http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v23n2.43452

Expansión turística y acumulación por desposesión: el caso de Cabo San Lucas, Baja California Sur (México)

Expansão turística e acumulação por desapropriação: o caso do Cabo San Lucas, Baja California Sur (México)

Expansion of Tourism and Accumulation by Dispossession: The Case of Cabo San Lucas, Baja California Sur (Mexico)

Jesús Bojórquez Luque^*
Manuel Ángeles Villa^**
Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz - México

Introducción

A partir de los años ochenta del siglo pasado, México ha estado inmerso en un fuerte proceso de neoliberalización. A nivel nacional, dicho proyecto político y socioeconómico inició con la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), y se consolidó durante las administraciones de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000); además, tuvo continuidad en los dos gobiernos de extracción panista que sucedieron a los tres priistas nombrados¹. Con toda certeza -la evidencia lo muestra con meridiana claridad-, este proceso continuará en ascendencia durante el presente sexenio.

En el ámbito comercial se optó desde mediados de los ochenta por una acelerada apertura de la economía al exterior, al tiempo que se abría de par en par la cuenta de capital, con la esperanza de fundamentar el crecimiento económico sobre la base de la inversión extranjera directa, mayormente de origen estadounidense. Como es de conocimiento general, el resultado de estas políticas ha sido enormemente dañino para el grueso de la población del país, al traer más pobreza y menos empleo, mayor precariedad e inseguridad de todo tipo; todo esto aunado a un pronunciado abaratamiento del trabajo y, paralelamente, a un fuerte incremento en la concentración del ingreso.

En la Baja California Sur, a mediados de los ochenta, la entrada de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles -en adelante, GATT, por sus siglas anglosajonas- significó la pérdida de las ventajas de costos de importación para productos estadounidenses; este hecho promovió el crecimiento del comercio para la reventa a residentes del macizo continental ("fayuca") y del turismo nacional hacia La Paz, capital del estado -lo cual se había iniciado desde mediados de los años setenta-. Ante el declive de ese modelo de desarrollo y los evidentes atractivos del estado como prístino destino para el turismo internacional (grandes litorales, hermosas playas, bellos paisajes, poca población, nuevos medios de transporte y comunicación, relativa cercanía con California), el aparato federal, a través del Fondo Nacional del Fomento al Turismo -en adelante, FONATUR-, se dedicó activamente a la promoción del turismo en el estado; para esto se establecieron dos centros integralmente planeados -en adelante, CIP-, en los municipios de Los Cabos y Loreto.

Si bien el CIP de Loreto no logró despegar, el éxito en el cumplimiento de los objetivos del FONATUR en Los Cabos fue evidente: para el 2010, había en dicho municipio más de 18.000 habitaciones de hotel y la población pasó de tan solo 19.117 habitantes en 1980, a los más de 280.000 registrados en el último censo de población (Gobierno del Estado 2011, 88; Rodríguez Villalobos 2003, 130). Al igual que en otros polos de desarrollo turísticos (Cancún, por ejemplo), el crecimiento demográfico ha sido acompañado por un enorme aumento en la marginación de la población residente: al lado de los "lugares de ensueño" del corredor turístico de Los Cabos ("el destino más caro de México"), sobreviven miles de habitantes en abyecta pobreza.

Tanto las políticas de ajuste estructural y de "modernización" tomadas a nivel nacional, como el modelo económico basado en el turismo de alto impacto que fue implementado en Baja California Sur (ahora en un creciente proceso de reorientación hacia el modelo del turismo residencial de mayor exclusividad), son manifestaciones de la acumulación por desposesión. El insigne geógrafo británico David Harvey propuso dicho modelo como uno de los motores de la expansión capitalista en su actual fase neoliberal. Con el ánimo de ubicar al lector, a continuación se hará una breve reseña de lo que se entiende por ese proceso.

¿Qué es la neoliberalización?

En el proceso de neoliberalización, que caracteriza al capitalismo desde los años ochenta del siglo pasado, el mercado se erige como un Mammón en lo económico y, en efecto, un Leviatán en lo político; por un lado, ofrece libertad para todos y, por el otro, ejerce un férreo control de las sociedades a través de la imposición de políticas congruentes con la "tiranía del mercado" y sus exigencias. Cada vez más busca también incrustar sus relaciones de dominación en lo social y lo ecológico. El neoliberalismo es una teoría político-económica que asegura que la mejor -si no la única- forma de asegurar el bienestar del ser humano pasa por la liberación de las capacidades y habilidades empresariales del individuo, dentro de un marco caracterizado por la libertad de comercio, la protección de los derechos de propiedad y las obligaciones contractuales. El libre intercambio en el mercado se ve como una ética en sí mismo, capaz de fungir como guía de la acción humana y como sustituto de cualquier otro fundamento moral. El papel del Estado queda nominalmente circunscrito a la creación y preservación del marco institucional necesario para garantizar el logro de esos objetivos.

Las propuestas claves de la doctrina neoliberal se fundamentan en el individuo racional³, egoísta, dueño de preferencias subjetivas únicas. A partir de ese concepto se erige una aparentemente infranqueable defensa del mercado libre, desde las perspectivas filosófica y económica. Como en el liberalismo, la libertad neoliberal (definida como la ausencia de coerción) se postula como el objetivo supremo de la sociedad. Los mercados se ven como ámbitos de intercambio voluntario entre los individuos, ya que ningún ser racional haría motu proprio un intercambio a menos que este fuera rentable. Se sigue lógicamente que el mercado es el único mecanismo que, en libertad, satisface las preferencias de los trans-actores. En competencia perfecta, con compradores y vendedores atomizados, los precios actúan como señales que aseguran que aquellas preferencias se expresen correctamente y los recursos (escasos) sean asignados para satisfacerlas. Así, el mercado, libre de interferencias (especialmente del Estado), es el "más moral y más eficiente medio para producir y distribuir bienes y servicios" (Cahill 2010, 3; traducción propia).

