Miguel Ángel Martínez Meucci^*

*Doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación por la Universidad Complutense de Madrid; Coordinador de los Postgrados en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Email: martinez.meucci@gmail.com

RESUMEN

La "Revolución Bolivariana" (o "Chavismo") es el proceso y régimen político liderados por Hugo Chávez en Venezuela desde 1998. En este artículo se sostiene que dicho fenómeno político puede ser comprendido como un caso de "democracia totalitaria" (Talmon) o "iliberal" (Zakaria). Ambos conceptos aluden a formas de democracia que se relacionan con el mesianismo político, el populismo y otras formas de liderazgo semiautocrático, aparentemente privilegiando una voluntad mayoritaria, pero actuando en desmedro del estado de derecho, el constitucionalismo, el sistema de libertades individuales y la división de poderes. Se argumenta además que, dado el carácter revolucionario de la política exterior del Chavismo, esta manera de comprender y practicar la democracia ha ido ejerciendo una influencia creciente en América Latina.

Palabras claves: Venezuela, democracia iliberal/totalitaria, revolución, Chavismo.

SUMMARY

The "Bolivarian Revolution" (or "Chavismo") is the process and political regime led by Hugo Chávez in Venezuela since 1998. This article argues that this political phenomenon can be understood as a case of "totalitarian" (Talmon) or "illiberal" (Zakaria) democracy. Both concepts refer to ways of democracy that are related to political messianism, populism and other forms of semi-autocratic leadershi p, apparently favoring the will of majorities, but going against the rule of law, constitutionalism, system of individual freedoms and balance of powers. It is further argued that, given the revolutionary nature of Chávez´s foreign policy, this way of understanding and exerting democracy has been becoming a growing influence in Latin America.

Fecha de Recepción: 20/10/2012 Fecha de Aprobación: 13/11/2012

INTRODUCCIÓN

Venezuela llegó a ser considerada, hace algunas décadas, como una feliz excepción dentro de los tortuosos procesos de modernización y democratización que tenían lugar en América Latina. Su tránsito hacia la democracia durante los años 60, así como su relativa consolidación durante los 70 y 80, contrastaba con la realidad de tantas naciones que se debatían entre dictaduras, guerrillas, terrorismo y revolución. El país petrolero del Caribe parecía representar entonces una firme promesa de futuro en la región, y tanto su despegue modernizador como su democracia bipartidista (una cuasi-poliarquía, como señaló en su momento Robert Dahl; 1991: 220) parecían consolidados.

Y sin embargo, tal como ha sostenido recientemente George Friedman, la historia parece empeñada en cambiarnos drásticamente el panorama y la base de nuestros pronósticos cada 20 años (Friedman, 2009). A día de hoy, casi cualquier país en América Latina parece más seguramente enrumbado hacia una democratización de corte occidental-liberal de lo que aparenta estarlo Venezuela. Tal giro en las expectativas se debe a la irrupción de la llamada "Revolución Bolivariana", proceso político que (según se sostiene aquí) guarda fuerte relación con los conceptos de "democracia totalitaria", acuñado por Jacob Talmon, y de "democracia iliberal", empleado por Fareed Zakaria. Dicho proceso político, revistiendo un carácter revolucionario, ha desplegado además una política exterior visiblemente orientada a influir en los países vecinos y a modificar los equilibrios regionales. En virtud de lo anterior, se plantean aquí las siguientes cuestiones:

1) Una sucinta descripción de los conceptos (mutuamente relacionados) de "democracia totalitaria" y "democracia iliberal", con miras a resaltar en particular aquellos elementos que se encuentran más consustanciados con la evolución particular de algunas democracias actuales.

2) Las razones por las cuales se afirma aquí que en Venezuela, desde la llegada de Hugo Chávez al poder, se desarrolla un tipo de gobierno que bien podríamos denominar como "democracia totalitaria/iliberal". La práctica jurídico/política de la "Revolución Bolivariana", su retórica demagógico/revolucionaria, los fundamentos de la sensibilidad que dio origen a la misma y sus mecanismos de movilización política permiten caracterizar a dicho régimen como una "democracia totalitaria", de acuerdo con nuestra lectura del pensamiento de Talmon.

3) La caracterización de la política exterior desarrollada por el régimen venezolano durante los últimos años, marcada por un evidente perfil revolucionario, destinada a "exportar" la llamada Revolución Bolivariana y a ejercer una influencia creciente en América Latina.

A) EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA TOTALITARIA / ILIBERAL

Sin embargo, los fenómenos políticos que se han venido manifestando en las dos décadas posteriores a la caída del muro de Berlín parecen dar muestras claras de que semejante tratamiento dicotómico se aleja de la realidad de nuestro tiempo. Elecciones más o menos libres y abiertas, pero no siempre justas y competitivas, tienen lugar hoy en casi todo el planeta, sin que ello corresponda necesariamente con lo que hemos de entender por regímenes democráticos. Desde nuestro punto de vista, esta problemática se relaciona con el hecho de que numerosos gobiernos electos persisten, no obstante, en reiteradas prácticas que lesionan la independencia de poderes, el régimen constitucional, el estado de derecho y las libertades individuales, o lo que es igual, los elementos liberales de la democracia moderna.

En parte, esta problemática se suscita porque democracia y liberalismo obedecen a propósitos distintos. La primera se orienta a fortalecer el poder; el segundo se preocupa por limitarlo. La democracia asume que el individuo no ha de temer al poder, porque le da la posibilidad de participar en los asuntos públicos; si alguien se niega a hacerlo, o si se mantiene recurrentemente fuera de los consensos alcanzados, correrá el riesgo de sufrir cierta marginalización política. Históricamente, los riesgos inherentes a esta situación se incrementarían con el desarrollo del Estado y la irrupción de las masas en la política, hasta el punto de que la experiencia práctica terminó por generar el desarrollo de una nueva idea (moderna) de libertad y aconsejar el desarrollo de instituciones y legislaciones orientadas a protegerla. Así nació el liberalismo.

Sin embargo, las democracias frágiles de nuestro tiempo con frecuencia son el resultado de procesos históricos por los cuales sus sistemas políticos pasaron a realizar elecciones sin previamente consolidar las garantías de las libertades individuales. O bien, surgen de la mano de un desarrollo limitado de las garantías individuales, las cuales, al circunscribirse en la práctica a ciertos estratos minoritarios de las sociedades, dieron lugar a estallidos revolucionarios o explosiones populistas que sobrevinieron como un intento por extender las ventajas de la modernidad a toda la población, pero al costo de sacrificar o menoscabar el disfrute general de dichas garantías individuales.

