http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v29n86.58039

POLÍTICAS DE SEGURIDAD CONTRA EL NARCOTRÁFICO: MÉXICO, BRASIL Y COLOMBIA

Fernando Estrada *

Fabio Fernando Moscoso Duran **

Nelson A. Andrade Valbuena ***

^* PhD, Director grupo de investigación Economía y Teoría Política - Universidad Industrial de Santander. Profesor Titular – Escuela de estudios de Postgrado UIS. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia. Correo electrónico: festrada@uis.edu.co

^** PhD, Director grupo de investigación Entorno Económico - Universidad EAN. Profesor titular – Escuela de estudios de Postgrado Universidad EAN. Universidad EAN. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: ffmoscoso@ean.edu.co

^*** MSc, Grupo de investigación Entorno Económico. Investigador Externo Universidad EAN, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: nandrade4923@ean.edu.co

RESUMEN

Palabras clave: Narcotráfico, Seguridad, Drogas, Colombia, México, Brasil.

ABSTRACT

Over the past decade, organized crime greatly increases the violence against the northern states in Mexico, if compared with the relative decline in Brazil and Colombia. Why different security policies to try to reduce the violence caused by drug trafficking? Mexico repeats the same phenomena of violence that Colombia during the 90's? What difference security models in Rio and the containment policy implemented in Medellin during the government of President Uribe? The analysis of criminal violence and civil wars subtype provides few tools given the differences between mafia organizations and insurgent groups. This article is based on the proposal that drug cartels are fighting not only by territory or for control of political power, but that its objectives are conditional state actors to work for them. The preferred by drug cartels medium is -threatening corruption or bribing officials. Our reading can observe that greater repression increases prices of bribery and promotes war between the cartels themselves, provided that two conditions are met (a) that corruption is widespread, and (b) requiring the cartels repression taking retaliation and revenge. Analyze changes in security policies helps explain the differences between them posters.

Keywords: Drug trafficking, Security, Drugs, Colombia, Mexico, Brazil.

INTRODUCCIÓN

El análisis de las guerras civiles contiene dos tipos de difusión en los medios. El primero, tiende a tributar a los mismos agentes violentos protagonismo. Las versiones periodísticas sobre la historia de los carteles y la insurgencia, trabajan con un objetivo espectacular, exponiendo a los criminales como héroes a la Robin Hood. El segundo consiste en el prejuicio de observar en forma aislada los negocios de las organizaciones criminales, cada cartel ha sido presentado dentro de sistemas estratégicos diferentes y en los países cada cartel obrando por separado. La carencia de una lógica conjunta sobre los mecanismos operacionales y la estructura compartida entre las organizaciones son dos aspectos una misma realidad que poco se ha investigado (Gambetta, 1993; Lessing, 2015; Schelling, 1960; Garfinkel, Skaperdas, 2007)¹.

Nuevas manifestaciones de violencia y numerosos delitos quedan en la impunidad, cuando no, poco visibles. El crimen violento amenaza la seguridad, el desarrollo y la estabilidad de las democracias, sin embargo, su comprensión y dinámica no avanza como estudios realizados sobre las guerras civiles. Mientras la insurgencia convencional ha decaído durante el último cuarto de siglo (Blattman y Miguel, 2010; Kalyvas y Balcells, 2010), nuevas formas de criminalidad han emergido como guerras entre los carteles de las drogas² que luchan entre ellos y contra el mismo estado, asolando en América Latina a tres grandes países y produciendo víctimas entre la población civil. Curiosamente, los esfuerzos de los estados para reducir esta violencia ha tenido imprevistos y resultados contradictorios.

En Colombia la guerra contra las drogas se ha desarrollado desde extremos de confrontación entre el estado y los carteles hasta formas nuevas de violencia concentrada en zonas estratégicas de ciudades intermedias y principales³. En México después de su posesión en el año 2006, el presidente Felipe Calderón, con la esperanza de reducir el aumento de violencia de los cárteles, lanzó lo que se convertiría en el despliegue militar más grande de México durante los tiempos modernos. Ni siquiera sus más duros críticos previeron que para el final de su mandato, los cárteles incrementarían el crimen en un orden de magnitud superior, hasta producir unos 60.000 homicidios en general, un aumento concomitante de homicidios y ataques contra tropas del ejército y una violencia generalizada contra del Estado. En Río de Janeiro, Brasil, décadas de represión militar condujeron hacia una escalada similar, alcanzando en 2007 un máximo de 1.330 civiles asesinados por la policía. Al año siguiente, una nueva estrategia de "pacificación" se puso en marcha y a pesar de los enormes despliegues de poder estatal y la captura de reductos claves en las favelas (barrios pobres) revertiría rápidamente la tendencia: en 2012 la violencia de los carteles contra el estado se había reducido en un 68%, el nivel más bajo alcanzado en una década.

La evolución de la tasa de homicidios, los carteles y las confrontaciones entre los carteles y la fuerza pública ha sido desigual en una década como lo muestran las figuras 1 y 2 que describen el incremento inédito de víctimas en las guerras de drogas. ¿Por qué algunas políticas en seguridad se contagiaron con fuertes aumentos de violencia contra el estado, mientras que en otros casos prácticamente se eliminaron?⁴ En términos generales, este trabajo argumenta que las intervenciones del estado son eficaces cuando generan incentivos para evitar la violencia de los cárteles. ¿Por qué los cárteles luchan contra el estado, cuando, a diferencia de la insurgencia armada, no pretenden ni derrocarlo ni separarse de él?

Hasta ahora los estudios han tenido poco alcance para explicar las interconexiones y las diferencias. El análisis convencional sobre el conflicto de carteles contra el estado como subtipo de la violencia insurgente, excluye en gran medida este rompecabezas eludiendo la diferencia entre los cárteles y los objetivos de la lucha guerrillera. Sin embargo, las motivaciones de la lucha guerrillera contra el Estado son diferentes y menos desconcertante a diferencia de los cárteles, que han tenido la oportunidad razonable de alzarse con una victoria absoluta⁵. Del mismo modo, mientras que la guerra entre cárteles ha sido un importante factor de la violencia del narcotráfico y tema de investigación por derecho propio (por ejemplo Magaloni et al 2013; Mejía et al 2013; Ríos 2013), no es secreto que los carteles luchan por competir los mercados. Tanto la insurgencia como la guerra por el territorio obedecen a una lógica de conquista que está bien documentada: en entornos débilmente institucionalizados, los agentes usarán la violencia contra los gobiernos establecidos, no contra presidentes o alcaldes, lo que hace al Estado de Río de Janeiro más comparable a Brasil como un todo física adecuada territorio o recursos cuando no pueden llegar a soluciones estables negociados (Fearon, 1995; Powell, 2002; Wagner, 1994; Walter, 2009); en casos así las explicaciones del conflicto se llenan de razones por las cuales las negociación fallan (por ejemplo, Dal Bó y Powell, 2009; Fearon, 2004).

El análisis de la guerra entre carteles o de los nuevos carteles contra el estado requiere ampliación. Son numerosos los temas que demandan estudios comparados tanto a nivel regional como internacional. Por ejemplo, no es claro lo que ganan los cárteles en su lucha, ante todo cuando al hacerlo pueden atraer más represión. En efecto, los narcotraficantes por regla general se 'ocultan', manteniendo el anonimato o un perfil bajo para evitar la confrontación. Entender por qué a veces prefieren la guerra es importante además porque violencia de los cárteles contra el estado exacerba la guerra territorial: los carteles, una vez las autoridades estatales les declaran la guerra, atacan; 'golpear al juez", y pierden sus incentivos para contener la violencia entre ellos (Durán-Martínez, 2012; Schelling, 1967). Los cárteles de las drogas luchan contra los estados, como se argumenta en seguida, con el objetivo de coaccionarlo: usando la violencia para influir políticamente, a través de dos lógicas diferentes⁶ Mediante el clientelismo violento, los cárteles manipulan a líderes políticos para inducir cambios en el poder público. O mediante la corrupción violenta, los cárteles manipulan a los agentes del orden con el fin de intimidarlos y reducir los precios del soborno⁷.