El individualismo extremo, amparado en el concepto del homo economicus (el Robinson Crusoe que pregona el neoliberalismo), reduce -en teoría- la actuación del Estado a un puñado de funciones básicas. David Harvey expresa de esta manera los objetivos de política económica de la neoliberalización:

]]> El estado debe garantizar, por ejemplo, la calidad e integridad de la moneda. Debe también conformar las estructuras militares, defensivas, policíacas y legales que se requieren para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, por la fuerza si es necesario, el funcionamiento adecuado de los mercados. Además, si los mercados no existen (en áreas como la tierra, el agua, la educación, la salud, la seguridad social o la contaminación ambiental) tienen que crearse, por la acción del estado, si es necesario. Pero más allá de estas tareas no debe aventurarse el estado. (Harvey 2004b, 2-3)

De esta manera, "[...] los proponentes de la ideología neoliberal insisten que los mercados abiertos, competitivos y desregulados, liberados de toda interferencia estatal, representan el mecanismo óptimo para el crecimiento económico" (Brenner y Theodore 2002, 381); del crecimiento deberá surgir el desarrollo, por el proceso de filtración (trickle down effect) del ingreso generado, desde las capas superiores receptoras hasta las menos favorecidas. No obstante, el neoliberalismo real depende de formas coercitivas de intervención estatal para generar la disciplina necesaria para imponer el imperio del mercado en todos los aspectos de la vida social. En paralelo, se advierte en el actual modelo global la exigencia de una creciente, incluso infinita, expansión de las relaciones de mercado:

Smith no hubiera pensado que un mercado libre era menos libre porque los comercios cerraban de noche: la expansión del horario de ventas es una política típicamente neoliberal. Para el neoliberalismo, una economía que comercia por 23 horas es inaceptable: nada menos que las 24 horas les satisface. Se busca constantemente la expansión del mercado en sus márgenes. (Treanor 2005, parte IV; traducción propia)          

La necesidad de creación de nuevos espacios para el mercado es un elemento clave para el argumento que se presenta en este trabajo, pues se encuentra en la base del concepto de la acumulación por desposesión. Este concepto es piedra angular de la teoría de Harvey (2003, 2004b) sobre la naturaleza del "nuevo imperialismo", que surge como elemento central de los procesos de neoliberalización iniciados en los ochenta. El geógrafo inglés, en uno de los resúmenes de sus trabajos, sintetiza su postura analítica en las siguientes palabras:

El capitalismo global ha experimentado un problema crónico y duradero de sobreacumulación desde 1970. Interpreto la volatilidad del capitalismo internacional durante estos años, sin embargo, como una serie de arreglos espaciales y temporales que ni siquiera en el mediano plazo para hacer frente a los problemas de sobre acumulación. Era [...], a través de la instrumentación de esa volatilidad que los Estados Unidos trataron de preservar su posición hegemónica en el capitalismo global. El reciente cambio evidente hacia un imperialismo abierto respaldado por la fuerza militar por parte de los EE. UU. puede entonces ser vista como un signo de debilitamiento de la hegemonía que antes de la grave amenaza de la recesión y la devaluación generalizada en el país, a diferencia de los diversos episodios de devaluación antes infligido en otros lugares (América Latina en la década de 1980 y principios de 1990, y, lo que es más grave, la crisis que consume este y el sudeste de Asia en 1997 y luego envolvió a Rusia y gran parte de América Latina). Pero también quiero argumentar que la incapacidad de acumular a través de la reproducción ampliada de forma sostenida ha ido acompañada de un aumento de los intentos de acumular por desposesión. (Harvey 2004a, 48)

La acumulación es la reinversión de la ganancia generada en el proceso productivo, y es distintiva del modo de producción capitalista. Al permitir la reproducción ampliada del capital, mediante la cual la reinversión de la ganancia genera ganancias adicionales, la acumulación de capital le imparte al capitalismo el carácter dinámico que ampliamente se le reconoce. Pero de la misma manera, trae consigo las semillas de las crisis que recurrentemente se hacen sentir, acarreando con ellas prolongados periodos de incertidumbre, estancamiento, desempleo y pauperización, como los que se han vivido en buena parte del mundo desde 2007. Por tanto, es aparente que el entendimiento del funcionamiento del capitalismo neoliberal requiere la comprensión de la acumulación del capital según se da en ese estadio: de aquí la enorme relevancia de la tesis de Harvey sobre la acumulación por desposesión. Aunque no exento de críticas, este enfoque permite una ampliación teórica y analítica del concepto de acumulación originaria (ursprüngliche Akkumulation), empleado por Marx en la parte final del primer volumen de El Capital (Marx 1946, cap. XXIV).

Acumulación por desposesión

El término de acumulación por desposesión se entiende como una última expresión del capitalismo que se vive hoy en día en su aplicación neoliberal. Se distingue por la apropiación, por la iniciativa privada de los bienes comunes o activos anteriormente controlados y por el Estado. En este escenario, el neoliberalismo ha entrado a nuevas expresiones de acumulación de capital que tradicionalmente se constreñían a entidades gubernamentales, privatizado toda clase de servicios públicos, como los sistemas de agua potable, las telecomunicaciones, la recolección de basura y el transporte; además de elementos que provee el Estado para la sociedad, como viviendas de interés social, educación, servicios de salud, el sistema de pensiones, instituciones públicas de educación superior, instituciones de investigación científica y sistemas penitenciarios. De forma similar, se dio un proceso (aún en curso) de privatización de bienes comunes, como la tierra y el agua (y ahora el aire, por medio de los bonos de carbono), haciendo de lado las luchas populares. Todo lo anterior se enmarca en una forma de acumulación de capital que impone un modelo que invade las esferas que antes eran de carácter público, para pasarlas al control de iniciativas privadas, y que fomenta de manera extrema una mayor acumulación del ingreso en unas cuantas manos (Ekman 2012; Harvey 2004b, cap. 1). Las tierras de uso común y los espacios de uso público son objetos de esta acumulación interminable; han pasado de lugares para el goce y disfrute de todos los ciudadanos a ser mercantilizados por empresas. El gobierno se ha desligado de su administración y equipamiento, lo que ha provocado la exclusión y la segregación.

Se acumulan en pocas manos muchas tierras arrendadas y grandes rebaños de ganado, principalmente de ovejas, lo que hace que las rentas de la tierra suban mucho y la labranza (tillage) decaiga extraordinariamente, que sean derruidas iglesias y casas, quedando asombrosas masas de pueblo incapacitadas para ganarse su vida y mantener a sus familias. (Marx y Engels 1974, 7)

El análisis de Marx está repleto de ejemplos de estos procesos, no solo en Inglaterra, sino también en Escocia, Irlanda, Francia y otras regiones de Europa. La acumulación por desposesión es el punto de arranque sistémico capitalista.

Si para Marx (1946, cap. XXIV) el fenómeno bajo análisis es piedra angular de la aparición del capitalismo, para Harvey se trata de un hecho generalizado para su afianzamiento en la etapa neoliberal de la actualidad. En los años setenta del siglo pasado, desde sus inicios en Nueva York (Harvey 2012, cap. 1) -cuando la crisis del fordismo trastocó profundamente al estado keynesiano del bienestar para dar paso al régimen actual (Mirowski 2013, caps. 1-2)-, la financiarización de la economía ha estado en el orden del día. Un elemento importante en este proceso ha sido precisamente la revalorización del suelo urbano, a través de su reconversión hacia usos más rentables para el inversionista privado, mayormente entidades financieras de alcance global. La neoliberalización del urbanismo asume diferentes manifestaciones, entre las que gozan de gran prominencia la turistización, elitización y gentrificación de las ciudades.