En el marco de tales consideraciones, recobra sentido en nuestros días el planteamiento que Jacob Talmon desarrolló al acuñar el concepto de "democracia totalitaria"(1956), con el cual intentó explicar el carácter de las democracias radicales (por lo general de carácter revolucionario) que, desde Rousseau, se sustentan sobre la idea de un "pueblo" políticamente unitario, homogéneo y armonioso, a menudo observando en la libertad individual y en los intereses particulares no otra cosa que la manifestación de actitudes irracionales, egoístas y perjudiciales para el conjunto de la sociedad. Las principales ideas de Talmon se encuentran concentradas en sus dos obras fundamentales: Los orígenes de la democracia totalitaria (1956a) y Mesianismo político (1956b). En el primer libro, Talmon sostiene que la democracia ha evolucionado a lo largo de dos concepciones distintas (la liberal y la "totalitaria"), ambas otorgando un papel importante a la libertad individual. Por un lado, la concepción liberal presume la condición artificial y falible de la política, aconsejando por consiguiente un considerable escepticismo hacia el poder político. Por otro lado, la "concepción totalitaria democrática" presume la existencia de una verdad política unívoca en la cual se subsume la totalidad del sentido de la vida social. La concepción totalitaria es racionalista, hace énfasis en la libertad "positiva" (al estilo señalado por Isaiah Berlin, 1988) y aboga por regímenes que colocan al individuo en una posición de franca desventaja frente a la voluntad mayoritaria o de los líderes que dicen encarnar dicha voluntad. Estos regímenes derivan en lo que Talmon llamó la "democracia totalitaria moderna", que vendría siendo, en palabras del autor,

una dictadura basada en la ideología y en el entusiasmo de las masas, es consecuencia de la síntesis entre la idea del orden natural del siglo XVIII y la idea rousoniana (sic) de la realización y autoexpresión del pueblo. Por razón de esta síntesis, el racionalismo se convirtió en una fe apasionada (1956a:6)

Una fe que deviene así en una suerte de "religión política", civil y racionalista, que se hace totalitaria en el momento en que reclama para la política y para el Estado el sentido de toda acción humana. Lo que resultaría más insidioso de este pretendido totalitarismo es que

proclama la esencial bondad y perfección de la naturaleza humana […] cuando recurre a la fuerza, lo hace con el convencimiento de que la fuerza es usada solamente con objeto de apresurar el progreso del hombre hacia la perfección y la armonía social (1956a:7)

la voluntad general es para Rousseau algo así como una verdad matemática o una idea platónica. Tiene por sí misma una existencia objetiva, haya sido comprendida o no. Sin embargo, habrá de ser descubierta por la mente humana. Y habiéndola descubierto, la mente humana no puede, honradamente, dejar de aceptarla (1956a:45)

Dado que quienes apoyan una "democracia totalitaria" consideran que la voluntad general representa el bien general, el bien del "pueblo", no pueden considerar sino como un error el hecho de disentir de dicha voluntad, un error motivado por la ignorancia o la inmoralidad. De este modo, tal idea de "pueblo" excluye a los "apátridas" que no coinciden con la declarada voluntad general;

Por esto Sieyès alegó que sólo el Tercer Estado constituía la nación. Los jacobinos limitaron los términos aun más, a los sans-culottes. Para Babeuf sólo el proletariado era la nación y para Buonarroti solamente aquellos que habían sido formalmente admitidos en la Comunidad Nacional (1956a:52-53)

En su segundo libro, llamado Mesianismo político, Talmon busca estudiar a profundidad el fenómeno homónimo. El autor hace girar toda la argumentación de este libro en torno al concepto de revolución, idea moderna según la cual la historia de la humanidad no sólo está orientada hacia el progreso, sino que éste puede ser alcanzado más rápidamente si quienes conocen las "leyes de la historia" son capaces de derrocar los viejos órdenes de injusticia y atraso. De este modo, el mesianismo político daría pie a la idea de "revolución permanente", vinculada, a la postre, al totalitarismo. En palabras de Talmon, la Revolución Francesa pretendió ser "un levantamiento contra el mal mismo, que no terminaría hasta que el mal de males fuese totalmente desarraigado y sustituido por una justicia armónica" (Talmon, 1956b:5). En el mesianismo político, según el autor hebreo, se descubriría el tipo de sensibilidad en la cual se afianzan fenómenos políticos como la "democracia totalitaria", los movimientos socialistas, utópicos y colectivistas del siglo XIX, el populismo y el comunismo moderno.

Más recientemente, Fareed Zakaria ha desarrollarlo un concepto similar y derivado, expresamente pensado para definir una realidad de nuestro tiempo: la "democracia iliberal". Al decir de Zakaria, la "democracia totalitaria" instaurada por los jacobinos de la Revolución Francesa fue el primer caso moderno de "democracia iliberal", cada vez más frecuente en nuestros días (2006: 18). La democracia iliberal dice defender las libertades individuales, pero en la práctica las somete a los internacional dictámenes de "autócratas populares" que dicen encarnar la voluntad popular y que, en efecto, a menudo parecen gozar de gran respaldo electoral.

B) PROGRESIÓN HACIA LA "DEMOCRACIA TOTALITARIA" EN VENEZUELA

En opinión de Zakaria, la Venezuela de hoy constituye una de esas "democracias iliberales" (2006). Por nuestra parte, en tanto consideramos que el concepto de "democracia iliberal" deriva de la concepción "totalitaria" descrita por Talmon, en este artículo intentaremos argumentar que el carácter de la Revolución Bolivariana la asemeja mucho a una "democracia totalitaria", lo cual parece evidenciarse tanto en la retórica del movimiento chavista como en el desarrollo institucional que ha acometido; ambos elementos giran en torno a una concepción absolutista y unitaria de "pueblo" que amenaza conculcar las libertades individuales. Con miras a desarrollar esta argumentación, nos parece pertinente un breve repaso a la evolución de la democracia venezolana durante las últimas décadas.

El período democrático 1958-1998 puede ser considerado como relativamente homogéneo. La transición a la democracia a partir del año 1958 y la consolidación del sistema que Juan Carlos Rey (1998, orig. 1980) describe como "populista y de conciliación de las élites", marcó en buena medida la evolución de la democracia venezolana durante las siguientes décadas. El conjunto de pactos inter-élites que quedaron asociados al nombre de Punto Fijo selló una larga historia de enfrentamientos entre diversos sectores (fuerzas armadas, partidos políticos, empresariado, sindicatos, etc.), mediante el establecimiento de normas de competencia abierta pero pacífica, sobre las cuales se consolidó un sistema democrático asombrosamente estable para la región y para la época.

El hecho de que este régimen democrático que se haya sustentado sobre la base del establecimiento de pactos de élites se le ha llamado también "democracia pactada" por parte de autores como Aníbal Romero (1996). La debilidad estructural del sistema radicó en la profunda dependencia que los acuerdos populistas inter-élites desarrollaron con respecto a la renta petrolera. Tal como señaló Terry Lynn Karl,

Los petrodólares financiaron un plan de emergencia que calmó la atmósfera durante la transición a la democracia. En el largo plazo, el petróleo proveyó los recursos fiscales de los que las administraciones democráticas dependieron para mantener la ambigua y costosa situación de fomentar el crecimiento de un sector privado mientras concedía favores a las clases medias y trabajadores. Concretamente, cada gobierno concedió extensos subsidios, contratos e infraestructura a los empresarios, mientras pechaba con los más bajos impuestos del continente y permitía algunas de las mayores ganancias. Al mismo tiempo los gobiernos democráticos podían darse el lujo de apoyar la contratación colectiva de los más altos salarios del continente, y de controles de precios, enormes subsidios a los alimentos y una reforma agraria (Karl, citada por Romero, 1996: 377)