Ampliamente juzgado, el clientelismo armado tiene una trayectoria histórica consolidada en estos países. En el presente estudios se usa el concepto de corrupción violenta como la dinámica más relevante entre ambos tipos de violencia pública. La violencia fue intensa y creciente durante el período narcoterrorista en Colombia (1984-1993), pero ha sido poco frecuente en tiempos recientes de Brasil, pero más cruda en México durante la presidencia de Peña Nieto, como parecen confirmarlo el conjunto de datos transnacionales sobre violencia relacionada con los cárteles de Sinaloa y Michoacán. Este patrón se explica en buena medida con su propia lógica: puesto que los beneficios de los grupos de coacción parecen universales, y por lo tanto sujetos a problemas de oportunismo, mientras que los mecanismos de corrupción son específicos (Olson, 1965; Scott, 1969), entre cárteles que compiten por una guerra territorial promoviendo la corrupción. ¿Qué sucede cuando la corrupción excluye usos radicales de violencia? Snyder y Durán-Martínez (2009) son claves para explicar este aspecto: la violencia "expresiva" o "irracional" sin duda juega papel importante. Pero el carácter sostenido de la guerra de los carteles contra el estado y su supervivencia, depende de la expansión de los cárteles violentos (como los Zetas en México), lo que sugiere que la violencia declarada por los carteles contra el estado es en buena medida de tipo estratégico e identifica sus relaciones⁸.

Manteniendo el marco analítico de Kalyvas (2006) al describir la ontología de la violencia en lugares bajo disputa entre agrupaciones paraestatales, esta investigación analiza estas lógicas de violencia contra el estado impulsadas ​​entre los cárteles por el dominio territorial: demarcación de zonas y violencia local (Reuter, 2009), y aquello que los mexicanos llaman "calentar la plaza", es decir, la violencia en territorios rivales con el fin de atraer a la fuerza pública. El punto clave en estos casos no es la inestabilidad de los acuerdos sobre los sobornos introducidos a través del estad factor de violencia, sino la función que cumplen las amenazas por "fuera de una trayectoria de equilibrio" cuando se provocan los sobornos. También se propone un modelo formal adaptado al enfoque convencional de las guerras por predominio territorial en donde descomponer la negociación es lo más parecido al contexto de coerción. Si en una región o territorio no se soborna, los carteles deben elegir entre ocultarse o luchar abiertamente.

El modelo ilustra el problema de agente principal que subyace a la corrupción violenta: cuando los líderes estatales amplían la represión contra los cárteles, es inevitable que la fuerza pública aplique sobornos superiores. Los cárteles compensan esta presión sobre precios del soborno con el incremento de la violencia en contra de las fuerzas policiales. En particular, la represión provoca la violencia de los carteles contra el estado cuando 1) los agentes interesados temen más la violencia del cartel que las sanciones impuestas por sobornos, probablemente cuando la corrupción es rampante rara vez se castigue, y 2) la represión estatal no está condicionada a la elección de los carteles sobre ocultarse o pelear entre ellos. Así, la represión en entornos corruptos puede crear incentivos para defenderse, mientras que la condicionalidad crea contra-incentivos para evitar más violencia.

Finalmente los resultados sugieren reflexiones de alcance empírico para los tres países. Se sustenta que la estrategia de pacificación de Río de Janeiro aumentó considerablemente la condicionalidad, llevando a los carteles a pasar de la confrontación violenta a estrategias no violentas. En México, la condicionalidad del estado fue mayor bajo el régimen de partido único, porque la democratización trajo una mayor fragmentación política e institucional (Magaloni, 2005), la condicionalidad explica recientes hallazgos según los cuales la competencia política impulsa la violencia en México (Dube et al, 2013; Durán-Martínez, 2012; Osorio, 2012). La determinación del presidente Calderón de perseguir a todos los cárteles por igual, "sin distinción", redujo más la condicionalidad, contribuyendo al aumento en la violencia de los cárteles contra el estado desde 2006. En Colombia se tiene una combinación de ambas modalidades de violencia pública con expresiones concretas en los centros urbanos y las capitales.

Sintetizando, un volumen considerable de la violencia entre los carteles del narcotráfico y la guerra declarada por las organizaciones criminales contra el estado, se relaciona con el monopolio en los mercados de consumo y la expansión territorial: el 88% de los homicidios relacionados con drogas en México se encuentran entre los cárteles. Como tal, cualquier teoría de la guerra entre carteles contra el estado constituye una explicación parcial. Máxime si subestimamos la importancia de los conflictos derivados de la influencia de los mismos carteles sobre el estado. Además de exacerbar la guerra territorial, la violencia desproporcionada contra el estado altera la vida social y política. El cese de los conflictos entre los carteles y el estado en México seguramente tendrá mayor impacto que una reducción equivalente de homicidios entre ellos. En términos más generales, el conflicto del cartel contra el estado y entre los mismos carteles por la guerra territorial están causalmente relacionados entre sí, pero ambos suceden en ausencia de resistencia, lo que sugiere lógicas fundamentalmente distintas. Una teoría completa de la guerra contra las drogas explicaría tanto la dinámica y sus interacciones en equilibrio; como primer paso se analizan algunos vínculos en contextos de equilibrio parcial. La contribución del estudio, sin embargo, es la identificación y la teorización del conflicto dentro del mismo estado, adaptando nuestro conocimiento sobre conflictos en las guerras civiles, pero estableciendo las diferencias entre estas nuevas formas de violencia. Sus manifestaciones de legitimidad e ilegitimidad (Estrada, 2008; García Villegas, 2008)⁹.

NUEVOS CARTELES Y ESTADO

Estas condiciones describen un hecho fundamental: la represión o eliminación de un cartel completo ayuda casi siempre a sus competidores. Lo que resulta poco probable entre bandas de secuestradores, o, para el caso, la mayoría de agrupaciones insurgentes. Es decir, la distinción entre ideología política / conducta criminal, es una guía limitada para comprender los intereses estratégicos que subyace a los carteles. Esto es especialmente cierto para el conflicto entre el cartel de estado que ha sido tratado como un subtipo codicioso de la insurgencia, a pesar de que los carteles no buscan formalmente el poder estatal. Este estiramiento conceptual (Collier y Levitsky, 1997, Sartori, 1970) ha creado una proliferación de concepciones de la "insurgencia con adjetivos" (por ejemplo Manwaring, 2005; Metz, 2007; Sullivan y Elkus, 2008) y redefiniciones de conceptos relacionados, como "territorio", "espacio", e incluso «el estado» (por ejemplo, Sullivan, 2012: 16-18), sin explicar las lógicas que generan la violencia en cada caso.

En las guerras civiles los insurgentes convencionalmente luchar por derrocar al poder y establecerse en su lugar, tomando el control político de las regiones, departamentos, provincias y el gobierno central. Las guerrillas rara vez dicen "estamos luchando con el fin de lograr que el gobierno cambie su política por x, y una vez que se logre vamos a disolvernos y dejar la política" (2007: 1-2). Es revelador, porque es justamente lo que sucede con los carteles. Como en los comunicados de Pablo Escobar, con relación a su campaña de ataques terroristas: "Prometo solemnemente... que una vez que la extradición esté legalmente prohibida, suspenderemos inmediatamente las acciones militares contra quienes extraditan" (Revista Semana, 1986) O posteriormente, "Con el reconocimiento de la posición asumida por la Asamblea Nacional Constituyente [que prohíbe la extradición], hemos decidido disolver completamente nuestra organización militar" (El Tiempo, 1991).

Podemos conjeturar bajo estas premisas que el objetivo inmediato de los combates insurgentes es la conquista del poder y las tropas guerrilleras pretenden expropiar o reemplazar a sus oponentes. En el caso de los estados, la guerra de los carteles, por el contrario, es una guerra de coerción, en la que los narcos tienen como único objetivo coaccionar la conducta política de sus oponentes. La guerrilla pretende los máximos del poder político mientras en el caso de los carteles, prefieren cohonestar, sobornar o extorsionar al poder establecido sirviéndose de el.

Esta distinción tiene la ventaja permitir describir y poner en funcionamiento diferencias estratégicas más profundas. Por supuesto, las metas últimas de los rebeldes también pueden implicar un cambio de políticas, en teoría, podrían estar satisfechos con las concesiones suficientes. Pero, según enfoques analíticos de frontera, los rebeldes prevén que el estado va a incumplir una vez que se desarmen; estos problemas de compromiso los lleva a luchar por el control político (Fearon y Laitin, 2007).

