Arauca: space, conflict and institutionality

Omar Jaime Gutiérrez Lemus

Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Ciencias Políticas, Economía y Relaciones Internacionales Universidad Externado de Colombia. Investigador CINEP- Observatorio para el desarrollo, la convivencia y el fortalecimiento institucional (ODECOFI).ojguti23@yahoo.fr

RESUMEN

Este artículo intenta dibujar el cuadro de relaciones presente en el convulsionado departamento de Arauca (Colombia), en lo geográfico y lo espacial, en el poblamiento y lo social, en lo político y en el conflicto, en lo económico y lo institucional, en lo ilegal y en la violencia, así como en otras asociaciones válidas y diferenciadas entre los mismos tópicos. Todo esto para sustentar la idea básica de que tanto la violencia política como el conflicto armado, observados en este territorio desde hace veinte años, mantienen una existencia objetiva, parcialmente ligada a la intencionalidad consciente de sus protagonistas.

Palabras claves:Arauca, violencia, espacio, geografía.

SUMMARY

This article tries to picture the relationships present in the convulsed department of Arauca (Colombia), in the fields of geography and space, population and society, politics and conflict, economy and institutionality, illegality and violence, as well as other valid associations among these topics. All this to defend the basic idea that not only the political violence but the conflict, seen in this territory for twenty years, objectively exist, partially linked to the conscious intentionality of the main actors.

INTRODUCCIÓN

Sin duda, Arauca es un territorio que se presta para múltiples interpretaciones. Su geografía, su historia, su poblamiento, su economía, contrastan con otros territorios limítrofes y también en su interior son perceptibles las diferencias. El piedemonte, la vertiente y los llanos bajos son paisajes naturales que advierten sobre las características de sus pobladores: la ribereña población de Arauca está ligada a la vida del otro lado del río, a poblaciones como El Amparo y Elorza o Nula en Venezuela, manifiestan una cultura de frontera. Tame forma parte de la historia e idiosincrasia de Casanare (Sácama, Pore) y Boyacá (Sogamoso, El Cucuy, Pisba), más ligada al orden y respetuosa de la autoridad. Saravena y Fortul, son fundaciones recientes cuyo pasado evoca la colonización santandereana (Labateca, Toledo, Cúcuta) de los años sesenta y setenta. Puerto Rondón y Cravo Norte, están ligados a la historia colonial de Orocué, Hato Corozal y Paz de Ariporo en Casanare y a la navegación por el río Meta o a la colonización, más reciente, de Primavera y Santa Rosalía en Vichada. Visto de esta forma, el departamento de Arauca se antoja una unidad político-administrativa un tanto dispersa, donde su capital, en apariencia, no cumple muchas funciones de polarización económica y espacial, social ni cultural. Un archipiélago de micro regiones como lo ilustra el mapa.

El paisaje de las distintas economías también parece guardar alguna relación con su geografía y poblamiento: sobre el piedemonte (Tame, Fortul y Saravena) podemos detectar la presencia de unidades productivas campesinas y ganaderas de regular extensión. Sobre las riberas del río Arauca, la explotación petrolera (Caño Limón), la agroindustria y el comercio se imponen sobre la pequeña producción agropecuaria. En las llanos bajos (Puerto Rondón y Cravo Norte), predominan las haciendas y los hatos ganaderos. Sobre esta división económica y espacial se ha sobrepuesto la producción de coca y el contrabando, más visibles con el conflicto armado y la violencia política, recrudecidos desde 1997.

Por momentos, la vida política también parece repujar estas diferencias: el efímero auge de la ANAPO en los años setenta en las zonas de colonización del Sarare; la reclusión de la vida bipartidista (liberal y conservadora) en Arauca, la capital, y en Tame, otro antiguo municipio; el predominio de la Unión Patriótica en Saravena y en Arauquita, durante la década de 1980; la influencia "invisible" de las FARC y del ELN sobre los partidos tradicionales y en los gobiernos locales en la década de 1990; la polarización entre partidos de la coalición uribista y el Polo Democrático en los principales municipios durante los primeros años de esta década, etc. Asimismo, la puja entre el Estado y la subversión o entre ésta y los grupos paramilitares, evidencia algunas de estas diferencias geográficas, poblacionales, históricas y económicas. Para citar apenas tres ejemplos: no por casualidad el ELN tomó tanta fuerza en las zonas de colonización del Sarare en los setenta; tampoco es producto del azar que Tame se erija como el punto de entrada y expansión del paramilitarismo en el Departamento desde 1998; menos asemeja improvisación que la presencia del Estado se haya concentrado sobre el piedemonte o sobre las riberas del Arauca desde la década de 1980.

En las páginas que siguen se intenta dibujar un cuadro de relaciones entre los puntos mencionados: lo geográfico y espacial; el poblamiento y lo social; lo político y el conflicto; lo económico y lo institucional; lo ilegal y la violencia; asi como otras asociaciones igualmente válidas y diferenciadas entre los mismos tópicos. Todo esto para sustentar una idea básica: tanto la violencia política como el conflicto armado, observados en este territorio desde hace por lo menos veinte años, mantienen una existencia objetiva, parcialmente ligada a la intencionalidad consciente de sus protagonistas.

En efecto, se ha discutido mucho sobre el carácter de actores colectivos de los grupos armados irregulares y de las causas objetivas de la violencia en Colombia, en aproximaciones que a veces se confunden con los intereses ideológicos de los proponentes (Rubio, 1998; Montenegro y Deas, 1995). En este documento se advierte que dichos grupos se han instalado en las fisuras visibles de los conflictos sociales y han tomado de ellos justificaciones para construir discursos que buscan legitimar sus actuaciones frente a la población civil. El caso de Arauca, muestra que la mera voluntad de las guerrillas o de los paramilitares para continuar la guerra, o las disputas por el acceso a los recursos naturales o a los presupuestos públicos (regalías), no explican a satisfacción la persistencia del conflicto y la violencia. Así mismo, se pueden rastrear los vínculos entre el conflicto armado (en el orden nacional y regional) y distintas formas de violencia y luchas por el poder entre sectores sociales y partidistas. Así, la competencia por la captación de rentas, por ejemplo, tuvo como protagonistas a grupos civiles organizados que mantuvieron alianzas y acuerdos coyunturales o permanentes con grupos armados irregulares. Esto muestra una fuerte interrelación entre las ambiciones particulares y los proyectos políticos y militares en curso. En otras palabras, diversas y complejas manifestaciones de conflictos sociales y políticos de orden local y regional en el marco general del conflicto armado(2).

Hasta mediados de los años ochenta, Arauca era un territorio de colonización, en el ámbito interno, y de frontera en el contexto binacional, donde las instituciones del Estado central cumplían funciones mínimas de integración de la población (seguridad) y de ejercicio de la soberanía frente a los países limítrofes (Venezuela y Brasil). Sin embargo, el descubrimiento y posterior exploración de los yacimientos petrolíferos de Caño Limón marcaron un cambio significativo en la percepción de marginalidad económica y social. En adelante, la Intendencia(3) se convirtió en un escenario clave en la visión geopolítica de las relaciones centro-periferia y dentro del espectro de conflictos y violencias que acompañaron su proceso de configuración espacial. En estas transformaciones desempeñaron un papel clave el Estado y la sociedad que se organizó en Arauca.

Dadas las características naturales (suelos llanos y poco fértiles e inundables)(4), y las particularidades del poblamiento (escaso y centrado en el piedemonte o en la frontera), Arauca se identificó durante largos años como un territorio de economía campesina y ganadera (hatos) poco integrada a los mercados nacionales y donde las relaciones de parentesco y vecindad con algunas poblaciones venezolanas marcaban una pauta histórica determinante. La colonización campesina del Sarare, impulsada por el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970), cambió en algo esta realidad al impulsar la ocupación productiva de las tierras más fértiles y al instalar alguna infraestructura pública (Incora, Caja Agraria), con sus respectivas burocracias, como representación y esfuerzo de regulación del Estado central.

Contrario a lo que se cree, la gestación de las guerrillas en Arauca es más antigua que el descubrimiento del petróleo y puede remontarse al momento de la promoción de la colonización dirigida del Gobierno nacional. De la misma forma, tanto las FARC como el ELN, participaron desde un comienzo en la elección popular de alcaldes (1988) y gobernadores (1992), a través de la Unión Patriótica, primero, y señalando o escogiendo directamente a los candidatos liberales o conservadores después. El rechazo a las elecciones y los llamados a abstención del ELN fueron un discurso que solo sirvió para distraer a los ingenuos editorialistas sobre sus ambiciones de poder. La temprana implantación de la guerrilla, es el resultado de un complejo juego político e institucional en el que participaron algunos funcionarios públicos radicalizados, las organizaciones campesinas, el discurso modernizante del Estado en ese momento (reforma agraria) y las débiles estructuras bipartidistas de la Intendencia.

Cabe resaltar esta última circunstancia porque marca una diferencia entre Arauca y otros territorios limítrofes. El bipartidismo se concentraba en municipios como Arauca y Tame, los más poblados y antiguos, y su representación no estaba suficientemente anclada en nichos de poder social y económico, de cobertura departamental (grandes propietarios), para "someter" a la masa de colonos que inundó el piedemonte desde la década del sesenta. En contraste, la movilización social y los programas de colonización y reforma agraria, promovidos por el gobierno de Lleras Restrepo, favorecieron la organización comunitaria, hasta cierto punto autónoma, de los recién llegados; de esta forma se facilitó el arraigo de la naciente guerrilla que supo acomodar sus objetivos de largo plazo a las reivindicaciones de los colonos frente al Estado central. Años después, incluso el Ejército acuñaría la expresión "guerrilla social" para designar este fenómeno específico de implantación de los proyectos insurgentes en un territorio de colonización.

Con todo, se pueden observar algunas diferencias en las trayectorias espaciales de la subversión. Las FARC, llegaron a Arauca a finales de la década del setenta como producto de la ejecución de algunas directrices nacionales emanadas de su Sexta Conferencia (1978), para fundar el Frente 10 (1980), establecerse en las inmediaciones de Fortul y Tunebia, y avanzar más tarde sobre buena parte del territorio con el Frente 45 (1983), con base en un lento trabajo político dentro de la población. En cambio, el comportamiento del ELN fue distinto: llegó antes (1966) al Sarare y Arauquita y luego intentó expandirse desde allí a otras subregiones de Norte de Santander (provincias de García Rovira y Pamplona) y Casanare (vertiente andina). Incluso, puede constatarse el nivel más alto y variado de actividad política y militar de este último grupo sobre el primero en todo el nororiente, por lo menos hasta mediados de la década del noventa.

