RESUMEN
Los golpes de Estado no son hechos puntuales en la vida política de un país, sino que se encuentran estrechamente vinculados y condicionados por la dinámica social y política de una nación, viniendo a ser la manifestación concreta de ciertos patrones de conflicto ya arraigados en la sociedad. Tal como ha propuesto Jesús De Andrés, la gestación y desarrollo de los golpes de Estado pueden ser estudiadas a través de la identificación de las coyunturas, los procesos enmarcadores y la organización propiamente dicha del golpe como tal. En el presente estudio se sigue esta metodología para caracterizar los tres golpes de Estado que formalmente han tenido lugar en Venezuela durante el período 1989-2004, vinculando su irrupción con la evolución de los patrones de conflicto que han marcado a esta nación durante las últimas dos décadas. Se concluye que mientras los golpes de 1992 modifican el patrón de conflicto, logrando a la postre articular uno nuevo, el golpe del 2002 constituye el resultado frustrado de un movimiento social que surge como respuesta a ese nuevo patrón de conflicto.
Palabras clave: golpes de Estado, patrones de conflicto, Venezuela.

SUMMARY
Coups d’êtat are not punctual events in the political life of a country, but situations closely linked and conditionate by the social/political dynamic of a nation, so being the practical materialization of patterns of conflict already installed in the society. As proposed by Jesús De Andrés, the origins and performance of coups d’êtat may be studied through the identification of its situations, framing processes and organization. This essay follows that methodology in order to briefly approch the three coup d’êtat that have taken place in Venezuela between 1989 and 2004, linking its irruption with the evolution of the patterns of conflict that signed the nation thoroughout the last two decades. As conclusion, the author thinks that 1992 coups modified the pattern of conflict, even articulating a new one, while the 2002 coup was the frustrated outcome of a social movement that emerged as a response to that new pattern of conflict.
Key words: coup d’êtat, patterns of conflict, Venezuela.

ANTECEDENTES. LA DEMOCRACIA DEL PACTO DE PUNTO FIJO Y EL "CARACAZO".
Venezuela consolidó un sistema democrático estable a partir de 1958, a través de la instalación de lo que se ha denominado un "sistema populista de conciliación de las élites" (2). Los principales sectores sociales de la época (militares, empresarios, sindicatos, partidos políticos e Iglesia) pactaron las bases del nuevo sistema político mediante una serie de acuerdos que conocidos bajo la denominación genérica de "Pacto de Punto Fijo". La equidistancia que la joven democracia venezolana asumió entre las dictaduras derechistas del continente y los movimientos subversivos de izquierda afianzó su talante moderado, protagonizado por una serie de gobiernos de perfil predominantemente socialdemócrata que lograron abrir el sistema político para las mayorías.
Sin embargo, el hecho de que todo el sistema estuviera sustentado en la abundante renta petrolera constituyó su talón de Aquiles. El crecimiento de la población, el endeudamiento interno y externo del Estado, la creciente burocratización, el incremento cuantitativo y cualitativo de la pobreza, la escasa competitividad y productividad de las empresas venezolanas y la corrupción de los partidos tradicionales, así como los progresivos desajustes económicos, fueron haciendo que la gente, desde inicios de la década de los ochenta, fuera perdiendo confianza en el sistema hasta extremos alarmantes.
El derrumbe del muro de Berlín y la supremacía indiscutida de los Estados Unidos determina la configuración de un período de transición en la política internacional, con innumerables consecuencias para los países del Tercer Mundo. El fin de la influencia soviética, el Consenso de Washington y la hegemonía del libre mercado, entre otros, son factores de nuevo cuño que ocasionaron el cambio de los equilibrios de poder en el ámbito de las relaciones internacionales.
En 1988 resultó elegido presidente, por segunda vez, Carlos Andrés Pérez (AD), quien durante su primer gobierno (1973-78) fuera uno de los abanderados de la sustitución de importaciones en América Latina, pero que en cambio optó en los años noventa por una política económica distinta, de corte más liberal. Pérez implementó la apertura a los mercados externos y apostó por un programa económico "de choque", en vez de uno gradual, al tiempo que implementó medidas sociales de carácter compensatorio. La introducción de este modelo económico tomó por sorpresa a la sociedad venezolana, dado que Pérez (quien era conocido por su estilo populista, su carisma y su fuerte liderazgo en el seno del partido), era popularmente identificado con la situación de los años setenta, de gran bonanza económica para Venezuela debido a la crisis mundial de los precios del petróleo en esa década. Su nueva agenda económica no fue verdaderamente negociada con los demás sectores sociales, y ni siquiera dentro de su propio partido. ]]> Las respuestas a estas medidas, particularmente al aumento del precio de la gasolina, no se hicieron esperar. En la mañana del 27 de febrero de 1989, disturbios y saqueos sacudían la ciudad dormitorio de Guarenas, vecina a Caracas. El fenómeno se extendió como la pólvora por otras zonas de la ciudad capital, y para el día siguiente se registraban graves incidentes en muchas ciudades del país. Los medios de comunicación registraron y transmitieron imágenes en directo de lo que ocurría en las zonas más afectadas. La salida del ejército a la calle para reprimir los desórdenes resultó una medida especialmente severa; las cifras oficiales hablan de alrededor de 400 muertos, pero cifras extraoficiales hablan de varios miles.
Desde entonces la estabilidad del recién electo gobierno quedó seriamente afectada. El acoso de la prensa se hizo desde entonces incesante, su propio partido no lo apoyaba, las clases populares resentían el peso de la represión del 27 y 28 de febrero y buena parte del sector industrial rechazaba la nueva necesidad de competir abiertamente con mercancías extranjeras más baratas que las suyas, al haber perdido buena parte de la protección estatal del mercado interno. Si bien el sector comercial registró un auge impresionante, el clima que se vivía en general era de descontento y de deslegitimación de los partidos y de la política en general.

IMPLICACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS DE "EL CARACAZO"
Las fechas del 27 y 28 de febrero de 1989 representan un hito de ruptura en el imaginario colectivo venezolano. Ese país de Iberoamérica que había logrado consolidar una importante y próspera clase media, que se había distinguido por conquistas sociales de importancia y por mantener una respetable democracia en medio de feroces dictaduras que oprimían la región, pasó súbitamente a conocer el miedo a la división social, la represión estatal y la inseguridad ciudadana como hechos cotidianos. Febrero de 1989 significó una repentina y traumática toma de conciencia de las fallas de un sistema político basado en la satisfacción de los diversos sectores organizados de la sociedad mediante el reparto de la renta petrolera recaudada por el Estado. La sociedad estaba dominada por unos partidos políticos descomunales y aparatosos, cuya influencia directa alcanzaba casi todas las organizaciones de la vida pública del país, que habían extendido sus redes clientelares por todo el Estado, haciéndolo ineficiente y desmesurado. La administración estatal del recurso petrolero en un sistema presidencialista había otorgado a pequeños grupos la posibilidad de administrar un gigantesco poder, difícilmente controlable por la sociedad y por los organismos de contrapeso que había en el sistema (3).
El país constató de manera traumática el malestar de amplios sectores de la sociedad que se sentían desfavorecidos, marginados y no representados en el sistema democrático vigente, que claramente constituían la mayoría. Por un lado las clases bajas, que por una u otra razón pagaban la mayor parte de las consecuencias de un sistema político ineficiente, clientelar, corrupto y rentista. Por otro, las clases medias, frustradas en sus aspiraciones económicas, tampoco se sentían representadas por los vigentes partidos políticos y se acostumbraron a ver la política con desprecio y a identificar lo público con los partidos políticos, debido a la omnipresencia de las organizaciones partidistas en todos los ámbitos de la vida pública del país. Tampoco las élites manifestaban particular entusiasmo y adhesión al sistema político de aquel momento.
El Estado venezolano se encontraba además en medio de una delicada fase de reestructuración, debido al proceso de descentralización administrativa que preparaba la administración de Pérez. Por primera vez los venezolanos comenzarían a elegir nominalmente a sus autoridades locales más importantes: gobernadores, alcaldes y concejales. Este proceso puso a prueba la capacidad del ejecutivo nacional para mantener el control de un proceso de cambios económicos y sociales demasiado acelerado. La presión de los medios de comunicación, no sólo sobre el ejercicio presidencial de Pérez y sus colaboradores, sino también con respecto a todo el sistema político en general, era considerable. El clima de malestar general creó condiciones propicias para desencadenar situaciones aún más complicadas.

1992: DOS GOLPES DE ESTADO "CLÁSICOS"
Fue entonces cuando entró en escena Hugo Chávez, un militar recientemente ascendido al grado de teniente-coronel en el ejército venezolano. La madrugada del 4 de febrero de 1992, luego de que Pérez llegara de la reunión del Foro de Davos en Suiza, varios componentes militares asaltaron La Casona (residencia del presidente) y el palacio de Miraflores con varias tanquetas blindadas. Participaron también un par de Brigadas de Paracaidistas que comandaba el propio Chávez, quien estuvo a cargo de las operaciones en Caracas, mientras que otros oficiales controlaban exitosamente diversas instalaciones militares en Maracay (sede oficial del ejército), Maracaibo (segunda ciudad en importancia en Venezuela y sede principal de las actividades petroleras) y Valencia (principal ciudad industrial del país). Pero las fallas de comunicación entre los diversos componentes golpistas y la presencia de un delator en Caracas los condenaron al fracaso. Además, las operaciones en Caracas resultaron infructuosas porque el presidente Pérez logró escapar de Miraflores y dirigirse a la nación a través de la televisión en la madrugada, con lo cual demostró estar a salvo y continuar al frente de la presidencia. Horas más tarde los golpistas de Caracas se rindieron.
Según los testimonios del propio Chávez y otros militares rebeldes, éstos decidieron abortar la intentona ante por las fallas de comunicación, algunos errores de coordinación y la falta de apoyo popular. El hecho de que nadie en las calles manifestara su apoyo al golpe fue, según Chávez, una de las causas de su rendición (4). Ciertamente, el golpe tomó por sorpresa a mucha gente en Venezuela, incluido el gobierno, ya que los indicios acerca del movimiento subversivo fueron menospreciados; a pesar de que los informes internos de las Fuerzas Armadas habían venido dando cuenta de manera reiterativa de la actividad irregular de ciertos componentes, no se tomaron medidas al respecto. Ya en la mañana, a Chávez le dieron la oportunidad de dirigirse al país por televisión para pedir la renuncia de aquellos compañeros suyos que todavía no se hubieran rendido. Sus palabras más famosas en aquel momento ("...por ahora, nuestros objetivos no han sido cumplidos [...] asumo la responsabilidad") y su imagen quedaron grabadas en el imaginario colectivo venezolano. En un país en el que nadie parecía asumir la responsabilidad de nada, ver a un enjuto oficial asumiendo la responsabilidad de su golpe fracasado cautivó la imaginación de muchos.
El núcleo del movimiento golpista se había fundado en 1982, bajo la denominación de EBR-200 ("...por Ezequiel Zamora, Bolívar y Rodríguez, en cuanto a la trilogía del árbol de las tres raíces. Y además significa Ejército Bolivariano Revolucionario y 200 por el marco del bicentenario de Bolívar..." (5)), luego MBR-200. Involucrados en la conspiración había tanto civiles como militares, especialmente algunos conocidos políticos, militantes de la izquierda venezolana más radical. El movimiento había ido logrando ganar adeptos dentro de las Fuerzas Armadas hasta conformar un grupo notablemente numeroso (6), tanto que el sistema político se mostraría luego muy timorato para procesar a los golpistas por temor a que se produjesen más sublevaciones. Los fallos de la Corte Marcial que se constituyó para juzgar a los militares rebeldes fueron disueltos por la Corte Suprema de Justicia, y el propio Chávez se negó a asistir a los tribunales a reconocer los cargos que se le querían imputar. ]]> El 27 de noviembre de 1992 se produjo un nuevo golpe de Estado. Hugo Chávez ha reconocido ser el "promotor" de la segunda insurrección, dado que desde la cárcel había seguido en contacto con los militares rebeldes que no habían sido descubiertos en la primera intentona (7). Esta vez la iniciativa estuvo a cargo, principalmente, del Contralmirante Hernán Gruber Odreman y del General Francisco Visconti, e incluyó la participación de aviones de combate que lanzaron bombas sobre el palacio de Miraflores y otras zonas de Caracas. Los militares alzados lograron tomar las instalaciones de emisión de las principales cadenas de TV públicas y privadas, y lograron transmitir un famoso video en el que unos civiles y militares, fusil en ristre, afirmaban tener control de la situación y estar instaurando un nuevo gobierno. Sin embargo, este golpe también fracasó. Nuevamente la gente se quedó en sus casas, contrariamente a lo que esperaban los insurrectos, y por segunda vez los problemas de comunicación impidieron que fructificaran sus acciones armadas. Algunos de los protagonistas fueron arrestados, pero otros, incluido Visconti, lograron escapar a Perú, donde el gobierno de Alberto Fujimori les otorgó asilo.

