Fecha de Recepción: 18/11/2013
Fecha de Aprobación: 18/01/2014

RESUMEN

Palabras Clave: violencia, homicidios, Poder, ciudad, Latinoamérica.

SUMMARY

This article takes two cities, Rio and Medellin, to show the relationship between power and social tissue. In the first part, the text analyzes the administration of violence as a means of establishing an order headed by the symbolic framing of approaching death. In a next part, take the other side of the power, the pursuit of "consensus" and legitimacy. Then we look at the efforts and results to eradicate the problem. Finally, it considers the impacts on social arrangements and outlines possible action against the two axes of mafia power: social integration and economic compensation.

Keywords: violence, murder, power, city, Latin America.

INTRODUCCIÓN

¿Cómo se ordena la vida en aquellas circunstancias en que agentes violentos ocupan las calles de una ciudad¹? ¿Cómo se comportan dichos agentes –cómo ejercen su dominio- y qué respuestas adoptan los moradores frente a esa dominación violenta? Durante el curso de los últimos 25 años distintas ciudades latinoamericanas han experimentado episodios críticos de violencia, algunas de ellas –pocas por fortuna- sometidas a la presencia endémica de agentes violentos imponiendo la voluntad de su propia ley. Es el caso de Río de Janeiro en Brasil y Medellín en Colombia, las dos urbes del continente donde tales agentes se insertan desde hace largo tiempo en los circuitos de la vida de las localidades populares².

En tanto viven allí su presencia supone un ejercicio de poder atravesado por la clásica tensión entre violencia y consenso, según la cual a mayor consenso menos necesidad de violencia, y viceversa, el mayor empleo de lo violento termina por socavar el consenso³. Así es, pese a la insidiosa presencia de la violencia en las más diversas circunstancias -desde enfrentamientos armados en medio de las calles hasta asesinatos en el interior de las casas-, las localidades continúan atiborradas de actividades económicas, celebraciones festivas y vida privada. Ni la violencia ni la criminalidad agotan los modos de vida de estos sectores; los condicionan de manera radical, mas la dominación violenta no deja de estar abocada a negociar su permanencia en resonancia con gramáticas que reglan los tejidos sociales urbanos. El cuadro de los sectores urbanos donde se implantan los agentes violentos no es el de zonas deshabitadas ocupadas tan sólo por ellos, es el cuadro de localidades populares donde bulle la vida con todas sus arandelas.

De tal modo, el orden de la vida en estos contextos supone que la inserción de los agentes violentos se produce mediante un complejo intercambio con las formas sociales propias de las barriadas periféricas, un intercambio regido por la violencia. La tensión entre "consenso" y violencia (el poder)⁴ entra en diálogo con la doble dimensión que urde el tejido social: el vínculo y los símbolos que le informan⁵.

¿Qué sucede entonces en las localidades de Río y Medellín, ciudades donde germinó desde hace tiempo una dominación territorial violenta⁶? Recogiendo la relación entre poder y tejido social la exposición se compone de cinco apartados. En el primero se muestra la administración de la violencia como mecanismo de instauración de un orden presidido por el encuadre simbólico de la muerte cercana. En el siguiente se aborda la otra orilla del poder, la inexcusable búsqueda de "consenso" y legitimidad. Los nexos entre una y otra orilla cambian de modo considerable entre las dos ciudades, objeto del tercer apartado. Tanto en Brasil como en Colombia se ha hecho un ingente esfuerzo por erradicar el problema, por desgracia con resultados no del todo alentadores (cuarto apartado). El quinto y último considera los impactos sobre los arreglos sociales de las localidades: sus operadores son la confiscación democrática y el afianzamiento de los más perversos engranajes de la exclusión social. Por último, a modo de cierre, se perfila la posible acción frente a los dos ejes del poder mafioso: inserción social y remuneración económica.

Río de Janeiro y Medellín ocupan, cada una en su país, la condición de segundas urbes una vez se considera el tamaño de su población y el aporte económico que hacen al producido nacional⁷. Las dos comparten, también, un conjunto de tres características que las hace únicas en el contexto latinoamericano, no presentes de manera simultánea en ninguna otra ciudad de la región. Como primera medida tanto Río como Medellín remontan el inicio de su conflicto violento a los años 80 del siglo pasado, cuando cada una desarrolló una gestión del negocio del narcotráfico que tras una y otra transformación se mantiene hasta hoy día⁸. Esta duración media, de más de un cuarto de siglo, profundiza el arraigo local de los agentes violentos impactando de modo profundo el concierto de la vida de las zonas periféricas⁹.

En segunda instancia dicha gestión del negocio se reviste de características peculiares fundadas en la construcción de una dominación territorial violenta, esto es la inserción local de actores cuya presencia se sostiene sobre la acción cruenta. Las ciudades brasileras y colombianas han sido azotadas por amargas crisis, sus elevados indicadores de homicidio lo ponen en evidencia¹⁰. Sin embargo en ninguna otra, como sí en Río y Medellín, se gestó un dominio territorial al estilo de actores controlando la existencia de los moradores¹¹. Colombia ha sido pródiga en el desarrollo de dominios territoriales a manos de la guerrilla y los paramilitares, pero en zonas rurales donde tienen la potestad de imponer "leyes", cobrar "impuestos" e intermediar el curso global de la vida¹². Ciertamente en las ciudades existen otros actores ejerciendo dominios sobre territorios, como el caso de las pandillas; empero, carecen de la conexión con el mundo de la criminalidad que marca la práctica violenta de los agentes de nuestras ciudades en consideración¹³.

Finalmente, en tercer lugar, ambas ciudades han estado sometidas a violencias intensas precedidas de agudos episodios que las han puesto en los primeros lugares de la violencia urbana mundial (Gráficos No. 1 y 2)¹⁴. Medellín la más extrema, en 1991 alcanzó la exorbitante tasa de 396 homicidios por 100 mil habitantes, un número no equiparado por ninguna otra ciudad latinoamericana durante el curso de los últimos 25 años¹⁵. De ese año en adelante inicia un descenso sostenido que, pese a dos alzas, se mantiene en declive hasta 2012. Río de Janeiro, por su lado, ascendió en 1994 a una tasa de 73, momento de su máximo pico; a partir de allí desciende y luego de un pico experimenta una caída en picada desde 2007. No es la ciudad más violenta de Brasil mientras Medellín si lo es en Colombia, sólo igualada durante la década pasada por Cali¹⁶.

En ambos casos -con la breve excepción de tres años en Medellín-, las ciudades se mantienen por encima de los niveles de homicidio de sus países, reconocidos cada uno en su nivel por su elevada violencia¹⁷. Llas dos ciudades de nuestro interés han experimentado intensos ciclos violentos, en ocasiones con ascensos extremos, todo lo cual desempeña un papel primordial en el establecimiento del supuesto sobre el que se cuece la dominación territorial: la administración de la muerte.

Dado el carácter ilegal de los agentes violentos –la principal actividad es el narcotráfico-, su dominación territorial se instaura sobre una violencia cuya intensidad produce el encuadramiento en el horizonte simbólico de la muerte. A falta de algún consenso que les permita imponer su dominio, la violencia se instituye en mecanismo obligado. La imponen por historia e intensidad. Los agentes y los moradores comparten valores y expectativas nacidos de la proveniencia de un mismo origen social (por lo regular las bandas están compuestas por personas del mismo barrio); pero dicho horizonte compartido, de ningún modo, cimenta la legitimidad capaz de sustentar un régimen de dominación como el que ejercen los agentes violentos. En Medellín y Río de Janeiro, sin duda, construyen un orden. Según se mostrará imponen la muerte, administran justicia, controlan el movimiento de las instituciones, detentan el poder económico. El resultado viene a ser que dictaminan sobre los más granados aspectos de la vida por encima de la voluntad de los pobladores¹⁸. A falta de alguna aprobación libremente consentida, la eficacia normativa de su mandato gravita sobre el encuadramiento simbólico de la muerte cercana. Es un orden violento, fundado en el pánico universal a una muerte que puede estar a la vuelta de la esquina o en la puerta de la casa. Es cercana no sólo porque los agentes están ahí, en la calle del lado, sino porque su administración es arbitraria: las personas sobre quienes puede recaer no participan ni de las reglas de constitución y menos de las formas de aplicación de la violencia. La obediencia está garantizada.