En 1989, un destacado periodista describió así esta situación:

Uno tendría la tentación de decir que en Arauca el desorden ha ocurrido por cuenta del Estado, o en todo caso de sus representantes en el Gobierno Seccional y de la alegre insensatez como han derrochado las regalías petroleras, y que el orden, un orden sombrío, férreo, apoyado en el temor, corre por cuenta de la guerrilla, en especial del ELN. Su aliento se percibe por todas partes. Es una fuerza que ha echado profusas raíces en el Arauca ( ...) No hay ni sombra de una autoridad militar o civil. (...) Es una situación algo más sutil y profunda. Quizás más grave que (la observada) en ciertas regiones del Magdalena Medio, Córdoba o Urabá(5)

En efecto, el ELN fue de lejos la organización guerrillera más activa de esta parte del país (Tabla 1 y Gráfica 1) y, desde Arauca, comenzó un proceso de expansión a territorios más integrados al contexto nacional o, también, más periféricos. Para esto creó frentes como el Efraín Pabón (Santander, Norte de Santander), en 1980, y el José David Suárez (Casanare, Boyacá), en 1984; aparte de algunas compañías (Simacota y Pomares), desde 1986. La suerte de este intento de expansión no fue la mejor. Luego de un claro esfuerzo por constituirse en un poder alterno, entre 1988 y 1995, su accionar encontró una fuerte oposición entre sectores políticos de algunos municipios de Santander y Norte de Santander que apoyaron los planes de las Fuerzas Militares para detener las pretensiones de los "elenos". Al mismo tiempo, los grandes intereses económicos alrededor de los yacimientos petroleros de Cusiana y Cupiagua, la organización de los paramilitares de Héctor Buitrago(6), la "competencia" con las FARC (Frentes 28 y 38) y las operaciones del Ejército, detuvieron su avance sobre el piedemonte y la vertiente de Casanare y Boyacá. Sin duda, sectores ligados al establishment se propusieron evitar que la historia de Arauca se repitiera en territorios aledaños donde existía evidencia de la importancia de los pozos petroleros y de otros recursos naturales o, tal vez, eran más poblados y cercanos al funcionamiento de las organizaciones partidistas(7).

Como fuere, el sorpresivo auge del petróleo cambió poco la opinión de buena parte de los habitantes sobre la institucionalidad (la legalidad) y apenas matizó el paisaje cultural y social de los municipios de Arauca. Esto ocurrió en razón de las circunstancias y la naturaleza de las explotaciones petroleras, a cargo de algunas multinacionales (Occidental y Shell), y la forma como el Estado central y regional comprendieron sus papeles. Estas compañías privatizaron, en escala reducida, algunas funciones públicas (inversión focalizada, provisión de servicios, oferta de empleo y coerción), y señalaron los espacios de mayor presencia para el Estado (Arauca, Arauquita y Saravena)(8). Una sociedad poco diversificada o con visos de segregación espacial(9), en la cual los procesos de acumulación de capital eran relativamente precarios, y un Estado interesado en captar las rentas petroleras antes que en brindar seguridad a los ciudadanos y ejercer la soberanía sobre el territorio, fueron las notas predominantes.

nororiente del país(10)

De acuerdo con el municipio que se examine, se tiene la impresión de que el grado de injerencia del Estado cambia; ni que decir de su capacidad para regular las relaciones sociales, superar conflictos (centralización) o imponerse frente a los alzados en armas (pacificación). Esto evidencia una presencia tardía y selectiva del Estado dentro del mismo departamento, pero en diferentes espacios; lo que está asociado, por contraste, a distintos formas de conflicto armado y violencia. Estas son diferencias de grado, pero se admiten igualmente las distinciones de naturaleza. Durante muchos años, el control territorial del Estado sobre amplias zonas fue parcial o casi inexistente (Cravo Norte, Puerto Rondón); parecía que resultaba "antieconómico" mantener una apreciable presencia burocrática donde las concentraciones de población no eran numerosas y los procesos de acumulación de capital eran precarios o estaban en manos de grandes propietarios o de empresas particulares.

En estos casos, para el Gobierno central, la solución consistió en otorgar a individuos, grupos u organizaciones la representación del Estado en Arauca(11). Esta solución convirtió a estos poderes privados en intermediarios entre el Estado central y la población civil (González, 1989). En casos extremos, esta intermediación funcionaba para asuntos específicos (realización de elecciones, construcción de obras de infraestructura, manejo del "orden público", explotación de recursos naturales), y entre los habitantes de la Intendencia se mantenía la percepción de que el Estado era un poder lejano (Gobierno) al cual se acudía –cuando la situación lo requiriera– en búsqueda de soluciones a problemas específicos y concretos.

Hasta finales de los años noventa, las transformaciones introducidas por la economía petrolera se reflejaron, sobre todo, en una mejor integración física de Arauca al resto del país, a través de la construcción o mejoramiento de carreteras (Troncal del llano) y otras obras de infraestructura (aeropuerto, escenarios públicos, etc.). También aumentó por migración la población urbana y rural, y se incrementó la demanda de servicios básicos y bienes de consumo en los principales centros urbanos.

Con el paso del tiempo, en el departamento se afianzaron dos núcleos de crecimiento demográfico y económico de importancia: Arauca, la capital, en pleno llano, y Saravena, en el piedemonte, sobre la selva del Sarare. Entre estos municipios se ha dado una suerte de complementariedad y competencia por el liderazgo político y económico; las vías que los comunican, tejen la vida diaria de la mayor parte de sus habitantes, dado que mueven la agroindustria, la actividad agropecuaria, las entidades prestadoras de servicios, los centros educativos, la infraestructura económica y social, la presencia de instituciones del Estado, el sistema de seguridad a cargo de la fuerza pública, etc. No obstante, sobre estos ejes viales y sobre este tejido social, económico y político también se implantó la violencia y el conflicto armado.

Es decir, estos últimos fenómenos penetraron el centro de los intereses vitales de Arauca y de sus habitantes. Pero no han sido asuntos marginales o desdeñables(12), por el contrario, parecen ocultar y manifestar, al mismo tiempo, el enfrentamiento de grandes intereses endógenos y foráneos o visiones y aspiraciones colectivas, a veces contradictorias, que escapan al poder del Estado local e, incluso, nacional.

En Arauca, la guerrilla penetra muy temprano (1966) y se mantiene en "estado de incubación" durante 15 años antes de intentar una acción ofensiva contra la Fuerzas Armadas(13). Los primeros militantes del ELN llegados a Arauca (Efraín Pabón, William Ospina, Raimundo Cruz, Carlos Mateus), invierten mucho tiempo en organizar a los colonos llegados de Santander, Boyacá, Norte de Santander y Meta, en programas de producción comunitaria (cooperativas) y de prácticas agrícolas. Sin embargo, la perspectiva de estos recién llegados fue constituirse en prósperos productores campesinos y demandar ayuda del Estado. Según los colonos, en el piedemonte eran abundantes las buenas tierras, y los cuellos de botella para el desarrollo estaban en el acceso a tecnologías, créditos, organización, obras de infraestructura y conformación de mercados locales y regionales. Estas fueron las principales preocupaciones de los núcleos de las familias asentadas cerca de Saravena(14), pero la respuesta vino de los militantes del ELN. Dicha dinámica coincidió con el auge del movimiento campesino a nivel nacional, a cuya cabeza se encontraba la ANUC. Mientras la organización campesina estuvo en auge, la guerrilla no pasó de realizar pronunciamientos esporádicos entre algunos campesinos y mantuvo con ellos un cauteloso proceso de formación en los principios de la filosofía marxista y el cristianismo de compromiso. También logró articular redes de producción campesina y organización comunitaria a todo lo largo del piedemonte. Este sería el mayor logro político del Frente Domingo Laín hasta 1986, año en que inicia las extorsiones a la empresa Mannesmann, constructora del oleoducto Caño Limón - Coveñas(15). Sin duda, la crisis interna del movimiento campesino y el desplome de sus reivindicaciones (sin el apoyo del Estado), desde mediados de la década del setenta, favorecieron el fortalecimiento de las propuestas del ELN en Arauca.

Durante más de 15 años esta organización construyó en el piedemonte un poder sin hacer uso de amenazas de muerte o actos de violencia sobre la población civil o los representantes del Estado(16). De hecho, los combates entre el ELN y la fuerza pública no fueron frecuentes antes de 1988 (Gráfica 1). Más tarde, las dinámicas del conflicto cambiarían en todo el nororiente y esta guerrilla pondría el acento de sus acciones sobre la infraestructura petrolera de la Oxy y Ecopetrol no solo en Arauca, sino a lo largo del oleoducto (subregiones de García Rovira, Ricaurte, Catatumbo, Ocaña). Cabe anotar que parte del éxito subversivo consistió en ofrecer y garantizar seguridad a los medianos y grandes hacendados contra el abigeato y la usurpación de tierras. En otras palabras, las primeras bandas de sicarios y paramilitares no encontraron apoyo de importancia entre las "élites" regionales. A esto contribuyó cierto desprestigio (por corrupción) y fracaso electoral (frente a la Unión Patriótica) de la clase política de la Intendencia, en especial dentro del liberalismo. Como lo reconocen sus propios críticos, la guerrilla gobernó en Arauca durante mucho tiempo con "puño de hierro", sus militantes fueron "especialistas de la violencia" al servicio de un orden social y económico en formación, cuando el Estado apenas asomaba en funciones. Esta baja capacidad del Gobierno Central para controlar población y territorio era, de cierta forma, compensada por la guerrilla que hacia cumplir "acuerdos vinculantes" entre sectores y actores sociales y económicos, e impedía la proliferación de otros tipos de violencia (Tilly, 2007:77).

Igualmente, durante cierto tiempo, los grupos guerrilleros lograron atraer las bases sociales de los partidos (liberal y conservador), sobre todo entre los colonos y políticos locales. Muchos de éstos habían sido víctimas de la violencia y sus identidades partidistas se habían "deteriorado" por efecto de traumáticas vivencias personales(17). Así, distintos tipos de organizaciones comunitarias gravitaron entorno al poder del ELN, primero, o de las FARC, más tarde, bajo esquemas intensos de participación en actividades cotidianas. Igualmente, bajo el amparo de los acuerdos de paz, integrantes de familias de origen conservador o liberal se sumaron a la Unión Patriótica durante la década de 1980 para formar parte de gobiernos municipales elegidos por voto popular. De esta forma, en opinión de algunos, la izquierda construía "hegemonías" que le facilitarían hacerse con el poder del Estado en Arauca; para otros, era claro que la descentralización favorecía a la subversión. Como fuere, ésta generaba un poder que parecía paralelo al Estado pero, al mismo tiempo, se filtraba en él por los espacios abiertos con las reformas institucionales. En esta perspectiva, para los partidarios del orden, la presencia de la Policía y del Ejército en los centros de mayor aglomeración humana, parecía inocua para detener el avance de la rebelión. Todo parecía indicar que la guerrilla había ganado y podía constituir una retaguardia para expandirse a territorios de características similares; ya fuera bajo el esquema de participación política y electoral surgido de los Acuerdos de la Uribe (1985), o bajo el esquema de "poder popular" formulado por el ELN desde 1989.

