Los procesos sociales de la guerra civil: la transformación de redes sociales en tiempos de guerra (1)

The social processes of civil war: the wartime transformation of social networks

Elisabeth Jean Wood
Investigadora y docente del Departamento de Ciencia Política, Universidad de Yale, New Haven, Connecticut 06520; 06520; and Santa Fe Institute, Santa Fe, New Mexico 87501; correo electrónico: elisabeth.wood@yale.edu

RESUMEN
Se ha prestado poca atención a los procesos sociales de la guerra civil -la transformación de actores sociales, estructuras, normas, y prácticas- que a veces dejan legados duraderos para el periodo de la posguerra. En este artículo exploro los cambios originados por seis procesos sociales: la movilización política, la socialización militar, la polarización de identidades sociales, la militarización de la autoridad local, la transformación de los roles de género, y la fragmentación de la economía política local. Algunos de estos procesos sociales ocurren en tiempos de paz, pero la guerra puede cambiar radicalmente su ritmo, dirección, o consecuencias, con efectos tal vez irreversibles. Rastreo la amplia variación en estos procesos durante las guerras en cuatro países: Perú, El Salvador, Sri Lanka, y Sierra Leona. Analizo los efectos de estos procesos como transformaciones de las redes sociales que las reconfiguran de maneras variadas: crean nuevas redes, disuelven algunas, y cambian la estructura de otras.
Palabras clave:violencia, polarización política, movilización política, desplazamiento, militarización, roles de género.

SUMMARY
Little attention has been paid to the social processes of civil war —the transformations of social actors, structures, norms, and practices— that sometimes leave enduring legacies for the postwar period. In this article, I explore the changes wrought by six social processes: political mobilization, military socialization, polarization of social identities, militarization of local authority, transformation of gender roles, and fragmentation of the local political economy. Some of these social processes occur in peacetime, but war may radically change their pace, direction, or consequences, with perhaps irreversible effects. I trace the wide variation in these processes during the wars in four countries: Peru, El Salvador, Sri Lanka, and Sierra Leone. I analyze the effects of these processes as transformations into social networks. These processes reconfigure social networks in a variety of ways, creating new networks, dissolving some, and changing the structure of others.
Keywords: violence, political polarization, political mobilization, displacement, militarization, gender roles.

INTRODUCCIÓN

Recientemente, los académicos abrieron la "caja negra" de las guerras civiles, al explorar los aspectos de negociación de la guerra, la lógica de la violencia en tiempos de guerra, el forjamiento de instituciones capaces de contribuir a acuerdos de paz durables, y los retos de la desmovilización y reconstrucción en la posguerra. Un importante avance reciente es el énfasis en el análisis de la variación en los patrones de violencia, la participación, y la construcción de instituciones a través de las distintas guerras civiles.

A pesar de estos avances en el entendimiento académico, se ha prestado menos atención a los procesos sociales de la guerra civil -por los cuales entiendo la transformación de los actores, estructuras, normas, y prácticas sociales a nivel local-, que a veces dejan cambios sociales profundos a su paso. La literatura que describe y analiza estos procesos en sus patrones divergentes está dominada por estudios de caso y discusión sobre políticas, prestando aún una atención insuficiente al análisis causal y a la comparación entre casos.

En este artículo, exploro seis procesos sociales: la movilización política, la socialización militar, la polarización de las identidades sociales, la militarización de la autoridad local, la transformación de los roles de género, y la fragmentación de la economía política local. Estos son procesos que en ocasiones dejan legados duraderos. Por ejemplo, la polarización en tiempos de guerra puede conducir a polarización electoral, a la segregación, y a una cultura política de desconfianza en el periodo de posguerra.

Al igual que con otros aspectos de la guerra civil, es extremadamente difícil medir la extensión de estos procesos sociales. Yo rastreo la variación en estos procesos durante las guerras en cuatro países escogidos para ilustrar las amplias diferencias en estos procesos, a saber: Perú, El Salvador, Sri Lanka, y Sierra Leona. Como veremos, los patrones de violencia, los procesos de movilización y reclutamiento, y la medida a la que las autoridades locales resultaron militarizadas, los roles de género transformados, y las economías fragmentadas variaron ampliamente entre uno y otro de estos conflictos. Este artículo se basa en investigación de campo que realicé durante 26 meses en El Salvador, al igual que en viajes cortos a Sri Lanka y Perú.

Aquí, analizo los efectos de estos procesos como transformaciones de las redes sociales. Estos procesos reconfiguran las redes sociales de formas variadas, creando nuevas redes, disolviendo algunas, y cambiando la estructura de otras, como cuando los clientes locales de un patrón son movilizados al interior de una red armada con una nueva figura central. Una red social consta de personas (nodos de red) vinculadas por distintos tipos de relaciones (enlaces). Por ejemplo, la polarización en tiempos de guerra puede remoldear las redes de amistad en una aldea, fracturándolas en dos redes distintas sin enlaces entre ellas.

Comienzo por describir las guerras civiles en estos países, particularmente las diferencias en las estrategias de los actores armados, que son evidentes en sus distintos patrones de violencia. Luego describo los seis procesos sociales, contrastando su aparente incidencia en los cuatro conflictos y realizando algunas observaciones acerca de otros conflictos. En la conclusión, discuto brevemente sus distintas consecuencias para el periodo de posguerra.

GUERRAS CIVILES EN EL SALVADOR, PERÚ, SRI LANKA, Y SIERRA LEONA

Los procesos sociales en tiempos de guerra están fuertemente moldeados por las estrategias de los actores armados, particularmente por los patrones de violencia que ellos ejercen, que incluyen el hecho de si la violencia contra civiles es llevada a cabo de manera desproporcionada por uno de los bandos, si la violencia es generalmente indiscriminada o selectiva (los individuos son atacados por su conducta individual), la intensidad de la violencia, y el repertorio de violencia desplegado por las facciones de guerra. Por repertorio de violencia entiendo el subconjunto violento de lo que Tilly (1978, 2003, 2008) llama el repertorio de la contención, a saber, ese conjunto de prácticas violentas que un grupo armado lleva a cabo rutinariamente mientras hace reclamos a otros actores políticos o sociales. Un grupo particular puede incluir en su repertorio alguna o todas las prácticas siguientes: secuestros, asesinatos, masacres, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado, etcétera. Aunque Kalyvas (2006), Weinstein (2006), y otros académicos han analizado la variación en la violencia letal, la variación en otras formas de violencia permanece subanalizada [pero ver Wood (2009b) sobre violencia sexual, Steele (2007) sobre desplazamiento, y Hoover (2007) para una teoría de la organización del grupo armado y de repertorios de violencia].

En particular, la manera como distintos repertorios de violencia dan forma a otros procesos sociales no se entiende adecuadamente. Los efectos sociales de una forma particular de violencia dependen del contexto; en particular, su significado para los actores sociales depende del entorno cultural (Ellis 1995, 1999). El mismo acto de violencia, por ejemplo, la violación de una joven por parte de un vecino que es miembro de una milicia local, puede ser entendida en un contexto como parte de la limpieza étnica del vecindario, y en otro como un acto privado no relacionado con los objetivos de guerra de las facciones. El patrón de violencia varía profundamente entre nuestros cuatro casos en cuanto a la intensidad, el repertorio, la mezcla de violencia selectiva e indiscriminada, y el grado de simetría en el ejercicio de la violencia por parte de las facciones armadas.

En la guerra civil de El Salvador, los insurgentes de izquierda influenciados por la ideología marxista-leninista y por la teología de la liberación se rebelaron contra un estado autoritario cuyos jefes militares connivieron con las élites económicas para mantener una sociedad altamente inequitativa basada en un modelo de agricultura con relaciones laborales opresivas(2) (Wood 2000). La violencia durante la guerra civil de El Salvador fue extremadamente asimétrica: los agentes del estado fueron responsables del 85% de las muertes, mientras que el grupo insurgente, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), fue responsable del 5% (el resto no pudo ser atribuido; Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993). La violencia contra civiles por parte de los agentes del estado fue generalizada, particularmente al comienzo de la guerra: más de cincuenta mil civiles -en un país de cinco millones de habitantes- fueron asesinados durante la guerra (Seligson & McElhinny 1996)(3).

Con frecuencia, la violencia fue indiscriminada; familias y aldeas enteras eran blancos de ataque en respuesta a actividades proinsurgentes realizadas por unos pocos miembros. La violencia sexual, aunque lejana a ser tan extendida como en otros conflictos, también fue cometida de manera desproporcionada por los agentes del estado. De hecho, la Comisión de la Verdad para El Salvador no incluye ningún caso perpetrado por el FMLN entre los 150 casos que yacen en los anexos no publicados de su informe (Wood 2009b). El patrón general de violencia durante la guerra consistió en la restricción por parte del FMLN y en una violencia crecientemente selectiva por parte de los agentes del estado (con excepción de la respuesta del estado a la ofensiva del FMLN de 1989 en San Salvador). El patrón de relativa restricción en la violencia por parte de los insurgentes fue notable, dada la complicada estructura de mando del grupo (el FMLN era una coalición de cinco organizaciones distintas).

En agudo contraste, la violencia letal en la guerra civil de Perú fue mucho más simétrica. El grupo insurgente Sendero Luminoso fue responsable del 46% de las fatalidades reportadas, y los agentes de estado del 30% de ellas (Ball, Asher, Sulmont & Manrique 2003, p. 2). La violencia se concentró en las regiones indígenas de Los Andes (tres cuartos de las víctimas de violencia letal hablaban Quechua como su lengua nativa), en la región amazónica, y en Lima. La responsabilidad en los casos de violencia sexual reportados a la Comisión de Verdad y Reconciliación fue asimétrica, siendo Sendero Luminoso responsable del 11% de los casos de violación reportados y los agentes de estado del 83% de esos casos (CVR 2003, Vol. 6, Cap. 1, pp. 274- 79). Los insurgentes se volvieron cada vez más abusadores de los civiles en la medida en que la guerra progresaba, y particularmente después de ser expulsados de sus bastiones iniciales (lo cual ocurrió en muchas áreas de la región andina para 1984 ó 1985). A lo largo de los años ochenta, Sendero llevó a cabo un gran número de masacres, mientras que las fuerzas del estado se volvieron mucho más selectivas en su violencia (Degregori, 1999, p. 79). Las unidades de Sendero forzaron a comunidades enteras a desplazarse a campos bases para trabajar en nombre de la insurgencia; a los miembros de comunidad no les era permitido salir. En ciertos campamentos, los líderes insurgentes forzaron a niñas y mujeres jóvenes a tener relaciones sexuales con ellos (CVR 2003, Vol. 6, Cap. 1, pp. 287-92).

Los LTTE cometían violencia significativa contra civiles a través de un patrón complejo. Los asesinatos selectivos de líderes nacionales y locales, particularmente rivales tamiles, frecuentemente resultan en la muerte de números importantes de civiles inocentes; además, los aldeanos cingaleses son el blanco de la violencia indiscriminada de carácter ocasional (a menudo en represalia por la muerte de tamiles en el área), al igual que lo son los civiles de Sri Lanka en general. Las fuerzas del estado y sus aliados paramilitares llevan a cabo un amplio repertorio de violencia, incluyendo el desplazamiento forzado, las masacres ocasionales de civiles tamiles, las desapariciones, las detenciones de largo plazo y la violencia sexual. La violencia sexual por parte del estado ocurre a través de dos patrones: la violación oportunista de mujeres y niñas tamiles en puntos de control, y un patrón recurrente, aparentemente sistemático, de tortura sexual de prisioneros tanto políticos como criminales. En agudo contraste, los LTTE casi no llevaron a cabo actos de violencia sexual (excepto como parte de la tortura de tamiles que apoyan a grupos rivales), incluso durante la limpieza étnica de musulmanes en el norte de Sri Lanka en 1990 (Wood 2009a).

