Marcia Esparza

RESUMEN

La Guerra muchas veces de carácter fraticida entre sectores de la población maya en Guatemala (1962-1996) ha dejado secuelas impresas en el tejido social. En mi investigación, que incluye el trabajo de campo para la Comisión de la Verdad auspiciada por las Naciones Unidas en ese país (1997-1998), fui testiga de la destrucción de lazos de confianza y solidaridad, componentes claves en el soporte de la identidad comunal indígena. Mi estudio muestra cómo la persistente militarización produce que los sectores más empobrecidos de la población rural busquen al Ejército, como guardián de sus comunidades.

Palabras clave: Violencia contemporánea, Guatemala, control militar, comunidades maya.

SUMMARY

The fratricide war between sectors of the Mayan population in Guatemala (1962-1996) and the permanent militarization has left sequels printed in the social tissue. In my research, that includes the work of field for La Comisión de la Verdad supported by the Nations United in that country (1997-1998), I was witness of the destruction of confidence bows and solidarity, key components in the support of the communal identity.. My study shows how the persistent militarization produces that the most impoverished sectors from the rural population, look for the Army like the guardian of its communities.

Introducción

En Guatemala, la guerra entre 1960 y 1996 que cobró un carácter fraticida entre sectores de la población maya del altiplano, y la violenta militarización de la que estos sectores fueron objeto, han dejado profundas secuelas impresas en el tejido social. En mi experiencia de investigación, que incluye mi trabajo de campo para la Comisión de Esclarecimiento Histórico (2), o Comisión de la Verdad (3), auspiciada por las Naciones Unidas en ese país (1997-1998), fui testigo de la destrucción de lazos de confianza y solidaridad entre campesinos indígenas, cohesión clave para la reproducción social de la identidad comunal indígena.

Mis responsabilidades con la Comisión de la Verdad incluyeron tomar testimonios en Santo Tomás de Chichicastenango, poblado por el pueblo Maya K'iché, una de las municipalidades en la región de El Quiché (4). Al poco tiempo de comenzar las entrevistas con las víctimas y con los sobrevivientes de la guerra, detecté que solamente las comunidades ubicadas al lado este de Chichicastenango solicitaban a la Comisión (5) llegar a sus poblados para la recolección de testimonios. La solicitud la realizaban organizaciones de base, por lo general de derechos humanos, tales como, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), o la Coordinadora de Viudas de Guatemala (Conavigua).

Cuando finalicé mis obligaciones con las Naciones Unidas, regresé a Chichicastenango, o Chichi, como los lugareños le llaman, (1999-2000) para explorar por qué las comunidades del lado oeste habían rehusado a dar sus testimonios (6). Los resultados de mi estudio son perturbadores. Este demuestra como en tiempos de paz (luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno y la guerrilla, URNG en 1996), el ejército continúa controlando las organizaciones sociales y el ejercicio del poder en algunos sectores de la población de Chichicastenango.

Este ensayo identifica, describe y analiza, a través de las voces de colaboradores del ejército, representantes de la iglesia católica, defensores de derechos humanos y promotores de salud, cómo la militarización es perpetuada por las autoridades locales y los grupos de base. Así, se fortalece la polarización entre grupos y familias, que apoyan al ejército y aquellos que están en contra (7).

Basado en el estudio de un municipio específico, Chichicastenango, este ensayo intenta demostrar que la persistente militarización logra como efecto que los sectores más empobrecidos de la población rural busquen el apoyo del ejército. Paradójicamente, este mismo ejército fue responsable del genocidio perpetrado, según la CEH, en contra de los grupos maya-q'anjob'al, maya-ixil, maya k'iché y maya-achi (1978-1983). En estas comunidades la autoridad uniformada es percibida, valorada y respetada como guardián de sus comunidades, institución que los apoya para resolver problemas de infraestructura, como la construcción de un puente. El ejército ha logrado inculcar una lógica militar, es decir, revertir el orden social de las comunidades, donde el poder indígena-civil está, gracias al miedo provocado por las masacres y privilegios recibidos por aquellos que asumieron posiciones de autoridad, perpetuamente subordinado al poder militar.

