DOI:http://dx.doi.org/10.14482/indes.22.2.6615

Una "pedagogía de los sentimientos": educación de la autoestima en escenarios de justicia transicional

A "pedagogy of the senses": Self-esteem education in transitional justice settings

Hugo Fernando Guerrero Sierra^*

Juan Carlos Sánchez Sierra^**

Universidad de La Salle

^*Ph.D en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización de la Universidad Complutense de Madrid. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Docente de tiempo completo y Director del Grupo Interdisciplinar de Investigación en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. hfguerrero@unisalle.edu.co; hguerreros25@gmail.com

^**Ph.D en Pensamiento Social y Político de Virginia Tech. Historiador de la Universidad de Colombia. Director de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Juventud- Red Juventud. Docente de tiempo completo de la Universidad de La Salle. jcsanchez@unisalle.edu.co; jcarlosssierra@gmail.com

Fecha de recepción: Marzo 25 de 2014

Resumen

Los mecanismos de la justicia transicional, orientados a la recuperación del tejido social en contextos de postconflicto, dependen del conocimiento profundo de las condiciones históricas que determinaron el conflicto mismo, por lo que en su diseño deben tenerse en cuenta esos antecedentes y su dinámica de cambio. Este artículo presenta la forma como procesos de exclusión, violencia e impunidad en contextos de conflicto pueden deteriorar las innovaciones que la justicia transicional trae consigo en los países donde se usa como marco para la reconciliación social. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, aquí se propone una estrategia educativa instrumental para la justicia transicional, en la que se clama por el uso de mecanismos que reconfiguren la psicología personal, familiar y social, a través de lo que denominamos una "pedagogía de los sentimientos".

Palabras clave: Justicia transicional, pedagogía alternativa, autoestima, tolerancia, trauma social.

Abstract

Most transitional justice mechanisms that are bound towards the rehabilitation of social bonds in post-conflict settings rely on a deep understanding of historical conditions that determine the conflict itself. Hence, the design of transitional justice strategies should pay attention to such precedents and its constant changing dynamic. This article presents how a historical setting of exclusion, violence and impunity in scenarios shapes conflict, and deteriorates transitional justice strategies implemented aiming social reconciliation. From a social sciences perspective, here is proposed an educational strategy named "pedagogy of the senses", which is instrumental for transitional justice wherever its mechanisms are bound towards a personal, family and social psychological reconstruction of the foundations of self-esteem.

Keywords: Transitional Justice, Alternative Pedagogy, Self-Esteem, Tolerance, Social Trauma.

Introducción

Las iniciativas de resolución de conflicto implementan mecanismos que promueven la rehabilitación del vínculo social a través de una recomposición de las visiones de los actores armados sobre la sociedad en la que actúan. Durante los procesos de acercamiento, diálogo y negociación, uno de los principales factores de reproducción del conflicto se debe a las marcas históricas dejadas por largos periodos de subordinación social, que se refleja en segregación política, distinción socioeconómica, discursos que hacen de la diferencia a cualquier nivel un elemento sistémico de la exclusión, y manifestaciones de odio y resentimiento que al ser inherentes a la mecánica del conflicto lo hacen cíclico y un combustible perfecto para perpetuar las tensiones en cada sociedad (Lundy & McGovern, 2008). Sin embargo, el resentimiento no es una categoría en el análisis social que sea de fácil medición. La justicia transicional, como uno de los mecanismos más efectivos en la resolución de conflictos contemporáneos, parece ofrecer herramientas que rehabilitan el tejido social allí donde periodos de violencia prolongados han erosionado el vínculo social (Vandeginste & Sriram, 2011). Bien sean acercamientos al dolor y repudio en las víctimas (Baines, 2010), la distinción social basada en elementos étnico-culturales (Lieselotte, 2013), las fallas en la reestructuración de la reconciliación por la vía de los usos de la memoria y el perdón (Ljubojevic, 2013), o simplemente en la efectividad misma de los modelos establecidos de justicia transicional (Herrmann, 2012), la bibliografía reciente sobre este tema permite inferir la necesidad de establecer rigurosas pautas para estructurar estrategias desde su diseño hasta su culminación.

Lejos está la época en que se validaban miradas funcionalistas que ligaban calidad de vida y desarrollo como la receta para la felicidad, disociados incluso de su capacidad de generar conflictos, por lo que ese discurso se complementó por perspectivas críticas a la idea del desarrollo vigente como paradigma hasta los años 1990 (Saito, 2003; Walker, 2005). Elizabeth Cole en 2007 consideraba que los trabajos que existen sobre la relación entre la reconstrucción postconflicto y la educación estaban aún por dar sus mejores resultados, sobre todo al articular la reconstrucción de la memoria en términos educativos, algo que serviría para realzar el discurso mismo sobre educación de la justicia transicional entre los estudios sociales. Desde entonces, trabajos sobre las estrategias pedagógicas transicionales de recuperación del tejido social atienden facetas como los de la política pública y su disposición mancomunada con el mundo de la educación (Paulson, 2011). Del mismo modo ocurre con las tensiones políticas que ocasiona la recepción política a los marcos de reformas necesarios para su impulso, y el papel de intermediación del educador en los circuitos rurales y urbanos de reforma educacional en contextos de experiencias traumáticas y su superación (Cole, 2007). Así pues, los procesos de justicia transicio-nal plantean toda una serie de desafíos para la psicología, la sociología y la antropología, que tienen en el ejercicio educativo un campo interdisciplinario para labrar el cambio social (Barber, 2009)