La guerra civil en Sierra Leona se caracterizó por niveles extremadamente altos y repertorios inusualmente amplios de violencia, el reclutamiento forzado de combatientes (incluyendo el reclutamiento de muchos niños por los insurgentes), y lo que la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sierra Leona (TRC por sus siglas en inglés) llamó la "fluidez faccional", consistente en el frecuente cambio de alianzas y bandos por parte de unidades y grupos (TRC 2004, especialmente Vol. 3A, Cap. 4, pp. 550-52). La violencia por parte del grupo insurgente, las Fuerzas Unidas Revolucionarias (RUF por sus siglas en inglés) fue inusualmente indiscriminada. El amplio repertorio de violencia de las RUF incluía la violación colectiva, amputaciones, mutilaciones, masacres, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado y abducción para esclavitud, incluyendo la esclavitud sexual (TRC 2004, Vol. 2, Cap. 2). Las RUF también fueron altamente inusuales en cuanto a la proporción de combatientes reclutados forzosamente: 87%, de acuerdo con Humphreys y Weinstein (2006). Mucha de la violencia pareció no tener un propósito distinto que aterrorizar a la población (TRC 2004, Vol. 2, Cap. 2, p. 34). Los agentes del estado llevaron a cabo un amplio repertorio de violencia pero fueron responsables por menos violencia contra civiles que las RUF.

Las estrategias de los actores armados y sus distintos patrones de violencia dan forma a otros procesos sociales en grados distintos, al acelerar algunos procesos en curso y al poner en marcha otros. Me refiero a cada uno de estos procesos a la vez.

MOVILIZACIÓN POLÍTICA

A menudo, la movilización política precede a la guerra civil en tanto que la contestación se profundiza en relación con las reclamaciones hechas por actores no estatales (o por actores disidentes del estado) por recursos, poder, y voz. Tanto en El Salvador como en Sri Lanka tuvo lugar una amplia movilización política antes del comienzo de la guerra civil, dado que grupos sociales no violentos intentaban persuadir a los actores estatales de atender sus reivindicaciones. Con la emergencia de la violencia de estado en El Salvador a finales de los setenta y de la violencia étnica extendida en Sri Lanka en 1983, la movilización política fue suplantada por el conflicto armado. En El Salvador, la intensa e indiscriminada violencia del estado llevó a un crecimiento rápido en las filas insurgentes de 1979 a 1981, cuando muchos activistas previamente no violentos , desilusionados con las formas políticas convencionales, reaccionaron con indignación moral (Wood, 2003). Incluso allí donde la movilización social abierta no es evidente, casi siempre tiene lugar una movilización política secreta, pues los actores no estatales intentan expandir sus números, territorio y recursos en anticipación de la lucha por venir, armada o no. En Perú, Sendero Luminoso se organizó secretamente, y sus metas y actores mostraron poca continuidad con formas previas de movilización política. En Sierra Leona, las RUF también reclutaron en secreto a sus miembros iniciales, con pocos esfuerzos encaminados a la construcción de redes de apoyo civiles; de hecho, gran parte del reclutamiento y entrenamiento iníciales ocurrió en Liberia y Libia (TRC 2004, Vol. 2, Cap. 1, p. 9; Vol. 3A, Cap. 3). En contraste con la movilización social previa, la acción colectiva que los civiles desarrollan durante muchas guerras civiles ha sido menos analizada . Por ejemplo, los civiles que apoyaban a los insurgentes en El Salvador llevaron a cabo invasiones de tierra a gran escala (Wood, 2003).

Aproximadamente la mitad de guerras civiles desde la segunda guerra mundial han sido peleadas como guerras irregulares, en las cuales los combatientes no estatales se mezclan con civiles y rara vez forman una masa significativa para entablar batallas (Balcells y Kalyvas 2007). Hay ciertas excepciones a este patrón general entre nuestros casos: los insurgentes en El Salvador combatieron en batallas convencionales hasta 1983, y algunas de las mayores batallas campales en la guerra civil de Sri Lanka han sido combatidas en líneas convencionales, como en la lucha por el control del Paso Elefante. La contienda armada ha sido predominantemente irregular en los cuatro casos, con la posible excepción de Sri Lanka. El desarrollo de la guerra irregular se basa en el apoyo continuo de al menos algunos civiles, salvo que una extraordinaria disponibilidad de recursos haga a los combatientes efectivamente autosuficientes. El contacto frecuente con civiles en la mayoría de casos de guerra irregular implica que los procesos sociales del día a día pueden ser remoldeados por los procesos del conflicto. Sin embargo, muchos de los procesos aquí analizados ocurren en una forma bastante similar durante las guerras civiles convencionales, a pesar de la diferencia significativa de los patrones específicos. Por ejemplo, los civiles en la en buena medida convencional guerra civil española fueron movilizados a áreas de retaguardia para contribuir comida y para trabajar como voluntarios en apoyo directo a los grupos armados (L. Balcells Ventura, comunicación personal).

En las guerras irregulares, los combatientes no estatales se esconden entre los civiles, y además los civiles les proporcionan inteligencia, provisiones, transporte, y reclutas frescos. Aunque los últimos tres se pueden obtener a través de la coerción de forma relativamente efectiva, como resulta evidente en el patrón de reclutamiento forzado en Sierra Leona, obtener inteligencia de alta calidad a través de la coerción es mucho más problemático (Wood, 2003). La coerción, como la tortura, da origen a incentivos perversos para proporcionar información falsa a fin de satisfacer a los intimidadores, particularmente si el civil no conoce en realidad los datos requeridos. Los agentes del estado y los actores aliados con el estado también intentan movilizar respaldo político, o al menos interrumpir la movilización a favor de los actores no estatales. Una consecuencia común de este patrón en la guerra es el aumento de la polarización política en áreas de conflicto o de conflicto anticipado en tanto que los civiles se sienten atrapados "entre dos fuegos" (Stoll, 1993).

La forma de movilización de civiles varía significativamente de un conflicto a otro, entre los actores de un mismo conflicto, y con el transcurso del tiempo . El FMLN dependió de la provisión voluntaria de inteligencia; construyó redes de colaboración de civiles encubiertos que producían una inteligencia que el gobierno no podía igualar en calidad, a pesar de varios esfuerzos para construir apoyos gubernamentales a través de programas de reforma agraria y de reubicación (Wood, 2003). La movilización en El Salvador también varió con el transcurso del tiempo. La movilización política abierta reemergió a mediados de los ochenta gracias a dos conjuntos de actores que tenían lazos encubiertos variados con los insurgentes: los residentes rurales llevaron a cabo extensas ocupaciones de tierra, y los sindicatos organizaron demostraciones y marchas masivas. En Perú, Sendero Luminoso inicialmente se basó en la persuasión para reclutar miembros, pero el grupo se volvió cada vez más coercitivo. Sus cuadros actuaron con cada vez más violencia en las comunidades de Los Andes, forzándolas a asistir a reuniones y asesinando públicamente a líderes comunitarios y a personas sospechosas de ser informantes (Starn, 1995; CVR 2003). Aunque los insurgentes de Sri Lanka también atrajeron números significativos de voluntarios tras la violencia étnica contra los tamiles de 1983, pronto desarrollaron relaciones altamente coercitivas con los civiles, asesinando a élites tamiles rivales, así como a habitantes locales que favorecían a los grupos rivales (Tambiah, 1986; Somasundaram, 1998; Narayan, Swamy 2004).

Las élites locales generalmente movilizan las redes sociales existentes, particularmente los lazos familiares y clientelares, para contrarrestar a los actores opuestos que cercenan sus intereses -no sólo las organizaciones insurgentes sino también las élites rivales que buscan obtener ventaja en el contexto desorganizado de la guerra. La movilización inicial incluye a menudo no sólo la dotación de armas a estas redes, sino también ataques a los grupos de civiles percibidos como colaboradores de las organizaciones insurgentes, como en el caso de los grupos paramilitares en Colombia (Leal Francisco, 1990; García 1996; Romero, 2003). En Sierra Leona, las sociedades tradicionales kamajor fueron movilizadas por las élites locales contra los insurgentes en la forma de Fuerzas de Defensa Civil, las cuales desplegaron una violencia generalizada en la parte meridional del país contra quienes eran percibidos como colaboradores de las RUF (TRC 2004, Vol. 2, Ch. 2). En El Salvador,durante los años setenta, las élites terratenientes dirigieron a grupos informales de clientes para que, con una violencia cada vez mayor, suprimieran las protestas que clamaban por una reforma agraria, logrando así acabar con una iniciativa de reforma agraria en 1976 (Brockett 1990, pp. 147-48). Con frecuencia, las milicias se originan en tales redes, pero rápidamente pueden escapar al control de sus fundadores, tal como ocurrió con los grupos paramilitares en Colombia.

Tanto el estado como los grupos insurgentes pueden obtener combatientes de estas redes de civiles simpatizantes por medio de una variedad de mecanismos. Las organizaciones armadas a menudo acuden a grupos particulares, por ejemplo, a un grupo étnico específico, no sólo porque es mucho más probable que los reclutas entrantes aprueben una agenda particular de secesión o redistribución, sino también porque es probable que traigan con ellos normas y creencias que conciban apropiado ejercer violencia contra otros grupos. Por supuesto, estas normas y creencias pueden ser alteradas radicalmente a través de la socialización para ingresar al grupo armado, tanto por medio del entrenamiento formal como por medio de dinámicas informales de grupos pequeños, tal como los rituales degradantes (ver abajo). Los insurgentes salvadoreños se basaron en la persuasión, como también lo hicieron inicialmente los insurgentes peruanos. La participación en la movilidad social que ofrecían las insurgencias salvadoreña y peruana consistía precisamente en la contribución al reclutamiento de jóvenes. (Degregori, 1999; Wood, 2003). (Sendero Luminoso también reclutó un significativo número de estudiantes universitarios por medio de la seducción sexual de nuevos miembros por parte de cuadros más experimentados). Más tarde en la guerra, Sendero Luminoso reclutó miembros de manera forzada, incluyendo niños -un patrón observado también en Sri Lanka, donde los LTTE exigían al menos un miembro de cada hogar tamil en las áreas que controlan. Sin embargo, las organizaciones insurgentes no siempre obtienen reclutas de las redes sociales. Las RUF en Sierra Leona reclutaron forzosamente miembros sin atención a las redes sociales locales, resultando en una fuerza heterogénea con débiles lazos sociales internos entre miembros cuando éstos eran reclutados (Humphreys y Weinstein, 2006). El conjunto de reclutas de la organización también puede reflejar su base de recursos: es más probable que los grupos sin recursos económicos atraigan reclutas dispuestos a hacer compromisos de largo plazo con metas ideológicas, mientras que es más probable que aquellos con flujos de ingresos provenientes del control de recursos atraigan reclutas oportunistas (Weinstein, 2006).

