Articulo/dossier

¹Profesores de la Universidad Externado de Colombia.
Este artículo se elaboró en el marco del proyecto "Seguimiento y análisis del conflicto armado en Colombia" de la línea de investigación sobre Negociación y Manejo de Conflictos del CIPE de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

Resumen

Los grupos insurgentes, que durante la década del ochenta lograron extender su influencia a zonas de gran valor estratégico, hoy corren el riesgo de hacerse militarmente vulnerables. La guerrilla se enfrenta a unas Fuerzas Militares fortalecidas y mejor preparadas gracias al proceso de modernización iniciado por el gobierno anterior y que la actual administración ha continuado y profundizado. Las acciones emprendidas por el gobierno han situado a la guerrilla en condiciones de inferioridad militar y la han debilitado desde el punto de vista económico. La subversión ha perdido la iniciativa en la confrontación armada, mientras que la Fuerza Pública la ha recuperado. Sin embargo, la guerrilla ha sabido adaptarse a las nuevas realidades del escenario de guerra colombiano. Con el fin de compensar su inferioridad militar, la subversión ha modificado sus estrategias y tácticas para hacerse menos vulnerable. De este modo, evade el enfrentamiento directo con las Fuerzas Militares y privilegia acciones propias de la guerra de guerrillas cuyo propósito es desgastar progresivamente al gobierno. En este contexto, los grupos guerrilleros decidieron posponer su objetivo de lograr el control territorial para buscar, en cambio, el control de posiciones estratégicas que garanticen su supervivencia y la continuidad de la guerra.

Palabras clave: guerrilla, conflicto armado, guerra, violencia, control territorial, control estratégico.

Abstract

Throughout the 1980's armed groups were able to expand their influence to areas of great strategic value, but now they are at a high risk to become military vulnerable. The guerrilla is fighting against stronger and better prepared Military Forces as a result of the modernization initiated during the last presidency and deeper continued by the present administration. Government actions have placed the guerrilla in a military inferiority and have weakened it from an economic perspective. The insurgency has lost the initiative of armed confrontations while the Colombia 's Armed Forces have recovered it. The guerrilla has been able to adapt to new realities within the Colombian struggle scenario. In order to compensate their military inferiority and diminish their vulnerability, the insurgency has modified their tactics and strategies. In that way, it evades the direct confrontation with the Military Forces and privileges own actions of guerrilla warfare aiming to exhaust the government progressively. Within this context, guerrillas decided to postpone their objective of achieving territorial control and instead they are now looking to control strategic positions that will ensure their survival and the continuity of war.

Introducción

La guerrilla colombiana, que a partir de los años ochenta logró extender su presencia a zonas de gran significado estratégico, hoy corre el riesgo de hacerse militarmente vulnerable. Los grupos insurgentes se enfrentan a unas Fuerzas Militares, FFMM, fortalecidas y mejor preparadas gracias al proceso de modernización iniciado por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), y que la administración Uribe Vélez (2002-2006) ha continuado y profundizado. Las acciones emprendidas por el actual gobierno han situado a la guerrilla en condiciones de inferioridad militar con respecto al Estado y la han debilitado. La subversión ha perdido la iniciativa en la confrontación armada, mientras que la Fuerza Pública la ha recuperado.

La guerrilla, sin embargo, ha sabido adaptarse a las nuevas realidades del escenario de guerra. Con el fin de compensar su inferioridad militar, la subversión ha modificado sus estrategias y tácticas para reducir su vulnerabilidad. De este modo, evade los enfrentamientos directos con las Fuerzas Militares y privilegia acciones propias de la guerra de guerrillas cuyo propósito es desgastar progresivamente al gobierno. Se trata de tácticas de acción que consisten en emboscadas, ataques sorpresivos y/o atentados que buscan debilitar moral y físicamente al enemigo sin comprometerse en una lógica bélica directa, que resultaría particularmente costosa para la insurgencia en las circunstancias actuales.

En este contexto, los grupos guerrilleros decidieron posponer su objetivo de lograr el control territorial para buscar, en cambio, el control de posiciones estratégicas que garanticen su supervivencia y la continuidad de la guerra. Mientras que el control territorial apunta a mantener por la fuerza y/o por medios indirectos un dominio sobre una zona y su población, cuando el fin es el control estratégico lo prioritario no es tanto la influencia sobre la población, sino las ventajas asociadas a las lógicas de guerra ¹.

Es así como la geografía del conflicto armado corresponde cada vez menos con la presencia estable de los grupos irregulares y se relaciona más con objetivos de carácter estratégico que son, en el momento actual, mucho más importantes que la consolidación de dominios territoriales.

En este sentido se explican las manifestaciones de la violencia y elevada concentración de las acciones armadas en departamentos como Tolima, Huila, Cauca, Nariño y Putumayo donde los principales objetivos de los grupos guerrilleros se orientan al control de corredores estratégicos, áreas con recursos económicos y zonas militares de avanzada y repliegue.

La Fuerza Pública, en contraste, se ha impuesto como objetivo principal lograr el control territorial del suroriente del país y para conseguirlo desplegó el Plan Patriota, iniciativa que consiste en el desplazamiento de 27.000 hombres al Caquetá, Guaviare y sur del Meta, por un período de tiempo no definido, con el fin de golpear los frentes subversivos que operan en esta zona desde hace décadas.

El objetivo de este trabajo es responder a estas preguntas mediante el análisis del estado actual del conflicto armado, los cambios en la conducta de sus principales protagonistas y las posibles implicaciones en el proceso de negociación.

I. Tendencias recientes en la evolución del conflicto armado en Colombia

A partir de la ofensiva de la Fuerza Pública contra el secretariado de las FARC, en el municipio de Uribe (Meta) en 1990, la organización insurgente logró avanzar en el proceso de especialización de sus frentes y la creación de grupos de choque, como las columnas móviles.