II. ADAPTACION COMUNITARIA

Los agentes violentos disponen de más de un recurso que les permite imponer sus intereses. Poseen armas sofisticadas, algunas veces de mayor alcance que las de la policía. La continua refriega violenta los fuerza a desarrollar una destreza militar, permanecen en guardia ante el asedio de más de un adversario. Pero ante todo se mantienen entregados a la determinación de matar, se les entrena con celo desde temprana edad. La vacilación se castiga conla muerte, está en juego la vida misma y cada agente sabe con certeza que en cualquier instante la puede perder. Como decía un avezado bandido, " si se va a llorar no será en la casa mía, será en la de mi enemigo".

Segundo la violencia y la intensidad que la acompaña, en tantas oportunidades con explosiones diarias. En Río la policía hace sorpresivas incursiones –los famosos blitz-, al margen de cualquier miramiento sobre sus efectos mortíferos entre los civiles indefensos. Los traficantes, por supuesto, poseen destacamentos apertrechados con armas de alto calibre que responden los ataques con la misma acritud de la policía. No son los únicos actores del conflicto violento. Sucede que una banda decide tomar el control de una favela bajo jurisdicción de otra, una acción que se realiza mediante el asalto armado. Además, desde mediados de la década anterior aparecieron las milicias, destacamentos compuestos en su mayoría por policías -en retiro o activos- que entraron a disputar el poder de los traficantes a fin de instaurar su propio dominio¹⁹. A partir de 2012 se emprendió la toma de favelas de alta conflictividad mediante destacamentos policiales que destierran a los traficantes e imponen la ley estatal, una política pública conocida bajo el nombre de Unidades de Policía Pacificadora (UPP). En estas condiciones la favela ha sido teatro de frecuentes e intensas operaciones armadas, convirtiendo las casas de los pobladores en lugar de refugio y apoyo.

El conflicto violento de Medellín tiene todavía más actores, producto de un país azotado por un largo e intenso conflicto armado. Los rebosados niveles de homicidio que le caracterizan son la resultante de una ciudad que desde los años 80 entró en una disputa sangrienta por el territorio, una disputa librada cuadra por cuadra con el concurso de actores cambiantes en el tiempo²⁰. La batalla inició con la refriega entre los agentes interesados en el control del negocio y sus jugosas ganancias²¹. Bien pronto extendió sus tentáculos sobre los más diversos intersticios de la vida colectiva. Hacia la segunda mitad de la década Pablo Escobar, jefe máximo del cartel de Medellín, se enfrascó en una guerra contra el Estado a fin de impedir la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. En el cumplimiento de su cometido requirió, entre otras estrategias, la configuración de un ejército de sicarios alimentado por jóvenes de los combos²². La guerra se socializó y, de paso, selló el vínculo entre jóvenes populares y altas esferas del imperio mafioso, vivo hasta el día de hoy.

Con la muerte del capo Pablo Escobar hicieron aparición las milicias, vecinos interesados en retomar el control mediante la guerra con los combos y la persecución de ladrones y "viciosos", algunas con el exclusivo interés de la labor local mientras otras ligadas a organizaciones guerrilleras y su proyecto insurgente (Téllez, 1995). Hacia mediados de los 90 perdieron vigencia abriendo paso a una inserción guerrillera que pocos años después entró en disputa con las fuerzas paramilitares. Medellín es la única ciudad grande de Colombia donde el conflicto armado se ha reproducido de forma directa, llegando al punto de provocar en las calles confrontaciones bélicas que fuerzan el desplazamiento masivo de moradores²³. La operación Orión del ejército en 2002 selló varios años de feroz disputa entre las dos fuerzas, con el saldo final del aniquilamiento de la guerrilla y la entrega de la ciudad al control paramilitar²⁴. Una vez extraditado en 2008 el nuevo capo –Don Berna, amo y señor de la Oficina de Envigado-, la disputa por el control de la cúspide de la jerarquía volvió a reabrir la violencia²⁵. La primera confrontación se libró entre Sebastián y Valenciano, ambos jefes inmediatos hoy en la cárcel; luego se continuó entre los Urabeños y el viejo poder de la Oficina, fuerzas que entablaron un acuerdo en julio de 2013 conocido con el nombre de "pacto de los fusiles"²⁶. Tanto y más que en Río, Medellín es epicentro de enconadas batallas que hacen del barrio un lugar de retaguardia y abrigo.

El panorama es revelador. En las dos ciudades, tanto la condición ilegal como el exceso violento que lo acompaña fuerzan el establecimiento de una variedad de intercambios con los habitantes. Los agentes violentos necesitan silencio y complicidad, protección y apoyo, factores necesarios para la supervivencia personal y la continuidad del negocio. Tales factores, sin embargo, han de ser retribuidos con algún bien a cambio. Los pobladores siguen el curso de la vida dirimiendo conflictos, movilizándose colectivamente, estableciendo relaciones con las instituciones. Así es, puesto que la dominación territorial violenta intermedia el curso global de la vida en la localidad, los agentes violentos ofrecen una serie de bienes materiales y simbólicos que bien pueden clasificarse en cuatro tipos²⁷: protección, mediación de conflictos, "servicios" comunitarios y celebraciones.

La protección es un bien destacado. Ante las agrias incursiones de los adversarios se presentan como defensores del barrio. El hecho de estar allí vigilantes garantiza, en medio de las confrontaciones, el cuidado de la gente y los bienes de la comunidad²⁸. La protección no es sólo hacia agentes externos, se completa con la vigilancia sobre agentes internos como ladrones, consumidores y violadores, fuente de franca amenaza de la convivencia. En los dos casos –hacia externos y hacia internos-, la protección comunitaria funciona al mismo tiempo como mecanismo de seguridad de la buena marcha de la empresa. Los adversarios se apropiarían de la mejor gana del territorio y los ladrones y consumidores excesivos generan conflictos que atraen la presencia policial.

Los moradores suelen hacer manifiesto un sentimiento de seguridad dentro de los confines del barrio, como si la convivencia con la violencia se hubiera tornado un acontecimiento "normal" dentro del cual se piensa la seguridad²⁹. En Río los traficantes se encargan de lanzar toda clase de denuncias contra la policía acusándola de responsable de la violencia; la inclemencia de los operativos estatales refuerza la idea entre los pobladores, convirtiendo los agentes violentos en defensores de la vida local. El control efectivo sobre los robos y los excesos terminan de afianzar la tarea de protección. En Medellín la fragmentación de las zonas en pequeños territorios bajo control de un combo torna el reconocimiento de la protección en un asunto espinoso. Las "fronteras invisibles", que en ocasiones llegan a gravarse con un peaje para quien quiera traspasarlas, significan que el barrio donde se habita es un lugar seguro; por lo menos, por épocas, allí se camina con el convencimiento de estar al abrigo del peligro³⁰.

Tal sentimiento de seguridad, con todo, es precario. Su afianzamiento depende más del conflicto violento (ante la inminencia de la confrontación "ellos" me protegen), que de la certeza de la imparcialidad en la administración de la muerte. En efecto, los agentes violentos hacen uso indiscriminado y personal de su potestad sobre la vida (nadie vigila la justicia de sus actos). La aplican con exceso toda vez que alguien les denuncia ante las autoridades o burla alguna norma de la operación del negocio. Para quien osa quebrar la "ley del silencio" –en las dos ciudades norma sagrada-, el veredicto es incuestionado: la muerte. Pero también la aplican con reservas en función de un manojo de circunstancias. Los familiares, las novias y los amigos, así como personajes de prestancia en el barrio, reciben un tratamiento preferencial y distinto al que puede recibir un morador no conectado al grupo y sus actividades.

La función de ejercicio de "justicia" se prolonga en el segundo bien, el de la mediación de conflictos. Los agentes violentos suelen cumplir la tarea de intermediar conflictos entre los vecinos y las familias, los pobladores acuden a ellos tras la búsqueda de solución a situaciones diversas. Hacia los vecinos median por peleas en la calle y las fiestas, conflictos de la convivencia como basuras y exceso de ruido, disputas comerciales e invasión de predios, entre otros; y en la familia interceden por agresiones, descuidos de los padres y hasta infidelidades. La gama es amplia, por supuesto con enormes variaciones de un lugar a otro dependiendo de la vocación comunitaria del jefe. El radio de acción de esta mediación se circunscribe a la órbita comunitaria, se aplica nada más sobre situaciones conflictivas que toman cuerpo en lo local. Los moradores no dejan de acudir a otras instancias de aplicación de justicia cuando el conflicto desborda el barrio, como es el caso de conflictos laborales o demandas ampliadas³¹.