INTERPRETACIÓN TEÓRICA DE LOS GOLPES DE ESTADO DE 1992 EN VENEZUELA
Los dos golpes militares de 1992 permiten distinguir la presencia de oportunidades políticas, estructuras de movilización y procesos enmarcadores, elementos habitualmente empleados para el estudio de movimientos sociales pero que Jesús De Andrés ha adaptado y aplicado al estudio de los golpes de estado.
Veamos en primer lugar la coyuntura u oportunidad política que facilitó la ejecución de los dos golpes de estado. Las consecuencias que tuvo "El Caracazo" para la vida social y política de Venezuela en los 90 se tradujeron en un ambiente de gran malestar social con respecto al sistema político. La situación internacional marcada por los lineamientos del Consenso de Washington, la nueva agenda económica que el gobierno de Pérez implementó de manera repentina y sin consensuar políticamente, el descontento que ello generó en muchos sectores sociales, la consiguiente represión del 27 y 28 de febrero de 1989, y los cambios significativos en la reestructuración del Estado (proceso de descentralización) fueron los factores clave que configuraron una coyuntura u oportunidad política muy definida para el desarrollo de los golpes de estado de 1992.
En segundo lugar, por proceso enmarcador golpista se entiende el "universo de significados compartidos y los conceptos mediante los que los individuos definen su acción. Por tanto hay que definir los esfuerzos estratégicos que, de forma consciente, organizan una valoración positiva de la utilización de un golpe de Estado considerándolo legítimo, necesario e inevitable"(8). Aquí hay que distinguir entre los elementos de la opinión pública favorable al golpe (sobre los cuales termina apoyándose el MBR-200) y los del discurso manejado y promovido por los propios actores del golpe, así como calibrar el grado de vinculación entre ambos.
Con respecto al primer elemento, y tal como ya lo hemos mencionado anteriormente, era notable la ligereza con que tanto la gente de la calle como miembros de la clase dirigente y la intelectualidad venezolanas se mostraron, sino proclives, por lo menos tolerantes con la idea de un golpe de estado como vía plausible para intentar solucionar los males que aquejaban a la democracia venezolana. Reputados políticos, periodistas y académicos, coqueteaban con la idea de lograr soluciones de fuerza, mientras era frecuente escuchar en la calle el discurso que diversos sociólogos califican como de "la mano dura".
En cuanto al discurso manejado por los actores del golpe, es posible hacer una caracterización bastante completa. En las entrevistas que el historiador Agustín Blanco Muñoz hizo a Hugo Chávez antes de que éste accediera a la presidencia, queda en evidencia la naturaleza del discurso de los militares golpistas. El MBR-200 es un movimiento netamente militar, a pesar de sus conexiones con civiles, que había venido conspirando desde 1977; esto tiende a condicionar su idea acerca de la política, que considera plausible el uso de la violencia cada vez que sea "necesario". A lo largo de las entrevistas, Chávez deja en claro su confianza en la acción, pacífica o violenta, como vía de definición y materialización de un modelo alternativo a la democracia liberal y a la socialdemocracia, sin considerarse a sí mismo comunista ni marxista pero manifestando su abierta simpatía hacia el régimen de Fidel Castro, y autocalificándose de nacionalista y antiimperialista. Esta cierta ambigüedad ideológica que expresó Hugo Chávez durante varios años le permitiría posteriormente granjearse el apoyo de actores y sectores sociales muy diversos.
Chávez dijo frases como las siguientes, en relación con el 4F: "Esta era la concepción, crear el vacío de poder, y nosotros mismos llenarlo"(9); "...un gobierno o régimen especial, no puede ser un gobierno producto de elecciones y con acuerdos entre los poderes. Nada que intente superar ese modelo de democracia liberal, que para nosotros ya murió, puede provenir de elecciones"(10); "la democracia es como un mango, si estuviese verde hubiese madurado. Pero está podrida y lo que hay que hacer es tomarla como semilla [...] Hay que revisar a fondo el concepto de democracia y debemos oír todavía la voz de Simón Rodríguez: hay que inventar modelos, inventar formas"(11). También señaló al diario Cronista Comercial de Buenos Aires, el 20 de agosto de 1992, que "todo está listo para una guerra civil en Venezuela". Chávez también admite tomar los planteamientos del sociólogo argentino Norberto Ceresole (que participó en la rebelión de Velazco Alvarado en Perú), quien le buscó para implementar su idea de una confederación sudamericana. El predominio del componente militar en el MBR-200 es algo que luego se ha manifestado en la composición del gobierno de Chávez, donde es notable la gran cantidad de cargos públicos otorgados a miembros del mando castrense.
Se observa entonces la presencia de un descontento generalizado con la clase dirigente en particular y con el sistema político y la democracia en general, así como un movimiento gestado en el seno de las Fuerzas Armadas, más radical que cualquier fuerza política presente en el espectro político venezolano, suficientemente ambiguo en el plano ideológico como para capitalizar el amplio descontento social, y dispuesto a emplear las armas para configurar un orden diferente. Aunque la gente no apoyó abiertamente los golpes, entre otras cosas porque éstos tomaron por sorpresa a la sociedad venezolana, sí hubo un proceso de identificación progresiva, hasta el punto de que Hugo Chávez logró ganar las elecciones presidenciales de 1998. Los actores políticos que protagonizaron los golpes de 1992 capitalizaron al máximo una situación estructural crítica y un discurso generalizado que desvaloraba la democracia.
Tercero, la estructura de movilización u organización del golpe se gestó casi por completo dentro de las Fuerzas Armadas, respondiendo por tanto a una mentalidad típicamente castrense. El origen clandestino y militar del movimiento constituye una característica fundamental que ha dejado su impronta en el estilo de gobierno del presidente Chávez. En los términos usados por Panebianco (12), se trataría del "modelo originario" que da origen al MVR, partido creado por Chávez para acceder a la presidencia. El componente civil del movimiento no jugó un papel importante durante los golpes, con lo cual recayó toda su responsabilidad sobre los componentes militares. Chávez, quien ha sostenido que contaba con al menos 10% del ejército en 1992(13), había planteado incorporar a civiles en acciones armadas, copiando la organización de los Batallones de la Dignidad que Noriega había preparado en Panamá(14), pero el plan no se materializó.