En 1993 ya se vislumbraban los primeros ensayos en esta experiencia: el ataque a Dabeiba y el bloqueo en la región de Urabá donde participaron más de 500 guerrilleros del Bloque José María Córdoba. No obstante, sólo hasta 1996 se establece el punto de partida de una serie de éxitos militares que revelan una mayor capacidad ofensiva derivada de la acumulación de experiencia en la preparación y conducción táctica de los ataques.

La crisis que sufrieron las Fuerzas Militares se inició el 15 de abril de 1996 con el ataque a Puerres (Nariño) y continuó con la toma de la base militar las Delicias en el departamento de Putumayo , e l 30 de agosto; el ataque el 7 de septiembre a la base militar de La Carpa en el departamento de Guaviare; y la acción ofensiva contra la base militar de Patascoy en el departamento de Nariño, el 21 de diciembre. En 1998 los ataques se intensificaron a partir de marzo, cuando la Brigada Móvil No. 3 del Ejército fue atacada en el caño El Billar, en el departamento del Caquetá; el 3 de agosto, la guerrilla atacó las instalaciones de la Policía en Miraflores, Guaviare y Uribe, Meta, así como la base militar de Pavarandó en Urabá; en noviembre, en momentos previos a la creación de la Zona de Distensión, ZD, para adelantar las conversaciones de paz entre la administración Pastrana Arango y las FARC, esta guerrilla tomó por asalto a Mitú, capital del departamento de Vaupés, en el suroriente colombiano.

Entre 1996 y 1998 en zonas del sur del país las FARC demostraron su elevada capacidad de aprendizaje en medio de un entorno adverso e incierto. Así mismo, pusieron a prueba su capacidad de maniobra, libertad y rapidez de acción. Entre los cambios más significativos observados en la dinámica del conflicto, se destaca la prioridad manifiesta que las FARC dieron entre 1997 y 2001 a los ataques a las poblaciones para destruir los puestos de policía y debilitar la presencia estatal en los sitios donde buscaban ampliar su influencia.

La insistencia de las FARC en los ataques contra las instalaciones de la Policía Nacional a partir de 1997, se convirtió en todo un propósito estratégico inscrito en el desarrollo de planes de guerra dispuestos a lograr el control de zonas específicas cada vez más amplias que se constituyen en núcleos de expansión de control militar.

Entre 1998 y 2001 ciento treinta y cuatro municipios fueron atacados por la guerrilla. Al observar la distribución geográfica de los ataques, se evidencia un patrón de localización que refleja el interés por crear un corredor entre los departamentos del suroriente colombiano y la costa Pacífica, atravesando municipios de Huila, Tolima, Cauca y Nariño. La forma sistemática en que fueron atacados estos municipios revela el propósito de las FARC de compensar la pérdida de acceso al mar por el Golfo de Urabá, donde la fuerte presencia paramilitar ha logrado contener los múltiples intentos por parte de la organización insurgente por recuperar esta posición estratégica en el noroccidente del país.

En lo concerniente a la dimensión política, las FARC durante este período buscaron con los reiterados ataques el reconocimiento de su influencia en la gestión local del país. Al constituirse como poder de facto en estos municipios, pretendían ganar legitimidad y representatividad política en la negociación con el poder central. Se trata de un objetivo claro y preciso, de gran significado para esta guerrilla. Con esta forma de proceder se desvirtúa además la creencia común que relaciona la presencia de la guerrilla con la "ausencia del Estado" puesto que mediante la táctica descrita los subversivos enmarcaron su expansión territorial en la "expulsión" del Estado, con lo cual pretendían reemplazarlo y proclamarse como grupo hegemónico.

Las más golpeadas por los paramilitares fueron las estructuras pequeñas, que se ocupaban del trabajo político más que militar. Como resultado, los frentes del ELN se vieron forzados a replegarse hacia las zonas montañosas, donde tuvieron que buscar el apoyo de las FARC. Lo anterior evidencia que las FARC han logrado absorber al ELN, proceso que se ha venido cumpliendo de varias formas: reforzando algunos de los frentes para evitar más derrotas militares (como se puede constatar en el sur de Bolívar); haciendo presencia en zonas de influencia tradicional (como se ha visto en Arauca) y defendiendo territorios de manera conjunta (como ha ocurrido en Norte de Santander).

Otra característica sobresaliente de la confrontación armada ha sido la elevada frecuencia de los enfrentamientos protagonizados por guerrillas y paramilitares. Mientras que las FARC insisten en mantener su accionar, el ELN ha disminuido el suyo. La reducción en el nivel de actividad armada de esta organización guerrillera es notoria con respecto a la registrada para las FARC, en particular desde el año 2000 tal como se observa en el( gráfico 2). Los grupos paramilitares, por su parte, se muestran decididos a ganar protagonismo e influencia, con lo cual han contribuido en forma significativa a la degradación del conflicto. A partir de 1997 las autodefensas se trazaron entre sus principales objetivos contener el avance de la guerrilla mediante el enfrentamiento directo con los grupos subversivos. A su vez decidieron extender su presencia hacia las zonas de mayor importancia estratégica para la insurgencia, buscando el apoyo de importantes sectores sociales vinculados con las actividades rurales más dinámicas a nivel local.

El rápido avance de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el norte del país llevó a Carlos Castaño a anunciar que para diciembre de 1998 "colgaría su hamaca en la Serranía de San Lucas" zona de presencia histórica de la guerrilla y de vital importancia para su financiamiento y movimientos. Sin embargo, se puso de presente la superioridad táctica de la guerrilla puesto que las minas, las trampas y la zona montañosa le impidieron lograr su objetivo. En este sentido, entre más avanzaban las AUC, mayor resistencia encontraban por parte del ELN y de las FARC que le propinaron una derrota tras otra en el sur de Bolívar.