1. Militarización de mentes y corazones

La militarización de las comunidades indígenas mayas guatemaltecas, durante la guerra de 36 años (1960-1996), se llevó a cabo de dos formas: la primera, mediante campañas de contrainsurgencia destinadas a aniquilar el apoyo social (8) a las fuerzas guerrilleras de izquierda, URNG (CEH 1999; REHMI 1998; Figueroa 1991; Jonas 1991; Le Bot 1987). Estas campañas incluyeron las llamadas estrategias de tierra arrasada, bajo las dictaduras de los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983), que ocasionaron más de 600 masacres (asesinatos extrajudiciales colectivos), desapariciones forzadas, violaciones sexuales y saqueos de las comunidades. La segunda forma de control social fue el manto de militarización impuesto sobre la población rural con el reclutamiento y la cooptación de campesinos indígenas en grupos paramilitares o milicias, las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil, o PAC, o Comités Voluntarios de Defensa Civil (9).

Así, las PAC emergieron oficialmente en 1982 (10), aunque sus acciones como grupos paramilitares ya se hacían sentir desde antes, en algunos lugares en 1981, como uno de los mecanismos diseñados por el ejército para militarizar la vida cotidiana de la población rural (CEH 1999, IV; REHMI 1998, I), con diversos efectos sociales en las comunidades del altiplano. Para lograr la participación activa de grupos de campesinos indígenas de apoyo al ejército, este recurrió a la manipulación psicológica del miedo al enemigo interno, ideología que se debe a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) surgida en los Estados Unidos durante la Guerra Fría (11). Para McClintock (1985), la participación indígena en el control de sus propias comunidades es similar al sistema de seguridad organizado en el siglo XIX y en el período colonial.

es difícil disociar la violencia estructural y la violencia política. Lo ocurrido durante el período del enfrentamiento armado puede resumirse como un proceso donde el radio de exclusión y la noción del "enemigo interno" se volvieron cada vez más amplios para el Estado. El restringir así arbitrariamente a la ciudadanía y sus derechos democráticos fue justificado con la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que se convirtió en Guatemala en razón de ser del ejército y en política del Estado (CEH, cap. 1: 83).

Así, todos los hombres adultos, y también los niños, fueron oficialmente reclutados (12) por el ejército para las Patrullas, con el fin de capturar a todos y todas aquellas personas percibidos como el enemigo interno, o mala gente, según fue adoptado el concepto localmente (13).

El reclutamiento de un millón de campesinos indígenas para las Patrullas de Autodefensa Civil (CEH 1999; REHMI 1998) significó la infiltración del ejército en el corazón de la vida comunitaria de sectores del pueblo k'iché en Chichicastenango. Según Jim Handy (1984: 276):

A través de las patrullas civiles, los comisionados militares (14) y el ejército tenían agarradas a las organizaciones de base de las comunidades. Organizaciones de desarrollo autónomas que no fueran controladas por el ejército fueron decapitadas. El ejército, siempre obsesionado con el control sobre áreas rurales, ha alcanzado un nivel de supervisión que sobrepasa el control que se logró bajo el gobierno del General Ubico en los 1930 (traducción mía).

Adoctrinamiento psicológico e ideológico: tareas de los patrulleros

Las tareas de seguridad realizadas por los patrulleros fueron diversas y, a la vez, clave para que el ejército pacificara a las comunidades indígenas. Los patrulleros "instalaban garitas, retenes y se colocaban en puntos estratégicos como los puentes colgantes y vehiculares, para solicitar documentos de identificación y permisos a quienes se movilizaban de un lugar a otro" (CEH, cap. 2: 192). La información recabada era luego llevada a destacamentos y zonas militares, particularmente a los oficiales de la Dirección de Inteligencia. Los patrulleros tenían la facultad de detener a sospechosos y restringir horarios de entrada y salida de las comunidades. Muchas veces la persecución de sospechosos/as iba mas allá de sus comunidades, al ser rastreados por patrulleros de sus comunidades o de otras –así se logró con éxito la red de informantes insertados en las comunidades–. Según la CEH, el ejército buscaba la conformación de una red de informantes, de cómplices, que a "bajo costo" (CEH, cap. 2: 185) participara en aniquilar la base social del movimiento guerrillero y en implantar una mentalidad militarizada (Baró, 1994), de obediencia vertical.

