Flor Alba Romero Medina**

*Este artículo hace parte del contenido de la Tesis Doctoral "Impacto del conflicto armado en la escuela, Departamento de Antioquia, 1985 - 2005", Doctorado Interinstitucional de Educación, Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", Bogotá, 2012.

**Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Derechos Humanos de la ESAP, Doctora en Educación de la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas". Asesora del Programa de Convivencia y Cotidianidad, Dirección Nacional de Bienestar, Universidad Nacional de Colombia.

RESUMEN

Este artículo da cuenta de la afectación al derecho a la educación, reconocido constitucional y normativamente en Colombia, de niños, niñas y jóvenes del Departamento de Antioquia, en el período comprendido entre 1985 y 2005; analiza este derecho a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, en el contexto de conflicto armado que l leva más de seis décadas y que ha generado el desplazamiento de cuatro millones de personas. El Derecho Internacional Humanitario señala la protección de los niños, niñas y jóvenes - y de los bienes civiles -las escuelas–, evidenciando con ejemplos las infracciones por parte de los actores armados al utilizar las escuelas como sitio de alojamiento, trincheras, lugar para hacer proselitismo y reclutamiento y como centro de operaciones de tortura y entrenamiento; también contempla la escuela como espacio de protección para las comunidades, cuando han tenido que salir de sus viviendas y resguardarse, en medio del conflicto; la utilización de la escuela impide la normalidad académica y el disfrute del derecho a la educación. El artículo contiene los pronunciamientos de la comunidad internacional en los que expresa su preocupación por las afectaciones de la comunidad educativa a raíz del conflicto armado. Finaliza con el tema de la siembra indiscriminada de minas, utilizada como estrategia de guerra por los actores armados, la legislación que la prohíbe, dando ejemplos de algunas escuelas afectadas por esta situación y señalando acciones gubernamentales y no gubernamentales emprendidas en el Departamento de Antioquia para contrarrestarla.

Palabras clave:Derechos humanos, escuela, Colombia.

SUMMARY

This article reports on the violation of the right to education, recognized constitutionally and normatively in Colombia, of children and young people of the Department of Antioquia, in the period between 1985 and 2005, analyzing this right in light of the International Law Human Rights and International Humanitarian Law in the context of armed conflict over six decades and has led to the displacement of four million people. International humanitarian law says the protection of children and young people - and goods-civil-schools, with examples showing violations by armed groups to use schools as hosting site, trenches, place to do proselytism and recruitment and as a center of torture and training operations, also includes the school as a protection for communities, when they had to leave their homes and take shelter in the midst of the conflict, the use of school prevents normal academic and enjoyment of the right to education. The article contains the pronouncements of the international community in expressing concern about the affectations of the educational community as a result of the armed conflict. Ends with the issue of indiscriminate planting of mines, used as a strategy of war by the armed, law that prohibits giving examples of some schools affected by this situation and pointing governmental and non-governmental actions undertaken in the Department of Antioquia for counteract it.

Fecha de Recepción: 07/10/2012 Fecha de Aprobación: 24/11/2012

INTRODUCCIÓN

Colombia es un Estado Social de Derecho y la educación está consagrad en la Constitución Política como un derecho al que accede la persona pero también como servicio público, con una función social. Es decir, el derecho a la educación es un derecho / deber, del Estado, la comunidad y la familia.

Dentro de sus obligaciones, el Estado debe garantizar la sostenibilidad, cobertura y calidad de la educación. La educación es un factor fundamental en el desarrollo humano, entrega herramientas en el proceso de formación integral de la persona, en donde no solamente accede al conocimiento y la ciencia, sino que permite su relación con los pares, formación para la ciudadanía y la vida en sociedad.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la educación es un derecho fundamental, por cuanto los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás y la educación colabora con el libre desarrollo de la personalidad -Artículo 44 de la Constitución Nacional-. Además, por la situación de debilidad de los niños y las niñas, obliga a su atención especial por parte del Estado.

El derecho a la educación tiene conexidad con otros derechos como el de igualdad de acceso, no discriminación, derecho de participación en las decisiones de la comunidad educativa, derecho de defensa y derecho a la integridad personal; esto último significa que no puede ser castigado de manera degradante, cruel o humillante.

La Defensoría del Pueblo (2003), en su informe sobre el Derecho a la Educación retoma las categorías señaladas por la Corte Constitucional:

Derecho de disponibilidad. El Estado debe garantizar que el sistema educativo público se mantenga, con una mínima planta docente y una infraestructura adecuada para su funcionamiento.

Derecho de acceso. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, todo niño o niña tiene derecho a acceder a la educación pública básica, obligatoria y gratuita.

Derecho de calidad. No es suficiente con que haya disponibilidad, acceso y permanencia en el sistema educativo público. Es necesario además que la educación sea de calidad, para lograr sus objetivos consagrados constitucional y legalmente.

Sistema de protección del derecho a la educación, desde "las cuatro A"

La señora Katarina Tomasevski, Relatora especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación (2000) en su informe sobre Colombia, plantea cuatro categorías de la educación: adaptabilidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad.

1. La adaptabilidad. Plantea que es el Estado, a través de las instituciones educativas, el que se tiene que adaptar a los niños y las niñas y a sus necesidades, y no viceversa. Esta condición aplica a los niños y niñas que tienen alguna discapacidad, a quienes vienen de programas de re-educación por haber sido infractores o contraventores y a quienes están en situación de desplazamiento y llegan al sistema educativo a destiempo y descontextualizados. Esta categoría tiene un componente profundo de respeto a la diferencia y a la multiculturalidad.

2. La accesibilidad. Se refiere a la obligación del Estado de garantizar el acceso de los niños y las niñas, sin discriminación, al sistema educativo:

La segunda obligación del Estado se refiere a garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles, sobre todo de acuerdo con las normas existentes por las que se prohíbe la discriminación. La no discriminación es el principio primordial de las normas internacionales de derechos humanos y se aplica a los derechos civiles y políticos así como a los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que a los derechos del niño comprendidos en esas dos categorías. La no discriminación no debe ser objeto de una aplicación progresiva sino que debe conseguirse inmediata y plenamente.

3. La aceptabilidad. Tiene que ver con la calidad de la educación. La Relatora especial afirma que:

El Estado está obligado a asegurarse de que todas las escuelas se ajusten a los criterios mínimos que ha elaborado y a cerciorarse de que la educación sea aceptable tanto para los padres como para los niños.

4. La asequibilidad. Hace referencia a la oferta pública, en donde el Estado garantiza la financiación de las instituciones educativas:

El derecho a la educación está articulado a muchas convenciones y tratados internacionales, que han sido ratificados por el gobierno colombiano como Estado Parte:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
• Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966
• Foro Mundial de Educación de Dakar Marco de Acción (2000
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• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (1988)
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
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• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1965)
• El Convenio (No. 169 OIT) Relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes (1989)
• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979)
]]> Los principios rectores de los Desplazamientos Internos (1998)

NIñEZ, DESPLAZAMIENTO Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Los conflictos armados y sus acciones afectan a las comunidades y familias, y de manera particular el desarrollo físico mental y emocional de los niños, niñas y jóvenes que los padecen. Situaciones como impedir la libre circulación de las personas y los alimentos, la destrucción de cultivos y de infraestructura, la desintegración de las familias y la destrucción de escuelas, puestos de salud y acueductos y el desplazamiento forzado hacen parte de la lógica de la guerra, que son condenadas por el Derecho Internacional Humanitario ( Observatorio de Infancia, 2002).

El Derecho Internacional Humanitario está constituido por principios y normas que limitan el uso de la violencia en períodos de conflicto armado. Los objetivos son proteger a las personas y a los bienes civiles que no están directamente involucradas en las hostilidades y limitar las consecuencias de la violencia en la lucha para alcanzar los objetivos del conflicto. Entre las personas protegidas como civiles están, por supuesto, los niños y niñas (CICR. Convenio IV y Protocolos Adicionales, 1949) y la norma es expresa en prohibir la participación directa o indirecta de niños y niñas menores de 15 años en los conflictos armados.

