que la evolución de estos derechos en el ordenamiento jurídico colombiano, está en consonancia con las transformaciones democráticas y jurídicas de la Constitución, y con los requerimientos de organismos internacionales de derechos humanos.

Palabras clave:

Derechos humanos, libertad de conciencia, libertad religiosa, Constitución, ley.

Summary

The article develops the theme of freedom of religion and cults in Colombia and its evolution from the judgments of the Constitutional Court between 1991 and 2015, on the occasion of the 25th anniversary of the Political Constitution of 1991. Methodologically, the investigation was conducted in a deductive and historical-critical way, through the analysis of the right to freedom of religion and cults in the Inter-American and international system of human rights, ratified by the Congress of the Republic, as well as the jurisprudence of the Constitutional Court around the right to religious freedom as an individual and collective expression. The results of the investigation showed that the evolution of these rights in the Colombian legal system is aligned with the legal and democratic transformations of the Constitution, and with the requirements of international organizations of human rights.

Keywords:

Human rights, freedom of thought, religious freedom, Constitution, law.

O artigo desenvolve o tema da liberdade religiosa e de cultos na Colômbia e sua evolução a partir das sentenças da Corte Constitucional entre 1991 e 2015, por ocasião dos 25 anos da Constituição Política de 1991. Metodologicamente a pesquisa foi realizada de maneira dedutiva e histórico-crítica, mediante a análise do direito à liberdade religiosa e de cultos no sistema interamericano e internacional dos direitos humanos, ratificado pelo Congresso da República. Igualmente que a jurisprudência da Corte Constitucional ao redor do direito à liberdade religiosa como uma expressão individual e coletiva. Os resultados da pesquisa evidenciaram que a evolução destes direitos no ordenamento jurídico colombiano está em consonância com as transformações democráticas e jurídicas da Constituição, e com os requerimentos de organismos internacionais de direitos humanos.

Palavras-chave:

Direitos humanos, liberdade de consciência, liberdade religiosa, Constituição, lei.

Introducción

El derecho a la libertad religiosa y de conciencia emerge con fuerza en las últimas décadas en los ordenamientos constitucionales y legales de las sociedades democráticas como la colombiana. Cobrando gran vigor hoy con el tema de los fundamentalismos religiosos en el mundo y el ascenso de muchos grupos religiosos a la actividad política, sobre todo en América Latina, sin dejar de reconocer que se constituyen en actores sociales y económicos muy relevantes y cuestionados desde numerosos frentes.

El artículo presenta un análisis del desarrollo histórico, constitucional y legal del derecho a la libertad religiosa y de cultos en Colombia; y su evolución jurisprudencial a partir de las sentencias de la Corte Constitucional entre 1991 y 2015. Teniendo en cuenta las implicaciones e influencia del derecho interamericano e internacional de los derechos humanos. De igual manera se abordan algunas de las problemáticas más significativas que se siguen presentando en el ámbito normativo de la libertad religiosa, especialmente en lo atinente a la naturaleza y personería jurídica de las confesiones religiosas, su estructura, capacidad financiera y algunos de sus más cuestionados procedimientos internos y de control de jerarquía en dichas organizaciones.

En tal sentido, el problema de investigación nos aproxima a una inquietante realidad para la academia, la sociedad, la legislación y la política, desde su desarrollo constitucional y legal. El objetivo de abordar la evolución constitucional del derecho a la libertad religiosa en Colombia, orienta junto con el problema y la metodología, todo el proceso investigativo, en orden a un análisis histórico-crítico de la evolución de dicho derecho y sus implicaciones en la sociedad.

El artículo se proyecta sobre la siguiente estructura: en una primera parte se hace una revisión general de los principales instrumentos internacionales que regulan, promueven y protegen los derechos que emanan de la libertad religiosa; luego se efectuará un análisis crítico del derecho a la libertad religiosa en Colombia y una revisión general de las fortalezas y debilidades del régimen jurídico vigente en la materia. Finalmente se presenta una revisión general del derecho a la libertad religiosa como expresión colectiva de las personas, y por último se expondrán unas conclusiones.

La metodología que se utilizó es deductiva, mediante el análisis y síntesis en el estudio de la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional. El método seguido es el histórico-crítico -ya que permite emprender el proceso evolutivo del tema- a través de la elaboración del estado del arte jurisprudencial sobre el derecho a la libertad religiosa en Colombia. Para dicho proceso se consultó la documentación oficial del país, además se analizaron normas internacionales que amparan derechos fundamentales tanto en el derecho interamericano como en el internacional de los derechos humanos. La técnica análisis documental fue de gran importancia para la recolección y sistematización de la información; además de constituirse en un punto de enlace con toda la investigación que dio origen al presente artículo.