Como fue el caso siglos atrás, los procesos modernos de transformación urbana se han fundamentado en buena medida en los cambios en el uso del suelo; cambios que han dependido de la compra de tierra urbana a bajo precio, para reconvertirla en un producto de mayor valor de mercado. Esto ha involucrado con frecuencia el desalojo de los habitantes tradicionales de las zonas más deseables, para dar paso a la regeneración y modernización de la ciudad. Tanto para Harvey (2012) como para los autores del presente trabajo, este proceso es esencialmente el mismo que Marx describió en El Capital, y representa la puesta en marcha actual de la acumulación por desposesión.

Una somera revisión bibliográfica demuestra que este fenómeno actualmente está presente en muchos países. Un ejemplo es China, país que, aunque formalmente se autodefine como comunista, tiene en realidad una economía neoliberalizada, si bien con un gran control político por parte del Estado -situaciones perfectamente compatibles-, como subrayan numerosos autores (Brenner 2004; Brenner y Theodore 2002; Mirowski 2013; Peck y Tickel 2002; Treanor 2005). En este gigante país asiático, además del papel del gobierno en el impulso de las actividades productivas y el fomento de la inversión privada, hay claros elementos que se encuadran en el concepto de acumulación por desposesión: la privatización de empresas estatales y colectivas, el desecho de valores sociales, la injerencia del capital trasnacional y, en general, la operación sin restricciones de las fuerzas del mercado (Dunn 2007).

Otro ejemplo notable del proceso descrito se observa en la ciudad india de Mumbay. Allí habitan alrededor de 6 millones de personas, muchos de ellas en arrabales (barrios bajos o tugurios), donde se manifiestan de manera descarnada la marginación y la pobreza. Sin embargo, estos asentamientos deprimidos se encuentran en tierras con ventajas locacionales que les confiere un gran valor comercial, ya que están muy próximas al centro de la ciudad (Davis 2007, cap. 1). En esta enorme ciudad, la política pública, en asociación con el gran capital, busca "limpiar" a la ciudad de esos tugurios o cinturones de miseria, con el fin de construir edificios modernos para las grandes corporaciones. Para lograr la limpieza de esos lugares, el gobierno ha aplicado dos estrategias: la primera, pedirle a la gente que abandone el lugar y proporcionarle dinero; y la segunda, tratar a los residentes de esos barrios como gente instalada ilegalmente, para después proceder por medios legales a sacarlos por la fuerza sin darles ningún tipo de compensación por su desalojo (Harvey 2006). El uso de la fuerza siempre será un recurso a utilizar por las corporaciones, que en complicidad con el Estado impulsor de este modelo, se asocian para llevar a cabo su propósito con el fin de conferirle todo beneficio al mercado y a quienes participan de manera dominante en él.

Para Levien (2011, 479), en el caso de la India, el problema para las grandes compañías, y en general, para el capital, se origina en que la mayor parte de la tierra disponible en las ciudades y en la ruralidad se encuentra en manos de minifundistas que no visualizan la tierra como una mercancía (un activo financiero), que entre al mecanismo de transacción económica dictado por las leyes del mercado. Sin embargo, en este contexto económico neoliberal, la falta de documentos que le den certeza de la tenencia de la tierra a los campesinos y detentadores de la tierra los hace vulnerables del despojo por parte de las empresas con apoyo del Estado. En este sentido, el gobierno ha funcionado como intermediario para la apropiación de la tierra a favor de los grupos económicos poderosos. Esto gracias al uso de la coerción extraeconómica, al expropiar terrenos comunes para favorecer la acumulación del capital privado, en aras del desarrollo industrial y de proyectos urbanos que cubren las necesidades de los sectores privilegiados.

Las zonas económicas especiales en la India han sido los espacios de desposesión y mercantilización de la tierra para los entornos urbanos. La mayoría de los campesinos se ven forzados a vender sus tierras, mientras ven cómo desaparecen sus activos y se incorporan al proletariado rural. Estos actores campesinos tienes habilidades desiguales, pues también hay quienes tuvieron un momento adecuado (o con astucia y conexiones) para convertirse en promotores inmobiliarios, y lograron acumular mansiones y grandes propiedades. Aunque esta élite-pueblo y lo que acumula no se compara con las utilidades disponibles en el mercado para los grandes promotores inmobiliarios (Levien 2011, 480).

Acumulación por desposesión en América Latina

El fenómeno de acumulación por desposesión también se ha presentado en Latinoamérica. Esto se ha dado en el marco de la aplicación de medidas de liberación económica, a partir de la imposición del modelo neoliberal. Así, se han abierto hacia el libre mercado ámbitos que eran exclusivos del Estado, como las riquezas del subsuelo, los recursos forestales, las pensiones, las empresas y servicios públicos, etc. Para casos en América Latina, entre los diversos académicos que han abordado este concepto pueden enumerarse autores como Svampa, Guerra y Skewes, Vega Cantor, Galafassi y Giaretto.

Svampa (2008, 4-5) afirma que, en estos últimos años, la mayoría de los países latinoamericanos experimentan una segunda etapa que se caracteriza por la dominancia de un modelo extractivo-exportador. La tendencia de este modelo es consolidar y agrandar las brechas de las condiciones sociales entre los países del Norte desarrollado y los países subdesarrollados del Sur. Esto se da al basar estos últimos su actividad económica en la extracción de recursos naturales energéticos, la explotación agrícola irracional centrada en el monocultivo, la contaminación y la pérdida de los recursos bióticos. Así, desde México hasta Argentina, se ha implementado una estrategia agroindustrial, de la minería a cielo abierto (impulsada principalmente por mineras canadienses), que dan prueba del saqueo de recursos de esta parte del hemisferio en el contexto global neoliberal.

Guerra y Skewes (2010, 45) analizan como los estuarios de zonas del sur de Chile han sido alterados por la expansión de las empresas que han tomado esos confines para depositar desechos industriales y llevar a cabo actividades forestales sobreexplotando el recurso. No solamente el entorno natural ha sido alterado, sino también el refugio de las comunidades indígenas; de forma que, para detener las afectaciones, han cobrado notoriedad los movimientos de resistencia a las actividades empresariales depredadoras.

Vega Cantor (2012) asegura que la acumulación por desposesión basada en la apropiación coaccionada de los productores que se presentó en Inglaterra en los inicios del capitalismo no fue exclusiva a ese reino y a esos tiempos. Este fenómeno se presenta en diversos lugares donde se da el mismo sistema de producción y es un mecanismo inherente para su expansión a nivel mundial. En ese sentido el autor, haciendo una analogía con Colombia, afirma que en este país sudamericano se ha dado una masiva explotación de la población indígena y afrocolombiana en los últimos veinticinco años, que se traduce en el despojo de sus tierras (alrededor de 6 millones de hectáreas), así como de sus bosques y ríos, por parte de empresarios, grupos delincuenciales narco-paramilitares y empresas extranjeras. Los métodos que han utilizado estos grupos para despojar a la población nativa se basan en la violencia para su desalojo en contra del estado de derecho. Vega Cantor afirma que Colombia ocupa el primer lugar de desplazados internos producto de la violencia y el despojo, en su mayoría indígenas y campesinos. De acuerdo con el autor, dicho proceso de despojo ha sido apoyado, financiado y legalizado por el Estado colombiano.