Tal como puede apreciarse en el(gráfico 1), la tendencia ascendente en la intensidad del conflicto armado obedece a que la Fuerza Pública a partir de 1999 comienza a retomar la iniciativa en la confrontación gracias al incremento en la movilidad y a la mayor capacidad de reacción aérea con la que cuenta para contrarrestar los ataques de los alzados en armas. Entre 1999 y el año 2000 los combates por iniciativa de las FF.MM. presentan un crecimiento sostenido que se acelera de forma significativa a partir del 2001, hasta llegar en el 2002 a superar ampliamente las acciones de los grupos irregulares. Entre el 2003 y 2004 esta tendencia creciente se estabiliza y alcanza su mayor nivel. Aunque es posible apreciar un leve descenso a partir de este último año, los combates por iniciativa de las FF.MM. continúan por encima de las acciones de los grupos irregulares. En lo que respecta el nivel de actividad armada de estas organizaciones, se aprecia un decrecimiento considerable a partir de 2002, tendencia que se estabiliza entre los años 2004 y 2005.

A partir de noviembre de 1998, cuando el Ejército recuperó Mitú, se comienza a registrar una serie de operaciones exitosas para la Fuerza Pública. A las acciones de julio de 1999 en Puerto Rico (Caquetá) y Puerto Lleras (Meta) se suma en agosto del mismo año una operación de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, en Hato Corozal (Casanare) en la que fueron dados de baja 45 integrantes de las FARC.

Hacia finales del año 2000, en el municipio de Suratá (Santander) la Fuerza Pública dio de baja a 72 miembros de las FARC y capturó a 136 más, con lo cual desarticuló una columna que había partido de la zona de distensión con el propósito de recuperar territorios bajo control de los paramilitares en el Magdalena Medio. Más tarde el Ejército cercó la región del Sumapaz, corredor estratégico de las FARC entre Bogotá y la ZD. En la operación fueron dados de baja 16 guerrilleros.

En febrero de 2001, en desarrollo de la operación Gato Negro en el departamento de Vichada que produjo la captura del narcotraficante Fernandiño, fueron dados de baja 19 integrantes de las FARC y 29 más fueron capturados. Posteriormente en mayo se adelantó la operación Tsumaní en Nariño, que produjo la baja de 12 guerrilleros de las FARC en el municipio de Barbacoas. Durante el mes de agosto las FF.MM. desplegaron una de las ofensivas más grandes en contra de las FARC en el suroriente colombiano, cuando fue interceptada en el departamento de Guaviare la columna Juan José Rondón, integrada por un elevado número de guerrilleros que había partido de la ZD con el fin de tomar por asalto Barrancominas (Guainía), propósito que resultó frustrado gracias a la intervención de la Fuerza Pública.

Si se analiza el significado de la ZD para las FARC mientras se adelantaron las conversaciones de paz, no cabe duda que este escenario tuvo un notorio impacto en la organización alzada en armas. Pero a la vez quizás se hayan sobrestimado las ventajas militares generadas por la zona para las FARC. Dada la baja densidad poblacional de la zona, es improbable que el reclutamiento haya sido significativo. En segundo lugar, la posibilidad de lanzar ataques desde la Zona de Distensión se convirtió más en una debilidad que en una fortaleza para el grupo insurgente, pues el monitoreo constante de la zona le permitió a las FF.MM. detectar los movimientos de las FARC, interceptarlos oportunamente y causarles fuertes derrotas. En tercer lugar, fue significativo el despliegue y esfuerzo militar que debieron realizar las FARC en la zona de distensión para garantizar la seguridad de los integrantes del Secretariado, los comandantes de bloque, y los miembros de la mesa de negociaciones y de la comisión temática, entre otros, situación que le restó movilidad. Lo anterior explica la reducción en los niveles de operatividad de las FARC registrados en los municipios vecinos a la ZD durante su vigencia.

A partir de 2002 es posible observar un cambio en las estrategias y los movimientos tácticos de los alzados en armas, en función de las modificaciones en la dinámica de la confrontación. La decisión del gobierno de Álvaro Uribe de enfrentar el desafío de la guerrilla con un mayor esfuerzo militar sobre las estructuras armadas, ha hecho que retomen de su experiencia anterior los comportamientos propios de la guerra de guerrillas y opten por el repliegue táctico hacia sus zonas de refugio, lo cual se expresa en una disminución operativa a nivel nacional.

Mientras compensan su inferioridad militar, las organizaciones guerrilleras han tenido que limitar sus propósitos a copar corredores estratégicos, recurriendo principalmente al minado de sus vías de acceso. La iniciativa armada de la insurgencia, más que expresarse en acciones de grandes proporciones, tiene como fin exasperar a la Fuerza Pública. El modus operandi de la guerrilla se caracteriza cada vez más por la realización de acciones intermitentes a través de pequeñas unidades que utilizan la táctica de golpear y correr, buscando reducir al máximo las bajas y los costos de operación, mientras que las FF.MM. tienen que redoblar sus esfuerzos para atender los múltiples incidentes que se producen ².

La actividad armada que los grupos insurgentes vienen produciendo sigue el principio de economía de fuerza . Tal como se observa en el (gráfico 3), la guerrilla realiza mayoritariamente sabotajes, hostigamientos y pequeñas emboscadas, acciones que implican para el grupo irregular un mínimo gasto militar y una elevada ganancia estratégica. La ganancia para la insurgencia se obtiene al agotar física y moralmente a las FF. MM., mediante la producción de acciones que multiplican los escenarios de la confrontación y dificultan la identificación del enemigo que en muy pocas ocasiones se presenta como un frente estático.

Al respecto conviene señalar que el empleo de métodos propios de la guerra de guerrillas se inscribe dentro del objetivo de los grupos insurgentes de asegurar el control de corredores estratégicos, áreas con recursos económicos y zonas de avanzada y repliegue, con el fin de garantizar su supervivencia en un entorno que les resulta adverso debido a la superioridad militar del Estado.