En contraste, los ejércitos estatales a menudo intentan obtener o reclutar soldados de una amplia gama de subculturas a fin de construir unidad nacional (Weber, 1976). Por ejemplo, el ejército guatemalteco reclutató forzosamente soldados indígenas como parte de su programa de integración nacional (Black, 1984). En particular, el estado puede reclutar miembros enemistados de una comunidad étnica en nombre de la cual una organización insurgente está buscando autonomía o secesión, una práctica llamada "deserción étnica" (Kalyvas, 2008). Por ejemplo, en Sri Lanka, los grupos rivales militantes tamiles derrotados por los LTTE se han convertido en organizaciones paramilitares al servicio del estado (incluida la facción Karuna, un grupo que se separó de los LTTE en Sri Lanka oriental). En Perú, la conformación de las rondas campesinas condujo a nuevos lazos entre los agentes del estado y los residentes indígenas locales en muchas comunidades de la región montañosa, a pesar de la violencia previa por parte del estado (Starn, 1995: 562-63). Los actores estatales también pueden crear milicias por medio de la militarización de una división social, política, o étnica, como en el caso de Sri Lanka, donde los esfuerzos estatales por desarrollar Guardias Musulmanas Locales incrementaron bruscamente la tensión entre los musulmanes y los hindúes tamil-parlantes en Sri Lanka oriental, y condujeron a la decisión de los LTTE de expulsar a los musulmanes del norte de Sri Lanka en 1990 [Hasbullah, 2001; International Crisis Group (ICG), 2007].

Por supuesto, no todos los civiles se movilizan. Allí donde la violencia es intensa o indiscriminada, o comprende un repertorio amplio, es probable que las implicaciones sociales sean severas para los residentes del común. Las víctimas de violencia política, particularmente de violencia sexual y tortura, a menudo sufren no sólo por los daños físicos sino también por vergüenza, miedo, ostracismo, desconfianza (tanto de otros como por otros), y por la incapacidad de recordar pero también de olvidar lo que pasó (Levi, 1988; Pedersen, 2002; Human Rights Watch, 2003; Denov, 2006; Mookherjee, 2006). Como resultado, las víctimas frecuentemente se retiran de la interacción social, y viven aisladas incluso de su familia y su vecindario. Así, muchas formas tradicionales de ayuda mutua se debilitaron o desaparecieron en la región montañosa de Perú durante los años de la guerra; el efecto general fue desmovilizar, no movilizar. Ahora bien, algunos de quienes sufren violencia política contra ellos o contra miembros de su familia se movilizan en lugar de retirarse. Fundan organizaciones de la sociedad civil para abogar por el retorno de sus seres queridos (o al menos para saber qué les sucedió y poder recuperar sus cuerpos), o se unen a organizaciones armadas.

Así, la movilización política de las redes de civiles hacia redes de apoyo a los grupos armados remoldea las redes sociales. En El Salvador y Perú, por ejemplo, las redes de apoyo a los insurgentes llegaron a ejercer un poder significativo en algunas áreas, desplazando a redes que vinculaban a clientes con terratenientes y a ciudadanos locales con las autoridades de gobierno. En el caso de Perú, en muchas de esas áreas, emergieron más adelante redes que vinculaban a los residentes con el estado a través de las rondas campesinas. Sin embargo, la disolución de las redes tradicionales no siempre se logra con el surgimiento de nuevas redes. El patrón de disolución puede consistir en uno de un aislamiento social cada vez mayor, en lugar de la emergencia de nuevos lazos de red, particularmente allí donde los grupos armados exigen apoyo a través de la coerción. Como se discute a continuación, la movilización política también remoldea indirectamente las redes sociales a través de mecanismos de polarización y militarización de la autoridad local.

SOCIALIZACIÓN MILITAR

Cuando la movilización política toma la forma de movilización en apoyo de un grupo armado, el resultado es una forma distintivamente militar de socialización que tiene consecuencias tanto para combatientes como para civiles (Bourke, 1999). Las consecuencias de la socialización militar para combatientes no están bien documentadas, pero seguramente incluyen los efectos del reclutamiento y de los procesos de entrenamiento así como los efectos de atestiguar y ejercer violencia (Sofsky, 2003). Bien sea que sean voluntarios o que hayan sido coercionados, los reclutas de grupos armados tienen que ser socializados para que usen la violencia con fines grupales, no privados, si es que los líderes del grupo han de controlar la violencia desplegada por sus combatientes, típicamente por medio de la edificación de organizaciones fuertemente jerarquizadas (Huntington, 1957; Siebold, 2001). El entrenamiento y la socialización al grupo armado tienen lugar tanto formalmente, a través de la experiencia de inmersión en el "campamento de entrenamiento" (que es sorprendentemente similar entre ejércitos estatales y grupos insurgentes por igual), e informalmente, a través de rituales degradantes. En los ejércitos estatales, las poderosas experiencias del entrenamiento interminable, la deshumanización a través del abuso en manos del sargento instructor, y la degradación seguida por el "renacimiento" como miembros de un grupo por medio de rituales de iniciación normalmente fusionan a los reclutas individuales en una unidad cohesionada en donde las lealtades del uno al otro se sienten más fuertes que lealtades previas, tales como las de familia (Holmes, 1985; Dyer 2004). Una vez desplegados, los combatientes experimentan (a niveles bastante variados) la violencia como perpetradores, testigos, y a menudo como víctimas. De manera consistente, las memorias de los combatientes relatan los efectos traumáticos de presenciar la muerte o lesión de compañeros, así como los efectos, desgarradores para muchos, de ejercer violencia ellos mismos (O'Brien, 1999; Beah, 2007). Entre los mecanismos psicológicos que posiblemente operan en estos procesos de socialización para la membrecía al grupo y el ejercicio de la violencia se encuentran la conformidad, la adopción de roles, la internalización de las normas del grupo, la reducción de la disonancia cognitiva, la habituación a la violencia, la difusión de la responsabilidad hacia el grupo, la desindividualización, y la deshumanización del grupo victimizado (ver Straus 2007 y Lynch 2007 para análisis de estos mecanismos y para la evidencia relacionada con su contribución a los asesinatos masivos). Algunos de estos procesos pueden también apoyar transformaciones psicológicas prosociales, tal como la solidaridad altruista con no familiares, como sucede con la emergencia de una nueva cultura política insurgente de solidaridad en las áreas disputadas de El Salvador (Wood, 2003).

Los profundos efectos que estos procesos pueden ejercer conjuntamente sobre los combatientes son ilustrados de la manera más aguda por la violencia extrema desplegada por niños insurgentes forzosamente reclutados en Sierra Leona. Los jóvenes reclutas eran forzados por sus comandantes de las RUF a ejercer violencia letal, a veces contra miembros de su familia; algunos eran forzados a cometer violencia sexual, unos cuantos contra miembros de su familia (Human Rights Watch, 2003: 35- 42; TRC 2004, Vol. 2, Cap. 2, p. 17 y Vol. 3A, Ch. 4: 486-530ss). La violencia sufrida, observada, y ejercida era una parte integral del proceso de socialización de los combatientes de las RUF (Maclure y Denov, 2006; Denov y Gervais 2007; Honwana, 2005 en Angola y Mozambique). Como resultado de la socialización traumática que recibieron los jóvenes reclutas, muchos llegaron a ver a sus comandantes como figuras paternas, y a la organización armada como familia (Maclure y Denov, 2006).

De manera similar, los procesos de socialización de la vida ordinaria fueron desplazados y transformados entre aquellos que peleaban en el otro bando: el tradicional rito de paso a la edad adulta para los hombres jóvenes en muchas áreas se convertió en el ritual de inducción para unirse a las Fuerzas de Defensa Civil, en la medida en que las sociedades tradicionales kamajor se transformaban en milicias paramilitares (Hoffman, 2003).

La frecuentemente observada ampliación de los repertorios de violencia en el transcurso de la guerra también refleja los efectos continuos de estos mecanismos subyacentes, particularmente de la deshumanización, la difusión de la responsabilidad, la habituación, y la desindividualización, todos los cuales tienen la potencialidad de socavar las restricciones al ejercicio de la violencia (Hoover, 2007). Como se anotó anteriormente, Sendero Luminoso se volvió cada vez más abusivo en relación con los civiles y coercitivo en relación con sus propios miembros a medida que la guerra continuaba. Esto puede haber sido reflejo del debilitamiento de la comunicación con el liderazgo que ocurrió cuando el grupo fue forzado a abandonar sus bastiones iniciales, así como de la evolución de la estrategia del grupo, que cada vez alienaba más a antiguos simpatizantes. La aparente divergencia de repertorios entre una y otra unidad de Sendero es consistente con esta sugerencia; a medida que el control central se debilitaba, las unidades desarrollaron elementos particulares de su repertorio. De manera similar, en los años finales del conflicto en Sudáfrica, en su contienda por el control de KwaZulu Natal, el Congreso Nacional Africano y el Partido de la Libertad Inkatha ampliaron el repertorio de violencia, y en particular añadieron a éste la violencia sexual (y en los años inmediatamente siguientes; ver Bonnin, 2004). En el caso de Sudáfrica, los efectos de participar en y atestiguar la violencia parecen haber contribuido al socavamiento de las normas tradicionales que contenían la violencia sexual.

La socialización de reclutas a la vida militar remoldea las redes sociales de muchas maneras. En vez de hacer una transición a la vida adulta por medio de rituales culturales tradicionales de maduración, aprendizaje de ocupaciones particulares, y participación en redes migratorias de trabajo, los reclutas jóvenes son socializados a la edad adulta a través de su integración a grupos armados y del ejercicio de la violencia. En Uganda, los niños que se desempeñaron como soldados resultaron significativamente desaventajados por cuenta de su pérdida de instrucción escolar y desarrollo de habilidades, y una minoría de ellos quedó además traumatizada (Blattman y Annan 2007). La substitución de complejos vínculos cotidianos, formados por múltiples redes traslapadas de familia, empleo, y comunidad, por lazos con miembros del grupo armado constituye un patrón dominante.

TRANSFORMACIÓN DE IDENTIDADES Y POLARIZACIÓN

La violencia, la movilización política, y la socialización militar suelen tener el efecto conjunto de polarizar las identidades locales, tal como se ha argumentado ampliamente en relación con el caso de las identidades étnicas (Kaufmann, 1996; Fearon y Laitin, 2000), pero el proceso es complejo. Antes de que el conflicto comience, con frecuencia sucede que las divisiones locales son distintas de aquellas que se enfatizan en la retórica de las partes del conflicto. La que en el plano nacional parece ser la cuestión clave -por ejemplo, las relaciones de clase, las constituciones, o la secesión étnica- puede no ser sobresaliente en el nivel local, el cual puede estar dominado por conflictos entre familias o clanes u otras agrupaciones sociales en relación con ciertos agravios locales (Harding, 1984; Degregori, 1999; Kalyvas, 2003; Lubkemann, 2008). Incluso allí donde las divisiones locales son similares a las nacionales, la política local refleja la historia específica del escenario y sus actores. Por ejemplo, en El Salvador, la división fundamental era de clase, dado que los pobres, especialmente los pobres rurales, se organizaron contra los duraderos privilegios de las elites rurales. Sin embargo, los campesinos sin tierra no siempre apoyaron a los insurgentes, y los mecánicos y conductores de camiones se contaban entre los partidarios de los insurgentes (Wood, 2003). Los civiles partidarios de la insurgencia distinguieron entre "buenos" terratenientes y "malos" terratenientes con base en la historia de relaciones pasadas.