1998. FIN DE LA DEMOCRACIA "PUNTOFIJISTA" Y ASCENSO DE HUGO CHÁVEZ AL PODER.
En mayo de 1993, Pérez destituido de la presidencia y relevado durante 30 días por el presidente del Congreso, Octavio Lepage, y luego por el historiador Ramón J. Velásquez (designado por el propio Congreso) hasta el término del período. En diciembre resultó electo Rafael Caldera, de 78 años, vencedor por un escaso margen de votos y liderando una variopinta coalición de socialistas y socialcristianos que encabezaba el joven partido Convergencia. Caldera se mostró en un primer momento convencido de la necesidad de cambiar la agenda económica implementada por Pérez, sustituyéndola por otra que no tuviera un impacto tan fuerte sobre los sectores sociales más desprotegidos. Sin embargo, desde un principio el panorama se le presentó desolador, ya que el volumen y las condiciones de la deuda pública eran mucho mayores de lo sospechado y el enorme e ineficiente aparato burocrático del Estado venezolano, herencia de décadas de clientelismo político, ameritaba una modernización urgente. Además, la fractura en el seno de la institución militar constituía una seria amenaza para la viabilidad de todo el sistema democrático. La liberación de los presos involucrados en los golpes de 1992, previo sobreseimiento de sus casos, fue una de las primeras medidas relevantes, que permitió a los militares alzados en 1992 entrar de lleno en la vida política nacional.
Las reformas económicas que Caldera tenía en mente se vieron truncadas a raíz de la quiebra del sistema bancario nacional en 1994, que fue intervenido por el Estado y paralizó la vida económica nacional por dos años. El impacto inflacionario fue notable y mermó bruscamente el poder adquisitivo de los venezolanos. Caldera comprendió a mitad de su gestión que el peso enorme de las deudas que lastraban al Estado y la crisis financiera impedirían la puesta en marcha de su programa económico inicial, y se vio obligado a elaborar un nuevo programa económico. A ello habría que sumar la debacle de los precios del petróleo durante los años 1997 y 1998, cuando el barril llegó a cotizarse a US$8. ]]> La descomposición de los partidos políticos tradicionales ya se había manifestado claramente en la elección de 1993, cuando los principales candidatos compitieron fuera de sus maquinarias. Los principales candidatos fueron Hugo Chávez, del Movimiento Quinta República (MVR), y Henrique Salas Römer, empresario y exgobernador del estado Carabobo. Mientras que Chávez se iba revelando como un líder carismático, punto de encuentro de una multiplicidad de fuerzas políticas principalmente izquierdistas, Salas se presentó una imagen fría y conservadora. Chávez consiguió la victoria con cerca de un 55% de los votos válidos, mientras que Salas obtuvo poco más del 39%. Esta superioridad fue muy homogénea a lo largo del territorio nacional.

ARTICULACIÓN DE UN NUEVO CONFLICTO: POLARIZACIÓN SOCIAL EN VENEZUELA.
Sin que ello estuviera contemplado en la constitución de 1961, Chávez logró convocar un referéndum en el cual se preguntó a la población si convocaba la realización de una Asamblea Constituyente. Los votantes aprobaron la propuesta y se dio paso entonces a unos comicios para nombrar a los miembros de dicha Asamblea, mientras el país se mantenía sumido en un "período de transitoriedad" durante el cual todos los cargos públicos fueron considerados provisionales. Los 131 encargados de redactar la nueva constitución fueron elegidos por la población a través de un sistema mayoritario y no proporcional, circunstancia que, unida a la homogénea popularidad con la que contaba Chávez en casi todos los circuitos electorales, determinó que sus candidatos lograran más del 90% de la representación en la Asamblea Constituyente. Así, la nueva constitución no se fundó sobre un amplio consenso político, sino que estuvo hecha a medida de una parcialidad política, circunstancialmente mayoritaria y aglutinada en torno a un líder carismático.
Con la nueva constitución se suprimió la figura del Senado (circunstancia peculiar en un país de constitución supuestamente federal), los altos mandos militares pasaron a ser nombrados directamente por el presidente y no por el Congreso, se crearon los poderes Ciudadano y Electoral (aparte de los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y el mandato presidencial pasó de 5 años sin reelección a 6 años con posibilidad de reelección. Todas las ramas del poder público nacional quedaron tuteladas por el oficialismo. Con la nueva constitución aprobada en referéndum en diciembre de 1999, el nuevo Congreso otorgó al presidente poderes extraordinarios para gobernar en casi todas las materias por decreto, y a finales del 2001, 48 leyes que afectaban considerablemente aspectos tales como la propiedad privada o la libertad de expresión fueron promulgadas por decreto presidencial en pocos días, sin negociar con la oposición ni permitir que se conocieran previamente.
Durante ese tiempo, el discurso presidencial se había ido haciendo cada vez más duro y polémico, marcado por una retórica sobre la lucha de clases y que distinguía a los venezolanos entre "oligarcas" y "patriotas". Obviamente, los oligarcas eran quienes se oponían a su proyecto, mientras que los patriotas eran los que lo apoyaban. Los "oligarcas" se convirtieron en culpables de todos los males de la sociedad venezolana, y por lo tanto se hacía necesario combatirlos sin descanso. El presidente Chávez comenzó a multiplicar sus alocuciones públicas, obligando a menudo que fueran transmitidas conjuntamente y en directo por todas las emisoras de radio y TV que operan en el país, algo que alimentó su enfrentamiento con los medios de comunicación privados, que incrementaron sin cesar el tono de sus críticas al gobierno.
La falta de diálogo con el sector empresarial y con los sindicatos (en buena medida todavía controlados por Acción Democrática) generó un enorme rechazo al gobierno por parte de éstos. Los intentos de reformular la educación pública, tanto a nivel escolar como universitario, fueron percibidos como amenazas por los sectores medios de la población, que temían el desarrollo de una política educativa destinada a adoctrinar a los jóvenes. La acelerada promoción de cuadros militares, mediante la cual se jubilaba a una serie de miembros del alto mando y se ascendía a oficiales fieles al presidente Chávez, así como la asignación a las Fuerzas Armadas de una serie de tareas que los llevaban a tener poder en el ámbito civil, generó no pocas inquietudes en el seno de la institución castrense. La provisionalidad de cerca del 80% de los jueces, herencia del "período de transitoriedad", también generaba desconfianza. Una parte significativa de la sociedad, constituida fundamentalmente por la clase media (buena parte de la cual le había dado su apoyo en 1998 y 1999) y la clase alta, comenzó a movilizarse poco a poco para expresar su rechazo al tipo de gobierno que estaba implementando el presidente, teniendo como detonante la promulgación por decreto de 48 decretos-leyes. Desde entonces, la conflictividad política y social en Venezuela comenzó a cobrar matices completamente inéditos y preocupantes.
El conflicto principal que aquejaba a la sociedad venezolana sufrió por tanto una importante modificación. Mientras que los años noventa estuvieron marcados por una conflictividad consistente en el progresivo distanciamiento entre la sociedad en su conjunto y su clase dirigente, a partir de 1998 se fue configurando un conflicto diferente, que enfrentaba a dos mitades de la sociedad, encontrando su caldo de cultivo en las diferencias sociales y económicas y su catalizador en el discurso presidencial. Se trataba de la confrontación entre una parte de la sociedad que, sin estar aglutinada bajo una única bandera política y sin contar con un verdadero liderazgo, apostaba claramente por alguna clase de democracia occidental, y una revolución que se inició "desde arriba" pero con importante apoyo popular, encabezada por un líder carismático que, a través de la implantación de una nueva legalidad, ha ido tomando control absoluto de todos los poderes constituidos y que en última instancia somete las leyes a los dictámenes del proceso "revolucionario".
Así, la sociedad venezolana ha tendido durante el gobierno de Chávez a una polarización entre dos grupos, mentalidades y orientaciones geopolíticas diferentes. Por un lado están los llamados chavistas, partidarios de Hugo Chávez, que han encontrado en el actual presidente venezolano la encarnación de una esperanza, que ven en su liderazgo la posibilidad de tener una sociedad distinta y mejor, en teoría más igualitaria. Chávez ha sabido captar la sensibilidad de estos sectores sociales, en su mayoría los más pobres y desfavorecidos (aunque no exclusivamente), que sienten haber recibido poco o nada del sistema, manejando un lenguaje y un estilo más directos, más próximos a su forma de sentir y ver la vida. Siendo más difícil para estos sectores sociales organizarse políticamente, dada la precariedad de sus medios de subsistencia, la aparición de Chávez, echándose sobre sus hombros todo el peso de un movimiento político y militar creado por él mismo, manejando un discurso generador de ilusiones, aglutinando fuerzas políticas dispersas e impulsando un proceso de cambios radicales desde la propia presidencia de la república, ha representado la posibilidad de adherirse a un proyecto político que les genera una esperanza de forma casi repentina. La presencia de un liderazgo arrollador es el motor del movimiento, y precisamente por el hecho de que el proyecto está encarnado en Chávez, casi toda la orientación del mismo está a su cargo. Se trata de un liderazgo carismático que alcanza todos los ámbitos del movimiento, con una fuerte carga personalista que difícilmente algún militante osa cuestionar. En todo momento ha prevalecido la postura del líder máximo, que con frecuencia es plenamente compartida por los seguidores en conjunto, pero no siempre por las organizaciones políticas y sociales que lo han apoyado.
Por otro lado, están los sectores sociales que encarnan la oposición. Compuestos en buena medida por las clases media y alta, se trata en líneas generales de profesionales, pequeños y grandes comerciantes, empresarios, gremios y sindicatos; personas que en general tienen alguna experiencia de superación a partir de su propio trabajo, pero que en su mayoría se mantenían alejados de los asuntos políticos. A pesar de que en un principio muchos de ellos apoyaron a Hugo Chávez, convencidos como estaban de que impondría orden en un sistema corrupto, poco a poco fueron cambiando de opinión a raíz del discurso divisionista del presidente y de sus acciones radicales. A partir de la promulgación de las 48 leyes, estos sectores iniciaron protestas cada vez más nutridas, encabezadas por líderes políticos, empresariales y sindicales.
Sin embargo, está claro que estos sectores sociales estaban lejos de sentirse representados por los políticos de oposición, puesto que en general también están descontentos con la vieja política. La carencia de un liderazgo bien definido condenó a estas protestas cada vez más numerosas a llevar un rumbo errático; ahora bien, el volumen de las manifestaciones deja en claro que no se trataba de una pequeña minoría, sino de la mitad de la población. La movilización de los opositores en contra de las medidas del gobierno de Hugo Chávez tiene todas las características para ser considerada como un movimiento social. La falta de una organización formal, de un liderazgo firme y eficaz y de una ideología claramente definida, su bajo grado de organización, la precariedad de las alianzas en su seno y la multiplicidad de sus integrantes, así como su movilización para conseguir modificar un sistema que se les imponía sin previa negociación, son todas características de un movimiento social.