De cualquier forma, muy pronto, el poder paralelo de la guerrilla se transformó en una especie de cuasi-legalidad, y a esto contribuyó la entrada de las empresas de la Asociación Cravo Norte (Ecopetrol, Occidental Petroleum y la Royal Dustch Shell), la laxitud técnica de las administraciones municipales y el establecimiento de redes de contratistas para obras de distinto orden en la Intendencia (públicas y privadas). Todos tributaban un porcentaje a las organizaciones guerrilleras. En este contexto, gobiernos y políticos destinaban partidas a territorios y poblaciones marginales donde no podían justificar algún interés electoral(18). De esta fecha datan también los excesos y los contrastes en los gastos y proyectos municipales financiados con las regalías(19), bien fuera dentro de la racionalidad de pobreza, ligada al control que ejercían las guerrillas, en los municipios donde accedieron al poder candidatos de la Unión Patriótica o en alianza con sectores del liberalismo, las administraciones se esforzaron por actuar con cautela. Entre tanto, en la capital departamental, el derroche marcaba la tendencia que se impondría:

Lo trascendental aquí estriba en los cuestionamientos de que eran objeto los políticos "tradicionales" en Arauca, además de la imagen que proyectaban en el resto del país. En efecto, como lo advierte Apuleyo Mendoza, para los habitantes de la Intendencia era de relativa simplicidad juzgar, dadas las circunstancias, quien gobernaba mejor: el Estado colombiano o la subversión. En ausencia de un control ciudadano (palabra casi ajena al vocabulario político de la época en Arauca), la coacción de la guerrilla cumplía esta función con mayor eficiencia. Ni que decir de la imagen que se construyó de ellos en los centros de la administración pública, donde el Estado se afanaba por modernizarse; como el mismo editorialista sentencia:

Sin visión de largo plazo, los emires políticos del Arauca (hoy diríamos empresarios políticos) no son los hombres más calificados para defender un sistema democrático. Están demasiado ocupados ganando dinero y haciéndoselo ganar a sus amigos(21).

No obstante, como era imposible de predecir en 1989, esta sería más la regla que la excepción en la historia reciente de Arauca. Tampoco el nombramiento de intendentes o gobernadores militares o la conformación de equipos técnicos con asesorías externas, llegadas de Bogotá, marcarían una diferencia significativa. Más tarde, la misma tendencia alimentaría otras manifestaciones de violencia como el asesinato político y la lucha de aparatos armados por el poder(22). Con todo, hasta ese momento, el curso de los acontecimientos parecía favorecer a la guerrilla: la mezcla de corrupción política, ilegalidad económica (aparición de cultivos de coca, contrabando), irregularidades y excesos de las fuerzas militares, otorgaban nueva aceptación a algunas actuaciones de la guerrilla. Esto fue cierto por lo menos hasta el asesinato del obispo de la Diócesis de Arauca, Jesús Emilio Jaramillo, en octubre de 1989. En efecto, integrantes del ELN se proclamaron autores de este asesinato, hecho que le ocasionó un relativo aislamiento social. Al parecer esta acción obedecía a la radicalización de las posiciones políticas del Frente Domingo Laín dentro del ELN y a tensiones de poder dentro su Comando Central (COCE)(23) pero, en el momento, contrastó y, dentro de algunos círculos sociales y políticos, justificó el avance territorial de las bandas paramilitares en Meta y Casanare(24), hecho que alentó, en palabras de sus promotores(25), la intensificación de la "guerra sucia" contra militantes de la Unión Patriótica en Arauca.

Aunque se conocían algunos brotes paramilitares desde 1983, contrarrestados en su momento por el control social y la coacción que ejercía la guerrilla(26), fue solo hacia agosto de 1992 cuando una ola de violencia política sacudió a Saravena, Tame, Arauquita y Fortul. Sus protagonistas parecían ser "escuadrones de la muerte", auspiciados por desconocidos y, su objetivo, los militantes de la Unión Patriótica o los integrantes de organizaciones de base. Dicha ola coincidió con el desarrollo de parte sustancial de la "Estrategia Nacional Contra la Violencia", puesta en marcha por el presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994) al fracasar el proceso de diálogo con los insurgentes en Caracas y Tlaxcala. Esto sucedía al tiempo que se promulgaba la Constitución de 1991. No obstante la brutalidad de las incursiones de los grupos paramilitares contra la población civil y el desmantelamiento de organizaciones sociales en Arauca, la guerrilla se mantuvo en el territorio con relativo éxito(27). Prueba de lo anterior es que, entre 1992 y 1996, los mismos frentes guerrilleros desarrollan una fuerte labor de despliegue territorial y social (producto de las definiciones en sus congresos y conferencias). Más tarde, la penetración efectiva de los grupos paramilitares (1999) poco cambió esta situación hasta 2002, año en que el Estado toma la iniciativa en el conflicto.

Hasta aquí, se puede decir que la guerrilla intentó "administrar" un periodo de incertidumbre y de crisis por los fraccionamientos del poder en Arauca, donde se relacionaban distintas facciones de carácter local y regional; escenario en el cual, el Gobierno central no atinaba a imponerse y establecer reglas que permitieran la pacificación y la centralización de algunas funciones del Gobierno: éstas se fraccionaban de acuerdo con los intereses en juego. Desde este punto de vista, Estado, población y territorio se encontraban descentrados, sin mayores ejes articuladores de las acciones de Gobierno. Con todo, este escenario se constituyó en una experiencia emblemática para la subversión que aprendió (mediante el procedimiento de ensayo y error) a incidir en la distribución (mediante la coerción) de parte del valor excedente de la producción petrolera en su propio beneficio, pero no agotó en este esfuerzo todas sus aspiraciones. De hecho, la posibilidad de convertirse en "Gobierno" ubicó a la guerrilla frente a sus limitaciones para administrar y mantener la obediencia entre la población civil en medio de una estrategia de guerra(28).

A finales de la década de 1980, la guerrilla retó al Estado. Para el caso del ELN, este reto se concretó en Arauca. Desde este territorio avanzó a subregiones más integradas a la Nación o ha subregiones marginales o de frontera interna. El avance fue a través de las redes comunitarias y sociales establecidas por los campesinos pobres; por lo menos en lo que se refiere a su presencia militar y rural. En otro sentido, era una organización político-militar en la que se reunían (permanente o temporalmente) intelectuales, estudiantes, sindicalistas y campesinos que contaban con redes de apoyo entre comerciantes, docentes, religiosos, trabajadores, transportadores, jornaleros, líderes locales, organizaciones cívicas, administraciones públicas, y uno que otro político profesional, empleado de empresa transnacional o representante del Estado central. Incluso sectores de la producción petrolera, que se negaban a tributar a la guerrilla, se encontraban en situación de debilidad para proteger sus patrimonios y tenían que ceder bajo el peso de la coerción(29). Por esta razón, en el nororiente fue tan complejo el entramado de relaciones entre lo rural y lo urbano dentro del ELN. Esta fue una organización que, durante las décadas del ochenta y del noventa, logró establecer un "aceptable" y dinámico flujo de relaciones entre sectores sociales y espacios de distinta densidad demográfica, económica(30), política, cultural, y Arauca no fue la excepción; por el contrario, muchas de las "mejores prácticas para ser gobierno" del Frente Domingo Laín intentaron reproducirse, para citar dos casos, en el Sur de Bolívar (Frente Solano Sepúlveda) y en Barrancabermeja (Frente Urbano Resistencia Yariguíes).

En el plano social, tanto el ELN como las FARC, establecieron una fuerte relación con sectores subordinados de la población civil que creían ver en ellos intermediarios fundamentales frente al Estado central y a las empresas petroleras u otras de carácter privado (constructoras de vías, electrificadoras). Sin duda, esto se tradujo en una verdadera tutela amparada en su poder de coacción:

Puede que nos digan que somos guerrilleros –señaló un campesino– o que les ayudamos con comida y con un chinchorro para dormir, pero ellos son de aquí. A la mayoría los vimos crecer y ellos nos ayudan para conseguir maestro, para que nos pongan luz y hasta nos defienden(31)

Esto acontecía en la mayor parte de los caseríos de Arauca, pese a las deficiencias en la comunicación, el contacto comercial y el suministro de servicios públicos (agua potable y alcantarillado). No obstante su lejanía, como parte de la "cultura petrolera", se mantuvo la tendencia de integrar, mediante una red de carreteras, a estas localidades que, al mismo tiempo, conservan sus raíces campesinas y de producción de alimentos.

Esto supone una dificultad para caracterizar el conflicto armado en Arauca, dado que allí, el ELN, primero, y las FARC, poco después, constituyen, a través del tiempo, zonas de refugio (1966-70); de consolidación y fortalecimiento (1970-1981) de expansión y operaciones ofensivas (1981-1999); de descanso y recuperación (1986-1999) y de confrontación (1999-2008). Así, la vertiente andina sirvió de refugio y descanso; el piedemonte fue escenario de consolidación; los llanos bajos fueron espacios de expansión y luego, con diverso acento en el tiempo, fueron también zonas de enfrentamiento. Esto advierte no solo sobre un desarrollo militar sino sobre distintos grados de proyección política y social dentro de la población. Por ello ha sido tan difícil establecer distinciones entre civiles y combatientes a lo largo de los enfrentamientos con el Estado o entender que las guerrillas no conforman tan solo estructuras compuestas por hombres y mujeres armados. La noción de frente guerrillero encierra un significado que involucra organización social, redes de apoyo, economías de guerra, fijación a un territorio, relaciones políticas, construcción de imaginarios e ideologías, control social y coacción. Todos estos elementos están presentes, de alguna forma y amplitud, en la historia de frentes como el Domingo Laín (ELN) o el Guadalupe Salcedo (FARC). Tal vez por lo anterior, las estrategias del Estado central para recuperar el control del territorio y la población civil han sufrido tantas limitaciones; más cuando en estas estrategias se ha hecho tanto énfasis en la coerción económica (a veces en manos de agentes privados) y en la coacción física (legal e ilegal).

Lo dicho hasta aquí, permite descubrir que tras la elaboración ideológica contemporánea a los hechos, o posterior a los mismos, realizada por los actores (insurgentes, las facciones partidistas, las organizaciones sociales o el Estado central), se hallaban diversas escisiones (comunitarias, económicas, sociales, partidistas, de identidad regional y partidistas), o, por el contrario, formas de solidaridad e identidad entrelazadas, previas a la detonación o profundización del conflicto y la violencia política. Al mismo tiempo, estas diversas formas o manifestaciones colectivas entre sectores comunitarios y sociales más o menos organizados de Arauca y/o entre éstos y el poder político local e intendencial o el Gobierno nacional, encontraron, pese a algunas manifestaciones temporales de conflicto, una canalización bajo el control de los grupos guerrilleros y se alcanzó algún nivel de equilibrio, por lo menos hasta finalizar la década del ochenta. Luego, el descubrimiento del petróleo, los efectos de la descentralización y las reformas constitucionales, desataron dinámicas que la guerrilla no acertó siempre a controlar y las viejas escisiones resurgieron y se ligaron, bajo viejas o nuevas justificaciones, con mayor intensidad al conflicto y a la violencia política.