Todo lo anterior repercutió en una progresiva incapacidad para el desarrollo competitivo de otros sectores productivos, comprometiendo seriamente la evolución autónoma del sector privado y de una economía capitalista. Recordemos que autores como Lipset (1988, orig. 1970) o Tilly (2010) afirman la existencia de una fuerte correlación entre economía capitalista (privada, autónoma) y consolidación democrática. Pese a su creciente ineficiencia económica, el modelo rentista (ver Villasmil; 2005) ayudó a manejar la conflictividad política y social durante varias décadas, ya que los conflictos intersectoriales se dirimían mediante una repartición consensuada de los recursos de la renta petrolera, mientras las diferencias ideológicas perdían peso. De esta manera, los patrones de conflicto característicos de una sociedad moderna, usualmente articulados en torno a la diatriba capital/trabajo (donde los recursos disputados pertenecen y son manejados directamente por los sectores enfrentados), no parecían ser verdaderamente significativos en Venezuela, ni constituían el eje de las negociaciones orientadas a mantener la estabilidad social y política. En consecuencia, cabe afirmar que la sociedad venezolana, acostumbrada a "ahogar sus conflictos en petróleo", no consolidó a lo largo del tiempo suficientes prácticas y mecanismos institucionales que le permitieran el manejo eficiente de la conflictividad natural en una sociedad moderna.

El discurso de buena parte de la clase política, amparado en la consolidación del voluminoso petro-estado, generó expectativas difícilmente sostenibles en la población; en general, se perdió conciencia de los desmesurados costos inherentes al modelo rentista. El golpe de gracia llegó con la apertura de mercados y las privatizaciones de los años 90, década marcada por un inusitado aumento de la conflictividad política y social. El modelo en cuestión se ha hecho cada vez más difícil de sostener, no sólo por las complicaciones inherentes a un desmesurado volumen de gasto improductivo, sino porque la globalización comercial y financiera, beneficiosa para las economías más competitivas, penaliza cada vez más a las economías más ineficientes. Sin embargo, las clases política, empresarial y sindical tienden a reincidir y a reproducir (en vez de modificar) las prácticas rentistas, dado que electoralmente son las más rentables y eficaces. De esta forma, el drama de la democracia venezolana es que, al haber desarrollado su sociedad una "adicción" generalizada al sistema rentista, toda decisión democrática (mayoritaria) parece tender a perpetuar la raíz del problema.

Por lo general, los conflictos políticos más agudos que ha vivido Venezuela durante las últimas décadas han coincidido con gobiernos que intentaron alterar significativamente los patrones de gasto y redistribución que se consolidaron desde el Pacto de Punto Fijo (Carlos Andrés Pérez II, Hugo Chávez). Por otro lado, historiadores, sociólogos y psicólogos sociales (entre ellos, Carrera Damas, 2005; Torres, 2009) han enfatizado también el papel que el militarismo y el culto a los héroes (y muy concretamente el culto a Bolívar) han jugado en la vida política venezolana, generalizando expectativas de soluciones mesiánicas y, por así llamarlas, "poco políticas" o incluso "antipolíticas".

De ahí que la frustración generalizada ante la ineficacia creciente del modelo rentista fuese interpretada como responsabilidad exclusiva de la clase dirigente y del sistema de partidos; así, el terreno quedó abonado para añorar nuevamente al hombre fuerte, al caudillo, al héroe de armas que, retomando el legado de Bolívar, se echa sobre sus hombros la tarea de "poner orden" en una sociedad caótica, encarnando la "voluntad general" y restableciendo un justo reparto de la riqueza nacional.

Ya desde antes de la irrupción de la llamada "Revolución Bolivariana", el creciente rechazo que la sociedad venezolana comenzó a experimentar hacia la clase política, fruto de sus frustraciones ante el colapso tan progresivo como inadvertido (por la opinión pública) del sistema rentista, se convirtió además en un rechazo de la política entendida como espacio para la interacción plural entre diversas corrientes políticas y sectores sociales. Menguada la capacidad de distribución de la renta para resolver conflictos, pero inmersos en la tradición "pactista-rentista", la incapacidad para el manejo de la conflictividad natural alcanzó cotas muy elevadas. Con el tiempo, la profunda dependencia económica que todos los sectores mantenían con respecto al Estado parece haber repercutido en la mengua de la conciencia del valor de la libertad individual. El reclamo de derechos económicos y sociales sobrepasó así, con mucho, la defensa de las libertades políticas. Adicionalmente, el largo período de libertades que, en líneas generales, pudo disfrutar la población venezolana durante la República Civil (denominación que autores como Leáñez y Romero dan al período democrático 1958-1998) terminó por hacer pensar que dichas conquistas estaban garantizadas, y por eso fueron descuidadas.

Llegados aquí, comienzan a comprenderse los vínculos existentes entre tales elementos y el posterior surgimiento de una "democracia totalitaria". En función de lo anterior se comprende la clamorosa acogida que el discurso de Hugo Chávez encontró en el electorado venezolano. Lejos de concentrar su oferta electoral en la promesa del "Socialismo del Siglo XXI" que luego se ha dedicado a promover, el Chávez de 1998 se caracterizó por su discurso netamente populista, pensado para potenciar a su favor los patrones de conflictividad vigentes para el momento, los cuales enfrentaban a una población desilusionada con la clase dirigente. Como frases emblemáticas de aquella campaña quedaron el "voy a freír la cabeza de los adecos"(socialdemócratas del partido AD, de largo el partido más importante en años anteriores) y la diatriba contra las "cúpulas podridas" (la clase política, y luego también empresarial). Igualmente, cabe recordar lo dicho por Chávez contra la democracia liberal:

un gobierno o régimen especial, no puede ser un gobierno producto de elecciones y con acuerdos entre los poderes. Nada que intente superar ese modelo de democracia liberal, que para nosotros ya murió, puede provenir de elecciones" (en Blanco Muñoz, 2006, orig. 2004: 168)

Tanto en el discurso como en la nueva institucionalidad desarrollados por el gobierno de Hugo Chávez se perciben constantes que, desde nuestro punto de vista, lo asocian con el concepto de "democracia totalitaria" de Talmon. Comencemos por los aspectos institucionales. Durante la campaña presidencial de 1998, la oferta de Hugo Chávez no se concentró particularmente en hablar de medidas económicas o modelos de desarrollo. El núcleo de dicha oferta lo constituyó la promesa de luchar contra la corrupción y la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para "refundar la república".El mismo día que tomó posesión del cargo, Chávez convocó la realización de un referéndum consultivo para iniciar dicho proceso Constituyente. En menos de un año, Venezuela sustituyó la constitución más longeva y estable de su historia por otra que eliminó el Senado, permitió la relección presidencial por un período, alargó éste de 5 a 6 años, creó dos nuevas ramas del poder público (poder Electoral y poder Ciudadano), aumentó el control de la economía por parte del Estado y retiró al poder Legislativo la facultad de decidir los ascensos militares para dársela al Ejecutivo, aunque a cambio le concedió gran influencia sobre el poder Judicial. Sus críticos la consideran una "constitución fachada" porque, en vez de cumplir con el cometido básico de toda constitución (la defensa y garantía de las libertades individuales frente al poder del Estado y el poder desmedido de las decisiones mayoritarias), habría tenido el propósito de permitir al chavismo la modificación profunda del Estado y de consolidar en el poder al movimiento político de Hugo Chávez. Tal como lo ha señalado Alfredo Ramos Jiménez,

A partir del referendo revocatorio presidencial de Agosto de 2004, se inicia en el país la práctica de elecciones semicompetitivas, cuyos resultados son protestados por algo más de la mitad del universo de electores inscritos. La imposición de tales elecciones constituye una base firme para la estructuración creciente de una genuina democracia plebiscitaria, modelo alternativo de la democracia representativa de partidos y portadora de la promesa de un presidente personal, asumida por sus seguidores, según el texto constitucional de 1999, como una "democracia participativa y protagónica" (Ramos, 2006: 23).