Esta normatividad ha sido acogida en la legislación interna colombiana: Ley 833 del 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-172 de 2004, ley 1106 de 2006 -que prorroga la 782 de 2002- y su decreto reglamentario 128 de 2003, decreto 128 de 2003, y Ley 975 de 2005, artículo 10.3; el Estado tiene la obligación de trabajar para que no haya reclutamiento de niños y niñas al conflicto armado y de apoyar la resocialización de los niños y niñas que se desmovilicen.

En cuanto a la escuela como bien civil, que debe ser respetado por los actores armados estatales y no estatales, el Derecho Internacional Humanitario tiene varias disposiciones que aplican para este caso: el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, artículos 14º, 15º y 16º determinan como bienes protegidos los bienes culturales y los lugares de culto, en especial, "monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos"; el Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, artículo 52º, señala que los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias, no son objetivos militares; el Convenio IV, artículo 77º del Protocolo I señala:

Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón.

La utilización de las escuelas por parte de los actores armados es una infracción al Derecho Internacional Humanitario, porque es un bien civil que debe estar fuera del conflicto; además, la presencia de actores armados en la escuela extiende a los estudiantes y docentes el riesgo de ser atacados por los contrarios, convirtiéndolos en objetivo militar.

Otro motivo para que los niños y niñas interrumpan su actividad escolar es en zonas en donde ha habido fumigaciones a los cultivos de planta de coca; las familias han tenido que salir del lugar, los niños, niñas y jóvenes abandonan sus escuelas y el proceso educativo se ve frenado, frustrado, por la salida intempestiva, huyendo de la guerra.

Las escuelas, sus alumnos y profesores han sufrido ataques directos: en el año 2002 más de 100 escuelas fueron atacadas por los grupos armados, según el Informe de la organización no gubernamental norteamericana Watchlist on children and armed conflict (2004). La presencia y actuaciones de los actores armados propician el desplazamiento masivo, lo que genera un abandono de la escuela; en ocasiones limitan la libre circulación de los pobladores lo que imposibilita que los niños y niñas puedan acceder a la escuela; a veces los problemas de orden público hacen que, por protección de los niños, niñas y docentes, la escuela se cierre temporalmente.

La deserción escolar se da por pobreza, por desplazamiento forzado, por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados y por la utilización de niños, niñas y jóvenes en actividades propias del narcotráfico. (Coalición contra la vinculación de los niños, niñas y jóvenes al conflicto armado colombiano, 2006).

Existe un antecedente del DIH que es la Declaración de Ginebra de 1924 (Singer, 1976), que tuvo como objetivo central comprometer a la comunidad internacional en la protección de los niños, las niñas y los jóvenes frente al impacto y las consecuencias de los conflictos armados, señalando que se deben tomar las medidas posibles para que el niño se desarrolle de una forma normal tanto física como espiritualmente y que el niño debe ser el primero en recibir socorro en tiempo de guerra. (Artículos 1 y 3 de la Declaración de Ginebra.)

A su vez, el IV Convenio de Ginebra de 1949 (Artículos 23, 50-94 y 89, respectivamente), contempla que las partes en conflicto tienen la obligación de permitir el paso libre a todo envío de víveres indispensables y ropa reservados para los niños; aún en tiempo de guerra, los niños tienen derecho a continuar recibiendo educación y los niños recibirán suplementos de alimentación de acuerdo con sus necesidades.

Por su parte los Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo Adicional II, artículo 4, párrafo 3c., conflictos no internacionales) sobre la protección a las víctimas de guerra, señalan que los menores de 15 años no serán reclutados, y no se permitirá que participen directa ni indirectamente en los conflictos armados.

La Declaración sobre la Protección de la mujer y el niño en conflicto armado, proclamada por la Asamblea General en su Resolución 3318 de 1974, -Artículos 1 y 4 de dicha Declaración- señala que quedan prohibidos y serán condenados los ataques contra la población civil, que causan sufrimientos indecibles a las mujeres y niños, que constituyen el sector más vulnerable de la población y que los Estados que participen en los conflictos armados desplegarán todos los esfuerzos para evitar a las mujeres y niños los estragos de la guerra. Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la prohibición de actos como la persecución, tortura, tratos degradantes y violencia, especialmente contra mujeres y niños.

Las "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/33, de 1985, señalan en sus Artículos 13.5 y 18.2 que mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda asistencia necesaria y ningún menor podrá ser sustraído, total o parcialmente, a la supervisión de sus padres, a no ser que las circunstancias de su caso lo hagan necesario.

Asimismo, esta Convención señala que, de conformidad con las obligaciones dimanadas del Derecho Internacional Humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. Contempla además que se adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física, psicológica y de reintegración social de todo niño víctima de conflicto armado.

Por su Parte el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en el Plan de Acción sobre los niños en los conflictos armados, (CICR, Ginebra, 1995) expresa en su segundo compromiso, la necesidad de tomar medidas concretas para proteger y ayudar a los niños víctimas de los conflictos armados, atender las necesidades psicosociales y físicas de los niños y realizar actividades de mediación a favor de los niños que han participado en conflictos armados para que se les acepte en el seno de su comunidad.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, -Artículos 1, 2 y 3- señala que los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades; los Estados Partes velarán porque no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años, elevarán la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.

PLANTELES EDUCATIVOS A LA LUZ DEL DIH

Colombia es uno de los países que registra mayor número de atentados contra el espacio escolar, verificable en ataques armados a las infraestructuras, minado de zonas adyacentes a los perímetros escolares, presencia de actores armados tanto regulares como no oficiales, uso del espacio escolar para el ejercicio propagandístico y de difusión de todo tipo de mensajes y de presión y/o aleccionamiento para las comunidades. Ha sido igualmente un lugar privilegiado para el uso de formas variadas de violencia contra maestros y maestras, desde las amenazas y el asesinato selectivo en las aulas de clase, hasta el desplazamiento forzado y la intimidación pasando por el secuestro y la desaparición forzada, así como uno de los lugares con mayor riesgo potencial para el reclutamiento de niños y jóvenes a los grupos armados que participan de las hostilidades. (Fundación Dos Mundos, 2009).

En Colombia, la educación ha estado sometida a la lógica del conflicto armado, poniendo en riesgo la vida de los estudiantes y docentes; la garantía del Derecho a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes colombianos se ve afectada por los hechos violentos generados por los actores armados irregulares y su confrontación con fuerzas estatales; de igual manera, el derecho al trabajo de educadoras y educadores, se ve vulnerado por estas acciones como la ocupación temporal de las instalaciones o la utilización de la escuela como cuartel que, en ocasiones, tienen como consecuencia directa la suspensión de actividades en la escuela y en otros casos, el desplazamiento obligado de los docentes y estudiantes, quienes salen del lugar para salvar sus vidas:

La agresión se produce mediante ataques con explosivos, detonación de explosivos por control remoto y disparos en las entradas, los patios de juego y los despachos de las escuelas, así como en actos especiales; asesinatos selectivos; destrucción de edificios escolares; secuestro, detención ilegal, desaparición forzada o tortura de miembros del alumnado, el claustro y el personal; reclutamiento forzado de niños y niñas soldados y secuestro y violación de alumnas y profesoras por parte de fuerzas militares". (Unesco, 2007).

Todos los actores armados, legales e ilegales, han afectado la escuela en el desarrollo de sus diferentes acciones. Entre los impactos visibles del conflicto armado en las escuelas están la destrucción de infraestructura, las muertes, los accidentes con minas, los bombardeos y los asesinatos selectivos, entre otros.