Al igual que en la protección, el bien de la mediación de conflictos está fundado sobre bases deleznables. Los agentes violentos incurren en toda clase de excesos, desde la toma de decisiones sesgadas en el arbitramento de conflictos hasta la imposición de fiestas descomunales, seguidas de música a elevados decibeles durante el día entero. Para completar ellos mismos son por lo común consumidores permanentes de droga, todo lo cual torna complejo el control del consumo de los habitantes de la localidad. En Brasil no faltan los casos de jefes que se comprometen con la tarea desarrollando juicios con testigos y validación de pruebas, mas tal práctica sistemática no es lo corriente³².

Aparece entonces el cuarto y último bien, las celebraciones, una actividad de enorme valía entre los sectores populares³³. En primer término las religiosas, en un contexto donde estas creencias desempeñan un papel ritual y social de la mayor importancia. Río ha presenciado una profusa expansión de las iglesias evangélicas y Medellín pertenece a una región de arraigada confesión católica. Sucede pues que los agentes violentos se hacen partícipes de los festejos religiosos en semana santa y navidad especialmente. Igual sucede con fiestas como el día de la madre en Medellín, momento en que invitan a grandes francachelas. En ocasiones las celebraciones pueden venir acompañadas de la repartición de regalos entre los niños y los agasajados. La organización de fiestas merece mención aparte puesto que se trata de una actividad con cierta regularidad en la que los agentes hacen gala de generosidad. Son famosas las fiestas de Río en las favelas, incluso precedidas por la construcción de plazas especiales para el efecto; en Medellín se trata más de fines de semana enteros en los que el barrio se hace partícipe de la droga, el alcohol y la música dispuestas por los combos. La celebración festiva convoca la comunión y en esos instantes parece detenerse el conflicto, relievando la identidad local³⁴.

Su ojo avizor que lo observa todo –condición de su sobrevivencia-, se posa sobre cualquier actividad emprendida por funcionarios estatales, organizaciones no gubernamentales, iglesias y políticos. Son conocidas las historias de favelas en Río y barrios en Medellín donde, en situaciones de enervamiento de los enfrentamientos, los funcionarios del Estado tienen sencillamente prohibido el ingreso. Nada hay por hacer, los programas gubernamentales entran en receso. Cuando no existen situaciones extremas, el ingreso de los funcionarios ha de pasar por la sanción aprobatoria mientras sus ejecutorias se siguen con minucia. Otro tanto se hace con organizaciones gubernamentales e iglesias, operan tan sólo cuando los agentes les dan licencia, sometiendo las actividades a detenida supervisión.

La institucionalidad local representada en las asambleas de moradores de Río y las juntas de acción comunal de Medellín, instancias de la mayor relevancia dada la función de intermediación que cumplen entre el Estado y la localidad, igual pasan por el rasero de la voluntad de los agentes violentos. No faltan los casos en que los combos de Medellín presionan las votaciones para la escogencia de los dignatarios de la junta; en Río, del mismo modo, pululan las anécdotas de los estrechos vínculos entre los dirigentes de las asociaciones y los jefes de las bandas. En todo caso, sea cual sea el grado de proximidad, las dos instituciones están sometidas a la sanción de los agentes. En numerosas ocasiones, por demás, sirven de puente de conexión con políticos urgidos de votos, haciendo su ingreso al tradicional sistema clientelar sobre el que se construye la política urbana y se apoya la mejora progresiva de las condiciones de localidades pobres y excluidas (Arias, 2006b y 2006c).

En medio de una penetrante violencia los agentes participan de los flujos de la vida colectiva interviniendo en multitud de sus facetas. Ofrecen seguridad, intermedian conflictos locales, intervienen en los servicios comunitarios, organizan actividades festivas, controlan la intervención de los actores externos, inciden sobre la institucionalidad local y la presencia política. Tal la condición que hace posible su inserción y permanencia localizada. En el trance de su férrea presencia terminan por afianzar valores propios del horizonte comunitario, incorporándose entonces a las corrientes profundas que animan la cultura popular.

Entre la muerte cercana y la prolongación de prácticas consuetudinarias, entre la imposición violenta y la atención de urgencias comunitarias: en esa tensión se desdobla la actividad de los agentes violentos y en esa misma tensión se inscriben las prácticas de los pobladores. Los actores violentos no son ni mucho menos una especie de promotores comunitarios interesados en la suerte de las gentes con quienes comparten el territorio; su cometido es la ganancia y en el propósito de aumentarla no tienen el menor reparo en hacer estallar una cruenta violencia, incluso sobre los habitantes de la localidad. Empero, como otro actor del contexto local urgido de apoyo y lealtad, se somete a valores y procederes que informan el tejido social de los sectores populares urbanos.

III. DE UNA A OTRA CIUDAD

El panorama expuesto hasta este punto ofrece una mirada parcial de lo que acontece en nuestras ciudades. En la realidad las bandas de Río y los combos de Medellín oscilan, de una favela a otra y de un barrio a otro, en un continuo que se desliza desde el extremo del uso despótico de la violencia (en detrimento del vínculo comunitario), hasta el extremo opuesto de la amplia intermediación con los pobladores (aminorando el empleo de la violencia). Obvio, sea cual sea el punto donde se ubique cada localidad en particular, el encuadramiento simbólico de la muerte cercana preside la dominación.

No obstante, y más allá de la casuística, existe una fractura profunda conectada a la historia y los engranajes de funcionamiento de la estructura criminal de cada ciudad, fractura tras de la cual se impone un principio esencial: Medellín es más violenta y sus combos se alinean de conjunto hacia la administración despótica de la muerte, mientras Río padece menos violencias en tanto sus bandas están más compelidas a la búsqueda de legitimidad entre los moradores.

Por encima de la comprobación empírica de la intensidad del homicidio, que a todas luces revela el mayor alcance violento de Medellín, ¿cómo pensar la fractura entre las dos ciudades? Desde los años 80 la ciudad paisa originó una estructura criminal jerárquica y centralizada, encabezada por el capo Pablo Escobar y sus particularmente sangrientos modos de imponer su primacía (Salazar y Jaramillo, 1992). Luego de su muerte sobre el tejado de una casa -después de una frenética persecución orquestada por el gobierno, la DEA y sus adversarios-, la estructura la heredó Diego Murillo, alias Don Berna, quien operó como jefe indiscutido hasta cuando fue extraditado en 2008³⁵. Justo en ese momento se abre un nuevo ciclo violento disparado por la feroz batalla en que se trenzan los mandos inmediatos, cada uno decidido a ocupar el puesto de nuevo señor³⁶.

La jerarquía centralizada de la estructura criminal se mantiene hasta la actualidad. Ello no significa, de ningún modo, que no la crucen constantes guerras intestinas que empujan movimientos en una y otra dirección. Cómo más podría ser, la asociación de mafiosos, sicarios y toda clase de malandros -articulados en torno a un mundo por entero ilegal-, no puede sino estar sometida a toda clase de disputas y confrontaciones. Con todo, pese a su sostenida movilidad, la estructura se orquesta sobre una cartografía de la ciudad dibujada sobre la alineación de los combos a alguna de las bandas⁴⁰ -garantía de protección y negocios-, quienes a su vez practican una milimétrica división que define territorios intocables (El Poblado y Envigado) y zonas donde se despliega sin reparo la actividad ilícita⁴¹. Por último las bandas, en medio de recias disputas, se someten al control de "la oficina". La condición remarcable de la estructura mafiosa de Medellín no es su movilidad –su condición de funcionamiento en red-, es más bien la musculosa armadura jerárquica sostenida ya durante algo más de dos décadas.