Para evidenciar el alcance de la influencia y el control de la guerrilla en Arauca, es oportuno mirar su transcurso electoral. Durante mucho tiempo se sostuvo que este era un territorio de mayorías liberales; hecho que se confirma con el seguimiento histórico (Pinzón de Lewin, 1989). No obstante, dentro de ese partido subsistieron fraccionamientos basados en trayectorias personales, lo cual se hizo evidente en un momento clave, la década 1980, y se mantuvo, con variaciones, hasta 2003:

(...) Siendo el liberalismo la fuerza política principal, eran sus líderes, Julio Acosta Bernal, Alfredo Colmenares Chía, Gustavo Carmelo Castellanos Beltrán, José Gregorio González y su esposa Iliana Josefina Baroni, Marcos Antonio Ataya Arias y su esposa Sirenia Saray. ( ...) Para la alcaldía de Arauca (todos los anteriores) apoyaron, en 1986, a Julio Acosta Bernal, quien una vez en el poder constituyó su propio grupo político denro del Partido Liberal, ‘Nueva Generación Liberal’; éste apoyó a José Gregorio González ‘Goyo’, pero éste una vez llegó a la alcaldía se olvidó de ‘Nueva Generación’ y creó su propio grupo ‘Convergencia Liberal’, y apoyó para la Gobernación a Alfredo Colmenares, quien a su vez, conformó su propio grupo, a la vez que Marcos Antonio Ataya creó "Dignidad por Arauca". En realidad ‘el picure trabaja pa’ la lapa’. Del año 1983 al año 2003, fueron estas fuerzas o alianzas entre sí, las que gobernaron a Arauca (Garcés, 2007:259)

Con liderazgos similares, este predominio fue seguido por los conservadores. Antes de 1984, este partido tuvo presencia en las elecciones locales de Arauquita, Arauca y Tame. Algunos de sus integrantes (Jorge A. Matus Cayle, Ramiro Silva Rodríguez, Elías Matus Torres, Amado López, Narciso Matus Torres) fueron elegidos a la Cámara de Representantes y tuvieron destacada participación en el Consejo Intendencial.

No obstante, la constitución de tres nuevos municipios en la década del ochenta tuvo alguna relación con el auge de la izquierda en toda la Intendencia(32), fenómeno que se mantendría, con sobresaltos, bajo determinada tendencia, hasta 2001. Así, desde 1986, la izquierda participó en el Consejo Intendencial y, en marzo de 1988, va a elecciones directamente, con la Unión Patriótica o a través de coaliciones, En ese momento obtiene las alcaldías de Tame y Arauquita y forma parte del gobierno de Saravena(33). También participó en el Consejo Intendencial, en coalición con el Liberalismo(34) (1988) y luego, en 1990, en la misma instancia, la Unión Patriótica obtiene tres curules. A pesar de esto, en las elecciones para Senado y Cámara, en 1990, figuraban los nombres y los partidos de siempre: Germán Aguilera y Alfonso Latorre por el Liberalismo; Elías Matus, Conservador, para el Senado, u otros, menos conocidos a nivel nacional, como Guillermo Garrido, Alfonso Medina y Rafael Caropress, por el Liberalismo, y Amado López y Elmer Silva, por el partido Social Conservador, para la Cámara. Como fuere, para marzo de 1990, la Unión Patriótica conserva las alcaldías de Tame (Cayo Sepúlveda) y Arauquita, con Amos Ríos.

En ese momento, la Unión Patriótica era un partido en crisis, dentro del contexto nacional, por efecto de la "guerra sucia" contra sus militantes y por los altibajos en la relación y la ruptura de la negociación Gobierno-FARC (Medina, 2009). Podría suponerse, entonces, que ante el inminente desplome de la participación electoral de la izquierda y el incremento de la violencia contra los militantes de la Unión Patriótica y otras organizaciones sociales (incluidos los sindicatos), la táctica de la guerrilla en Arauca consistiera en entablar acuerdos o alianzas electorales con algunos candidatos a las alcaldías y con los jefes políticos, aspirantes a la Gobernación y al Congreso de la República. Qué tan estrecha fue esta colaboración y qué resultados obtuvo la guerrilla o cual fue la relación prevaleciente entre ella y las facciones partidistas, son aspectos difíciles de aclarar; no obstante, en opinión de sus habitantes, la guerrilla, en especial el ELN, fue el poder oculto en Arauca al finalizar la década del ochenta y alcanzó, por un momento, a redefinir lo que un autor denominó "mayorías electorales", en asociación con facciones de los partidos Liberal y Conservador; fenómeno que para la izquierda, a escala nacional, fue muy difícil de lograr y mucho más controvertido (Romero, 2007:363-394). Tan solo cabe observar el éxito político que obtuvieron los candidatos y gobernantes acusados, en algún momento, de tener alianzas con el ELN y el desempeño de la Unión Patriótica en las elecciones. Mientras aquéllos alcanzaron la Gobernación o la Cámara de Representantes y alcaldías importantes, la Unión Patriótica se mantuvo, en lo fundamental, en las alcaldías de Fortul, Arauquita, Tame y tuvo una participación más discreta en Cámara de Representantes.

En efecto, pese a la ola de violencia desatada contra la izquierda y las organizaciones sociales en otras regiones del país, la vida política de Arauca siguió un curso particular. En 1991, en plena ebullición por efecto de los cambios constitucionales, el Departamento participó en las elecciones para Senado y Cámara de Representantes(35), en especial con a las candidaturas de Hernán Motta Motta (Unión Patriótica), Elías Matus Torres (Partido Conservador), Germán Hernández Aguilera (Partido Liberal) y Vera Grave Leovenherz (AD M-19), para Senado, y de Octavio Sarmiento Bohórquez (Unión Patriótica), Adalberto Jaimes Ochoa (Partido Liberal) y Alfonso Medina Delgado (Partido Liberal), para Cámara. Aunque la votación en blanco y la abstención fueron notables, se pueden resaltar los resultados obtenidos por la Unión Patriótica, la Alianza Democrática M-19 y la Unión Cristiana en esas elecciones.

Sin embargo, fue quizá la primera elección popular de gobernador, el hecho político de mayor trascendencia ese año. Después de Santander, Arauca era el departamento más rico del nororiente. Un botín muy apreciado por los aspirantes de todos los partidos. El liberal Alfredo Colmenares Chía ganó por estrecho margen las elecciones a otro liberal, latorrista, que mantenía alianzas con la Unión Patriótica: Marco Antonio Ataya; en tercer lugar figuró el ex alcalde de Arauca, Julio Acosta Bernal. Aunque la abstención alcanzó el 49.47% del censo electoral, estas elecciones marcarían un punto de referencia dentro de una serie de hechos políticos posteriores. Esta gobernación, por primera vez en la historia de Arauca, podía asumir con autonomía administrativa y política, libre de la tutoría de DAINCO(36), la preparación y ejecución de un plan de desarrollo y el control de los cerca de 80 mil millones de pesos de presupuesto anual. La elección de Colmenares Chía fue candente y marcó diferencias con otros sectores liberales del departamento(37). Entre 1992 y 1993, la gobernación de Alfredo Colmenares afrontaría denuncias similares a las lanzadas contra el alcalde de Arauca (José G. González) por malversación de recursos públicos, irregularidades en contratos, parcialidad política y de acuerdos y desavenencias con grupos guerrilleros(38). En efecto, el nuevo gobernador intentó posicionar al sector oficialista del Liberalismo en el poder dentro del Departamento, y esto le generó enfrentamientos con otras fuerzas que pugnaban por imponerse.

A la puja interna por la apropiación de las regalías, se sumaba la intención de la Gobernación de oponerse a las pretensiones del poder central. Esta oposición era respaldada por sectores políticos y económicos dominantes en otros departamentos de la Orinoquia (Casanare, Meta). El lenguaje que se utilizaba en la controversia exaltaba, de parte del Gobierno Nacional, la necesidad de sujetar el manejo de las regalías a los criterios de racionalidad administrativa, transparencia ejecutiva, capacidad de planeación y ejecución. Además, el Gobierno deseaba destinar parte de esas regalías a financiación de la lucha contra la subversión. De parte de los mandatarios locales y regionales sobresalían los argumentos de manejo autónomo, de atención a necesidades urgentes de la población, y a la inversión en obras de infraestructura e integración vial(40).

Por la misma época, soterradamente, en algunos municipios de Casanare (Tauramena, Monterrey, Villanueva), paramilitares provenientes de Puerto Boyacá organizaban las "autodefensas campesinas" y se fijaban, dentro de sus propósitos, defender de extraños la nueva riqueza del Departamento. Así mismo, la Coordinadora Guerrillera realizaba acciones en varias partes del país (incluida Arauca) para presionar al gobierno de Gaviria en el marco de las conversaciones sostenidas en Caracas y Tlaxcala. En estas acciones, el funcionamiento de la Gobernación y la infraestructura y las actividades de extracción de petróleo se veían afectadas. En realidad, la guerrilla se estableció en municipios de vertiente y piedemonte (Chámeza, Sácama, Nunchía, Recetor) y desde allí lanzó ataques contra los municipios cercanos a los yacimientos de Cusiana y Cupiagua. Estas dinámicas vaticinaron el reparto geopolítico a lo largo del piedemonte llanero y la vertiente andina.

Con todo, las intenciones expresadas por el Partido Liberal a través de la candidatura y el gobierno de Colmenares Chía, no alcanzaron a contrarrestar la influencia de la guerrilla que siguió beneficiándose de los auxilios entregados por ese mismo Gobierno, a sectores de la sociedad araucana (las llamadas Juntas Administradoras) o a través del cobro de comisiones a los contratistas de obras publicas. En 1993, este era un territorio donde la autoridad civil tenía un campo de influencia restringido; insular, se podría decir, y, en ocasiones, era tal la presión de la guerrilla, que sus representantes tenían que "despachar" desde Bogotá; Por entonces, para señalar algo novedoso, se mantenían algunos pequeños proyectos de inversión agroindustrial y de impulso a la producción campesina, en Tame, Saravena, Arauquita, como muestra de la intención gubernamental de ofrecer alternativas de desarrollo endógeno. Mientras tanto, la lluvia de críticas y denuncias sobre el mal manejo de las regalías involucraron tanto a gobiernos anteriores (DAINCO, Intendencias) como a la primera gobernación de elección popular(41).

No obstante estos esfuerzos de planificación del desarrollo parecían intentar lo imposible debido a que las empresas y proyectos exitosos eran aquellos que se adaptaban al medio dominante y acertaban a combinar información, poder, coerción y recursos para adecuar las reglas de juego mudables a sus intereses particulares. La idea que motivaba a los "empresarios" particulares y a los nuevos "gestores" públicos, no era tanto producir riqueza, sino captar las rentas derivadas de la actividad petrolera. En este ambiente no se estimulaba la inversión productiva, la innovación tecnológica ni el espíritu de empresa y el desarrollo regional. Al contrario, los sectores y grupos que competían en un ambiente institucional débil, permeado por la violencia y la intimidación, encontraban más racional comprar o intimidar a sus contrapartes para obtener un beneficio seguro. y esto aumentaba los "costos de transacción". Este entramado fue bien entendido o, incluso, creado por la guerrilla, las empresas transnacionales, los contratistas de obras, los narcotraficantes, los contrabandistas y los políticos ambiciosos que accedían a los cargos de representación pública. Ellos fueron los ganadores dado que supieron acomodar los cambios institucionales dictados desde el centro (descentralización administrativa, elecciones populares, manejo de regalías), a las peculiaridades de las relaciones sociales y políticas locales, a la información "privilegiada" sobre los posibles escenarios o equilibrios de poder y a la manera (ideológica) de percibir las funciones del Estado.