En cuanto a Argentina, Galafassi (2010, 152) da testimonio de los problemas de acumulación por desposesión de la región patagónica. Esta región, durante todo el siglo XX, tras el exterminio de la población amerindia, se convirtió y desarrolló como una economía de enclave basada en la explotación de hidrocarburos, además de la ganadería extensiva y la agricultura especializada; lo cual profundizó su condición como abastecedora de recursos naturales para el exterior. A la exploración de recursos energéticos, se han sumado la minería, la tala de bosques y la expansión de la frontera agrícola y ganadera; los cultivos tradicionales han sido desplazados por el cultivo de soja, hecho que ha profundizado el problema de deforestación en la región. En los últimos tiempos la especulación inmobiliaria se manifiesta en algunos sectores de la región. Todos los elementos mencionados han desatado una disputa por parte de los poseedores del capital, ya sea nacional o internacional, que se ha expresado en la concentración de la tierra.

Galafassi (2010, 449) también argumenta que la Patagonia, Argentina, sigue reafirmando su papel histórico de proporcionar elementos energéticos como gas y petróleo; aunado a esto, se está presentando la mercantilización de las pocas tierras públicas o comunales en la región, ya sea para la especulación inmobiliaria, para reservas de recursos naturales conocidos como commodities o el uso privado del paisaje. En este entorno de privatización de los bienes comunitarios, la actividad minera ha ocupado un papel preponderante en la política nacional que el Estado ha promovido decididamente a partir de los años noventa.

De la misma manera en Argentina, en estos tiempos de profundización neoliberal, se instrumentaron políticas para la desincorporación del sector público hacia el sector privado, mediante la privatización de las empresas estatales, la apertura comercial con el exterior y la flexibilización laboral. Además, se dio una transferencia de recursos públicos, traducidos en recortes de impuestos a los sectores empresariales y la privatización de la administración de las jubilaciones, lo que aumentó desmedidamente el endeudamiento con los organismos financieros internacionales (Giaretto 2010, 136).

México no ha estado ajeno a las políticas neoliberales, que han traído como consecuencia la privatización de activos públicos como pensiones, servicios de salud y servicios educativos, así como reformas constitucionales que han desencadenado la privatización de las tierras de propiedad social.

Los casos de acumulación por desposesión en México no son distintos a los del resto de América Latina; pero sí su profundización, por ser este país una de las naciones sometidas tempranamente a las políticas de neoliberalización a principios de los años ochenta, amén de contar, aun en la actualidad, con una gran cantidad de su territorio bajo el régimen de propiedad comunal.

Históricamente en México, el despojo y la privatización de bienes públicos y comunitarios han sido la divisa. Esto se ha manifestado desde la conquista y colonización hispánica, y se refleja en la apropiación de los terrenos de los pueblos originarios y en el saqueo de sus riquezas en los tres siglos que duró el sistema colonial español. A partir de la aplicación de las políticas neoliberales en los años ochenta, se ha dado un acelerado e intensivo proceso de privatización y despojo de recursos considerados comunes, de propiedad social, como el ejido y la propiedad comunal indígena -fruto de la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX-; y públicos, como las empresas paraestatales. Así, se ha abierto campo a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en diversos sectores de la economía: la agricultura, la industria, el sector inmobiliario, la prestación de servicios, el espectro radioeléctrico, etc. México se ha convertido en adalid de las políticas neoliberales (Ávila y Luna 2013, 64). Todo esto se da en un marco de apertura comercial, en el cual México es uno de los países que más ha firmado tratados comerciales con diversos países y organismos supranacionales.

Estas nuevas formas de acumulación de capital se manifiestan en una transformación del sistema financiero, que funciona en la lógica de la especulación y la búsqueda de la ganancia inmediata. En ese sentido, países como México han sido víctimas del aumento de las inversiones especulativas, en perjuicio de las actividades productivas, como las agrícolas e industriales, ya sea por inversionistas extranjeros o por las élites nacionales. Esto ha provocado la profundización de la desigualdad social y la consecuente polarización del país, donde se acentúa la brecha entre pobres y ricos (Navarro Trujillo y Hernández Lara 2010, 78).

En cuanto al campo mexicano, la acumulación de tierras de propiedad social como el ejido se profundizó a partir de las reformas al artículo 27 constitucional, implementado por el Estado mexicano encabezado en ese entonces por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Estas reformas significaron la posibilidad para los campesinos de obtener títulos de propiedad como grandes agricultores o incorporarse al mercado inmobiliario urbano; todo esto a favor de especuladores o grandes compañías constructoras, que obtenían las tierras a precios irrisorios para la edificación de complejos habitacionales, pues la mayor parte de las ciudades en México estaban próximas a terrenos ejidales (Salinas Arreortúa 2009, 26). Con estas modificaciones constitucionales se consolida el ideal de una economía de mercado, donde todo podría ser sujeto de transacción monetaria, y se rompe el candado que había impuesto el Estado protector y tutelar sobre la propiedad de origen social. Se acabó la protección del Estado sobre las comunidades campesinas, que ahora deben valerse en un ambiente de libre competencia, donde el gobierno se deslinda de estos sectores de la sociedad y es el mercado el encargado de establecer la arena de transacciones de los ejidatarios en esta nueva realidad (Bojórquez Luque 2013, 96-99).

Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, a principios de los noventa, México inició una serie de reformas estructurales en medio de la aplicación del modelo neoliberal y el desarrollo del fenómeno de globalización. Dichas reformas tuvieron y siguen teniendo grandes repercusiones sobre el conjunto de su economía y su sociedad. El primer paso en esta tendencia la inició el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, en los años ochenta, cuando el país ingresó a los GATT, antecedentes de lo que actualmente es la Organización Mundial del Comercio. Posteriormente, ya con Carlos Salinas, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y Estados Unidos, lo cual impactó en el campo mexicano con cambios en la tenencia de la tierra, particularmente en el ejido, y afectó a más de la mitad del territorio nacional. El Estado perdió su papel como principal agente de activación rural, y se eliminó su rol en el crédito, la comercialización y la generación de insumos para el proceso productivo, con el pretexto de sacar del atraso a los campesinos y hacerlos competitivos (Davis 2000, 102-103). Sin embargo, el objetivo era favorecer el mercado de tierras, la libre circulación de esta como cualquier mercancía y, con esto, desde el punto de vista de la tecnocracia del gobierno, incentivar la inversión al campo de capitales privados en la producción agropecuaria -sobre todo estadounidense y canadiense-, lo que propiciaría un entorno competitivo de cara al Tratado de Libre Comercio (Rodríguez Oropeza 2006, 8). Así, estas reformas tuvieron como resultado el desmantelamiento del sistema ejidal y del ejido como forma de propiedad colectiva, y la subsecuente privatización de los derechos de propiedad sobre la tierra. El supuesto por el cual actuaron algunos protagonistas políticos era que el ejido como sistema de propiedad estaba agotado, y que era una de las causas del estancamiento en que estaba sumido el campo mexicano, al no proporcionar incentivos que significaran un aumento en la producción y, como consecuencia, una modernización para obtener la eficiencia productiva (Núñez Madrazo 2000, 2-4).