Este sistema, irónicamente, fue alternado con una especie de ayuda para el mejoramiento de las comunidades, instaurando una suerte de doble labor. Además de su trabajo de implantación militar, los patrulleros también fueron utilizados como mano de obra en la reparación de carreteras. Esta labor dual acarreó divisiones entre los grupos comunitarios, que estaban polarizados con respecto a su apoyo a las patrullas. Para algunos de mis entrevistados, l os que estaban con el ejército, con las patrullas, eran los "super machos" (15). Otro entrevistado por la CEH comenta, "las patrullas cambiaron la mentalidad de la gente, nos trajeron muchos problemas y mucho dolor, no fue cierto que eran para salvar la vida sino para matar a nuestros propios hermanos… nos quedó dentro mucha violencia que a veces nos sale… todos estamos enfermos por lo que nos mandaron hacer" (CEH, cap. 2: 188, C 2990, 1982, Chichicastenango, Quiché). Según otro testimonio sobre la polarización, uno de los efectos de la militarización por medio de las patrullas se explica de la siguiente forma: "La organización de las PAC ocasionó divisiones en el interior de las comunidades, no sólo entre las personas que estaban a favor o en contra de una de las partes del enfrentamiento, sino entre los patrulleros y los pobladores que no querían involucrarse en operaciones armadas" (CEH, cap. 2: 191).

Complicidad con el ejército en los crímenes cometidos y desarticulación del poder local

Los patrulleros participaron en el 18% de las violaciones a los derechos humanos denunciados por la CEH. De estas, 85% fueron realizadas en conjunto con el ejército, y en el 15% de los abusos, las PAC actuaron autónomamente (CEH, cap. 2: 227). Testimonios recolectados por la CEH (1999) y REHMI (1998) dan cuenta de la extrema crueldad con que arremetieron contra sus propios vecinos, los nuevos líderes de las PAC.

Ellos [quienes organizaron las patrullas] tenían tres años de ser comisionados militares y daban órdenes a las PAC. Para los rastreos, los mayores de 45 años se quedaban en la aldea cuidándola y a los jóvenes los llevaban para cometer los asesinatos. Cuando se hacían matanzas, el jefe de las PAC obligaba a los jóvenes a comer el cerebro de las víctimas, él da el ejemplo y se los come. [Él] decía "deben ser hombres y no simples indios", él daba el ejemplo (CEH, cap. 2: 224, C 16073, marzo 1982, Chinique, Quiché).

Jacques Sémelin (2005) explica esta crueldad como un componente del mecanismo de deshumanización, a través del cual los victimarios logran establecer la barrera psicológica y emocional necesaria para aniquilar a sus víctimas. La arbitrariedad de los jefes de patrulla, la discrecionalidad en cuanto a las sanciones que imponían, contribuía a esta barrera donde, por parte de los patrulleros, era importante llevar a cabo el deber. Por ejemplo, instruidos por el ejército, los patrulleros construyeron fosas donde introducían a los desobedientes, y replicaron métodos de tortura "aprendidos de los miembros de la institución armada" (CEH, cap. 2: 211).

O tro de los efectos de las PAC en las comunidades, fue la desarticulación del poder local tradicional comunitario. Esto se dio con la ca ptación de líderes tradicionales. Según la CEH, "la desestructuración de los propios sistemas de autoridad y control indígenas posibilitaba la dependencia de las comunidades frente a las estructuras y mandos militares, las hacía vulnerable frente a ataques y las reestructuraba en función de una lógica militar" (CEH, cap. 2: 190). De esta forma, autoridades tradicionales, como consejos de ancianos y alcaldes auxiliares, cayeron "ante la implantación de los jefes de patrulla" (CEH, cap. 2: 196) que impusieron su voluntad por encima de las estructuras de base civil y local.

Irónicamente, la CEH además establece que el terror vivido condujo a que las comunidades se acercaran a la zona militar o destacamento para solicitar la organización de las patrullas en sus comunidades:

Principalmente en las áreas rurales más alejadas del país, la única posibilidad que les quedaba a las comunidades era precisamente inscribirse en las patrullas, por lo que en muchos casos las autoridades o líderes acudían a la zona militar o al destacamento militar más cercano a solicitar su incorporación. La mayoría de testimonios insisten en que la organización fue obligatoria y que no tenían otra alternativa, pues la vida peligraba si se oponían a la participación en esa agrupación (CEH, cap. 2, p. 197).

