Artículo/Estudios

¹Juana Schlenker,²Manuel A. Iturralde

¹antropóloga de la Universidad de los Andes, Master en Antropología Visual de Goldsmiths College (Universidad de Londres).

²profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

RESUMEN

En Colombia los derechos humanos son principios normativos reconocidos por todos los grupos armados involucrados en el conflicto armado; sin embargo, en la práctica su violación se ha incrementado en las últimas décadas. Este artículo explora la manera en que las FARC, el ELN y las AUC entienden e incluyen en su discurso político los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y pone de manifiesto la brecha que existe entre sus discursos y sus acciones. Los derechos humanos y el DIH se han convertido de esta manera en armas políticas dentro de la lógica de la guerra.

El artículo considera el contexto más amplio en el que se desarrolla el conflicto armado colombiano para resaltar la dificultad que implica pasar de la retórica a la práctica de los derechos humanos. Se aborda así la manera en que se construyen relaciones sociales, lenguajes e identidades que reproducen la violencia, favorecen la exclusión y dificultan la apropiación del discurso de los derechos humanos. El artículo concluye con una serie de reflexiones sobre la posibilidad de que los derechos humanos recuperen su poder transformativo dentro del contexto colombiano y dejen de ser un discurso vaciado de contenido y manipulado dentro de la lógica de la guerra.

Palabras clave: Derechos humanos, conflicto armado colombiano, actores armados, discurso político.

SUMMARY

In Colombia human rights are normative principles recognized by all the illegal groups involved in the armed conflict; nevertheless, their violation has increased during the last decades. This article explores the way in which the FARC, the ELN and the AUC understand human rights and Humanitarian International Law and include them in their political discourse, showing the distance that exists between their discourse and their actions. Thus, human rights have become political weapons within the logic of war.

Key words: Human rights, Colombian armed conflict, illegal armed actors, political discourse.

Introducción

Durante los últimos quince años, y dentro del contexto del conflicto armado colombiano, el Estado, los grupos alzados en armas y la sociedad civil han usado de manera profusa el discurso de respeto a los derechos humanos; sin embargo este discurso ha tendido a vaciarse de contenido al enfrentarse a un escenario donde su vulneración es continua y reiterada en medio de una gran impunidad.

La brecha entre la teoría y la práctica de los derechos humanos deja la sensación de que este discurso es utilizado por los grupos alzados en armas para la consecución de fines e intereses estratégicos más que por un compromiso real con dicho ideal humanitario. Tal uso estratégico ha dado lugar a una pérdida de confianza de la sociedad colombiana en el carácter emancipador de los derechos humanos y en su capacidad de transformar la realidad.

El abismo que hoy separa el discurso de los derechos humanos de su aplicación eficaz en el contexto colombiano plantea la pregunta obvia de porqué no es posible tender un puente que una la teoría con la práctica; ¿qué es lo que hace tan difícil su cumplimiento? La respuesta inmediata que suele ofrecerse apunta a la naturaleza del conflicto que se desarrolla en el país, cuya ferocidad no da cabida a que se respeten los derechos humanos de los combatientes ni de la población civil. Sin embargo, si se tiene en cuenta que los mismos actores armados que protagonizan dicho conflicto han incluido los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario dentro de su discurso y que las violaciones masivas de éstos no se dan únicamente dentro de las dinámicas de confrontación militar, sino de manera persistente contra la población civil, la pregunta persiste y se hace necesario abordarla para entender la precaria situación de derechos humanos que se vive en el país.

El presente ensayo pretende explorar la forma en la que los actores armados(2). perciben su responsabilidad y la de sus rivales en el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Al constatar que cada uno de ellos ha insertado este tópico en su discurso político, surge el interrogante de porqué no ha sido posible que disminuyan las violaciones de tales derechos y porqué, por el contrario, se ha producido una degradación progresiva del conflicto en el país durante los últimos años. Partiendo del supuesto que los derechos humanos no cumplen con su simple enunciado discursivo, es necesario preguntarse por las condiciones de mediano y largo plazo que son necesarias para su efectivo cumplimiento. Para entender su problemática, los derechos humanos deben ser considerados como parte de un contexto más amplio que aquél en el que se desarrolla el conflicto armado colombiano. Así, en este texto se explorarán de manera sucinta las condiciones de posibilidad que, en el caso colombiano, son necesarias para la vigencia de los derechos humanos, así como las dificultades que se han presentado al respecto.

Con base en las premisas anteriores, el presente ensayo busca desarrollar los siguientes temas en cuatro partes:

En la primera parte se pone de manifiesto la historicidad de los derechos humanos, los cuales han sido entendidos por la tradición moderna occidental como universales y atemporales. La amplia aceptación de estos principios normativos alrededor del mundo hace pensar en el triunfo de las garantías mínimas individuales del ser humano y de la promesa moderna de emancipación a través de la razón . Se pierde así la perspectiva de su historicidad y son vistos como algo connatural al hombre, como si su plena realización fuera simplemente cuestión de tiempo, de un desarrollo histórico y progresivo. Sin embargo, tal anhelo humanista riñe con la realidad del mundo contemporáneo. La dificultad de llevar el discurso de los derechos humanos a la práctica plantea la necesidad de entenderlos como fenómenos culturales que han evolucionado históricamente y han sido modificados al introducirse en diferentes escenarios.

La tercera parte aborda la forma en que las FARC, el ELN y las AUC (los principales grupos ilegales alzados en armas) entienden e incluyen en su discurso político los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. A través del estudio de diferentes comunicados a la opinión pública, sus reglamentos y los artículos publicados en sus páginas de Internet, se explora la forma en la que cada una de las organizaciones ha tratado el tema. Hoy los diferentes grupos armados coinciden en identificarse a sí mismos como organizaciones respetuosas de los derechos humanos y el DIH. Sin embargo, su accionar dice lo contrario y los derechos humanos entran a ser parte de la lógica de la guerra en la medida en que son utilizados para denunciar las acciones del enemigo y justificar las propias.

La cuarta sección analiza las dinámicas que condicionan la construcción de la identidad individual y colectiva de quienes se ven envueltos de una u otra manera en el conflicto armado. En la situación de guerra irregular que se vive en el país, la confrontación armada involucra a un gran número de personas que no participan directamente en ésta pero que están sujetas a su lógica. De esta manera, bajo la presión del conflicto armado se construyen relaciones sociales, lenguajes e identidades que incorporan la lógica maniquea de amigos y enemigos, que polarizan y simplifican la realidad, reproducen la violencia y favorecen la exclusión. En este escenario, donde no existen referentes sociales sólidos e independientes de la violencia, se hace especialmente difícil la apropiación de los derechos humanos. Entender la manera en que se construye la identidad individual y colectiva en situaciones de conflicto puede aportar luces interesantes sobre las raíces de las violaciones de los derechos humanos y ofrece perspectivas más enriquecedoras que aquéllas que se limitan a considerar tales acciones como actos perpetrados por seres irracionales.