A partir de la Constitución de 1991, el derecho a la libertad religiosa en Colombia se encuadra en el esquema de derechos humanos fundamentales, que de acuerdo con los instrumentos, convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos se encuentran consolidados en dos sistemas generales de protección, uno de carácter universal y otro de carácter regional, entre los que se destacan, desde luego, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1945; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1976; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de 1969; la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) de 1953 (la cual no es vinculante en nuestro país); los tratados de derecho internacional humanitario de 1949 en adelante y otros acuerdos y protocolos facultativos, dirigidos a promover el respeto y la protección irrenunciable de todos los derechos humanos inherentes a las personas, en tanto su condición de seres humanos.

Tratados que han sido suscritos y ratificados por Colombia (con excepción del CEDH), e integrados, por mandato constitucional al ordenamiento jurídico interno, consolidados con la teoría del bloque de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política (CP).

Dentro de este nuevo esquema de derechos fundamentales, se reconocen, naturalmente, los derechos humanos de mayor trascendencia política y social, en el marco del Estado social de derecho, los cuales se armonizan con un cúmulo de principios medulares, de arraigo constitucional, como son: la dignidad humana, la solidaridad, la igualdad y la legalidad, entre otros. Todo dentro de una verdadera estructura compleja, que el Estado vela por mantener a través de sus órganos, corporaciones y entidades, mediante el desarrollo de políticas, programas y planes de desarrollo dirigidos a maximizar su reconocimiento y mayor grado de protección.

En este escenario, se desarrollan los derechos fundamentalesde primera generación, como el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la privacidad, a la libre locomoción; el derecho de petición, la libertad de conciencia, la libertad de religión y culto, entre otros.

La mayor parte de estos derechos ha ido evolucionando de manera paulatina, su reconocimiento e interpretación se ha hecho cada vez más extensiva, y sus mayores grados de protección se han proyectado sobre la base de principios del derecho internacional como el pro homine¹, pacta sunt servanda², proporcionalidad³, etc., todo dentro de una labor compleja, que de forma valiente viene adelantando la Corte Constitucional, máxima guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución.

Ahora bien, uno de los derechos fundamentales de mayor avance y extensión internacional, es desde luego el derecho a "profesar libremente su religión y a difundirla" establecido en el artículo 19 de la CP, que es una expresión del artículo 18 de la DUDH, que al respecto señala que:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

De acuerdo con Romero (2012), en el sistema interamericano de protección de derechos se desarrolla el contenido y alcance de estas libertades, que se pueden traducir en los siguientes derechos:

1) Profesar una religión, es decir, tener una creencia religiosa; 2) manifestar una creencia en público o en privado, de forma individual o colectiva, esto es, dar a conocer o exteriorizar la religión que se profesa; 3) practicar los preceptos de una determinada religión en público o en privado de forma individual o colectiva, en otras palabras, llevar a cabo o realizar las convicciones religiosas; 4) conservar una religión o mantener la creencia; 5) cambiar de religión, lo que significa tener la posibilidad de dejar una religión y tomar otra, y 6) difundir una religión, lo que implicaría transmitir las creencias religiosas a otros (p. 2).

(...) 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Con una redacción similar se encuentra el artículo 18 del PIDCP (ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969), mediante el cual el Estado se comprometió a garantizar el ejercicio y la expresión de estas mismas libertades y todas aquellas que correspondan al ejercicio de los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto.

Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por medio de la resolución 68/169 del 18 de diciembre de 2013, sobre la: "Lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas basada en la religión o las creencias",se pronunció con ocasión de los incidentes de violencia e intolerancia que se vienen presentando alrededor del mundo en contra de las personas o minorías en razón a su religión y creencias. Se deplora en esta resolución de forma vehemente cualquier tipo de apología a la discriminación religiosa, que también pretenda atentar contra las minorías o colectividades religiosas, y al mismo tiempo promueve el respeto por la diversidad religiosa y cultural.

Esta resolución es importante, toda vez que desde el seno de la ONU se exhorta a los Estados miembros a adoptar medidas efectivas para que los funcionarios públicos, no discriminen a las personas por motivos de religión y por el contrario fomenten la diversidad y el pluralismo religioso, desarrollando mecanismos que permitan a las diferentes comunidades religiosas manifestar sus creencias y contribuir a la sociedad en condiciones de igualdad y equidad.

Con todo, se puede observar que desde el derecho internacional se promueve el ejercicio de un conjunto de libertades y derechos en el ámbito religioso, cuyos titulares son naturalmente las personas, quienes individual o colectivamente los pueden ejercer con las restricciones propias que establece la ley, y a su vez el Estado ostenta la obligación de respeto, garantía y protección para el ejercicio pleno de estos derechos, en todas sus manifestaciones.