La reforma del artículo 27 constitucional de 1992 significó importantes cambios en el sistema de tenencia ejidal en México, redundando en la supuesta modernización del sistema de administración de las tierras, así como en el derecho de los campesinos a gozar, disfrutar y usar el dominio pleno. Aunque se suponía que el objetivo de esta reforma era que el ejidatario pudiera acceder al crédito cuando adquiriera el dominio pleno de sus tierras, en realidad significó poder participar en el mercado de tierras, ya sea para el mercado urbano o para rural. En ese sentido, puede afirmarse que el crédito no estaba limitado anteriormente por la falta de títulos de propiedad sobre la tierra para ser hipotecados, sino que eran otros elementos los que determinaban la oferta y la demanda de financiamiento (Galeana Rodríguez 2005, 19). Por lo tanto, para el Estado no es importante quien produce, sino que haya producción, y la Reforma de 1992 cumple con el objetivo de poner en el mercado cualquier tipo de tierras, incluida la de origen social.

Las décadas de 1980 y 1990 se circunscriben en un contexto internacional de transformaciones económicas, que afectaron la concepción que se tenía del Estado; este pasó de un ente interventor en los ámbitos económico y social, a uno que se deslinda de funciones de carácter social, que proporcionaban elementos para asegurar mínimos de bienestar a la población. En ese contexto se dan las reformas de 1992 al Artículo 27 constitucional (Colín 2006, 31). El Estado pretendía que, a través de mecanismos de la iniciativa privada, los ejidatarios buscaran formas de financiamiento o que, como todo agente económico, pudieran utilizar sus tierra de la manera más conveniente a sus intereses, entre ellos la posibilidad de venderlas.

De manera oficial, la nueva legislación se basó en dos premisas fundamentales: el fin del reparto agrario y la posibilidad de que los beneficiarios de la tierra de propiedad social, ejidatarios y comuneros pudieran asumir y disponer de sus tierras de acuerdo con la Ley Agraria, para entrar a un proceso de delimitación y titulación que significaría contar con documentos oficiales acerca de la propiedad sobre las tierras (Cruz Rodríguez 2008, 65). Con ello, surge el ideal de una economía de mercado, donde todo podría ser sujeto de transacción económica. Esta reforma rompe con el candado que había impuesto el Estado protector y tutelar sobre la propiedad de origen social.

Las reformas constitucionales implementadas en diciembre de 1991 vinieron a fomentar y establecer la privatización de la propiedad social. Se deslinda el Estado de la aplicación de políticas públicas tendientes a apoyar de manera directa a los sujetos agrarios con subsidios, semilla, fertilizantes, créditos, entre otras cosas. En particular, las reformas tuvieron el objetivo de eliminar el derecho de los núcleos poblacionales a la dotación de tierras, con lo cual se canceló el reparto agrario. Además, por ese medio se legalizó la venta, renta y aparcería de tierras ejidales. La figura del dominio pleno de las tierras ejidales las convierte en propiedad privada y formaliza su mercantilización, ya sea a título personal del ejidatario o en asociación con sociedades civiles o mercantiles, algo que estaba prohibido por la Ley de la Reforma Agraria (Escalante 2001, 10).

La reforma al artículo 27 constitucional en México propició que el panorama para las periferias urbanas cambiara de manera importante. Por primera vez resultaba legal y técnicamente favorable contar con suelo susceptible de urbanizar, para de esta forma ordenar y controlar la expansión física de las ciudades. Los intentos anteriores no contaron con las ventajas de las leyes actuales, tampoco con una institución a cargo en el sector urbano, como lo es actualmente la Secretaría de Desarrollo Social, sino del sector rural, en la Secretaría de la Reforma Agraria. Cabe mencionar que la reforma consistió solamente en un paso inicial y obligado, que ha tenido que ser traducido a los requerimientos del desarrollo urbano que originalmente no fueron considerados (Olivera Lozano 2005).

Al romper con la característica del ejido como una institución intocable, la reforma al artículo 27 y su reglamentación mediante la Nueva Ley Agraria le quitaron los atributos de inalienable, imprescriptible e inembargable. Esto significó, en términos sencillos, la posibilidad de que el ejidatario vendiera, arrendara o hipotecara su propiedad. El propósito manifiesto del gobierno fue iniciar los cambios que permitieran modernizar el campo, suponiendo una mayor producción y productividad en la actividad agropecuaria en los núcleos ejidales. Las bases eran el otorgamiento de certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra y la posibilidad de que los ejidatarios se asociaran con todo tipo de productores que quisieran hacerlo; lo anterior redundaría en una mayor inversión privada y, por lo tanto, en un aumento en los montos financieros en el sector (Olivera Lozano 2005). Las formas como se incorporaban las tierras de propiedad social al desarrollo urbano cambiaron de dominio por una vía difícil, a raíz del impedimento constitucional del cambio de uso del suelo, que derivó en que los campesinos no pudieran disfrutar de la mayor parte de los beneficios, en el caso en que ellos fueran agentes activos del proceso. Así, de manera ilegal, era común que los ejidatarios vendieran la tierra o permitieran que fuera invadida por colonos urbanos liderados por personas sin escrúpulos; obtenían, entonces, una cantidad de dinero mucho menor al valor urbano de la tierra.

Ante ese impedimento y la ocupación por vías ilegales, se inició el proceso de expropiación, con la intervención de las instituciones creadas ex profeso para ello, como la Comisión para la Regulación de Tenencia de Tierra -en adelante, CORETT-; de nuevo a valores inferiores al precio adecuado y luego incorporadas al régimen legal de tenencia de tierras. Ese procedimiento era terreno fértil para la concreción de complicidades entre liderazgos con intereses especulativos, al margen del mercado formal.

El gobierno ve en las reformas constitucionales el reconocimiento del proceso de urbanización y del derecho de los ejidatarios a decidir de manera individual lo que quisieran hacer con sus tierras; de cambiar el uso de estas, incorporarlas al mercado y aprovechar su plusvalía (Warman 1996). En la visión de quien fue Secretario de la Reforma Agraria en el sexenio salinista, Arturo Warman, se concebía que las reformas beneficiaran a los ejidatarios, pues al urbanizar sus tierras obtendrían un precio justo. Uno de los mecanismos para hacerlo fue la organización y formación de inmobiliarias ejidales, donde los socios eran los ejidatarios, para que de esa manera fuesen urbanizadas sus tierras y se sacara el máximo provecho en términos económicos. Para Warman, las reformas no son un elemento que genere peligro a que desaparezcan los núcleos agrarios, sino que permiten su permanencia en mejores condiciones y con más alternativas para su fortalecimiento económico y viabilidad. Desde su perspectiva, esto sucedería si el patrimonio, que es la tierra, se supiera manejar de forma seria y responsable (Warman 1996). La visión de este funcionario encuadra perfectamente en la perspectiva neoliberal del gobierno. Se termina la posición tutora del Estado sobre las comunidades campesinas -que ahora deberán valerse en un ambiente de libre competencia-, el gobierno se deslinda de estos sectores de la sociedad y es el mercado el encargado de establecer la arena para las transacciones de los ejidatarios en esta nueva realidad.