El ensayo concluye con unas reflexiones sobre el futuro de los derechos humanos dentro del contexto del conflicto armado colombiano y sobre la posibilidad de que éstos se conviertan en parte actuante y transformadora de la realidad, en vez de un simple dogma susceptible de ser instrumentalizado dentro de la lógica de la guerra.

1. LOS DERECHOS HUMANOS: UN DISCURSO HISTÓRICO Y NORMATIVIZADO

Los derechos humanos son los valores políticos hegemónicos de nuestro tiempo, gozan de una inusual aceptación en todo el globo y parecen haber ganado las batallas ideológicas de la modernidad ¹. Ante la victoria del capitalismo y el derrumbe del comunismo en el mundo, Douzinas define los derechos humanos como la ideología después del fin de las ideologías; éstos se han convertido en valores políticos globalizados en cuya defensa convergen actores sociales con posiciones ideológicas muy disímiles: "en su defensa se unen la izquierda con la derecha, el púlpito con el Estado, el ministro con el rebelde" ³. La aceptación generalizada de los derechos humanos nos hace pensar en el triunfo de estas libertades y garantías mínimas individuales del ser humano, así como de la promesa moderna de emancipación a través de la razón. Sin embargo, mientras asistimos a un relativo consenso mundial sobre el valor y la defensa de los derechos humanos, somos testigos de su violación cotidiana. Este enorme abismo entre la teoría y la práctica de los derechos humanos nos hace cuestionar la plausibilidad de sus principios fundadores y su promesa de emancipación a través de la razón y la ley.

Tal brecha entre discurso y práctica es evidente en Colombia. A pesar de que los principales actores del conflicto armado han incluido los derechos humanos y el DIH en su lenguaje político, no se han mostrado verdaderamente comprometidos con éstos. La inclusión de los derechos humanos y el DIH en el discurso de los actores armados, particularmente a partir de la década de los noventa, se debe a varios factores: primero, el trascendental cambio político y jurídico que significó la expedición de la Constitución de 1991. Ésta incluyó una generosa carta de derechos y el compromiso del Estado de respetarlos y hacerlos respetar a través de organismos(3). y mecanismos eficaces(4). que garanticen su protección efectiva. A pesar de que la Constitución ha evidenciado diversas limitaciones para transformar la realidad colombiana, es indudable que ha tenido un impacto importante en la vida cotidiana de los colombianos (como lo demuestra la popularidad de la acción de tutela ³) y en el comportamiento de los organismos estatales que por mandato constitucional están sujetos a mayores responsabilidades y controles para hacer realidad los valores democráticos y los derechos de los ciudadanos. Este nuevo arreglo político ha permeado el conflicto armado cuyos actores se han visto forzados a, por lo menos, tener en cuenta el vocabulario político, democrático, liberal y humanitario que domina la esfera pública.

Segundo, durante las últimas dos décadas la comunidad internacional (especialmente Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU ) se ha mostrado, por diversas razones e intereses, más sensible frente al tema de los derechos humanos en Colombia, por lo que ha ejercido gran presión para que éstos sean respetados no sólo por los organismos estatales sino también por los grupos alzados en armas. Así, los actores del conflicto armado han sentido la presión internacional frente al respeto de los derechos humanos para ser reconocidos por otros Estados y organismos internacionales como interlocutores válidos, para recibir apoyo político y económico y para evitar fuertes represalias, especialmente de tipo penal(5).

Tercero, las ONGs de derechos humanos nacionales e internacionales han cobrado gran legitimidad y presencia dentro de la opinión pública, en Colombia y en el mundo, y cada vez tienen mayor poder fiscalizador sobre los actores armados y mayor capacidad para denunciar los abusos que cometen en contra de los derechos humanos y el DIH⁴(6).

Lo paradójico de esta situación es que, a pesar del triunfo discursivo de los derechos humanos, de su constante invocación por parte de los actores armados y de las presiones que se ejercen en su nombre dentro del contexto colombiano, no se ha producido en las últimas dos décadas una disminución de sus violaciones. De esta manera, el discurso de los derechos humanos empieza a sonar vacío y manoseado. Como sugiere Douzinas, la fuerza motriz de los derechos humanos es su carácter emancipador. Sin embargo, dentro del contexto actual de expansión global del capitalismo y del aparente triunfo del Estado democrático de derecho, los derechos humanos han perdido gradualmente su promesa de utopía; han pasado de ser un discurso contra-hegemónico a ser uno hegemónico. Ello les ha restado su carácter transgresivo y emancipatorio; en este sentido tales derechos se han distanciado de su fuerza original y esto ha hecho que pierdan la capacidad de ser propulsores de cambios sociales y que, en cambio, se conviertan en sostén del estatus quo ⁵. Con el fin de explicar tal transformación política de los derechos humanos, Douzinas señala dos aspectos que resultan provechosos para el caso colombiano. Por un lado, su carácter histórico y por el otro, de manera relacionada, la excesiva normativización a la que han sido sujetos por medio de tratados internacionales, Constituciones Políticas y leyes, convirtiéndose en la base de las relaciones internacionales y de la legitimidad y reconocimiento de los Estados nacionales ⁶.

La concepción de los derechos humanos como valores políticos occidentales, con un origen y un desarrollo histórico, ofrece la posibilidad de entender también que para su aplicación efectiva son necesarias una serie de condiciones y de transformaciones dentro de situaciones sociales específicas. Ello permite concebirlos como un conjunto normativo menos monolítico que para su implementación debe atravesar por procesos de negociación y transformación en contextos locales. La universalidad de los derechos humanos se convierte así en una cuestión de contexto que necesita de un análisis situacional; de hecho, su doctrina es apropiada de manera diversa (y por lo tanto es transformada) en diferentes contextos tanto occidentales como no occidentales⁸. Uno de los problemas de la concepción universalista de los derechos humanos es que omite la complejidad de las disputas locales ⁹.

La descontextualización del discurso de los derechos humanos, cada vez más formalizado y homogeneizado, lo distancia de las complejas realidades locales en que pretende ser aplicado. Y ha sido precisamente la excesiva normativización de los derechos humanos la que ha contribuido con dicho proceso de descontextualización. Desde el siglo XVIII los derechos humanos fueron herramientas primordiales de lucha ciudadana contra la opresión; sin embargo, hoy dicha lucha ha cambiado el escenario de las calles por el de los tratados y convenciones internacionales y por el de las normas jurídicas producidas por los Estados¹⁰. Paradójicamente, los derechos humanos comienzan a tener un sesgo conservador. El derecho, como señala Wilson, es más que una forma de pensar o un sistema de signos; es también una forma de violencia dotada con la legitimidad de la autoridad formalmente constituida¹¹. Los derechos humanos, una vez instrumentalizados por el derecho occidental moderno, se han convertido en una de sus principales herramientas de legitimación y conservación.