Cabe resaltar que entre 1992 y 1994, la Unión patriótica tuvo participación destacada en la Asamblea Departamental (3 de los 11 diputados pertenecían a ese partido) y en los gobiernos y concejos municipales; especialmente en Arauquita, Tame y Fortul. También mantuvo alianzas con un sector del liberalismo cercano a Octavio Sarmiento, elegido representante a la Cámara en 1991. Al mismo tiempo, en un contexto de enfrentamientos frecuentes entre la fuerza pública y la guerrilla, alcaldes como Juan Manuel Mogollón (Saravena) y Elsa Rojas (Arauquita) fueron detenidos, acusados de rebelión. También, integrantes del sector de Convergencia Democrática, al cual pertenecía Colmenares Chía, eran señalados de tener vínculos con el ELN. Por esa misma época se "calienta" la frontera con Venezuela, mueren civiles en enfrentamientos entre la Guardia Venezolana y el ELN; al mismo tiempo, informes del DAS mencionan el incremento del tráfico de armas, la aparición o fortalecimiento de grupos armados irregulares en ambos países y la sostenida dinámica del narcotráfico.

Para 1994, Arauca era un territorio y una sociedad donde la puja entre diversos intereses sociales, políticos, económicos e ideológicos, se hacía visible por fuera y en relación con la violencia política y el conflicto armado. Sin duda, estos fenómenos de alcance nacional, se encarnaban en aquéllos intereses y asumían identidad particular e individual; en el plano electoral, la lucha era entre facciones y líderes políticos, como se acaba de describir. Esto nos lleva a concluir que buena parte de la energía manifestada por el conflicto o la violencia se debía a que se nutrían de los mencionados intereses y les ofrecían unas formas de justificarse y de ligarse con dinámicas de orden nacional. En otras palabras, a las escisiones creadas por el conflicto armado y la violencia, en el plano nacional, y a las acciones del Estado y los partidos políticos para contrarrestarlos, se correspondía un juego de intereses y expectativas de carácter regional y local que buscaba ganar visibilidad asumiendo identidades similares (aunque con particularidades), a las adoptadas por los actores del nivel nacional (Kalyvas, 2001, 2003).

Después de 1994, con el repunte del Partido Liberal, las elecciones en Arauca sufren una aparente rutinización. A la Cámara fueron elegidos Julio Enrique Acosta y Adalberto Jaimes; en la Gobernación, el triunfo fue para José Vicente Lozano, liberal, quien derrotó a Octavio Sarmiento, de la Unión Patriótica. Con todo, este partido de izquierda conservó las alcaldías de Arauquita, con Orlando Ardila, y Fortul, con Gilberto Guzmán. El gobernador electo, José Vicente Lozano, había afrontado investigaciones de la Procuraduría cuando fue alcalde de Saravena (1988); sobre él también recayeron sospechas y seguimientos por supuesta colaboración o militancia en el Frente Domingo Laín(42). Su elección fue proclamada, en su momento, como un logro del liberalismo de Arauca y como prórroga del empeño de este partido por alcanzar la integración económica y el desarrollo agroindustrial del Departamento.

Al mismo tiempo, durante esa época, la intensidad del conflicto armado en las zonas más pobladas de Arauca (Saravena y Caño Limón) mostró un relativo descenso. Este hecho se muestra en la disminución de los enfrentamientos y en el número de civiles muertos (Gráficas 2 y 3). No obstante, se conocieron actos de violencia (asesinatos, desapariciones, secuestros) cuyos autores permanecieron en la sombra; sus móviles políticos no eran siempre evidentes y se confundían con otros tipos de violencia, relacionados con el narcotráfico, el contrabando, la delincuencia común, los conflictos laborales, venganzas personales, etc. Lo destacado aquí, es que las distintas modalidades de criminalidad parecían interrelacionarse, atrapaban la atención y alimentaban los temores entre los sectores sociales y políticos del Departamento. Así, las muertes misteriosas de varios médicos, enfermeros y empleados del hospital de Saravena, los asesinatos de reconocidos políticos liberales como José Gregorio González Cisneros y Alfredo Matiz Espinosa, o de la Unión Patriótica como Amos Ríos Suárez, vinculados por largo tiempo a la vida pública, se sucedieron en una cadena siniestra. Los atentados de sicarios contra civiles o presuntos integrantes de la guerrilla en las calles de Saravena, Tame o Arauca; las muertes de campesinos en el piedemonte (Fortul) o en zonas apartadas de los llanos o de la vertiente andina, fueron atribuidos a integrantes del Ejército. También se desató una ola de asesinatos contra adolescentes (13 víctimas en 1994) acusadas de ser amigas o novias de integrantes de la fuerza pública(43).

Todo lo anterior mostraba, además, intencionalidad, organización y profesionalización de la violencia, relacionada, al parecer, con la disputas por el control social y político del Departamento. La Tabla 2 muestra como, en este periodo (1992-1996), las tasas de homicidio se mantuvieron muy altas, especialmente en el Sarare(44). Por información de prensa de la época, se puede inferir la existencia relacionada de distintas formas de criminalidad por el poder político, y se puede identificar, en parte, la necesidad y las dificultades de las guerrillas por mantener o ganar supremacía y la emergencia de bandas armadas ilegales al servicio de los organismos de seguridad del Estado en su lucha contra la subversión. De esta misma época (1996) datan los paros, los pronunciamientos y las propuestas de organizaciones populares y de algunas ONG (ANUC, Fensuagro, ADUC, FECODE, Sintradin, CUT, Mujeres Cabeza de Familia, Juntas de Acción Comunal, etc.) para promover el desarrollo endógeno, convertir a Arauca en laboratorio de paz y auspiciar el dialogo entre los grupos guerrilleros y el Gobierno central. También de ese periodo destaca la oposición de la comunidad U’wa a las exploraciones de la OXY en el piedemonte.

Hacia 1997, estos hechos de violencia se incrementan y reaparecen los grupos paramilitares con mayores recursos y preparación; esta vez sus víctimas serán campesinos, docentes, periodistas y sindicalistas. Durante este año la guerrilla intensifica los atentados contra los intereses de la OXY(45) y en Arauca se repiten los paros y las manifestaciones.

En ese año aumentan las tasas de desplazamiento (expulsión) de civiles en las subregiones de Arauca, aunque esta vez, es notorio el aumento de la problemática en los llanos bajos y en la vertiente andina (Tabla 3). Es un momento que coincide, a nivel nacional, con el reagrupamiento y la ofensiva paramilitar. Cabe anotar que, como se enfatiza luego, esta penetración paramilitar provino del Magdalena Medio(46), Casanare(47), Urabá(48) y Meta(49), aprovechando la existencia de redes de apoyo basadas en identidades regionales, adscripciones partidistas y organizaciones narcotraficantes(50). Por su parte, la guerrilla presionaba a algunos alcaldes y asesina a antiguos políticos o a candidatos a las elecciones de octubre de 1997. Esto tendría alguna relación con los sucesos que se vaticinaban(51).

En ese momento, la guerrilla sufre una prueba: ve amenazado su control sobre el territorio, la población y la vida política regional. En efecto, la suerte de para-Estado creado y mantenido de manera compartida, aunque no unánime, por el ELN y las FARC parecía llegar a su fin. Las reglas de juego que imponían se desgastaban y, poco a poco, el uso de la coacción era más frecuente en los sectores sociales, económicos y políticos. También eran evidentes las diferencias y roces entre el Domingo Laín y el Frente 45 de las FARC(52). Con la llegada de fuerzas paramilitares especializadas, la capacidad de las guerrillas para capturar rentas y cobrar tributos se comprometía. Además, las investigaciones judiciales y de la fiscalía tocaron sus redes de apoyo y de alianza en diversos ámbitos. La violencia aumentó y miles de campesinos marcharon pidiendo protección a sus vidas, empleo para los migrantes y desarrollo social al Estado central; la Asamblea Departamental y la Gobernación se solidarizaron con estas peticiones(53). Lo que la fuerza pública no había logrado, lo podían conseguir ahora los paramilitares con métodos parecidos a los utilizados por alias "Martín Llanos" en Casanare. El reto se concretó en los alrededores de Tame y Puerto Rondón.

No obstante, la elección de Gustavo Castellanos Beltrán a la Gobernación (1998-2000) parecía marcar una línea de continuidad con administraciones anteriores. Castellanos contó con el apoyo de sectores otrora divergentes de los Partidos Liberal y Conservador, encabezados por Julio Acosta, Elías Matus, José Vicente Lozano y Alfredo Colmenares. En esa oportunidad Castellanos derrotó a Octavio Sarmiento quien también inscribió su candidatura a nombre del Partido Liberal y tuvo el apoyo de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Como los anteriores, Gustavo Castellanos era un político de trayectoria en Arauca(54). Los objetivos del nuevo Gobierno departamental y la mayor parte de las alcaldías, también liberales, era involucrar la inversión de las regalías en obras de modernización vial y agropecuaria, pago de la deuda contraída en anteriores mandatos e inversión en servicios públicos (acueductos y alcantarillados) como forma de integrar el Departamento al resto de la Orinoquia y a la zona fronteriza de Venezuela. Nada presagiaba una alianza entre la "elite dirigente" y los paramilitares del llamado Bloque Vencedores. Incluso, durante esos años, la gobernación de Gustavo Castellanos se mostró dispuesta a la negociación con los grupos guerrilleros y abogó por la inversión social en zonas de conflicto como condición básica de la paz. También sufrió la oposición de la Asamblea: 2 de los 7 diputados del liberalismo desertaron a la Unión Patriotita, que de esta forma alcanzó mayoría con 6 de los 11 diputados(55).

Además, la Unión Patriótica mantuvo su influencia social en distintos sectores civiles del departamento y conservó una participación significativa en otras instancias de poder como las alcaldías y los concejos; Fortul y Arauquita fueron sus mejores espacios. No obstante, ese periodo se caracterizó por el duro enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla, en especial con las FARC, así como por el incremento de los cultivos de coca en Arauca, al tiempo que el Departamento registraba un escalamiento sin precedentes de los indicadores de conflicto armado(56). A estas alturas, tanto el conflicto como la violencia parecían despojarse de su ropaje ideológico y obedecer a los dictámenes básicos de vencer al enemigo. Sin embargo, una atención más detallada permite identificar su carácter fundamentalmente político y la persistencia de algunas identidades colectivas entre sus protagonistas.

Los paramilitares ingresaron desde Casanare (Hato Corozal y Paz de Ariporo) y la zona limítrofe entre Meta y Vichada (Puerto Gaitán, Cumaribo). Desde allí realizaron las primeras incursiones en 1997, 1999, 2000 y 2001 e hicieron presencia en las cabeceras de Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte. Las primeras acciones de estos grupos consistieron en el asesinato esporádico de maestros, líderes agrarios, sindicales, políticos y periodistas, en lo que no eran, con propiedad, "operativos contrainsurgentes". Sin duda, en este posicionamiento inestable, desempeñó un papel clave las relaciones sociales y económicas de estos municipios con sectores que, en Casanare y Meta, fundaron otros grupos paramilitares (las Autodefensas Campesinas de Casanare y las Autodefensas de Meta y Vichada) en los años ochenta y noventa. Aun así, 2003 es el año en que con mayor fuerza se sienten las acciones de los paramilitares contra la población civil y los grupos guerrilleros en Arauca (Gráficas 2 y 3)(57). Cabe advertir que la presencia paramilitar en Arauca fue limitada y su afianzamiento fue rápidamente contrarrestado por la guerrilla en zonas neurálgicas del territorio, y que su desmovilización contribuyó a cerrar, de alguna forma, un ciclo de violencia. También se puede decir que este "fracaso" de los paramilitares tuvo que ver con que la dirigencia política, local y departamental de Arauca, salvo algunas excepciones, no se alió con ellos para expulsar a la guerrilla del territorio. Los paramilitares tampoco encontraron mucho eco entre propietarios medios de las zonas rurales o habitantes de los barrios de Arauca y Saravena.