Con el paso del tiempo, y en la medida en que el proyecto "revolucionario" del chavismo terminó por modificar los patrones de conflictividad política en Venezuela (ya no se trataba de un conflicto entre el grueso de la sociedad y la clase política, sino de una aguda polarización entre dos mitades de la población), la coalición de gobierno terminó por extender un control hegemónico sobre todas las ramas del aparato estatal. Pero no sólo eso. El nuevo marco constitucional se quedaría corto para permitir la dimensión y naturaleza de los cambios revolucionarios que perseguía el chavismo, razón por la cual, luego de ser ratificado el mandato del presidente Chávez en 2004, y de que su movimiento político arrasara en las elecciones regionales del mismo año, éste se propuso enrumbar a Venezuela en la senda del "Socialismo del Siglo XXI", aún por definir.

Más adelante, luego de la relección presidencial de 2006, la Revolución Bolivariana se propuso acometer una profunda reforma constitucional, justamente cuando se encontraba en el tope de su popularidad, la cual, a su vez, encontraba en la insólita alza de los precios del petróleo un inestimable sustento. Con dicha propuesta se buscaba la conversión de Venezuela en un Estado Comunal, la superación definitiva de la democracia representativa, la implantación un nuevo ordenamiento territorial, la aceptación de la relección presidencial indefinida y la centralización casi total de la economía en el Estado, entre otras cosas. Aunque la propuesta fue rechazada en las urnas, y aunque la Constitución vigente excluye la posibilidad de consultar nuevamente (en referéndum) una materia ya rechazada por tal vía durante el mismo período presidencial (artículo 345), las propuestas de la reforma han sido implementadas progresivamente, mediante mecanismos legales alternativos. Adicionalmente, Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ha llegado a pronunciarse en contra del principio de división de poderes "porque debilita al Estado" (ver Brewer, 2011), argumentación que asombra por su similitud con los razonamientos de Rousseau.

A ello cabe agregar el desarrollo de diversas organizaciones de movilización política, todas ellas formalmente alineadas y comprometidas con el movimiento revolucionario del presidente Chávez. Tal es el caso de los Círculos Bolivarianos, el Frente Francisco de Miranda, los Consejos Comunales comprometidos con el gobierno, las milicias populares y toda una diversidad de grupos para estatales y paramilitares, los cuales (constituidos en una suerte de sans-culottes chavistas) se encargan de movilizar y encarnar lo que, de acuerdo con la nueva hegemonía, constituye el verdadero "pueblo" venezolano, organizado para la promoción y defensa de la revolución. Si bien por un lado esta movilización puede ser considerada como señal de una repolitización positiva de la población venezolana, no cabe olvidar las palabras de Arend, quien, con todo y el hecho de ser una defensora del sistema de consejos comunales, recordaba la manera en que regímenes revolucionarios como el francés o el bolchevique terminaron por anular la espontaneidad de dichas asambleas, convirtiéndolas en meros órganos ejecutores de la facción radical del partido revolucionario (ver Arendt, orig. 1963, 2006: 340-341). Lo reseñado hasta este punto permite sostener la idea de que se trata de un régimen cada vez más plebiscitario (Ramos, 2006), donde la voluntad popular es considerada como un todo homogéneo y compacto.

Si pasamos a examinar la retórica del chavismo como movimiento político (toda la cual reproduce fielmente el discurso del líder máximo), podremos concluir que permite la identificación general de la Revolución Bolivariana como una "democracia totalitaria". Entre sus rasgos más característicos se cuentan:

1) La continua referencia al "pueblo"/ nación como un cuerpo espiritual homogéneo, unitario y virtuoso: la "religión civil" sobre la que se levanta (según Talmon) la democracia totalitaria encuentra su pilar esencial en este elemento, que se ve reproducido constantemente en la retórica chavista. La fórmula "la voz del pueblo es la voz de Dios", seguida de su derivada "la voz del líder es la voz del pueblo", es común a casi todo movimiento mesiánico y constituye uno de los ejes conductores de la narrativa chavista.

3)La incomodidad frente a la pluralidad, el disenso y los pequeños conflictos que surgen normalmente en toda sociedad: la mentalidad que predomina en una democracia totalitaria no se siente a gusto con el disenso. Es imperioso identificar la "voluntad general" y hacerla cumplir, con lo cual se establece el criterio para la supresión de los pequeños conflictos. Nadie en su sano juicio osará ir contra esa verdad evidente; de lo contrario, el pueblo se verá obligado a "hacerlo libre" (al estilo que promulgaba Rousseau). Discursivamente, el Estado chavista se erige como representante y defensor de todos los intereses del pueblo (que no puede tener conflictos internos, porque encarna una voluntad unitaria) frente a "grupúsculos" que necesariamente "no son pueblo", pero que son forzados a serlo: es pueblo quien se acomoda de forma entusiasta a la voluntad popular única (general). Al velar el Estado por el bienestar de todos, mediante una redistribución "socialista", nadie tendrá por qué quejarse. Si lo hace, es porque todavía estaría imbuido de una mentalidad errada, extranjera o inmoral.

4) La constante denuncia y caracterización de los intereses particulares, individuales y grupales como contrarios a la voluntad popular y al gentilicio nacional: al más puro estilo de Rousseau, el interés personal, particular o grupal se considera contrario a la voluntad popular única o general. Tales intereses son nocivos porque son egoístas, contrarios a la virtud cívica y fomentan los conflictos sociales. Los partidos contrarios a la "revolución", las ONG no afines al "proceso", cualquier grupo que discrepe es constantemente denunciado como contrario al pueblo. Como consecuencia de lo anterior, la pluralidad y la diversidad se resienten. Se desarrolla además una sistemática marginalización y hostigamiento de los disidentes como apátridas, extranjeros y, en todo caso, agentes externos y contrarios al cuerpo presuntamente homogéneo de una nación que estaría totalmente articulada en el proceso revolucionario. Se llega incluso al punto de expresar animadversión hacia las manifestaciones culturales extranjerizantes, disonantes o contrarias a la supuesta cultura (oficializada) del pueblo, porque son inmorales y amenazan su unidad e integridad espiritual. Por lo general, se identifica cierta idealización de lo amerindio o lo africano como lo "verdaderamente venezolano", mientras que lo de origen europeo es extraño al espíritu de la nación.

5) La potenciación de un gran conflicto, orientado a suprimir y/o aglutinar los conflictos parciales: no se acepta que un pueblo virtuoso y espiritualmente depurado registre conflictos en su seno; sólo se alude al conflicto mantenido por el pueblo como un todo con quien obstinadamente se le opone. Toda disidencia es considerada como parte de una conspiración única, homogénea, apátrida e inmoral, a la cual es preciso neutralizar con una gran cruzada patriótica.