Douzinas afirma que la inclusión de los derechos humanos dentro de los principios de todo Estado democrático, no obstante haber significado un triunfo en el control de los desmanes del orden político a favor del ciudadano, ha significado también una burocratización que los aleja de sus raíces emancipatorias y transformadoras ¹². Aunque en sus orígenes los derechos humanos significaron una ruptura con la tradición, hoy en día parecen simbolizar la tradición reinante: la modernidad capitalista, liberal y democrática. Al ser apropiados por los discursos oficiales reinantes, los derechos humanos adquieren un carácter institucional, conservador, y pierden su perfil contestatario. Su origen histórico y contingente se hace invisible, así como las condiciones de posibilidad que preceden a su aplicación efectiva. Tales condiciones, así como el contexto social, cultural, político y económico particular en que éstas se dan, deben pasar a un primer plano para que el discurso de los derechos humanos recupere su capacidad transformadora. En esta línea de análisis, la siguiente sección explorará algunas de las circunstancias que en el caso del conflicto armado colombiano dificultan la apropiación efectiva de los derechos humanos y el DIH por parte de los actores armados.

2. LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA: CONDICIONES DE POSIBILIDAD Y DE APROPIACIÓN DEL DISCURSO

2. 1. Colombia: un Estado en construcción

Colombia no se enmarca adecuadamente dentro de la zona de claroscuros en la que funciona adecuadamente la teoría liberal de los derechos humanos. Descriptiva y analíticamente Colombia se ubica mejor en una zona de grises donde un Estado débil, en crisis o en proceso de construcción (dependiendo de la aproximación analítica que se adopte ^{13, 14}) no logra garantizar las condiciones de posibilidad para que el discurso liberal humanitario se lleve a cabo efectivamente.

A lo largo de su historia, el Estado colombiano ha tenido una presencia diferenciada en el territorio nacional. Mientras que ha logrado integrar y controlar determinadas zonas del país, particularmente los centros urbanos, vastas regiones de éste se encuentran parcial o totalmente excluidas de sus servicios y de la participación en las decisiones políticas. Ello da lugar a que en muchas ocasiones se consoliden en estos lugares poderes alternativos que, a través de distintos mecanismos (según la región y las circunstancias) establezcan algún tipo de orden social y formas privadas de justicia para resolver los conflictos y afirmar su dominio. La presencia diferenciada y fragmentada del Estado según el momento histórico en distintas zonas el país, ha dado lugar a distintas relaciones de poder y por lo tanto a interacciones variadas de los actores armados que hacen que la violencia sea fluida y cambiante, según la coyuntura del momento y las acciones que adelanten las partes enfrentadas ¹⁵.

Pécaut usa este enfoque para definir lo que considera el factor central de la historia colombiana, que sirve de trasfondo a la violencia recurrente: "la precariedad del Estado nación." ¹⁶ Según Pécaut, la precariedad del Estado colombiano no se limita a su falta de control territorial y del uso de la fuerza. Aquélla también consiste en su incapacidad para afirmar su influencia en la sociedad, lo cual se debe en buena medida a que las simbologías del intervensionismo económico y social (fundamentales para justificar el carácter ascendente del Estado sobre la sociedad) no han contado con las condiciones de posibilidad requeridas para asentarse en Colombia ¹⁷. Estos factores han impedido que entre la población colombiana, dividida y fragmentada, se forme una imagen sólida del Estado nación. La ausencia de la "unidad simbólica de la nación" ¹⁸ ha obstaculizado la construcción de un sentido de ciudadanía compartida entre los colombianos (donde todos tienen los mismos derechos y merecen el mismo respeto) y la creación de un espacio público para la solución de los conflictos ¹⁹.

La reacción del frágil Estado colombiano frente al desorden social tradicionalmente ha sido represiva y autoritaria, a pesar de que formalmente la mayor parte de su historia ha sido una democracia liberal. Muestra de lo anterior es que Colombia ha vivido buena parte de su historia en un constante estado de sitio en el que se limitan las libertades de los individuos con el objetivo de defender la seguridad nacional ^{20, 21}. El Estado ha sobrepuesto la defensa de su seguridad a la de los ciudadanos. De esta manera, los derechos humanos fundamentales, consagrados en la Constitución , pierden su inviolabilidad frente al peligro constante que, se supone, amenaza las instituciones.

La particularidad del caso colombiano pone de presente que para la implantación del Estado democrático no es suficiente crear un marco jurídico y político determinado y ponerlo en práctica, con independencia del contexto en el que actúa, como verdad evidente que debe ser aceptada por todos. De hecho, la construcción de los Estados modernos en Occidente ha obedecido a largos y diferenciados procesos históricos, políticos, económicos, culturales y sociales más o menos exitosos, dependiendo del contexto y las condiciones en que éstos se den. La forma en que suele ser presentada, a manera de receta, la idea universal y abstracta del Estado liberal moderno tiende a ocultar esto, así como los conflictos y la violencia que suelen acompañar estos procesos ²⁵.

Dentro de este contexto, la violencia asociada a los actores armados al margen de la ley no es la causa de la fragilidad del Estado colombiano; es un síntoma grave del problema de fondo: las relaciones conflictivas entre el Estado y la sociedad. Ésta, por múltiples razones, no se ha sometido por completo y en todos sus aspectos al control estatal. Las zonas descontractualizadas de la sociedad son la muestra de esto. En ellas la supremacía del poder estatal no existe y éste es, en el mejor de los casos, uno entre varios poderes que luchan por la hegemonía. Así como el poder estatal no existe, tampoco los ciudadanos y sus derechos, categorías propias del modelo democrático liberal y que resultan pura ficción si no se dan las condiciones de existencia del Estado a las que se ha hecho referencia. González, Bolívar y Vázquez proponen entonces que el Estado colombiano no es un proyecto fallido; es un proyecto en construcción distinto a los demás y con planos prestados ²⁵. Estos rasgos del Estado colombiano son fundamentales para comprender la dinámica reciente del conflicto armado que se expondrá brevemente en el siguiente apartado.

2.2. La dinámica del conflicto armado durante la década de los noventa

Durante la década de los noventa diversos factores determinaron la evolución del conflicto armado. Vale la pena destacar algunos de los principales:

Por un lado, el número de combatientes de cada grupo se amplió y la guerra se expandió de manera acelerada sobre el territorio nacional en buena medida por las abultadas finanzas de los actores armados. La participación en diferentes fases de la economía del narcotráfico ha sido señalada por varios autores como la fuente principal de recursos de estos grupos; sin embargo, sin desconocer su importancia, el incremento de la práctica del secuestro y la extorsión han significado también ingresos económicos notables para tales organizaciones²⁶.(7).