La estructura criminal de Río es otra bien distinta, no existe nada parecido a la configuración en forma de pirámide de Medellín. Es cierto que desde finales de los años 70 comenzaron a formarse los comandos (Vermelho –el primero y más poderoso-, luego Amigos de los Amigos y Tercera Fuerza), al modo de instancias de coordinación de las bandas insertas en las favelas. Tales comandos desempeñan una labor esencial. Funcionan como instancias de identidad más allá del perímetro circunscrito de los territorios bajo dominio⁴², disponiendo garantías de protección y colaboración frente a los eventuales intentos de invasión de otras bandas. Las incursiones sobre una favela con el objeto de derrocar la banda en ejercicio tienen cierta frecuencia, tanto como la acción coordinada de los jefes del mismo comando ante estas situaciones conflictivas. Permanecer al margen de los comandos supone el aislamiento y por ende la fragilidad frente a la codicia de las otras bandas. Además la pertenencia a un mismo comando representa la posibilidad de negocios e intercambios: el comando crea confianza y lealtad, dos valores de importancia capital en el mundo de los mercados ilícitos. Ni tan siquiera los "morros" más fuertes ejercen control sobre los demás. Según lo expresa la sabiduría popular "un dono es un dono", no importa lo pequeño que sea⁴³. Como consecuencia los comandos no son centros de decisión coordinada entre las bandas ni constituyen un aparato regentado por un cuerpo especializado. El poder descansa sobre los "donos", quienes manejan con autonomía el negocio y su inserción en la vida local (Silva de Sousa (2004).

La particularidad de la estructura criminal de cada ciudad determina modos de operación diferenciados, tanto en el recurso a la violencia como en la búsqueda de la legitimidad que acompaña el desempeño del poder. La estructura de Medellín sigue la impronta de fragmentación que caracteriza el conflicto colombiano⁴⁴. Los agentes de violencia que son los combos se desperdigan entre los barrios, ejerciendo dominio sobre un puñado de cuadras apiñadas según la caprichosa geografía montañosa de la periferia paisa. En estas condiciones el eventual dominio sobre los medios de violencia –factor indispensable para su reducción-, es precario por decir lo menos. Los combos suelen mantener rivalidades históricas, cicatrices que parecen imposibles de sanar, tras de las cuales emerge esa macabra división del territorio fondeada por "fronteras invisibles". Por demás no se trata sólo de las confrontaciones entre combos, la estructura piramidal determina que la violencia provenga también de arriba: la reciente lucha entre las facciones de Sebastián y Valenciano por el control del pináculo de la estructura tiene resonancias inmediatas entre los combos⁴⁵. Las fuentes de violencia se multiplican disparando la experiencia violenta.

La ciudad carioca no ha pasado por niveles de violencia ni de cerca similares, ni siquiera cuando se la empleó como factor esencial en la puesta en marcha de un negocio que pone en circulación grandes masas monetarias⁴⁶. El modelo de control de una o varias favelas, apoyados por la pertenencia a un comando, produjo un dominio localizado de los medios de violencia. Las bandas regulan la violencia dentro de la favela y los comandos entre territorios dominados. La reciente presencia de las milicias no introduce modificaciones en la estructura, la prolonga en cuanto su objetivo es la sustitución del poderío de los traficantes sobre las favelas.

La violencia sigue entonces una gramática paradójica: en Río la descentralización de las bandas conectadas a los comandos reduce el número de actores en disputa; en Medellín la centralización se apoya, por el contrario, en la proliferación de los actores violentos y los motivos de disputa.

La paradoja de Medellín, sin embargo, se "resuelve" una vez se considera el alcance de la estructura. Pese a la fragmentación por abajo –a nivel de los combos- la máquina de poder mafioso tiene proporciones colosales. Mueven grandes sumas de dinero y extienden sus tentáculos entre los más variados intersticios de la sociedad, alcanzando incluso la economía regional⁴⁷. Sus brazos largos y potentes parecen tornar "redundante" la política. Por supuesto no se trata que puedan prescindir de la institucionalidad, un "imperio" mafioso urbano no florece sin la complicidad de la policía y la justicia, sin la participación de sectores de la economía y la política⁴⁸. Sin embargo, luego de la crítica experiencia de Pablo Escobar, la estructura aprendió la lección absteniéndose de interferir en la política partidista y representativa⁴⁹. No la "necesitan", la solidez económica de la máquina le permite un funcionamiento relativamente autónomo: la alineación hacia arriba pasa por el flujo de rentas, de manera tal que cada combo rinden "tributo" a su respectiva banda y estos a su vez al capo. La condición de codicia económica y relativización de la política demanda mayor uso de la violencia.

Los combos reproducen la condición en el nivel del barrio. Extorsionan cuanto espacio social produzca el más mínimo dinero. Cobran el paso de un barrio a otro y le aplican pagos por protección a las casas; imponen "vacunas" a los conductores de servicio público, a los carros transportadores de productos y a los negocios locales. Nada queda al margen de la exacción. De unos años para acá adoptaron una modalidad de intervención heredada de las estrategias de ocupación territorial paramilitar⁵⁰: la creación de empresas que monopolizan la venta de productos de la vida local, en particular de alimentos⁵¹. Los tenderos están obligados a comprar los servicios y los productos de sus empresas a los precios que les impongan, destruyendo la aplicación del principio primordial de la competencia económica. En estas condiciones los combos se ocupan de la mediación comunitaria, tal como se vio en el apartado anterior; mas el centro de su legitimidad entre la población se deriva, en un contexto de penuria económica, de la eventual posibilidad de engancharse en alguna de las variadas formas de circulación de dinero bajo su control. El empleo de la violencia está a la mano.

Las bandas de traficantes en la ciudad carioca, de manera distinta, deben hacer uso de una más sólida estrategia de inserción en las prácticas sociales comunitarias. Al igual que el combo habitan la favela⁵² ; mas a diferencia de aquel derivan el grueso de sus ingresos económicos del tráfico de drogas. No están obligados a rendir cuentas a un señor -todo lo cual aligera los "impuestos" adicionales- y sólo ocasionalmente extorsionan a la gente de la favela y sus emprendimientos económicos, abreviando las fuentes de conflicto. Pueden ser proveedores económicos, ello hace parte de su mando. En ocasiones entregan dinero para causas locales, desde servicios de atención comunitaria hasta la organización de actividades colectivas, incluso pagando personas para su gestión. Lo económico, en suma, pasa por unos procederes que facilitan la concertación y el buen trato con los moradores. La violencia disminuye.

De su lado, las milicias cariocas aparecieron justificadas en el intento de proteger la población de los abusos del narcotráfico, ganando en un principio apoyo local y reconocimiento público; bien pronto, como sucede casi sin excepción en esas experiencias de autodefensa urbana, los nuevos gendarmes incurrieron en toda suerte de excesos asesinando personas no afectas a su causa, abusando de su poder armado y derivando en empresas de cobro extorsivo. La aceptación inicial mudó en su contrario provocando denuncias ante la Asamblea Legislativa del Estado, abriendo una investigación judicial que dio lugar a su persecución por parte de las autoridades⁵³.

IV. AFIANZAMIENTO CRIMINAL

Las dos ciudades han comprometido un ingente esfuerzo en el intento de erradicar sus violencias, desplegando toda clase de iniciativas que cierren el paso a la violencia y la ilegalidad. No sólo el Estado ha realizado grandes inversiones –bajo un amplio espectro que cubre de la seguridad a la inversión social-, sino que un sinnúmero de fuerzas sociales se han movilizado bajo el mismo lema. En ambas ciudades, en efecto, las organizaciones culturales y comunitarias, las agencias de derechos humanos y los movimientos políticos, entre otros, adelantan una ardua labor con miras al cultivo de horizontes alternos a la violencia.

Medellín recibió a comienzos de marzo de 2013 el galardón de la ciudad innovadora, un premio que da cuenta de la extraordinaria transformación del uso social del espacio en variados rincones de la ciudad⁵⁴. La transformación incluye obras como el metro y el cable, la restauración de edificios, la habilitación de zonas deterioradas en un proceso presidido por iniciativas como el parque de las luces y los deseos; junto a ello la inversión social masiva, jalonada por proyectos en educación y salud, se ha volcado sobre las zonas críticas de la periferia en el propósito de incorporarlas a las corrientes modernizantes de la ciudad⁵⁵.