6) La voluntad totalitaria de controlar y/o monopolizar toda iniciativa de organización ciudadana: cuando la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter impulsaron en Venezuela un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición, el acuerdo se denominó "Acuerdo entre la representación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democrática y las organizaciones políticas y de la sociedad civil que la conforman" (cursivas del autor). Las coletillas resaltadas denotan las diferencias entre dos formas de entender la política: por un lado hay un gobierno apoyado por "fuerzas vivas", no organizadas pero sí representadas o encarnadas en dicho gobierno; por el otro, está presente la idea de democracia como "poliarquía", donde la sociedad se organiza espontánea y pluralmente. Posteriormente, en la medida en que se va materializando la voluntad de ir hacia el Estado Comunal, se desarrolla un progresivo condicionamiento y subordinación de la voluntad autónoma de organización por parte de la ciudadanía a los lineamientos y condiciones de la ideología oficial o pensamiento hegemónico que pretende implantarse. El examen de la Ley de Participación Ciudadana y Poder Popular, de las directrices educativas "socialistas" desarrolladas por el gobierno revolucionario y otros elementos permiten llegar a tales conclusiones.

7) La absoluta superioridad moral y fáctica de la voluntad general (espiritualmente encarnada en la voz del líder) sobre la ley: la continua referencia a un apoyo popular supuestamente mayoritario otorga derecho al intérprete del pueblo para cambiar la ley a voluntad; una voluntad que no sería suya, sino la voluntad general. En el desarrollo del proceso constituyente predominó esta mentalidad; de ahí que se argumente el desarrollo de una legitimidad plebiscitaria.

8) El carácter deliberadamente revolucionario que se pretende imprimir al régimen y a toda su actuación política: de acuerdo con la teoría formulada por Talmon, la democracia totalitaria manifiesta un carácter revolucionario, en tanto se sustenta en la firme convicción de que existe una verdad política a disposición de la sociedad, siempre y cuando ésta sea capaz de identificar y seguir su "voluntad general" y de superar los intereses particulares de sus miembros más egoístas y de los actores apátridas o extranjeros. Por lo tanto, y a diferencia de lo que suele suceder con el populismo, la democracia totalitaria tien una acendrada vocación hacia la acción política revolucionaria en el ámbito internacional. Tal como examinaremos en el próximo apartado, este elemento resulta característico de la Revolución Bolivariana. A nivel interno, el carácter revolucionario se aprecia en la voluntad de realizar una reforma total de las instituciones y, más particularmente, en el propósito de producir y modelar al virtuoso e inmaculado "hombre nuevo".

En resumen, a lo largo de esta sección se exponen las fuertes similitudes que la Revolución Bolivariana mantiene con el concepto de "democracia totalitaria" (del que deriva, a su vez, el de "democracia iliberal"), explicando así por qué este término la define mejor que otras denominaciones. Caracterizar a la Revolución Bolivariana como un mero populismo significaría menoscabar su carácter revolucionario. Considerarla como una vulgar dictadura no atendería al hecho de que el régimen goza de un importante respaldo popular, ratificado en las urnas en reiteradas ocasiones. Tampoco procedería su calificación como un régimen totalitario, fascista o comunista en el sentido convencional de estos términos, puesto que el gobierno de Hugo Chávez no se caracteriza por su voluntad de exterminio de un "enemigo objetivo" ni por la expresa eliminación de la oposición política. Lo característico de dicho régimen es su carácter manifiestamente antiliberal, hostil a la pluralidad y las libertades individuales, muy crítico con la expresión de posiciones particulares o individuales, poco tolerante con la disidencia, en virtud de todo lo cual logra mantenerse dentro de unos mínimos estándares democráticos y con un notable apoyo popular, mientras desarrolla una retórica próxima a los postulados más "totalitarios" de Rousseau (unidad popular, supremacía de la "voluntad general", homogeneidad de la nación).

C) POLÍTICA EXTERIOR. VENEZUELA COMO ESTADO REVOLUCIONARIO

La democracia totalitaria, cuando ha tenido lugar en la historia, ha solido sobrevenir como resultado de una voluntad revolucionaria que se hace con el poder del Estado. Encuentra en el entusiasmo popular la fuerza necesaria para modificar los órdenes políticos y sociales, con miras a consolidar un modelo unitario y homogéneo de sociedad que menoscaba las libertades individuales. Ahora bien, de cara a la política internacional, ¿qué implica la irrupción de un régimen revolucionario en un determinado país, y más concretamente de una democracia totalitaria?

A revolutionary state is one whose relations with other states are revolutionary because it stands, in some sense, for fundamental change in the principles on the basis of which states conduct their relations with each other. Hence a "revolutionary state" may be defined as one that deliberately adopts a posture of confrontation with the society of states, or is objectively involved in such a confrontation by virtue of the external implications of its revolution, or is perceived by significant numbers or other states to be in such a posture of confrontation (Armstrong, 1993: 3)

De acuerdo con los criterios empleados por éstos y otros autores, no cabe duda de que la Revolución Bolivariana viene desplegando, desde hace años, una política exterior de corte revolucionario. En tal sentido, nos parece especialmente importante el énfasis que hace Armstrong en el interés particular de los estados revolucionarios por modificar el sistema normativo sobre el cual se asienta el orden de la sociedad internacional, sociedad que (según su maestro Hedley Bull) es anárquica, pero no por ello desprovista de ciertos usos, valores y costumbres que la orientan hacia un orden relativo. Desde nuestro punto de vista, el carácter de las democracias totalitarias (no así de todas las democracias iliberales, y en esto hay una diferencia entre ambos términos) es revolucionario, lo cual las lleva a esforzarse por expandir su poder, ideología e influencia allende sus fronteras.

En las próximas páginas ofreceremos una perspectiva de las distintas fases experimentadas en el tiempo por la diplomacia "bolivariana", y caracterizaremos su visión estratégica, recursos esenciales y sistema de alianzas. Argumentaremos que el carácter revolucionario de la política exterior del régimen de Hugo Chávez radica, precisamente, en esta voluntad de alterar el sistema de creencias e instituciones sobre las cuales se asienta el orden internacional y, más particularmente, el orden hemisférico que tendió a consolidarse con el fin de la Guerra Fría. Asimismo, y a pesar de ciertas aparentes incongruencias, excentricidades y contradicciones en las cuales parece incurrir dicha política exterior, sostendremos que existe un eje conductor extremadamente claro y que permite encontrar un sentido homogéneo y coherente en todas las acciones desarrolladas por la diplomacia "chavista": su orientación abiertamente iliberal.

Evolución de la Política Exterior de la Revolución Bolivariana

La política exterior de la Revolución Bolivariana ha experimentado varias fases. La primera, desde 1999 hasta 2001, estuvo marcada por cierta ambigüedad. Hasta ese año no se manifestó ninguna diferencia sustancial con respecto a gobiernos anteriores, aunque se hicieran visibles ciertos indicios de cambio. Por ejemplo, la sorprendente visita de Chávez a Saddam Hussein fue la primera que realizara un jefe de estado democráticamente electo a Irak luego de la Primera Guerra del Golfo. En agosto del 2000, durante la cumbre de la OPEP que se realizó en Caracas, Chávez dio muestras de que su política petrolera comenzaría a alejarse de la que había seguido Venezuela durante los 10 años anteriores, puesto que se pretendía regresar a una política de defensa de los precios, cortes de producción y estrecha cooperación con los países árabes.