El crecimiento económico de los grupos armados les ha permitido crecer aceleradamente en el número de combatientes. Según cifras del Ministerio de Defensa, los hombres en armas de los grupos de autodefensa, que eran 3.800 en 1997, llegaron a 8.150 en 2000. Es decir, presentaron un crecimiento de más del 100% en sólo 3 años²⁷. Desde 1996, el grupo habría crecido un 560% según su líder Carlos Castaño, quien afirmó contar en el 2002 con una fuerza de más de 11.000 combatientes ²⁸. Los grupos guerrilleros del las FARC y el ELN han tenido también un crecimiento acelerado en las últimas dos décadas. Alfredo Rangel anota que mientras que a comienzos de los ochenta las FARC contaban con 900 combatientes distribuidos en 9 frentes, a finales de los noventa el número había aumentado a entre 11.000 y 12.000 combatientes distribuidos en 60 frentes. Por su parte el ELN, que a comienzos de los ochenta contaba con 70 combatientes en 3 frentes, para finales de la década de los noventa tenía 3.500 combatientes organizados en 30 frentes²⁹(8).

De otra parte, las guerrillas y los paramilitares han experimentado un proceso inverso de expansión territorial: las guerrillas (sobretodo las FARC) comenzaron por ejercer dominio sobre zonas de colonización de frontera donde la presencia del Estado es débil o nula, y se han proyectado hacia áreas económicamente desarrolladas, más integradas al poder central del Estado, pero con grandes desigualdades y conflictos sociales. ³⁰ Los paramilitares, en cambio, se formaron en regiones prósperas económicamente y dominadas por poderes locales con relativa autonomía frente al Estado y se han expandido hacia las zonas de colonización fronteriza donde las guerrillas tienen su retaguardia, donde hay grandes extensiones de cultivos ilícitos y que constituyen corredores geográficos estratégicos para el movimiento de tropas, armas y narcóticos. El escalonamiento en el número de combatientes y de víctimas en el conflicto armado, así como la ampliación de los espacios geográficos donde los grupos armados hacen presencia, muestran cómo cada vez una mayor parte de la población se encuentra bajo la lógica de la confrontación armada. Ello da lugar a una espiral de violencia donde las partes afectadas ya no recuerdan, no saben, o no les importa, quién fue el primero en atacar, quién es la víctima y quién el victimario original; lo que les permite justificar sus acciones violentas, evadir su responsabilidad y acusar al enemigo de ser el causante del conflicto.

Lo anterior evidencia, en palabras de González, Bolívar y Vázquez, una gran capacidad de mimesis entre paramilitares y guerrilleros quienes, en un "juego de espejos", se imitan los unos a los otros en sus métodos de combate. Se crea de esta manera un juego de "simetrías en los medios" y "asimetrías en los discursos" ³¹ que se manifiesta en el caso de los derechos humanos. A pesar de que tanto guerrilleros como paramilitares acuden continuamente a los mismos métodos como arma contra el enemigo y sus colaboradores, en el ámbito discursivo se acusan mutuamente de ser violadores de los derechos humanos y cada uno justifica sus actos desde orillas ideológicas opuestas.

La dinámica del conflicto armado durante la década de los noventa ha dado lugar a un aumento significativo de las víctimas civiles³²(9). La escasa participación de los grupos de autodefensa en combates directos con la guerrilla, unida a la alta cifra de violaciones del DIH en que han incurrido, prueban que la principal estrategia bélica de esta organización durante los noventa fue el ataque a civiles (principalmente campesinos) en forma de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamientos forzados y torturas. Tal estrategia responde a la premisa de "quitarle el agua al pez" como principal método para derrotar a la guerrilla; es decir, debilitar las bases sociales de los grupos subversivos, a través del terror, para asfixiar su capacidad militar, económica y política. La respuesta de las guerrillas ha sido replicar el mismo método, aplicándolo a los apoyos sociales, voluntarios o forzados, de los grupos de autodefensa.

2.3. La precariedad de los derechos humanos en medio del terror

Los actores armados han sabido aprovechar y potenciar la sensación de desarraigo y miedo entre la población por medio de prácticas del terror, como las masacres y los desplazamientos masivos de personas. Tanto las guerrillas como los paramilitares han encauzado a través de la guerra de extermino que libran unas contra otros los conflictos entre familias, veredas y municipios y las luchas entre diversos grupos sociales ³³.

El terror se ha convertido así en una forma de hacer política: afirma determinadas relaciones de poder y persuade a otros para que se adhieran o sometan a ellas. Esto explica en buena medida porqué la población civil es instrumentalizada por los grupos armados para conducir la guerra; la violencia que se ejerce sobre ésta es un medio fundamental para consolidar posiciones y para quitarle espacios al grupo rival. Las regiones donde la presencia del Estado es precaria y que son de interés estratégico para los actores armados se transforman en zonas de guerra en disputa donde la población civil se convierte en parte del conflicto. Si bien cada uno de los grupos armados sostiene que dentro de los territorios en los que se ha afianzado ha construido lazos sociales con base en el proyecto político que lo impulsa, lo cierto es que las relaciones así construidas se basan en el terror y en la eliminación de la disidencia ³⁴. En tales circunstancias los derechos de los ciudadanos, cuya condición de existencia es justamente la presencia de un Estado consolidado, se vuelven virtuales. Como señala Pécaut, la ciudadanía no es únicamente la expresión de unos derechos y deberes reconocidos por el Estado; significa también la dignidad que otorga el hecho de pertenecer a una comunidad política nacional ³⁵.

Dada esta situación de anomia social los lazos y los procesos de integración sociales son débiles y suelen estar basados en relaciones violentas, puesto que es la violencia el referente más común del entorno. Como señala María Teresa Uribe, las zonas que sirven de caldo de cultivo para el reclutamiento y el accionar de los grupos armados al margen de la ley están marcadas por la exclusión social y económica de personas que sienten deseos de justicia y venganza. ³⁶ Pero así como los habitantes de dichas zonas sienten deseos vindicativos contra quienes ejercieron violencia contra sus familiares y conocidos, también tienen lazos de parentesco y amistad con miembros de uno u otro grupo armado, o incluso de ambos. Esto hace aun más confuso el escenario, situado en una zona gris de ambigüedad e indefinición.

Todo este contexto hace que la violencia, como mecanismo de lucha y cohesión sociales, así como de solución de conflictos, esté fuertemente entremezclada con las experiencias cotidianas de vida de amplios sectores de la población colombiana, particularmente los rurales. No se puede obviar el hecho que los grupos armados y la población civil comparten un territorio, un pasado, una cultura y unos vínculos familiares y afectivos. Así, se requiere de un análisis de estas relaciones y prácticas sociales y culturales para poder comprender las condiciones en que surgen los distintos tipos de violencia y para construir soluciones que rompan con los ciclos de muerte y terror que aquéllas propician.

Uno de los efectos perversos del discurso predominante de derechos humanos en Colombia es que suele quedarse en la superficie del problema al concebir el fenómeno de la violencia asociada al conflicto armado de manera reduccionista y polarizante. Es un discurso de alto contraste, donde los elementos se definen en blanco y negro, sin grises ni sombras. La sociedad se divide entre amigos y enemigos, la desconfianza y el individualismo atraviesan las frágiles relaciones sociales. En este ambiente es difícil que un discurso de los derechos humanos, descontextualizado y que no tiene en cuenta las particularidades del caso colombiano, eche raíces. En la siguiente sección se verá cómo las circunstancias apenas descritas determinan en buena medida el discurso y las estrategias de los grupos alzados en armas frente a los derechos humanos y el DIH.