Las tendencias recientes en la evolución del conflicto armado evidencian que para la guerrilla, en las circunstancias actuales, el control de objetivos de carácter estratégico resulta prioritario, mientras que la consolidación de dominios territoriales ha pasado a un segundo plano. En ese sentido se explican los movimientos, formas de operar y la estrategia adoptada por los grupos guerrilleros, que consiste en no enfrentarse directamente a las fuerzas del Estado sino, por el contrario, en desgastarlas, acudiendo a las prácticas descritas anteriormente. Así la guerrilla no se expone a ser golpeada por unas Fuerzas Militares fortalecidas y mejor preparadas, y garantiza, en cambio, la conservación de sus fuerzas ³.

Si bien la insurgencia ha dejado de lado el enfrentamiento directo con el Ejército para evitar su derrota, optando por golpear indirectamente a su adversario mediante el sabotaje a la infraestructura económica y en ocasiones practicando el terrorismo en las ciudades, es preciso reconocer las limitaciones de esta nueva conducta.

Es cierto que la guerrilla ha identificado el sabotaje como una de sus principales armas de combate, en cuanto a través de una guerra de desgaste puede impedir la recuperación de su adversario, pero al mismo tiempo sabe muy bien que la obtención de los recursos necesarios para lograr sus objetivos de largo plazo depende de no impactar en forma significativa la economía del país.

La urbanización del conflicto en las condiciones actuales implica para la guerrilla el riesgo de hacerse militarmente vulnerable, por cuanto demandaría de su parte contar con los medios para controlar las grandes ciudades y enfrentar el escalamiento de la confrontación armada; situación que pondría en peligro su influencia sobre las zonas rurales estratégicas construidas a través del tiempo con grandes esfuerzos.

Así mismo, la carencia de capacidad de acción para adelantar la confrontación armada en escenarios urbanos hoy es mayor si se tiene en cuenta que en el año 2003 la retaguardia de las FARC en Cundinamarca fue fuertemente golpeada por el Ejército en desarrollo de la operación Libertad 1 ⁴. En consecuencia, los frentes 42, 22, 53, 54 y la columna Reinaldo Cuellar de esta organización, han dejado de operar en el departamento ante la ofensiva de la Fuerza Pública que, desde el mes de junio, libró un elevado número de combates que produjeron cuantiosas bajas y capturas e hicieron obligatorio el repliegue de estas estructuras armadas que venían tendiendo un cerco sobre Bogotá ⁵. Un duro revés para una organización como las FARC que había avanzado durante la década del noventa en su propósito de rodear los centros políticos, económicos y administrativos más importantes del país.

De otro lado, la operación Marcial en el Oriente Antioqueño, con amplios resultados, a partir de 2003 puso en niveles de precariedad tanto al ELN como a las FARC. Sin embargo, el escenario aquí es diferente, pues estas agrupaciones cuentan con retaguardias sólidas en el occidente antioqueño, el oriente de Caldas y norte del Tolima que les han permitido mantenerse.

En febrero de 2004 se dio inicio al Plan Patriota cuyo objetivo principal apunta a recuperar el control de un extenso territorio en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, considerado la retaguardia estratégica de las FARC. Desde esta zona, la organización guerrillera consigue gran parte de sus finanzas, dirige sus acciones y se encuentra la mayor parte del Secretariado. Al cumplirse los primeros veinte meses de la iniciativa, entre los resultados operacionales se destacan la destrucción de 906 campamentos y caletas con más de un millón de municiones, 1.500 armas de corto y largo alcance. Según las Fuerzas Militares, 442 guerrilleros han perdido la vida en desarrollo de los combates, y por lo menos 30 de ellos eran mandos medios, entre los que se encontraba el segundo comandante de la columna Teófilo Forero. No obstante, el golpe más duro que han recibido las FARC ha sido en términos de su logística y, en alguna medida, a la principal economía de guerra del Bloque Sur.

En síntesis, las tendencias observadas ponen de presente que el conflicto armado, en los últimos cuatro años se incrementó principalmente como resultado de los combates propuestos por la Fuerza Pública y no como consecuencia de las acciones producidas por iniciativa de las guerrillas. De aquí que entre 2002 y 2005 en 21 departamentos los combates por iniciativa de las FF.MM. superan los niveles de actividad armada de los grupos irregulares, siendo Antioquia, Meta, Santander, Cesar, Caquetá y Magdalena los departamentos donde la ventaja de la Fuerza Pública es ostensible, tal como se aprecia en el gráfico 7. Así mismo, a partir del año 2003 se produce una caída en el accionar de los grupos irregulares, aunque las FARC se han mantenido en niveles elevados, e incluso en 2005 registran un leve repunte, como consecuencia de la insistencia en los sabotajes contra la infraestructura y los hostigamientos, emboscadas y ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública. En el caso del ELN es notoria la reducción de sus acciones, aún en lo que se refiere a los sabotajes contra la infraestructura, en tanto que la iniciativa de la FF.MM. en su contra es cada vez mayor (Ver gráfico 2)(Ver gráfico 4).

II. Lógica de la violencia producida en el conflicto

El conflicto colombiano, al igual que otras guerras internas, ha entrado en un proceso en el que las víctimas de la violencia se producen mayoritariamente entre la población civil y no entre los combatientes armados. Según autores como Mary Kaldor, la violencia ejercida contra la población civil es uno de los rasgos más representativos de los conflictos armados contemporáneos o nuevas guerras , tal como los denomina esta académica del Reino Unido. En palabras de Mary Kaldor:

"Diversos comportamientos que estaban prohibidos en virtud de las reglas clásicas sobre la guerra y penalizados en las leyes sobre la materia a finales del siglo XIX y principios del XX, como las atrocidades contra la población no combatiente, los asedios, la destrucción de los monumentos históricos, etcétera, constituyen en la actualidad un elemento fundamental de las estrategias de las nuevas modalidades bélicas"^6-9.