Al menos dos tendencias permiten dilucidar posibles perspectivas que contribuyen a mejorar nuestra comprensión de las propuestas pedagógicas idóneas para fortalecer la recuperación de la autoestima por parte de las víctimas y, de manera general, de todo el conjunto social. En primer lugar, trabajos que investiguen y reformulen las posibilidades de las instancias en las que la justicia transicional interviene (Aponte-Cardona, 2008; Plata, 2012); y, en segundo lugar, más al nivel de otras representaciones sociales y políticas que operan en el trasfondo de los resentimientos personales, familiares o colectivos (Torregrosa, & Torregroza, 2012). De acuerdo con Vandeginste y Sriram (2011), parte de los traumatismos han funcionado por el despojo de poder de grupos sociales, pero las opciones de lograr un poder compartido concertado en el largo plazo depende de las capacidades sociales que el posconflicto permita fecundar¹. Sin embargo, el asidero de esta propuesta parece referirse más a las condiciones institucionales que impiden el acceso a plenos derechos políticos de determinados actores-víctima, un tema que aunque ha sido poco estudiado, tiene importantes directrices para establecer un horizonte de comprensión (Lundy & McGovern, 2008; McGrattan, 2009; Clark, 2001). Si bien la justicia transicional no involucra dispositivos para atenuar el posible efecto de reanimaciones del resentimiento y el dolor en escenarios de posconflicto, en sus estrategias de resolución provee espacios para gestar formas de disminuir posibles recaídas en situaciones emocionales (Mani, 2011; Scarlett, 2009). Estas tendencias parecen fecundar la correlación entre pedagogía y catarsis artística, pese a las dificultades en su implementación y sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Así, para la justicia transicional, el ámbito de la negociación y reacomodación jurídica es inseparable del despliegue de estrategias dialógicas en las que el perdón, el olvido y la vocalización de las tensiones sociales son necesarios para su reconocimiento y solución, y resultan en complementos centrales que, en general, integran el tratamiento para conflictos normalmente identificados como intratables (Summers, 2012).

Desde una perspectiva internacional, este artículo aborda algunos de los problemas centrales que plantea la implementación de un proceso de negociación basado en la justicia transicional. En un ejercicio de análisis de los efectos que el conflicto tiene en la formación de visiones e imaginarios sociales, y por los cuales los actores armados aprenden a justificar el odio, el resentimiento y el repudio. En este trabajo se señala la importancia de reducir el impacto de estas fuentes estructurales de la intolerancia, pues en últimas pueden ser un factor que, si no frustra, al menos puede deshabilitar algunos de los mecanismos de la justicia transicional en el mediano y largo plazo. En primer lugar, se hace un examen del conflicto en una doble perspectiva; de una parte, por la importancia que tiene en el vínculo social en tanto es una condición natural en la interacción humana en sociedad; de otra, por los efectos perturbadores que puede tener en la rehabilitación del tejido social, en particular por factores circunstanciales que pueden favorecer o impedir el reflorecimiento de un contrato social basado en la tolerancia y aceptación de largos periodos históricos de violencia, como los que entabla la justicia transicional allí donde es efectiva. En segundo lugar, se aborda la justicia transicional en los términos genéricos de sus postulados y las estrategias de resolución que se implementan en escenarios de conflicto/posconflicto². En esta sección, y basados en un problema central como lo es el desconocimiento sistemático de los sentimientos que interactúan en todo proceso de conflicto prolongado, se abordan también algunos de los factores que impiden o fracturan la efectiva puesta en operación de los mecanismos de la justicia transicional, enfatizando en aspectos que han quedado excluidos de los marcos institucionales. Allí donde los actores defienden ideologías y proyectos políticos, el nivel subjetivo tiende a quedar eclipsado; razón por la que una visión integral que aborde factores individuales que se dinamizan en el escenario de conflicto/ posconflicto se presenta como un escenario necesario.

Luego de afirmar esta problemática y explicitar una hipótesis provisional, se abordan algunos problemas que ha enfrentado la justicia transicional en diversos contextos sociales. Se hace énfasis en contextos internacionales, sin que necesariamente se busque profundizar aquí en el examen de dichos casos. Finalmente, se incorpora entre los elementos del análisis el contexto colombiano, en el que la prolongación del conflicto y aspectos estructurales del sistema político y social en los que la exclusión y la intolerancia son elementos propios de la dinámica de interacción, sirven como ejemplo para que sea posible un escenario en el que las falencias en la comprensión de estos problemas de la resolución de conflictos y las formas de pedagogía usadas, podría llevar a que los acuerdos y mecanismos jurídicos sean inoperantes. A manera de conclusión, se propone el concepto de una "pedagogía de los sentimientos", mediante la cual sería posible involucrar la (re)construcción de las subjetividades de los actores por la vía de una expansión de un umbral de tolerancia frente al otro, oponente o no, como un elemento básico a tener en cuenta dentro de cualquier política de resolución del conflicto que aspire a ser exitosa y sostenible con el paso del tiempo.³.

El conflicto como condición social

Desde el imaginario colectivo, la forma en que normalmente se aborda el fenómeno del conflicto refiere a una situación de índole negativa o indeseada, que en la medida de lo posible es mejor eludir, evitar u ocultar. Nada más alejado de ser verdad. En realidad, el conflicto debe entenderse como un fenómeno transversal a todo el ámbito de lo social, por lo cual es inevitable y necesario como herramienta de transformación. Es más, es posible afirmar que todo proceso de cambio al interior de una sociedad es producto tanto de la presencia del conflicto como de la instrumentalización que esta hace del mismo; en ese sentido podemos atribuir al conflicto el papel de motor de la historia (Guerrero, 2012).

Peter Wallensteen (2002, p. 13) define el conflicto como "un proceso social en el que al menos dos partes se enfrentan por acceder al mismo tiempo a recursos que son limitados", concepto del que podemos identificar al menos tres elementos básicos: actores, posiciones contrapuestas y una conducta abierta a la confrontación. Sin embargo, cuando estos factores se articulan con el telón de fondo que ofrece un sistema político que es incapaz de articular la participación de la base amplia de los ciudadanos a través de los modelos de representación adecuados, nos encontramos fácilmente con grupos autodenominados excluidos que tienden a dejar de interiorizar todos aquellos valores y normas que les resultan opresoras (Burton, 1997). Cuando estas representaciones sociales son deformantes de la condición social o de la posibilidad de integración de los individuos, nos encontramos ante un factor de desestabilización permanente del vínculo social, que puede impedir la habilitación de mecanismos de resolución de conflicto. Asimismo, este tipo de distorsiones pueden deteriorar los arreglos sociales sobre los que se supone reposa la paz social, llegando, incluso, a pervertir la presencia natural de aquellas conflictividades que no necesariamente frustran, sino que, por el contrario, impulsan a la sociedad a mantenerse en un proceso evolutivo de características normales.