3. EL USO ESTRATÉGICO Y POLÍTICO DEL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DIH POR PARTE DE LOS ACTORES DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

3.1. Los grupos armados irregulares frente a los derechos humanos y el DIH

Si bien el respeto por el Derecho Internacional Humanitario, y en general por los derechos humanos, no era parte importante del discurso político de los actores armados hasta hace relativamente poco, diversos factores han provocado un cambio importante, particularmente en la década de los noventa. Por un lado, las presiones ejercidas por varias ONGs nacionales e internacionales, por diversos Estados que prestan ayuda económica y militar a Colombia y por organizaciones de Estados(10). han significado que la responsabilidad de proteger los derechos humanos, usualmente atribuida de forma exclusiva al Estado, se extienda a los grupos al margen de la ley. Por otro lado, la necesidad de los grupos armados de adquirir un estatus de beligerancia que los sitúe en posición de negociar con el gobierno y de obtener el apoyo y reconocimiento de diversos Estados y Organizaciones de Estados. Estos factores han hecho que tanto la guerrilla como las autodefensas reconozcan, al menos a nivel discursivo, la necesidad de respetar los derechos humanos y de aplicar el DIH para humanizar el conflicto del que son protagonistas.

Por otro lado, los espacios de negociación entre la guerrilla y el Estado que se han abierto de manera intermitente desde el gobierno del presidente Betancur, han planteado a los grupos insurgentes la necesidad de erigirse como interlocutores políticos válidos y legítimos frente al Estado. El reconocimiento de la beligerancia de estos grupos exige de parte de ellos integridad y coherencia como actores políticos, las cuales incluyen el respeto de los derechos humanos y el DIH, así como responsabilidad por las acciones que llevan a cabo.

En cuanto a los grupos de autodefensa, éstos han sido objeto de las denuncias de ONGs nacionales e internacionales que han señalado sus relaciones con las Fuerzas Militares y su participación en la guerra sucia conducida por miembros del Estado contra las guerrillas y los militantes de izquierda. Sin embargo, a partir de la consolidación de las AUC como organización que reúne a los diferentes grupos de autodefensa del país, éstos han mostrado voluntad de consolidarse como fuerza política y militar independiente del Estado y con un proyecto político propio, lo que los ha conducido a un proceso de negociación y desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe.

Con respecto al contexto internacional, la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos de Castaño, Mancuso y otros dirigentes de las AUC, acusados de tráfico de drogas, ha ejercido una presión considerable sobre esta organización, en especial en lo que se refiere a sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. La lucha contra estas formas de criminalidad, que se plantea hoy como objetivo fundamental de la comunidad internacional, y la inclusión de las AUC, junto con las FARC y el ELN, en las listas que distintos países hacen de organizaciones terroristas, son factores de presión externa para estos grupos. Además, la posibilidad de que sus miembros sean capturados, juzgados y condenados fuera de Colombia por los actos cometidos en el conflicto armado se ha hecho más real y amenazante con la reciente creación de la Corte Penal Internacional.

Dadas las anteriores circunstancias, no es de extrañar que el discurso y la práctica frente a los derechos humanos y el DIH presenten diversos matices entre los grupos armados, según sus intereses políticos. A continuación se hará un breve análisis sobre la forma en que las AUC, las FARC y el ELN representan los derechos humanos y el DIH dentro de su discurso político-militar.

3.1.1. Las FARC

Como organización armada que pretende representar a las mayorías oprimidas, las FARC plantean que su lucha se dirige a la construcción de una sociedad más equitativa que garantice los derechos fundamentales de toda la población. En este sentido, el grupo armado se considera defensor de los derechos humanos, entendiéndolos como el acceso equitativo de la población a las condiciones materiales que permitan una vida digna ³⁸. Los derechos humanos se presentan así como un ingrediente básico de la sociedad más justa que esta organización busca alcanzar por medio de su lucha, pero su cumplimiento cabal debe posponerse ya que es necesario que antes se logren, por medio de la revolución, las transformaciones sociales, políticas y económicas que esta organización reivindica en su discurso ³⁹.

Las FARC se muestran respetuosas de la población civil y reconocen la validez de la aplicación del DIH en el conflicto colombiano. Así, éstas afirman que, al ser una organización humanista, tal normatividad está presente en sus reglamentos⁴⁰(11). Las FARC se presentan además como una organización altamente centralizada y con reglas claras. Al respecto afirman que los casos de infracciones a éstas, que incluyen violaciones de los derechos humanos y el DIH, son investigados y sancionados de acuerdo a sus normas disciplinarias ⁴¹. Sin embargo, cuando sus actos afectan a los no combatientes, las FARC responsabilizan a la población civil y el Estado. Por ejemplo, éstas afirman que " la población civil debe evitar que los cuarteles militares y de policía sean ubicados cerca de sus casas de habitación o en lugares de concentración pública." ⁴²Con ésta y otras recomendaciones, el grupo subversivo pretende que la población civil se informe de las situaciones en las que corre peligro de ser víctima de sus acciones y las evite. Si bien las FARC reconocen formalmente la distinción entre combatientes y sociedad civil, consideran, de manera muy similar a las AUC, que la categoría de no combatiente debe adecuarse a la guerra irregular que se libra en Colombia, donde sus enemigos se hacen pasar por civiles:

"Las armas de las FARC-EP son del pueblo y para su defensa y no están dirigidas contra él, con ellas se esta derrotando el ejército paramilitar en sus diferentes manifestaciones y en su defensa salen el gobierno y la oligarquía, presentándolos como integrantes de la "sociedad civil" víctimas inocentes y ajenos al conflicto" ⁴³.

En este sentido, los comandantes de las FARC han afirmado que las normas internacionales deben adecuarse a las condiciones históricas del conflicto colombiano y manifiestan una posición crítica frente al tratamiento que se le ha dado al tema en el país . Así, las FARC consideran que tales normas se han convertido en herramientas de calumnia que sirven a los intereses del imperialismo ⁴⁴ y que se pretenden aplicar sin reconocer las realidades del país. Al respecto han dicho:

Las FARC denuncian de esta manera la aplicación descontextualizada del discurso de derechos humanos a la situación colombiana. Señalan la necesidad de tener en cuenta otras dimensiones de los problemas , y denuncian la simplificación que se hace al absolutizar el concepto de derechos humanos. Sin embargo este señalamiento, que podría ser el primer paso para el planteamiento de nuevas interpretaciones más adecuadas al contexto colombiano, se realiza de manera acusatoria, sin ofrecer alternativas constructivas y sin reconocer que esta organización también utiliza los derechos humanos como instrumento de guerra, al enunciar incansablemente las violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de los grupos paramilitares ⁴⁶.