Toda guerra "resuelve" problemas de compromiso a medida que sus resultados sean definitivos, el bloqueo en la política o la distribución de las rentas que los actores consigan no pueden afectarse una vez la lucha haya terminado (Powell, 2004)¹⁰ Con los carteles el problema del compromiso es sin duda peor: los estados no pueden siquiera negociar públicamente, y mucho menos divulgar acuerdos. Sin embargo, esto no significa que los carteles realicen guerras de conquista, ya que incluso la victoria militar sobre el estado no clausura su política de saqueo o la distribución de las rentas preferidas. En el actual sistema internacional, un narco-estado arrogándose el monopolio para legalizar el tráfico es impensable (mientras que las guerrillas pueden razonablemente esperar ganar legitimidad y apoyo internacional). Donde la victoria final no es un factor clave, las teorías del conflicto entre los carteles y el estado (y tal vez las guerras de coerción en general) deben explicar cómo la lucha o la amenaza creíble maximizan el flujo continuo de sus rentas¹¹.

El recuadro de la Figura 3 describe la distinción entre conquista / coacción a un conjunto más amplio de conflictos y tipos de guerras; el contenido de las celdas son ejemplos, no exhaustivos. Observemos las primeras filas, que distinguen los conflictos entre carteles, el estado, la insurgencia revolucionaria y la lucha entre los carteles por la copar territorios. Las celdas inferiores trazan los conflictos internacionales, el terrorismo internacional, cae en su lugar como un ejemplo de los actores no estatales que no buscan dominar ni conquistar a gobiernos extranjeros (por ejemplo, Pape 2003). Mientras que el conflicto entre los carteles del estado y la guerra por el territorio, aunque están causalmente relacionados entre sí, son lógicamente distintos. Las guerras territoriales se producen en toda la cadena de suministro de drogas ilícitas, desde los cultivos de coca hasta las esquinas en las calles de los barrios, aunque varían en intensidad. El conflicto entre carteles de estado es raro y los traficantes en la mayoría de regiones y localidades evitan la confrontación con la fuerza pública.

CLIENTELISMO, CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA

Ha quedado implícita la idea que los cárteles luchan contra los estados para influenciar en política. Aunque esto puede ser evidente en casos como la guerra de Pablo Escobar contra la extradición en Colombia, no es tan claro en México y Brasil, donde la demanda pública de los carteles sobre cambios en la política central del estado son raros. Como argumenta Scott (1969), sin embargo, la corrupción y el clientelismo debe también entenderse como un parte de la influencia delictiva con resultados en las políticas públicas. Este fenómeno se extiende a las organizaciones criminales, después de todo, si los individuos cuidan sus ventas en el mercado negro mediante la ley de oferta y demanda de protección de políticos bien posicionados; esto cambia el resultado de la política ya que podría, trabajando colectivamente mediante las cámaras de comercio determinar los controles de precios del gobierno (Scott, 1969: 1142), el traficante que ofrece al policía elegir entre "plata o plomo" ("sobornos o balas") está cambiando el resultado de las políticas públicas al utilizar atentados para intimidar al gobierno y excluir la extradición en su agenda.

Los capos y jefes de organizaciones tienen incentivos para 'ocultarse', mantener un bajo perfil y minimizar la confrontación abierta con la fuerza pública, pero también pueden hacer de la violencia un medio para influir siempre que haya poca represión estatal. 'Aconsejar' y 'presionar' puede que no parezcan opuestos, pero en la práctica son mutuamente excluyentes: las ventajas de una escalada violenta influye sobre los actores estatales, pero tiene el costo del bajo perfil que permite ocultarse, y viceversa. En la figura 4. Los niveles de influencia política que presionan o corrompen grupos lícitos pueden utilizar tácticas duras (Dal Bó et. Al, 2006), pero rara vez recurren a la violencia física. Los carteles, sin embargo, ya se confrontan entre ellos con cierto nivel de represión.

Visualizando estas dimensiones sobre cuatro estrategias distintas (Figura 5). Las estrategias de ocultamiento corresponden a la corrupción "convencional" y el lobbying¹², la corrupción que hace uso de la violencia, por lo general para inducir al funcionario de aceptar pequeños sobornos, como en el modelo que se indica abajo¹³. Con el clientelismo extorsivo los carteles presionan a los líderes para cambiar la política de jure, a menudo mediante ataques terroristas, que los carteles ofrecen a reducir a cambio de concesiones políticas.

Estas estrategias se ilustran con los carteles principales de Colombia durante el período llamado de la 'narcoviolencia' (1984-1993). Pablo Escobar y el cartel de Medellín personificaron un enfoque de la guerra en ambos niveles. La estrategia de violencia terrorista perpetrada por Escobar el cartel de Medellín (atentados, asesinatos de alto nivel y secuestros de la élite) acompañados de manifiestos, y en últimas su logro al exigir la abolición de la extradición y negociar una amnistía, tipifican la presión violenta. Mientras que el dilema usado contra sus enemigos: jueces, investigadores y policías, "plata o plomo", estuvo respaldado efectivamente por cientos de asesinatos. El dilema capta en una frase la esencia de la corrupción violenta.

El cártel de Cali, por el contrario, evitó deliberadamente la violencia. Como líder de Gilberto Rodríguez Orejuela dijo, "Nosotros no matamos a los jueces... los compramos "(Lee, 1994: 205). A nivel de jure, la guerra sin cuartel de los Orejuela contra Pablo Escobar, terminaría contribuyendo en última instancia con el estado para derribarlo. Luego organizaron el "Proyecto de Campaña", que ofrecía enormes donaciones a los principales candidatos a la presidencia en 1994, a cambio de una amnistía negociada (Estrada, 2001; Chepesiuk, 2003: 190)¹⁴.

Estos ejemplos dicen que la corrupción y el clientelismo no son excluyentes. Sin embargo, las condiciones para la corrupción violenta son menos restrictivas y requieren ir un poco más allá de las armas y el soborno dado que es la dinámica más frecuente e importante en todos los casos. Es el enfoque del presente trabajo. Incluso en Colombia, donde los grupos de presión violenta de Pablo Escobar contra la extradición estuvieron ampliamente extendidos para imponer la represión contra sus rivales, o la eliminación de la política honesta por parte de individuos (Reuter, 2009: 277), la corrupción violenta llegaría, primero, cuando Escobar en 1976 amenazó a un juez y asesinó a dos policías, y continuaría durante todo el período narcoterrorista (Bowden, 2001). Sin embargo, las tácticas del terror extremo fueron anormales en Colombia, como se muestra en la Figura 6. Así lo revelan posteriormente datos transnacionales e informes sobre eventos y hechos violentos relacionados con las drogas. Dado el carácter especialmente perturbador del clientelismo armado y las prácticas del soborno, estudiaremos estas anomalías antes de pasar a un análisis de más fondo sobre la corrupción violenta en los países referidos.

Los informes sobre las acciones violentas de los carteles y el clientelismo requiere, en primer lugar, la posibilidad de que los líderes cambien la política de jure. Esto depende de presiones internacionales, sentimiento nacional y los compromisos públicos de líderes en posiciones decisivas (Fearon, 1994), todo lo cual puede cambiar con el tiempo en respuesta a la violencia. En general, los compromisos internacionales de los estados sobre la prohibición y erradicación de drogas ha dejado de ser "preguntas abiertas" sobre política antidrogas. De los casos comparados en este trabajo, solamente la extradición en Colombia durante la década de 1980, se mantuvo como una cuestión abierta con tiempo suficiente para producir una reacción violenta por parte del cartel de Medellín.

Estos factores explican a su vez las variaciones y cambios en los usos de la violencia. En 1984, los carteles colombianos estuvieron tácticamente unidos bajo el Movimiento Muerte a Secuestradores, MAS, (Chepesiuk, 2003: 64), una organización de protección mutua ideada por Escobar, quien motivaba a sus miembros a financiar asociaciones militares en zonas rurales. Mientras tanto, la extradición estaba en el limbo judicial y en el debate político. En México, por el contrario, la intensa competencia entre los carteles y un presidente comprometido personalmente con su propia guerra, dejaba ver un futuro poco prometedor. Una excepción que confirma la regla fueron las protestas callejeras en el año 2009 promovidas por el cartel de la Familia Michoacana, junto con demandas públicas para eliminar la policía federal de Michoacán. Su hegemonía regional niega el problema del polizón, aunque su valoración de la apertura de Calderón a cambio de más política resultó demasiado optimista. Los jefes de los cárteles de Brasil, que en su mayoría fueron encarcelados, participaron en ataques terroristas ocasionales para cambiar la política carcelaria (Penglase, 2005) un asunto de poca relevancia y con bajos costos para los líderes, temas que giraban a menudo alrededor de las elecciones, cuando la influencia política fue alta.