A unque el reporte final de la CEH, Guatemala Memoria del Silencio, explícitamente reconoce que las respuestas de las comunidades durante la guerra (16), en particular a la creación de las patrullas civiles, no fue, en ningún caso, uniforme, escasamente se ha explorado por qué algunas comunidades tuvieron más éxito en rechazar el reclutamiento para las PAC. Si bien es cierto que el miedo a perder a sus familiares y sus bienes materiales, ante los "delincuentes subversivos", es decir, colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, según la propaganda militar, y el miedo al castigo por no participar fueron los elementos que articularon la organización de las PAC, también es posible que incentivados por privilegios concedidos por el ejército, hubiera jefes de patrullas reclutados voluntariamente. En el caso de las comunidades del lado oeste de Chichicastenango, la organización de las PAC tomó fuerza al encontrarse con campesinos k'iché dispuestos a colaborar y a seguir obedientemente las órdenes del ejército. Mi trabajo de campo indica que en Chichicastenango, las comunidades del lado oeste, las más pobres, marginales y aisladas fueron las más vulnerables a la manipulación (17). Estos testimonios hacen referencia a los privilegios obtenidos a través del ejército:

las comunidades se acercan a pedir apoyo, por ejemplo, para introducción de agua potable. El ejército les provee de personal técnico y tuberías... mientras espero, se acerca la comunidad de Xatinap... según el mayor, ellos tienen la capacidad de recursos h umanos. (Representante Oficina de Asuntos Civiles del Ejército, El Quiché, julio 2000).

En Guatemala hay que recordar que hay un trauma de guerra, nosotros dejamos de jugar un papel importante pero el ejército tiene sus estructuras, incluso pagan a su inteligencia, tenemos un compa ñ ero que es promotor de salud, que le dan aceite, arroz, es alimentación por trabajo. Este se ñ or se va al destacamento todos los finales de mes, él dice que cada comunidad tiene su representante… (Defensor Derechos Humanos, El Quiché, julio 2000).

2. Después de la guerra: en las manos del ejército

En otras comunidades, como fue el caso de algunas del lado oeste de Chichicastenango, esto no ha sido posible. En esta zona, la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional continúa perpetuando el miedo colectivo a un supuesto enemigo interno, criminalizando cualquier esfuerzo de organización autónoma, independiente del ejército. En las palabras de un informante clave, representante de la iglesia católica,

[sobre la militarización] bueno es una estructura que permanece subterránea que son los representantes de amigos del ejército, ex-comisionados y ex-jefes de patrullas, que por voluntad propia continúan colaborando con el ejército… (Representante iglesia católica, Ciudad de Guatemala, mayo 2000).

El ejército, guardián de las comunidades indígenas

A pesar de que durante mi trabajo de campo fue imposible obtener un perfil socio-económico, es decir, un censo específico de los cantones, o comunidades –otra evidencia del abandono del Estado a estas comunidades–, las entrevistas confirman que el lado oeste del municipio sufre de precarias condiciones económicas. El estar más alejado de la carretera Interamericana que cruza El Quiché, limita las posibilidades para el comercio de sus escasos productos agrícolas o artesanales. Es en estas comunidades donde existe una percepción distorsionada del ejército, mediada por las precarias condiciones económicas de la población. Un informante, en Chichicastenango, comenta:

...la gente a veces no lo valora, la gente te critica por ser militar, pero ellos no conocen en sí, cual es la verdadera vida que vive un militar, y cual es el verdadero sentido que te mueve, a ti no te importa si te tienes que tomar un café o son las tres de la mañana para salir a cumplir una orden militar, nosotros gracias a Dios, yo me siento muy contento porque ahora siento a mis hijos, tengo dos varones, uno se llama Juan y el otro José, y les cuento mis historias, por supuesto que sin lujos de detalles ellos no me las van a entender, las hazañas que vivimos, aguantar frío, pasar frío, dormir bajo de un árbol, comer bulbos, para resumirte, conocer las diferentes plantas medicinales que están en Guatemala, conocer lugares bellísimos que tiene Guatemala, una naturaleza preciosa, una fauna y una flor que es envidiable, te digo fueron 9 años. Por último trabajé con asuntos civiles relacionados con los patrulleros civiles, gente muy decidida a colaborar con Guatemala (Chichicastenango, julio 2000).