Además del impacto, la escuela, en tanto espacio físico protegido e institución social fundamental, es uno de los escenarios más importantes para el encuentro comunitario; por ello las amenazas y ataques que se perpetran en su contra no deberían ser vistos como eventos aislados o accidentales; es posible que se trate más bien de acciones claramente orientadas a generar zozobra y facilitar el control social de la población civil por parte de los actores armados:

La normatividad del DIH contempla el respeto a los niños y las niñas, el no involucramiento de los mismos a las hostilidades y el respeto a la escuela como bien civil. Sin embargo, en todos estos años de confrontación los niños han sido vinculados o utilizados por los actores armados, y las escuelas han sido utilizadas para actividades propias del conflicto (COALICO, 2008); en entrevista con un docente del municipio de San Francisco (Antioquia), expresaba:

En la escuela se alojaron los grupos tanto legales como ilegales que ocupaban la estructura de las escuelas. Muchos robaron los bienes, sobre todo en las más lejanas, algunas las destruyeron.

En un conflicto tan prolongado y polarizado como el colombiano, la presencia de actores armados en la escuela pone a los estudiantes y docentes en riesgo de ser atacados por los contrarios, convirtiéndolos en objetivo militar; las escuelas, sus alumnos y profesores han sufrido ataques directos; un joven que fue desplazado forzosamente de su finca en el municipio de San Francisco (Antioquia), comentó

Sentí mucha tristeza; me tuve que salir de estudiar, no entendía porque nos teníamos que ir de la casa, nos humillaban, estábamos arrimados. Me tocó dejar todo, mis amigos, mis animales, el cambio de compañeritos.

El conflicto armado ha propiciado el desplazamiento masivo de comunidades, con la consecuencia lógica del abandono de la escuela por parte de los niños y niñas; los actores armados controlan la movilidad, obstaculizan el acceso a la escuela y en ocasiones, por los enfrentamientos, la escuela se cierra temporal o definitivamente.

Muchas escuelas han sido utilizadas como cuarteles provisionales, algunas han sufrido ataques armados y en ocasiones sus profesores son asesinados o amenazados:

Debido a los enfrentamientos entre ejército y guerrilleros, y a los constantes bloqueos de vías, que impiden el tránsito vehicular por las carreteras de Urabá, 42 docentes que laboran en las inspecciones de Policía Departamental El Tres y Pueblo Bello, en la Inspección de Policía Municipal San Vicente y en la vereda El Alto del municipio de Turbo, tuvieron que desplazarse forzadamente y no han podido regresar a dictar sus clases desde el 15 de julio, día en que debieron salir de la región". (CINEP, Noche y Niebla No.5, 1997).

INFRACCIONES DEL DIH A LA ESCUELA

Son diversas las formas en que los actores armados infringen las normas del DIH con las escuelas; a continuación se presentan ejemplos de la utilización de las escuelas, en el contexto de conflicto armado.

…Los grupos armados que participan en las hostilidades interactúan con los niños en sus espacios vitales y realizan actividades de integración con ellos, comprometiendo el principio del derecho humani-tario de distinción de la población civil y exponiéndolos al peligro de sufrir represalias de miembros de los grupos armados ilegales". (COALICO, 2009).

Las instituciones educativas han sido utilizadas como sitio de alojamiento, como trincheras, como lugar para hacer proselitismo y reclutamiento, como centro de operaciones de tortura y entrenamiento, por parte de los actores armados, pero también la escuela ha sido utilizada como espacio de protección para las comunidades. El ocupar las escuelas significa que el proceso educativo se detiene y que la comunidad educativa se pone en riesgo; en entrevista con un maestro de la zona rural del municipio de San Francisco (Antioquia), expresaba: "Si, el ejército al ubicarse en las escuelas de las veredas, la infraestructura de esta era blanco de ataques por parte de los grupos armados al margen de la ley". A continuación algunos ejemplos ilustran esta afirmación:

Como alojamiento o espacio de protección:

Desde el mes de diciembre del año anterior, efectivos del Ejército Nacional se instalaron en la planta física de la Escuela Luis Fernando Restrepo, poniendo en peligro la seguridad de los educadores y educandos, convirtiendo así las instalaciones en objetivo militar. El 19 de febrero, en horas de la tarde, llevaron a un joven de aproximadamente 17 años y lo torturaron, obligando a todos a desocupar el lugar". (CINEP, Noche y Niebla No.3, 1997).

Parecería que los integrantes del Ejército ven a la escuela como un bien público, que depende del Estado y que por esta razón hay el derecho a utilizarla; una líder comunitaria del Oriente antioqueño comentaba:

Después cuando el ejército en el año 2002 aproximadamente decidió recobrar el control del territorio, los enfrentamientos con la guerrilla se agudizaron y la población quedó en medio del conflicto, ya que éste se tomaba las escuelas de las veredas como bases militares, según cuentan los pobladores; situación que obligaba a la población a la huida y trastornaba el curso regular de los procesos educativos de los niños y jóvenes.

Pero no sólo los actores armados utilizan la escuela para alojarse; en ocasiones, cuando las comunidades tienen que desplazarse de la zona rural a la urbana, son las escuelas los lugares para alojarlas; la escuela entonces se convierte en el lugar que utiliza la comunidad para resguardarse; es el espacio que, en medio de la dureza del conflicto armado, les da seguridad:

... durante dos días los campesinos ocupan la Caja Agraria y de allí salen hacia el corregimiento de San José de Apartadó, en donde, en la escuela, se concentran 700 personas, la mayoría mujeres y niños. (El Colombiano, 1988).

En la ciudad de Medellín, fue un colegio el espacio utilizado por la comunidad para protegerse:

En el fragor del combate, la escuela es utilizada como trinchera y los actores armados no miden ni respetan las normas del Derecho Internacional Humanitario; he aquí un evento que ilustra esta afirmación:

Agentes de policía utilizaron como escudo a niños estudiantes de primaria y profesores de la Concentración Educativa María Goretti, en momentos de actividad académica. Los policías se refugiaron en el centro escolar, luego de que los guerrilleros atacaron el Comando de la Policía. Los guerrilleros de las Milicias 11 de noviembre dispararon contra los policías refugiados en la concentración escolar. Durante el intercambio de disparos resultó herido un niño, estudiante de preescolar. (CINEP, Noche y Niebla No. 2, 1996).

En la ciudad de Medellín, en diferentes momentos en los que hay enfrentamientos armados, las escuelas están sujetas a los riesgos propios de la confrontación: Fuerzas estatales, en el marco de la operación Mariscal, realizada conjuntamente por la Policía, Fiscalía, DAS, IV Brigada del Ejército y la Fuerza Aérea en mayo de 2002, usaron como escudo el edificio del Liceo Barrio La Independencia, por lo que la escuela estuvo durante 8 horas en medio de la confrontación. (COALICO, 2008)

Son incontables los eventos en los que la escuela es afectada por el conflicto armado; en la toma guerrillera a Cañasgordas el 12 de mayo del 2001, un profesor y un sacerdote tuvieron que ponerse al frente, protegiendo a 70 niños, retenidos como escudos humanos; son del colegio IDEM Nicolás Gaviria y del seminario San Pío X. De igual manera, luego de la masacre de 11 personas en Dabeiba, el 31 de diciembre de 1996, la Alcaldía suspendió las actividades educativas en diez escuelas del municipio, lo que significó que 200 niños no pudieran ir a estudiar. Una líder comunitaria del Oriente antioqueño expresaba:

La gran mayoría de las escuelas se volvieron cuarteles, cuarteles de las FARC, del ELN, de los paramilitares, de los militares, se volvieron cuarteles, y quedan totalmente deterioradas en sus estructuras, sin nada de implementos, se encuentran los pupitres tirados en las mangas, los libros de las profesoras, todo tirado, dañado, deteriorado. No hay derecho donde estamos formando a nuestros niños para que hagan patria, ver ese patrimonio con el que contaban para ser seres humanos al servicio de una patria, para que sean hombres de bien verlo ahí destruido y tirado en una manga por un conflicto absurdo, no hay derecho. Las escuelas de las otras veredas desplazadas se encuentran en iguales condiciones, los baños quebrados, las paredes rayadas, con los grafitos de la guerra, del se busca y sus muebles y enseres totalmente deteriorados.