En los tres países la configuración de la violencia pública fue diferente porque sus estrategias y objetivos correspondían a circunstancias distintas. Sin embargo, el soborno y la amenaza presentaron aspectos comunes. Su lógica y su impacto sobre la evolución política fue significativa. El terreno que permitía tales manifestaciones es la corrupción. Un tema que requiere nuestro análisis.

MODELO DE SOBORNO Y CORRUPCIÓN

Consideremos la posibilidad de un agente racional cuya intervención obedece a las Máximas de Grice sobre una comunicación eficiente, concreta, veraz, directa y relevante. La que depende a su vez de la prominencia, de algún elemento de coordinación o los llamados puntos focales de Schelling (1967) (Gambetta, 1993)¹⁵. El agente camufla un cargamento de droga y considera cómo sobornar al policía. Su elección está entre permanecer en silencio o proponerle al policía un fajo de billetes.

Por desgracia, el agente no sabe si el funcionario es corrupto y acepta el soborno o si es honesto, y lo detenga por intento de soborno. Se trata de un juego estratégico en donde el dilema de un agente es desconocer los valores con los que juegan los demás. Justamente la propiedad del aporte de Thomas Schelling a la teoría de juegos consiste en haber iluminado los pormenores de este tipo de dilemas. Los beneficios y el campo de posibilidades son descritos en la siguiente gráfica:

Los beneficios en la tercera fila resultan de combinar las ventajas de sobornar a un policía deshonesto con la ventaja, relativamente pequeña de no sobornar a un policía honesto. En estas circunstancias la comunicación indirecta es la opción más racional. Observemos que este análisis resulta incompatible con la interpretación convencional que hace de los actos de habla indirectos en juegos de cooperación pura. El agente no usa en este caso la comunicación indirecta para contribuir a que el policía honesto alcance su objetivo (hacer cumplir la ley), sino más bien, confunde su misión en busca del beneficio propio.

La intuición de que en la comunicación indirecta se da una estrategia óptima puede confirmarse mediante un modelo básico del sobornador racional. Se estima que los costos del soborno se derivan de (i) la cantidad de gente honesta, q, (ii) el costo del soborno, c0 (iii) el costo de la sanción, c1, (que debe ser superior al costo del soborno), (iv) el costo del arresto por soborno, c2, (que debe superar el costo de la sanción), y una variable psicológica crucial: (v) la probabilidad p de que el funcionario interprete una declaración relativamente directa, d, como un intento de soborno.

El habla directa es una variable semántica que corresponde al grado de vaguedad de la proposición (número de lecturas) y la cantidad de aquellas lecturas que guardan más relación con un soborno que con un comentario inocente. Una proposición del tipo si-entonces: "Si me deja ir, le daré mi bolsa", es más directa que la pregunta: "¿Existe alguna forma para salir de este embrollo?". Y un comentario genérico: "He aprendido la lección, no se preocupe que no se repetirá", es aún menos directa (en términos prácticos, p, puede deducirse empíricamente, preguntándole a la gente su grado de confianza porque una determinada frase parece un soborno).

Otro componente de la estrategia se relaciona con factores que justifican determinadas preferencias para salir de problemas. Los seres humanos emplean tácticas de atenuación o restricción frente a lo que dijeron o cómo y por qué actuaron de tal modo. Se trata, según Schelling: "de una serie de tácticas que consisten en maniobrar con la capacidad y posibilidad de liberarse de embarazosas iniciativas… haciendo que el resultado dependa solamente de la elección de la otra parte". La clave en estos casos consiste en dejar bajo tensión "la cuestión de quién tiene que tomar la decisión final". La táctica en casos como semejantes hace parte de la estrategia de transferir la responsabilidad en el oponente.

Ahora bien, si tanto los funcionarios honestos como los corruptos comparten una misma función lineal sobre la decisión L y, por tanto, tienen la misma decisión L para cualquier proposición p, el nivel óptimo de la estrategia estará determinada por el porcentaje de los funcionarios honestos. Si tenemos q _ (c1_ c0)/(c2 _ c0), la estrategia óptima para miembros del cartel sería no intentar sobornarlos a todos: d _ 0. Si el porcentaje de los funcionarios honestos es inferior al umbral crítico, entonces la estrategia óptima para el cartel sería lograr intentar el soborno de manera inequívoca, d _ 1. En este modelo, la decisión del cartel no sería concebida como la estrategia óptima. La razón es evidente porque el costo de las funciones tendrá un comportamiento lineal

Para que la acción estratégica de sobornar sea una ventaja para el delincuente, la función debe ser no lineal. Esto se puede dar si tanto los funcionarios honestos como los deshonestos toman decisiones no lineales Lh, y funciones de probabilidad p relativa Lc, se derivan directamente del soborno (d) y si para los dos tipos de decisión, las funciones son diferentes. Es decir, aunque funcionarios honestos y deshonestos interpreten las condiciones del mismo modo y, por tanto, tengan la misma valoración de la "insinuación" como soborno, el funcionario honesto vacilaría más para detener al miembro del cartel que el funcionario deshonesto, por las implicaciones que puede llegar a tener la información, como parte de la carga de prueba. En general, los costos para el miembro del cartel serán los siguientes:

En el caso de que Lh y Lc sean funciones relativas, el cuadro se muestra como en la Fig. 2. Los costos previstos para el cartel son los siguientes:

En la región intermedia, dc, d, dh, los costos serán menos para miembro del cartel y, por tanto, la estrategia directa tendría un nivel óptimo. Estos resultados confirman que existen circunstancias en las cuales la insinuación indirecta es la estrategia óptima, aplicándose formalmente el concepto de negación plausible.

En el siguiente gráfico de funciones lineales pueden observarse mejor estas correlaciones:

Habría que subrayar también casos cuando se distribuyen parámetros de umbral entre los dos tipos de funcionarios. Otra posible extensión a la vida real es el uso de una secuencia de comunicaciones directas o indirectas que permitan sondear las inclinaciones del funcionario: ("¡Qué mañana tan esplendorosa, que pena, señor estado, y saber que tengo que pagar por el error, admiro mucho la capacidad de trabajo que ustedes tienen, ¿Puede haber otra forma de resolver este problema sin castigos? La comprensión sobre los componentes correlacionados en forma no lineal pueden observarse mejor en la siguiente gráfica:

Cabe destacar como componente adicional que las dinámicas entre las variables mencionadas se desarrollan en un escenario en el cual la influencia que "la presión pública parece forzar a los participantes a una solución evidentemente, justa o razonable, por vía de la presión ejercida y la forma en que ésta actúa sobre los participantes. En su capacidad de coordinar las expectativas por medio del poder de sugestión, lo que hace tan efectiva a la opinión pública, al precedente o las normas éticas.

¿Cuál es la hipótesis más plausible para diferenciar las funciones de decisión entre funcionarios honestos y los deshonestos? La respuesta dependerá de los factores determinantes en la función de costos. Tomemos al funcionario honesto, ¿por qué no arresta de inmediato a quien manifiesta veladamente el soborno de la misma manera en que un funcionario deshonesto acepta cualquier soborno? La razón es que aunque todos los delincuentes hicieran propuestas que pudiesen interpretarse (correctamente) como sobornos implícitos, algunos agentes honestos alegarían también tales propuestas como observaciones inocentes (este fenómeno es inherente a la definición de juegos estratégicos), por lo cual, las detenciones podrían ser infructuosas. Perder la concentración en estos casos puede resultar costoso para el funcionario, exponiéndose a una acusación de calumnia e injuria, y sometiendo a la institución a pagar los daños punitivos.

Los costos en que incurren los funcionarios honestos para detener a un individuo, dependen, por lo tanto, del porcentaje de quienes hagan observaciones de carácter directo en situaciones semejantes y de los incentivos para castigar a la población que propone sobornos. Por el contrario, para el funcionario deshonesto los costos dependen de las cantidades de sobornos y de las posibilidades de ser denunciado. Resulta poco probable que las dos funciones de decisión tengan la misma forma. Mientras el caso de una acción juzgada como soborno da lugar a mecanismos de racionalidad lineal, en el caso de un soborno que utiliza la comunicación indirecta, la racionalidad no opera de manera lineal.