La permanente relación entre representantes del ejército y las comunidades del lado oeste ayuda a crear una imagen redentora de la institución militar que, irónicamente, contribuyó a su parcial aniquilamiento. En las palabras de un entrevistado,

desde antes donde se inició la patrulla, cuando inicio eso yo soy patojo [ni ñ o] todavía, bueno inició eso fue en al año 82-83 cuando hicimos ese servicio [de patrullas], esa organización y por el momento ahí estuve también en nuestra comunidad y la verdad esa organización tiene cuatro encargados de ese cantón y cada quince días vienen esos encargados a hacer pláticas o retroalimentar de parte del ejército.

Otro informante comenta,

la realidad, pues ahí nuestros compañeros dicen que la orientación que da el ejército es respecto a unas personas a educar a una persona que no robe que no mate, eso es lo único, o sea que no cometan cosas de abuso que no pasen sobre la ley sino que se tiene que trabajar. Si hay un ladrón agárrenlo solo amarrado y no lo peguen, eso es lo único, y es una gran ayuda que nos dio el ejército, porque fíjese que ahí con nosotros no hay gentes que asalten, por el momento ni una vez, bueno hay unas mujeres y hombres que roban gallinas, pero eso no es asalto. Por que hay veces que hemos escuchado que en muchos cantones asaltan en sus casas llevan varias cosas y eso es la única ayuda que nos dio el ejército y todavía estamos organizados ahora.

[Gracias a las patrullas] Se aprende poco a poco […]. Entonces los pequeños aprenden. Lo mismo nos pasó a nosotros cuando ingresamos a nuestros cargos no teníamos experiencia y ahora sí tenemos un poco de más experiencia [de patrulleros] (Chichicastenango, junio 2000).

En el caso de los k'iché de Chichicastenango, ¿por qué logra la militarización perpetuar esta doctrina en algunas comunidades, mientras que en otras no? Una mirada histórica indica que un elemento articulador y de cambio de gran influencia fue la Teología de la Liberación que, mediante el trabajo de la Iglesia Católica, se implantó en algunas comunidades de Chichicastenango. El trabajo de Richard Wilson con los q'eqchi, en el departamento de Alta Verapaz, también muestra que con anterioridad a la guerra, las agencias internacionales de cooperación solo favorecían aquellas aldeas que tenían mejor acceso a la carretera principal y a mercados. Esto resultó en que cuando llegó la violencia, ellas estaban desprovistas de un elemento de cambio que les permitiera reconocer la importancia de resistir la militarización (Wilson, 1995: 209-210). Tal como las comunidades q'eqchi, las comunidades del oeste de Chichicastenango eran "generalmente introvertidas, insulares, ensimismadas…" ( Ibíd. : 209) excepto cuando se establecían alianzas con el ejército.

Un elemento que sirvió de contrapeso en este proceso de doble rasero fue, sin duda alguna, la iglesia católica y la Teología de la Liberación. Rowland (1999) afirma que catequistas católicos ayudaron a modelar nuevas luchas sociales lideradas por los sectores marginados (18). Este fue el elemento catalizador de concienciación para que la población indígena participara activamente en la guerra. El mensaje de la Teología de la Liberación, que se basa en las enseñanzas de Jesús, apoyó la resistencia a la opresión y marginalización teniendo de este modo gran influencia en motivar a algunos sectores de la población rural maya a incorporarse a los grupos armados de izquierda. Pero el éxito de este movimiento no fue rotundo. En unas áreas tuvo aceptación mientras que en otras comunidades, el mensaje de esta doctrina no logró impactar a la población por diversas razones.

Las comunidades del oeste de Chichicastenango en su mayoría están alejadas de la carretera principal, lo que obstaculizó, en gran medida el acercamiento de los catequistas de Acción Católica. En palabras de un entrevistado, "[las comunidades del lado oeste de Chichicastenango] que se resisten al cambio... [son] las más pobres... gente que no tiene acceso, que llegan con cuatro manzanas y dos ajos y cebollas al mercado..." (Representante iglesia católica, diciembre 1999). La evidencia sugiere que el proceso de toma de consciencia (Freire 1973; Fanon 1967; Baró 1994) necesaria para evaluar los efectos negativos de la militarización, solo tuvo una resonancia esporádica en las comunidades el oeste debido a su aislamiento geográfico.