Por eso se recalca que el fenómeno paramilitar ingresó "tarde" a Arauca prohijado por los destacamentos militares oficiales, lo cual facilitó la implantación de algunas estructuras del Bloque Centauros en 1999. Esta falta de arraigo social o aceptación entre la diligencia política explicaría, en parte, por qué, durante los años 2001-2002, se produjo la operación de compra-venta de las llamadas "franquicias" que dio origen a la conformación, liderada por los hermanos Mejía Múnera, del Bloque Vencedores. El Bloque Centauros, o mejor su marca, fue adquirida, también a los hermanos Castaño Gil, por Miguel Arroyabe, quien se convirtió en su jefe y propietario y expandió dicho frente por todo el Meta y parte de Casanare y Guaviare, dando inicio, poco después, a una guerra con alias Martín Llanos, amo y señor, hasta entonces, de las Autodefensas Campesinas del Casanare (González, J, 2007)(58). El Bloque Vencedores de Arauca, se desmovilizó en diciembre de 2005, en la vereda Puerto Gaitán de Tame. Coincidió con la desmovilización de este Bloque, el enfrentamiento entre las FARC y el ELN, justo en los alrededores de Tame(59).

En 2001, fue elegido gobernador Héctor Federico Gallardo Lozano, otro político de "carrera", de la línea del saliente mandatario (Gustavo Castellanos), del cual había sido secretario de gobierno y gobernador encargado. Este último precedente se convertiría en inhabilidad y en consecuencia, por sentencia del Consejo de Estado, tuvo que dejar el cargo un año después. Le sucederían, por designación presidencial, cuatro gobernadores temporales: Carlos Bernal Medina, José Emiro Palencia Álvarez, Ignacio Llano Uribe y Óscar Garrido Muñoz. Héctor Gallardo también afrontó investigaciones por cumplir supuestas tareas de enlace entre el ELN y Gustavo Castellanos, cuando éste se desempeñaba como gobernador. 2002-2003 fue un periodo de recrudecimiento del conflicto y la violencia política, así como de finalización de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno de Andrés Pastrana, y del comienzo del primer mandato de Álvaro Uribe. Sin duda un momento difícil para el "orden público" y de aparente transición política en Arauca.

El asesinato de Octavio Sarmiento (2001), a manos de las autodefensas de Casanare, marcó la suerte de la Unión Patriótica en Arauca. Su trayectoria pública estuvo ligada al ascenso y vigencia de la esta agrupación política por cerca de veinte años. Sarmiento llegó a ser vicepresidente nacional de la Unión Patriótica. En su carrera política, fue concejal de Tame, integrante del Concejo Intendencial desde la década del setenta, dos veces alcalde de este mismo municipio, e intendente de Arauca en la década del ochenta (CNAI, 2009). También fue representante a la Cámara en 1991, año difícil para la Unión Patriótica y candidato a la Gobernación en dos oportunidades (1994, 1997). Por momentos, cercano al liberalismo de Arauca, de hecho su carrera comenzó en este partido, formó parte del sector denominado "Movimiento Liberal Oficialista Independiente"(60), y sin duda fue un líder sobresaliente de la izquierda del departamento. Luego de su muerte, la Unión Patriótica desapareció del panorama político de Arauca. Aún en 2000, el Partido Liberal y la Unión Patriótica fueron las principales fuerzas políticas(61), luego, otras agrupaciones ganaron espacio (Movimiento Político Comunal y Comunitario, Cambio Radical, Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia, Colombia Democrática, Apertura Liberal, etc.). La violencia política de estos años tuvo incidencia en estos cambios.

Con todo, ese mismo año (2000), José Vicente Lozano, ex gobernador, y del cual se rumoraron nexos con el ELN, apoyó las elecciones de los alcaldes de Arauca, Fortul, Saravena y Tame. Precisamente, el primero de estos alcaldes, Jorge Apolinar Cedeño, fue detenido en octubre de 2003, acusado de desviar recursos públicos hacia el ELN (CNAI, 2009). Cabe anotar que José Vicente Lozano desempeñó, durante mucho tiempo, un papel clave en la política de Arauca debido a su poder electoral. En la última década, contribuyó, por ejemplo, a las campañas de Hugo Serrano Rueda, para el Senado en 2002, y Adalberto Jaimes, para la Cámara, elegidos ambos. Más tarde, en 2003, incidió en la elección de los alcaldes de Arauquita (José Olivares) y Saravena (Antonio Ortega), ambos liberales. Sin embargo, fracasó en su intento de postularse como candidato a la Gobernación en 2000, por divisiones dentro del liberalismo. En 2006, apoyó la aspiración de Luis Alberto Gil(62) al Senado y pasó a orientar el partido Convergencia Ciudadana en Arauca, partido que avaló su candidatura a la Cámara de Representantes, en 2006. Elegido a este cargo, fue acusado por La Corte Suprema de Justicia de saqueo sistemático a los recursos del fisco departamental para fortalecer el frente Domingo Laín, cuando fue gobernador (CNAI, 2009) y de formar parte del mismo grupo armado desde cuando ocupó el cargo de alcalde de Saravena entre 1988 y 1990. Una trayectoria en apariencia contradictoria (sirvió a varios "señores" al mismo tiempo o consecutivamente) y orientada por ambiciones personales de poder.

La trayectoria de Julio Acosta Bernal también ilustra sobre el rumbo político del liberalismo en Arauca. Inició su trayectoria al amparo de Alfonso Latorre Gómez, gran elector de los Llanos, fue elegido primer alcalde de Arauca por voto popular (1988-1990), diputado a la Asamblea (1992), representante a la Cámara (1994), candidato al Senado (1998) y a la Gobernación (1991, 2003), se mantuvo en la actualidad política del departamento por más de veinte años y fue jefe de una corriente, "Nueva Generación Liberal" que se apartó, por momentos, del oficialismo liberal. Durante su mandato como alcalde fue acusado de promover el despilfarro de los recursos públicos y ser uno de los precursores de la corrupción administrativa en el departamento; enemigo de la guerrilla(63), aseguraba haber sido víctima de ocho atentados, desde 1990. Se le adjudica ser responsable directo del debilitamiento del Partido Liberal y del auge de Cambio Radical entre 2002 y 2007. Cercano a los paramilitares Mejía Múnera, dueños del Bloque Vencedores de Arauca, de quienes se dice compraron para Acosta la franquicia de Cambio Radical y apoyaron su elección a la Gobernación de Arauca, en 2002. Ese mismo año, Acosta Bernal impulsó el triunfo de Alfredo Iván Guzmán a la alcaldía de Tame y de Juan Pablo Estrada y Julio César Barrera a la Asamblea. Para 2006, Acosta contribuyó, desde Arauca, a la elección de Germán Vargas al Senado y de Néstor Homero Cotrina a la Cámara de Representantes. En 2007, la supremacía electoral de este partido se vio reflejada en el número de alcaldías que alcanzó (3 de 7 en todo el Departamento); el predominio en las concejos de Arauca, Saravena, Cravo Norte y Puerto Rondón; en la influencia dentro de la Asamblea y en la conservación de la Gobernación, donde ganó Freddy Forero Requiniva.

Las supuestas alianzas de Julio Acosta con el Bloque Vencedores consistieron en un intercambio de favores: los hermanos Mejía Múnera, financiaban la campaña de Acosta; a cambio, éste entregaría recursos públicos e información privilegiada al Bloque Vencedores, además de establecer una red de comunicación con otros líderes políticos de Arauca. Estos hechos mostraban la astucia de un político como Acosta para obtener beneficio personal de las circunstancias de violencia y conflicto. No obstante, el Bloque paramilitar se desmovilizó, los mellizos fueron capturados (uno muerto otro extraditado), la guerrilla se mantuvo en buena parte del territorio y Julio Acosta se hizo prófugo de la justicia. En el futuro inmediato, la continuidad del conflicto, las investigaciones judiciales y el cambio de Gobierno nacional eran variables que cuestionaban la supuesta supremacía del uribismo en Arauca.

En este contexto, el Polo Democrático heredó la influencia política de la Unión Patriótica y siguió primando en los gobiernos de Fortul y Arauquita; también conservó cierto ascendiente dentro de la red de organizaciones sociales y las ONG. En este sentido, el descalabro electoral de la izquierda fue, en alguna medida, superado. No obstante disminuyó su influencia en la Asamblea y en instancias nacionales (Asamblea y Senado).

Desde 2002, Arauca vivió una situación particular de conflicto armado que guardó alguna relación con la declaratoria de "zona de rehabilitación y consolidación" (Gráficas 1 y 2). Especial mención merece el hecho que esta situación tuvo como escenario los municipios (zonas rurales y urbanas) más poblados del departamento(64). La estrategia de seguridad de Uribe intentó hacer un corte drástico con el anterior dominio guerrillero y adoptó medidas que resultarían controvertidas por analistas, políticos y la Corte Constitucional(65). Algunas de estas medidas contemplaron las capturas masivas, la intervención de la regalías petroleras por el poder central, el nombramiento provisional de un ex-militar como gobernador, el establecimiento de un complejo sistema de protección a la infraestructura petrolera y el aumento ostensible de efectivos de la fuerza pública en el territorio(66).

Esta situación siguió a la ruptura de las negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y las FARC. Sin embargo, la respuesta de los grupos guerrilleros fue significativa(67) (Tabla 1), y aunque en los años siguientes la situación parecía mejorar(68), las denuncias sobre violación a los derechos humanos y transgresiones del derecho internacional humanitario no cesaron de repetirse e incluso incrementaron(69).

Sin duda, lo anterior denotaba el deseo de romper una dinámica del conflicto y una trayectoria política regional vigente por más de treinta años. El Gobierno se esforzaba por golpear a la guerrilla, sustraer sus fuentes de financiación, ganar el apoyo de algunos sectores de la población civil (los más pudientes) y resquebrajar el equilibrio del poder político impulsando a los candidatos y gobernantes pertenecientes a los partidos uribistas o cercanos a las orientaciones del Presidente. Era una respuesta "integral" al control de la guerrilla que incluía un despliegue militar y político encaminado a aislarla de la sociedad y cortar sus vínculos con las instituciones políticas. Era hacer desde el Estado y con la legitimidad ganada en las pasadas elecciones, algo que los paramilitares no habían conseguido con el terror. Por lo menos así percibieron algunos sectores civiles de Arauca la intención detrás de las medidas gubernamentales.