Amenaza

Una de las observaciones críticas de Schelling a la teoría convencional de juegos es su incapacidad para explicar las condiciones de estrategia en donde aparecen formas de estrategia presentes en la vida cotidiana. Especialmente aquellos casos de comunicación con información indirecta. En efecto, el autor sugiere que la teoría de juegos distinta de juegos de suma cero puede haber desperdiciado su campo más prometedor "al ser llevado a un nivel de análisis demasiado abstracto". Este grado de abstracción rebasa una cantidad considerable de situaciones de la experiencia humana en las que los sistemas de comunicación ofrecen una oportunidad para lograr grandes cambios a partir de pequeñas sutilezas.

¿Qué sucede con poblaciones sometidas a la intimidación de grupos paraestatales durante largos períodos de tiempo? ¿Qué condiciones generan responsabilidades penales de funcionarios públicos que son "obligados" a firmar contratos con agentes violentos? ¿Qué modelo en la teoría de juegos podría corresponder a situaciones en las que una de las partes "tiene la sartén por el mango". Más importante, bajo la perspectiva que hemos venido enfatizando ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la amenaza? ¿Cómo se defiende la comunidad amenazada? ¿Qué tipo de claves usa para defenderse frente a la imposición de la fuerza violenta?

Schelling se interesa en casos que puedan ilustrar la comunicación indirecta en situaciones cotidianas. Tomemos el ejemplo de un hombre entra a un restaurante y amenaza con un arma a los comensales que departen tranquilamente. Si veinte hombres se lo proponen podrán vencerle, sin embargo, el riesgo para ellos es considerable. ¿Cómo escoger? Pueden, además, prometer abstenerse de una represalia mortal una vez que le hayan capturado. No obstante, ellos no pueden comunicar su amenaza, por ejemplo, si no hablan el mismo idioma, "no pueden desarmarle verbalmente".

La comunicación indirecta bajo condiciones de amenaza tiene aspectos lo suficientemente problemáticos. Para comenzar, una ventaja con la que juega quien amenaza es la sorpresa de sus víctimas. La reacción primaria suele desencadenar estados de choque emocional profundo. La amenaza ocasiona fallos de coordinación, no pueden reaccionar a la amenaza con otra amenaza a menos que todos estén de acuerdo. La amenaza condiciona determinados compromisos. En una situación en la que la comunicación colectiva presentaba originalmente un carácter indeterminado, la amenaza establece límites entre dos jugadores. Un jugador asume un compromiso y el otro toma una decisión final. El juego de la amenaza presenta una naturaleza determinada.

La amenaza presenta otro rasgo distintivo. Una persona afirma que, en una contingencia determinada hará lo que manifiestamente preferiría no hacer si se produjese esa contingencia, lo cual depende de la otra parte. Se trata de una comunicación indirecta en la que los factores determinantes de la acción provienen de que no exista ambigüedad alguna sobre la implicatura encubierta con el mensaje del portador. El objetivo es poner a prueba la fuerza potencial de la violencia sobre la víctima, es decir, conseguir demostrar un poder intimidatorio con resultados inmejorables para ambas partes.

La amplitud de la escogencia es limitada. Y la película queda proyectada en la mente de la víctima, enfatizando las imágenes de calamidad. La comunicación indirecta posee en estos casos la discrecionalidad de la fuerza potencial que el agente principal puede utilizar. Aunque el objetivo principal de la amenaza es provocar un cambio de comportamiento de sus receptores.

La amenaza puede coaccionar a sus destinatarios sólo si consigue comunicar cierta apariencia de obligación. La obligación está cargada de implicaciones. Schelling afirma que mientras el compromiso fija un curso de acción, en una mayoría de casos de quienes lo enuncian, la amenaza fija un curso de reacción, de respuesta al otro que sugiere la comunicación. El compromiso es un medio de obtener el primer movimiento en un intercambio en el que el primer movimiento implica una ventaja; la amenaza es un compromiso dentro de una estrategia para el segundo movimiento.

La analogía con la mecánica clásica es extraordinariamente concisa. Sobre el principio de acción / reacción, los fenómenos del compromiso y la amenaza parecen ofrecernos detalles más concretos. Sólo que en el caso de la amenaza, las fuerzas invocadas tienden a provocar un desequilibrio evidente. La víctima de la amenaza debe presentir la gravedad del daño si incumple con la obligación impuesta. El segundo movimiento debe compensar los costos encubiertos por el primer movimiento. La naturaleza agresiva de la amenaza queda restringida, si quien amenaza cambia de parecer o se muestra incapaz de cumplir con la acción implícita en la misma.

El carácter distintivo de la amenaza queda reflejado por una comunicación indirecta que, no obstante, debe preservar su poder intimidatorio. La amenaza, o es superflua y no constituye un movimiento, o transmite una información verdadera y se relaciona con estructuras de información y de comunicación perfectamente diferenciables. La observación de Schelling a este respecto es relevante: "… en realidad, si, como muchas veces ocurre, la amenaza es de una naturaleza tal que el acto de compromiso no se halla contenido en el acto comunicado, -si el compromiso precede a la comunicación de la amenaza o la parte amenazada y a las pruebas de su credibilidad- el primer paso del proceso de amenaza altera la verdadera estructura de los incentivos…".

La clave sobre la eficacia de la amenaza no consiste entonces en la fase terminal de realización de la misma, sino en controlar lo suficientemente el medio de comunicación indirecta. Son las expectativas creadas por las palabras y el sentido indirecto dado al mensaje aquello que crea las condiciones de interdependencia que tendrá la víctima de la amenaza con su verdugo. Originalmente, porque como vemos en la perspectiva de Schelling, durante el proceso, la intimidación puede acompañarse con "pruebas" en firme de la fuerza que posee el agente principal.

El juego de movimientos estratégicos es ilustrado por Schelling con un caso típico de la vida cotidiana:

]]> El atracador que se encuentra con que su víctima, aun siendo inmensamente rica, no lleva nada de dinero encima en aquel preciso momento, no puede aprovechar su oportunidad a menos que pueda obtener un rehén y retenerlo mientras espera el pago; e, incluso, eso no tendrá efecto a menos que pueda encontrar un medio de asumir un compromiso convincente de devolver el rehén de un modo que se quede sometido a la posibilidad de una identificación o captura.

La situación ofrece dos caras del mismo dilema. Con la primera, el atracador debe sortear una situación derivada de las condiciones reales de su víctima, racionalizando el procedimiento que debe emplear para lograr sus objetivos. La segunda cara sugiere que la operación misma le impone ciertos riesgos al victimario. En ambos lados del dilema la comunicación desempeña una función central. La fuerza del compromiso para causar el daño dependerá de la eficacia que tenga el acto de habla al amenazar.

Una amenaza es esencialmente, una declaración susceptible de ser creída, de una elección condicional para el segundo movimiento. El poder intimidatorio proviene, entonces, de las imágenes que sean comunicadas en el primer movimiento por el agente agresor. En la frase: "esto te perjudicará a ti más que a mi" se hace explícito que la amenaza depende de comparaciones de utilidad interpersonal. La nota sobresaliente es que la ventaja concedida en el primer movimiento depende de la eficacia en la comunicación, y que esta ventaja estratégica, juega un papel determinante para los resultados propuestos por quien formula la amenaza.

El siguiente esquema contribuye a visualizar las variables principales:

La cuestión radica en saber si admitimos o no que el juego tiene "movimientos", es decir en que sea posible para uno de los jugadores, o para ambos a la vez, emprender, en el curso del juego, acciones que modifiquen irreversiblemente el juego mismo, que alteren de algún modo la matriz de ganancias, el orden de las elecciones o la estructura de la información en el juego. Desde este punto, Schelling reevalúa la postura psicológica para analizar la amenaza que tienen

Si una amenaza es algo más que una información que se pretende llevar al ánimo del otro jugador debemos preguntar qué más puede ser. Y debe implicar cierta idea de compromiso –real o ficticio- si ha de ser algo.

Esta nota es comprehensiva porque nos permite realizar dos aclaraciones sobre de la originalidad de Schelling. La primera es que la teoría de la estrategia supone implícitamente una teoría de la información asimétrica. La racionalidad con la que cada jugador pueda maniobrar la información disponible resulta fundamental. Segunda aclaración, en juegos estratégicos, la información no fluye de manera monotónica o lineal sino que opera como una telaraña que cumple una función de trampa. En el caso de la amenaza, esto quiere decir que la información comunicada propicia cambios directos en el conjunto de creencias de la persona afectada.