Por otro lado, se debe considerar que por virtud de la teoría del bloque de constitucionalidad se habla de deberes vinculantes para el Estado, a la par su naturaleza jurídica y alcance se pueden evidenciar en sentencias como la C-225/1995, C-423/1995, C-578/1995, C-191/1998, C- 708/1999 y T-1635/2000 de la Corte Constitucional. Por lo tanto, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que contienen desarrollo en torno a la libertad y ejercicio de las creencias religiosas son vinculantes en el derecho interno.

B. Análisis crítico del régimen jurídico vigente sobre el derecho a la libertad religiosa en Colombia: debilidades y fortalezas

Este derecho tiene concordancias con otros derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, la libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresar o difundir el pensamiento, comprendidos en los artículos 13, 16, 18 y 20, entre otros de la CP. Y ha sido implementado por la legislación nacional a través de la ley 133/1994 "por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política", que comienza por reconocer la vigencia de los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Así mismo, regula y reconoce la diversidad de iglesias y confesiones religiosas, destacando la igualdad, la libertad, la autonomía y la personería jurídica de la que estas son sujetas. Sin embargo, enfatiza que no son objeto de esta legislación aquellas actividades que se relacionan con fenómenos psíquicos y parapsicológicos, el satanismo, las prácticas mágicas u otras análogas a las religiones.

Más adelante, en sus artículos 6 y 7, la ley 133/1994 incluye un catálogo de derechos comprendidos dentro de la libertad religiosa como expresión individual o colectiva de las personas y frente a los derechos de las confesiones religiosas como entidades constituidas, destacando en estas últimas, dos rasgos: su autonomía jurídica y su inmunidad de coacción.

En estos términos, el artículo 7 destaca que las iglesias y confesiones religiosas tienen, entre otros, el derecho a: establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos; ejercer libremente su propio ministerio; conferir órdenes religiosas; designar para los cargos pastorales; comunicarse y mantener relaciones, sea en el territorio nacional o en el extranjero, con sus fieles, con otras iglesias o confesiones religiosas y con sus propias organizaciones; establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes ministros libremente elegidos; tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y de estudios teológicos, en los cuales puedan ser libremente recibidos los candidatos al ministerio religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos; escribir, publicar, recibir y usar libremente sus libros y otras publicaciones sobre cuestiones religiosas; etc.

Ahora bien, la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela T-200/1995 se pronunció sobre el alcance y naturaleza jurídica de las confesiones religiosas, y precisó que:

(...) cada iglesia es libre de establecer, según sus criterios, los reglamentos y disposiciones con arreglo a los cuales habrán de cumplirse los objetivos inherentes a la fe que practica. Las decisiones de tales autoridades, dentro de las competencias que la propia confesión religiosa establece, son obligatorias para sus feligreses en la medida en que sus ordenamientos internos lo dispongan. De la misma manera, las religiones gozan de libertad para establecer requisitos y exigencias en el campo relativo al reconocimiento de dignidades y jerarquías así como en lo referente a los sacramentos, ritos y ceremonias. Todo esto implica un orden eclesiástico que cada comunidad religiosa establece de modo independiente, sin que las autoridades del Estado puedan intervenir en su configuración ni en su aplicación, así como las jerarquías eclesiásticas tampoco están llamadas a resolver asuntos reservados a las competencias estatales.

En efecto, estos son algunos de los primeros contornos de los derechos de las confesiones religiosas, pues es claro que su autonomía e independencia no pueden exceder los límites permitidos por el Estado, y viceversa, en particular en aquello que se asocia con la expedición de sus reglamentos, disposiciones internas y la conformación de su jerarquía.

Igualmente, el Estado tiene otras prohibiciones especiales, que se ligan a su carácter laico y neutral, como el hecho de promover una iglesia o religión oficial; identificarse a través de alguna de ellas; realizar actos oficiales o simbólicos de adhesión; tomar medidas o decisiones políticas tendientes a favorecer o perjudicar una confesión religiosa, entre otras, según sentencia C-817/2011 de la Corte Constitucional.

No obstante estas prohibiciones, la propia Corte mediante sentencias C-088/1994 y T-493/2010 ya había precisado que el Estado también puede fijar límites y restricciones a las confesiones religiosas, siempre y cuando se adecúen a los siguientes criterios:

Ahora bien, la ley 133/1994 no es ajena al debate, y del mismo modo, no han sido pocos los cuestionamientos que se le plantean en relación con el creciente número de iglesias y la ilimitada capacidad de financiamiento de las mismas. Tan solo hasta el año 2015, se registraron más de 5300 nuevas iglesias de acuerdo con el dato del Ministerio del Interior, con una dinámica de entre quince y veinte registros diarios (Aguirre, 2013), una situación dramática, si se tiene en cuenta que en Colombia estas iglesias congregan a más de ocho millones de creyentes y mueven montos cercanos a un billón de pesos al año (Jiménez, 2014).