EL 11 DE ABRIL Y EL "CARMONAZO"
El domingo 7 de abril Chávez anunció, de forma poco ortodoxa el despido de un grupo de gerentes de la petrolera estatal PDVSA. El hecho contribuyó a caldear aun más los ánimos en una situación de gran movilización social por parte de los grupos de oposición. La CTV convocó a la realización de un paro general de 24 horas para el 9 de abril, apoyado por Fedecámaras. El paro fue prorrogado a 48 horas, y luego se hizo indefinido. Para el día 11 se organizó una marcha de protesta, que en principio cubriría un trayecto más bien corto, pero que repentinamente tomó dirección de Miraflores, el palacio de gobierno. Nadie ha asumido posteriormente la responsabilidad de desviar la marcha hacia Miraflores, sino que han achacado tal decisión a la voluntad espontánea de las masas. Pero está claro que, tal como ha sucedido en varios países, un régimen puede ser derrocado si un gran volumen de gente descontenta ocupa por la fuerza el palacio de gobierno. En efecto, aquella marcha contaba con varios cientos de miles de manifestantes descontentos. Los principales canales privados de TV, opuestos al régimen de Chávez, dedicaron su programación del día 11 a transmitir imágenes de la enorme marcha opositora, lo cual sin duda estimuló el crecimiento de la misma. A mediodía, cuando la marcha ya se dirigía hacia el palacio, varios representantes del gobierno convocaron airadamente a través del canal del Estado a los "círculos bolivarianos" y demás partidarios del presidente en general a que se congregaran en los alrededores de Miraflores. Tal como quedaría registrado en las cámaras de TV, muchos de estos partidarios portaban armas de fuego, que usaron para disparar en dirección a la marcha. El palacio de gobierno también fue rodeado con efectivos de la Guardia Nacional, quienes en vez de trazar dos líneas que separaran a opositores y partidarios del gobierno, prácticamente hicieron una única línea que confrontaba conjuntamente a la marcha de oposición.
De esta forma, la marcha de oposición, que a su vez iba custodiada por la Policía Metropolitana (a cargo de la Alcaldía de Caracas, a la sazón controlada por la oposición), logró llegar hasta tan sólo a dos calles del palacio de gobierno, donde ya se podía establecer contacto visual entre los miembros de cada agrupación. Minutos antes de ese momento, el presidente comenzó a emitir una alocución en "cadena"; poco después, morían o resultaban heridas decenas de personas en el tiroteo. Las imágenes en vivo daban a entender que los muertos pertenecían la marcha de oposición. Al impedir la repentina cadena que las imágenes pudieran ser vistas, los canales privadas dividieron la pantalla y transmitieron la alocución presidencial y el tiroteo, en vivo y al mismo tiempo. El efecto era tremendo, porque se veía a Chávez hablando con serenidad a un lado, mientras que a dos calles la gente caía muerta en medio del tiroteo. A continuación, la señal de los canales de TV fue suspendida por instrucciones del presidente, quien efectivamente así lo afirmó en medio de su alocución. Sin embargo, los canales que contaban con la posibilidad de emitir por satélite así lo hicieron.
Una supuesta conversación de radio mantenida por Chávez y gente del alto mando militar, divulgada por los medios, dejaba entrever que el presidente había dado órdenes de desplegar el "Plan Ávila", diseñado para hacer frente a una invasión externa e implica sacar buena parte del ejército a la calle; de hecho, es lo que hizo Carlos Andrés Pérez en 1989 para hacer frente al Caracazo y a quien recientemente están requiriendo tribunales venezolanos por esa razón; pero esta vez, el alto mando militar no obedeció. ]]> Las horas de incertidumbre se fueron prolongando durante toda la tarde-noche, mientras sucesivas alocuciones de militares fueron dejando en claro que ya buena parte de éstos no seguiría órdenes del presidente. Sólo el general García Carneiro se movilizó en defensa de Chávez, logrando llevar una columna de tanques desde el Fuerte Tiuna para rodear el palacio de Miraflores, donde permanecía el presidente. Los generales rebeldes establecieron negociaciones con Chávez en Miraflores para lograr su renuncia, mientras muchos políticos de oposición iban pasando por las sedes de los principales medios de comunicación. Muchos de los principales funcionarios del gobierno desaparecieron, temerosos de ser apresados o asesinados. Así fueron pasando muchas horas, hasta que en la madrugada el alto mando militar se dirigió a la nación, encabezado por el Inspector General de la Fuerza Armada, general Lucas Rincón, quien afirmó en vivo y en directo que "se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó"(16). Al día siguiente, el 12 de abril del 2002, Pedro Carmona se juramentó en Miraflores como presidente frente a un nutrido grupo de empresarios y otras personalidades, mediante la emisión de un decreto por el que se facultaba a disolver el Congreso e incluso a destituir a gobernadores y alcaldes, y en el que se comprometía a convocar elecciones en un plazo inferior a un año. Según Carmona, ciertos civiles y sobre todo militares acordaron colocarlo en la presidencia esa madrugada, lo que obviamente aceptó. Carlos Ortega, líder de la CTV, se mantuvo ajeno a dicho acto.
Hasta ese momento los hechos son susceptibles de diversas interpretaciones. Es obvio que existía una voluntad, compartida por un colectivo enorme, de lograr la salida anticipada de Chávez del poder mediante su renuncia o la convocatoria de elecciones anticipadas. La participación de tanta gente en una marcha sin precedentes que se dirigía a Miraflores para exigir la renuncia del presidente así lo atestigua. Asimismo, el predominio del ejecutivo sobre todas las ramas del poder público convenció a mucha gente de la imposibilidad de lograr tal voluntad mediante un procedimiento legal. Se había generado un movimiento social de consideración, plural y variopinto, que expresaba su profundo rechazo al ejercicio del poder que llevaba a cabo Hugo Chávez, materializado a su vez mediante paros, huelgas y manifestaciones multitudinarias. Los factores anteriores son más propios de una rebelión popular que de un golpe de estado.
Por otra parte, también parece claro que un grupo de personas se dedicaron a planificar e instrumentalizar esa salida de Chávez del poder, un factor común a golpes de estado, revoluciones y rebeliones populares, puesto que ninguna acción política es 100% "popular" y espontánea. Lo que ya no está tan claro es el tipo de interés que movía a cada uno de estos actores. El curso de los acontecimientos demostró un enorme grado de improvisación y descoordinación entre los principales protagonistas, debido en buena medida a la diferente concepción acerca de lo que debía suceder luego de la renuncia de Chávez. Apenas Carmona se juramentó como presidente, muchos políticos de oposición, diputados, gobernadores, alcaldes, periodistas, militares y líderes sociales se desmarcaron del nuevo "gobierno". En las Fuerzas Armadas se evidenció la división que existía entre prochavistas y antichavistas por un lado, y entre constitucionalistas y golpistas por otro.
Lo que sin lugar a dudas constituye una alteración del orden constitucional (y que difícilmente no pudiera ser considerada como un golpe de Estado) es la instauración del mandato de Carmona; tan es así que las disposiciones de su Decreto para tomar el poder se asemejan abrumadoramente a las que el propio movimiento encabezado por Hugo Chávez había plasmado en el "Acta Constitutiva del Gobierno de Emergencia Nacional" y en los decretos que tenían preparados en caso de haber fructificado su golpe de estado. Carmona asumió la responsabilidad de implementar un gobierno de emergencia que se instauró como ajeno a la Constitución, seleccionando además sus ministros a partir de un grupo humano muy específico en términos ideológicos y sociales. El propio Carmona dice que "el objetivo era a no dudar, abrir un brevísimo período de facto, respetuoso de los derechos ciudadanos, para convocar a los noventa días a una primera elección, la parlamentaria"(17) .
Como elementos que podrían considerarse propios de un golpe de Estado están la manipulación de las circunstancias por parte de una élite (parte del empresariado y del alto mando militar), la premeditación que se infiere a partir de la planificación previa de un acuerdo de gobernabilidad (el firmado por Fedecámaras y la CTV el 5 de marzo anterior), la amenaza percibida por amplios sectores de la población, la ruptura del orden constitucional y la rápida consecución de los acontecimientos. Pero, en cualquier caso, no se trata del golpe de Estado clásico. Como mencionamos anteriormente, lo sucedido en Venezuela durante el mes de abril del 2002 tiene mucho en común con el tipo de situación que ha tenido lugar en otros países, desembocando en la salida de sus presidentes; tal es el caso de Serbia (octubre 2000), Georgia (noviembre 2003), Ecuador (abril 2005), Kirguizistán (marzo 2005), etc.
La pregunta entonces sería ¿han sido estas situaciones golpes de estado o "revoluciones de terciopelo"? Es posible que la tradicional "técnica" del golpe de Estado esté siendo sustituida por otra diferente luego del derrumbe del muro de Berlín, caracterizada por la movilización de grandes colectivos hacia la sede del ejecutivo con el fin de ocuparla y acabar con la legitimidad de un mandatario, pero en cualquier caso no es propósito de este trabajo el aclarar dicha interrogante. Nos limitaremos aquí a afirmar que, en caso de vernos obligados a definir la situación ocurrida en Venezuela en abril del 2002, nos inclinaríamos a pensar que efectivamente se produjo un golpe de Estado, situación que se habría verificado con mayor claridad el día 12 (cuando Pedro Carmona se juramentó como presidente de la República) y no tanto el 11, cuando la confusión de los hechos dificulta su clasificación como "golpe de Estado", "rebelión popular" o "revolución de terciopelo".
Otro aspecto que contribuye a hacer más complicada la valoración es el comportamiento algo vacilante de la comunidad internacional hacia los acontecimientos de abril en Venezuela. Durante esos días se celebraba en San José de Costa Rica una cumbre del Grupo de Río, que emitió una declaración el día 12 de abril, en la cual "condenaba la interrupción del orden constitucional en Venezuela, generada por un proceso de polarización creciente", al tiempo que instaba a la "normalización de la institucionalidad democrática en el marco de la Carta Democrática Interamericana y a dar los pasos necesarios para la realización de elecciones claras y transparentes, en consonancia con los mecanismos previstos por la Constitución venezolana"(18). Sin embargo, no se pedía explícitamente la reincorporación de Chávez a su cargo. La reafirmación de esa postura un tanto ambigua se produjo el día 13 de abril a las 9 de la mañana, cuando los embajadores de Estados Unidos y España en Venezuela (éste último en representación de la Unión Europea, en virtud de que España ocupaba la presidencia de la misma para aquel momento) se presentaron en Miraflores para pronunciarse en los mismos términos de la Declaración del Grupo de Río del día anterior. El contexto mundial de "guerra contra el terror" generó una polarización internacional en la cual el gobierno chavista se opuso con claridad a los Estados Unidos; esta situación pudo haber obrado en contra del gobierno venezolano antes del 11 de abril, pero luego contribuyó a que éste fuera visto como una víctima de conspiraciones internacionales.
El decreto por el cual Pedro Carmona asumió inconstitucionalmente la presidencia de la República fue firmado por numerosos personajes de la vida pública venezolana. Carmona no decretó estado de sitio ni tomó medidas de excepción particularmente relevantes durante su breve toma del poder; lo más destacable fue la detención de algunos miembros del gobierno conducido por Chávez, mientras que la mayoría logró ponerse a resguardo de posibles detenciones. Entre los detenidos se encontraban algunas de las personas que dispararon desde Puente Llaguno en dirección a la marcha opositora. Chávez terminó siendo trasladado a la isla de La Orchila, pero antes, en Turiamo, y según el propio Carmona relata en su libro(19), Chávez logró escribir una nota en la cual negaba el hecho de haber renunciado, la cual rápidamente se difundió por fax en toda la Fuerza Armada Nacional. Este hecho, sumado a la denuncia que algunos renombrados políticos, juristas y periodistas hicieron del nuevo gobierno, condujo a varios de los principales mandos militares a desobedecer a Carmona, iniciar el rescate de Chávez y devolverlo al poder. Hugo Chávez fue restablecido en la presidencia en la madrugada del día 14 de abril, gracias a los militares leales, la rápida actuación de algunos miembros de su gobierno y a las airadas protestas de muchos de sus seguidores, que se congregaron en torno al Fuerte Tiuna, el palacio de Miraflores y las sedes de los principales canales de TV para reclamar la restitución de Chávez a la presidencia. Previamente, en la tarde del día sábado 13 de abril, el vicepresidente Diosdado Cabello (quien había logrado comunicarse con CNN para alertar a la comunidad internacional del derrocamiento de Chávez) había sido juramentado como presidente provisional para restablecer el hilo constitucional mientras se rescataba a Chávez de La Orchila. Durante casi todo el día 13, los canales privados no informaron prácticamente de nada de lo que estaba sucediendo en el país, una política que también mantuvo el canal del Estado durante todo el día 14. Ello ocasionó una brutal ola de rumores durante los días 13 y 14 (sábado y domingo, respectivamente), que mantuvo en vilo a la población del país, atemorizándola e induciéndola a mantenerse en sus viviendas.
Pedro Carmona y otras personas fueron detenidos e interpelados por una comisión de la Asamblea Nacional. Días después, y luego de ser acusado entre otros del delito de rebelión, Carmona logró evadirse del arresto domiciliario y pedir asilo en la embajada de Colombia, solicitud que fue aceptada más tarde, justo el día en que los colombianos se encontraban votando en las elecciones que llevaron a Álvaro Uribe Vélez a la presidencia. 4 meses después, el 14 de agosto del 2002, la mayor parte de los militares involucrados en los hechos de abril fueron sobreseídos por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual sentenció a favor de la versión de los partidarios de Carmona que sostenía que hubo un "vacío de poder" luego de que el jefe del alto mando militar, el general Lucas Rincón, anunciara que Chávez había renunciado a su cargo. Curiosamente, la tesis del "vacío de poder" es la misma que manejaron los militares rebeldes en el 1992, con la intención de llenarlo ellos, tal como quedó reseñado en páginas anteriores. Lógicamente, el descontento del gobierno venezolano con esta sentencia fue notable, pero al año siguiente el ejecutivo logró impulsar la ampliación del número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de 20 a 32, luego de lo cual el TSJ inició la revisión de la sentencia que falló a favor de la tesis del vacío de poder.