Es en este escenario en el que surge el desafío ante lo que hasta ese punto es considerado y aceptado mayoritariamente como monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado, abriéndose al interior de la sociedad la puerta a la peligrosa relación entre reivindicación política y violencia como alternativa nociva de gestión de los conflictos. Si bien la relación entre violencia y política es una constante histórica, no debe asociarse como una situación estructural al juego político, sino como una negación de la esencia de la misma política. Lo político debe ser entendido como el escenario del diálogo y la concertación de las diferencias en busca de un orden social incluyente, aunque la historia está para demostrar que opera sobre premisas de exclusión. Si la política es un campo ampliado de interacción, su ejercicio racional hace que el ciudadano sea parte deliberante y consciente de todos los asuntos públicos, para así garantizar una justa negociación de sus necesidades y reafirmarse como humano.⁴Desde esta perspectiva, el ejercicio de la violencia se presenta cuando la política es malentendida como dominación, obligando a desconocer la individualidad y la libertad del ser humano, de manera que la violencia política no es una forma de gestionar las diferencias sino de erradicarlas con un ánimo homogenizador. Esta problemática incide en la formación de las representaciones individuales que los actores hacen de sí mismos, de sus experiencias históricas, y determina en buena medida las apuestas estratégicas de cada actor en la escena de política o confrontación, dependiendo de qué tan imbricados estén estas dos últimas.

Los fenómenos descritos llevan a considerar que la noción de violencia política presenta un claro contrasentido, ya que la aplicación de este instrumento simplemente se explica en escenarios en los que precisamente el Estado ha perdido legitimidad, y la política como expresión de la libertad se ha desvirtuado. Por tanto, un análisis general de la situación internacional del conflicto en la actualidad demuestra que ambientes de desinstitucionalización y desconfianza pública son espacios propicios para la polarización política, con fácil inclinación hacia la confrontación violenta como consecuencia. Así como la exclusión deteriora la legitimidad del monopolio de la violencia del Estado, incide en la aceptación que puede tener la elite política en la administración de lo público. Del mismo modo, allí donde la segregación aparece como una faceta inherente al sistema político, el trámite de lo político necesariamente encuentra en la violencia la vía de escape a la presión social y los resentimientos que preserva durante la correlación de los actores sociales e institucionales. Los enfrentamientos armados internos y las dictaduras son un ejemplo de situaciones conflictivas donde, ante la amplia descomposición del atributo de la política, la gestión violenta de las diferencias aparece de forma protagónica.

De otro lado, si asumimos los conflictos sociales —y entre ellos los de orden violento— como un proceso, estamos obligados a analizarlos desde una perspectiva cambiante y evolutiva (Arenal, 1987). Independientemente de la etapa por la que atraviese el conflicto, el objetivo principal de los actores siempre será la finalización del mismo, por supuesto, con la idea de encontrarse en ese momento con la consecución de los mayores réditos a su favor a través del menor sacrificio posible. Sin embargo, en contextos de conflictos prolongados, en los que el sistema productivo está penetrado de los ciclos de reproducción económica de las economías lícitas e ilícitas que financian el conflicto, la tendencia es a una perpetuación del mismo (Richani, 2002). Un sistema de violencia puede tener en la negociación de la paz una posible fuente de desestabilización de los engranajes que han reproducido beneficios económicos por largos periodos, por lo que la pacificación es un discurso difuso que resulta inconveniente para ciertos sectores. Esta ha sido una condición de algunos de los conflictos tratados a través de la justicia transicional. Es por ello que la idea de una negociación pacífica provechosa siempre aparece como el mejor escenario posible, sobre todo desde la perspectiva de la sociedad civil, pues desde un análisis coste-beneficio resulta la alternativa menos destructiva y onerosa para el alcance de los objetivos de los actores. Solo si los Estados logran comprender esta condición, la paz puede ser negociada y pactada sin que se impongan lógicas económicas que subsisten gracias a la perpetuación del conflicto.

En las últimas décadas, la comunidad internacional ha entendido que el proceso de resolución de un conflicto violento no puede centrarse exclusivamente en el debate respecto a los fines perseguidos por los actores que activamente participan en él. Un conflicto armado interno o el proceso de instauración de una dictadura son fenómenos que tienen consecuencias no solo para los actores que expresamente se asumen como partes activas. En particular, las nuevas dinámicas de las confrontaciones armadas señalan que la mayor parte de los efectos negativos de las mismas recaen esencialmente en la sociedad civil (Kaldor, 2001). Buen ejemplo de esto se revela en cómo en la actualidad la ecuación de caracterización de las víctimas se ha modificado radicalmente, pues mientras a principios del siglo XX se podían contar nueve militares muertos por cada civil, hoy esta proporción se ha invertido de forma dramática: nueve civiles mueren por cada militar (De Soto, 1999; Kaldor, 2001).

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de atribuir un lugar privilegiado en cualquier proceso de negociación al debate sobre los mecanismos que permitirán una reivindicación de las víctimas por los derechos que ilegítimamente les fueron transgredidos. El derecho es donde se inscriben las pautas de exclusión, y paradójicamente es el depositario final de los ajustes que podrían subsanar los resentimientos causados por la legitimación de la opresión social. En este orden de ideas, en la proyección de un escenario de posconflicto, el anhelo de justicia por parte de las víctimas suele emerger como la primera y, quizás, principal demanda. La necesidad de verdad (transparencia frente a los hechos cometidos durante las hostilidades); justicia (establecimiento de responsabilidades individuales por las atrocidades cometidas); y reparación (compensación a las víctimas) son los elementos que van a estar en el centro del debate a la hora de intentar contraponer dos posiciones que en principio se muestran como excluyentes: por un lado, los derechos de las víctimas y, por el otro, las posibles concesiones ofertadas a los actores armados como estímulo para que renuncien a mantenerse en beligerancia. Si bien los derechos de las víctimas han sido incorporados de manera autónoma en diferentes instrumentos internacionales, constituye un elemento central en la justicia transicional. Así, una vez finalizado el conflicto armado, surge la justicia transicional como alternativa excepcional de reconocimiento de los derechos de las víctimas, como herramienta para promover una reconstrucción del tejido social.