En efecto, las iglesias registradas con personería jurídica en Colombia, según el literal c) del artículo 14 de la ley 133/1994, tienen derecho a solicitar y recibir donaciones económicas y a organizar colectas con sus fieles, para el desarrollo de sus fines misionales. Una libertad que no hace reparo alguno frente a los montos máximos que reciben estas iglesias.

Por otra parte, Prieto (2012) sostiene que la ley 133/1994 mezcla los derechos de la libertad religiosa como expresión colectiva, con los derechos de las personas jurídicas especiales, y a su vez advierte algunos indicios de trato desigual entre las confesiones religiosas al permitir la existencia de tres tipos de personalidad jurídica:

(...) personería jurídica de derecho público eclesiástico (para la Iglesia católica y para las personas jurídicas canónicas: cfr. art. IV del Concordato); personería jurídica especial (para las demás iglesias y confesiones); y personería jurídica de derecho privado (que se puede adquirir o conservar) (Prieto, 2012).

Sin embargo, la Corte Constitucional en su sentencia C-350/1994 precisó que con sujeción a la igualdad religiosa, determinada religión por más extendida que sea, no puede recibir un tratamiento privilegiado por parte del Estado, pues de acuerdo con la CP, todas las confesiones religiosas en Colombia ostentan igual valor jurídico ante la ley.

Recientemente el Gobierno colombiano, a través de su Plan Nacional de Desarrollo para el periodo cuatrienal (2014-2018), se comprometió mediante la ley 1753/2015 a promover la libertad religiosa, de cultos y de conciencia, sobre la base de criterios de equidad y armonía institucional, especificando que:

(...) emprenderá acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia. El Gobierno Nacional formulará y actualizará la política pública en la materia con la participación de las entidades religiosas, garantizando la libertad e igualdad religiosa en términos de equidad y reconociendo su aporte al bien común en lo local, regional y nacional (artículo 244).

Una visión programática que coyunturalmente puede ser excluida en el contexto político del posconflicto en Colombia, pues en los términos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de agosto de 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP, solo se ha considerado la participación de las comunidades religiosas en los procesos de seguimiento y control de consumo de drogas. Nada más. En tal sentido, dentro del punto cuatro del Acuerdo de La Habana sobre solución de drogas ilícitas, se estableció que:

Para garantizar la revisión y el ajuste participativo de la política frente al consumo con base en los principios antes descritos, el Gobierno creará una instancia nacional con representantes de las autoridades con competencia en el tema, instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres y madres de familia, comunidades religiosas y personas consumidoras (núm. 4.2.1.3, énfasis fuera de texto).

De acuerdo con Escudero Alzate (2011) la libertad religiosa es una libertad pública en todo el sentido de la palabra, cuyo mayor avance se resume (frente a la Constitución anterior) en el reconocimiento pleno del Estado, de las libertades del individuo para la escogencia de su religión.

Por su parte, Betrián (2012) sugiere (desde la perspectiva del derecho español) que para hablar de libertad de religión en una sociedad democrática, se deben considerar al menos tres elementos claves para integrarse al modelo de derechos humanos vigente: el pluralismo, la tolerancia y la apertura.

El artículo 1 de la CP sostiene que Colombia es un Estado social de derecho: "organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana (...)". Entre tanto, la Corte Constitucional mediante sentencia T-403/1992 planteó que:

(...) las libertades de culto y de expresión ostentan el carácter de derechos fundamentales, no solamente por su consagración positiva y su naturaleza de derechos de aplicación inmediata, sino, sobre todo, por su importancia para la autorrealización del individuo en su vida en comunidad.

En una sociedad cuyo orden jurídico garantiza las concepciones religiosas o ideológicas de sus miembros, el Estado debe ser especialmente cuidadoso en sus intervenciones, pues ellas pueden interferir la independencia y libertad de las personas que profesan una confesión o credo.

A lo que puntualizó que, a partir de la CP de 1991, Colombia: "hizo tránsito de un Estado confesional a un Estado laico y pluralista en materia de confesiones religiosas". De ahí que se pueda hablar de una secularización del Estado colombiano. Posteriormente, el pluralismo religioso fue retomado por la Corte mediante sentencia C-350/1994, así:

Mientras que la Constitución de 1886 garantizaba la libertad de cultos pero subordinándola a la conformidad del culto respectivo con la moral cristiana, y en todo caso, sometiendo su ejercicio a las leyes, el Constituyente de 1991, por el contrario, optó por liberalizar la libertad de culto, sin consagrar límites constitucionales expresos a su ejercicio. Esto significa que, conforme a la Constitución de 1991, puede haber cultos religiosos que no sean conformes a la moral cristiana y no por ello serán inconstitucionales, mientras que tales cultos no eran admisibles en el anterior ordenamiento jurídico.