CONSECUENCIAS DEL "CARMONAZO" ]]> El golpe del 2002 reveló la gravedad de la crisis en Venezuela. Desde entonces se pusieron en marcha diversas iniciativas para lograr que el conflicto venezolano no alcanzara cotas mayores. La Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y los países socios y vecinos iniciaron un juego diplomático con la finalidad de ayudar a manejar el conflicto. En noviembre del 2003 se instaló la Mesa de Negociación y Acuerdos, mediante la cual se intentó que gobierno y oposición solventaran sus diferencias a través de la mediación de la OEA, el PNUD y el Centro Carter. Sin embargo, la conflictividad política se mantuvo; en diciembre se desencadenó un paro general de la oposición que paralizó la industria petrolera y buena parte de la actividad privada durante dos meses y solicitó la renuncia del presidente, quien no cedió lo más mínimo ante las demandas de la oposición. El proceso de negociación terminó el 29 de mayo del 2003 con la firma de un acuerdo que estipulaba como solución al conflicto la realización de un referendo revocatorio que finalmente tuvo lugar el 15 de agosto del 2004, luego de un largo proceso legal y electoral marcado por las continuas denuncias opositoras de irregularidades y manejos a favor del gobierno.
Todo lo anterior es en cierta medida consecuencia de los acontecimientos de abril del 2002. La ruptura del orden constitucional fue una alerta que atrajo la atención internacional sobre el conflicto venezolano. Fue asimismo un acontecimiento lamentable que el gobierno ha utilizado para desacreditar a la oposición en su totalidad, sin hacer distinciones dentro de un movimiento social tan heterogéneo, plural y desorganizado. Chávez logró captar el apoyo de buena parte de la izquierda internacional a raíz de dicho acontecimiento, y afianzó aún más su liderazgo dentro de sus seguidores y partidarios. Sirvió también para realizar una fuerte purga en el seno de las Fuerzas Armadas, pues evidenció quiénes eran contrarios al presidente. El llamado "Carmonazo" dividió aún más a los sectores que adversan al presidente Chávez. Los hechos de esos días contribuyeron a desorientar un movimiento social demasiado heterogéneo como para que pueda ser fácilmente conducido por un único líder.