La escuela también ha sido utilizada para hacer proselitismo y reclutamiento; en entrevista con quien era Alcalde del Municipio de San Francisco, informaba: "Sí hubo reclutamiento forzado a los muchachos y también por falta de oportunidades muchos de ellos se fueron a trabajar con los grupos armados".

La escuela es vista por los actores armados ilegales como el lugar adonde pueden conseguir niños, niñas y jóvenes para sus filas; además, siendo la escuela el espacio de la comunidad, por excelencia, es utilizada por los actores armados ilegales para difundir sus ideas, amenazar a la población y enviar mensajes a quienes se oponen a sus acciones.

Una fila conformada por los nuevos aspirantes a paramilitares se acomodó rápido dentro de los camperos que acababan de parquearse junto al campo deportivo del Policarpa. Desde el otro lado de la malla que encierra el polideportivo, un par de estudiantes de ese barrio de Apartadó observaba a los viajeros, que partían rumbo a un campo de entrenamiento paramilitar en San Pedro de Urabá. Entre ellos reconocieron a algunos compañeros de colegio... Ahora, los paras conducen a los muchachos a la escuela donde se entrenan en el oficio de matar subversivos". (Gómez Giraldo, 1998).

En otras ocasiones, la escuela ha sido utilizada por los actores armados como centro de operaciones, de tortura y entrenamiento; estas palabras del entonces Secretario de Educación del Municipio de San Carlos lo confirman:

Son muchos los eventos en los que los actores armados utilizan la escuela para cometer actos de barbarie y atrocidades; un ama de casa del municipio de San Carlos (Antioquia), comentaba:

Ellos estaban allá y se quedaban días enteros en la escuela de Calafistol 5, del municipio de San Carlos; sacaban los estudiantes y profesores, era el 9º. Frente de las FARC y dejaron minas alrededor de la escuela.

En hechos sucedidos en la Vereda El Líbano, municipio de Andes, paramilitares ejecutaron a cuatro campesinos:

Hacia las 7 de la noche otro campesino fue asesinado en su casa, al negarse a salir de ella. Mientras tanto, las otras tres personas fueron sacadas de sus viviendas y llevadas hacia la escuela, lugar en el que fueron amarrados y luego ejecutados" (CINEP, Noche y Niebla No.15, 2000).

Se registran también acciones armadas del Ejército con el apoyo de los paramilitares en done la escuela se utiliza:

La Escuela Rural de la Vereda La Miranda, en el municipio de Apartadó, ha sido utilizada como cuartel por los paramilitares quienes, en acciones conjuntas con el Ejército colombiano, actúan en la región. En julio de 1997, el Ejército asesinó a algunos campesinos, llevó sus cuerpos a la escuela y allí fueron recogidos por un helicóptero. Debido a estos operativos y acciones, la población se desplazó forzosamente y la vereda está desocupada. (CINEP, Noche y Niebla No.5, 1997).

Uno de los riesgos que tienen los centros educativos es su ubicación, cerca de estaciones de policía, cuarteles o campamentos de la guerrilla o los paramilitares:

…en Medellín, aunque dinámicas como la ocupación de escuelas no se dan de manera tan abierta como en las zonas rurales, el equipo de misión pudo constatar que una de las más importantes vías de acceso, la autopista Medellín - Bogotá, registra situaciones de instalación de estaciones, comandos, campamentos o bases de grupos o fuerzas armadas cerca de las escuelas, algunas de las cuales fueron utilizadas en años anteriores como trincheras o bases de estación, tanto por parte de la fuerza pública, como por parte de los grupos guerrilleros, lo que dio lugar en determinados momentos a casos de fuego cruzado soportado por estudiantes y maestros. (COALICO, 2008. p. 57.)

BOMBARDEOS Y ATAQUES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La acción se produjo en dos momentos, el primero entre las 11:15 horas y hasta las 12:00 y un segundo momento, desde las 20:00 hasta las 21:30 horas. Los efectos de las detonaciones de las bombas dañaron las instalaciones de la escuela de las veredas El Porvenir y La Unión y fueron destruidas cuatro hectáreas de cultivo de lulo. (CINEP, Noche y Niebla No.18, 2000).

Un hecho que causó conmoción en la comunidad educativa fue el asesinato, por parte del Ejército Nacional, de 6 niños y niñas, entre los 6 y 10 años de edad y las heridas a 4 más, en zona rural del municipio de Pueblo Rico (Antioquia), cuando 47 niños de la escuela rural de la vereda "La Pica" salieron de paseo (Jeréz, 2000); habían trascurrido apenas unos minutos de su salida, cuando fueron atacados con disparos provenientes de tropas del Batallón de Infantería No 32; el ataque duró 40 minutos aproximadamente; llama la atención que, a pesar de que los adultos gritaban a la tropa que dejara de disparar, que quienes allí iban eran los niños de la escuela, el fuego no fue suspendido. Murieron Paola Andrea Rúa de ocho años, Alejandro Arboleda de diez años, Marcela Sánchez de seis años, Harol Giovani Tabares de siete años, David Andrés Ramírez de diez años, Gustavo Adolfo Isaza de nueve años, y fueron heridos César Arboleda de diez años, Oswaldo Alejandro Muñoz de siete años, Cristian Isaza de cinco años y Andrea Sánchez de quince años.

En febrero del 2003, la Fiscalía 11 Penal Militar Delegada ante las Brigada IV y X VII profirió el cese de todo procedimiento a favor de 30 miembros del Ejército Nacional implicados en el crimen. (Humanidad Vigente, 2003). Esta corte marcial consideró que los militares no tuvieron intención de matar a los niños, y que los uniformados no pudieron distinguir a los niños de los guerrilleros. Posteriormente, la Procuraduría suspendió de sus cargos por noventa días a tres de los 30 militares involucrados.

En otro hecho, el 16 de julio de 2002, en Medellín (Antioquia) presuntos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incursionaron en el barrio Blanquiza; sacaron por la fuerza y ejecutaron a cuatro niñas, estudiantes del colegio Creadores del Futuro. Los cuerpos de las estudiantes fueron hallados en el barrio la Pradera. (Plataforma, 2005, p. 38).

La Escuela de Arenas Altas, de la Comunidad de San José de Apartadó, también sufrió un ataque indiscriminado: "El ejército disparó contra la escuela de Arenas Altas donde se encontraban un profesor y sus alumnos". (Observatorio Defensores, 2005).

En ocasiones, y como retaliación, los actores armados atacan directamente las edificaciones en donde funcionan las escuelas: "Durante combate entre la Fuerza Pública y guerrilleros de las FARC-EP en el caserío Mulatos, fueron incendiadas la escuela y cuatro casas de la zona. Estas acciones se extendieron hasta el día 16 de mayo". (CINEP, Noche y Niebla No. 24, 2002).

Los paramilitares, también han cometido infracciones al DIH; el 26 de septiembre de 2002 hacia las 5 de la mañana paramilitares ingresaron al Hogar Juvenil Campesino del municipio de Argelia y sacaron a la fuerza a las hermanas Lucila y Liliana González de 15 y 17 años respectivamente; requisaron la habitación en busca de armas y granadas que supuestamente se escondían allí. Las niñas fueron abusadas sexualmente y asesinadas al otro día. Por este hecho fue condenado Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias "MacGiver". (El Colombiano, 2010)

Los eventos violentos de los actores armados contra las escuelas son numerosos; en ocasiones, no solamente fue la ocupación física sino que dañaron la planta física, y robaron los bienes de la escuela; en entrevista con una maestra rural, del Municipio de San Carlos, expresaba:

Los actores armados rayaron las paredes, tumbaron las puertas, dañaron los baños, saquearon todo y la escuela está caída; incluso con el retorno, no se ha hecho nada para arreglar los daños del conflicto; las sillas están malísimas.