De acuerdo con la profesora Tatiana Rincón (2010, p, 26), la justicia transicional debe entenderse como:

(...) una concepción de la justicia vinculada a los momentos de transición política de una situación de dictadura hacia la democracia o de una situación de conflicto armado o de guerra civil hacia la paz, que busca lidiar con un pasado de graves violaciones de derechos humanos y/o de derecho internacional humanitario, enfrentando los crímenes cometidos bajo regímenes represores o durante el conflicto armado o la guerra civil.

Así pues, la justicia transicional debe ser asumida como un elemento inherente a cualquier proceso de negociación del fin de la violencia estructural y sistemática, donde el objetivo es alcanzar una paz incluyente, es decir, democrática. Esta naturaleza institucional se debe en buena medida a la necesidad de transformar las estructuras que convirtieron la violencia y la exclusión en factores intrínsecos al sistema político en las sociedades afectadas por conflictos prolongados.

Mientras el objetivo de la resolución de conflictos por vía de la justicia transicional está en la recuperación —de forma jurídica y psicosocial— de un tejido social por la vía de una renovación del vínculo necesario para una interacción equitativa, es el trasfondo violento en general el encargado de demostrar la forma como, a lo largo del conflicto, se institucionalizó la exclusión (Summers, 2012). Esa integración sistémica de la exclusión se puede dar, ya sea por vía de manifestaciones específicas de desprecio, desdén o conmiseración, a través de formas activas de eliminación, o en un tejido discursivo que respalda la subvaloración y destrucción del oponente. Esta condición se manifiesta, en especial, en entornos sociales complejos donde se hacen presentes una pluralidad de aspectos socioeconómicos, étnicos, lingüísticos y culturales entre los componentes de la construcción social de la realidad histórica y presente. Países donde confluyen distinciones raciales, y se las reproduce a través de los sistemas educativos, promueven la instauración de la exclusión como un componente sistémico de la justicia; por ejemplo, por la vía de la exclusión del ámbito político, o a través de marcos jurídicos que limitan la integración democrática de los actores en igualdad de condiciones. Paradójicamente, estos escenarios suelen ser aquellos donde la justicia transicional resulta más eficaz (Torregrosa & Torregroza, 2012). Así, lo pedagógico aparece como una fuente de posibilidades para rehabilitar el tejido social allí donde la ley y la mecánica de las exclusiones han impuesto la sospecha generalizada de la sociedad frente a las instituciones y sus premisas legales; y de los actores sociales frente a los discursos de poder de los actores políticos involucrados en el conflicto.

No obstante, la apuesta de la justicia transicional presenta profundos inconvenientes, especialmente si la meta de las negociaciones se visualiza más allá de la simple formalidad que implica la firma de un acuerdo de paz. La aplicación de los instrumentos propios de los procesos de justicia transicional suponen un complejo debate, en el que, como en cualquier negociación, se espera que todas las partes involucradas cedan parte de sus pretensiones como aporte al interés general de la sociedad: el fin del conflicto y la erradicación de cualquier resquicio de insatisfacción que pudiera eventualmente generar una posterior reactivación de las disputas. Sin embargo, cuando los llamados a ceder son los individuos o grupos sociales que en ningún momento participaron activamente en el conflicto, pero que por el contrario sí fueron los depositarios de la consecuencias más negativas del mismo, nos encontramos ante la necesidad de implementar procesos pedagógicos que les lleven a aceptar reivindicaciones de derechos que en otros contextos serían considerados como inaceptables. (Scarlett, 2009)

Para las víctimas, como para el conjunto de la sociedad, aceptar la validez de procesos que les llevan a ejercer de una manera excepcional el disfrute de sus derechos, es algo que incide en su dignidad; todo como consecuencia de la aplicación de fórmulas que pueden ser interpretadas como la legitimación de ciertos grados de impunidad, reparaciones incompletas o discursos moderados frente a las atrocidades soportadas. Aunque esta estrategia tiene por intención dar por finalizado el espiral de violencia, esto implica un precio muy difícil de asumir por parte de las víctimas. Para estas, la lógica que produce la violencia y legitima a los actores armados involucrados es la manifestación misma de la existencia de un orden jurídico que busca nominalmente promover su dignidad como ciudadanos, así como restituir sus derechos vulnerados. Este aspecto es complejo, en especial en contextos donde la violencia está articulada con formas de exclusión que se reflejan en lo ideológico, o que se inscribió en algún momento en el marco legal o moral de la sociedad. La justicia transicional por ello erige mecanismos que, a través de lo legal, lo pedagógico y lo psicológico, intentan enmendar los periodos largos durante los cuales esas formas de exclusión ratificaron la subordinación de un actor frente a otro, así como la incidencia psicosocial del proceso. Es por ello que, el acompañamiento a las víctimas por parte de toda la sociedad, desde un enfoque pedagógico amplio de la reconciliación, es una necesidad de primer orden en este tipo de escenarios, so pena de incurrir en la sanación en falso de heridas que tarde o temprano serán generadoras de nuevas y más enraizadas dinámicas de conflictividad.

Conflicto de sentimientos: una mirada a los contextos de la justicia transicional

La justicia transicional ha venido incluyendo el aspecto de los sentimientos que albergan víctimas y victimarios en contextos de violencia política y confrontaciones prolongadas. De este modo, el desinterés por el estudio de la importancia de los sentimientos y aspectos emocionales y psicosociales en este tipo de procesos es algo que se ha venido superando progresivamente, no obstante, la literatura disponible demuestra que todavía hay un largo camino por recorrer en este aspecto (Van Zyl, 1999; Gross, 2004). Si bien, la pedagogía ha sido una de las principales pautas para descifrar los mecanismos idóneos en cada país, y ha permitido inducir la sociedad en una revisión de los factores que están en juego durante episodios de violencia, la sensación de frustración e impunidad con la que quedan civiles y militares en algunos casos indica algunos problemas en la implementación de la justicia transicional. Esto ocurre, en particular, por la tendencia a usar estos mecanismos en guerras en las que se erosionaron los vínculos sociales fundamentales, en los que la autoestima y la percepción del oponente fue un campo de batalla simbólico, discursivo y real. En general, en los conflictos que llevaron a una visión porosa y poco legítima del Estado y los actores armados, el desdén por posturas ideológicas ha servido para sumergir la realidad en una ficción dialógica que toma la confrontación como el fin último, antes que imbuir a los actores sociales en una lógica de comprensión y acción en, por y para lo político. (McGlynn & Bekerman, 2009). Esta tendencia incide en la visión de los actores sociales de sí mismos, y de su relación con otros actores sociales y políticos, sean o no armados, en la que las armas infunden respeto y valoran la existencia individual, desterrando la oportunidad de los mismos de forjar una plataforma política que supere la violencia como instrumento esencial de gestión del conflicto.