INTERPRETACIÓN TEÓRICA DEL GOLPE DEL 2002 EN VENEZUELA Y COMPARACIÓN CON 1992
A lo largo de páginas anteriores hemos intentado describir el contexto de las oportunidades políticas que se presentaron en los meses previos a abril del 2002 de cara a la conformación del movimiento social opositor al gobierno de Hugo Chávez y la ejecución del golpe. Queda clara la existencia de un ambiente de enorme convulsión política, debido a la ejecución de cambios drásticos en la estructura institucional del país por parte del ejecutivo nacional, cambios que posiblemente carecieron de un grado de consenso suficiente a nivel nacional y que demostraron un manifiesto carácter excluyente de ciertos sectores considerados como "enemigos de la revolución". El propio discurso presidencial giraba en torno a una retórica divisionista de la población, convirtiéndose paradójicamente en el motor de un proceso de polarización social y en aglutinador de un movimiento social (el opositor) que de otra manera no se hubiera producido.
La progresiva implantación de una institucionalidad paralela al Estado por parte del ejecutivo, que tenía por objeto el desplazamiento de todo un entramado institucional esencialmente contrario a los postulados de la "Revolución Bolivariana", sirvió como detonante de una amarga polarización nacional. La señalada heterogeneidad en el seno de la oposición se vio asimismo reflejada en los mecanismos de acción política que fueron implementados por sus distintos miembros; la obstrucción de las vías legales para la participación política de importantes sectores sociales, así como la indisposición al diálogo y a la negociación por parte de un gobierno radical en sus planteamientos, que además contaba con un poder enorme en virtud de los recientes cambios institucionales, generaron en la práctica la falta de acuerdo dentro de la oposición en cuanto a la estrategia más conveniente a seguir para afrontar tan delicada situación. Ese desacuerdo en el seno de la oposición ha sido una constante a lo largo de varios años, y ha dejado su sello en los momentos más críticos. Fue así como se presentó la oportunidad política para que, detrás de manifestaciones de protesta genuinamente democráticas, tomaran cuerpo las tesis de aquellos que abogaban por la ruptura de una institucionalidad que consideraban ilegítima y al servicio de una parcialidad política. Existe en ese sentido un cierto paralelismo con las tesis de la insurrectos de 1992, que, tal como hemos señalado anteriormente y como se desprende de los documentos anexos, no reconocían la legitimidad del orden político vigente para aquel momento.
En cuanto a las estructuras de movilización, es posible apreciar que la dinámica que finalmente llevó a la ruptura del orden constitucional en Venezuela estuvo impulsada por una considerable movilización social, que se manifestó mediante periódicas y sostenidas marchas de protesta, paros y huelgas protagonizados tanto por los empresarios como por los sindicatos, reiteradas demostraciones de rechazo a las políticas del gobierno por parte de diversas instituciones (gremios profesionales, universidades, ONG, asociaciones civiles, etc.) y la presión casi unánime de los medios de comunicación privados. Mientras que antes de los golpes militares de 1992 el rechazo colectivo al gobierno de Carlos Andrés Pérez se había hecho evidente mediante el constante acoso de los medios y la falta de respaldo de su propio partido, así como por el violento estallido que significaron los saqueos de febrero de 1989, el golpe del 2002 fue precedido por el ascenso progresivo de un movimiento social que se manifestó en las calles, en la prensa, en la TV y a través de las organizaciones sociales en general.
Los procesos enmarcadores que favorecieron el "Carmonazo" también han sido descritos a lo largo de este trabajo. Buena parte de la sociedad venezolana ha percibido al régimen de Hugo Chávez como una dictadura en ciernes y como el preludio de un Estado totalitario. La falta de diálogo y negociación que demostró el gobierno con respecto a una multiplicidad de organizaciones públicas y privadas, así como su determinación por cambiarlo todo para adecuarlo a la revolución bolivariana(desde el nombre de todos los organismos públicos e incluso de la Nación –ahora República Bolivariana de Venezuela- hasta la Constitución, los textos escolares, la selección de los maestros, los jueces, el Código Penal, la propiedad, las Fuerzas Armadas, la libertad de prensa, las relaciones con la Iglesia, la política exterior, la industria petrolera, etc.), rápidamente fueron consideradas una grave amenaza, no tanto hacia la existencia de unos supuestos privilegios por parte de una minoría (como suelen argumentar los portavoces del régimen), sino más bien al sistema democrático y de libertades en general. El discurso presidencial, siempre beligerante y divisionista, y la crítica continua por parte de los medios de comunicación privados fueron los principales aglutinantes de un proceso enmarcador que dio pie a un movimiento social de amplio rechazo al gobierno.
Por otra parte, lejos de dar la impresión de protagonizar una renovación política, el comportamiento del nuevo establishment añadía a los males anteriores un radicalismo amenazante que perfilaba un enemigo interno contra el cual había que librar una "guerra". Poco a poco buena parte de la población se fue convenciendo de que la "revolución bonita", como la llamaba el presidente Chávez, no era sino una verdadera revolución comunista. Se generalizó así la idea de que ese gobierno, que además contaba con las ventajas que le otorgaba el hecho de haber elaborado una nueva Constitución, sólo abandonaría el poder por la fuerza, asumiéndose como legítima una vía de facto para deponer a Hugo Chávez por golpe de Estado o rebelión popular, máxime si se tomaba en cuenta que el propio Chávez había pretendido recurrir a tales mecanismos en el pasado. Tabla 1