Igualmente, la sentencia T-388/2009 de la Corte Constitucional aclaró que:

Uno de los rasgos distintivos del Estado es, por tanto, su apertura al pluralismo. Tal apertura se conecta al menos con tres dimensiones: ser el reflejo de una sociedad que (i) admite y promueve de manera expresa el hecho de la diversidad (artículo 7º Superior); (ii) aprecia de modo positivo las distintas aspiraciones y valoraciones existentes hasta el punto de proteger de modo especial la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento así como la libertad de expresión y (iii) establece los cauces jurídicos, políticos y sociales que servirán para dirimir los posibles conflictos que se presenten en virtud de la diferencias vigentes en un momento determinado.

En retrospectiva, el pluralismo es evidentemente una de las mayores conquistas del Estado social de derecho, en lo que a diversidad religiosa se refiere, particularmente si se observa el contenido de la Constitución de 1886, el fuerte pulso conflictivo que existió entre el Estado y la Iglesia católica durante la segunda mitad del siglo XIX, y los concordatos sucesivos que se suscribieron hasta 1973 (Prieto, 2001).

(...) en la actualidad existen contextos donde el ejercicio de la libertad religiosa se puede ver restringido, naturalmente, debido entre otras cosas [a] la dificultad de garantizarlo con las mismas libertades que el resto de los ciudadanos, tal es el caso de los centros penitenciarios, dentro de los cuales se hacen restrictivos otros derechos fundamentales, algo frente a lo cual la Corte Constitucional mediante sentencia T-077 de 2015, se ha pronunciado en los siguientes términos:

"La libertad de cultos es uno de los derechos a ser garantizado a la población reclusa, pero su goce se debe dar dentro del marco de la seguridad y orden de los establecimientos penitenciarios. Puesto que esta garantía defiende que las personas lleven un modo de vida que sea expresión cabal de sus convicciones religiosas más arraigadas, cualquier restricción debe estar precedida de un análisis de razonabilidad y proporcionalidad. De lo contrario, se le impondría al creyente la carga desproporcionada de incumplir con los dogmas de su religión, sin que ello fuera necesario para la protección de un interés público. En este punto se debe recordar que el amparo de la libertad religiosa resulta inane si el Estado se niega a resguardar las manifestaciones más valiosas de la experiencia religiosa, que constituyen fuente de complacencia para cada persona. Como lo ha reconocido este Tribunal, la imposibilidad de coherencia entre lo que profesa y practica un individuo puede generar un inmenso grado de sufrimiento, por lo que a las autoridades penitenciarias les corresponden garantizar en la mayor medida posible que los internos sean fieles a su credo (Corte Constitucional, T-077,2015)".

Por último, es claro que la libertad religiosa, como derecho fundamental, no es necesariamente, ni tiene atribuciones de ser un derecho absoluto, y en particular como lo menciona la Corte, cuando se trata de desconocer o restringir el ejercicio de otros derechos fundamentales, como puede ser el caso de la vinculación de personal al servicio de la iglesia sin el respeto de las garantías mínimas del derecho al trabajo; la discriminación de las personas en situación de discapacidad al interior de algunas iglesias, amparadas en la autonomía e independencia jurídica que ostentan; o la práctica de rituales que puedan conllevar de alguna manera atentar en contra de la dignidad humana de los fieles o de terceros, entre otros.

D. Avances y limitaciones del derecho a la libertad religiosa en Colombia. El desarrollo de un modelo de Estado laico y neutral

Con ocasión de los 25 años de la CP de Colombia, y considerando la resolución 68/169 del 18 de diciembre de 2013 de la Asamblea General de la ONU sobre la lucha contra la discriminación de la libertad religiosa en el mundo, el Gobierno colombiano recientemente expidió el decreto 1079/2016, a través del cual se declaró el 4 de julio (de cada año) como el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos. En efecto, este decreto establece que:

(...) el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, y en articulación con las entidades territoriales, coordinará con las Iglesias, Confesiones, Denominaciones, Comunidades Religiosas, Federaciones, Confederaciones, Asociaciones de Ministros y distintas Organizaciones sociales religiosas, jornadas de reflexión institucional, de oración, actos religiosos y conmemorativos de difusión y socialización sobre el respeto e igualdad de religiones y cultos; permitiendo en estos espacios de diálogo y debate, en todos los ámbitos de la vida social, cultural y política, el efectivo disfrute de las garantías del ejercicio de la libertad religiosa y de cultos en el territorio nacional.