Río ha pasado también por grandes inversiones y esfuerzos, con una notoria salvedad que establece la última diferencia respecto a Medellín. La intervención estatal se funda, de buen grado, sobre la acción de la policía⁵⁶. El trato cruel e inhumano hacia las gentes de los sectores populares hace parte de una larga historia de la policía en la ciudad. Desde la formación de los cinturones de miseria en la periferia actuó como si los pobres carecieran de derechos, un fenómeno con la suficiente consistencia como para dar pie a la afirmación de la existencia de dos constituciones en Brasil, una para los "integrados" sancionada institucionalmente y otra para los desposeídos aplicada sin piedad por los cuerpos de seguridad. El tratamiento del narcotráfico, desde su surgimiento, dio continuidad a esta visión de la gestión estatal del conflicto haciendo de las incursiones militares en las favelas una estrategia primordial. Los destacamentos ingresan guiados por un modelo de ataque militar, desprovistos de toda consideración sobre la presencia de civiles indefensos que hacen la vida de todos los días en la calle de la barriada⁵⁷. El astronómico número de personas asesinadas por los cuerpos policiales en Río de Janeiro, conocidos en Brasil con el nombre de "autos de resistencia", da cuenta precisa de la inquina policial: entre 2001 y 2012 las personas muertas bajo este expediente ascienden cada año a más de 4.000, con una tendencia en ascenso a partir de 2005 hasta alcanzar en 2012 el pico de casi los 6.000 (Misse y Grillo, 2013, p. 45). La táctica de guerra de la policía, naturalmente, tiene como contrapartida un aparato militar igual de potente entre los traficantes y las milicias, dando pábulo a la imagen de Río como una ciudad enfrascada en una guerra de baja intensidad.

El acercamiento al habitante de la favela –más allá de la acción militar- ha tenido también sus momentos, como el proyecto de los Grupos de Policías en Áreas Especiales de 1998 (GPAES), el antecesor de la actual política de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), concebidos como una toma estatal de la favela, la expulsión de sus traficantes y la posesión bajo el mando de la policía. El nuevo dominio se completa mediante la activación de un paquete de programas sociales y culturales, todo en el intento de cambiar la acendrada experiencia de la policía represiva por la presencia de una institución próxima que cumple la función de procurar el bien ciudadano⁵⁸. El punto determinante sigue siendo, con todo, la puesta en marcha de una política pública tutelada por la policía, un papel de los aparatos de seguridad ausente de la mediación estatal en Medellín.

El esfuerzo descomunal, no obstante, ha resultado precario. En Medellín aún permanece incólume un imperio mafioso no exento de guerras internas, como la reciente tras la desaparición de Don Berna. Empero, pese a las potentes fuentes de tensión la mafia mantiene su potestad sobre geografías completas de la ciudad. Uno de los pivotes esenciales sobre los que descansa la prodigiosa continuidad del imperio criminal es preciso su capacidad de producir de manera ininterrumpida circulaciones monetarias, con frecuencia grandes volúmenes de dinero. Para muchos jóvenes el ingreso al combo es seguro; en medio de zonas con precarias posibilidades de enganche económico y social se les paga $ 80 mil pesos semanales (US$ 150 mensuales), además del arriendo y la comida de la casa⁵⁹. El Estado, visualizando el problema, diseñó un programa con el nombre de Fuerza Joven en el intento de competirle a la ilegalidad en la oferta de dinero y posibilidades. Los miembros de los combos que ingresaban recibían un salario mínimo mensual (más o menos US$ 280), con la condición de estudiar y permanecer vinculados a los restantes proyectos de promoción cultural contemplados en el programa. Muchos muchachos se graduaron del colegio y algunos ingresaron en planes de educación superior, más el uso mafioso del programa por parte de los combos terminó por reventarlo⁶⁰.

Durante las dos últimas décadas, Medellín es una ciudad colombiana objeto de una ingente inversión nacional y extranjera. La terrible crisis que experimentó en los años 80 dada su condición de epicentro de la demencia del narcotráfico (crisis que la llevó a la exorbitada tasa de casi 400 homicidios por 100 mil habitantes), movilizó grandes flujos de dinero hacia la ciudad. La portentosa transformación urbana, jalonada por multitud de fuerzas rebosantes de creatividad, muestra bien la conciencia de una ciudad resuelta a poner término a sus convulsiones. No obstante Medellín no logra deshacer el nudo gordiano de la mafia controlando grandes porciones de la vida urbana. Los reveses del programa Fuerza Joven, tanto como la capacidad de los combos para controlar los mercados de alimentos y servicios básicos, muestran con suficiencia el precario alcance de la ley sobre regiones enteras de la vida urbana.

En julio del 2013 se realizó una cumbre con la participación de los Urabeños y la Oficina, los poderes que venían en sangrienta disputa por el control de la ciudad: el mentado pacto de los fusiles. Los efectos del acuerdo se dejan sentir casi de inmediato sobre la curva de homicidios, reducida en el corto plazo de dos meses en casi la tercera parte de sus ocurrencias⁶¹. Sin duda la guerra se negocia; pero se lo hace no por el principio universal del respeto a la vida sino por la urgencia de reducir los riesgos que trae la muerte al funcionamiento de las empresas ilegales. Los muertos cuestan (desde la ceremonia funeraria al pago de la familia), los heridos también (el hospital y la convalecencia), los detenidos todavía más (los abogados y los trámites). Con este lenguaje crudo explica Andrés –el jefe de zona entrevistado en el video-, la necesidad de parar la guerra y delimitar las zonas con sus respectivas posibilidades de exacción interna. El acuerdo versó entonces sobre la adecuada y equilibrada partición de la ciudad entre los convidados al festín, una evidencia adicional del grado de fortaleza de la estructura mafiosa paisa.

En Río el programa de las UPP ha intervenido sobre favelas de gran poder, representado en el volumen del negocio y por tanto en la capacidad de fuego de los destacamentos de los traficantes. La implantación policial, poniendo término a la dominación territorial violenta de los traficantes (poco se ha aplicado en favelas bajo control de milicias), impulsó la tendencia a la baja del homicidio iniciada años atrás⁶². En las localidades no volvieron a presentarse violentos enfrentamientos armados, salvo unas escasas avanzadas de los traficantes en el intento de restituir su antiguo control. El narcotráfico, sin embargo, parece continuar. Las "bocas de fumo" visibles –las resguardaban guardias armados hasta los dientes apostados en la puerta-, han sido reemplazadas por lugares discretos donde sólo se identifican jóvenes de corta edad cumpliendo la tarea de informantes. El cuerpo policial fue cambiado por completo, se enroló y entrenó un contingente nuevo a la espera de superar la corrupción que caracterizó la policía encargada de la tarea hasta hace poco⁶³. Todavía no se tienen noticias de policías miembros de las UPP controlando el tráfico de drogas, desarrollando actividades extorsivas o apropiándose de la venta de servicios (la forma de operación de las milicias, compuestas en su mayoría por policías).

V. POLITICA Y SOCIEDAD ENTRE PARENTESIS

Los agentes violentos instauran un orden paralelo. El grado de "paralelo", no obstante, tiene más de un matiz. Se trata de un orden que mantiene más de un nexo con las prácticas del Estado y la sociedad: soborna la policía, ingresa en las redes clientelares⁶⁴, controla la institucionalidad, mantiene intercambios económicos con sectores de la sociedad (con marcado énfasis en Medellín). El "orden paralelo" no supone pues un enclaustramiento, como si el régimen ilegal impuesto en las localidades se bastara a sí mismo; todo lo contrario, se nutre de conexiones con el resto de la sociedad. Además la vida de los pobladores, en el contexto de ciudades en acelerados procesos de modernización, se vincula a una variada gama de mundos por fuera de la localidad: el trabajo, la oferta cultural urbana, el estudio⁶⁵.

Sin embargo, pese a sus conexiones, el orden de los agentes violentos no pierde su condición de paralelo. Se interpone, como una viga en el movimiento de una rueda, entre los sectores populares urbanos y el resto de la sociedad. El nudo sobre el que se instituye la dominación –el encuadre en la muerte cercana-, socava el fundamento sobre el que se construye la imaginería del pacto social moderno: la conciencia del ciudadano participante y deliberante es sustituida por el pánico a la muerte que está cerca.

La justicia, ese nervio primordial del Estado de derecho, se derrumba hecha trizas. Los agentes violentos la ejercen sobre las materias propias de la vida local con la anuencia interesada de la policía y los organismos de seguridad, instituciones que desempeñan el triste papel de ser o bien agentes de represión y violación de derechos humanos, o bien actores que se lucran con los dineros del negocio. La imagen que describe una situación harto conocida es la policía apostada en la entrada y salida de una favela mientras en el centro, entre los dos puestos policiales, los traficantes le dan rienda suelta a la "boca de fumo" con el flujo sostenido de gentes venidas de distintos puntos de la ciudad. La posible imagen de una justicia imparcial emanada de instituciones legítimas no tiene en estas ciudades, entre los sectores populares, el menor asidero⁶⁶.