Entre julio de 1996 y junio de 2003, fueron afectados como consecuencia del conflicto armado, por lo menos 71 planteles educativos. A las guerrillas se les señaló como las presuntas autoras de 40 daños (56,34%), a grupos paramilitares de diez daños (14,08%); agentes estatales fueron los presuntos autores de nueve casos (12,68%); y doce daños (16,90%) fueron ocasionados por uno de los anteriores grupos combatientes no identificado. (Plataforma, 2005, p. 43).

La violencia del conflicto armado obliga a las comunidades a desplazarse; muchas escuelas tuvieron que suspender actividades por los enfrentamientos, bombardeos, masacres y amenazas; en entrevista con el Secretario de Gobierno del municipio de San Rafael (Antioquia), señalaba que "Se cerraron alrededor de 6 a 8 escuelas pero por falta de personal; este año se han reabierto 5 ó 6".

Las consecuencias del conflicto armado en la escuela son contundentes; el desplazamiento forzado de las comunidades impidió que los niños y niñas pudieran asistir con regularidad la escuela; en entrevista con el Alcalde del Municipio de San Francisco, dicho funcionario afirmaba que:

El desplazamiento en el municipio afectó grandemente a la escuela; las coberturas rebajaron en un porcentaje muy alto y aumentó la deserción escolar. También se vio afectada la parte psicosocial, los niños se vieron muy afectados porque rebajó su nivel cognitivo.

Al tener que salir obligatoriamente de su vereda, las familias se reubicaron en nuevas zonas y, por no tener los documentos en regla, fue rechazado el ingreso de los niños y niñas en el lugar de recepción; una madre de familia del municipio de San Francisco comentaba:

Solo sé que nos tuvimos que ir; nos fuimos para Puerto Boyacá. Yo me tuve que salir de estudiar y después fue muy maluco porque como no teníamos papeles, no me quisieron matricular. Me acuerdo que nos tocó salir con las cositas a esperar un carro que iba a cargar yucas y llegamos a la una de la mañana.

La disminución de estudiantes en las instituciones educativas que lograron continuar sus actividades, a pesar de las circunstancias, fue notoria; un maestro rural del área de Ciencias Sociales del municipio de San Carlos (Antioquia), señaló "Pasamos de ser un colegio de 1.300 estudiantes a tener 700 estudiantes; se notó la apatía en el proceso formativo.

El conflicto rompió la cotidianidad de los planteles educativos y, en ocasiones, dado el desplazamiento obligado de docentes amenazados, otros maestros tuvieron que asumir muchos más cursos que los habituales; en entrevista con la Rectora del Colegio Municipal del Municipio de San Carlos, expresó:

El conflicto armado afectó mucho porque los mismos educadores se desplazaron por la violencia y después, cuando pasó el conflicto, volvieron; el colegio sufrió mucho porque a los pocos profesores que quedaron les tocó coger tres o cuatro cursos.

Sucedieron unas masacres en la vereda Dos Quebradas; a raíz de esa masacre se generó mucho desplazamiento y por ende muchos niños desescolarizados. La administración del 2002 se vio en la necesidad de cubrir la emergencia y generó los comedores; organizó las casas desocupadas, en medio del conflicto, para darle albergue a los desplazados. En el Centro Comunitario se creó una escuela con seis educadores, pertenecientes a las escuelas de las seis veredas; trabajaban de 7 de la mañana a las 6 de la tarde, porque allí estaba el comedor; hacían actividades lúdicas; allá llegaron a atender 270 niños y niñas desplazados... Después de eso se empezaron los retornos.

PREOCUPACIóN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

El tema del impacto del conflicto armado en las escuelas (Fundación Dos Mundos, 2009) ha sido trabajado por las Naciones Unidas recientemente, a partir de la década del 90. Se destaca el informe de la experta Graça Machel de Naciones Unidas, quien ya advertía sobre los riesgos de las escuelas en contextos de conflicto armado:

.…en tiempos de guerra las escuelas sirven de objetivos, lo cual se debe en parte a su gran visibilidad. En las zonas rurales, tal vez el edificio de la escuela sea la única estructura permanente sustancial y por ello es muy probable que reciba disparos o sea objeto de cierre o de saqueos. (Naciones Unidas, 1996)

Por otra parte, diversos Representantes especiales del Secretario General sobre la Cuestión de los Niños en los Conflictos Armados, han expresado su preocupación por las infracciones al DIH a los sistemas educativos y la afectación al derecho a la educación y al desarrollo de los niños y niñas:

… precisamente los lugares que deberían suponer un refugio seguro para los niños -escuelas y hospitales- son, cada vez con mayor frecuencia, uno de los principales objetivos de los ataques de los grupos armados. (Naciones Unidas, 2006).

El impacto del conflicto armado en las escuelas también ha sido preocupación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, instancia que aprobó las Resoluciones 1261/99 y 1539/04, mediante las cuales se condenan las acciones contra la niñez en conflicto armado, los ataques a lugares donde hay niños, como hospitales y escuelas y urge a todos los actores armados a que pongan fin a tales prácticas y cumplan con el DIH.

De igual manera, las Naciones Unidas, a través de la Resolución 1612/05, establecieron un sistema de seguimiento periódico que dé cuenta ante el Consejo de Seguridad, de la situación de los niños y niñas que viven en países con conflictos armados, a través de la Secretaría General; así mismo recalca en la protección de la niñez y en las respuestas interinstitucionales que se deben dar.

Igualmente, en febrero del 2007 se aprobaron los Lineamientos de París, por parte de 57 Estados, entre ellos Colombia, que establecen la prevención real y efectiva del reclutamiento o utilización de los niños en los conflictos armados y señalan la necesidad de incluir una asistencia segura a la escuela. Esto implica que los Estados deben tomar medidas para prevenir acciones de propaganda en las escuelas y proteger a niños y niñas en el ambiente educativo.

…Policía han intervenido en varias escuelas de sectores marginales para realizar actividades de estrategia militar y de 'acción psicológica' con la población civil; en ellas realizan labores de educación, instrucción militar y establecen bases para sus actividades de seguridad. (Naciones Unidas, 2003).

Desde el año 2003 Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ha incluido en sus preocupaciones las infracciones al DIH por parte de los actores armados, legales e ilegales, a las escuelas y a las comunidades educativas. El Informe del año 2003 llamó la atención sobre la ocupación militar de las escuelas y el riesgo al que se expone la comunidad educativa (Naciones Unidas, 2004). De igual manera en su Informe del 2004, insistió en la no ocupación de las escuelas por parte de los actores armados.

También señaló en el Informe del año 2006 sobre daños causados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- a una escuela pública, la detención ilegal de dos estudiantes en un colegio por parte del Ejército, quienes luego aparecieron como muertos en combate, la ocupación de un colegio y el minado de una.

El Informe del año 2007 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, reitera la difícil situación de los niños y niñas que han sufrido el desplazamiento y las infracciones al DIH de los actores armados que reclutan, atacan, violan a los niños y niñas y minan los caminos y escuelas:

...los grupos armados al margen de la ley continuaron cometiendo ataques contra la población civil que afectaron a la población infantil, incluyendo ataques indiscriminados, vulnerando así la inmunidad de las personas y bienes civiles.

En el documento "Balance de la política pública de atención integral a la población desplazada por la violencia, 2004 - 2006", la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de igual manera señala con inquietud la ocupación de las escuelas y los impactos de la presencia armada en la niñez que deserta de la escuela, interrumpe la actividad escolar y tiene riesgo de sufrir un accidente con minas, entre otros.

Así mismo, el Comité de Derechos del Niño, en su informe "Observaciones generales al informe presentado por el gobierno colombiano", señala:

(…)la utilización de escuelas y viviendas, o de lugares cercanos a éstas u otros espacios de concurrencia de población civil como base de operaciones por parte de los actores armados, ha provocado no solamente un grave riesgo para la integridad de los niños y las niñas sino también ha tenido un impacto en el derecho a la educación de la población infantil. Esta misma situación fue resaltada por el Comité de Derechos del Niño en su más reciente informe sobre Colombia (Comité de Derechos del Niño, 2006).