A medida que los actores extralocales empiezan a movilizar a los residentes o a ejercer violencia contra ellos, la división local se puede alinear cada vez más con la nacional, como resultado de por lo menos tres procesos. El primero ocurre cuando los actores locales toman partido de forma oportunista, tal vez como un medio para lograr una ventaja local, como sucede cuando una facción local denuncia ante un partido nacional a otra facción como colaboradora de la contraparte (Kalyvas 2003 y 2006). Un segundo proceso es más sencillo: es posible que los civiles tengan que apoyar a una parte a fin de obtener protección contra la otra. Esta situación ocurre con particular intensidad cuando la violencia ejercida por un bando es indiscriminada; si el comportamiento propio no proporciona seguridad contra la violencia indiscriminada, la medida más segura puede ser unirse al otro bando (Mason & Krane, 1989; Goodwin, 2001; Kalyvas & Kocher, 2007). Obviamente, la violencia puede ser contraproducente de otras formas, como cuando lleva a buscar venganza mediante la pertenencia a la organización rival. Se dice que la venganza era una motivación común para que los tamiles se unieran voluntariamente a los LTTE, y otros tamiles se han unido a grupos rivales o a las fuerzas del estado para vengar la violencia ejercida por los LTTE.

Un tercer mecanismo de alineación, a menudo ignorado, es la indignación moral como respuesta a la violencia. Como se mencionó anteriormente, a raíz de la violencia extrema ejercida por el estado, algunos activistas hasta entonces no violentos de El Salvador se sumaron a la organización insurgente. En Sri Lanka, la violencia étnica contra los tamiles de "hacienda" (tamiles cuyas familias emigraron desde la India a partir de mediados del siglo XIX a trabajar en las haciendas de té) llevó a algunos a apoyar a los LTTE, que anteriormente habían obtenido reclutas exclusivamente de los llamados tamiles de Sri Lanka (asentados principalmente en el norte). En contraste con los motivos oportunistas o de búsqueda de protección, la indignación moral alinea lealtades no sólo públicas sino también privadas con uno de los lados de la división nacional.

Más en general, los civiles atrapados "entre dos fuegos" deben elegir -con base en información insuficiente y en un contexto de alta incertidumbre- a cuál lado apoyar, especialmente cuando los combatientes fuerzan a los residentes a declarar esas elecciones. Las partes armadas pueden intentar influenciar la elección de los civiles con incentivos así como con castigos. Incluso en conflictos mayoritariamente étnicos, las lealtades no necesariamente reflejan la división étnica; con frecuencia los estados intentan crear milicias partidarias del régimen y bases civiles de apoyo, ofreciendo incentivos (incluida la protección) para la deserción étnica, como lo vimos anteriormente con la transformación de grupos militantes tamiles rivales en organizaciones paramilitares del estado.

Sin embargo, esa polarización no siempre ocurre. En las zonas disputadas de El Salvador, a partir de mediados de los ochenta, era posible ser neutral (Wood, 2003). Los residentes tenían que dar agua y a veces alimentos a los combatientes de cualquiera de los grupos que pasaban por el barrio, y ambas partes actuaban contra los residentes si los identificaban como colaboradores activos del otro bando. Pero, por lo demás, los residentes no estaban obligados a tomar partido. En varias zonas de la provincia de Usulután, por ejemplo, aproximadamente un tercio de los residentes apoyaba activamente al FMLN más allá de ese mínimo coaccionado, proporcionándole inteligencia de alta calidad así como provisiones. Dos tercios de los residentes no actuaron de esa manera, pero en todo caso se les permitió permanecer en la zona dado que cumplían con el mínimo coaccionado. Este inusual patrón fue posible porque en los últimos años de la guerra el conflicto enfrentó a una insurgencia que era inusualmente contenida en su uso de la violencia contra un ejército que dependía de la financiación de Estados Unidos, que (gracias a la movilización popular que condujo a una oposición sustancial de los congresistas a la guerra) los Estados Unidos amenazaron con suspender a menos que las violaciones derechos humanos por el estado se redujeran severamente.

Incluso cuando la polarización sí ocurre, las lealtades locales públicas pueden invertir la relación de polaridad. En las montañas de Los Andes, cuando la violencia por parte de los cuadros de Sendero superó las normas locales, algunas aldeas invirtieron su lealtad y se alinearon con las fuerzas del estado. Este patrón se propagó rápidamente a medida que la violencia estatal se volvió menos represiva y la violencia de Sendero más indiscriminada a finales de los ochenta (Degregori, 1999; Theidon, 2000; CVR, 2003).

Uno de los resultados del patrón general de polarización creciente de las lealtades públicas -y, en diversos grados, también de las identidades privadas- es la segregación cada vez mayor de las comunidades. Una razón de esto es, por supuesto, la huida. La magnitud del desplazamiento de civiles en tres de estos conflictos es asombrosa. En El Salvador, en 1987 un ∼10% de la población estaba conformado por desplazados internos, al menos un 10% se encontraba en los Estados Unidos, y otro 5% en México y otros países de América Central (Gersony 1986; Montes, 1987: 34). En Sierra Leona, al menos 800,000 personas (∼20% de la población) abandonaron sus hogares y se fueron a otras partes del país y ∼400,000 se fueron a países vecinos (Amowitz et al., 2002: 514; otras estimaciones son significativamente más altas, sugiriendo que el 50% de la población fue desplazada). En Perú, entre 500,000 y 1,000,000 de personas fueron desplazadas, la gran mayoría de las comunidades indígenas de Los Andes (ESE, 2007). En Sri Lanka, los niveles de desplazamiento son mucho más bajos: ∼460,000 personas (2%) son desplazadas, con otras 125,000 registradas como refugiadas en otros países (ESE, 2007b; ACNUR, 2007). Por supuesto, no todas fueron desplazadas por el ejercicio directo de la coerción o incluso en un contexto inmediato de miedo; algunas se fueron porque juzgaban que sus proyectos de vida podrían realizarse mejor en otros lugares, como también sucedió en Mozambique (Lubkemann, 2007 y 2008).

Aun cuando residentes de diversas lealtades permanecen en la zona, la movilización, la violencia, y la polarización suelen conducir a una segregación social cada vez mayor. En El Salvador, los residentes de zonas disputadas que no apoyaban a los insurgentes fundaron y se sumaron a iglesias evangélicas locales, en gran parte porque percibían que algunos elementos de la Iglesia Católica apoyaban a los insurgentes. Esta percepción se debía al papel de la teología de la liberación en la movilización de personas pobres antes de la guerra y a la extrema violencia estatal contra ese movimiento y sus defensores, incluido el asesinato del Arzobispo Oscar Romero (Wood, 2003).

La polarización de las identidades políticas que frecuentemente ocurre durante la guerra civil rompe las redes previas a la guerra, pues los antiguos vecinos son rechazados y los copartidarios son favorecidos. Incluso comunidades con altos niveles de matrimonio mixto antes del conflicto pueden escindirse con base en las líneas de división, como ocurrió en Bosnia, Croacia, y Rwanda. Las recientemente distintas redes también pueden moverse a través del espacio en la medida que aquellos con identidades particulares huyen o segregan.

MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

En la mayoría de las guerras civiles, la autoridad local se militariza con el surgimiento de la movilización política, la violencia, y la polarización. Con militarización quiero decir la suplantación de las formas locales del gobierno por nuevas formas que reflejan la influencia de los actores armados. En ciertos conflictos, las élites locales huyen de las áreas disputadas. Estas pueden ser el blanco particular de los actores armados, y es más probable que tengan los recursos para viajar y los medios para asentarse en otra parte, incluyendo propiedades y conexiones urbanas, e incluso a veces visas para viajar al extranjero, como sucedió en el éxodo de los profesionales tamiles y sus familias de Sri Lanka que comenzó en 1983 (Human Rights Watch, 2006). La huida de las élites constituye una oportunidad para que otros ocupen su lugar -muy probablemente actores armados, dado el riesgo y la incertidumbre que llevaron a las viejas élites a escapar. Los insurgentes y sus partidarios pueden construir nuevos órdenes locales en una variedad de patrones, dependiendo de la estrategia insurgente, la estructura de la comunidad, y las lealtades políticas locales (Arjona, 2007). La militarización del gobierno local tiene lugar al menos en algunas áreas de casi todas las guerras civiles, en la medida que los actores armados desplazan a las autoridades civiles o que las fuerzas militares o paramilitares de línea dura desplazan a las autoridades "más blandas", tales como la policía, cuando el conflicto se intensifica.

Aún cuando los civiles continúan gobernando, su dominio es a menudo militarizado. Es posible que dependan de sus lazos con las fuerzas coercitivas más que antes, o que el lugar donde se ejerce la autoridad efectiva sea desplazado a las bases o campos militares cercanos. En Perú, a mediados de los ochenta, las bases militares gobernaban el territorio circundante, a menudo con extremo abuso del poder, incluyendo la detención arbitraria, la tortura, y la violencia sexual contra los residentes (CVR, 2003). En Sri Lanka, los LTTE controlaban estrictamente la administración civil local; aquellos que se cree colaboran con el estado o apoyaban inadecuadamente a los LTTE eran castigados, y a veces asesinados, como está documentado en muchos informes de los Maestros Universitarios por los Derechos Humanos (Jaffna). En Colombia, tanto los insurgentes de izquierda como los paramilitares insisten en que las autoridades municipales sigan ciertas reglas y normas (Arjona, 2008; véase también Leal Buitrago, 2002). Es posible que se lleven a cabo elecciones u otros procesos de selección en circunstancias consideradas ilegítimas por ciertos residentes, dado que es posible que los candidatos o partidos favorecidos no participen. También es posible que las elecciones sean aplazadas durante años, manteniendo en su lugar a líderes nominales vistos como ilegítimos dada su ausencia de la zona o su inadecuado manejo de los desafíos en tiempos de guerra. En El Salvador, por ejemplo, las elecciones municipales en zonas de conflicto a menudo no se llevaban a cabo en el municipio sino en otro pueblo o ciudad, con candidatos que ya no vivían cerca del municipio. Usualmente sólo una fracción de los posibles votantes participaba, una fracción que representaba desproporcionadamente a aquellos que ya no residían en el municipio.

Allí donde los actores armados desplazan a las autoridades civiles, un resultado común es la inversión generacional de la autoridad, con lo cual quiero decir que la juventud armada suplanta a los ancianos tradicionales y a las autoridades locales. Esto ocurrió en la zona andina de Perú (Degregori, 1999: 64), en áreas de Sierra Leona dominadas por las RUF (TRC, 2004 Vol. 2 , Cap. 2: 34-45), y en Darfur (Flint&deWaal, 2005). Esta inversión puede significar que las normas sociales tradicionales que contienen la violencia ya no son aplicadas. En Medellín, Colombia, los jóvenes miembros de grupos armados rivales controlaban diferentes vecindarios, y ejercían profundas injerencias en la vida de los habitantes, como se retrata en el documental La Sierra.

La inversión también puede ocurrir a lo largo de líneas de clase o étnicas, en particular cuando los grupos insurgentes que gobiernan la zona reclutan principalmente de grupos subordinados étnicos o de clase. En las áreas controladas o disputadas por el FMLN, por ejemplo, los residentes ordinarios llegaron a ejercer una autoridad sin precedentes ante la ausencia tanto de las élites económicas como de las autoridades civiles. Su autoridad estaba limitada, sin duda, por la autoridad dominante del FMLN, y en las áreas disputadas también por aquella de los militares. No obstante, los residentes locales tomaron decisiones sobre quién podía residir en el área y quién no, qué tierras podían ser ocupadas (algunas clandestinamente, otras formalmente), y si permitían o no el retorno de ciertos antiguos residentes, incluidos los terratenientes y el alcalde (Wood, 2003). En Perú, el conflicto generacional trajo enorme violencia a algunas áreas de Los Andes, pues los adolescentes armados aliados con Sendero Luminoso se rebelaron contra sus padres y otras autoridades tradicionales (CVR, 2003 , Vol. 1, Cap. 2: 95-96; Vol. 2, Cap. 1: 451). El gobierno insurgente también tenía connotaciones étnicas y de clase en muchas áreas, pues los residentes aliados de los insurgentes que gobernaron algunos pueblos brevemente a principios de los ochenta eran generalmente más pobres y más indígenas que aquellos a quienes suplantaron.