Antes de las reformas, las transacciones se solventaban recurriendo a prácticas ilegales, que generaron incertidumbre en cuanto a la seguridad de la tenencia de la tierra. En ese momento, la figura del comisariado ejidal era fundamental, pues en ella se concentraba poder; era notoria, asimismo, la complicidad del promotor agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria. Ante esta situación, las reformas de 1992 le dieron una dimensión mercantil a la tierra ejidal, lo cual le dio la posibilidad de ser objeto de transacciones entre ellos: la compraventa o la asociación con inversionistas privados. De la misma forma, se da la posibilidad para los ejidatarios, en lo individual, de pasar al dominio pleno y, por lo tanto, convertir sus tierras en propiedad privada (Bouquet 1996).

Para desincorporar la tierra de propiedad social, ponerla en la arena de las transacciones mercantiles y ofrecerla al mejor postor, el Estado mexicano confeccionó una serie de instituciones para darle "certidumbre jurídica" a la tenencia de la tierra de los ejidatarios: organizó inmobiliarias ejidales e incorporó la propiedad ejidal al desarrollo urbano. En este tenor, las instituciones como la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional -en adelante, RAN- dan asesorías para la desincorporación de suelo social para el desarrollo urbano. Estas orientan a los sujetos agrarios para que, de acuerdo con la legislación vigente, sea desincorporada la tierra social para el desarrollo urbano, a través de los procedimientos de adopción del dominio pleno sobre parcelas o la aportación de tierras de uso común para la constitución de inmobiliarias, en el mejor de los casos, o venderlas a particulares que obtienen jugosas ganancias (Bojórquez Luque 2011, 308-309).

La ciudad de Cabo San Lucas, con tierras ejidales adyacentes, entró en un proceso de incorporación de la tierra ejidal, tanto de manera ilegal (antes y después de la reforma al artículo 27), como legales (después de las reforma).

La ciudad de Cabo San Lucas

La ciudad de Cabo San Lucas se ubica en el estado de Baja California Sur -noroeste de la República Mexicana-, y sus coordenadas son: 22° 52´ y 28° 00´ de latitud norte y 109° 25´ y 115° 05´ de longitud oeste (figura 1). El municipio de Los Cabos, donde se encuentra dicha ciudad, está localizado en el extremo sur del estado (figura 2).

La ciudad de Cabo San Lucas (figura 3) no puede concebirse sin la existencia de la ciudad vecina y cabecera municipal: San José del Cabo. Entre las dos localidades hay un flujo constante de recursos humanos y materiales. Están conectadas a través de una carretera con una extensión de 33 km de longitud, paralela al afamado corredor turístico de Los Cabos. Para 1974 se decreta la creación del Puerto de Cabo San Lucas, con todo el apoyo federal de Fondo Nacional del Fomento al Turismo -en adelante, FONATUR-, lo cual, conjuntamente con la infraestructura urbana con que se estaba dotando a San José del Cabo, tenía como propósito consolidar lo que se llamaría el destino turístico internacional de Los Cabos (Balarezo Vázquez 1990, 32). El Centro Integralmente Planeado de Los Cabos empezó a operar en 1976, y se convirtió en el tercer CIP creado por FONATUR. Este desarrollo turístico abarca los poblados de San José del Cabo y Cabo San Lucas, muy cerca de la costa oeste de Estados Unidos y Canadá (FONATUR 2012).

El acelerado desarrollo del sector turismo en Los Cabos ha significado una gran fuente de empleos y derrama económica; pero también y sobre todo, el crecimiento de Cabo San Lucas y la incapacidad de los gobiernos estatal y municipal para resolver los problemas y necesidades de una población en constante aumento. Este acelerado fenómeno se dio al presentar a la región y la localidad una economía de autoconsumo de pesca artesanal, orientada al sector terciario, que impactó en una concentración geográfica y sectorial de la inversión; hecho que a su vez provocó externalidades negativas, como la baja calidad de vida en la población, la presión social para la tierra habitacional y la consecuente especulación de bienes (Ángeles Villa y Gámez 2004; Gámez Vázquez 2011). En ese escenario, descrito para el 2004, es preciso subrayar que muchos asentamientos se establecían en zonas de riesgo, gracias a la complicidad entre autoridades y líderes de colonos. Otros de los elementos negativos del desarrollo turístico en Los Cabos son las presiones sobre un bien tan escaso como el hídrico, pues dicha zona es de características semidesérticas, con poca precipitación pluvial (Gámez, Ivanova y Wilson Tamar 2011, 3).

La acumulación de los rezagos en servicios urbanos es de tal magnitud que actualmente se reconoce como uno de los problemas más graves que aquejan al estado de Baja California Sur; su solución se plantea como uno de los principales objetivos que los gobiernos estatal y municipal se proponen atender. Abordar esta problemática constituye la justificación y el propósito fundamental al implementar un programa de abatimiento del rezago urbano de Los Cabos.

Durante la década de 1980, la ciudad de Cabo San Lucas empezó a crecer, estimulada por la actividad turística creciente. Esto provocó fenómenos de migración interna, siendo el municipio de Los Cabos, y concretamente Cabo San Lucas, fuente de atracción de población de otros municipios del estado. De la misma forma, se da un proceso de migración de otros estados del país en búsqueda de fuentes de empleo. El centro fundacional de la localidad se consolida entorno al área del puerto y su centro comercial. Así, la expansión de la mancha urbana se duplicó en 1993, al crecer hacia zonas aledañas, muchas de las cuales fueron tierras ejidales -como las colonias Ejidal, Arenal, Obrera y 4 de Marzo-. La ciudad se extendió también hacia una colonia lejana a la mancha urbana, entonces considerada un suburbio, pero que ahora hace parte integral de Cabo San Lucas: la colonia Lomas del Sol⁵. Al mismo tiempo, se desarrollaron asentamientos de altos ingresos, como el fraccionamiento El Pedregal, cercano a la zona marina. Para el periodo 1993-2004 se da la mayor expansión territorial de la ciudad: surgen colonias como Los Cangrejos, Hojazen, Miramar, Jacarandas, La Jolla, Arcos del Sol, Lagunitas, Mesa Colorada, El Caribe; así como fraccionamientos que se ubican en la zona del corredor turístico (figura 4).