Por su parte la Relatora de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación exigió enfáticamente "la desvinculación de la escuela del conflicto y su definición y protección como espacio de paz". (Naciones Unidas, 2004, p. 3).

El uso recurrente de escuelas por las fuerzas armadas del Estado y el establecimiento de bases militares en las cercanías de escuelas hacen de éstas objetivos militares para los grupos armados ilegales, lo que hace imposible que los niños reciban educación; la participación de niños en actividades de capacitación militar y las visitas escolares de estudio a bases militares, en el contexto del actual conflicto armado interno, comprometen el principio del derecho humanitario de distinción de la población civil y exponen a la infancia al peligro de sufrir represalias de miembros de los grupos armados ilegales". (COALICO, 2007).

La Relatora especial para el Derecho a la Educación, expresó sus preocupaciones:

La escuela es uno de los espacios más afectados por el conflicto armado y paralelamente, el derecho a la educación de niños y niñas se ha visto seriamente vulnerado en razón del conflicto. La des-escolarización, vinculada al desplazamiento forzado de niños y niñas, al cierre de centros educativos o simplemente al miedo, favorece graves vulneraciones a sus derechos, como la explotación sexual, la prostitución infantil o la vinculación a un grupo armado. (COALICO, entrevista a la Relatora de Educación, Katharine Tomasevsky).

Por sentido común, la escuela es el lugar adonde los niños y niñas van a estudiar, a aprender, a relacionarse con sus pares, a desarrollar sus habilidades; sin embargo, como se puede inferir, la escuela ha perdido su razón de ser y en las zonas de conflicto armado se ha convertido en un espacio de presencia constante de los actores armados o de ataques, por diversos motivos (Amnistía Internacional, 2008).

Cuando la violencia sociopolítica afecta a una maestra o a un estudiante, además de violar los derechos individuales de la víctima, se afectan los de toda la comunidad educativa. Resulta muy difícil lograr que las alumnas y alumnos reciban y asimilen una educación acorde con los derechos humanos si al mismo tiempo tienen que enfrentar las violaciones a sus propios derechos y las de sus maestros y compañeros. (Plataforma, 2005 p. 45).

Es casi imposible que los docentes desarrollen la actividad educativa y que los alumnos puedan tener un buen rendimiento cuando se está en medio de hechos violentos; los docentes y los estudiantes no pueden llevar una cotidianidad normal, en medio de la angustia, el dolor y la zozobra que ocasionan las circunstancias de la guerra:

Cuando las escuelas, el profesorado y el alumnado son objetivos de la violencia armada, la tarea de impartir enseñanza se ve alterada de muchas maneras: puede que el alumnado y el personal de la escuela no acudan a ésta por temor a nuevos ataques, que los edificios y el material escolar queden destrozados o que resulte imposible sustituir al personal docente en algunas regiones. Además, el trauma psicológico, el temor y la ansiedad que causan estos ataques también dificultan el aprendizaje y la docencia, afectando a la motivación y a la asistencia tanto del personal como del alumnado". (Amnistía Internacional, 2008, p. 21).

Por su parte la UNESCO ha expresado en forma clara la afectación del sistema educativo en países en donde se desarrollan conflictos armados:

Perpetrados por agentes estatales o no estatales, los actos de violencia que se cometen contra la educación entrañan el uso de la fuerza de maneras que se trastornan o impiden la provisión educacional. Las agresiones de ese tipo se dirigen a los alumnos, los docentes y las instituciones educativas, en todos los niveles. Entre ellas figuran los asesinatos selectivos, las desapariciones, los secuestros, el exilio forzoso, la encarcelación, la tortura, las mutilaciones, las violaciones cometidas por los soldados y las fuerzas de seguridad, el reclutamiento de niños soldados y la ocupación y destrucción de establecimientos educativos". (Unesco, 2007, p. 13).

LAS MINAS ANTIPERSONA

Las minas antipersona son pequeños explosivos que pueden estar en cualquier parte; a diferencia de otras armas, en cuyos casos se requiere que alguien apunte y dispare, las minas terrestres antipersona son accionadas por las mismas "víctimas". Esto significa que están concebidas para explotar cuando una persona tropiece con ellas o las manipule: Por mina antipersona se entiende todo artefacto diseñado para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie; concebido para que explosione por la presencia, proximidad o el contacto de una persona y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. (Observatorio de Paz, 2007, p. 17).

Por otra parte, la Munición sin Explotar …MUSE… es una:

…munición explosiva que ha sido cebada, fusionada, armada o preparada de otra manera para ser utilizada. Puede haber sido disparada, dejada caer, lanzada o proyectada, pero no ha explotado debido a un mal funcionamiento o a su diseño, o por cualquier otro motivo". (Gobernación de Antioquia, 2009).

Colombia ocupa el primer lugar del mundo con más víctimas de minas antipersona –5.925– (le sigue Afganistán) y es el único país de América Latina que tiene esta problemática:

Colombia se encuentra afectada por minas terrestres y restos explosivos de guerra (REG) como resultado de 40 años de conflicto interno. En 31 de los 32 departamentos se han reportado incidentes con minas terrestres o artefactos explosivos improvisados, la mitad de ellos registrados en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Meta y Santander". (Monitor, 2009).

Mientras en el resto del mundo disminuyó su utilización, en Colombia aumentó, a pesar de que el gobierno colombiano firmó la Convención de Ottawa y de que destruyó más de seis mil minas que tenía en su poder. Los actores armados no estatales siguen sembrando minas como estrategia de guerra, en caminos y, en ocasiones, muy cerca al acceso de escuelas rurales.

Los grupos armados las utilizan para proteger sus campamentos, debilitar la estructura militar del enemigo y frenar su avanzada. Además, supone un arma de bajo costo, difícil de ubicar y de sensible impacto psicológico por la incertidumbre y el terror que infunde. Lo más grave es que no distinguen entre combatientes y civiles. Los daños físicos y psicológicos que generan son irreparables ya que no son sólo físicos y psicológicos; también desestabilizan la economía y obligan al desplazamiento". (Observatorio de Paz, Boletín No.2, p. 17).

Según el Observatorio de Minas del Programa Presidencial de Derechos, 670 municipios -60% del total- tienen minas sembradas en 31 de los 32 departamentos del país. El 35% -2.069- de las víctimas es población civil, el 65% -3.863- son miembros de la Fuerza Pública y el 97% de los accidentes se presentan en áreas rurales.

En cuanto a la responsabilidad de los grupos que siembran minas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- lo son del 70%; le siguen el Ejército de Liberación Nacional y los paramilitares (MAPP-OEA, 2009). Por su parte, teniendo en cuenta la firma de Colombia de la Convención de Otawa, las Fuerzas Armadas no deben usar estas armas no convencionales; sin embargo, ha habido algunos casos en los que lo han hecho. (Human Rights Watch, 2009).

LEGISLACIóN QUE PROHíBE LA UTILIZACIóN DE MINAS

Las minas antipersonas son un instrumento de guerra utilizado por los actores armados ilegales, cometiendo una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario que prohíbe de forma perentoria el uso de armas de impacto indiscriminado; quienes utilicen estos métodos podrán ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la Corte Penal Internacional. Su marco legal es el siguiente:

La Ley 759 creó una estructura a nivel nacional para la Acción Integral contra Minas Antipersona, estableció el régimen Penal, el régimen de Destrucción de Minas Antipersona, fijó las normas sobre la incautación y destrucción de las minas, sobre las misiones humanitarias y la sostenibilidad financiera de la acción integral contra las minas antipersona. Además de lo anterior, creó la Comisión Nacional Intersectorial, con el fin de orientar y coordinar la participación de todas las entidades del Estado en la acción integral contra tales minas.

Así mismo, en el marco de esta ley se creó el Observatorio de Minas Antipersona, el cual funciona dentro del Programa Presidencial de Derechos Humanos; dicho Observatorio además responde por la secretaría técnica de la Comisión y hace el seguimiento de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados ilegales, coordinando las acciones contra minas en el país, dando argumentos para la toma de decisiones políticas y la aplicación de estrategias conjuntas, con el apoyo de recursos nacionales y de cooperación.