Sin embargo, la inversión generacional no siempre ocurre. En el sur de Sierra Leona, las milicias tradicionales kamajors se convirtieron en efectivas fuerzas de defensa civil (TRC, 2004, Vol. 2, Cap. 2: 76-78). Los grupos inicialmente dependían de los rituales tradicionales de adoctrinamiento bajo la dirección de ancianos respetados. Sin embargo, esos lazos con la tradición fueron cada vez más perturbados por un anciano particular que llegó a controlar muchas milicias, introduciendo rituales violentos distorsionados que otros ancianos vieron como una perversión de las prácticas tradicionales (TRC, 2004, Vol. 2, Cap. 2: 77-79).

El gobierno insurgente adoptó una forma inusual en Sri Lanka. Comenzando en 1987 e intensificándose después de 1990, los LTTE desarrollaron una extensa administración civil en las áreas bajo su control (Byman et al. 2001; Wayland, 2004; Stokke, 2006; Mampilly, 2007). La administración insurgente se proveía de la administración del estado; el grupo cooperaba con la administración pública proporcionando servicios de salud y educación. (El estado cooperaba con este acuerdo porque rehusar habría significado que ningún servicio fuese proveído por el estado, fortaleciendo con ello el argumento de los LTTE de que un estado tamil separado era necesario). Sin embargo, los insurgentes mantenían un control exclusivo sobre la seguridad, incluyendo nuevas agencias de vigilancia y judiciales. Parecían hacer particular énfasis en la educación, insistiendo en currículos que se enfocaran en la historia, los agravios, y las aspiraciones tamiles. También exigían participación en el entrenamiento militar: todos los colegiales mayores de 14 años eran obligados a participar en ejercicios que incluían roles de seguridad y batallas simuladas (De Mel, 2007). El grupo llevaba a cabo actos de "limpieza social", amenazando o asesinando a violadores y ladrones locales, y establecía sanciones contra la violencia doméstica (Gomez, 2005). Los LTTE recaudaban impuestos de los funcionarios públicos (el 12% de su sueldo pagado por el gobierno) y de los profesionales en las áreas bajo su control, y en algunas otras áreas del país también, y además cobraban impuestos a los miembros de la diáspora tamil, manteniendo registros elaborados de las contribuciones, los ingresos, y las promesas de pagos aplazados ((Human Rights Watch, 2006). En Perú, Sendero Luminoso inicialmente llevó a cabo actos de limpieza social populares a nivel local, pero pronto acudió a la limpieza política, a menudo a través de sesiones de rendición pública de cuentas, en las cuales las comunidades locales expresaban quejas sobre los líderes locales -quejas frecuentemente seguidas por su asesinato, a pesar de las llamadas al castigo en vez de la muerte (Degregori, 1999).

La militarización de la autoridad local frecuentemente desplaza las redes de gobierno prebélicas, reemplazándolas por nuevos lazos entre algunos residentes y la nueva autoridad local (o autoridades, si hay presencia de dobles autoridades -un acontecimiento frecuente en El Salvador y Perú). La nueva red de gobierno puede ser dirigida por civiles pero normalmente depende de los actores armados por su autoridad coercitiva y a veces por su legitimidad, como en El Salvador, donde los civiles locales trabajaban estrechamente con el FMLN.

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ROLES DE GÉNERO

La guerra transforma los roles de género mediante una variedad de mecanismos. El más dramático, por supuesto, es el porte de armas por parte de mujeres insurgentes, que constituían el ∼30% de los combatientes en las insurgencias peruana, salvadoreña, y srilankesa, y ∼25% en la insurgencia de Sierra Leona, fracciones inusualmente altas entre los grupos armados (Mason, 1992: 250; Barrig, 1993; citado en CVR 2003, Vol. 8, Cap. 2.1, P. 56; Bouta 2005, p. 7; Humphreys y Weinstein, 2004, p. 14). Las mujeres insurgentes rompieron normas sociales tradicionales en estas sociedades. Algunas proporcionaron hogar, logística, o servicios médicos, pero algunas sirvieron como combatientes; la combinación varió de un grupo a otro. Aunque entre los miembros de los consejos de mando de alto nivel había mujeres en Perú, El Salvador y Sri Lanka, en Perú y El Salvador las mujeres generalmente servían bajo el mando de comandantes varones (con más excepciones en Perú que en El Salvador). En Perú, el acceso al poder parecía depender en gran parte de las relaciones sexuales con hombres poderosos (incluido Guzmán; CVR 2003). En El Salvador, ese no fue el caso; más bien, las mujeres de alto rango en la organización insurgente eran miembras fundadoras de las organizaciones constituyentes del FMLN, o ascendían en las filas. Las reclutas eran generalmente niñas y jóvenes solteras, lo cual reflejaba sus menores responsabilidades familiares (lo que los sociólogos denominan la disponibilidad biográfica), especialmente para las que vivían en campos de refugiados, donde las expectativas sociales de enrolarse eran elevadas (Viterna, 2006).

En Sri Lanka, las mujeres y niñas conformaban unidades separadas, entrenaban en sus propias bases, y realizaban misiones por separado así como conjuntas con las unidades masculinas (Ann 1993, Balasingham, 2001; Trawick, 2007). Las mujeres también llevaban a cabo misiones suicidas, incluido el asesinato de Rajiv Gandhi (Narayan Swamy, 2004). Las motivaciones de niñas y mujeres para unirse a los LTTE parecían muy similares a las de sus homólogos masculinos, incluyendo la venganza por la violencia estatal y el nacionalismo. La emergencia de aspiraciones feministas entre algunos cuadros experimentados aparentemente refleja su experiencia bélica y no su motivación para ingresar (Alison 2003). La presencia de mujeres combatientes no parece, sin embargo, desplazar las nociones de feminidad de los combatientes masculinos; los cuadros masculinos parecen preferir como esposas a mujeres y niñas tamiles tradicionales, no a sus compañeras combatientes. Aunque los cuadros femeninos visten uniformes de guerrilla con pantalones y frecuentemente tienen pelo corto, los LTTE exigen el uso del vestido tradicional tamil entre niñas y mujeres no combatientes (Trawick, 2007).

Los roles de género de los civiles también pueden cambiar dramáticamente durante la guerra. En El Salvador, Perú y Sri Lanka, las mujeres se convirtieron en interlocutoras primordiales del estado en vista de que buscaban noticias de sus hombres detenidos o desaparecidos. Especialmente en Perú, donde muchas de las mujeres indígenas de Los Andes no hablaban español y habían tenido poco contacto previo con las autoridades estatales, el desempeño de esta necesaria tarea implicó grandes dosis de riesgo y sufrimiento (CVR 2003, Vol. 8, Cap. 2.1 Theidon, 2007). Importantes números de mujeres que indagaban por sus parientes varones fueron detenidas, y algunas sufrieron violencia sexual durante la detención (CVR 2003). Algunas fundaron o se unieron a grupos de derechos humanos; para la mayoría de quienes lo hicieron, este era un rol en la sociedad civil que no tenía precedentes (Cordero 1998). En Sri Lanka, algunas viudas tamiles no cumplen con las normas sociales tradicionales de la viudez, negándose a retirarse al ámbito privado e insistiendo en llevar el putee, una marca tradicional en la frente que suele negarse a las viudas (Rajasingham-Senanayake 2001, pp. 106-7).

Las redes patriarcales a menudo son radicalmente remoldeadas durante la guerra porque las mujeres y niñas asumen roles sin precedentes como combatientes e interlocutoras de la autoridad, y (como se discute abajo) desempeñan nuevas formas de trabajo. El alcance de la transformación de las redes de género varía mucho entre zonas y conflictos pero es, no obstante, frecuentemente evidente en la alta proporción de hogares encabezados por mujeres tanto en zonas disputadas como en zonas donde personas refugiadas y desplazadas se congregan. En El Salvador, los hogares encabezados por mujeres conformaban aproximadamente una cuarta parte de los hogares desplazados en 1985 (USAID, 1987). Muchos hogares encabezados por mujeres están profundamente empobrecidos pese a que las niñas y mujeres asumen nuevas funciones como trabajadoras y agricultoras sin tierra.

FRAGMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA POLÍTICA LOCAL

Con el desplazamiento de las elites locales, la suplantación de las autoridades tradicionales, y la salida de miembros de la familia a servir en los grupos armados, emergen nuevos patrones de producción y trabajo. Particularmente en zonas rurales altamente disputadas, los miembros de la familia toman decisiones difíciles en el contexto de incertidumbre y riesgo de la guerra (Collier, 1999; Humphreys, 2003).

En algunos conflictos se presenta un patrón consistente en la campesinización de la agricultura anteriormente comercial. En ausencia de inversión y gestión por parte de la élite, las grandes propiedades son cultivadas en pequeñas parcelas sembradas por hogares rurales individuales. Dado que los productos alimenticios son cada vez más escasos para la compra en mercados, bien porque estos no funcionan o porque los ingresos en efectivo han disminuido, típicamente los miembros de la familia siembran alimentos en lugar de cultivos comerciales, ya sea con el permiso de un terrateniente ausente (negociado a través de algún agente local o en viajes riesgosos a las zonas urbanas), o ilegalmente, como sucedió en las zonas disputadas en tiempos de guerra en El Salvador (Wood, 2003). La excepción a este patrón de producción de alimentos y de feminización del trabajo agrícola es la producción de cultivos ilícitos como el opio o la coca en zonas de Perú, Colombia, Birmania y Afganistán. Incluso en esos casos, la producción ocurre predominantemente en minifundios, cuya pequeña escala hace menos probable que sean detectados por autoridades estatales o grupos rivales.

En El Salvador, los mercados de tierra florecieron en los años tardíos de la guerra alrededor de pequeños pueblos y ciudades. Hubo dos razones principales: primero, la ocupación formal de las propiedades cercanas por partidarios de los insurgentes, junto con las percepciones de los terratenientes de que las relaciones laborales serían difíciles al final de la guerra; y segundo, la capacidad de los residentes pobres para comprar, gracias a las remesas de familiares en los Estados Unidos. Aunque muchas de las propiedades se subdividieron y se vendieron para vivienda, otras fueron vendidas para minifundios. Las Figuras 1 y 2 ilustran los cambios forjados en el paisaje alrededor del pueblo de San Jorge, un pequeño pueblo sobre la ladera de un volcán en el oriente de El Salvador. Estos mapas (originalmente publicados en Wood 2003) fueron dibujados para mí al final de la guerra por los miembros de la Cooperativa Candelaria, Un Nuevo Amanecer.