Estas orientaciones gubernamentales tuvieron una entrada desafortunada dada la dificultad para distinguir y salvaguardar a la población civil de las acciones de los bandos enfrentados (Gráfica 3). De la lectura de los datos disponibles, se deduce que esta dificultad de percepción fue propia no solo de los grupos irregulares (guerrillas y paramilitares), sino que también afectó de manera notoria a los organismos de seguridad del Estado(70). La limitación o negación de garantías para salvaguardar los derechos humanos y civiles, aunada a la sempiterna corrupción administrativa y a las dificultades económicas de los más pobres, conllevaron una crisis de apreciables repercusiones sociales y políticas en las zonas fronterizas, como los desplazamientos de población colombiana a Venezuela(71), la intensificación de las actividades de contrabando (combustible, bienes de consumo, etc.), el abigeato, la extorsión y el secuestro. Sin mencionar el incremento de las áreas sembradas de coca en Arauca(72) y las actividades de narcotráfico hacia los países vecinos.

Tanto fue así que el punto neurálgico de reflexión, solidaridad y movilización de las organizaciones sociales, fue o volvió a ser, desde 2002, la lucha por el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Las tasas de homicidio y el número de civiles muertos en acciones de conflicto se dispararon y el caso de Arauca adquiría, por su gravedad, un lugar especial dentro del escenario nacional (Gráfica 3 y Tabla 4). Lo vivido en 1993 o 1997 era apenas una muestra de lo que ahora acontecía (Tablas 3 y 5). Como respuesta, muchas acciones de promoción, protección y defensa de estos derechos fueron adelantadas por organismos e instituciones de carácter internacional, nacional, regional y local. A esto se agregó la preocupación por otros temas generadores de conflicto y desarraigo como las fumigaciones aéreas con glifosato. En medio de la crisis, era notorio el énfasis puesto por la red de organizaciones en los temas ambientales. La golpeada sociedad civil de Arauca parecía reaccionar gracias al apoyo internacional de algunas ONG ante la indiferencia del Gobierno central.

En conclusión, las acciones del Gobierno por recuperar la seguridad en Arauca enfrentaron dificultades para distinguir entre alzados en armas y población civil. Este hecho se revela en el recurso a las detenciones masivas de pobladores y políticos locales como medida para desmantelar estructuras del ELN y las FARC. Desde cierta perspectiva, es preocupante que fueran tan desacertados los intentos por trazar fronteras entre unos y otros. Como respuesta, las organizaciones sociales parecían avocadas a ganar un nuevo espacio político y a racionalizar sus reivindicaciones e intereses en discursos que las separen formalmente del conflicto: se negaban a enfrascarse en un juego de polarización (Tilly, 2007), asumían posiciones de distanciamiento frente al Estado y desmentían de manera explícita y permanente su posible vinculación o afinidad con los grupos guerrilleros. En otras palabras, estas organizaciones rehusaron aceptar las fronteras (nosotros-ellos) que los separaban de la institucionalidad oficial y las constituían en enemigos del Estado. También se negaron a plegarse a las directrices de la "Seguridad democrática". De ahí que algunas de ellas optaran por lógicas de "resistencia" para impedir su desmantelamiento y mantener sus formas de representación.

EL "NUEVO" ORDEN DEPARTAMENTAL

Desde 2003, se observaba una "recomposición" de la clase política como efecto del conflicto, que se manifestó en un mayor grado de obediencia a las directrices del Estado central. La suerte de las negociaciones de paz con las FARC en el sur del país y el fracaso de la convocatoria a la "convención nacional" con el ELN, así como el relativo declive de esta organización en el nororiente; las amenazas o la persuasión de algunos círculos cercanos a grupos paramilitares en Casanare y Meta o la incertidumbre de ver a Arauca convertida en un escenario de guerra en un balance fronterizo favorable a la guerrilla, o simplemente el temor de perder sus "nichos electorales" y afrontar investigaciones judiciales en su contra, pesaron en las decisiones de algunos políticos locales y regionales. Es en ese momento cuando toman impulso los partidos de la coalición de Gobierno como una forma de aclimatar la política de Seguridad democrática y parte de la antigua dirigencia liberal pasa a engrosar la corriente uribista. De esta tendencia son destacables algunos resultados electorales: por ejemplo, en marzo de 2006 salieron elegidos dos candidatos a la Cámara de Representantes por Arauca, uno del Partido Convergencia Ciudadana y otro por Cambio Radical. En esta perspectiva, la presencia y las acciones de las Fuerzas Armadas tenían un papel clave en la recuperación del territorio; en consecuencia, se apoyó su papel de control y de garantes en la realización de campañas políticas y elecciones desde 2002. Con todo, aún en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2006, los candidatos de los 7 municipios del departamento afrontaron amenazas de las FARC y del ELN.

Fue entonces cuando viejos temas salieron a flote. Se recordó tarde y con algo de cinismo que, por ejemplo, la vida política institucional en los municipios había estado signada por la baja participación ciudadana en asuntos de gobierno, y que las administraciones habían estado de espalda a los gobernados. Esto, que fue perceptible en las discusiones que se entablaron durante años alrededor del efecto de los recursos de las regalías en el desarrollo, cuando incluso se llegó a afirmar que el petróleo se había convertido en una "maldición" dado que estimulaba el crecimiento desordenado de los municipios, los conflictos por la tierra, la corrupción administrativa, el deterioro del medio y la competencias electorales entre liberales y comunistas(74), tomó ahora un nuevo sentido y se instrumentó como argumento clave de propaganda para las nuevas administraciones, que no lo eran tanto.

De ahí la aparente importancia concedida por el gobernador Julio Acosta al tema de la inversión de recursos bajo el régimen de la Ley de Regalías y el afán de mostrar con frecuencia balances, al menos formales, de su gestión. En opinión de la coalición uribista, esto redundaba en la recuperación de la institucionalidad en este territorio y fortalecía la política de Seguridad democrática. Llama la atención que esta administración departamental (2004-2007) pretendiera basar su estrategia de fortalecimiento en la "inversión social" y, junto con el Gobierno nacional, impulsara programas de reactivación de mercados regionales, crecimiento y reconversión productiva, con especial énfasis en zonas rurales afectadas por la presencia de cultivos de coca y grupos guerrilleros.

La línea de desarrollo regional propuesta por el gobernador no difirió en mucho de lo expuesto por su antecesores o por organismos de planificación regional en los 20 años anteriores, quienes consideraban la inversión en obras de infraestructura como el eje de cualquier estrategia a largo plazo. Así mismo, su plan de desarrollo se basó en el impulso a proyectos económicos en dos frentes nada novedosos: impulso a la ganadería competitiva y a la agricultura comercial y agroindustrial.

En noviembre de 2006, Acosta se manifestaba satisfecho de entregar un balance con superávit de la Gobernación, de lograr una importante inversión social y de poder garantizar la seguridad en el tránsito por las principales vías del departamento, algo que, recalcaba, era imposible apenas dos años antes por las acciones de la guerrilla. Todo lo cual evidenciaba, según él, un manejo más transparente de los recursos petroleros. En un tono similar y por la misma época, el Alcalde de Arauca respondió a lo que consideraba eran retos de la administración de la capital. Por ese camino parecería que apenas en ese momento en el Departamento, los mandatarios descubrían los beneficios de formular planes de gobierno y aplicar a ellos las evaluaciones técnicas; en contraste, asociaban la corrupción y el desvío de recursos públicos a la guerrilla con la ausencia de normas y controles técnicos. Para ellos, un antídoto contra la influencia de la subversión era el fortalecimiento de la tecnocracia en todo Arauca.

La presencia de las Fuerzas Armadas ha sido ostensible en el territorio del Arauca(75). En los principales municipios se observan bases militares importantes, en los epicentros de la explotación petrolera (OXY y REPSOL) se mantienen estrictas medidas de seguridad y el oleoducto Caño Limón-Coveñas es custodiado y monitoreado las 24 horas del día. En otras palabras, por la presencia de esta institución se palpaba la ejecución de la política de Seguridad democrática; tanto o más que en otros departamentos como Meta o Caquetá.

Es necesario resaltar que los desencuentros entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil persistían. En opinión de las organizaciones defensoras de derechos humanos, este plan de seguridad significó la persecución y el señalamiento a habitantes del área del oleoducto, en especial pequeños productores campesinos, cuando no la expulsión de sus tierras, la privatización de espacios públicos y el montaje de un sistema de medidas que vulneraban la libertad de tránsito de los pobladores por las carreteras de Arauca. Incluso iban más allá y señalaban que el incremento de la presencia de fuerza pública estaba acompañado de la actuación libre de grupos paramilitares que asesinaban y pedían la salida de líderes sociales bajo amenazas de muerte.

En esta política de seguridad existía un "frente social" destinado a debilitar las organizaciones que representaban los intereses de los colonos, campesinos, sindicalistas, indígenas y que se habían declarado en abierta oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Al mismo tiempo, se estaba dando espacio y fortalecimiendo a ciertos programas diseñados para consolidar la "presencia" del Estado en zonas de conflicto (Familias en Acción, Guardabosques, etc.), lo cual estaba complementado con la subordinación, un tanto coactiva, de organizaciones sociales, el impulso electoral y el levantamiento de gobiernos pertenecientes a la coalición uribista.

En aspectos referidos a la política y al dialogo social, los planes de seguridad del Gobierno nacional mostraban serias limitaciones. Además, la fortaleza atribuida a la guerrilla gracias al apoyo dado por algunas organizaciones sociales y la población a la subversión, era interpretada con sorna por los comandantes del ejército,. En consecuencia, ciertas dimensiones de la comunicación positiva entre la Sociedad y el Estado estaban pasando por un mal momento(78). Existía un distanciamiento y hasta desconfianza en temas sensibles como preservación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin duda, era un ambiente que tendía a la polarización, muy a pesar del discurso gobiernista de la seguridad.

Sin temor a exagerar, se puede decir que esta situación de distanciamiento y desconfianza entre la Sociedad y el Estado se mantuvo en Arauca hasta la finalización del segundo mandato de Uribe Vélez, a pesar de los avances de control territorial de las Fuerzas Armadas entre 2006 y 2009. Las dificultades vividas por la población civil a lo largo de años anteriores a causa del conflicto, sin duda, contribuyeron a este malestar que se manifestaba de diversas y antagónicas conductas individuales y colectivas de retraimiento, pasividad, organización o denuncia, de apoyo al Estado o de búsqueda de soluciones parciales y casuísticas. Esta sucesión de hechos sociales no escapa a la percepción de los gobiernos locales, pero algunos de ellos no han tenido el poder de poner en marcha alternativas democráticas.

Es claro que, entre 2002 y 2009, Arauca tuvo un lugar central en el pulso militar entre el Estado y la Guerrilla, y fue de gran importancia para la suerte de la política de Seguridad democrática y para los objetivos tácticos y estratégicos de los grupos guerrilleros. Esto queda en evidencia en hechos como el paro armado de octubre de 2005, que llevó a un ajuste de aspectos muy particulares de la misma política. referidos al territorio fronterizo y a las características del conflicto armado en la región(79).