El gobierno colombiano asumió como política de Estado, dentro de su Plan Nacional 2004-2009, la iniciativa Acción Integral contra las MAP y MUSE –AICMA– con un enfoque sostenible, efectivo y verificable.

El documento CONPES 3567 de 2009, contiene el marco de la política pública para la ejecución de la Acción Integral contra Minas Antipersona –AICMA–, para el periodo 2009 a 2019 y las líneas estratégicas a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la ratificación de la Convención de Otawa.

MINAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El camino que baja desde el páramo hasta la vereda El Coco, remontando toda la cordillera que divide a los dos Rioverdes fue por mucho tiempo un corredor del Frente 47, que protegieron con la siembra de minas antipersona. Mientras caminaba por ese mismo sendero en noviembre del 2004, un niño de tan sólo nueve años murió víctima de esos artefactos. Toda la gente de Rioverde se enteró, por su afligido padre que lo acompañaba, que el pequeño andaba feliz porque estaba estrenando botas. Chapuceaba alborozado en los arroyos, contento de sentirse inmune al agua; pero sus frágiles botas no fueron inmunes a la mina. Murió en el municipio de La Unión mientras era trasladado a recibir atención médica". Observatorio de paz, sin fecha, p. 104 - 105).

De acuerdo con la afectación por municipios, Antioquia ocupa el primer lugar en los diez departamentos con mayor registro por la presencia o sospecha de existencia de MAP/MUSE (Observatorio Presidencial, p. 13) y aunque la Fuerza Pública ha elevado sustancialmente el número de incautaciones y de casos de desminado militar, que han evitado probablemente la ocurrencia de muchos accidentes, este departamento sigue siendo vulnerable, principalmente por ser un departamento estratégico en el desarrollo de la confrontación armada entre actores armados irregulares; hay evidencia de su existencia en 97 municipios (MAPP-OEA, 2009, p. 27).

En el periodo comprendido entre 1985 y 2005, hubo los siguientes eventos de accidentes de minas antipersona o de municiones sin explotar, en cada una de las regiones del Departamento:

La región del Oriente antioqueño es la que más eventos trágicos de minas ha tenido; le sigue la región del Nordeste y el Valle de Aburrá; el Alcalde del Municipio de San Francisco, en entrevista expresaba: "A raíz de las tomas del ejército. El 2 de abril de 1999 en la Casa de la Cultura desactivaron una carga explosiva".

La siembra de minas y los accidentes que conlleva, ha traído nefastas consecuencias para la población civil, no sólo por la cantidad tan alta de accidentados, heridos y fallecidos, sino por el abandono de las tierras por esta causa, lo que ocasiona a su vez escasez de recursos y pobreza.

Si un niño de 10 años sufre una mutilación por una mina antipersonal requerirá, por lo menos, 25 cambios de prótesis a lo largo de su vida. Estas cuestan unos 10.125 dólares (unos $22 millones de pesos). Esa cifra es imposible de costear por una familia de escasos recursos. De ahí que, lamentablemente, muchas de estas personas se conviertan en una carga para sus familias. (El Colombiano, 2001).

El informe de la Campaña Colombiana Contra Minas -CCCMINAS- MAPP - OEA señalaba cómo en los años 2001 y 2002 se presentaron 350 accidentes con minas y munición sin explotar en Antioquia. Dada la magnitud del problema, la Gobernación de Antioquia, mediante el Decreto 0373 de 2003 creó el Comité Departamental de Prevención de Accidentes por Minas Antipersona y Municiones sin Explotar y Atención Integral a Víctimas, con el fin de superar la crisis humanitaria que vive el departamento, por los campos minados o munición sin explotar. Los objetivos de esta Comisión son:

• Contribuir a bajar la intensidad del conflicto armado, centrándose en el desminado en Antioquia, inicialmente en el Oriente antioqueño.
• Construir iniciativas que disminuyan la crisis humanitaria debido al conflicto armado que vive el departamento.
]]> Buscar un acercamiento humanitario con los actores armados ilegales -ELN y AUC-, que operan en esta zona, que logre un acuerdo de desminado.
• Propone un Plan de Acción Humanitario, que apoye la rehabilitación comunitaria para la reintegración socioeconómica de las víctimas de las minas antipersona y sus familias.
• Contribuir con fundamentos éticos y políticas al debate sobre el intercambio humanitario.
• Sensibilizar a la población sobre el problema de las minas y sus consecuencias, fortaleciendo el tejido social comunitario.
]]>

El gobierno departamental adelantó además la campaña antiminas "Antioquia para todos. Manos a la obra", en la que participan las Secretarías de Educación, Salud y Gobierno, con el apoyo de la Unión Europea, dentro del Proyecto "Institucionalización y sostenibilidad de la Educación en el Riesgo de minas Antipersona y la Atención Básica Biopsicosocial a las Víctimas de Minas Antipersona en 46 Municipios del Departamento":

Estos municipios son: Yarumal, Sonsón, Urrao, Yolombó, San Roque, Caucasia, Santa Rosa, Argelia, Ituango, Mutatá, El Bagre, Nariño, Dabeiba, Cañas Gordas, Campamento, Anorí, Montebello, El Santuario, Apartadó, Nechí, Murindó, Gómez Plata, Yondó, La Unión, Cisneros,Chigorodó, Alejandría, Segovia, Valdivia, San Andrés de Cuerquía, El Carmen de Viboral, Guatapé, Caracolí, Támesis, Puerto Triunfo, Yalí, Cáceres, Amalfi, Guadalupe, Vegachí, Necoclí, Santo Domingo, Santafé de Antioquia, Peque, Jardín, Caicedo.

El plan de Acción Integral contra Minas Antipersona -MAP- tiene como objetivo brindar asesoría y asistencia técnica para fortalecer la capacidad institucional local e implementar Planes Municipales de Acción Contra Minas Antipersona en 80 municipios de Antioquia, teniendo en cuenta los componentes de: a) Educación para el riesgo, b) Atención a Víctimas y c) Desminado.

Entre los avances de este plan se pueden señalar:

-Se cuenta con un Comité Departamental de Acción Integral Contra Minas Antipersona.

- Se han implementado los Planes Municipales de Acción contra Minas en 64 municipios del departamento, con las siguientes actividades:

- Creación o fortalecimiento de Comités Municipales de Minas Antipersona.

- Sensibilización sobre las minas antipersona con los Secretarios de Educación municipales.

- Capacitación en Prevención de Accidentes a Docentes, quienes a su vez sensibilizaron a niños y niñas.

- Monitoreo sobre la atención integral de víctimas.

- Asesoría y acompañamiento a víctimas y familias para el trámite de ayudas humanitarias ante Acción Social e indemnizaciones ante Fidufosyga.

- Realización de talleres de promoción de derechos y ruta de atención, en los que participaron: Personal médico del hospital, promotores de vida de la Dirección local de Salud y funcionarios públicos de la administración municipal.

- Sensibilización a 90 comunicadores comunitarios sobre MAP.

Entre los logros se pueden señalar también:

- Implementación del Sistema de Información IMSMA en Antioquia

- Diseño de un protocolo para la Vigilancia Epidemiológica de los accidentes causados por MAP, MUSE y AEI (DSSA)

- Realización de pruebas pilotos para la implementación del módulo sobre MAP en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Antioquia SIVIGILA, en los municipios de Ituango, Sonsón, Valdivia (DSSA).

- Apoyo logístico para labores de desminado humanitario en San Carlos y San Francisco.

- Gestión para atención de solicitudes de desminado en Emergencia en 15 municipios de Antioquia.

- Apoyo para la investigación: Construcción vehículo a control remoto para labores de desminado.

- Donación de ambulancia básica para apoyo a labores de desminado en Antioquia.