Antes de la guerra ( Figura 1), la zona estaba compuesta principalmente en fincas cafeteras de mediano tamaño. El pueblo se muestra en el borde inferior del mapa. Cada campo y bosque están etiquetados con el nombre del propietario, y los cultivos se indican con símbolos. La Figura 2 es la representación del paisaje de la posguerra hecha por los cooperativistas. Los campesinos militantes fundaron la cooperativa durante la guerra y al final de esta reclamaron 322 hectáreas de las fincas cafeteras ahora deterioradas, incluida una importante fracción de los sembrados de café al norte del pueblo. Esas propiedades están etiquetadas como "propiedad de la cooperatiba" [sic]. Las fincas cafeteras abandonadas (que aparecen en la parte superior de la Figura 2) eran más bosque que granja, como lo indica la serpiente cerca de la esquina superior derecha, las ramas de café quebradas cerca de la esquina superior izquierda, y anotaciones como "propiedad destruida" y "vosque destruido" [sic]. La mayor parte de las plantaciones era de maíz (no resulta evidente en la figura, pero era fácilmente observable cuando visité la cooperativa).

En otros escenarios, las grandes ganancias de los narcotraficantes pueden estimular los mercados de grandes propiedades. En Colombia, por ejemplo, los cultivos ilícitos son producidos en minifundios, pero las ganancias suelen utilizarse en la adquisición de bienes raíces (Reyes 1997, Romero 2003). Las actividades económicas controladas por los insurgentes pueden conducir a la emergencia o al fortalecimiento de mercados, como sucedió con la producción ilícita y el transporte de coca en algunas zonas de Perú (Weinstein, 2006). En el norte de Sri Lanka, los contrabandistas cruzaban regularmente los estrechos entre la costa india y las zonas controladas por los LTTE, transportando armas, efectivos, y suministros (Balasingham, 2001; Narayan Swamy, 2004).

Una transformación de la tierra agraria y de las relaciones sociales también puede ser impuesta por los actores armados. Los insurgentes pueden exigir la producción de ciertos cultivos o procedimientos particulares de trabajo, como cuando el FMLN intentó introducir algunos cultivos colectivos en zonas bajo su control en el norte de El Salvador durante los primeros años de la guerra. En Perú, tanto los insurgentes como el ejército repetidamente confiscaban ganado, diezmando los ahorros de los hogares rurales, un patrón evidente en muchos de los testimonios presentados ante la Comisión de Verdad y Reconciliación. Sendero Luminoso no sólo trató de imponer la producción colectiva en algunas zonas de Los Andes sino que también intentó prohibir la participación de los campesinos en los mercados (Starn, 1995; Degregori, 1999: 66). El estado también reasentó forzosamente algunas comunidades como una medida de contrainsurgencia (Starn, 1995).

En El Salvador, el estado llevó a cabo una reforma agraria en un esfuerzo por socavar el atractivo del FMLN. Aproximadamente una cuarta parte de la tierra cultivable fue entregada a trabajadores sin tierra y a pequeños arrendatarios, incluidos cientos de latifundios donde se había producido café, algodón y carne antes de la guerra. Aunque los planes iniciales requerían la continuación de la producción a gran escala bajo un modelo cooperativo con acceso al crédito del estado, en el transcurso de cinco años la mayoría de propiedades estaban siendo trabajadas como minifundios por miembros de la cooperativa, pues la corrupción y el manejo inadecuado condujeron rápidamente a altas deudas operacionales. Una parte distintiva de la reforma resulta evidente en la Figura 2: dos propiedades en San Jorge fueron distribuidas a los residentes a principios de los ochenta bajo la fase de la reforma agraria llamada "tierra para el agricultor"; una está etiquetada como "parcelas de FINATA", (las siglas de la agencia administradora) y la otra simplemente como "FINATA".

Los esfuerzos contrainsurgentes también pueden adoptar la forma de proyectos de desarrollo distintos de la reforma agraria, incluyendo el crédito y el apoyo técnico para la sustitución de cultivos ilícitos cuya comercialización pueda financiar grupos armados, para el desarrollo de infraestructura y para la prestación de servicios de salud. La literatura clásica sobre contrainsurgencia señalae dichos medios no militares para ganarse a las poblaciones civiles (véase, por ejemplo, Trinquier 1964 y Galula 1964). Además de la reforma agraria, el gobierno salvadoreño intentó reiteradamente reasentar familias desplazadas en nuevas aldeas ubicadas en sitios estratégicos. Estos esfuerzos no fueron exitosos porque las familias fueron a menudo desplazadas nuevamente, o su lealtad al estado resultó ser menos confiable de lo que se suponía (Wood, 2003). Los beneficiarios de la reforma agraria no necesariamente se volvieron leales al estado; los combatientes insurgentes solían descansar y reagruparse en varias fincas de la reforma agraria en el sur de El Salvador. En Sri Lanka oriental, el estado favoreció los reclamos de tierras de agricultores cingaleses, que con frecuencia habían llegado a reasentarse en la zona de manera relativamente reciente, a través de varios programas de desarrollo. Esta política llevó a un conflicto cada vez mayor con las familias tamiles por la tierra y al continuo desplazamiento de familias tamiles de sus tierras y aldeas (Peebles, 1990; ICG 2007). En contraste, el estado peruano inició relativamente pocos proyectos de desarrollo durante la guerra civil de ese país, y aquellos desplazados por el conflicto fueron en gran parte abandonados a su suerte en las periferias de Lima y de las ciudades provinciales (Kirk, 2005).

La guerra fragmenta la mayoría de los mercados rurales, en tanto que la producción comercial se estanca, las redes de transporte de entrada y salida dejan de funcionar, y las instituciones financieras retiran sus servicios. También se fragmentan, como resultado, las redes sociales que vinculan a propietarios de grandes propiedades con sus trabajadores y proveedores de insumos. De manera similar, las redes sociales que aseguran la provisión de servicios públicos y privados a los pobres rurales también se debilitan. Así, los residentes de las zonas disputadas giran cada vez más hacia la producción familiar de alimentos y servicios. En el clima de incertidumbre, desconfianza y polarización de la guerra, las redes sociales tradicionales de ayuda mutua pueden debilitarse de igual forma. En algunos casos emergen nuevas redes sociales con funciones económicas, como en los casos de las cooperativas insurgentes en El Salvador, y las redes ilícitas de producción y transporte de coca en Perú y de transporte marítimo entre la costa india y las zonas controladas por los LTTE en el norte de Sri Lanka.

CONCLUSIÓN

Los procesos sociales en tiempos de guerra aquí discutidos ocurrieron en grados variados y en diferentes formas en las guerras civiles de El Salvador, Perú, Sierra Leona y Sri Lanka. La movilización política, la socialización militar, la polarización de las identidades sociales, la militarización de la autoridad local, la transformación de los roles de género, y la fragmentación de las economías políticas locales reformaron una amplia gama de redes sociales locales, destruyendo algunas, dividiendo otras en subredes, y creando nuevas.

Cualquier evaluación de los legados debería ser muy prudente en cuanto a la extracción de conclusiones firmes. Por ejemplo, la transformación de los roles de género durante la guerra es a menudo revertida una vez la guerra llega a su fin. Las normas sociales pueden reafirmarse en la medida que las mujeres salen o son obligadas a salir de sus puestos de trabajo cuando los hombres vuelven a sus roles civiles, como fue el caso tanto en los Estados Unidos como en Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Los actores institucionales, incluidos aquellos que trabajan en pos de la reconciliación, pueden estructurar incentivos o procedimientos tales que los nuevos roles de las mujeres sean socavados, como sucede cuando los programas de transferencia de tierras se ocupan de emitir títulos a nombre de las mujeres así como de los hombres, y cuando los programas de desmovilización favorecen a los hombres combatientes sobre las mujeres, cuyo rol puede no ser reconocido. Las mujeres pueden ser desplazadas de las posiciones de liderazgo en los partidos políticos y en las organizaciones de la sociedad civil cuando los hombres combatientes, particularmente los oficiales, regresan a la sociedad civil.

Sin embargo, a veces los procesos sociales de la guerra civil dejan cambios perdurables a su paso. En El Salvador, la guerra dejó un legado de organizaciones de la sociedad civil de izquierda y una nueva cultura política insurgente basada en reclamaciones democráticas y redistributivas sustanciales en las zonas de fuerte influencia del FMLN (Wood 2003). De hecho, la transformación del FMLN en un partido político señaló una representación de la izquierda política sin precedentes. El proceso fue conflictivo, dada la compleja estructura interna y la diversidad ideológica del grupo. Tras un proceso gradual de buen desempeño en las elecciones municipales y legislativas, y de ejercer como líder de la oposición en el parlamento, finalmente el partido ganó las elecciones presidenciales en 2009.

En otros casos, en marcado contraste, el legado de polarización de la época de guerra puede inhibir la reintegración de los combatientes y de sus supuestos partidarios. En Perú, existe una importante oposición a cualquier reconocimiento del sufrimiento de los familiares de los combatientes de Sendero, vistos por muchos como terroristas cuya reintegración no es ni moralmente deseable ni políticamente aceptable. Una generación de líderes locales fue diezmada por la guerra; los líderes comunitarios fueron asesinados por sus supuestas lealtades políticas, particularmente por los cuadros de Sendero, tanto en Los Andes como en los barrios de Lima (Burt, 1998; CVR, 2003). En Sri Lanka, los procesos sociales de la guerra en buena medida eliminaron cualquier articulación de la autonomía tamil excepto por aquella adoptada por los LTTE.

Un patrón común de cambio perdurable es de carácter demográfico. La guerra cambia la estructura de la población de los países, a menudo de forma profunda. En El Salvador, por ejemplo, la proporción 60:40 de zonas rurales versus urbanas se invirtió en el curso del conflicto, una importante aceleración de la tasa de urbanización previa a la guerra. Parece que la guerra también puede acelerar la transición hacia hogares nucleares de formas más extensas de familia en tanto que las redes familiares se dispersan durante la guerra. La guerra deja a menudo un mayor número de hogares encabezados por mujeres, no sólo debido a la mayor tasa de mortalidad de los hombres sino también debido a la dispersión de las familias y al trastorno de patrones estables de migración laboral. Las relaciones laborales pueden transformarse, incluso si hay algunos retrocesos hacia formas previas a la guerra. No siempre sucede que las mujeres y niñas se retiran a sus roles de preguerra; ellas pueden permanecer en cierta medida en las nuevas ocupaciones, especialmente en ausencia de parejas masculinas. Y las mujeres pueden continuar desempeñando roles de liderazgo en nuevas organizaciones de la sociedad civil tales como grupos de derechos humanos, particularmente en entornos donde los combatientes de ninguno de los bandos son bienvenidos a la sociedad civil, como en Perú.

Este artículo plantea muchas más preguntas de las que responde. Más investigaciones sobre los procesos sociales de la guerra civil constituirían una valiosa contribución. ¿Bajo qué condiciones ocurre cada proceso con particular fuerza? ¿Bajo qué condiciones estos procesos tienen consecuencias duraderas e importantes? ¿En qué medida las respuestas dependen de quién gana la guerra? ¿En qué medida dependen de la intensidad del conflicto, o de su duración? ¿Es posible distinguir los legados de los distintos procesos de la guerra? El desafío consistirá en desarrollar diseños de investigación que permitan desentrañar las consecuencias de distintos procesos, un desafío que puede ser enfrentado de la mejor manera a través de estrategias de investigación que aprovechen la variación subnacional.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Ana María Arjona, Laia Balcells Ventura, Regina Bateson, Samuel Bowles, Francisco Gutiérrez Sanín, Amelia Hoover, Sashini Jayawardane, Meghan Lynch, y Abbey Steele por sus comentarios. Agradezco a Emma Einhorn y Sashini Jayawardane por su asistencia en la investigatición, y a la Fundación Harry Frank Guggenheim, el Instituto de Paz de los Estados Unidos, el Centro MacMillan de Estudios Internacionales y de Área la de la Universidad de Yale y el Instituto de Santa Fe por la financiación de la investigación en proyectos relacionados. Las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en este artículo son de la autora y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Instituto de Paz de los Estados Unidos (United States Institute of Peace).