La segunda fase comprende los años del 2001 al 2004. En la declaración final con la que se selló la III Cumbre de las Américas, realizada ese año en Québec, Venezuela hizo constar sus reservas con respecto a dos novedosas "cláusulas democráticas" que se incorporaron en el documento. Ambos párrafos se referían a la necesidad de impulsar mecanismos de vigilancia internacional y de defensa conjunta de la democracia en el continente, con el objeto de prevenir "desviaciones" como la que tuvo lugar en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori (un régimen autocrático de amplio respaldo popular). Poco después (el 11 de septiembre) se firmaría unánimemente en Lima la Carta Democrática Interamericana, y aunque Caracas no puso objeciones en aquel momento (quizás porque la ceremonia coincidió con un hecho particularmente sensible como los atentados al World Trade Center; ver Vargas, 2001: 48), posteriormente se ha dedicado a combatir diversos aspectos del documento y el supuesto tutelaje norteamericano que representa. El período especialmente conflictivo vivido por la sociedad venezolana entre los años de 2001 y 2004, que motivó incluso la mediación foránea para ser controlado, fue decisivo para que el régimen "bolivariano" estructurase las líneas generales de su política exterior y perfilase el sistema de alianzas que iría consolidando paulatinamente a partir de entonces.

Una tercera fase se inició en 2004, con la victoria de Chávez en el referéndum de agosto de ese año, y se extiende hasta el 2009 (lapso de tiempo durante el cual los precios del petróleo no cesaron de aumentar). Luego de largos conflictos internos, las victorias electorales del régimen de Chávez le permitieron (a pesar de todas las críticas, muchas de ellas fundadas) demostrar a nivel internacional su respaldo popular y, por ende, relevantes credenciales democráticas. Pero, tal como hemos sostenido aquí, ese carácter democrático no es el de una democracia liberal, sino que coincide con el de una "democracia totalitaria/iliberal". El control casi total que a partir de entonces ha ejercido la Revolución Bolivariana sobre el estado venezolano (parlamento, jueces, consejo electoral, fuerzas armadas, empresas expropiadas y, muy particularmente, sobre los cuantiosos recursos generados por el petróleo) le ha permitido la adopción de un discurso mucho más frontal e ideológicamente cargado, abogando por el desarrollo del "Socialismo del Siglo XXI".

Durante este tercer período, la política exterior venezolana adopta un perfil claramente revolucionario, enfocado en el cuestionamiento de los usos, valores y prácticas institucionales del sistema hemisférico, hasta entonces esencialmente estructurado en torno a los valores liberales. Tal como lo ha señalado Colmenares (2010: 11), "uno de los hitos más importantes de la nueva etapa es la formulación en noviembre del 2004 del ´nuevo mapa estratégico´ o ´nueva etapa´ de la revolución bolivariana", el cual contiene objetivos tales como "profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional", "impulsar el nuevo sistema multipolar e internacional" y "trascender el modelo capitalista".

Hasta aquí, nuestra periodización (fundamentada en estudios anteriores del autor; 2010, 2012) coincide casi totalmente con la señalada por Colmenares (2011: 10-11). Sin embargo, estimamos que una cuarta fase podría ser considerada entre los años de 2009 y 2012, durante la cual Venezuela parece haber moderado el perfil revolucionario de su política exterior y podría incluso hablarse, quizás, de su "socialización" progresiva, para usar la terminología de Armstrong (1993: 1-11); esto es, la paulatina normalización de las relaciones entre el estado revolucionario y los estados que sostienen el statu quo internacional, hasta encontrar un modus vivendi más o menos estable. Varios hechos parecerían haberse combinado para generar este cambio. En primer lugar, el alza sostenida y considerable que experimentaron los precios del petróleo entre 2004 y 2009 se ha hecho mucho más irregular, reduciendo la capacidad de la diplomacia chavista. Segundo, importantes victorias electorales por parte de la oposición venezolana a partir de 2007 han contrarrestado la hegemonía interna del chavismo. Tercero, la energía y el radicalismo empleados por la Revolución Bolivariana en su política hacia la región han terminado por alertar a los estados vecinos, mucho más prudentes ahora en sus relaciones con Caracas. Por último, la llegada del presidente Santos en Colombia ha representado una oportunidad para reducir una tensión binacional que comenzaba a hacerse insostenible para ambas partes.

Ahora bien, es importante señalar que este modus vivendi que parece estarse alcanzando entre la Revolución Bolivariana y su entorno hemisférico no se debe únicamente a una aparente y parcial pérdida de fuerza por parte del régimen venezolano; desde nuestra perspectiva, cabe afirmar también que algunas de sus visiones, propuestas y demandas comienzan no sólo a ser toleradas, sino también aceptadas y promovidas por otros estados latinoamericanos. El hecho de que varios de los países de la ALBA hayan experimentado procesos políticos internos más o menos similares a los vividos por Venezuela, así como la circunstancia de que tales procesos hayan contado con el apoyo de Caracas, induce a pensar en que las repercusiones de la diplomacia chavista podrían no ser tan débiles y pasajeras como algunos han llegado a pensar. Tal conjetura se verifica en hechos tales como 1) la profundización de importantes disensos políticos en el diálogo hemisférico, de la cual dan fe los escasos niveles de acuerdo registrados en la V y VI Cumbres de las Américas, celebradas en Trinidad y Tobago (2009) y Cartagena (2012); 2) la constitución de nuevos organismos internacionales como Unasur y Celac, con sus cláusulas democráticas más concentradas en la defensa de los presidentes que de las sociedades, expresa la voluntad creciente de los estados latinoamericanos por reducir la influencia general de los Estados Unidos y de la OEA en la región; o 3) el reciente anuncio de Hugo Chávez sobre la eventual salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hubiera resultado escandalosa en otros tiempos, pero que parece ser discretamente secundada por otras naciones como Bolivia, Ecuador y Brasil.

De esta manera, la "socialización" de la Revolución Bolivariana en la escena internacional, de la que eventualmente podría hablarse en función de cierto decrecimiento en los niveles de polarización que Venezuela generó durante los últimos años, podría tener que ver también a una modificación progresiva de los usos y valores por los cuales se rige la sociedad internacional a nivel hemisférico. De ser así, es probable que la diplomacia revolucionaria de Caracas, después de todo, quizás se haya anotado algunas conquistas luego de sus denodados esfuerzos por polarizar con los Estados Unidos en el hemisferio.

Visión Estratégica y Recursos empleados en Política Exterior

En función de lo señalado en la sección anterior, y más allá de las diferencias y matices observados a lo largo del tiempo, es posible concluir que existen ciertos elementos esenciales y permanentes en la "visión estratégica" de la política exterior desarrollada por la Revolución Bolivariana (en adelante: RB). Tales elementos pueden ser resumidos en los siguientes puntos:

1) La reivindicación del derecho a promover y defender (tanto en Venezuela como en el extranjero) una democracia "popular, participativa y protagónica", en declarada oposición a la democracia "representativa, liberal, capitalista y burguesa". Las dictaduras típicas suelen ser objeto de recelo por parte de las democracias y excluidas de cierta institucionalidad internacional, tendiendo a cierto aislamiento; en contraste, la RB comprende el valor de la legitimidad democrática, pero reclama el carácter distintivo y particular de su democracia.