Pinker afirma que las amenazas tienden a velarse en implicaturas por dos razones. Una es familiar, el extorsionista sin pelos en la lengua se expondría a sí mismo y, de este modo, correría el peligro de tener que acarrear penas legales, igual que el sobornador. Pero también se enfrenta a que el objetivo de su extorción lo ponga en evidencia al desafiar su amenaza. Con el fin de mantener la reputación de la que vive, el extorsionista tendría que llevar a cabo la amenaza, lo cual puede ser arriesgado y caro, y además no tienen sentido después de que no ha conseguido coaccionar a su objetivo.

Implicaciones

El modelo contribuye a observar fenómenos correlativos a las condiciones dadas en Colombia, México y Rio de Janeiro; desde luego, cada país como cada región expone numerosas y complejas diferencias en función a las características de su historia y generalizar es aventurado; sin embargo hay patrones comunes que emergen en situaciones de soborno y amenaza. En estos lugares la corrupción es rampante, resistente y cotidiana. La jerga usada por quienes participan en el medio ha quedado condensada en parte de su literatura y sus imaginarios culturales (Vallejo, 2005; Ramos, 2004)¹⁶. El soborno a la policía federal en México ha sido un campo suficientemente documentado. Los mercados de drogas y embarcaciones dirigidas por el Caribe, se sirvieron de la extorsión a escala durante la época del auge de los carteles (Andreas, 1998: 160,161).

Con la emergencia de nuevos carteles y cambios sucedidos tras la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela y la muerte de Pablo Escobar, los gobiernos de Colombia y México, cambiaron las formas de coerción y persecución a estas organizaciones; al mismo tiempo, los carteles cambiaron estrategias, rutas de envío, vínculos fronterizos y formas de negociación. Es decir, cambiaron los grados de condicionalidad y represión. En Rio de Janeiro se impusieron condiciones más severas de persecución a los cabecillas y distribuidores. Las unidades élite de la fuerza pública se expusieron menos a los encadenamientos de corrupción. Y después del 2008 la propuesta fue orientada hacia la pacificación de las comunidades en las favelas.

Mientras que en México los operativos y condiciones de presión sobre carteles como el de Sinaloa o Michoacán, se hicieron más drásticos durante los mandatos del partido único. Paradójicamente, los cambios del sistema político hacia una mayor democratización electoral, tuvo consecuencias indeseables durante la última década del siglo XX. Con los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se dieron giros deliberadamente opuestos, primero, en una declarada guerra contra los cabecillas principales y, segundo, cediendo terreno ante el amplio predominio de los carteles en estados como León o Guerrero. En Rio los principales capos y organizaciones del tráfico de drogas decidieron replegarse en respuesta a las políticas de pacificación desarrolladas por el gobierno. El conflicto entre carteles se mantuvo dentro de niveles de baja intensidad, pero luego se retrocedió como respuesta a una masiva represión incondicional de la fuerza pública.

Estas diferencias que hemos reseñado en el modelo corroboran la hipótesis según la cual, cambios en las políticas que dependen de coyunturas gubernamentales, pueden tener efectos importantes sobre la dinámica que implementan los carteles para relacionarse entre ellos y con los estados.

MÉXICO, DESDEMOCRACIA Y GUERRA ENTRE CARTELES

La historia del narco mexicano y las políticas del gobierno para combatirlo no son recientes. Datos sobre los mercados de marihuana y drogas menores de consumo entre jóvenes los encontramos desde la década de los 70. Pero sólo hasta finales de los años 1990, México establece una política sistemática de control y persecución en contra de los carteles. Durante el mandato hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, PRI, digamos que hubo una armonía pre establecida que dejaba observar al narco y los mercados del norte, como un fenómeno de periferia, limitado y semiformal. Este ambiente cambia con los nuevos gobiernos después del PRI.

Con los mandatos de Calderón y Peña Nieto cambiaría la dinámica de los carteles en México, así como los diseños de políticas de seguridad orientados a combatirlos. Paradójicamente, una mayor apertura democrática debilitará las restricciones impuestas y los controles sobre las organizaciones criminales; la evolución de estos cambios se mueve entre polos extremos, obligando también a los capos a cambiar sus estrategias.

Con los niveles de corrupción que habían predominado bajo el mandato del PRI, la guerra entre carteles descendió en intensidad. La condicionalidad limitada del gobierno tenía dos manifestaciones ampliamente aceptadas. La primera de orden local o regional, se fundaba en prácticas de soborno entre los funcionarios y los narcos, y la segunda, con despliegue en medios de opinión, fue el castigo específico contra cabecillas menores. El gobierno mexicano buscó durante estos años asegurar la confianza pública, al tiempo que fue permisivo en regiones bajo la sombra de los capos principales del negocio (Lupsha, 1991; Poppa, 2010).

En México los carteles del norte operaron dentro de tales condiciones durante la hegemonía del gobierno del PRI. Una estructura de seguridad pública que se dividía territorios y regiones sometidas a las extorsiones de la policía federal; y sistema de redes asociadas a la criminalidad organizada que fue evolucionando con medios de control hasta cubrir la geografía nacional. Con la extinción del poderío de las fuerzas policiales y los escándalos de corrupción a mediados de los años 80 (Grayson, 2010) la política de acuerdos bajo la sombra entre los carteles y el gobierno llegaba a su final. La entraña de un estado en manos de políticos corruptos comenzó a ceder posiciones frente nuevas demandas de renovación en las localidades, el PRI se descompuso y perdió el control sobre las elecciones y, finalmente, perdió la presidencia en el año 2000 (Magaloni, 2005); con su fragmentación se fue abriendo un vacío de poder que ocuparían nuevas fuerzas y movimientos sociales. Al mismo tiempo se hizo menos posible el control y la intimidación sobre las organizaciones del delito. Un proceso de desdemocratización (Charles Tilly, 2007) en México abría condiciones para el incremento de agencias de protección privada, organizaciones criminales y carteles en abierta competencia con el estado por la soberanía en territorios (Guerrero, 2012; Durán, 2012; Osorio, 2012).

Ante la reducción del poder coercitivo del estado, el servilismo burocrático y el decadente partido único, los pactos entre los carteles y las organizaciones del crimen también se hicieron añicos. La competencia por el poder y el control de los mercados, zonas de tráfico de drogas y vínculos asociados al crimen, incluía también a los agentes del mismo estado mexicano. Las agencias de protección y seguridad privada ofrecen entonces sus servicios, agrupándose bajo la dirección de comandos y fuerzas especiales del ejército y la policía; así surge la organización denominada el Cartel del Golfo, que luego será bautizado como Los Zetas. La radicalización por el control de armas, negocios del narcotráfico y poblaciones, se hace extrema con la consolidación del cartel de Sinaloa. La guerra está declarada y México experimenta las más agudas expresiones de violencia pública durante la primera década del presente siglo. El estado no es neutral. Las fuerzas de la policía toman partido dependiendo de las dos condiciones antes impuestas: coacción violenta en uno de sus extremos y soborno (Guerrero, 2014; Grillo, 2011).

Calderón y la olla a presión

El período de Calderón llevaría a sus extremos la coerción militar del estado mexicano con la exacerbación violenta correspondiente. Cualquier amenaza por parte de los carteles entraría a la zona de equilibrio con los operativos realizados por la policía contra los cabecillas. No obstante, la estrategia del presidente llevaba su sello incondicional en dos sentidos: (a) La guerra declarada contra los carteles fue una guerra declarada contra el "enemigo público" (Carl Smith, 1932) que no establecía claras diferencias entre los carteles; (b) la guerra se dirigió principalmente contra los cabecillas con la idea de dividir interiormente los pactos entre los carteles y poner contra la pared a cada cartel en particular. Ambas modalidades de su estrategia estaban también orientadas a reducir la evidente fragmentación política ocasionada por el escándalo de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006. La diferencia impuesta sobre su contendor, Manuel López Obrador, había sido por un estrecho margen (0,58% sobre 240.000 votos) lo que provocó una masiva reacción de protesta que paralizó al Congreso y los organismos institucionales; la sombra del fraude electoral en las presidenciales movilizaba a las multitudes en el Zócalo de Ciudad de México.