En la última etapa de expansión, del 2007 a la fecha, han surgido asentamientos en la zona residencial de El Pedregal, así como fraccionamientos de alta plusvalía en la zona del corredor turístico; y asentamientos de alta densidad y de carácter popular -Las Palmas, Miranda, Azteca- y zonas habitacionales construidas por inmobiliarias -Las Palmas Homex, Lomas del Valle, Chula Vista y Aura-. En tiempos futuros, se avizora un crecimiento en la parte norte de la ciudad, concretamente dentro del polígono del ejido, que se convertirá en el principal y potencial aportador de tierra para vivienda (véase figura 4).

El agente que mayormente ha aportado tierra para el crecimiento urbano en Cabo San Lucas es el ejido del mismo nombre, el cual ha contribuido, además, a la solución urgente del problema de vivienda en la localidad. Este problema ha sido fomentado por el proyecto turístico impulsado por el gobierno federal y los empresarios, que han invertido en el destino sin asumir la responsabilidad de brindar condiciones dignas a los trabajadores de los complejos hoteleros, que son atraídos a esta parte austral de la península de Baja California Sur con el fin de buscar empleos. Esto último puede determinarse como una manera de subsidiar al capital, y brindar posibilidades de vivienda a la masa de trabajadores que prestan su servicio a los establecimientos turísticos. Para el caso de Cabo San Lucas, la tierra ejidal no ha sido solo el elemento que ha permitido evitar la conflictividad propiciada por la falta de lugares para vivir para los trabajadores, sino que ha sido objeto de la especulación inmobiliaria por parte de intermediarios, así como de compañías constructoras que obtienen grandes ganancias a partir de la compra de estas tierras a precios ínfimos.

Ejido Cabo San Lucas

Dotación

El ejido Cabo San Lucas, dentro de la historia del reparto agrario en México a partir de la Ley Agraria que emana de la constitución de 1917 y que materializa las demandas añejas de tierras para los campesinos sin tierra en este país, puede considerarse que es reciente. Fue en 1969, con la resolución presidencial, y en 1974, con su ejecución y materialización, que se obtuvo la dotación correspondiente. De acuerdo con el expediente del ejido del 18 de febrero de 1962 que se encuentra en el RAN, los vecinos del poblado solicitaron al gobernador del territorio la dotación de tierras, por carecer de las indispensables para satisfacer sus necesidades. La solicitud se publicó en el periódico oficial del gobierno del territorio el 10 de marzo de 1962. La diligencia censual se llevó a cabo el 11 de marzo de 1966, y arrojó un total de 39 capacitados en materia agraria; procediéndose a la localización de predios afectables.

El 18 de julio de 1968, la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen y lo sometió a consideración del gobernador del territorio, quien, el 30 de enero del 1969, dictó su mandamiento: dotó al poblado de 9,626 ha de agostadero y monte bajo de mala calidad, de las que 20-00-00 ha serían para la zona urbana del núcleo ejidal, 80-00-00 ha para la escuela del lugar y el resto de la superficie para usos colectivos de los 39 capacitados que arrojó el censo (figura 5).

La Resolución Presidencial, con fecha del 7 de noviembre de 1969, fue publicada en el diario oficial de la federación el 22 de diciembre del 1969. Allí se concede dotación al poblado al rubro, en los términos del oficio número 219.863, del 23 de octubre de 1970. La ejecución de la resolución presidencial se realizó el 1 de octubre de 1974.

Ampliación

La ejecución de la Resolución Presidencial, de fecha 19 de febrero de 1974, fue publicada en el diario oficial de la federación con fecha del 20 de marzo de 1974, conforme lo cual se concedió la primera ampliación del ejido Cabo San Lucas, solicitada por los vecinos de este ejido del municipio de La Paz. Con una superficie de 1.607-00-00 ha, y quedando a salvo los derechos de 14 capacitados. El 6 de junio de 1974 fue la ejecución de la resolución presidencial.

Expropiaciones

Para dar una idea de la afectación que tuvo el ejido, se integra un plano de 1989, en el cual puede observarse donde estaba el pueblo y hasta donde llegaban los límites del ejido (figura 6).

La mayoría de las expropiaciones sufridas por el ejido Cabo San Lucas se dieron para regularizar los asentamientos que habían surgido a partir de la presión sobre el suelo y del modelo turístico implementado en la zona, lo cual derivó en una gran inmigración de otras partes del estado y de otros estados de la república mexicana (véase tabla 2).

En el tenor de las reformas al artículo 27 constitucional, y ante la presión constante sobre el suelo ejidal, los ejidatarios han vendido gran parte de sus tierras. Allí se han constituido tres tipos de asentamientos: lotes para vivienda popular de muy alta densidad, vivienda de interés social de alta densidad y vivienda residencial turística en zona de muy baja densidad en el corredor turístico. El apoyo al gran capital, que viene de la desposesión del ejido, es un tanto indirecto, pero tiene el efecto de apuntalar la reproducción social con el acto mismo de proveer fuertemente al capital mediante un importante subsidio a la vivienda, lo que permite a los capitalistas pagar salarios bajos. La edificación de vivienda popular ("de interés social") en tierras anteriormente de propiedad comunal (ejidales) es la acumulación originaria del boom turístico de Los Cabos, y cumple el papel de subsidiar de manera indirecta a las empresas turísticas⁶. A continuación se informa sobre diversos proyectos de este tipo.

Al norte de Cabo San Lucas, en zonas clasificadas por el municipio como de alta densidad poblacional, se construyeron viviendas que se ofertaron en su mayoría por intermediarios. Estos adquirían tierra ejidal, elaboraban manifestaciones de impacto ambiental, las casas eran aprobadas por autoridades ambientales y puestas a la venta para los sectores de bajos ingresos (tabla 3).

Otros fraccionamientos de vivienda de interés social también fueron construidos en zonas de alta densidad poblacional al norte de la ciudad. En dichos proyectos estuvieron involucradas inmobiliarias y constructoras que usando tierra ejidal barata hicieron grandes negocios, pues la vivienda de interés social es de un precio superior a los de otros estado por la gran demanda de esta localidad en constante crecimiento (véase tabla 4).

Por último, se ubican los asentamientos residencial-turísticos de muy baja densidad en la zona contigua al corredor turístico y que son de gran plusvalía. Estos terrenos ejidales se han ido privatizando de forma acelerada a partir de la gran presión que existe sobre esta superficie y de la expansión de las compañías hoteleras, que reclutan personal altamente calificado en puestos gerenciales, además de los prestadores de servicios que demandan vivenda y que, por lo general, se ubican en zonas exclusivas (véase tabla 5).

La provisión de vivienda de interes social ha sido un factor de gran importancia en el proceso de conversión del otrora poblado de pescadores de Cabo San Lucas, hoy autodenominado el "destino turístico más caro de México". Esto debido a que un altísimo porcentaje de la población sanluqueña habita en estas colonias. No obstante, su amplia contribución al desarrollo de la localidad cabeña comentado, y por su alto grado de marginación, varias de estas zonas han sido vistas como los Soweto de Cabo San Lucas, en alusión al gueto aledaño a Johannesburgo, en Sudáfrica (Ángeles Villa y Gámez 2004).