COMENTARIOS

1. Este artículo es una revisión del articulo "The Social Processes of Civil War: The Wartime Transformation of Social Networks", traducida y re-publicada, con autorizacion, del Annual Review of Political Science, Volume 11, ©2008 by Annual Reviews www.annualreviews.org.Se agradece a María Paula Saffon la lectura y comentarios sobre la traducción.

REFERENCIAS

1. ALISON M. (2003), Cogs in a wheel? Women in the Liberation Tigers of Tamil Eelam. Civil Wars 6:37-54.         [ Links ]

2. AMOWITZ LL, Reis C, Hare Lyons K, Vann B, Mansaray B, et al. (2002), Prevalence of warrelated sexual violence and other human rights abuses among internally displaced persons in Sierra Leone. J. Am. Med. Assoc. 287:513-21.         [ Links ]

3. ANN A. (1993), Women Fighters of Liberation Tigers. London: LTTE Int. Secretariat .        [ Links ]

4. ARJONA A. (2008), One national war, multiple local orders: an inquiry into the unit of analysis of war and post-war interventions. In Law in Peace Negotiations, ed. M Bergsmo, P Kalmanovitz. Oslo: Peace Res. Inst. In press.         [ Links ]

5. ARJONA AM. (2007), Local orders and civilian collaboration in civil war. Work. pap., Dep. Polit. Sci., Yale Univ.         [ Links ]

6. BALASINGHAM A. (2001), The Will to Freedom. Mitcham, UK: Fairmax.         [ Links ]

7. BALCELLS L, Kalyvas S. (2007), Warfare in civil wars. Work. pap., Dep. Polit. Sci., Yale Univ.         [ Links ]

8. BALCELLS Ventura L. (2007), The effects of wars on political identities: ideological change and continuity after the Spanish Civil War (1936-39). Presented at Annu. Meet. Am. Polit. Sci. Assoc., 103rd, Chicago, IL.         [ Links ]

9. BALL P, Asher J, Sulmont D, Manrique D. (2003), How Many Peruvians Have Died? An Estimate of the Total Number of Victims Killed or Disappeared in the Armed Internal Conflict Between 1980 and 2000. Washington, DC: Human Rights Data Anal. Group Am. Assoc. Advance. Sci. (also published in Spanish as Annex 2 to CVR 2003).         [ Links ]

10. BARRIG M. (1993), Liderazgo feminino y violencia política en el Perú de los 90. Debates en Sociología 18:96-97.         [ Links ]

11. BEAH I. (2007), A Long Way Gone: Memoirs of a Boy Soldier. New York: Farrar, Straus & Giroux.        [ Links ]

12. BLACK G, with Jamail M, Chinchilla NS. (1984), Garrison Guatemala. New York: Monthly Review Press, 1984.         [ Links ]

13. BLATTMAN C, Annan J. (2007), The consequences of child soldiering. Households in Confl. Netw. Work. Pap. 22.         [ Links ]

14. BONNIN D. (2004), Understanding the Legacies of Political Violence: an Examination of Political Conflict in Mpumalanga Township, Kwa-Zulu Natal, South Africa. London: London School Econ., Crisis States Prog.         [ Links ]

15. BOURKE J. (1999), An Intimate History of Killing. Face-to-Face Killing in Twentieth Century Warfare. London: Granta Books.         [ Links ]

16. BOUTA T. (2005), Gender and Disarmament, Demobilization and Reintegration: Building Blocks for Dutch Policy. Netherlands: Clingendael Confl. Res. Unit.         [ Links ]

17. BROCKETT CD. (1990), Land, Power, and Poverty: Agrarian Transformation and Political Conflict in Central America. Boston: Unwin Hyman.         [ Links ]

18. BURT J-M. (1998), Shining Path and the "decisive battle" in Lima's Barriadas: the case of Villa El Salvador. In Shining and Other Paths. War and Society in Peru, 1980-1995, ed. SJ Stern, pp. 267-306. Durham/London: Duke Univ. Press.         [ Links ]

19. BYMAN D, Chalk P, Hoffman B, Rosenau W, Brannan D. (2001), Trends in Outside Support for Insurgent Movements. Santa Monica, CA: Rand Corp.         [ Links ]

20. COLLIER P. (1999), On the economic consequences of civil war. Oxf. Econ. Pap. 51:168-83         [ Links ]

21. COMISIÓN de Verdad y Reconciliación (CVR). (2003), Informe Final. Lima, Perú: Comisión de Verdad y Reconciliación.        [ Links ]

22. CORDERO IC. (1998), Women in war: impact and responses. In Shining and Other Paths. War and Society in Peru, 1980-1995, ed. SJ Stern, pp. 345-74. Durham/London: Duke Univ. Press.         [ Links ]

23. DE MEL N. (2007), Militarizing Sri Lanka: Popular Culture, Memory and Narrative in the Armed Conflict. Los Angeles/London/New Delhi/Singapore: Sage.         [ Links ]

24. DEGREGORI CI. (1999), Reaping the whirlwind: the Rondas Campesinas and the defeat of Sendero Luminoso in Ayacucho. In Societies of Fear: The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America, ed. K Koonings, D Kruijt, pp. 63-87. London/New York: Zed Books.         [ Links ]

25. DEL PINO P. (2005), Peasants at war. In The Peru Reader. History, Culture, Politics, ed. O Starn, CI Degregori, R Kirk, pp. 393-400. Durham/London: Duke Univ. Press.         [ Links ]

26. DENOV MS. (2006), Wartime sexual violence: assessing a human security response to war-affected girls in Sierra Leone. Sec. Dialogue 37(3):319-42.         [ Links ]

27. DENOV M, Gervais C. (2007), Negotiating (in)security: agency, resistance, and resourcefulness among girls formerly associated with Sierra Leone's Revolutionary United Front. Signs: J. Women Cult. Soc. 32(4):885-910.        [ Links ]

28. DYER G. (2004), The Lethal Custom. New York: Carroll & Graf Ellis S. 1995. Liberia 1989-1994. A study of ethnic and spiritual violence. Afr. Aff. 94:165-97 Ellis S. 1999. The Mask of Anarchy-The Destruction of Liberia and the Religious Dimensions of an African Civil War. New York: NY Univ. Press.         [ Links ]

29. FEARON JD, Laitin D. (2000), Violence and the social construction of ethnic identity. Int. Organ. 54(4):845-77.         [ Links ]

30. FLINT J, de Waal A. (2005), Darfur: A Short History of a Long War. London/New York: Zed Books.         [ Links ]

31. FUJII LA. (2009), Killing Neighbors: Social Dimensions of Genocide in Rwanda. Ithaca, NY: Cornell Univ. Press.        [ Links ]

32. GALULA D. (1964), Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. New York: Praeger.        [ Links ]

33. GARCÍA CI. (1996), Urabá, Región, Actores y Conflicto 1960-1990. Medellín: INER-CEREC.         [ Links ]

34. GERSONY R. (1986), The Journey Home: Durable Solutions for Displaced Families. San Salvador: US Agency Int. Dev.         [ Links ]

35. GOMEZ S. (2005), A Study on Gender Based Violence in the Batticaloa District. Sri Lanka: Care Int.         [ Links ]

36. GOODWIN J. (2001), No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945-1991. New York: Cambridge Univ. Press.         [ Links ]

37. HARDING SF. (1984), Remaking Ibieca: Rural Life in Aragon Under Franco. Chapel Hill: Univ. North Carol. Press.         [ Links ]

38. HASBULLAH SH. (2001), Muslim Refugees: The Forgotten People in Sri Lanka's Ethnic Conflict. Nuraicholai, Sri Lanka: Res. Action Forum Soc. Dev.         [ Links ]

39. HOFFMAN D. (2003), Like beasts in the bush: synonyms of childhood and youth in Sierra Leone. Postcolonial Stud. 6(3):295-308.         [ Links ]

40. HOLMES R. (1985), Acts of War: The Behavior of Men in Battle. New York: Free Press.         [ Links ]

41. HONWANA A. (2005), Child Soldiers in Africa. Philadelphia: Univ. Penn. Press.         [ Links ]

42. HOOVER A. (2007), Explaining the form and extent of wartime violence against combatants: the role of armed group institutions and ideologies. Work. pap., Dep. Polit. Sci., Yale Univ.         [ Links ]

43. HUMAN Rights Watch. (2003), Sierra Leone. "We'll kill you if you cry." Sexual violence in the Sierra Leone conflict. New York: Human Rights Watch.         [ Links ]

44. HUMAN Rights Watch. (2006), Funding the "Final War": LTTE Intimidation and Extortion in the Tamil Diaspora. New York: Human Rights Watch.         [ Links ]

45. HUMPHREYS M. (2003), Economics and violent conflict. Work. pap., Humanitarian Policy Confl. Res., Harvard Univ. http://www.preventconflict.org/portal/economics.         [ Links ]

46. HUMPHREYS M, Weinstein J. (2004), What the flghters say: a survey of ex-combatants in Sierra Leone, June-August 2003. Work. pap., Cent. Globaliz. Sustain. Dev., Columbia Univ.http:// www.stanford.edu/jweinst/docs/manuscripts/humphreys combatantsurvey.pdf.         [ Links ]

47. HUMPHREYS M, Weinstein JM. (2006), Handling and manhandling civilians in civil war. Am. Polit. Sci. Rev. 100:429-47.         [ Links ]

48. HUNTINGTON SP. (1957), The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Boston: Belknap Press of Harvard Univ. Press.         [ Links ]

49. INTERNATIONAL Crisis Group. (2007), Sri Lanka's Muslims: Caught in the Crossflre. Asia Rep. No. 134. http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south asia/sri lanka/134 sri lanka s muslims caught in the crossflre.pdf.        [ Links ]

50. IDMC. (2007a), Compensation Pending for Victims of Forced Displacement. Geneva: Intern. Displace. Monit. Cent., Norwegian Refugee Counc.         [ Links ]

51. IDMC. (2007b), Civilians in the Way of Conflict: Displaced People in Sri Lanka. Geneva: Intern. Displace. Monit. Cent., Norwegian Refugee Counc.         [ Links ]

52. KALYVAS S. (2003), The ontology of "political violence": action and identity in civil wars. Perspect. Polit. 1:475-94.         [ Links ]

54. KALYVAS S. (2006), The Logic of Violence in Civil War. New York: Cambridge Univ. Press.         [ Links ]

55. KALYVAS SN. (2008), Ethnic defection in civil war. Comp. Polit. Stud. In press.         [ Links ]

56. KALYVAS SN, Kocher M. (2007), How "free" is free riding in civil wars? World Polit. 59:177-216.         [ Links ]

57. KAUFMANN C. (1996), Possible and impossible solutions to ethnic civil wars. Int. Sec. 20(4):136-75.         [ Links ]

58. KIRK R. (2005), Chaqwa. In The Peru Reader. History, Culture, Politics, ed. O Starn, CI Degregori, R Kirk, pp. 370-83. Durham/London: Duke Univ. Press.         [ Links ]

59. LEAL Buitrago F. (2002), La Seguridad Nacional a la Deriva-Del Frente Nacional a la Posguerra Fría. Bogotá: Alfa omega-Ceso-Uniandes, FLACSO-Sede Ecuador.         [ Links ]