El discurso oficial proclama el triunfo de la política de Seguridad democrática y el retorno de la tranquilidad y prosperidad a Arauca, por lo menos desde finales de 2005. Fue interés del gobernador Acosta Bernal mostrar los cambios que su administración introdujo con apoyo del gobierno del Presidente Uribe, aún en los momentos más críticos. Llama la atención que el 20 de diciembre de ese mismo año, Acosta sufriera un grave atentado que por poco le cuesta la vida, tras de lo cual denunció la existencia de un "complot de política y guerrilla" contra su vida. Por su parte, el presidente Uribe se comprometió a incrementar, aún más, el pie de fuerza en Arauca.

Aún así en 2007, se abrió un clima de optimismo entre la clase política y las fuerzas militares de Arauca. Según información oficial, durante el año inmediatamente anterior los homicidios se redujeron en 35%, los atentados terroristas bajaron 47%, el secuestro extorsivo cayó 12%, decrecieron los cultivos de coca(80) y el Estado aumentó el control territorial. Sin duda, un balance positivo para la política de Seguridad democrática. Pero la prensa también daba cuenta de importantes acciones de la guerrilla y de combates contra el ejército en enero de 2007; sin contar con los pronunciamientos y las acciones de las entidades de derechos humanos contra el asesinato de civiles a manos de las Águilas Negras y los "falsos positivos" del ejercito en zonas rurales de Saravena y Arauquita. Además, comenzaba un año electoral y en algunos municipios (Fortul y Arauquita) se escuchaban denuncias sobre intimidaciones a los eventuales votantes, provenientes de los grupos guerrilleros. En este contexto, la muerte en combate o la captura de importantes mandos de frentes del ELN y de las FARC en el oriente del país, creaba confianza en el Ejército.

En el plano político, el primer trimestre de 2007 estuvo salpicado por debates y rumores sobre las elecciones en Arauca. Cabe resaltar la inquietud que despertó el supuesto apoyo del Presidente Chávez a ciertos precandidatos a la Gobernación y ciertas alcaldías de Arauca con la intención de tener "amigos" en puestos de mando civil. Esto se dijo, por ejemplo, de Edgar Matus y Esperanza Sandoval, pertenecientes al grupo político que había encabezado el asesinado congresista Alfredo Colmenares(81). Algunas fuentes afirmaron incluso que el ELN y las FARC estaban detrás de algunas campañas. Mientras tanto sucedían amenazas y asesinatos de candidatos de diversas corrientes ideológicas. Se prolongaba así la violencia política y la influencia del conflicto en las elecciones, con el ingrediente, inédito en el pasado reciente, de involucrar el supuesto apoyo de sectores sociales e institucionales de Venezuela.

En abril de 2007, la situación de conflicto en algunas zonas de Arauca despertó preocupación entre las organizaciones sociales. Por una parte, ocurrían combates entre las FARC y el ELN(82); por otra, las Fuerzas Militares adelantaban operativos contra los insurgentes en los cuales resultaba afectada la población civil(83). En mayo, la violencia parecía desbordar los efectos sobre la población civil. Mientras tanto, el gobernador Julio Acosta Bernal se defendía de nuevas acusaciones ante la Fiscalía sobre nexos suyos con el paramilitarismo.

Al final, el triunfo fue para el candidato de Cambio Radical, Freddy Forero, amigo y aliado del gobernador saliente(85). Otros hechos significativos en la coyuntura que siguió a las elecciones, fueron los golpes propinados por las Fuerzas Armadas a las guerrillas en Arauca, en lo que parecía ser la consolidación de la toma de iniciativa de las primeras sobre las segundas. Asimismo, las campañas políticas y las elecciones en el Departamento (2003, 2006 y 2007) estuvieron acompañadas, de una parte, de numerosas amenazas y atentados a los candidatos, en especial de la coalición uribista y, de otra, detenciones masivas y judicialización de líderes y candidatos de izquierda. A esto se añadió el asesinato de funcionarios públicos y dirigentes políticos en algunos municipios.

El balance de los resultados de la política de Seguridad democrática en Arauca está por realizarse, pero un hecho es incontrovertible: durante 2007, los indicadores adaptados para medir la violencia y el conflicto armado mostraban variaciones ascendentes; el atentado contra el alcalde electo de Arauquita, Francisco Vargas, en enero de 2008, fue apenas una muestra. También lo reconoce el Observatorio de la Vicepresidencia(86): la cifra de homicidios creció 79%, al pasar de 72 en 2006 a 129 en 2007; el secuestro se incrementó 50%, en 2006 se conocieron 6 casos, en 2007 fueron reportados 9; el número de personas desplazadas aumentó de 2.069 a 2.672 en el mismo periodo, lo que representa una variación de 29%, y las detonaciones de minas antipersona subieron de 34 a 55, o, lo que es igual, mostraron un incremento de 62%. Es evidente que durante 2007, Tame, Saravena y Fortul fueron los municipios más golpeados por la violencia y el conflicto(87).

Entre enero 2008 y el mismo mes de 2009, se conoció un relativo incremento en los indicadores de violencia. Como lo señala el Observatorio de la Vicepresidencia, entre enero y junio de 2008, se produjo un incremento del 19% en los homicidios(88), entre éstos algunos indígenas y sindicalistas. Otros indicadores parecían mejorar, el desplazamiento y el secuestro descendían. Sin embargo, las acciones violentas y la guerra se recrudecían en mayo y se mantenían con intermitencia en septiembre, octubre y diciembre. Así mismo, los escándalos por la vinculación de la clase política con el paramilitarismo y la malversación de los recursos parecían desmentir lo sostenido por la administración de Julio Acosta. Se rumoró que las guerrillas comenzaban un proceso de reorganización interna y de relocalización territorial.

En enero de 2009, se denuncian nuevas "ejecuciones extrajudiciales" a manos de desconocidos y se conocen más detalles de los vínculos del ex-gobernador Julio Acosta con varias redes paramilitares; asunto que no resultaba del todo ajeno a la destitución del, hasta ese momento, gobernador Freddy Forero, también de Cambio Radical, por inhabilidades para ejercer el cargo(89). Las guerrillas, por su parte mantenían las amenazas contra los gobiernos locales. Esta cadena de hechos señalaba la tendencia violenta y el amago de crisis política que se insinuaría durante el primer trimestre.

Aquí se puso a prueba un análisis que relacionó, en dos dimensiones (una histórica y otra coyuntural), algunas variables: territorio, conflicto armado, violencia política y presencia selectiva del Estado, en el interior de Arauca. La dimensión histórica informó sobre un trabajo de reconstrucción de la dinámica de retroalimentación de dichas variables en cerca de veinte años (1988-2009) y destacó algunas conclusiones de alcance intermedio (entre lo empírico y lo teórico); la segunda (coyuntura) acudió a la descripción cronológica de una serie de hechos decididamente empíricos y cargados de valoraciones (según cada actor). Presentar ambas dimensiones y otorgar un peso similar a cada una de ellas era, sin embargo, necesario en un ejercicio de sistematización y relacionamiento para sustentar lo que se afirmó.

De entrada se sostuvo que el territorio y su construcción social (espacialidad) no ha sido solo telón de fondo para la violencia y el conflicto o para la presencia y actuación del Estado; sucede algo muy distinto: territorio, sociedad y política se condicionan y se moldean mutuamente. En Arauca, el Estado marchó a la zaga del poblamiento y los procesos de acumulación de capital, su perfil coercitivo sobresalió sobre su capacidad para regular conflictos. Por esta razón, su presencia ha sido más notoria sobre en la capital (Arauca), en Caño Limón o sobre el piedemonte (Saravena, Fortul, Tame)(90). Esta tendencia aún hoy se mantiene; no obstante el esfuerzo del Gobierno central por extender su control a todo el territorio.

Se sostuvo también que el conflicto armado y la violencia política han sido fenómenos centrales de la sociedad araucana; de manera que sus protagonistas no han sido solo los grupos armados irregulares o los agentes del Estado encargados de reprimirlos, sino integrantes de la sociedad civil, dedicados a distintos oficios y ocupaciones, públicas y privadas. Es decir, estos fenómenos han atravesado, en múltiples dinámicas, a la Sociedad y el Estado y en este mismo ir y venir de hechos luctuosos se ha tejido la historia de la región. En este complejo panorama, las pugnas (políticas y sociales), por la apropiación particular de las rentas generadas en la explotación de los recursos ha sido un hecho permanente, en cual tampoco han estado ausentes los intereses de los gobiernos municipales de turno.

Al mismo tiempo, en este entramado de relaciones ha surgido un hilo explicativo que conecta al Estado central, a la clase política regional y a la población civil con sus diversos matices. Antes de 1988, las reivindicaciones de carácter social y en materia de derechos humanos originadas en Arauca tendían a tener como interlocutor principal al Estado central; con la experiencia de la descentralización, los alcaldes se convirtieron en voceros de las comunidades(93) frente a las gobernaciones y/o a los gobiernos nacionales; en manos de los gobernadores estuvo el poder real para responder por una buena parte de tales reivindicaciones, el flujo de las regalías admitía tal posibilidad; el montaje de este escenario es evidente entre 1992 y 1997. Sin embargo, frente a los Gobiernos nacionales, el juego de gobernadores y de representantes a la Cámara, parecía consistir en obtener el mayor provecho posible de su condición de intermediarios de una antigua región de periferia que ganaba figuración debido al petróleo y a la presencia guerrillera. Un viejo dicho tomaba nuevo significado entre los araucanos para describir su situación: "gobierno rico y pueblo pobre".

Igualmente, se sustenta que la guerrilla tiene raíces muy profundas en la historia de Arauca, en su configuración como espacio y comunidad de frontera; aspecto que conviene no despreciar. Estos grupos son y han sido factores reales de poder (según la famosa expresión de Ferdinand Lasalle) que aprovecharon con eficacia las fisuras de las instituciones formales, en sus distintos niveles, para construir una red de control sobre la población y los gobiernos. Este escenario predominó y permitió varios tipos de acuerdos con las facciones que asumían el poder político, hasta 2002. Tan solo a partir de ese año, se reactivaron o edificaron viejas o nuevas fronteras entre amigos- enemigos (Tilly, 2007). Así por ejemplo, algunos políticos que realizaron acuerdos con la guerrilla hoy son activos partidarios de su derrota; las incursiones paramilitares propiciaron alianzas entre guerrillas, desaparecidos aquéllos, facciones guerrilleras buscaron pactos temporales con sectores del Ejército, bandas de narcotráfico y contrabandistas. De la misma forma, distintos planes contrainsurgentes han reconocido el poder de la guerrilla. En consecuencia, desde una perspectiva civil, son comprensibles las propuestas de negociación para detener la emergencia humanitaria provocada, cada cierto tiempo, por la violencia política y el conflicto armado. Este tema tiene dimensiones de seguridad distintos a los enfatizados por el gobierno Uribe y se relaciona con la política internacional (Colombia Venezuela) en una zona de frontera(92).

Por último, se puede argumentar que el enfrentamiento entre las FARC y el ELN, tan visible desde 2005, tiene como puntos de partida, primero, los distintos modelos de organización social y económica que promovieron estas organizaciones dentro de algunos núcleos de población y la forma como estos modelos se relacionaron, después, con la participación electoral, el ejercicio del poder en las administraciones municipales y departamentales y con el manejo de recursos públicos. El grado que ha alcanzado dicho enfrentamiento muestra la relativa influencia que mantienen las guerrillas dentro de la población y su peso dentro de los balances de poder político.

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