La posesión de Calderón en México tuvo semejanza con la del presidente Gaviria en Colombia tras la masacre de Luis Carlos Galán al menos en un aspecto: la guerra declarada contra los carteles y sus cabecillas. Aunque en México la pesadilla de la violencia masiva apenas se re iniciaba en Colombia, con la muerte de Galán, los carteles de Medellín y Cali coronaban uno de los períodos más sangrientos en la historia del país. En México, Calderón sin embargo parecía recibir recomendaciones de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe en Colombia, quien había logrado durante su primer cuatrienio reducir a las Farc y lograr acuerdos de reinserción paramilitar. Uribe propagaría en toda América Latina la propaganda de un régimen presidencialista con fuerte acento autoritarista. La oferta de inteligencia militar y los servicios de una experiencia acumulada le servirían a Calderón y su gabinete para confrontar los duros desafíos que le imponía el señorío de los Carteles de los Zetas y los hombres de Sinaloa (Duncan, 2015; Bailey, 2009: Pérez-Pla 2007). La idea generalizada en Colombia fue que el auge del narcotráfico bajo la dirección de los carteles había concluido en 1993, gracias a la captura y muerte de los grandes cabecillas o capos. Con la muerte de Pablo Escobar se cerraba un capítulo destacado del narcotráfico en Colombia, lo que restaban eran agrupaciones reducidas, microcarteles con poco peligro para la sociedad. Las enseñanzas que daba Colombia podría aprenderlas México con el objetivo de consolidar la victoria final (Bonner, 2010); asesores colombianos en inteligencia militar recomendaron a Calderón ir por "los peces gordos", ganar la confianza de la opinión pública y el respaldo de informantes.

El despliegue de fuerza dividió entonces responsabilidades entre mandos del ejército, la marina y la policía federal, todos tenían que ofrecer positivos que dieran visibilidad a los logros del gobierno. Iban por las cabezas principales del cartel de Los Zetas y la temible organización de Sinaloa; cada agencia militar tuvo sus propios planes y los operativos estuvieron coordinados. Más aún, estos organismos estuvieron distanciados del soborno de los carteles, de modo que tras la captura de uno que otro mando medio, los agentes actuaban de inmediato procurando evitar su fuga (Felbat-Brown, 2009)

Esta estrategia operativa incondicional fue consistente también con el discurso militarista de Calderón y la frase repetida: "sin tregua y sin cuartel" que comprometía la nueva política antidroga de su gobierno. El mensaje fue claro: la guerra estaba declarada sin distinciones contra todos los carteles por igual (Guerrero, 2011: 89). Legitimar la guerra contra el enemigo suponía una absoluta imparcialidad. Caso contrario a lo sucedido durante el gobierno de Vicente Fox con el despliegue de tropas a Laredo en el año 2004, según rumores, había prevenido a los hombres del cartel de Sinaloa. Aunque Calderón enfrentaría acusaciones semejantes de proteger a numerosos carteles; y nunca pudo desmentir completamente acusaciones del periodismo investigativos que denunciaron la cohonestación del gobierno en casos específicos. En defensa, Calderón alegaba un principio de proporcionalidad en los dispositivos de seguridad dependiendo del tamaño de cada cartel por separado (Burnett et. Al., 2010). De modo que con las acciones y el discurso del gobierno Calderón, las aguas del narcotráfico regresaron a su propio cause: el soborno y la corrupción. Los capos usaron las redes sociales de apoyo y lograron extender de nuevo cadenas de protección. El gobierno había perdido la partida y la estrategia original mostraba entonces sus fallos. Cuando Calderón intenta modificar sus planes contra los carteles, ya fue tarde. Sus asesores recomendarían entonces localizar planes específicos, pero tampoco se conseguía unanimidad entre los comandantes de tropas. En 2011 los reportes refieren como el gobierno Calderón toma decisiones dirigidas al desmantelamiento de Los Zetas, la organización criminal cuyas acciones sembraban el terror (Guerrero, 2011: 89,90; Corchado, 2011) y en efecto se consigue dar duros golpes al interior del grupo, mientras por debajo se busca negociar condicionalmente la entrega de cabecillas. En público, la presidencia mantiene sin embargo la condena por igual a todos los negocios ilícitos de los carteles.

La escalada del terror iniciada por los Zetas en 2011 recordaba las peores masacres paramilitares en Colombia. Calderón decide entonces aumentar la presión sobre esta agrupación y capturar a sus principales líderes. La estratagema comienza a ofrecer resultados y los Zetas son llevados bajo estas condiciones hacia el escenario de negociación. Las delaciones y denuncias entre sus propios miembros arrojan resultados y los choques directos con la fuerza pública abren paso a tácticas de bajo perfil. La guerra radical fue cediendo terreno y el gobierno modifica también sus principios de lucha abierta y frontal contra los carteles (Duncan, 2015; Corcoran, 2013; Reforma, 2013).

Finalizando su gobierno, Calderón pretende todavía defender su enfoque inicial (Archibold, 2011); y no se cuenta todavía con una versión detallada sobre el último año de su gobierno. Con Peña Nieto, la escalada de masacres por parte de los carteles ha descendido; sin embargo, el caso del Chapo Guzmán ha puesto en jaque al gobierno, recordando los tiempos de encarcelamiento y escape de Pablo Escoban en la cárcel de Itagüí.

En las favelas de Rio, el estado brasilero concentra gran parte de sus conflictos extremos: pobreza, desigualdad, confrontación violenta, vendettas, carteles y pandillas que dividen las zonas de viviendas como fronteras entre estados enemigos. Estas manifestaciones, aunque no están directamente relacionadas con drogas, incrementan el potencial de guerra cruzada con narcotráfico que ha sacudido a Brasil en medio siglo. Las políticas de seguridad en Rio de Janeiro tienen dos caras, la primera, desde arriba (el estado) afirmando durante un largo período la represión incondicional; la segunda, desde abajo, los carteles ofreciendo seguridad mediante el soborno y la violencia.

En general, la política entre la represión condicionada del estado y agencias de protección privada fue dando forma a la vida cotidiana en las favelas. Desde arriba, la línea dura, autorizando allanamientos, reprimiendo y castigando delitos menores, tráfico y consumo; desde abajo los esfuerzos progresistas de reformadores buscando salidas no violentas y pacifistas (Soares y Sento, 2000). Con relativas excepciones entre ambas expresiones de condicionalidad los cambios fueron de grado y modo. Abandonando la violencia podía disminuir el peso de medidas represivas, fomentándola, la agresividad crecería.

Desde los años ochenta las acciones policiales en Rio de Janeiro fueron violentas e indiscriminadas; las unidades del estado distinguían poco entre cabecillas del tráfico y pobladores, de modo que los choques se sucedieron atropellando los derechos en las mismas comunidades. Las autoridades cometían violaciones de los derechos rutinariamente, acomodaban los hechos y acusaban sin suficientes pruebas en franca demostración de fuerza represiva.

Esta violencia indiscriminada de la policía no fue asunto casual; la evidencia parece indicar que se trataba de una estrategia sistemática. Analistas del período (Cano, 1997, 2010) coinciden en observar que una mayoría de incidentes de choque violento fueron provocados por fuerzas del estado. Los tiroteos de la policía en muchos casos fueron hechos al azar, y el tipo de víctimas mostradas como "criminales" en realidad eran niños o adolescentes.

Vemos que las relaciones entre "violencia/soborno" no predominan de manera aislada; un estudio longitudinal realizado con 230 expendedores de drogas (Silva 2006, 35-40) encontró que lo probable son excesos de su implementación por parte de los mismos funcionarios del estado y los órganos de seguridad, 73,5% dijeron haber sido agredidos por la policía, mientras que un 53% nunca había sido detenido o encarcelado. Un 54% había padecido la extorción policial, mientras un 68% había tenido al menos un enfrentamiento armado con la policía (en contraste con un 53% de confrontaciones con bandas rivales). Anteriormente la misma encuesta describía que un 35% de expendedores jóvenes considera como su mayor riesgo la muerte, seguido de la extorción policial (30%); mientras que para los mayores de 18 años el temor a la extorción ocupaba el primer lugar. En ambos casos el temor a la cárcel ocupaba el tercer lugar.

Los sucesos violentos han confirmado las posiciones de confrontación de los traficantes con sus verdugos. Con todo, las causas principales de violencia parecen determinadas por los enfrentamientos con la policía¹⁷, que representa el 46% del total de denuncias por violencia derivada del narcotráfico en Rio de Janeiro (en contraste con el 10% reportado por México).

La mayoría de enfrentamientos en Rio sucede entre los carteles y la policía. Mientras que las bandas organizadas negocian entre ellas pactos de no violencia (Figura 11); casi la mitad de los informes sobre choques refiere alguna acción policial con disparos antes de las revueltas, casi siempre incursionando en las favelas. Entre tanto dentro de las mismas se producen menos del 80% de choques violentos¹⁸. Estos choques son frecuentes en toda la ciudad; pero un día cualquiera se observan cientos de favelas patrulladas abiertamente por traficantes armados, sin que acontezcan grescas violentas. Como en las comunas de Medellín, Colombia, la policía puede saber dónde se encuentran los "peces gordos" pero no hace nada para capturarlos. En esta lógica de corrupción los condicionales para exacerbar la violencia son intermitentes y la desintegración general parece ajustarse a semejante patrón.