- La Gobernación de Antioquia concedió en octubre de 2009, en el marco de la celebración del Día del Ingeniero, a grupos EXDE en Antioquia la orden "Atanasio Girardot", por su labor y compromiso en el desminado.

Además de lo anterior, en convenio con la Universidad de Antioquia se ejecutó un proyecto de atención psicosocial para las víctimas y familiares en cinco municipios del oriente antioqueño, Granada, San Carlos, San Rafael, San Francisco y Cocorná, con el apoyo económico de la Fundación Mi Sangre y el Club Rotario Internacional.

MINAS UTILIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS

Yo iba para la escuela cuando vi una cosita roja en el suelo, pero estaba lejos del camino. Mi mamá sí me había dicho que no caminara por ahí porque dizque ahí había minas, pero yo no me acordé en ese momentico y me fui a ver qué era. Cuando estaba cerquita me di cuenta que era un radio y lo recogí, ahí no pasó nada, pero cuando lo abrí para ver si tenía casete eso explotó y ya no me acuerdo de más, sólo que como a los dos días me desperté en un hospital y ya no podía ver nada.(UNICEF, 2000, p. 13).

En Colombia y en la misma lógica de los actores armados ilegales, varios son los eventos en los que se ha registrado la siembra de minas alrededor de las escuelas, o en los caminos que llevan a los niños y niñas a las escuelas. En entrevista con una funcionaria del municipio de San Francisco (Antioquia), señalaba;

El Departamento de Antioquia tiene una situación muy preocupante debido a la siembra indiscriminada de minas; en entrevista con un campesino del oriente antioqueño, señalaba:

El retorno en el municipio de San Francisco se viene dando de manera muy lenta desde el año 2008, el condicionante que se ha presentado cuando la gente pretende volver a sus veredas es que estas se encuentran minadas y eso constituye un grave riesgo para la población; hasta el momento se vienen realizando las operaciones de desminado humanitario y en las veredas donde este ya se ha hecho las personas han podido retornar; sin embargo, en otras localidades la gente ha empezado a retornar por cuenta propia, sin ninguna garantía de seguridad, según ellos, por la falta de recursos para subsistir en otros lugares.

Las comunidades y los docentes han expresado su rechazo por la utilización de las minas por parte de los actores armados. Además de no interesar a éstos la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, ni escuchar las voces de la población civil, han llegado a atacar a quienes defienden la integridad de las comunidades educativas.

El 9 de agosto del año 2005, la maestra Belén Hincapié, quien laboraba en el Centro Educativo Rural Guayaquil Primaria, en el municipio de Sonsón, fue asesinada por las FARC luego de un altercado en el que la docente se enfrentó a guerrilleros que estaban sembrando minas alrededor de la escuela:

La profesora Belén regañó a unos guerrilleros que sembraban minas antipersona cerca de la escuela. Ella frentiaba a todos los grupos armados por los abusos que cometían. Por eso la mataron". (Observatorio de paz, sin fecha, p. 106).

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en su informe correspondiente al año 2005, mostró con preocupación que las FARC minaron las cercanías de una escuela en Cocorná, departamento de Antioquia (Naciones Unidas, 2006).

En entrevista con una persona desmovilizada del Magdalena Medio, expresaba que "En muchas escuelas, en Boquerón, en El Porvenir, la Nutria, fueron minadas y también pusieron bombas para destruir al ejército".

De igual manera, en el año 2007 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos en Colombia, identificó escuelas minadas por los grupos armados ilegales y registró un ataque por parte del Ejército Nacional contra estudiantes a quienes les dispararon por confundirlos con guerrilleros, ataque en el que resultó muerta una niña.

LA DIFíCIL TAREA DEL DESMINADO

La campaña "Cero minas, cero víctimas", es una prueba piloto de desminado en el Corregimiento de Aquitania, Municipio de San Francisco, en donde ya se adelantó un inventario de 12 sitios minados.

Es importante anotar que, dentro de las obligaciones del Estado colombiano está el desminado; a partir del año 2000 el Ejército Nacional comenzó la remoción de las minas sembradas en instalaciones militares y en áreas de infraestructura de comunicaciones. De igual manera, suspendió la fabricación de las mismas en los talleres de Indumil (Industria Militar Colombiana). Sin embargo, no hay un plan sistemático de desminado.(Monitor, 2002).

El costo del desminado aún no se ha calculado; sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Artículo citado, Declaraciones del Delegado del CICR. 7 de enero de 2001, Medellín. sostiene que, para realizar el desminado de las 84 millones de minas terrestres que hay en 64 países del mundo, se requieren 1.100 años y $33.000 millones de dólares, debido a que mientras una mina cuesta tres dólares en fábrica, su destrucción puede valer entre $200 dólares y $1.000 dólares.

PROPUESTAS HUMANITARIAS

Frente al tema de las minas, ha habido importantes iniciativas de organizaciones no gubernamentales, que buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes y a las escuelas. Una de estas iniciativas es la "Propuesta para la protección de la infancia en el marco de un acuerdo humanitario dentro del conflicto armado colombiano", planteada por Humanidad Vigente en 1999.

Por su parte la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, en el año 2002, elaboró la "Propuesta de acuerdo humanitario para la protección de los niños, niñas y jóvenes". (COALICO, Boletín Putchipú. No. 8, 2003).

De otro lado, la Asamblea Constituyente de Antioquia, en octubre de 2003. trabajó la "Propuesta para un Acuerdo Humanitario en Antioquia" en la que se incluye el respeto a los niños y niñas y a las escuelas. (Redepaz, 2003).

El informe Educación bajo ataque de la UNESCO (2007), advirtió sobre la existencia de capos minados cerca a las escuelas y el irrespeto de los actores armados con las comunidades educativas.

De otro lado, las diferentes agencias de las Naciones Unidas han adelantado acciones importantes frente al tema de los campos minados. La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 4 de abril como el Día Internacional de Sensibilización sobre las minas antipersona.

A su vez, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyó la reactivación de los Comités Departamentales de Atención Integral a Víctimas por MAP/MUSE; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) registra el desplazamientos por causa de este fenómeno, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denuncia a través de comunicados esta grave infracción al DIH.

Por todo lo anterior, se puede inferir que los actores armados, estatales y no estatales, responsables del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, no aplican sus principios y siguen utilizando el sembrado de minas, afectando a la población civil y los bienes protegidos como la escuela. Los niños, las niñas y los jóvenes, que constituyen casi el 70% de la población total del país, han sido afectados en forma drástica por el conflicto armado interno en general, y por las minas antipersona, en particular.

Parte del equilibrio del ser humano es conocer y dominar su territorio, desde un sentimiento de identidad y pertenencia. Vivir en campos minados impide la tranquila movilidad de las comunidades y genera inseguridad y falta de equilibrio vital de las personas que allí habitan; todo esto afecta el tejido social y la cotidianidad.

A MANERA DE CONCLUSIóN

Los establecimientos educativos han sido afectados y los actores armados los han utilizado como cuarteles, trinchera, centros de tortura, sitios de proselitismo y reclutamiento de jóvenes, infringiendo las normas del Derecho Internacional Humanitario. Las escuelas sufrieron las acciones de guerra como las tomas de las poblaciones y los bombardeos. Estas acciones afectaron drásticamente el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes del Departamento de Antioquia.

Existe suficiente normatividad de protección de las escuelas y de los niños y las niñas, que ha sido ratificada por el gobierno colombiano. Se hace necesario que, desde el Estado, se divulgue y se convierta en política pública la protección de las escuelas y de las comunidades educativas.

El Estado colombiano ha tenido un avance normativo importante sobre las minas antipersona y ha implementado una política integral frente al mismo; sin embargo, y dada la complejidad del tema, la cobertura del programa aún es reducida y no se ha llegado a todos los municipios sembrados con minas, para así mismo disminuir el número de accidentes. Conviene insistir en acuerdos humanitarios que permitan la protección de los niños, niñas y jóvenes y su no involucramiento en el conflicto armado.

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