Si bien el tema de los derechos humanos y el DIH se presenta de manera fragmentada en el discurso de las FARC, existen algunos elementos constantes: primero, la explicación reactiva y justificatoria de sus acciones como consecuencia de la constante violación de los derechos fundamentales del pueblo por parte del "Establecimiento". Segundo, la subordinación del respeto cabal de los derechos humanos frente a los medios necesarios para conseguir una sociedad justa. En este sentido las FARC justifican sus acciones por la naturaleza del enemigo y la dinámica del conflicto. Tercero, el uso estratégico de los derechos humanos en las acusaciones contra a las acciones del enemigo, circunstancia en la que su evocación representa beneficios frente a la opinión pública, al mismo tiempo que les permite construir la imagen de un adversario cruel e inhumano.

3.1.2. El ELN

El ELN defiende una posición similar a la de las FARC en cuanto se presenta como una organización armada cuyo pilar básico es la defensa de los derechos humanos de la población colombiana, entendidos éstos como la base de la justicia social. Como señala el ELN en su página de Internet ⁴⁷, en un apartado especial dedicado a los derechos humanos, éstos hacen parte fundamental de su lucha pues constituyen reivindicaciones de la población frente a la constante injusticia que vive a manos de la clase dominante. El ELN también critica la amplia utilización del discurso de derechos humanos y su restringida aplicación en beneficio de la población:

Los derechos humanos se convirtieron como en patrimonio; exactamente eso: como bienes adquiridos, como hacienda heredada, como cosas propias. Propiedad del capital. Porque en medio de la miseria de los más, los menos, los pocos, los ricos, hablan de los derechos humanos como propiedad de todos, pero propiedad que ellos administran, que ellos depositan y sobre la que giran con cargo a la humanidad.⁴⁸

En la media en que estos derechos son proclamados por el Estado y la clase política, pero no garantizados a la gran mayoría de la población, el ELN asume el objetivo de luchar por su cumplimiento efectivo a favor del pueblo. Por eso, argumenta, su labor de denunciar la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los colombianos es básica para entender las causas fundamentales de la violencia que vive el país.

El ELN presenta un lenguaje más explícito y claro en lo que se refiere al DIH que aquél que usan las FARC. De hecho, esta organización fue el primer grupo armado en plantear el tema de la aplicación del Protocolo II adicional a las Convenciones de Ginebra antes de que éste fuera ratificado por el Estado colombiano⁴⁹(12). El COCE, Comando Central del ELN, publicó un reglamento en 1996 en el que se recogen los principios del DIH. Se dispuso así que se deben reducir al máximo el sacrificio y sufrimientos humanos, que los enemigos rendidos o heridos en combate deben recibir un trato humanitario y que no se deben permitir malos tratos a la población civil ni acciones militares que pueda afectarla. Dicho reglamento establece la posibilidad de sancionar a los guerrilleros del ELN que violen el DIH⁵⁰(13).

Sin embargo, frente a las acusaciones de Human Rights Watch, en el sentido que el ELN viola las normas que él mismo establece en el citado documento, Galán y Torres, líderes del ELN, afirmaron que antes de aplicar el DIH, era necesario "definir" lo que ellos consideraban términos vagos. Igualmente aseveraron que el DIH es un ideal inalcanzable que tiene que ser "colombianizado" antes de ser aplicado. Entre los términos que los líderes del ELN cuestionan están la toma de rehenes, los ataques, los actos de terrorismo, el sabotaje, la definición de sustancias peligrosas y la distinción entre combatientes y civiles(14). ⁵¹.

Si bien el ELN fue pionera en tratar el tema del Derecho Internacional Humanitario, su posición al respecto es poco coherente, lo cual se evidencia también en las acciones militares que realiza, muchas de ellas (como los secuestros masivos de civiles) claramente violatorias del DIH. La contradicción entre el discurso y las actuaciones de esta organización frente al DIH llevó a Human Rights Watch a señalar que "esta apertura[del ELN] al debate[sobre el respeto del DIH] hasta el momento no se ha materializado en cambios en la conducta sobre el terreno." ⁵²

Pese a que las autodefensas surgieron en diferentes partes del país como grupos prestadores de servios de seguridad privada (generalmente al servicio de élites locales y de narcotraficantes), en respuesta a los abusos cometidos por la guerrilla, con la creación de las AUC en 1994 (como confederación de grupos regionales de autodefensa) se inició un proceso de definición de sus características como movimiento nacional y con pretendidos objetivos políticos. Con este fin, Carlos Castaño definió a las AUC como un "…movimiento nacional, político-militar, de carácter anti-subversivo que propende por el Estado de Derecho, la unidad nacional y la libertad económica en un equilibrio social(…)" ⁵³. Durante los últimos años, diversos eventos, a nivel doméstico e internacional, han incentivado la politización de las AUC. La política de seguridad democrática del gobierno Uribe le ha quitado aire al proyecto contrainsurgente de las AUC. A esto se suma la solicitud del gobierno de Estados Unidos de extraditar a los jefes de las AUC acusados de participar en el tráfico de drogas ⁵⁴. Esta combinación de factores permite entender las negociaciones que actualmente adelanta el gobierno con las AUC, las cuales han resultado en la desmovilización de algunos de los grupos que las conforman. Los cambios que se han producido dentro de esta organización, y que han sido muy sensibles a los contextos nacional e internacional de lucha frontal y sin cuartel contra el narcotráfico y el terrorismo, han sido hecho públicos en muchas ocasiones. Esto se puede ver en las reiteradas declaraciones de las AUC sobre el rompimiento de la organización con el narcotráfico y su rechazo al terrorismo, así como el reconocimiento de abusos cometidos en el pasado, pero resaltando siempre el carácter político de la organización ⁵⁵.

Como parte de este cambio, las AUC han manifestado su voluntad de respetar el DIH. Sin embargo han alegado que la naturaleza de la guerra de Colombia (con muchos combatientes sin uniforme, según ellas) hace que sea difícil, si no imposible, aplicar estrictamente los principios del DIH. En su lugar, las AUC han defendido una versión "criolla" del DIH⁵⁶(15). Muestra de ello es su posición frente a la población civil. En un documento de las AUC se declara que todos los habitantes de una región dominada por cualquiera de los enemigos de las AUC, son considerados potenciales combatientes⁵⁷(16). A parte de las acciones contra la población civil, el asesinato de políticos de izquierda, líderes comunitarios y sindicalistas ha sido parte de su política contrainsurgente. Human Rights Watch señala que en las conclusiones de la Primera Cumbre de las AUC en 1994, se afirmó que mientras la guerrilla siguiese ejecutando a miembros de las fuerzas de seguridad y a las familias de los paramilitares, considerarían objetivos principales a los "cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda" ⁵⁸.

Las AUC también han señalado que operan siguiendo las mismas tácticas usadas por las guerrillas, al punto de "convertirse en una caricatura de éstas" ⁵⁹. En este sentido las AUC asumen la violación del DIH como consecuencia inevitable del conflicto armado colombiano, donde, según ellas, no existe una distinción clara entre combatientes y no combatientes, pues las guerrillas se camuflan entre la población civil⁶⁰(17).