La visceralidad de la violencia política estructurada en el tejido social y simbólico instaura, por lo general, un desorden de los actores que se nutre de, al menos, tres aspectos que merecen nuestra atención. Primero, una memoria fragmentada del pasado personal y colectivo. Segundo, una percepción de lo político como un ámbito ajeno en el que las ideologías y las instituciones no representan una fuente de posibilidades sino el origen mismo de las limitaciones en el accionar, pensar y sentir. Finalmente y, como resultado de los anteriores, una erosión de los aspectos subjetivos que estimulan el vínculo social, particularmente aquellos que inducen a los individuos a adoptar posiciones y defenderlas. Este último aspecto se puede sintetizar en una fractura de la subjetividad, y se manifiesta como una variedad de formas de desestimular la cristalización de la autoestima de los actores sociales (Leach & Moon, 2008; Zuleta, 2001).

Ahora, observemos cada una de estas instancias a la luz de las fallas pedagógicas que pueden existir en el despliegue de los instrumentos de la justicia transicional. Existen estudios que abordan estos problemas desde la ya extensa bibliografía sobre la justicia transicional. En el primer caso, el fenómeno de la frágil relación de los actores con el pasado se puede reconocer a través de identificar las memorias fragmentadas del pasado personal y colectivo (Jelin, 2007).

Un conflicto violento surge de una constante disputa por parte de los actores armados en su interés por formalizar la relación de sujeción frente a los civiles. Al respecto, existen trabajos importantes que vinculan la justicia transicional con la necesidad de promover ajustes o reformas —a menudo estructurales— en cada contexto de aplicación. Según un balance de las fragilidades de este problema, la implementación de la justicia transicional se ha inclinado por la concientización respecto a fenómenos del pasado mediante la activación de la memoria. Este hecho ha promovido la institucionalización de la memoria por la vía de la escuela, museos y sitios de ceremoniales por la paz; pero de alguna manera ha dejado de lado esa misma activación en los procesos de reconstrucción del tejido social, lo cual ha impedido que sectores sociales históricamente excluidos participen en la construcción de las narrativas sobre el pasado y el perdón. De acuerdo con Hamber y Sevcenko, (2010), la evaluación del impacto de esos lugares de confiscación de la memoria es limitado, pues un silenciamiento impuesto desde arriba promueve una validación de la paz que pasa por encima de los sentimientos individuales, y en general de las víctimas. El problema es que esto puede estimular que su conmemoración conlleve a su reactivación de forma violenta; en tanto las diferentes estrategias dentro de un proceso de justicia transicional no tienen una prospección de mediano y largo plazo que se retroalimente y sea capaz de ajustarse de forma oportuna y efectiva. El factor de acompañamiento pedagógico en la sanación psicológica del impacto de la violencia, requiere advertir esta condición y resolverla de forma efectiva y dinámica.

El hecho de que la memoria sea uno de los ámbitos más asediados por la justicia transicional no significa que se trate de un tema resuelto (Rush & Simic, 2013; Baines, 2007). La promoción de la comprensión emocional no puede desvincularse de las pautas pedagógicas promovidas desde el Estado, pues el perdón y la reanimación de los fundamentos psicológicos hacia una vida sin violencia dependen de la efectiva desactivación de las imposiciones que el Estado realiza a través de instituciones educativas, dispositivos de memoria o despliegues jurídicos propios de la negociación y la reconciliación (Das, Lock & Reynolds, 2001). Esta ambigüedad ha sido probada en el discurso oficial para resolver traumas que irrumpieron la vida social. En el caso de Argentina, Jaime Malamud Goti (2010) estudia la influencia del rumor y la comunicación institucionalizada en la reconciliación post dictatorial del país; allí encontró que la memoria ha promovido mecanismos de democratización y vocalización de esos traumas del pasado, aunque sus efectos aún están por evaluarse, pues las nuevas generaciones tienden a ver la educación como algo menos importante en la construcción de pautas psicológicas.

Aquí vale la pena mencionar otros aspectos que la literatura sobre la justicia transicional aborda. La memoria social tiene un papel central en la reproducción cultural pues activa mecanismos de identidad individual, pertenencia social y respuesta activa a estímulos reales y sensoriales (Traverso, 2011). Sin embargo, la iniciativa de la justicia transicional de buscar la verdad y reconciliar la sociedad desde sus dolorosos hallazgos puede ser un arma de doble filo. La rememoración de hechos dolorosos puede ser inicialmente reconfortante aunque traumática, pero si hay fallas en el acompañamiento, los odios viscerales que animaron inicialmente el conflicto pueden ver brotar de nuevo en las semillas del rencor la posibilidad de venganza. En particular, esta situación ha sido una fuente de inquietud en contextos como África Central, donde las tradiciones de segregación segmentaron la sociedad al punto de imponer distinciones respaldadas por tesis científicas, filosóficas, ideológicas, religiosas y que tenían en el sistema político su nicho de reproducción cotidiana (Nwogu, 2010). Erin Baines (2010), también aborda el problema, desde el caso de formas de justicia local legitimada en el esquema legal transitorio, y del cual el presupuesto más importante, pero también más variable, era el peso de la superación de traumas por pérdidas o combate, así como las formas de eludir su reincidencia en la construcción local de un hábitat social normal con reparación y rememoración.

En el caso que dio a conocer Nwogu (2010), la situación de África Central se asemeja a la de Argentina, pues las comisiones de la verdad deben centrarse en narrativas personales antes que grandes narrativas de orden político/étnico/militar. Mientras las primeras son susceptibles de indagar trasfondos subjetivos que mantienen a la violencia en el repertorio de opciones de acción, las segundas están atravesadas por un lineamiento institucional, su principio de existencia es la funcionalidad que tienen en el conjunto social y son estratégicamente usadas durante el postconflicto para legitimar un bando de la confrontación en detrimento de otro(s). Si los actores armados han encontrado un beneficio en activar la memoria por la vía del resentimiento y el odio activo, no hay en la justicia transicional mecanismos que garanticen que esto no se repetirá, a menos que en sus estrategias esté el desenmascaramiento de esa instrumentaliza-ción realizada por unos y otros actores.