Una medida incluyente que sumada al objetivo del artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo de la ley 1753/2015, sin duda favorece el desarrollo de un ambiente participativo, democrático y pluralista, en pro de las comunidades religiosas, que luchan incansablemente por su reconocimiento institucional en condiciones de legitimidad e igualdad, y en medio de una sociedad altamente conservadora, afectada por la violencia e inclinada por sus costumbres tradicionalistas.

En la actualidad muchas comunidades religiosas sin ánimo de lucro gozan de privilegios tributarios y económicos importantes, y no así continúan enfrascadas en pleitos judiciales por tratar de alcanzar los mismos privilegios y reconocimientos que la Iglesia católica o sus instituciones congregadas en la ley canónica en Colombia.

(...) en aras de salvaguardar el principio de igualdad, exima a la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo del pago del impuesto a la sobretasa ambiental, hasta tanto se expida una ley que desarrolle la igualdad de las iglesias legalmente constituidas con relación a este gravamen.

La Corte de paso, se permitió el derecho de exigirle al Gobierno nacional que promoviera una iniciativa legislativa para regular con eficacia e igualdad las condiciones tributarias de las comunidades religiosas en Colombia.

Un caso muy similar se resolvió en sentencia T-073/2016, particularmente contra la misma corporación de Bucaramanga, y una vez más la Corte falló favorablemente a las pretensiones de la Iglesia demandante, concediendo la exención tributaria del mismo impuesto nuevamente.

Prieto (2012) ya había advertido que: "la Ley Estatutaria es imprecisa cuando establece (art. 7, parágrafo) que '[l]os Concejos Municipales podrán conceder a las instituciones religiosas exenciones de los impuestos y contribuciones de carácter local en condiciones de igualdad para todas las confesiones e iglesias'".

Según el autor se presentaba un problema de interpretación por cuanto no se entendía si el término "instituciones religiosas" era lo mismo que "confesiones religiosas" o si solamente aplicaba estas exenciones tributarias en favor de las iglesias que tenían un reconocimiento jurídico especial o de derecho público eclesiástico.

Entre tanto, la Corte Constitucional resolvió mediante sentencia C-224/2016, una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 8 de la ley 1645/2013, "por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones".

El argumento de esta demanda fue que esta norma atenta contra el carácter laico propio de un Estado social de derecho, pues concede un privilegio a la comunidad religiosa católica, en perjuicio de la libertad religiosa y de cultos consagrada en el artículo 19 de la CP. Sin embargo, la Corte afirmó que:

(...) la neutralidad que impone la laicidad frente a los cultos religiosos no prohíbe que ciertos lugares (por ejemplo de culto), ciertas obras artísticas (pinturas, esculturas) y arquitectónicas (templos, monasterios), o incluso ciertas manifestaciones religiosas sean protegidas por el Estado en razón de su proyección como patrimonio cultural. Sin embargo, al estar en tensión el principio constitucional de laicidad y neutralidad religiosa con el deber -también constitucional- de protección al patrimonio cultural, es preciso evaluar y ponderar varios aspectos.

Los aspectos a los que alude la Corte son tres:

]]> Que existan elementos de juicios objetivos y razonables que permitan determinar que esos bienes culturales son o pertenecen al patrimonio cultural de la nación, más allá de meras coincidencias o referencias con ciertos sectores.
1. La noción de patrimonio cultural no está asociada a un criterio de mayorías, pues no tendría cabida el respeto por las minorías en nuestro Estado.
2. El Estado no puede perder su neutralidad, mediante decisiones que favorezcan de manera particular a una sola comunidad religiosa.

Finalmente, la Corte declaró inexequible esta norma pues consideró entre otras cosas, que:

(...) es evidente que con el artículo demandado se establece una forma de relación inconstitucional Estado-Iglesia Católica, en una faceta de inversión de recursos del ente municipal de Pamplona, por dos razones principales.

En primer lugar, el significado mismo del término procesión sugiere una idea religiosa. Tan es así que la Real Academia de la Lengua Española le otorga el siguiente significado:"acto de ir ordenadamente de un lugar a otro muchas personas con algún fin público y solemne, frecuentemente religioso"; agregándole al término su condición de Semana Santa, no cabe duda de su relación directa con el acto solemne importante para la Iglesia católica. En cuanto a las imágenes que en ella se exponen, cobra mucha más vigencia su relación con el acto religioso, pues en ellas se representa el Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

En segundo lugar, la relación Estado-Iglesia se expone con más fuerza, cuando el legislador decide involucrar a la Arquidiócesis de Pamplona, entendida como "una jurisdicción eclesiástica de la Iglesia Católica en Colombia", otorgándole los calificativos de creadora, gestora y promotora de dichas procesiones (Corte Constitucional, C-224, 2016).