En su página de Internet las AUC tienen una sección dedicada a los derechos humanos y al DIH. En este apartado se reproducen artículos de medios escritos de comunicación de diferentes partes del país e internacionales, en los que se muestran las violaciones de estos derechos por parte de la guerrilla colombiana. Sin embargo, este apartado no incluye ninguna reflexión o compromiso propio sobre el tema.

Si bien cada grupo tiene un acercamiento diferente al tema, los tres actores armados considerados manifiestan ser respetuosos de estos principios. De hecho hay que resaltar que las tres organizaciones se presentan como defensoras de los derechos humanos y justifican su levantamiento armado en las violaciones que otros , sus enemigos, cometen contra tales derechos. El carácter reactivo de su accionar es central en su justificación discursiva y los convierte en defensores mesiánicos de los derechos humanos, que interpretan acomodaticiamente según sus intereses.

Con respecto a sus propias acciones, violatorias de los derechos humanos y el DIH, los grupos alzados en armas las justifican afirmando que tales normas se deben adaptar a las condiciones de guerra irregular que se vive en Colombia, las cuales no permiten la aplicación estricta de los principios que las rigen. La adaptación por la que abogan los tres grupos armados irregulares se refiere principalmente a la definición de la población civil ya que, según ellos, en un conflicto de carácter irregular como el que se vive en el país no se puede calificar como población civil a los combatientes que se camuflan entre ella ni a quienes colaboran de una u otra forma con el enemigo.

Los tres coinciden también en que sus opositores usan el discurso de los derechos humanos y el DIH para desprestigiarlos, sin reconocer que cada uno de ellos hace a su vez lo mismo. Los derechos humanos y el DIH son de esta manera armas de guerra que utilizan los tres grupos para ganar batallas simbólicas frente a la opinión pública nacional e internacional. Así, el discurso de los derechos humanos, tal y como es utilizado por los actores del conflicto, termina reforzando las figuras del enemigo y el vengador (las cuales reproducen e intensifican los ciclos de violencia), en vez de acercar a las partes y hacer que se reconozcan mutuamente.

4. LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL ENEMIGO

Tanto guerrillas como paramilitares, a través de sus estrategias de guerra, dirigidas en buena parte contra la población civil, están buscando polarizar al país ⁶¹. Solo para una reducida porción de la población existe la posibilidad de mantenerse al margen de la guerra; se apoya a un bando o se apoya al otro, no existen términos medios. La lógica de guerra imperante es: "conmigo o en contra mía". Así, los referentes de socialización de las personas que habitan en las zonas en disputa son imperantemente autoritarios.

La participación directa en la violencia, no importa en qué bando, es una forma de construcción de la identidad. La violencia es entonces el "principio de una identidad colectiva" en la que caen fácilmente los jóvenes que ingresan a los grupos armados. Pero la pertenencia a estas organizaciones no significa solamente una forma de expresar la insatisfacción y los deseos de venganza y retribución; los jóvenes también desean adquirir un estatus que no tendrían en su vida ordinaria, no sólo por llevar puesto un uniforme y portar armas, también porque el hecho de pertenecer a una organización, de estar inmersos en un sistema de autoridad les da el respaldo y la seguridad con que no cuentan como civiles ⁶⁴. Sin embargo la identificación con el grupo armado es también precaria. Esto se evidencia en los numerosos casos de combatientes que cambian de uniforme y comienzan a luchar (con igual o mayor encono) al lado de quien fuera su enemigo mortal, en contra de sus antiguos compañeros.

Por otro lado, la intensificación del conflicto armado durante la última década ha llevado a que los grupos armados ilegales, particularmente las FARC, realicen un reclutamiento acelerado y poco exigente de personas, especialmente campesinos en zonas de su dominio e influencia, voluntariamente o por la fuerza, lo que ha abierto una gran distancia entre el liderazgo de las organizaciones y sus combatientes. Ello, unido a la detención por parte de las fuerzas de seguridad del Estado de mandos medios de dichas organizaciones, ha hecho que el proceso de reclutamiento no sea seguido por un período suficiente de adoctrinamiento ideológico y político. Las organizaciones hacen entonces énfasis en el adiestramiento militar de sus combatientes, instrumentalizando la instrucción ideológica en beneficio de los objetivos militares. El elemento discursivo y simbólico en el adiestramiento de las tropas es por lo tanto esquemático y polarizante. Esto permite que se cree una idea simple y estereotipada del enemigo al que se debe eliminar. Por estas razones no es de extrañar que los derechos humanos ocupen un lugar secundario y que sean utilizados como un arma más de guerra.

En medio de tales contextos de violencia y de desestructuración social donde no hay referentes estables se da un proceso extremo de identificación por contraste. El otro se convierte en el enemigo, la encarnación de todos los males sufridos y de todo aquello que es contrario a lo que se considera justo o bueno. Esto es lo que los Spillmann llaman el síndrome del enemigo : la mirada estereotipada del otro es dominada por una "diferenciación infantil y primitiva entre lo bueno y lo malo (el amigo y el enemigo)" ⁶⁵ que incita a la deshumanización del rival. Las interacciones sociales basadas en la violencia, que se forman desde temprana edad (y que preparan un terreno propicio para una agresividad latente ⁶⁶) van de la mano con un proceso de relajación de la autocensura ⁶⁷. El ejercicio de la violencia y el terror se hacen rutinarios, se banalizan, y quienes los cometen no sienten estar inflingiendo dolor o humillaciones a un ser humano como ellos.

Lo que sucede a medida que escala un conflicto es el proceso exactamente contrario al de la construcción de la empatía y la solidaridad: la capacidad de apreciar la situación desde la perspectiva del otro se va desintegrando hasta formar la imagen del enemigo. Por ello, la construcción y estigmatización del enemigo son procesos dominados por emociones y percepciones de la realidad simplificadas y de altos contrastes donde el miedo (a lo desconocido, lo distinto, a lo que se percibe como una amenaza) está muy presente. A medida que el conflicto armado se intensifica, las causas que le dieron origen se vuelven más y más difusas. El oponente, estereotipado y estigmatizado, se vuelve centro de atención al tiempo que va perdiendo sus rasgos individuales, humanos. Esto facilita el relajamiento de las tensiones internas de los combatientes y la capacidad de pasar a la acción destructiva contra el otro. Se imponen las decisiones "de grupo", de entes abstractos (el Secretariado, el Comando Central, el Estado Mayor) lo que facilita que la violencia asuma formas impersonales y, por lo tanto, más brutales, al no ser asumidas como propias e individuales ⁶⁸.

A ello contribuye el lenguaje eufemístico que disfraza la violencia, la hace respetable ante la opinión pública y reduce la responsabilidad personal ⁶⁹; el Ejército "da de baja" a los subversivos; el Estado no combate hombres, mujeres y niños sino entes abstractos como la subversión, el narcotráfico, el terrorismo. En su discurso oficial los grupos insurgentes hacen la revolución, luchan por el pueblo, realizan actos patriotas contra enemigos poderosos y sin rostro como la oligarquía, el capitalismo, el imperialismo; los secuestros son "retenciones" y extorsionar es "cobrar impuestos". Los grupos de autodefensa llaman a las masacres "objetivos militares múltiples" ⁷⁰. Todas estas acciones no son expresadas como actos violentos, que causan dolor, cometidos por individuos concretos contra otras personas, sino como categorías abstractas dentro de la lógica de la guerra.