En ambos casos, los actores armados en general despliegan mecanismos de educación y adoctrinamiento, que se emparentan con las formaciones institucionales del régimen mismo que intentan derrocar. En esas formas embrionarias de instituciones estatales, los actores armados promueven visiones maniqueas del opositor que deben ser desterradas de la práctica de activación política durante los procesos de reconciliación (Sánchez, 2010). En escenarios de posconflicto, la faena de remover estos conocimientos y memorias activas es difícil de seguir, sobre todo en dinámicas de reorganización jurídica y política donde la educación para la paz insiste en una memoria neutra, basada en la verdad, pero que está en un contexto de resentimientos y odios que están permanentemente en pugna a pesar de la disipación del conflicto efectivo (Barahona, González & Aguilar, 2002). De allí, que la pedagogía para la paz no puede solo estimular una aséptica inserción social de los actores, sino una refundación de los referentes de verdad y legitimidad, a través de una concientización que atienda las lógicas pedagógicas en las que estuvo inserto el individuo, así como la disposición de superar la constante rememoración de los efectos del conflicto y los orígenes del mismo en una memoria más sensible como lo es la personal (Corntassel, 2012).

En el caso colombiano, por ejemplo, la configuración socioeconómica y cultural parecen ser un caso en el que la exclusión, el odio y la violencia se retroalimentan (Theidon, 2007). En Colombia, la separación entre actores sociales corresponde a las líneas divisorias que distinguen el bien y el mal en las visiones políticas de partidos, régimen político, instituciones religiosas y, sobre todo, el colectivo como una entidad nacional culturalmente identificable.

En términos de lo pedagógico, queda la inquietud por observar si en la educación sistémica de los contextos de conflicto en donde se implementó la justicia transicional es observable una enseñanza del odio hacia sí mismo, lo que sería una forma atroz de violencia simbólica y psicológica (Stover & Weinstein, 2004). Pero hay vestigios de que una correlación entre baja autoestima y el recurso a la agresión pueden favorecer el arraigo del odio como el vínculo social de interacción que cimienta, o, al menos, engrasa la dinámica de reproducción social (Corntassel, 2012).

El segundo aspecto a tratar en esta sección es la de la banali-zación de lo político, o la percepción de este ámbito como ajeno, tan distante por sus códigos como por el lenguaje de poder que ostenta. Allí donde surgen las ideologías y las instituciones se establece el orden mismo del discurso y la gramática política como ortopedia social. En las limitaciones en el accionar, pensar y sentir están las pautas del control a la libertad y la sumisión a unas pautas que por la educación o la cultura popular convencen a la población más vulnerable de su irremediable condición de subordinación, así como de la legitimidad de las élites al mando de los hilos de la sociedad. En la exaltación del régimen de las élites que hacen los subordinados está la mejor prueba del delirio de un colectivo social cautivado por el poder de sus símbolos de estatus, dignidad y pureza.

Además de la aparente ambigüedad de sociedades que se muestran en comodidad en torno a la relación con sus opresores, este aspecto es importante pues en los estudios sociales sobre las fuentes de la autoridad y la obediencia en contextos de cambio social violento, la autoestima popular opera como un campo de batalla. En parte porque la desconexión con la realidad de una población sumisa redunda en la indolencia o el olvido de toda reflexión o acción en el ámbito de lo público y, por supuesto, de lo político. Mientras las guerras operan en el adoctrinamiento como un mecanismo directo hacia la psique de sus combatientes, escenas similares se suceden evidentes en la pedagogía del odio de las clases subordinadas hacia sí mismos y su condición de pobreza material o mental. Esta situación ha sido estudiada como una fuente de impulso para la activación de odios ancestrales o revanchismos cotidianos, que llega a permitir que la violencia aflore ya no como conflicto, sino como expresión camuflada de adversidades de las que los actores no son totalmente conscientes (Corntassel, 2012). Esto puede verse como una pedagogía de la ignorancia, o el corte de raíz de los vínculos individuales con la reflexión sobre sí mismo, deformándose así la personalidad, la noción subjetiva del yo y generando, en consecuencia, un agente que dispara la violencia por resentimiento.

Un último aspecto por discutir en esta sección, es el resultante de la cáustica interacción de estos aspectos psicosociales sobre el tejido social en contextos de conflicto. La erosión de los aspectos subjetivos que estimulan el vínculo social, particularmente aquellos que inducen a los individuos a adoptar posiciones y defenderlas, es discutible desde una lógica que nos lleve a interpretar las decisiones más inmediatas que toman los individuos en sociedad. Los temores e inseguridades que fomentan la baja autoestima pueden devenir en un elemento intrínseco al sistema social, bien sea por la vía de la educación o de las ideologías partisanas, produciéndose un contrato social que auto-inspira su vigor nacionalista. Lo nacional y lo personal se tocan así, y llevan al individuo a adherirse a formas de autoafirmación inmediatas donde el poder y reconocimiento emanan de forma directa, personalizada y basada en un entorno reconocible. Por tanto, de allí a que los individuos terminen siendo determinados por su adscripción política hay solo un paso (Aldana, 2012).

Este fenómeno promueve la localización de los conflictos en entornos rurales o urbanos, donde el desplazamiento distorsiona las fuerzas sociales y promueve la gestación de nuevas pugnas intra-grupales (familia, vereda, población). Son estos los espacios donde la investigación social ha encontrado más fracturas generacionales, y una juventud presta a insertarse a la guerra y sin expectativas de futuro. Allí la autoestima no existe más allá del reconocimiento por desempeño en episodios de violencia, inercia de los trazos de odio y desespero en los que la sociedad sumerge a sus jóvenes con la televisión, la cultura popular y una educación fragmentaria. (Riaño-Alcalá & Baines, 2006; Riaño-Alcalá & Baines, 2011). El hecho de que esto coincida con la edad escolar, fenómenos de deserción, y un vuelco de la juventud hacia el alistamiento en los bandos en conflicto, son fenómenos que sugieren una incidencia de la violencia en los actores que están adoptando una posición política basados en su experiencia y entorno personal.