Vale decir que en estos momentos la Corte Constitucional está resolviendo una demanda similar de inexequibilidad en contra de la ley 891/2004

Por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento Nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones.

En cuanto a las limitaciones del ejercicio de la libertad de culto y religión, el Consejo de Estado mediante sentencia 01392/2014, al decidir desfavorablemente una impugnación de una acción de tutela, que estaba dirigida en contra del Ministerio de Cultura, consideró lo siguiente:

En tal virtud, el contenido y alcances de la libertad religiosa, como todo derecho fundamental, también se encuentra sujeto a ciertos límites, que no son otros que los derechos de los otros, lo que permita el legítimo ejercicio del derecho propio, de los ajenos y de exigencias como el orden público, la salubridad y seguridad públicas, la moralidad y la tranquilidad que hagan posible la convivencia pacífica en sociedad.

En este caso, la accionante pretendía censurar la presentación de una artista en el Museo Santa Clara en Bogotá propiciada por el Ministerio de Cultura, por considerar que esta exposición atentaba en contra de la dignidad y la libertad religiosa y de culto:

Ello es así, en razón a que la expresión artística no está afectando ninguno de los componentes del derecho, toda vez que la obra se está exhibiendo en un establecimiento diseñado para mostrar las expresiones artísticas colombianas, no está interfiriendo en el culto o religión profesado por la accionante, ni le está impidiendo o limitando la práctica de sus creencias.

Por el contrario, acceder lo solicitado por ellos, como es restringir la exposición, sí vulneraría el derecho fundamental a la libertad de expresión de la autora de la obra (Consejo de Estado, 01392, 2014).

Por último, se puede considerar importante la protección que se ha concedido a través del Código Penal colombiano, mediante la ley 1482/2011, frente a la comisión de conductas punibles discriminatorias que atenten contra las personas, por el hecho de pertenecer a determinada religión. En efecto, el artículo 134B del Código Penal declara que será delito:

El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor.

Conclusiones

Colombia es un Estado social democrático de derecho, con personería jurídica internacional, y por virtud del principio del ius cogens, es un sujeto de derechos y obligaciones, entre ellas las que corresponden al cumplimiento de los tratados y convenios internacionales que suscribe, en tal sentido está vinculado a ellos, y de manera casi automática se encuentran integrados, por mandato constitucional, al ordenamiento jurídico interno, según el artículo 93 de la CP y la teoría del bloque de constitucionalidad.

Frente a este panorama el derecho a la libertad religiosa y de culto ha sido desarrollado en Colombia como un derecho fundamental al tenor del artículo 19 de la CP. Y desde allí, se reconoce toda una diversidad de expresiones religiosas y culturales, estructuradas a través de conglomeraciones, iglesias y confesiones religiosas, en un contexto de igualdad, libertad, autonomía y personería jurídica de la que estas son sujetas.

De acuerdo con la Corte Constitucional, cada iglesia es libre de fijar, según sus criterios, los reglamentos y disposiciones internos; la coercitividad de sus decisiones; la libertad para establecer requisitos y exigencias en el campo relativo al reconocimiento de dignidades y jerarquías, entre otros.

Ahora bien, en las últimas décadas no ha habido un desarrollo legislativo significativo en materia de libertad religiosa en Colombia, y es claro que algunos aspectos normativos requieren de una reglamentación más clara y precisa, para evitar interpretaciones abiertas, permisivas o acomodadas; tal es el caso del requisito del arraigo de la confesión religiosa o iglesia para acceder a la posibilidad de establecer convenios de derecho público con el Estado colombiano (y todo lo que esto conlleva en favor de institucionalizar sus propias doctrinas).

Valga decir que para el caso de la Unión Europea, y en particular el caso de España, se ha determinado que para que una comunidad religiosa pueda tener arraigo (o arraigo notorio como allá lo llaman) con el mismo propósito, debe llevar inscrita en el registro de entidades religiosas, por lo menos treinta años, salvo que la entidad acredite un reconocimiento en el extranjero de, al menos, sesenta años de antigüedad y lleve inscrita en el citado registro no menos de quince años, de acuerdo con el real decreto 593/2015.

Otra precisión que sería necesaria, es la que se relaciona con las exenciones tributarias, que en ciertas condiciones terminan siendo desconocidas o vulneradas en contra de las confesiones religiosas sin ánimo de lucro, que con el argumento de la autonomía fiscal de las entidades territoriales, algunos municipios se sobreponen con cierta frecuencia a toda una línea de pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional.