60. LEAL Francisco DA. (1990), Clientelismo. El sistema político y su expresión regional. Bogotá: Tercer Mundo Ed.-Iepri.         [ Links ]

61. LEVI P. (1988), The Drowned and the Saved. New York: Summit Books.         [ Links ]

62. LUBKEMANN S. (2007), Refocusing the ethnographic gaze in warscapes: war as social condition. Presented at Annu. Meet. Am. Polit. Sci. Assoc., 103rd, Chicago, IL.         [ Links ]

63. LUBKEMANN SC. (2008), Culture in Chaos: An Anthropology of the Social Condition in War. Chicago: Univ. Chicago Press.         [ Links ]

64. LYNCH M. (2007), Am I my brother's killer? The social psychology of violence against civilians. Work. pap., Dep. Polit. Sci., Yale Univ.         [ Links ]

65. LYNCH M, Hoover A. (2007), Why multiple data systems matter: evidence from Colombia. Presented at Conf. Civil Confl. and Polit. Violence, Weatherhead Cent. Int. Aff., Harvard Univ., Apr. 28.         [ Links ]

66. MACLURE R, Denov M. (2006), "I didn't want to die so I joined them": structuration and the process of becoming boy soldiers in Sierra Leone. Terrorism Polit. Violence 18:119-35 Mampilly ZC. 2007. Stationary bandits: understanding rebel governance. PhD thesis. Univ. Calif.         [ Links ]

67. LOS ANGELES Mason TD. (1992), Women's participation in Central American revolutions: a theoretical perspective. Comp. Polit. Stud. 25(1):63-89 Mason TD, Krane DA. 1989. The political economy of death squads: toward a theory of the impact of state-sanctioned terror. Int. Stud. Q. 33(2):175-98.         [ Links ]

68. MONTES SM. (1987), El Salvador 1987. San Salvador: Inst. Investigaciones e Inst. Derechos Humanos de la Univ. Centroam´erica de El Salvador "Jose Simeón Cañas".         [ Links ]

69. MOOKHERJEE N. (2006), Remembering to forget: public secrecy and sexual violence in the Bangladesh War of 1971. J. R. Anthropol. Inst. 12(2):433-50.        [ Links ]

70. MOORE Jr. Barrington. (1966), Social Origins of Dictatorship and Democracy. Beacon.        [ Links ]

71. NARAYAN Swamy MR. (2004), Tigers of Lanka. From Boys to Guerrillas. Colombo, Sri Lanka: Vijitha Yapa.        [ Links ]

72. O'BRIEN T. (1999), If I Die in a Combat Zone: Box Me Up and Ship Me Home. New York: Random House Pedersen D. 2002. Political violence, ethnic conflict, and contemporary wars: broad implications for health and social well-being. Soc. Sci. Med. 55:175-90.         [ Links ]

73. PEEBLES P. (1990), Colonization and ethnic conflict in the dry zone of Sri Lanka. J. Asian Stud. 49(1):30-55.        [ Links ]

74. PEÑARANDA R. (1999), De rebeldes a ciudadanos: el caso del Movimiento Armado Quintín Lame. En De Las Armas a la Política, ed. R Peñaranda, J Guerrero, pp. 75-132. Bogotá: IEPRI-Tercer Mundo.         [ Links ]

75. RAJASINGHAM-Senanayake D. (2001), Ambivalent empowerment: the tragedy of Tamil women in conflict. In Women, War and Peace in South Asia, ed. R Manchanda, pp. 102-30. New Delhi: Sage.         [ Links ]

76. REYES A. (1997), Compra de tierras por narcotraflcantes. In Drogas Ilícitas en Colombia. Su Impacto Económico y Social, ed. F Thoumi, S Uribe, R Rocha, A Reyes, E Garzón, et al., pp. 279-346. Bogotá: PNUD.        [ Links ]

77. ROMERO M. (2003), Paramilitares y autodefensas, 1982-2003. Bogotá: Inst. Estud. Pol´Relaciones Internacionales, Univ. Nacional Colombia.         [ Links ]

78. SELIGSON M, McElhinny V. (1996), Low-intensity warfare, high-intensity death: the demographic impact of the wars in El Salvador and Nicaragua. Can. J. Lat. Am. Caribb. Stud. 21(42):211- 41.         [ Links ]

79. SIEBOLD GL. (2001), Core issues and theory in military sociology. J. Polit. Mil. Sociol. 29:140-59.         [ Links ]

80. SILVA R, Ball P. (2006), The Proflle of Human Rights Violations in Timor-Leste, 1974-1999. Rep. by the Benetech Human Rights Data Analysis Group to the Commission on Reception, Truth and Reconciliation. 9 Feb. http://www.hrdag.org/resources/Benetech-Reportto-CAVR.pdf.         [ Links ]

81. SOFSKY W. (2003), Violence: Terrorism, Genocide, War. London: Granta.         [ Links ]

82. SOMASUNDARAM D. (1998), Scarred Minds. The Psychological Impact of War on Sri Lankan Tamils. New Delhi/Thousand Oaks/London: Sage.         [ Links ]

83. STANLEY W. (1996), The Protection Racket State: Elite Politics, Military Extortion, and Civil War in El Salvador. Philadelphia: Temple Univ. Press.         [ Links ]

84. STARN O. (1995), To revolt against the revolution: war and resistance in Peru's Andes. Cultur. Anthropol. 10(4):547-80.         [ Links ]

85. STEELE A. (2007), Seeking safety: urban and rural displacement in civil wars. Work. pap., Dep. Polit. Sci., Yale Univ.         [ Links ]

86. STOKKE K. (2006), Building the Tamil Eelam state: emerging state institutions and forms of governance in LTTE-controlled areas in Sri Lanka. Third World Q. 27:1021-40.         [ Links ]

87. STOLL D. (1993), Between Two Armies in the Ixil Towns of Guatemala. New York: Columbia Univ. Press.         [ Links ]

88. STRAUS S. (2007), Second generation comparative research on genocide. World Polit. 59:476-501.         [ Links ]

89. TAMBIAH SJ. (1986), Sri Lanka. Ethnic Fratricide and the Dismantling of Democracy. Berkeley: Univ. Calif. Press.         [ Links ]

90. THEIDON K. (2000), "How we learned to kill our brother"? Memory, morality and reconciliation in Peru. Bull. Inst. Fran¸cais d'Etudes Andines 29:539-54.         [ Links ]

91. THEIDON K. (2007), Gender in transition: common sense, women and war. J. Hum. Rights 6:1-27.         [ Links ]

92. TILLY C. (1978), From Mobilization to Revolution. New York: McGraw-Hil.l         [ Links ]

93. TILLY C. (2003), The Politics of Collective Violence. New York: Cambridge Univ. Press.         [ Links ]

94. TILLY C. (2008), Contentious Performances. New York: Cambridge Univ. Press.         [ Links ]

95. TRAWICK M. (2007), Enemy Lines. Warfare, Childhood and Play in Batticaloa. Berkeley: Univ. Calif. Press.         [ Links ]

96. TRINQUIER R. (1964), Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency. Transl. D Lee. New York: Praeger. From French.         [ Links ]

97. TRUTH and Reconciliation Commission of Sierra Leone (TRC). (2004), Final Report. http:/www.trcsierraleone.org.         [ Links ]

98. TRUTH Commission for El Salvador. (1993), From madness to hope: the 12 year war in El Salvador. Report of the Truth Commission for El Salvador. In The United Nations and El Salvador, 1990-1995. New York: United Nations.         [ Links ]

99. UNHCR. (2007), Basic facts. UNHCR's operations around the world and in Sri Lanka. United National High Commissioner for Refugees, Sri Lanka. http://www.unhcr.lk/basics/index.html. Accessed Feb. 2, 2008.         [ Links ]

100. URIBE de Hincapie MT. (2004), Emancipación social en un contexto de guerra prolongada. El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Bogotá: Norma         [ Links ]

101. USAID. (1987), The National Plan. San Salvador: US Agency Int. Dev.         [ Links ]

102. VITERNA JS. (2006), Pulled, pushed, and persuaded: explaining women's mobilization into the Salvadoran guerrilla army. Am. J. Sociol. 112:1-45.         [ Links ]

103. WAYLAND S. (2004), Ethnonationalist networks and transnational opportunities: the Sri Lankan Tamil diaspora. Rev. Int. Stud. 30:405-26.         [ Links ]

104. WEBER E. (1976), Peasants into Frenchmen: The Modernisation of France, 1870-1914. Stanford, CA: Stanford Univ. Press.         [ Links ]

105. WEINSTEIN JM. (2007), Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence. New York: Cambridge Univ. Press.         [ Links ]

106. WOOD EJ. (2000), Forging Democracy from Below: Insurgent Transitions in South Africa and El Salvador. New York: Cambridge Univ. Press.         [ Links ]

107. WOOD EJ. (2003), Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador. New York: Cambridge Univ. Press.         [ Links ]

108. WOOD EJ. (2009a), Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare? Polit. Soc. 37: 131-61        [ Links ]

109. WOOD EJ. (2009b), Violencia Sexual Durante La Guerra: Hacia Un Entendimiento De La Variación. Análisis Político 66: 3-27         [ Links ] ]]> 1 2003 6 37-54 2 2002 287 287 513-21 3 1993 4 2008 5 2007 6 2001 7 2007 8 2007 9 2003 10 1993 18 96-97 11 2007 12 1984 13 2007 22 14 2004 15 1999 16 2005 17 1990 18 1998 19 2001 20 1999 51 168-83 21 COMISIÓN de Verdad y Reconciliación (CVR) 2003 22 1998 23 2007 24 1999 25 2005 26 2006 37 3 3 319-42 27 2007 32 4 4 885-910 28 2004 29 2000 54 4 4 845-77 30 2005 31 2009 32 1964 33 1996 34 1986 35 2005 36 2001 37 1984 38 2001 39 2003 6 3 3 295-308 40 1985 41 2005 42 2007 43 HUMAN Rights Watch 2003 44 HUMAN Rights Watch 2006 45 2003 46 2004 47 2006 100 429-47 48 1957 49 INTERNATIONAL Crisis Group 2007 50 IDMC 2007 51 IDMC 2007 52 2003 1 475-94 54 2006 55 2008 56 2007 59 177-216 57 1996 20 4 4 136-75 58 2005 59 2002 60 1990 61 1988 62 2007 63 2008 64 2007 65 2007 66 2006 20 07 18 119-35 67 1992 19 89 2533 1 1 63-89175-98 68 1987 69 2006 12 2 2 433-50 70 71 2004 72 1999 55 175-90 73 1990 49 1 1 30-55 74 75-132 75 2001 102-30 76 1997 279-346 77 2003 78 1996 21 42 42 211- 41 79 2001 29 140-59 80 2006 81 2003 82 1998 83 1996 84 1995 10 4 4 547-80 85 2007 86 2006 27 1021-40 87 1993 88 2007 59 476-501 89 1986 90 2000 29 539-54 91 2007 6 1-27 92 1978 93 2003 94 2008 95 2007 96 1964 97 TRUTH and Reconciliation Commission of Sierra Leone (TRC) 2004 98 TRUTH Commission for El Salvador 1993 99 UNHCR 2007 100 2004 101 USAID 1987 102 2006 112 1-45 103 2004 30 405-26 104 1976 105 2007 106 2000 107 2003 108 2009 37 131-61 109 2009 66 3-27