Consideraciones finales

La fase actual de la financiarización del capitalismo y del neoliberalismo se manifiesta en la acumulación por desposesión, invadiendo esferas que antes eran exclusivas del Estado. En este tenor, la aplicación de políticas neoliberales en México tiende a la apertura de la economía al exterior, a la privatización de las empresas paraestatales y a la minimización del Estado benefactor (privatización de la educación, los servicios de salud, eliminación de los precios de garantías al productor agrícola, eliminación de los subsidios al campo, etc.) (De la Cruz Gallegos 2008, cap. 1). Para oficializar y dar certeza a este giro neoliberal, se construyó todo un andamiaje jurídico con el objetivo de deslindar al Estado de sus obligaciones sociales. En el caso de las tierras de origen social (ejidal y comunal), en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se llevó a cabo una reforma al artículo 27 constitucional. Esta tenía como objetivo la privatización del ejido y quitarle los adjetivos de inalienables e inembargables a las tierras, para poder ser objetos de transacción económica, y así el Estado podría deslindarse de apoyar con créditos y subsidios a los campesinos (De la Cruz Gallegos, 2008, cap. 1).

En el contexto de las reformas al artículo 27 constitucional, se ha dado una acumulación por desposesión que ha significado la constante presión que tienen algunos campesinos dotados de tierras en lugares con ventajas de ubicación para la actividad económico empresarial de los grupos privilegiados. En el caso del ejido Cabo San Lucas, adyacente a la ciudad turística del mismo nombre, en el estado de Baja California Sur, México, el fenómeno de acumulación por desposesión se presenta al combinarse las reformas constitucionales con un proyecto turístico del Estado mexicano, surgido en la década de 1970 con los llamados Centros Integralmente Planeados (CIP), del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR). Con estos proyectos, una gran masa de inmigrantes llegaría a la localidad, lo que redundaría en una gran presión por los recursos, entre ellos el suelo urbano. De esta forma, se da un acelerado crecimiento poblacional y urbano que demanda suelo ejidal adyacente, el cual se incorpora de manera ilegal antes de la recién citada reforma constitucional y posteriormente de forma legal.

Aunque de los tipos de asentamientos en terrenos otrora ejidales localizados en la ciudad de Cabo San Lucas se destinaron a abastecer de vivienda a la gran masa de trabajadores menos calificados de la actividad turística, la tierra ejidal significó para este caso el apoyo al gran capital. Lo anterior debido a que representó, en efecto, la desposesión del ejido de manera indirecta, pero con el efecto de apuntalar la reproducción social a partir del acto mismo de proveer a la población subordinada un espacio donde vivir. Esto apoya al modelo a base del turismo, al proveer el suelo necesario a bajo costo -y de hecho, producir ese espacio de reproducción- y así, subsidiar al empleador. Aparte está la acumulación de capital y la generación de ganancia por parte del sector de la construcción e inmobiliario; otro elemento importante del modelo económico neoliberal, como ya antes se hizo notar es, por supuesto, el sector bancario, entre otras entidades privadas. En el caso de los asentamientos ubicados en el corredor turístico, se trata de tierra bajo una gran presión de desarrolladores para vivienda destinada a la población de altos ingresos (empresarios, personal de altos puestos gerenciales y extranjeros del segmento llamado residencial turístico). En este caso, si bien los ejidatarios han proporcionado la tierra tanto para los trabajadores de baja calificación del sector turismo, como para la vivienda de las élites asentadas en la localidad, sus ingresos, producto de la venta del suelo, nunca serán suficientes para aspirar a vivir en esas residencias fastuosas, y esto profundiza la polarización social. El proceso de acumulación significa lo contrario del evangelio según San Mateo: "los pobres no heredarán la tierra".

Pie de página

¹ A los miembros del Partido Acción Nacional de México (PAN) se les denomina panistas, mientras que los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reciben el nombre de priistas.

³ Se refiere a la racionalidad de la economía neoclásica (véase Ángeles Villa y Gámez 2004; Hollis y Nell 1975).

⁴ Las esferas de acción de esta forma de acumulación se expresan también en ámbitos como los derechos de propiedad intelectual, impulsados por organismos de la globalización y neoliberalización como la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta organización se apropia de los materiales genéticos de las semillas, a través de las patentes y licencias, con lo que domina el mercado de alimentos a nivel mundial. Los elementos de cultura popular también son sujetos a la transacción comercial para generar grandes ganancias. Las universidades públicas han sido objeto de políticas privatizadoras en aras de que la población asuma los costos de la operación de estos centros de estudios y de investigación (Harvey 2004b, 114-115).

⁵ Esta colonia, formada por una serie de cuatro ampliaciones, es la única en Cabo San Lucas que en la estadística oficial se contabiliza de manera separada de la mancha urbana, al contar con una población de casi 40.000 habitantes (véase Ángeles Villa y Juárez León 2013).

⁶ El subsidio de las actividades empresariales por la vía de la provisión de vivienda popular, por parte del sector público, no es, por supuesto, privativa de México o la región de estudio. Fue, por ejemplo, la principal estrategia de reproducción de la fuerza laboral en Hong Kong entre los años sesenta a noventa del siglo pasado (véase Ángeles Villa 2002).

Jesús Bojórquez Luque

Maestro en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (México) y Sociólogo por la Universidad Autónoma de Sinaloa (México). Profesor del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur, Planteles 4 y 10 de la Ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur (México). Sus líneas de investigación versan sobre fenómenos territoriales y urbanos referentes a la urbanización de áreas ejidales, del panóptico o videovigilancia, así como sobre el fenómeno de acumulación por desposesión en las ciudades turísticas, concretamente en el caso de la privatización de las playas y la propiedad ejidal.

Manuel Ángeles Villa

]]> Economista heterodoxo. Licenciado de la Universidad de Columbia (Nueva York), Magíster de la New School for Social Research en la misma ciudad. Realizó sus estudios Doctorales en Teoría Económica en la Universidad de Cambridge (Inglaterra), los cuales posteriormente concluyó en la Universidad de Colima (México), con una tesis sobre Especificidades del desarrollo en economías pequeñas. Profesor Investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (México) desde 1990, así como Jefe del Departamento de Economía (1993-1996 y 2012-2016). Es miembro del núcleo básico y fundador del Doctorado en Desarrollo Sustentable y Globalización. Es revisor experto del Grupo II (Eventos Extremos) del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Sus actuales líneas de investigación se relacionan con el trinomio ciudad-desarrollo-ambiente en condiciones de urbanización planetaria, enmarcado en los actuales procesos de neoliberalización.

Para citar este artículo, utilice el título completo así:
Bojórquez Luque, Jesús y Manuel Ángeles Villa. "Expansión turística y acumulación por desposesión: el caso de Cabo San Lucas, Baja California Sur (México)". Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 23 (2): 179-202.

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