Los agentes violentos conviven en los barrios porque hacen parte de los intercambios de la cultura popular urbana -se dijo-. En el trance de su inserción social, apertrechados de armas y decisión de usarlas, la dominación territorial violenta introduce un apretado manojo de transformaciones en el tejido social local. Erosiona el espacio público, lo hace interfiriendo la libre voluntad de los procesos eleccionarios locales y controlando las instituciones que allí operan. Siguiendo la inveterada práctica popular de habitar la calle los agentes violentos se toman el espacio público mismo, implantando su exceso, mientras fuerzan la privatización de la vida de cientos de personas que no mantienen nexos cercanos con ellos. El resultado viene a ser el encerramiento en la casa, la pérdida de intensidad de la fiesta ahora circunscrita a la sala, la minuciosa escogencia de la gente cercana.

La socialidad se asfixia. Pese a la potente fuerza de la simbólica comunitaria, los vínculos entre los moradores de los barrios populares no están exentos de conflictividad (la "natural" tensión de la vida en sociedad); cuando media la presencia de la dominación violenta, sin embargo, la natural conflictividad se acrecienta de la mano de la polarización que por fuerza ella introduce. Los vecinos se fracturan entre bandos a favor y en contra de los acontecimientos elevando la desconfianza a signo distintivo del vínculo comunitario. No es posible descifrar con quién se habla, puede tratarse de un aliado de los agentes violentos o de un cercano a la policía corrupta. En el juego de fuerzas que van y vienen es impredecible determinar en dónde resulta seguro confiar, quizás no más que en el reducto cerrado e íntimo de la vida privada. El tejido comunitario, esa escuela local de participación e intercambio con el Otro, queda mortalmente lesionado. Las leyes consuetudinarias de los intercambios empiezan a ser otras, esas que imponen unos sujetos amparados en las armas. Su dinero despedaza cualquier ética del trabajo. Frente a una actividad que se traduce con facilidad en sumas considerables de dinero, poco le queda por hacer a las precarias redes del trabajo legal e institucionalizado. No importa el riesgo, al final se sabe que los billetes llegarán.

En las dos ciudades el tiempo de duración de esta situación anómala es en extremo prolongado, ya completa algo más de un cuarto de siglo en el que casi tres generaciones han sido socializadas en un orden violento. En Medellín la guerra insensata de los años extremos -de 1985 a 1995-, provocó la muerte de casi una generación de los jóvenes de las barriadas populares. Tanto en aquellos años como hoy muchos se meten al "ruedo" eclipsados por la "adrenalina" que entraña esa pertenencia. El jefe de los agentes es una potente imagen socializadora, despide el halo de poder, fuerza y voluntad que en ese ambiente encarna la figura ideal a imitar. Los niños se vinculan con fascinación desde temprana edad, en un comienzo cumpliendo tareas de apoyo pero bien pronto integrados en el meticuloso entrenamiento en el alfa y omega: la violencia y la administración de la muerte cercana. Desde que hacen los primeros disparos quienes les entrenan no cesan de repetir con furia, "no tengas corazón, no tengas corazón".

Señorío y riqueza, mando y alucine, tal la fórmula que embriaga a los jóvenes enrolados en la socialización violenta, quizás el fenómeno social de mayor impacto sobre los tejidos sociales locales. Aunque no todos se integran. Otro tanto, en realidad la mayoría, hacen parte de la multitud de esfuerzos que variados actores despliegan en el intento de robar los niños y los jóvenes a una experiencia de muerte de la que pocos logran salir con vida. Moradores, instituciones formales y organismos no gubernamentales, pese a tener encima la mirada vigilante del agente violento, se comprometen en la tarea de abrir el orden de la muerte al espíritu inagotable de la vida.

Los valores democráticos, en cualquier caso, están confiscados. No sólo porque los agentes violentos han instalado un orden paralelo donde el disenso y la confrontación civil están desterrados, sino además porque la arbitrariedad sobre la que se cimenta no hace sino reforzar la marginalidad y la exclusión que le sirviera de fundamento. Si los pobladores de las localidades populares de Medellín y Río de Janeiro han sido históricamente excluidos, ahora lo son más con la carga de la condición de ser habitantes de zonas pobres y además violentas. El poder discriminatorio y selectivo, la inclusión sesgada e interesada -dos rasgos tan propios del sistema político y la armadura social latinoamericanas-, encontraron una vez más en el narcotráfico un afianzamiento decisivo.

¿Cómo es posible que tal situación aún esté presente y vigente, tantos años después, en dos ciudades investidas de la importancia de Río de Janeiro y Medellín? El gigantesco esfuerzo puesto en marcha desde la sociedad y el Estado, capaz de transformar numerosas esferas de la vida en la ciudad, ¿por qué no puede imponer su hegemonía sobre las periferias? De retorno a nuestro punto de partida, ¿cómo germina la dominación territorial violenta (al modo de gestión del narcotráfico), cuando no sucede nada similar en ciudades latinoamericanas donde la venta de estupefacientes es igual un fenómeno de importancia?

Michell Misse (2008) acuña la noción de acumulación social de la violencia para referir el complejo de condicionantes históricos que hacen factible el surgimiento y ulterior desarrollo del mercado de estupefacientes en Río, el origen de la actividad ilegal en las dos ciudades. Ahí emerge un prometedor horizonte por explorar cuyo desarrollo escapa a los alcances de estas páginas⁶⁷. Desde la mirada del presente –la única de la que podemos valernos-, la pregunta se mueve hacia aquello que hace viable la admirable permanencia del modelo mafioso, esa que tras una y otra mutación se extiende desde los años 80 hasta la actualidad dotada de eficientes niveles de operación: la formidable mezcla de elevada remuneración económica y honda inserción social parecen ser la respuesta. La ventaja comparativa de las remuneraciones del mercado de drogas (más elevada una vez se compara con las remuneraciones de las actividades legales a disposición de los sectores populares), proviene de una máquina ilegal aceitada con profundos grados de penetración de la vida y las prácticas de los sectores populares. La clave reside en la "socialización" de un negocio lucrativo, su extendida irrigación de los más variados rincones del tejido social de la ciudad. Como se mostró la tensión entre violencia y "consenso" (la tensión del poder), halla su resolución mediante la inserción en los vínculos sociales y los capitales simbólicos que los informan (eltejido social). Andrés, el citado jefe de zona del pacto de los fusiles en Medellín, vuelve y lo dice con proverbial sencillez: " La policía puede entrar y agarrar 20 muchachos de un combo, pero vienen otros 20 detrás para reemplazarlos".

El interrogante capital es, pues, cómo estrangular el amplio margen de acción social de los agentes violentos. Sus dos ventajas comparativas han de ser ahogadas de manera simultánea: inserción social y remuneración económica. A Río y Medellín las marcan niveles extremos de inequidad social (Brasil y Colombia son dos de los países del mundo con mayor desequilibrio en la distribución del ingreso)⁶⁸. Las dos ciudades han de pasar entonces por un pacto económico construido entre el Estado, las élites económicas y los sectores populares. La metáfora de la "ciudad partida", el título del libro de Zuenir Ventura (1994) que hace una vívida radiografía de la guerra y la exclusión en Río, se cumple con igual rigor para Medellín. Ciertamente son dos ciudades escindidas, fracturadas por el insondable abismo de la inequidad y la exclusión⁶⁹. A diferencia de la segregación social característica de las ciudades latinoamericanas, la pobreza de nuestras urbes pasó a ser factor crucial en la reproducción de la dominación territorial violenta. En medio de la carencia, ¿cómo competir con grupos que pagan salarios y servicios junto a la promesa de poder y reconocimiento? Cerrar la brecha, incorporando los sectores desposeídos a la institucionalidad y la economía legal, pasa por la férrea voluntad de una ciudad dispuesta a desplazar los ostentosos privilegios de unos pocos hacia la construcción de espacios donde la inclusión se convierta en realidad sentida. Las grandes inversiones estatales han hecho avances considerables en la reducción de la pobreza, pero mucho menos en la clausura de la inequidad⁷⁰. Río de Janeiro y Medellín siguen siendo ciudades partidas por la exclusión y la guerra.