A manera de conclusión para esta parte, se puede sugerir que la violencia resulta en una fractura de la subjetividad, y se manifiesta como una variedad de formas de desestimular la cristalización de la autoestima de los actores sociales. Es como si la personalidad de los actores sociales resultara un campo de disputa de los actores armados, con el agravante de que el miedo y la ansiedad ocasionados por la guerra agudizan las perturbaciones que pueden instrumentalizar los bandos en confrontación. Esta condición no se supera con ejercicios pedagógicos para la paz y la convivencia, ni cortos episodios de interacción mediada por la psicología de la rehabilitación obsesionada con el paradigma de la reinserción social. Una política de paz debe restablecer los parámetros educativos y los valores que se alimentaron de la guerra en sus ciclos de reproducción en la mente y personalidad de las víctimas involucradas. Una política integral educativa debe llevar esta situación a reformar programas, y en general la estructura educativa mientras persista en sustentar visiones excluyentes propias de la arrogancia de sectores en pugna desde siglos atrás.

Conclusión: Hacia una pedagogía de los sentimientos

Un examen de las pautas pedagógicas que inspiran los diferentes mecanismos de resolución de conflictos implementados a través de la justicia transicional (verdad, justicia y reparación), arroja luz sobre las principales carencias que limitan su impacto. En primer lugar, las estrategias educativas adoptadas tienden a caer en un desmedro con el paso del tiempo, en virtud de la superación progresiva de los efectos más visibles del conflicto, que dejan una idea parcial de superación del fenómeno, aunque sus raíces perviven en la forma de traumas y resentimientos sociales e individuales que solo afloran con los años. En segundo lugar, la trayectoria de institucionaliza-ción de los procesos pedagógicos inherentes a la justicia transicional depende en general de un compromiso tenue de los profesionales en psicología y docencia, que interrumpe la continuidad de los procesos, o que fragmentan las estrategias mismas en términos de diseño y/o ejecución. Finalmente, es importante señalar que la pedagogía para la paz suele caer en tecnicismos propios de la labor educativa, razón por la que los docentes de todo nivel deben recibir una preparación profunda que más que reflejarse en estudios, diplomas o reconocimiento social, debe evidenciarse en su capacidad de interacción e incidencia en los procesos que adelantan de la mano con los estudiantes.

La renovación de las pautas pedagógicas es una etapa central en las estrategias para la reconciliación; también es una de las premisas de la justicia transicional aunque no como un componente de cambio estructural, sino excepcional. En el nivel operativo, la implementación de estas pautas pedagógicas, de entrada atiende un correlato sobre el perdón, y la superación de los efectos más catastróficos de las rupturas vivenciales y emocionales entre las víctimas de un conflicto. Aunque esta plataforma es aceptable, el estímulo por un cambio social efectivo debe atravesar las necesidades y contingencias de la transformación de la forma como la interacción social y las pautas de lo que la democracia significa son incorporadas en el bagaje de la cultura social y popular.

Existen contribuciones desde diversos campos de estudio que hacen eco, por ejemplo, de los efectos del trauma en la dinámica de conflicto y el tránsito hacia la reconciliación considerando aspectos de edad, género y posición socioeconómica en dinámicas de orden psicosocial (Hamber, 2011). Además, hay referencia de trabajos que cubren conflictos y experiencias de paz en el mundo donde se examinan los efectos en la infancia desde una perspectiva que considera los anclajes de la memoria como geografías emocionales rotas (Boothby, Strang & Wessells, 2006). Estudios similares también examinan la manera cómo a nivel familiar es posible ver reflejos de las pugnas en otras esferas de interacción (institucionales, laborales y profesionales). Es así como, al igual que en estos espacios, en la familia también se inhibe la posibilidad de una reparación duradera por medio de la normalización de la intimidación en formas sutiles o explícitas de control (Lira & Morales, 2005; Hamber, Gallagher & Ventevogel, 2014). Estas contribuciones permiten resaltar la importancia de comprender el fenómeno a la luz de la pedagogía basado en la estructura educativa del contexto estudiado, y las necesidades que cada conflicto impone de cara a su superación.

La literatura sobre los procesos de reconciliación y la justicia transicional ha llamado la atención sobre la problemática de los sentimientos, en tanto responde a la necesidad de superar el paradigma científico de distinguir y oponer la razón y emoción. Este es un factor importante que limita la capacidad de los análisis realizados por investigadores para llegar al trasfondo psicosocial generado por los conflictos. Otro factor, es la consideración de que aquellos individuos de sectores privilegiados tienen una estructura sentimental más compleja y, por ende, requiere más atención, en oposición a la insensibilidad de los sectores populares que dimensionan la realidad desde un punto de vista menos consciente, y de allí una irremediable conceptualización considerada como inferior. Estos aspectos, propios de la psicología social, la sociología y la llamada "antropología de la alteridad", evocan la insensibilidad de las élites educadas frente a la sociedad en general.

Esta falla también demuestra parcialmente la tendencia occidental y propia de la tradición judeocristiana, en parte por ocultar aspectos que pueden ser usados como una entrada en la fragilidad psicológica, en parte porque los aspectos íntimos de la psique social han sido legados a un control casi exclusivo a través de la religión y, por tanto, atrapados en la esfera privada. La primera subordina a la segunda, limitando la expresión manifiesta de una parte central de la existencia humana. Los procesos de reconciliación para una paz duradera deberían incluir entre sus prioridades una recomposición del mapa sentimental de individuos y comunidades afectados por conflictos. Este proceso debe discernir aquellos escenarios donde la baja autoestima ha estado entre el arsenal de estrategias de los actores armados, para mantener condiciones favorables de subordinación. Al realizar un rastreo de las fallas educativas del país, históricamente no se ha registrado un interés por lo afectivo, y menos por el amor propio. La justicia transicional debe favorecer que esta faceta se supere, pues es en estos vacíos donde los actores armados encuentran espacios que para sumir a la población en la vulnerabilidad y la sumisión.