Por último, es menester tener en cuenta que el derecho a la libertad religiosa, no es derecho absoluto y el Estado tiene prohibiciones especiales, que van ligadas a su carácter laico y neutral, como el hecho de promover una iglesia o religión oficial; identificarse a través de alguna de ellas; realizar actos oficiales o simbólicos de adhesión; tomar medidas o decisiones políticas tendientes a favorecer o perjudicar una confesión religiosa, entre otras, tal y como se plantea en la sentencia C-817/2011 de la Corte Constitucional.

NOTAS

¹ Se trata de un principio internacional cuyo propósito es aplicar la interpretación más favorable y extensiva para el ser humano, en especial cuando se trata del reconocimiento de derechos humanos y al mismo tiempo, sugiere el grado más restrictivo de interpretación frente a las medidas o mecanismos que pretendan establecer límites para su reconocimiento. Volver

² Los tratados son para cumplirse. Volver

Referencias

1. Aguirre, A. (6 de octubre de 2013). Entre 15 y 20 nuevas iglesias son registradas cada semana en Colombia. El Tiempo. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13103493        [ Links ]

2. Betrián, P. (2012). Cuestiones actuales sobre el derecho de libertad religiosa. En: E. H. Fuentes & B. Abreu (Coordinadores). Perspectivas iberoamericanas de asuntos constitucionales. (pp. 309-331) Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.         [ Links ]

3. Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 133. Por la cual se desarrolla el decreto de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política.         [ Links ]

4. Congreso de la República de Colombia. (2015). Ley 1753. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país".         [ Links ]

5. Consejo de Estado. (2014). 01392. C. P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Ref.: Expediente 25000-23-41-000-2014-01392-01.         [ Links ]

6. Corte Constitucional de Colombia. (1992). Sentencia T-403. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Ref.: Expediente T-628.         [ Links ]

7. Corte Constitucional de Colombia. (1992). Sentencia T-421. Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero. Ref.: Expediente T-1263.         [ Links ]

8. Corte Constitucional de Colombia. (1994). Sentencia C-350. Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero. Ref.: Expediente D-509.         [ Links ]

9. Corte Constitucional de Colombia. (1994). Sentencia C-088. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz. Ref.: Expediente No. P.E. 003.         [ Links ]

10. Corte Constitucional de Colombia. (2009). Sentencia T-388. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Ref.: Expediente T-1.569.183.         [ Links ]

11. Corte Constitucional de Colombia. (2010). Sentencia T-493. Magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ref.: Expediente T-2.534.469.         [ Links ]

12. Corte Constitucional de Colombia. (2011). Sentencia C-350. Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Ref.: Expediente D-8490.         [ Links ]

13. Corte Constitucional de Colombia. (2015). Sentencia T-421. Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio. Ref.: Expedientes T-4.436.001 y T-4.549.977 (acumulados).         [ Links ]

14. Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia C-224. Magistrados ponentes: Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio. Ref.: Expediente D-11015.         [ Links ]

15. Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia T-073. Magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos. Ref.: Expediente T-5.165.936.         [ Links ]

16. Escudero, M. C. (2011). Régimen jurídico de las iglesias y confesiones religiosas. Bogotá: Leyer.         [ Links ]

17. Jiménez, J. (25 de enero de 2014). Escándalos que han salpicado a las iglesias evangélicas de Colombia. El Espectador. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/escandalos-han-salpicado-iglesias-evangelicas-de-colomb-articulo-470881        [ Links ]

18. Ministerio del Interior. (2016). Decreto 1079. Por el cual se declara el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos.         [ Links ]

19. Munévar, Jorge (2005) La libertad religiosa en Colombia orígenes y consecuencias. En: Bidegain Greising y Demera Vargas Globalización y Diversidad Religiosa en Colombia (pp. 247-258) Bogotá, Colombia, Universidad Nacional.         [ Links ]

20. Prieto, V. (2001). Congreso latinoamericano sobre libertad religiosa. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú         [ Links ].

21. Prieto, V. (2012). Reconocimiento jurídico de las entidades religiosas en el derecho colombiano: análisis crítico de la ley estatutaria de libertad religiosa. Universidad de la sabana, Bogotá         [ Links ].

22. Romero, X. (2012). La libertad religiosa en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (análisis comparativo con el ordenamiento jurídico colombiano). Revista Derecho del Estado Nueva Serie, 29. Disponible en: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3297/3072        [ Links ]

23. Organización de las Naciones Unidas. (2013). Asamblea General. Lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas basada en la religión o las creencias. Resolución 68/169 del 18 de diciembre de 2013.         [ Links ]