La paz supone un balance militar. La toma policial de las favelas (el modelo de intervención más significativo en este momento) no significa de inmediato la instauración de la paz. Medellín lo enseñó, la cruenta avanzada del ejército en 2002 se tradujo en la entrega de la ciudad al paramilitarismo con el saldo de la dominación mafiosa descrita en estas páginas. Naturalmente en la tarea de emplazar la criminalidad la acción de los cuerpos de seguridad desempeña un rol primordial. Por un lado impide la mediación de los agentes violentos en la protección, los conflictos, los servicios comunitarios y las celebraciones, los bienes tras de los cuales ganan legitimidad. Por el otro interfiere la imposición de cargas extorsivas y la obligación de participar en sus empresas. Una presencia policial comprometida con el propósito, resistida a la corrupción tan potente como extendida en el mundo del crimen, representa sin duda un factor esencial en la contención de la exacción mafiosa.

Con todo, la rentabilidad del narcotráfico –la base de la acumulación ilegal-, pende en últimas del establecimiento de una política alternativa al fenómeno de las drogas ilícitas. Medellín y Río son muestras palmarias de los nocivos efectos que trae consigo el tratamiento de guerra al narcotráfico: tanto los elevados márgenes de ganancia como la subsecuente imposición violenta provienen de la proscripción jurídica del fenómeno. A la sombra de la venta nacieron y se reprodujeron agentes que hicieron de la dominación violenta un modo de gestión, desarrollando una implantación territorial que ya cumple un cuarto de siglo de permanencia.

Latinoamérica ingresó a la globalización de la mano del narcotráfico. Durante los años 80 y parte de los 90 se pensó que la situación extrema de Colombia era resultado de su pasado de fragmentación y guerra, una condición que de buen modo es cierta. No obstante con el paso de los años los efectos devastadores del narcotráfico se dejaron sentir en otras naciones, al punto de llegar a postrar a uno de los Estados más poderosos de la región como el mexicano. Tanta muerte y tanta sangre, esta multitud de años en que las instituciones han sido golpeadas y cientos de veces clausuradas, parecen no sumar la evidencia para que Latinoamérica salga del marasmo e imponga un tratamiento distinto al fenómeno del narcotráfico. El interés y la perspectiva de los centros de poder mundial (Estados Unidos y una Europa siempre ambigua), no dejan de permanecer indiferentes al insensato y costoso método de la guerra en los lugares de producción y tráfico de la droga, esto es en Latinoamérica. Río de Janeiro y Medellín lo muestran con exceso. El notable poderío de la dominación territorial violenta brota de la capacidad de penetrar la sociedad y habitar las corrientes profundas de la vida de los sectores desposeídos de la periferia.

1. Se entiende agente violento como el actor que ejerce dominio armado sobre sectores de una ciudad.

2. La noción de localidad será empleada para referir tanto las favelas de Río como los barrios de Medellín.

3. Es la conocida expresión de Gramsci, la más potente fórmula en torno al poder. Buci-Glucsman (1983).

5. Tal la noción de tejido social a emplear, la composición resultante de la relación entre los vínculos sociales efectivos y los horizontes simbólicos en que tales vínculos toman cuerpo.

6. A las gentes de Río se les llama cariocas y a las de Medellín paisas.

7. En 2009 Río tuvo 6'355.949 habitantes y aportó el 5,4% del PIB nacional; Sao Paulo es la primera ciudad brasilera y Brasilia la capital nacional. En 2011 Medellín tuvo 2'368.282 habitantes y generó el 4,3% del PIB; Bogotá es la capital y ciudad más populosa.

8. Brasil y Colombia –con especial fuerza este último- fueron las primeras naciones que padecieron la crisis desencadenada en los años 80 por el comercio de la cocaína. Otros países la sufrieron años después (en particular México y el triángulo norte de Centroamérica), a partir de mediados de la década del 90 una vez desarticulados los carteles colombianos (de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela).

9. El Centro de Medellín es también lugar de violencias y negocios ilegales, aunque con peculiaridades respecto a la periferia por la ausencia de combos (los grupos que detentan el poder directo sobre los barrios).

10. El 75% de las 60 ciudades colombianas tuvo entre 1991 y 2010 una tasa promedio por encima de 30 (DANE, 1980-2010). En Brasil el 47% de sus 273 ciudades tuvo entre 1996 y 2009 una tasa promedio por encima del mismo valor (Sistema de Informações sobre Mortalidade, 1996-2009). Una mirada sobre la ciudad y el conflicto de Colombia en Perea (2013).

11. La otra ciudad que viene a generar un modelo similar es Ciudad Juárez, más lo hace a partir de 2007. Desde tiempo atrás las mafias hacen presencia en la ciudad pero desprovistas de la violencia y el dominio de territorios que despliegan a partir de aquel año, cuando los carteles se trenzan en guerra abierta. Alarcón (2013).

12. Desde finales de los años 90 los paramilitares colombianos emprendieron la toma de la ciudad desarrollando modelos de inserción urbana que en ningún caso tienen el alcance de Medellín. Perea y Rincón (2013a).

13. La pandilla clásica se alimenta de actos criminales, pero tanto la naturaleza de sus actos como la cuantía de sus dividendos no pasan por la conexión orgánica con el crimen organizado. La pandilla no maneja nodos de la cadena del narcotráfico puesto que la caracteriza su condición de tiempo paralelo, esto es su desconexión de los flujos de la vida incluidas las responsabilidades que demanda el mercado de la droga. Una discusión al respecto en Perea (2007 y 2008).

15. Ciudad Juárez llegó en 2010 a una tasa de 263.

16. En Brasil Serra, Cariacica, Olinda, Cabo de Santo y Diadema tuvieron entre 1996 y 2009 una tasa promedio de 79 para arriba (Serra la que más con 99). Entre las ciudades de más del millón de habitantes Recife es la más violenta con una tasa promedio de 66; en los mismos años Río tuvo una tasa promedio de 44 (Sistema de Informações sobre Mortalidade, 1996-2009). En Colombia sólo las ciudades de Apartadó y Turbo del Urabá antioqueño compiten con la historia violenta de Medellín. Entre 2001 y 2010 Medellín tuvo una tasa promedio de 93, Cali de 95 (DANE, 1980-2010).

17. Entre los años 2001-2010 Brasil tuvo una tasa promedio de 25 mientras Colombia, luego del marcado decremento de los 90, tuvo una tasa promedio de 52. La tasa mundial es de 7,6 (Geneva Declaration, 2008, p. 5).

18. Se trata de un orden que no está encerrado sobre sí mismo sino que mantiene toda clase de intercambios con la sociedad ampliada y el Estado. El punto se considera más adelante.

19. Una exposición de los actores en Koonings y Veenstra (2007). Una mirada sobre el origen de los traficantes en Misse (2012) y en Leeds (1996).

20. Río también vivió una fase originaria sangrienta, correspondiente a la elevada violencia de finales de los 80 y comienzos de los 90.El punto de la fase originaria en Silva de Sousa (2004).

21. El proceso de Medellín durante los años 80 en Salazar y Jaramillo (1992).

22. Los combos serían la versión paisa de la pandilla (agrupan jóvenes sumidos en el tiempo paralelo); empero, dada su dominación local, los variados negocios en que se comprometen y las conexiones con las estructuras mafiosas, son más bien una estructura del crimen organizado.

23. El conflicto armado –la guerra entre los aparatos bélicos de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y ejército-, tiene una precaria presencia en la ciudad. Sólo en Barrancabermeja (una ciudad pequeña de 200 mil habitantes), se reprodujo el mismo fenómeno de Medellín. La relación de la ciudad con el conflicto armado en Perea (2013).

25. Ana María Jaramillo (2012) hace un pormenorizado relato de la historia de los actores armados en Medellín.

26. Los Urabeños es una de las organizaciones constituidas luego de la desmovilización paramilitar de mediados de la década anterior. Es la banda que más se ha desarrollado en años recientes –en otro momento fueron los Rastrojos-, llegando al punto de disputar el control de Medellín a la otrora todopoderosa Oficina de Envigado.

27. En este punto fue de enorme utilidad el artículo de Desmond Arias (2006a).

28. La noción de comunidad, empleada tanto en Río como en Medellín, evoca de inmediato la identidad y el sentido compartido. La discusión de la comunidad en la ciudad en Perea (2008).

29. Sucede que la aceptación de ese estado de cosas cambia generacionalmente: los adultos con mayor tendencia a la desaprobación, los jóvenes más proclives a la aceptación.