A través de diferentes canales de información se va construyendo el estereotipo del enemigo que, bien sea de uno u otro bando, coincide en los rasgos: un ser frío, cruel, calculador que solo puede generar rechazo y repulsión. Por esto, siguiendo a Bandura, los llamados morales en contra de la violencia (el discurso de los derechos humanos es uno de ellos) caen usualmente en oídos sordos; los combatientes santifican sus actos de guerra y condenan los del enemigo ⁷¹. Así surge la figura del vengador : la víctima-victimario que se siente justificada para exterminar al otro en retaliación y como afirmación material y simbólica de su propia identidad. Según Orozco, en la guerra entre guerrillas y paramilitares, donde la población civil es el principal blanco militar y víctima, los combatientes no se representan así mismos como victimarios sino ante todo como víctimas que se vieron obligados a ejercer el papel de victimarios ante la injusticia y la impunidad ⁷². El conflicto se transforma así en una guerra punitiva donde los vengadores de ambos bandos tienen una justificación retributiva para sus crímenes.

Romper con esta lógica de guerra punitiva que hace inaplicables los derechos humanos y el DIH es un trabajo difícil y complejo que requiere de tiempo, recursos y voluntad. Como indica Camacho, para desactivar la imagen deshumanizante del enemigo se debe comenzar a reconocer que sus motivaciones tienen alguna validez, a pesar de que los métodos a los que acude carezcan de ella ⁷³. Así, la reconciliación consiste en "el acercamiento progresivo de las narrativas opuestas." Hacer esto implica a su vez superar la visión en blanco y negro de la enemistad y entrar en el espacio más complejo de los grises donde los combatientes son simultáneamente víctimas y victimarios, culpables e inocentes ⁷⁴. Sólo cuando los vengadores se den cuenta de esto serán capaces de sentir arrepentimiento, de perdonar a sus enemigos y, en última instancia, de buscar la reconciliación. Como dice Orozco, sólo el perdón mutuo, como figura del ethos individual y colectivo, es capaz de acabar con la percepción de ineluctabilidad del pasado, de romper con el ciclo eterno de la venganza ⁷⁵.

5. ¿EL FIN DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Las anteriores consideraciones tienen una gran importancia a la hora de intentar comprender la difícil situación de derechos humanos en Colombia en medio del conflicto armado. A pesar de que los derechos humanos han ganado mucho terreno en el campo discursivo, su vigencia es limitada por la falta de unas condiciones sociales, políticas y culturales que hagan posible su implementación. El caso colombiano es así una expresión dramática de la paradoja de los derechos humanos en el mundo actual: su hegemonía como valores políticos deseables para el desarrollo de la sociedad coexiste con la dificultad cada vez más evidente de llevarlos a la práctica. En Colombia los actores del conflicto armado han usado los derechos humanos como un arma de guerra para deslegitimar al enemigo y para justificar las acciones propias. En este sentido, se han convertido en palabras filosas para hacer daño al enemigo y no en un camino para llegar al otro. Este uso perverso del discurso, entre otros factores, ha polarizado y alejado a los actores armados en vez de acercarlos en un reconocimiento mutuo que lleve a consensos creíbles para humanizar el conflicto. La visión universalista y esencialita de los derechos humanos paradójicamente ha contribuido a dicha polarización al dar lugar a un discurso excluyente que separa entre buenos y malos, humanos e inhumanos.

COMENTARIOS

1. Este artículo es una síntesis de la investigación realizada por Juana Schlenker con el apoyo y financiación de Colciencias y el Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS) de la Universidad de los Andes, dentro del Programa Formación de Jóvenes Investigadores , cuyos tutores fueron Manuel A. Iturralde y Oscar Mejía.

2. A lo largo de este escrito entenderemos por actores armados a los principales grupos ilegales alzados en armas (es decir, las guerrillas de las FARC y el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-). Para los fines de este estudio, quedan excluidas del análisis las Fuerzas Armadas del Estado colombiano.

3. Como la Fiscalía General de la Nación , la Corte Constitucional , la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

4. Principalmente la acción de tutela y las acciones populares y de clase.

5. La creación de la Corte Penal Internacional con el fin de perseguir y castigar en todo el globo los delitos atroces, de guerra y de lesa humanidad es un primer paso definitivo en este sentido.

6. Iván Orozco discute el papel protagónico, y no exento de polémica, de las ONGs de derechos humanos en Colombia y en Latinoamérica durante los últimos años y en contextos de conflictos armados o de regímenes dictatoriales.

7. Las guerrillas tienen ingresos anuales de más de 600 millones de dólares. De éstos, se estima que cerca de 360 millones corresponden a las FARC. En el caso de este grupo, y discriminados según las fuentes de las que proceden, se estima que el 48% de los ingresos corresponde a recursos provenientes del narcotráfico, el 36% a la extorsión, 8% al secuestro, 6 % al abigeato y el resto a robos a entidades bancarias y otros. Por su lado el ELN obtiene cerca del 60 % de sus ingresos de la extorsión, el 28% del secuestro, el 6% del narcotráfico y el 4% del abigeato. Cifras tomadas del Comité Interinstitucional de Lucha contra las Finanzas de la Guerrilla , Informe 1998 , Bogotá, marzo de 1999.

8. A pesar de que estas cifras son especulativas y varían según la fuente, haciendo un cálculo conservador se puede decir que, sumando los combatientes de las FARC, el ELN y las Autodefensas, los grupos armados ilegales cuentan en su conjunto con aproximadamente 26.500 combatientes. De estos, aproximadamente 9.000 miembros de las AUC se han desmovilizado hasta el momento en el proceso de paz que el gobierno de Álvaro Uribe adelanta con las autodefensas.

10. Como la ONU , la OEA y la Unión Europea.

11. "Si bien es cierto que las FARC-EP no han signado específicamente todo lo relacionado al Derecho Internacional Humanitario, sus normas(…) están ajustadas a él, por ser un movimiento revolucionario que tiene como uno de sus pilares lógicos el humanismo." FARC-EP.

12. Citado en la obra de Valencia Villa Alejandro, pp. 74-75.

13. Citado en la obra de Human Rights Watch, Colombia, Guerra sin Cuartel .

14. Entrevista de Human Rights Watch a Francisco Galán y Felipe Torres, prisión de Itagüí, Antioquia, 8 de marzo de 1997

15. Entrevista de Human Rights Watch a Carlos Castaño, 9 de julio de 1996

16. AUC, "Naturaleza Político-Militar del Movimiento", 26 de junio de 1997.

17. Citado en la obra de Reales Clara Elena, et. al., p. 178.

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