Una segunda hipótesis histórica plausible es que, el lado oeste del municipio tenga una historia de colaboración con el ejército, que se remonte a mucho antes de que la violencia llegara a las comunidades del sur de El Quiché durante la década de 1970 (19). De acuerdo con un informante clave, las milicias en Chichicastenango se forman a finales del siglo XIX para pacificar las revueltas por la tenencia de la tierra que se producían en ese entonces.

Para las comunidades del lado oeste, el ejército, aún en tiempos de paz, es percibido como el guardián de sus familias y comunidades. Esta paradoja, donde el subalterno ha internalizado al opresor como su liberador, ha sido ampliamente analizada en la literatura del colonialismo y del poscolonialismo (Fanon 1967; Memmi 1965). Memmi, por ejemplo, ha observado que para explicar esta paradoja psicológica y social, en la que el subalterno reproduce los lazos de dependencia con el dominante, es necesario entender "…que la ideología de la clase gobernante es adoptada en gran medida por la clase gobernada" (Memmi, 1965: 88, traducción mía). Como dice un catequista católico, de la Diócesis del Quiché:

Me sorprendió que durante el día Nacional del Ejército (junio 30) cuando yo regresaba de Chicha, el desfile militar finalizaba… Entonces vi muchos campesinos indígenas, mujeres corriendo detrás del ejército, sin zapatos, muy pobres, marchando detrás de los soldados. ¿Por qué siguen al ejército? Me pregunto si cambiarían de opinión, si estuvieran en conocimiento de lo que el ejército hace (Chichicastenango, junio 2000).

Carentes de un "diálogo crítico y liberador" (Freire, 1972: 52) con catequistas y vecinos convertidos por la Teología de la Liberación, y con una mentalidad colonizadora, donde los valores dominantes, violentos, han sido internalizados, sectores k'iché de Chichicastenango del lado oeste hicieron caso a rumores falsos sobre el acecho del enemigo interno a sus comunidades. Siguiendo la lógica del miedo y de la desinformación crítica, buscaron a la institución que está en permanente contacto con ellos para salvaguardarse: el ejército guatemalteco. Un representante de la Asociación de Amigos del Ejército (ex-patrulleros), formada desde 1985, comenta,

– por esto es que yo aprecio a mi ejército, y continúo siendo parte de él… Sé que no estoy haciendo nada malo a mi comunidad, sé que los estoy protegiendo, a mi familia y a mis hijos…

– Es mi espíritu, siento que estoy uniformado. El uniforme en sí no significa nada para mí, lo importante es mi espíritu… (Chichicastenango, junio 2000).

Lo cierto es que, aún después del cese oficial del conflicto armado, en estas comunidades, las organizaciones comunales y el poder local siguen bajo el control de la zona militar número 20. Esta persistente militarización limita la creación de espacios de base de poder público, donde las necesidades de las comunidades se vean gestionadas independientemente de los intereses de la doctrina militar, al crear un puño invisible de tenaz control sobre la población indígena.

El resultado final es la normalización de la violencia como método de resolución de conflictos, donde linchamientos y amenazas en contra de defensores de derechos humanos, continúan produciéndose en la posguerra. El ejército ha logrado transformar algunos valores k'iché tradicionales y ha implantado una cultura de militarización ( Nordstrom, 1997), donde la obediencia ciega, sin cuestionamientos al autoritarismo es perpetuada. De esta forma, la polarización necesaria para que se den enfrentamientos violentos se manifiesta aún en tiempos de paz. Tal y como lo ha establecido la literatura sobre genocidio, resulta imprescindible estudiar aquellas condiciones sociales que cimientan las bases para la violencia genocida. Kuper (1981), por ejemplo, ha establecido que en aquellas sociedades con profundas desigualdades y divisiones, es más probable que vuelvan a ocurrir los genocidios o la violencia masiva. La internalización de la militarización y la violencia, hacen de los maya una población vulnerable a estos hechos destructivos.

COMENTARIOS

2. Las negociaciones de paz entre el estado guatemalteco y la URNG dieron como resultado diversos acuerdos. Entre ellos, el Acuerdo de Oslo, que a su vez da origen a la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca.

3. Sobre una visión global de las Comisiones de la Verdad, ver Priscila Hayner ( 2001).

4. El Quiché fue duramente castigado por las políticas de tierra arrasada, particularmente durante los años del genocidio (1978-1983).