Vale la pena contrastar esta característica de los conflictos internos recientes, con la visión clásica de distintos teóricos que destacan cómo los enfrentamientos entre grupos armados ocupan un lugar central en la evolución de la guerra. La idea de confrontaciones supone interacciones entre beligerantes y una repetición de los combates en el tiempo y el espacio que busca la reducción o parálisis de la voluntad de lucha del enemigo. Sin embargo, en los últimos cincuenta años las modalidades de la guerra se han extendido y las poblaciones, que son fuente de respaldo económico, político, moral y logístico, se han convertido al mismo tiempo en medios y objetivos de la confrontación armada. Tienen además un valor militar para los beligerantes que se esconden entre la gente que las conforman o las usan como escudo humano durante los combates y las enrolan para aumentar sus efectivos ¹⁰.

Los protagonistas del conflicto armado desencadenan una dinámica donde dirigen sus acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener su influencia sobre las posiciones en disputa se centran en la población. Entre 1997 y 2002, se registran masacres que se explican por la lógica de la expansión de los grupos paramilitares, inscrita en el propósito de crear un corredor que divida al norte del centro del país, uniendo Urabá con el Catatumbo, con el objetivo de iniciar las incursiones y la penetración de las retaguardias de la guerrilla en el sur y oriente, así como de sus zonas de expansión en el norte del país ¹¹.

En la disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla ha terminado imitando las prácticas de terror de los paramilitares y por ello recurre de igual manera a las masacres y a los asesinatos de civiles. Es así, como las guerrillas incrementan por momentos los asesinatos selectivos siguiendo a los grupos paramilitares que son los principales responsables de estas muertes. Aun cuando en la mayoría de los casos no se conoce el autor, la correspondencia entre la mayor intensidad con que se producen los asesinatos y los momentos en que los grupos paramilitares adquieren protagonismo evidencia la participación preponderante de este actor.

La insistencia en los asesinatos selectivos y masacres tiene el propósito de impedir la consolidación de los avances del enemigo, golpeando sus redes de apoyo, redes de informantes, familiares y milicias. Las matanzas pueden ser indiscriminadas. La lista en mano no es más que un sofisma, aunque en ocasiones sea cierta, pues más allá del interés de eliminar el apoyo del otro actor armado, está el demostrar a la población afectada o que ha convivido con éste, su incapacidad para defenderla y que, en consecuencia, puede ser mejor plegarse al nuevo actor que terminará sometiéndola bajo el terror.

Por ejemplo, en el mes de abril de 2002 se registró en Bojayá, departamento de Chocó, un enfrentamiento que produjo la masacre de 119 civiles, entre ellos 46 niños, en el fuego cruzado entre destacamentos de las autodefensas y las FARC. La población civil había buscado refugio en la iglesia de Bellavista, donde fueron alcanzados por un mortero hechizo de las FARC. También se produjo un número indeterminado de combatientes muertos entre los integrantes de las fuerzas irregulares.

La mayor parte de los pueblos y pequeños centros urbanos a lo largo de los ríos Atrato, Baudó y San Juan, cuentan con una elevada presencia paramilitar. A su vez los pueblos ubicados en sectores más altos, registran la presencia mayoritaria de los grupos guerrilleros, en especial de las FARC. Ambas fuerzas tienen puestos de control en los ríos y carreteras para impedir el movimiento de personas y productos ¹².

El enfrentamiento entre organizaciones armadas ilegales y las acciones que éstas dirigen contra los civiles explican los elevados niveles de homicidios; no hay al menos otra razón en relación con los cambios tan bruscos registrados en esta variable en contextos en que la guerrilla y los paramilitares luchan por el predominio. Por lo tanto, existe una elevada concentración de las muertes causadas por los protagonistas del conflicto armado en escenarios donde también son elevados los homicidios indiscriminados.

La elevada intensidad que adquiere la violencia entre 1998 y 2002 tiene una estrecha relación con el escalamiento del conflicto armado y la enconada disputa entre guerrillas y paramilitares tal como se colige de la información estadística contenida en el (gráfico 8) . En sentido contrario, la disminución de los homicidios registrada a partir de 2003 se relaciona con la culminación del proceso de consolidación de la presencia de los grupos paramilitares que dejan de recurrir a las masacres y los asesinatos selectivos, así como con el repliegue táctico de las guerrillas en escenarios regionales donde la Fuerza Publica logró retomar la iniciativa en la confrontación armada. De aquí la disminución en las tasas de homicidio entre 2003 y 2005 con respecto a las que se registraron entre 2000 y 2002 en Antioquia, Cesar y los santanderes (Ver gráfico 10).

Así mismo, es preciso llamar la atención sobre la información contenida en el (gráfico 9), donde aparecen los departamentos que registran incrementos en el número de homicidios entre 2003 y 2005, es decir, los que muestran una tendencia contraria a la observada a nivel nacional.

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En particular se destacan Nariño y Cauca, departamentos que se constituyen actualmente en el escenario de intensos enfrentamientos que involucran a las organizaciones guerrilleras, en particular las FARC y la Fuerza Pública. Se trata de uno de los focos más intensos de violencia al tratarse del epicentro de la guerra por el control estratégico en el suroccidente colombiano entre guerrillas y paramilitares por cuanto convergen allí corredores entre la Amazonía y el océano Pacífico, el Valle del Cauca y Ecuador. Por lo tanto, no resulta sorprendente que sea precisamente en estos departamentos, junto con el Huila que reviste un gran valor estratégico para la insurgencia por su ubicación geográfica ¹³, aquellos en los que las acciones de los grupos irregulares superan la iniciativa de las Fuerzas Militares en su contra, a la inversa de la tendencia nacional (Ver gráfico 7). En el caso del Tolima, aunque las FF.MM. tienen una clara ventaja con respecto a la guerrilla, este departamento vive una delicada situación de orden público que no puede ignorarse. A través del accionar de la guerrilla en los últimos años se evidencia el interés de las FARC por conservar un corredor estratégico hacia el Valle del Cauca, tal como lo pone de presente el ataque registrado en 2003 contra la población de San Antonio.