2) La búsqueda de un "orden multipolar", alternativo a la hegemonía estadounidense, y con fuertes vínculos con potencias (re)emergentes. Desde su victoria en la II Guerra Mundial, los EEUU intentaron moldear el mundo a su imagen y semejanza. La mentalidad demócrata-liberal tendió a modelar todo el entramado de instituciones internacionales que se vinculan al sistema de Naciones Unidas. La contraoferta eran las "democracias populares" (no electorales) respaldadas por el bloque soviético. Finalizada la Guerra Fría, la polarización ideológica se redujo, y desde el pragmatismo imperante se observa el ascenso de regímenes cada vez más influyentes, aunque no necesariamente democráticos al estilo occidental. La RB reivindica el derecho de relacionarse con tales regímenes y de reducir sus tratos con las democracias liberales de corte occidental.

3) La lucha anti-imperialista, que no se limita a la confrontación de los estados supuestamente imperiales (y más concretamente, de los Estados Unidos), sino que se extiende a la denuncia y rechazo, sistemático y progresivo, de todo tipo de institucionalidad multilateral o internacional fundada sobre una visión liberal. En tanto toda expresión capitalista-privada es esencialmente guiada por un interés particular, la RB considera que la práctica y el discurso de las libertades económicas son lesivos y contrarios al bienestar público. Tales libertades nutren y se asientan, a su vez, en las libertades políticas y el "derecho burgués" que caracterizan a la democracia liberal, el régimen habitualmente promovido por los Estados Unidos y Europa allende sus fronteras. Por consiguiente, la defensa de derechos individuales y de actividades capitalistas tenderá a ser considerada por la RB, en última instancia, como expresión de voluntades imperialistas que han de ser combatidas para alcanzar el bienestar de los pueblos.

4) La exclusión de cualquier posible participación de entidades de la sociedad civil, consensos parlamentarios ("representativos") o diplomáticos de carrera en el diseño de la política exterior. En su lugar, se aboga por un líder y un "Estado Social" que conjuntamente encarnan el interés del "pueblo" (tratándose, en la práctica, de la sociedad subsumida en el Estado, y de éste subsumido en el líder).

En el caso venezolano, dos herramientas han sido esenciales para desarrollar tal empresa: la ideología y el petróleo. El atractivo de la ideología en los países vecinos es cuestionable y ha dependido en buena medida de los beneficios que Caracas se permite conceder con base en su renta petrolera; sin embargo, los planteamientos ideológicos son importantes porque contribuyen a moldear y legitimar prácticas políticas cada vez más arraigadas en la región, notoriamente vinculadas con el carácter demo-totalitario/iliberal de la RB. En tal sentido, la contraoferta ideológica frente a la democracia liberal (bastante difusa durante los primeros años) comenzó a tomar una estructura algo más definida a partir del 2005, con la proclama del "Socialismo del Siglo XXI". Bajo la premisa de que dicho socialismo es en todo caso democrático, humanista y solidario, se sostiene el derecho de los pueblos de "Nuestra América" a desarrollar sus propios modelos y vías hacia el desarrollo, sobre la base de sus propias experiencias y trasfondos culturales. Tales principios, aunados a los principios de autodeterminación de los pueblos y de soberanía nacional, pretenden operar en la práctica como una barrera legítima contra cualquier injerencia extranjera.

Sin embargo, como "injerencias" han solido calificarse los fallos de la CIDH y otros tribunales internacionales, las críticas de los observadores extranjeros a las condiciones en las que se realizan las elecciones en Venezuela y a la situación de los derechos humanos, las denuncias de diversas ONG nacionales e extranjeras, la profundización del libre comercio, los reclamos de terceros países sobre materias que los afectan a ellos o a sus nacionales, o diversos comunicados de la OEA. Y dado que estas "injerencias" resultan incómodas a la mayor parte de los gobernantes latinoamericanos, los reclamos de la RB comienzan a ser compartidos y a calar hondo en el continente. Paradójicamente, esta posición "anti-imperialista" no impide mantener la mejor relación con regímenes autoritarios que, con cierta constancia, violan las instituciones básicas de toda democracia liberal; de hecho, se comparte con ellos tanto la retórica de la defensa de los pueblos como la vulneración de las libertades y derechos políticos de la disidencia.

Con respecto al petróleo, cabe señalar que Chávez no es el primer gobernante venezolano que lo emplea como herramienta de política exterior. A través del Pacto de San José, Venezuela (junto a México) ha ejercido desde hace décadas una importante influencia en Centroamérica y el Caribe, apuntalando así la llamada "doctrina Betancourt", por la cual Caracas automáticamente rompía relaciones con cualquier régimen de la región que se hiciera con el poder por vías no democráticas y constitucionales. Hoy, el chavismo usa el petróleo con la visión típica de un estado revolucionario. Petrocaribe, Petroamérica e iniciativas similares son la versión "revolucionaria" de lo que antes era el Pacto de San José, pretendiéndose con ellas inducir la paulatina modificación del entorno regional. En efecto, la venta de petróleo subsidiado a varios de sus vecinos (en condiciones económicamente desventajosas para Venezuela) incrementa la dependencia de éstos con respecto a Caracas y sirve para ir comprando cierta aquiescencia ante comportamientos autocráticos que, hace pocos años, merecían las críticas de todo el hemisferio. A ello cabe sumar la concesión de créditos blandos, la compra de bonos de deuda soberana, la cooperación de todo tipo (desde lo social y cultural hasta lo político) y la proliferación de grupos de activistas chavistas en países de la región. Así, lo que en líneas generales son ventajas para los países de la región, se convierte en mecanismo de coerción cuando las decisiones de tales países entran en conflicto con los intereses de la RB; recuérdese, por citar un par de ejemplos, los casos de República Dominicana (cuando su gobierno rehusó extraditar al expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez) o Colombia (donde numerosas empresas han sufrido las desavenencias entre Chávez y Uribe).

Socios, Adversarios y Sistema de Alianzas

El profundo giro que la RB ha impreso a la política exterior venezolana se evidencia en la conformación de un sistema totalmente distinto de socios y aliados a nivel internacional. Nuevamente, el carácter iliberal es claro en este sentido. Los vínculos tradicionalmente fuertes que Venezuela mantuvo con los Estados Unidos, Europa Occidental y América Latina han sido substituidos por una posición mucho más selectiva en el hemisferio y, particularmente, por una aproximación sistemática y constante hacia varios de los llamados BRICS (potencias emergentes que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), así como también hacia estados relativamente pequeños con regímenes revolucionarios, iliberales, autocráticos o dudosamente democráticos. En medio de tales cambios, y dada la condición de petro-estado que caracteriza a Venezuela, la OPEP sigue siendo un grupo importante para la diplomacia de Caracas, si bien ahora se intenta orientarla hacia posiciones abiertamente anti-estadounidenses.