Fuente: Elaboración propia. Basado en el modelo elaborado por DE ANDRES, Jesús (2005): Hacia una teoría del golpe de estado: oportunidades políticas, procesos enmarcadores y estructuras de movilización. ]]> CONCLUSIONES GENERALES

COMENTARIOS

2. REY Juan Carlos, Problemas sociopolíticos en América Latina, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1998.

3. Para ver algunas conclusiones en torno a la relación entre autoritarismo y Estado petrolero, consultar: TERRY L Karl, The paradox of plenty. Oil booms and petro-states, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1997.

4. BLANCO MUÑOZ Agustín, Habla el comandante, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 246.

5. BLANCO MUÑOZ Agustín, Habla el comandante, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 58.

6. El Acta Constitutiva del Gobierno de Emergencia que tenían preparada en caso de triunfar fue consultada en CATALÁ José Agustín –editor-, Golpes militares en Venezuela, 1945-1992, El Centauro Ediciones, Caracas, 1998, pp. 129-131. Los decretos que tenían preparados fueron consultados el 24 de noviembre del 2007, en http://www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/4f.asp 

8. DE ANDRÉS Jesús, Hacia una teoría del golpe de estado: oportunidades políticas, procesos enmarcadores y estructuras de movilización, material mimeografiado, empleado por el autor en su curso "Golpes de Estado y Cambio Político", Doctorado en Conflicto Político y Procesos de Pacificación de la Universidad Complutense de Madrid, 2005.

9. BLANCO MUÑOZ Agustín, Habla el comandante, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 148.

10. BLANCO MUÑOZ Agustín, Habla el comandante, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 168.

11. BLANCO MUÑOZ Agustín, Habla el comandante, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 121.

12. PANEBIANCO Angelo, Modelos de partido, Madrid, Alianza, 1990.

13. BLANCO MUÑOZ Agustín, Habla el comandante, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 149.

14. BLANCO MUÑOZ Agustín, Habla el comandante, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 153.

15. BLANCO MUÑOZ Agustín, Habla el comandante, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 261.

16. Sin embargo, el propio Pedro Carmona, en su libro Mi testimonio ante la historia (2004, Actum), sostiene que nunca dicha renuncia quedó registrada por escrito (p. 95). Según Carmona, Chávez contempló la posibilidad de aceptar asilo en Cuba, que habría sido ofrecido por Fidel Castro, pero nunca firmó una renuncia. El presidente de la Conferencia Episcopal, Baltazar Porras, habría estado intercediendo durante la noche para que los militares en desobediencia permitieran la salida de Chávez del país, cosa que no hicieron.

18. Fuente: http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/di12-4-02.htm consulta del 24-11-07.

19. Carmona E., Pedro (2004): Mi testimonio ante la historia, Editorial Actum, Caracas, p.106.

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