Adicionalmente, la región se caracteriza por su diversidad geográfica; cuenta con valles interandinos y selvas que se extienden desde la cordillera Central hasta el Pacífico. Este conjunto de características explican los elevados niveles de confrontación entre los grupos armados y la Fuerza Pública, así como la fuerte competencia entre guerrillas y paramilitares.

Con respecto a la interacción entre la guerra y los factores geográficos cabe señalar que la selva tiene un papel fundamental en el curso de los conflictos por cuanto constituye una formidable barrera natural que proporciona una ventaja estratégica para protegerse, disimularse, descansar y abastecerse mientras obliga a quien no la controla a dispersarse y a acudir a armamento ligero. Las zonas montañosas de difícil acceso son tradicionalmente los lugares de repliegue de los grupos armados que buscan sustraerse del alcance de las fuerzas que se encuentran a la ofensiva o lanzar ataques relámpago desde sus estribaciones antes de emprender la huida. Por su parte, las vías hidrográficas navegables sirven de soportes a la movilidad operativa, y a veces táctica cuando son el escenario de combates repetidos. Cumplen también con una función de aprovisionamiento y logística de primer orden en las economías de guerra ¹⁴.

De otro lado, al analizar las manifestaciones de la violencia asociadas al conflicto armado en la región de Montes de María en la Costa Caribe, se aprecia cómo, de forma similar a lo que ocurre en el suroccidente colombiano y a la inversa de la tendencia observada a nivel nacional, la actividad armada de la guerrilla supera la iniciativa militar de la Fuerza Pública en su contra. La elevada intensidad de la confrontación armada se encuentra estrechamente ligada a la presencia de la guerrilla y las autodefensas que pretenden lograr el control de corredores estratégicos, áreas con recursos económicos y zonas de avanzada y repliegue.

A partir de la segunda mitad de los años noventa se produce una serie rupturas en la región que explica las más recientes modificaciones en los movimientos, formas de operar y decisiones de las organizaciones irregulares. Una de estas rupturas en la confrontación corresponde a la ofensiva del Estado emprendida a partir de 2002 para retomar el control territorial en los municipios donde los grupos al margen de la ley cuentan con presencia histórica.

El 21 de septiembre de 2002 el gobierno nacional, al amparo del Estado de Conmoción Interior, que estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2003, declaró 26 municipios ubicados en los departamentos de Bolívar y Sucre como Zona de Rehabilitación y Consolidación del Orden Público, ZRC, con el propósito de asegurar el control del territorio. Del primer departamento se tomaron: Arroyo Hondo, Calamar, Carmen de Bolívar, Córdoba, El Guamo, Mahates, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano. Del segundo se tomaron: Buenavista, Colosó, Corozal, Chalán, El Roble, Galeras, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Onofre, San Pedro, Sincé, Sincelejo y Tolú Viejo. Estos, 15 municipios pertenecen a la región de Montes de María, un nudo de colinas y valles que se ha constituido una zona de gran valor estratégico para los grupos armados ilegales.

En la década del setenta la región fue identificada por los grupos alzados en armas como un área de refugio. En la primera mitad de los años ochenta la insurgencia desarrolló trabajo político entre la población, aprovechando la frustración del movimiento campesino de los años setenta. Desde finales de los años noventa las FARC, el ELN, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, se disputan con las autodefensas el dominio sobre esta zona por la importancia que tiene como refugio y corredor vital para la movilización en la Costa Caribe. Así mismo, la posibilidad de obtener recursos para su financiamiento a través del secuestro y la extorsión a ganaderos y agricultores, por un lado, y del comercio ilícito de drogas, por otro lado, ha hecho que sea una zona codiciada por los grupos irregulares.

L as AUC iniciaron desde finales de 1997 en toda la región de Montes de María un proceso de incursión y posicionamiento territorial. Entre el río Magdalena y la carretera Troncal de Occidente se establecieron, actuando como estructuras armadas y uniformadas que se financiaban mediante el cobro de vacunas a ganaderos, hacendados y comerciantes, junto con los recursos provenientes del narcotráfico. Rápidamente estos grupos se extendieron hacia el Canal del Dique donde vinieron a amparar la ampliación de los dominios del narcotráfico y la exportación de droga a todo lo largo de la Costa Atlántica.

La disputa entre las guerrillas y los grupos de autodefensa en esta región se explica ante todo por la búsqueda del control estratégico de posiciones vitales para cada uno de los protagonistas de la confrontación armada. Aunque la región no es importante para el cultivo de ilícitos, sí lo es para el tráfico de droga producida en la Serranía de San Lucas y el Bajo Cauca antioqueño. En efecto, aprovechando la disposición del relieve y las numerosas corrientes que fluyen a los ríos San Jorge y Cauca y finalmente al río Magdalena, la coca procesada sale del país por el litoral Caribe.

La elevada intensidad de la violencia en esta zona corresponde al propósito de los actores en competencia de controlar posiciones geográficas, corredores naturales y el sistema vial, en particular la carretera troncal que atraviesa la zona. El Carmen de Bolívar es el municipio más codiciado en la disputa armada por cuanto es el centro económico más importante y, además, resulta esencial en la logística y obtención de recursos para las organizaciones al margen de la ley.

En respuesta a la ofensiva de las Fuerza Pública, las FARC han desarrollado, en cercanía a los centros poblados, hostigamientos frecuentes contra las unidades militares de la Fuerza Pública. Así mismo, para evitar golpes contundentes la guerrilla ha optado por replegarse y actuar dividida en pequeños grupos. Otras formas de adaptación a las nuevas realidades militares consisten en el minado de los accesos a sus zonas de refugio y la realización de acciones de terrorismo en las zonas urbanas. Con estas acciones las FARC han buscado, por un lado, compensar su inferioridad militar y, por otro lado, que el Ejército disminuya la presión en áreas rurales vitales para su supervivencia y se concentre en la vigilancia de los cascos urbanos. Durante el año 2004 las bajas de la Fuerza Pública en este teatro de operaciones ocurrieron ante todo por el uso de minas antipersonal y no en confrontación directa con los grupos irregulares. En 2003, aunque el uso de estos artefactos era corriente, se registraron igualmente ataques a unidades militares y de la Policía Nacional, y el 24 de junio tuvo lugar en Carmen de Bolívar una emboscada tendida a una patrulla de la Infantería de Marina en el sector Loma de los Chivos en la que 15 de sus integrantes perdieron la vida.