Imprimir semejante giro en la política exterior implica redirigir de forma radical el destino de las exportaciones petroleras venezolanas, tradicionalmente dirigidas a los Estados Unidos. Como consecuencia de esta decisión (y de las políticas derivadas de ella), compañías como Conoco Phillips, Exxon Mobil y BP prefirieron abandonar el país, mientras que otras muchas, provenientes de países como China, Rusia, Cuba, Brasil, Vietnam, etc., han obtenido ventajosas concesiones para la exploración, explotación y comercialización del crudo. El principal objetivo es exportar 1 millón de barriles diarios a China en el 2015, y aunque existen discrepancias sobre la capacidad real para obtener esa meta (recientemente se ha sostenido que Venezuela está exportando 650.000 barriles diarios de petróleo a ese país), lo que sí está claro es que el gigante asiático jamás cuestionaría la controversial política interna y regional de Hugo Chávez. De ahí que el gobierno venezolano haya aceptado préstamos chinos por casi 35.000 millones de dólares y que incluso se estén cotizando acciones de PDVSA en la bolsa de Hong Kong, algo que no sucede en la de Caracas.

Dadas las circunstancias, no sorprende que China haya sobrepasado recientemente a Colombia como segundo mayor socio comercial de Venezuela. Durante los años 90, Colombia se convirtió en el socio ideal; no en balde ambos lideraban la CAN, dentro de la cual representaban el 80% del comercio interno. Pero Chávez obligó a Venezuela a abandonar dicha organización, a la que consideró "anacrónica y neoliberal" (El Universal, 27 de abril, 2003), y en líneas generales desarrolló una nueva actitud frente a la insurgencia interna de Colombia. Su discurso de memoria y cuenta ante la nación de enero del 2008 prácticamente representó una virtual concesión del estatus de beligerancia a las FARC y el ELN. Lo anterior motivó numerosas crisis e impasses diplomáticos, alimentados también por la férrea postura adoptada por el presidente Uribe, y aunque más recientemente las pugnas se han apaciguado con el presidente Santos, el nivel de las relaciones con Colombia ha mermado notoriamente.

Parte de la tensión binacional se debió a la ALBA, devenida en "alianza". Integrada (entre otros) por tres países fronterizos con Colombia, que además declinaron cooperar con el gobierno colombiano en su conflicto interno, esta alianza ha generado varios dolores de cabeza en el Palacio de Nariño. El incidente más grave tuvo lugar entre Colombia, Ecuador y Venezuela, a raíz del ataque colombiano que dio de baja a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. El hecho de que Venezuela se haya involucrado en lo que originalmente era una crisis binacional permite comprender el papel que Caracas, junto a La Habana, juegan en este grupo: mientras Venezuela suministra la base económica que lo aglutina, Cuba marca discretamente su línea geopolítica y estratégica más o menos común. Dos hechos no parecen ser una coincidencia: 1) los países integrados en la ALBA suelen ser los más pobres del continente (excepto Haití, que también tienen una relación de amistad con esta organización), 2) es precisamente en estos países donde han tenido lugar, durante los últimos años, algunos de los conflictos políticos de baja intensidad que requirieron la mediación política del sistema hemisférico: Venezuela (2002), Bolivia (2006), Honduras (2009) y Ecuador (2010).

Obviamente, la ALBA no puede competir con Brasil. Y de hecho, no compiten: en la práctica, los países "bolivarianos" han favorecido la supremacía regional de Brasil en América del Sur en detrimento de la de los EEUU, probablemente porque Brasil: 1) no impone las mismas exigencias "democráticas"que Washington, 2) se comporta de una manera mucho más pragmática; 3) ha entrado en el juego de la "diplomacia presidencial" que tanto gusta a la ALBA; 4) no tiene el mismo récord de intervenciones militares en la región que los EEUU. En efecto, la mediación de Brasil ha sido importante en el manejo de crisis internas de estos países (a través de UNASUR y el Consejo Suramericano de Defensa), desplazando así a la OEA en ese papel y convirtiéndole, quizás, en el principal beneficiario del comportamiento revolucionaria de la ALBA.

CONCLUSIONES

A lo largo de este artículo se ha intentado exponer el conjunto de elementos que permiten caracterizar a la Revolución Bolivariana en Venezuela como una "democracia totalitaria / iliberal", especialmente en su política exterior. Para ello, se ofreció en primer lugar una breve definición de ambos conceptos. El concepto de "democracia totalitaria" fue desarrollado en los años 50 por Jacob Talmon, quien (en la misma línea de las observaciones hechas por Tocqueville) se preocupó por estudiar aquellos casos en los que el espíritu democrático moderno dio lugar a regímenes mesiánicos o plebiscitarios, los cuales, a pesar de contar con el apoyo popular, se caracterizan por su carácter despótico y contrario al pleno ejercicio de las libertades políticas del individuo. Una versión más reciente (y a nuestro juicio derivada) de esta idea ha sido empleada por Fareed Zakaria, quien denomina como "democracias iliberales" a aquellos regímenes contemporáneos que, a pesar de cumplir con los formalismos electorales de la democracia liberal, contravienen sus mecanismos de contrapeso al poder ejecutivo.

En segundo lugar, se desarrolla un perfil de la Revolución Bolivariana que incluye aquellos aspectos que permiten catalogarla, no sólo como una "democracia iliberal" (como ya de alguna manera lo hizo Zakaria; 2006), sino también como una "democracia totalitaria" al estilo descrito por Talmon. Mientras que la democracia iliberal no necesariamente se caracteriza por un talante revolucionario, la democracia totalitaria sí se caracteriza por ese rasgo, razón por la cual esta definición luce pertinente en el caso venezolano. Recordemos que la democracia totalitaria no es un totalitarismo en el sentido que habitualmente se le otorga a ese término en ciencia política; se refiere más bien al tipo de discurso y sensibilidad que, partiendo de una voluntad democrática, termina por conducir hacia la consolidación de regímenes que son tan populares como mesiánicos, despóticos y de talante revolucionario.

Es precisamente ese doble carácter, revolucionario e iliberal, el que puede apreciarse con toda claridad en la política exterior de la Revolución Bolivariana. En efecto, el régimen de Hugo Chávez se ha propuesto sistemáticamente reducir los lazos y compromisos con gobiernos, instituciones y regímenes de carácter demócrata-liberal (considerados como democracias "representativas" al servicio de intereses egoístas, del "capitalismo" y del "imperialismo"), promoviendo en cambio una democracia "participativa, popular y protagónica", declaradamente opuesta a la "representativa" y que podríamos denominar más bien plebiscitaria. Con ello, la diplomacia de Caracas no sólo se ha alejado de democracias bien consolidadas, aproximándose considerablemente a regímenes abiertamente autocráticos, sino que ha intentado promover un cambio en el ethos que viene predominando en la sociedad internacional. Los resultados de esta política exterior aún están por ser evaluados; sin embargo, una especie de retroalimentación parece estar teniendo efecto: cuando los regímenes demócrata-iliberales no sólo comienzan a ser más y más frecuentes en el planeta, sino que además se convierten también en revolucionarios ("democracias totalitarias", al estilo de la Venezuela actual), su influencia en el conjunto de usos y valores que predominan en la sociedad internacional podría estar comenzando a surtir cierto efecto. Sólo el tiempo permitirá comprobar el acierto de tales conjeturas.

NOTAS AL PIE

1 Como una muestra, nótese el pomposo preámbulo de la Constitución: "El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, partici pativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el princi pio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente Constitución".

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