5. Retrospectivamente, muy pocas comunidades llegaron hasta la oficina de la Comisión ubicada en el centro de El Quiché, en Santa Cruz, más que nada por la falta de dinero para el transporte, particularmente las mujeres, las viudas, que las llevara a entregar sus testimonios. Esto hizo que los investigadores nos movilizáramos y llegáramos a comunidades aisladas del centro, una oportunidad de visitar estas remotas poblaciones que dudosamente se volverá a repetir.

6. Apéndice 1, presenta las masacres que fueron documentadas en Chicha. Como se puede apreciar, solo una masacre fue recogida a través de testimonios en el lado oeste.

8. Estrategia también conocida como "quitarle el agua al pez" bajo el supuesto de que la población civil era el sustento social de la guerrilla.

9. Para esto se organizó la Compañía de Asuntos Militares, que a su vez coordinó la Sección de Asuntos Civiles y Desarrollo Comunitario (S-5). Esta división dependía directamente del comandante de cada zona militar. Para Chichicastenango, municipio ubicado en la parte sur de El Quiché, la zona militar #20 estuvo a cargo de la división. La misión de la S-5 era gestionar el desarrollo y dirección de las operaciones militares-psicológicas con el propósito de reorganizar el poder local (REHMI 1998). De esta forma, durante la guerra, las unidades S-5 distribuyeron ayuda, medicina y comida a las comunidades indígenas.

10. A partir del inicio del Plan de Campaña Militar, Victoria 82, donde se dan los lineamientos que deben seguir los patrulleros.

11. Para un minucioso detalle de los orígenes y aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en Latinoamérica, ver los trabajos de Patrice J. McSherry, por ejemplo.

12. Estudios sobre reclutamientos de niños en guerras, han encontrado que los niños soldados provienen de los sectores más humildes y pobres de la sociedad. Ver Brett y Specht (2004).

13. Según algunos de mis informantes, el enemigo interno resonó profundamente con elementos culturales k'iché. Ver el trabajo de Wilson (1995).

14. Los comisionados militares eran civiles, por lo general ex-soldados, cuya misión era el reclutamiento de jóvenes para el ejército. Servían como informantes y colaboradores (llamados también "orejas" para el ejército. Esta figura social nace en Guatemala en 1939 (CEH, cap. 1).

15. Entrevista Saquillá, 2000, Chichicastenango, El Quiché.

16. El tema de los espacios que las comunidades lograron abrir para resistir el terrorismo de Estado ha recibido particular atención dentro de la literatura antropológica. Ver, por ejemplo, los trabajos de Sanford (2003) y Green (1995).

18. Como resultado de este proceso catalizador surgen una diversidad de asociaciones y organizaciones, tales como, la Acción Católica Rural Obrera (ACRO), la Juventud Obrera Católica (JOC) y el Frente Estudiantil Social Cristiano (FESC), por nombrar algunos (CEH, cap. 1: 140).

19. Jim Handy (1984) ha encontrado en su investigación que milicias indígenas eran empleadas para suplir demandas liberales del control de la mano de obra y de las tierras.

Apartado 1: Listado de Masac res en Santo Tomás de Chichicastenango.

Masacres durante la violencia (1978-1983), documentadas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH 1999, X), según testimonios de víctimas, sobrevivientes y testigos oculares de los hechos.

Comunidades del lado este

Caso 15043, 1980, 25 personas, Chuguexa

Caso 2111, junio 1980, 28 personas, Lacama III

Caso 16272, julio 1980, 60 personas, Agua Escondida

Caso 2871, octubre 1980, 8 personas, Chupol

Caso 16255, agosto 1981, 26 personas, Chuguexa

Caso 2993, octubre 1981, 4 personas, Sacpulub

Caso 2994, noviembre 1981, 4 personas, 4 personas, Tzanimacabaj

Caso 2363, noviembre 1981, 24 personas, Chontolá

Caso 11512, febrero 1982, número de víctimas desconocido, Chupol

Caso 2106, marzo 1982, 7 personas, Lacama I

Caso 16274, abril 1982, 13 personas, Agua Escondida

Caso 2854, julio 1982, 50 personas, Chuguexa

Caso 2832, agosto 1982, 5 personas, Chucalibal

Caso 11, septiembre 1982, 43 personas, Chipacá I

Caso 2996, diciembre 1982, 5 personas, Tzanimacabaj

Comunidades del lado oeste

Caso 2990, agosto 10, 1982, 18 personas, Mactzul

REFERENCIAS

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