Sin lugar a dudas la declaración de la región de Montes de María como ZRC el 21 de septiembre de 2002 - la cual estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2003 - le permitió a la Fuerza Pública producir un quiebre en la dinámica de la confrontación armada. Dentro del conjunto de medidas que hicieron posible retomar la iniciativa en la confrontación armada por parte del Estado, se destacan el incremento del pie de fuerza en la zona con más policías y soldados campesinos en los cascos urbanos, el restablecimiento de la Fuerza Pública en Colosó y Chalán, así como la entrada en operación de cinco escuadrones contraguerrilla. Adicionalmente, la entrada en operación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Caribe hacia comienzos de 2005, incrementó el pie de fuerza al sumarse a la Infantería de Marina tropas del Ejército y el apoyo aéreo-táctico de la Fuerza Aérea. Teniendo como objetivo principal lograr el control sobre el extenso territorio de los Montes de María, se introdujo un esquema de coordinación entre las diferentes fuerzas bajo un solo mando responsable de la dirección de las operaciones militares.

III. Implicaciones en el proceso de negociación

Las posibilidades de lograr la paz deben interpretarse a partir del estado del conflicto armado. Esto es lo que se concluye de un estudio sobre la solución de los conflictos internos en los últimos cincuenta años ¹⁶que apoya la hipótesis según la cual la duración y la intensidad de las guerras favorecen el inicio de las negociaciones, mientras que las condiciones de madurez, como el empate militar, parecen ser determinantes para que tales negociaciones culminen con éxito. Así mismo, la experiencia internacional sobre procesos de paz exitosos sugiere que en la medida en que las elites consideran que sus intereses económicos se encuentran seriamente amenazados y, que por lo tanto estarían mejor protegidos con una solución negociada que ponga fin al conflicto armado, se produce un cambio decisivo que lleva a la dirigencia a abandonar su oposición inflexible a la salida política y a considerar las reformas como la opción más conveniente ¹⁷.

Durante los diálogos con el gobierno de Andrés Pastrana, se puso al descubierto que las FARC se encontraban muy lejos de una negociación en firme ¹⁸. En el cuatrienio anterior, durante el proceso de paz, los comandantes de las FARC aseveraron: "Nosotros no tenemos nada que negociar, es el establecimiento el que tiene que decir qué cambios va a realizar".

Con esta afirmación se evidencia cómo desde su perspectiva política e ideológica, esta guerrilla desconfía profundamente de la clase dirigente colombiana; le apuesta a la profundización de las contradicciones y la insurrección popular; considera que no existe democracia en Colombia y por tanto no se puede garantizar su participación en política y menos el ejercicio legal a la oposición; tiene la percepción de que el entorno latinoamericano y en particular el de los países vecinos les es menos desfavorable; piensa que las experiencias de negociaciones con otros grupos armados en Centroamérica y en Colombia han sido un fracaso; y finalmente, la polarización actual le genera más desconfianza y más desprecio. Por consiguiente insistirá en la confrontación que, de acuerdo con sus cálculos, le permitirá aumentar su poder hasta alcanzar el equilibrio estratégico con el Estado para allanar el camino de la negociación.

La estrategia militar de la administración Uribe Vélez se ha propuesto como objetivo principal lograr el control territorial del suroriente del país combatiendo a los frentes guerrilleros que cuentan con una presencia histórica en esta región. Al cabo de 2 años la estrategia pareciera haber llegado al tope de sus posibilidades al no haber logrado el desmantelamiento de las principales estructuras armadas ni la captura o la baja de los principales comandantes de las FARC. Esta guerrilla, por su parte, ha sacado provecho de la aglutinación de las operaciones militares en Caquetá, Guaviare y el sur del Meta, protagonizando a partir de 2005 varias acciones contra la Fuerza Pública en escenarios diferentes al del Plan Patriota.

A finales del 2005 en Vista Hermosa (Meta) 300 guerrilleros de las FARC atacaron por sorpresa a 90 miembros del Ejército dejando como saldo 28 integrantes de la Fuerza Pública muertos. El incidente se constituye en uno de los mayores reveses militares ocurridos durante el actual gobierno. La guerrilla aprovechó la confusión generada cuando la compañía de soldados cayó en un campo minado para lanzar el ataque, en el que utilizaron cilindros bombas y ametralladoras ¹⁹.

El paro armado en Arauca y los ataques producidos en el suroccidente colombiano, así como en los departamentos de Putumayo y Chocó indican que el teatro de la guerra está cambiando y que la guerrilla pretende diluir el mayor esfuerzo militar desplegado por el Estado en el suroriente del país. En el Putumayo la situación ha sido particularmente crítica como consecuencia de los reiterados ataques de las FARC contra la infraestructura energética. En el Chocó, por su parte, según lo informó El Tiempo , el 17 de diciembre de 2005 cerca de 800 guerrilleros de las FARC atacaron con pipetas y morteros a San Marino, corregimiento de Bagadó. En la incursión ocho policías murieron y cerca de 35 fueron reportados como desaparecidos. San Marino contaba con estación de Policía desde hace diez meses ²⁰.