En la medida que sepamos reconocer la influencia de estos bajones de la autoestima durante los procesos de conflicto y reconciliación, será posible dimensionar la efectividad de las innovaciones jurídico-institucionales que un acuerdo de paz puede involucrar. La paz es una vivencia que, cuando mucho, se sabe que puede ser detectada en procesos individuales, que son el paradigma básico de la justicia transicional al ver a la sociedad como un actor multiforme sobre el que algunas premisas de la recuperación psicológica pueden operar y han demostrado su efectividad (De Certau, 1984). Pero la implementación pedagógica puede tender a rehabilitar momentáneamente, sin que el seguimiento se mantenga por las prioridades económicas, la movilidad y la misma dispersión que como trauma se busca cambiar inmediatamente después del reacomodamiento social y territorial postconflicto.

Un factor adicional que afecta la influencia de los dispositivos pedagógicos que la justicia transicional puede traer consigo es la innegable influencia social que tienen la cultura popular y los medios de comunicación. Denominados dentro de la pedagogía como medios extraescolares de educación, constituyen un referente ineludible en la formación de imaginarios políticos y una mentalidad crítica en la sociedad. Sin embargo, la cultura popular desvía ese propósito de los medios extraescolares para involucrar a la juventud y la sociedad en general en lógicas de consumo y búsquedas de reconocimiento que no favorecen la construcción de una sociedad justa, pacífica y constituida por actores conscientes. Antes que pedagogía, la cultura popular y los medios extraescolares de enseñanza son enajenantes y disipan la elación del individuo con su psique.

Para que sea real la incidencia de esa pedagogía es la sociedad misma la que debe renovar los preceptos insertos en la información que fluye por cada país. Allí las imágenes sociales se deben re-significar llevando en mente siempre la equidad de las partes, así como la visión crítica sobre la memoria, ya no solo percibida como individual, sino en interacción con otras experiencias y perspectivas con respecto al pasado y los usos de los que es susceptible (Traverso, 2011). La cultura popular, la televisión, el cine, la radio, la prensa escrita, la gráfica popular, entre otras, deben involucrase en la tarea, lo que incluye a partes tan distantes como socioeconómicamente dispares, como es el caso de intelectuales y emporios económicos. La enseñanza de la historia y la configuración de la memoria a través del tamiz de la experiencia y la ubicación sicosocial, deben ir de la mano, particularmente en épocas de transición social como la que asoma tras los reacomodamientos generales una vez el conflicto cesa y la reconciliación accede al lugar donde una vez hubo dolor, sangre y fuego.

En una revisión de la forma como se crea conciencia social e histórica de cada individuo, se puede llegar a adecuar a una sociedad a una percepción de lo político como un ámbito más paritario, democrático y accesible. El lugar de las ideologías y las instituciones podría entonces representar una fuente de posibilidades a la hora de promover que las acciones, el pensamiento y las sensaciones/ sentimientos de la población son factores importantes en el pleno desenvolvimiento que tienen derecho como ciudadanos y personas, y que el contrato social restablecido con la paz debe garantizar y promover. Una pedagogía de los sentimientos debe enmendar la erosión de la subjetividad causada por el estímulo constante de imágenes que deterioran la autoestima en la población, de tal forma que pueda restablecer el vínculo social desde una plataforma equitativa. Una visión del individuo integral disminuiría la cantidad de individuos dispuestos a adoptar posiciones y defenderlas ciegamente, mientras que estimula un posicionamiento que depende ya no de odios ancestrales artificialmente estimulados, sino de un proceso de selección y escrutinio, posible en una sociedad donde la esfera pública esté dotada de agentes activos y libres en el proceso de la formación de sus opiniones y conceptos sobre la realidad y la historia de la que son parte.

La implementación de una pedagogía de los sentimientos debe proponerse como un mecanismo para infiltrar el sistema social de elementos que catapulten la autoestima colectiva, sin promulgar una homogenización o adoctrinamiento dentro de un tipo de propaganda oficial posconflicto. En este artículo se han presentado algunos de los factores que podrían complementar las formas de pedagogía para la reconciliación en procesos posconflicto a través de un estímulo de la percepción individual de la personalidad. De una paz duradera con equidad y pedagogías que respondan a las angustias que trae consigo un conflicto, depende la funcionalidad de su legado en la construcción de procesos sociales que en lugar de evocar la guerra, limiten el conflicto, así como el daño físico, moral y político del oponente.

¹Los casos de África Subsahariana y Centroamérica resultan paradigmáticos en este sentido.
²En términos amplios, se incluyen dentro de los mecanismos básicos que estructuran cualquier proceso de justicia transicional los siguientes: La necesidad de verdad (transparencia frente a los hechos cometidos durante las hostilidades); justicia (establecimiento de responsabilidades individuales por las atrocidades cometidas); y reparación (compensación a las víctimas). Asimismo, una adecuada aplicación de los anteriores elementos debe estar acompañado inherentemente de un importante esfuerzo del Estado por acometer reformas institucionales que garanticen una exitosa implementación de las fórmulas de verdad, justicia y reparación propuestas durante el proceso de negociación política, ya sea de un conflicto armado o de un proceso de transición democrática luego de una dictadura.
³Por reconstrucción de las subjetividades se comprende en este artículo la posibilidad y capacidad del actor social para que a través de iniciativas personales y/o mediadas por instituciones o procesos -por ejemplo, un proceso de paz y reconciliación— sea capaz de encontrar caminos hacia su realización personal de forma satisfactoria, donde no se presenten subordinaciones que incidan en su poder de decisión, ni formas de cooptación que puedan inhibir su autonomía. En esa reconstrucción, las opciones además no están determinadas dentro de un marco normativo/prescriptivo en el orden moral y de los valores vigentes en sociedad, y se orienta hacia la búsqueda de una concepción de la libertad personal que no tenga efectos sobre el desarrollo y libre albedrío de otras personas con quien establece el individuo un vínculo social permanente o efímero.
⁴De allí que la violencia no pueda considerarse connatural sino, por el contrario, una forma de negación e incluso de destrucción de los acuerdos plurales que se dan al interior de una sociedad. Así, las acciones violentas son propias de procesos de masificación que arrasan el atributo del pensamiento y, con esto, la capacidad de juicio y la deliberación, aniquilando no sólo la política sino destruyendo, a la vez, la libertad como esencia de lo humano (Arendt. 2005).

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