30.Acontece que los combos se enfrentan de un territorio a otro, con frecuencia bajo la forma de disparos al azar sobre el territorio enemigo " para que sepan que aquí estamos". Cuando arrecia la guerra la vida cotidiana de los moradores se vuelve un infierno.

31. Feltrán (2010 y 2011) describe los dispositivos de justicia en Sao Paulo.

32. Ese tipo de juicios "populares" son corrientes en Sao Paulo, en Río sólo se dan por excepción. Feltrán (2010).

33. En un estudio comparado entre el Distrito Federal y Bogotá las celebraciones son una de las actividades colectivas que mayor vínculo generan entre los sectores populares. Perea (2013b).

35. Don Berna "formalizó" la llamada oficina de Envigado, pináculo de la estructura. Las bandas resistidas a la dominación y con muestras de alguna autonomía han sido aniquiladas, como la banda de Frank, la Terraza y el bloque Metro.

36. Como se señaló primero fue el enfrentamiento entre Sebastián y Valenciano, luego entre los Urabeños y la Oficina.

37. Fue suplente de un representante a la Cámara en 1982.

38. Cuando en 1984 el gobierno colombiano restituyó la extradición Escobar y otros narcotraficantes constituyeron el llamado grupo de los extraditables, el que emprendió la más cruda guerra contra el Estado. Para ese período Buitrago y Zamosc (1990).

39. El libro clásico No nacimos pa'semilla muestra bien esta alucinación con la muerte de la primera generación paisa de la guerra (Salazar, 1990).

40. Entre los combos y las bandas suelen existir coordinadores de zona, personas que comandan los jefes de los combos de unos cuantos barrios.

41. El centro de la ciudad es objeto de una minuciosa repartición entre organizaciones llamadas Convivir. Como se dice a soto boche allí no se mueve una aguja de espalda a su estricta vigilancia. Cuando se produce algún robo se sigue su ocurrencia con precisión (es frecuente la devolución de lo hurtado), seguido del ajusticiamiento de los ladrones. El control minucioso no sólo se da en el Centro, sucede en numerosos lugares de la ciudad.

42. Es común que en las paredes se grabe el nombre y la insignia del comando al que pertenece la banda de la favela (Silva de Sousa, 2004).

43. "Morro" hace referencia a la particular geografía de Río, hecha de pequeñas montañas seguidas unas de otras; "dono" es el jefe de los traficantes de una favela. Misse y Grillo (2013).

45. En pleno dominio de Don Berna, y después que la operación Orión del Estado erradicara la presencia guerrillera, Medellín descendió a una tasa de homicidio de 38 entre 2005-2007, el punto más bajo desde 1980. A partir de 2008, cuando se reinició la disputa, se disparó a tasas por encima de 80.

46. Como se afirmó Río llegó a su punto máximo de 73 en 1994, Medellín de 396 en 1991.

47. Giraldo (2011) analiza el alcance regional de los dineros ilegales. Las zonas de frontera de Medellín son lugares de disputa dado su valor estratégico para el movimiento de la droga hacia sitios de salida al exterior.

48. Recientemente se destaparon los nexos de las mafias con la cabeza de la fiscalía regional y otros importantes funcionarios estatales de la rama ejecutiva y legislativa. Jaramillo (2012).

49. Medellín ha tenido tres alcaldes cívicos sucesivos, pese a las denuncias de intervención de actores armados en las pasadas elecciones –un acontecimiento no registrado antes-. Gil (2012).

50. Como dice Ana María Jaramillo "Medellín no necesitó traer de fuera los paramilitares", como si sucedió en Bogotá donde se crearon dos frentes para ocupar la ciudad. En Medellín la estructura criminal se fundió de modo natural con la fuerza paramilitar (Jaramillo, 2012).

51. Lo hacen con las arepas (alimento básico de la dieta paisa), la cebolla y algunas frutas. También controlan estaciones de buses y carros imponiendo la compra de repuestos y el lavado de los vehículos.

52. La banda paisa no habita el barrio, pero como se dice "todo el mundo sabe que está ahí".

53. La denuncia y posterior investigación inició a partir de la retención y tortura de periodistas que se encontraban realizando su trabajo en una favela controlada por milicia. La investigación mostró la amplia participación de policías en retiro y activos.

55. Medellín es la única ciudad de Colombia con metro, acompañada de sistemas innovadores como el cable, reproducido en Río sin mayor éxito (en Medellín la montaña sube y el sistema es eficaz; en Río va de la punta de un morro al otro, tornando precario su uso).

56. En el complejo panorama paisa, por el contrario, la policía desempeña el papel de otro actor más en el curso del conflicto. Hace presencia desarrollando redadas y poniendo tras las rejas a delincuentes pero la ciudad sigue manejada al arbitrio de la estructura mafiosa. La única intervención militar de importancia fue la mencionada operación Orión, una acción promovida desde el estado nacional.

57. El arquetipo de esta intervención de guerra es el Batallón de Operaciones Policiales Especiales, conocido como BOPE, un cuerpo de élite presidido por la insignia de una calavera atravesada por un cuchillo y respaldada por unas pistolas cruzadas, el símbolo ancestral del terror (como bien lo entendieron los piratas). El gesto de esta guerra urbana pasa por la izada de la bandera del BOPE (con su tétrica calavera), toda vez que se toma una favela, sube al morro y arrea las banderas de los traficantes. La película Tropa de elite, pese a que termina por "limpiar" al BOPE, escenifica la fuerza mística de esta guerra entre los cuerpos policiales de la ciudad.

58. Para marzo de 2013 existen 30 UPP en marcha y se espera habilitar 40 para el 2014.

59. Entrevista a un jefe de combo sobre el "pacto de los fusiles". http://www.youtube.com/watch?v=K7swz-wFzDU&feature=c4-overview&list=UU2cUQLmafP2rQRviJPLttgw

60. Los jefes de combo decidían quién ingresaba, imponiéndole un impuesto al salario que recibían los seleccionados.

61. El pacto tomó tres meses de acercamientos previos. En mayo hubo 93 homicidios, en agosto 67. Alcaldía, policía y Medicina Legal en el video recién citado.

62. Volver al Gráfico 2. El homicidio comienza a caer de modo sistemático desde 2007, unos años de las UPP.

63. Los traficantes pagaban un impuesto para evitar los "blitz", en especial los días de los bailes funk y las actividades comunitarias. Era frecuente el secuestro policial de traficantes, sus allegados o familiares con el objeto de pedir un rescate a cambio. Los policías también ganaban dinero con el negocio.

65. Cuando la guerra de Medellín se intensifica en alguna zona los miembros de los combos no pueden moverse, los amenaza la muerte a donde quiera que vayan. Son los llamados "engetados", recluidos durante largos períodos de tiempo dentro de los confines circunscritos del barrio. La familia tiene que comprarle hasta la ropa.

66. Habrá de verse si las UPP logran modificar la situación.

67. El punto se retoma en Misse (2012) y Misse y Grillo (2013), proponiendo un conjunto de sugerentes hipótesis. Hace falta un estudio histórico sistemático de las dos ciudades que de cuenta de los antecedentes que tornan posible la dominación violenta.

68. En 2011 Brasil tuvo un coeficiente de Gini de 0.559 y Colombia de 0.545, mientras países como Afganistán, Albania y Polonia tuvieron coeficientes de 0.278, 0.345 y 0.327 respectivamente (Cepal y Banco Mundial). En 2011 Río tuvo un Gini de 0.476 y Medellín de 0.507 (Base de dados Estado de Pernambuco y Dane). El coeficiente de Gini mide las diferencias en la distribución del ingreso: un valor de 1 es plena inequidad, un valor de 0 total igualdad.

69. El caso de Colombia es dramático en tanto la desigualdad tiende a crecer, según lo muestra el comportamiento del Gini desde los años 80 a hoy (Cepal, 2013, p. 77). La guerra y el conflicto violento han concentrado la riqueza, como bien lo ejemplifica Medellín con su extendida práctica de captura de rentas por parte de grupos ilegales.

70. Entre 2002 y 2011 Brasil bajó su pobreza de 51 a 27%, Colombia de 68 a 45% (incluyendo indigentes y pobres no indigentes) (Cepal). Empero la desigualdad, medida por el Gini, sigue todavía por encima de 0.5.

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