En cuanto a la sociedad colombiana, no parece existir en su interior un consenso claro ni a favor de la solución negociada ni en apoyo a la vía militar para superar el conflicto armado, tal como lo sugieren los sondeos realizados desde mediados de 2001. En pleno proceso de paz, 53% de los ciudadanos estaba a favor del diálogo y 41% en contra. En julio de 2003, las personas a favor del diálogo representan un 48%, contra 47% que apoyaban la vía militar. Al observar la evolución de la opinión en este intervalo, se puede concluir que hay un 36% que se mantiene firme con el diálogo, mientras que el 41% se mantiene en la posición favorable a la aplicación de la mano dura ²¹. En otras palabras, de 5 colombianos 2 están a favor del diálogo, otros 2 a favor de derrotar a la guerrilla, y 1 se moverá de un extremo al otro dependiendo de las circunstancias del momento. A un año de concluir el gobierno Uribe Vélez, es ostensible el apoyo a las acciones de fuerza contra la guerrilla y los paramilitares, incluida la extradición de sus principales cabecillas. Sin embargo, los entrevistados están de acuerdo con el proceso que se lleva a cabo en Santa Fe Ralito y estarían dispuestos a extender esta política a la guerrilla. En efecto, el 73% apoyaría un diálogo con las FARC, y el 59% vería con buenos ojos el intercambio humanitario ²².

Por su parte, las elites económicas del país, que durante la administración Pastrana Arango manifestaron su interés en mantener la vía del diálogo para lograr una solución negociada, al comienzo del gobierno de Álvaro Uribe creen que es posible derrotar militarmente a la guerrilla. Un sondeo realizado en noviembre de 2002 mostraba que el 69% de los líderes empresariales entrevistados consideraba que en la solución del conflicto debía privilegiarse la vía militar, 74% estaba de acuerdo con el impuesto de 1.2% al patrimonio para el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y 89% respaldaba la creación de una red de cooperantes e informantes de apoyo a la Fuerza Pública ²³. Al cumplirse el tercer año del cuatrienio Uribe Vélez el 28.7% de los empresarios es partidario del inicio de conversaciones con las FARC por parte del gobierno en los próximos doce meses. Esto muestra que la posición de derrotar militarmente a la guerrilla sigue siendo mayoritaria como mecanismo para conseguir la paz, pese a que cerca de la tercera parte de los empresarios encuestados esperan que se concrete eventualmente una opción de diálogo con este grupo guerrillero ²⁴.

Luego de analizar el estado actual del conflicto armado, los cambios en la conducta de sus principales protagonistas y las posibles implicaciones en el proceso de negociación, es claro que en Colombia las estrategias y los movimientos tácticos de las organizaciones guerrilleras se han venido modificando en función de los cambios experimentados en la dinámica de la confrontación armada.

Por lo tanto, a pesar de los resultados positivos en la lucha contra la guerrilla gracias a la ampliación de la capacidad operativa y de inteligencia del Estado, es preciso reconocer que difícilmente se conseguirá el sometimiento de los alzados en armas por la vía militar. Los resultados obtenidos en este campo deben interpretarse como una contribución a la creación de las condiciones para negociar la terminación de la guerra, por cuanto permiten contener la expansión de la guerrilla y bloquear el acceso a sus principales fuentes de financiamiento, con lo cual la solución política del conflicto se convierte en una opción.

Ante la ofensiva de la Fuerza Pública, la guerrilla dejó de lado la lógica estricta de control territorial para seguir la lógica más amplia del control estratégico. Mientras que el control territorial tiene como objetivo mantener el dominio, a través de cualquier medio, del territorio y de su población, el control estratégico selecciona los medios necesarios para consolidar la posición de cada actor frente al enemigo en el conjunto de la guerra.

Como se infiere de lo que se ha dicho aquí, los grupos en competencia buscan sorprender a su adversario con el propósito de agotarlo gradualmente. Desde luego, como advierte Eric Lair, lo inesperado no es una garantía de éxito o parálisis total del enemigo, pero permite minar su capacidad de respuesta y su moral.

Si bien la insurgencia ha dejando de lado el enfrentamiento directo con el Ejército para evitar su derrota, optando por golpear indirectamente a su adversario mediante el sabotaje a la infraestructura económica y la intensificación del terrorismo en las ciudades, es necesario reconocer el alcance y las limitaciones de esta nueva conducta. En efecto, la guerrilla ha identificado el sabotaje de la economía como el centro de gravedad del conflicto, en cuanto a través de una guerra de desgaste puede impedir su recuperación y por tanto la de su enemigo, pero al mismo tiempo sabe muy bien que la obtención de los recursos necesarios para lograr sus objetivos depende de no afectar de manera grave y significativa la economía nacional.

En cuanto a l a urbanización del conflicto en el momento actual implica el riesgo bastante serio para la guerrilla de hacerse militarmente vulnerable, por cuanto demandaría de su parte contar con los medios para controlar a largo plazo las grandes ciudades y enfrentar el escalamiento de la confrontación armada, situación que pondría en peligro su influencia sobre las zonas rurales estratégicas construida a través del tiempo con grandes esfuerzos.

No obstante, vale la pena resaltar que no debe subestimarse el objetivo de extender el conflicto armado a las ciudades por parte de las organizaciones guerrilleras. La expansión a las ciudades podría ser el medio utilizado por la guerrilla en el futuro para adquirir una mayor capacidad de negociación sirviendo de sustento a una demanda de mayor participación en el poder.

En suma, la elevada capacidad de adaptación de los alzados en armas a las nuevas realidades militares, que les ha permitido insistir en la confrontación armada pese a la prevalencia de un entorno adverso e incierto, hace que se corra el riesgo muy alto de subestimar hacia el futuro la capacidad de transformación e impacto del conflicto. La localización de los actores armados, el aprendizaje estratégico logrado, la precariedad relativa de sus fuerzas y sus interacciones con la población civil llevan a pensar en un conflicto estable, dotado de un orden propio y poco tendiente a una solución militar inmediata.

Cabe recalcar que ante el optimismo manifiesto en el país en términos de lograr la derrota militar de la guerrilla, los mayores esfuerzos del Estado dirigidos a transformar la visión positiva que los insurgentes conservan de la continuación de la guerra deben estar acompañados de una clara disposición de las elites a efectuar concesiones , con lo cual estarían madurando las condiciones para avanzar hacia el logro de la solución negociada del conflicto .

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