Esta historia cuenta con otro capítulo antes de implementar la estrategia de pacificación condicionada. Según Ungar y Arias (2009: 418-421) durante el año 2001 con el proyecto GPAE el gobierno brasilero decidió aplicar una política preventiva cuyo objetivo no fueron los traficantes.

Cuando el gobernador Sergio Cabral iniciaba su mandato promovía una campaña con el discurso tradicional de imposición de la seguridad por medio de la ley y el orden. Los efectos iniciales fueron desastrosos no sólo porque no conseguiría el desmantelamiento del cartel en la favela Alemäo, el reducto más violento en Rio de Janeiro, sino que culminaba el año 2007 con una cifra record en muertes causadas por la policía tras enfrentamientos armados. En 2008 el gobierno tuvo que dar un viraje significativo e introducir de nuevo la estrategia de pacificación.

La clave en la estrategia pacificadora ofrece dos aspectos complementarios, primero, el estado o gobierno advierte previamente la realización de sus operativos (informa); su meta es la recuperación de territorios antes que la captura de los capos y traficantes o expendedores. Esto ofrece a los cabecillas la oportunidad de su ocultamiento o la huida; el casos significativos es posible fomentar el desarme de modo que los miembros de las pandillas puedan luego reinsertarse a las favelas; segundo, una vez que se establecen las unidades de la policía comunitaria, conocida como UPPs¹⁹ se ordenan como prioritarias las tareas de interdicción antes que el arresto de los traficantes. Estos dos aspectos en política antidrogas representan cambios fundamentales en la estrategia si se compara con las prácticas convencionales. En el caso de Rio de Janeiro, la introducción del proyecto de pacificación GPAE se tradujo inicialmente en serias reservas, con sospechas sobre acuerdos implícitos entre los carteles y el gobierno, pero los resultados estuvieron por encima de todas las críticas.

Con todo, la estrategia de pacificación en las favelas de Rio 2008-2009, había dado resultados óptimos entre sus pobladores, pero no fue concluyente; las retaliaciones violentas de los carteles seguía siendo significativa dado que los capos se habían camuflado en refugios secretos de las favelas. Las reacciones convencionales no se hicieron esperar, Beltrame anunciaba a funcionarios de Estados Unidos un operativo de asalto sobre Alemäo en el año 2010 que provocaría una "violencia dolorosa" (Fraga, 2010); cuando la sospecha era que en Alemäo se encontraban entre 500 o 1000 traficantes armados, el resultado les sorprendió a todos, medios, analistas y gobierno. El operativo que duró tres horas se tradujo en tres víctimas mortales y menos que una docena de arrestos. La organización se había dispersado entre los pobladores y los capos se habían marchado.

A diferencia de las políticas en seguridad de México y Colombia la estrategia en Rio, extendida hacia otros estados en Brasil marcaba un punto de inflexión relevante. Los cambios evolucionaron de estrategia obedecían también a las nuevas unidades militares, compuestas por fuerzas capacitadas en derechos humanos y cercanas a policías con cierto grado de preparación técnica. Los cuidados de este tipo de políticas dependen por supuesto de la continuidad de quienes han estado frente a ella y la ampliación del aprendizaje a otras zonas afectadas por el tráfico de drogas en Brasil. La otra cara del asunto es crítica. Hay quienes sustentan que los costos de la pacificación en las favelas ha permitido que los capos sigan trabajando camuflados entre la población. Los brotes de violencia intermitente hacen ver que se trata de un proceso lento que requiere todavía cambios de fondo (Cano 2012).

COLOMBIA: BANDAS EMERGENTES EN LUGAR DE PARAMILITARES

La desmembración política de las agrupaciones paraestatales constituye uno de los aspectos más difíciles de abordar. ¿Deberíamos decir des-ideologización? Tomar las armas ¿contra el Estado? o ¿desde el Estado? para ¿combatir quienes se oponen al Estado? Este doble movimiento desencadena una forma engañosa de plantear el problema. Si la política se ha extraviado en el conflicto, ¿cuáles son las razones? Lo argumentado por diversos analistas es que el negocio de las drogas y el narcotráfico explican todo. De nuevo, esto significa meter todo dentro de una misma canasta.

Y ¿si no fuera así? ¿Si la base social y los incentivos han operado con diferencias? la pregunta monocausal resulta tan defectuosa como su respuesta, ceteris paribus, explicaciones que colocan dentro de un mismo nivel: estrategias, objetivos, política, armamento. La necesidad de diferenciar y elaborar una reclasificación (por regiones, territorios, incentivos, recursos y poder), resulta fundamental. Los cambios provistos en localidades como Puerto Triunfo y Puerto Boyacá, después del programa de reinserción de paramilitares, son suficientes para comprender que nos equivocamos al simplificar el conflicto y su resolución.

El caso de la identidad estratégica de las bandas emergentes merece punto aparte. ¿Se trata del rearme del paramilitarismo? ¿Puro negocio de narcotráfico? ¿Quiénes son sus mandos menos "espectaculares"? ¿Quién paga? ¿Qué espacio de poder político/ militar proyectan? Preguntas cuyas respuestas exigen un replanteamiento de geografía crítica y lógica de extensión en las localidades. Las explicaciones dividen posiciones entre quienes encuentran en las bandas emergentes una expresión fragmentada de delincuencia común y crimen organizado, o quienes observan con preocupación el rearme y consolidación en antiguos territorios del paramilitarismo. El panorama es nebuloso. Lo cierto, sin embargo, es que las acciones de criminalidad urbana en ciudades fronterizas y los negocios ilegales, revelan una expansión estratégica cuya geografía no se ha estudiado todavía.

Parte de la geografía convencional se ha usado con la finalidad de desviar la atención sobre zonas críticas del conflicto. Se aprovechan los temores y se alimenta la hostilidad. Dependiendo de la fuente que suministre la información se abusa de la cartografía para elaborar interpretaciones. Un mapa se presenta como la realidad, sin embargo, los mapas no son la realidad. Es posible que nuevos estudios de geografía crítica nos enseñen, por ejemplo, no sólo dentro de cuáles regiones o zonas del país existe expansión de las bandas emergentes, sino que contribuyan a definir mejor cuáles son las dinámicas de transición y aprendizaje de las agrupaciones paraestatales. Si las bandas emergentes son paramilitares debería poder exponerse qué novedades o cambios comporta sus proyecciones territoriales y estratégicas²⁰.

Si la política de gobierno es confundir bandas emergentes con narcotraficantes, existen razones para contrastar sus hipótesis. Las bandas emergentes, se afirma, no cuentan con una ideología contrainsurgente -lo que las separa del paramilitarismo-. Las agrupaciones paramilitares, que se constituyeron y evolucionaron desde Puerto Boyacá durante los 80, hasta los frentes del Bloque Calima, dominantes en la región pacífica, ¿Se organizaron alrededor de un programa contrainsurgente? No es claro. Primero, porque sus estructuras no conservaron uniformidad de mando (cada frente surgía y respondía a demandas específicas de quienes financiaban su creación). Segundo, sus miembros no compartían recursos provenientes de un único proveedor. Tercero, sus declaraciones y comunicados no se concebían ideológicamente. La "ideología paramilitar" fue más un artificio realidad²¹.

Algunos trabajos han explorado las relaciones entre paramilitares y poderes regionales²². La documentación hallada en archivos informáticos y papeles (letras, pagarés o recibos de cuaderno) establece una clara influencia en los mecanismos de contratación, transferencias y los recursos de departamentos y cabeceras municipales. Los flujos capitales inyectados a las economías regionales por el narcotráfico estuvieron amparados por los señores de la guerra²³.

CONCLUSIÓN

La evolución y los cambios del narcotráfico representan un desafío para el análisis y el diseño de políticas en materia de seguridad. Países como Colombia, México o Brasil reflejan la tremenda complejidad de conflictos relacionados con drogas y los limitados recursos para resolverlos. Con cada intervención en los lugares donde actúan las organizaciones criminales han surgido nuevos conflictos originados por sus líderes o capos que les suceden. Los ciclos de violencia parecen destinados a perpetuarse bajo otras modalidades (Clausewitz) y nunca desaparecen. A la coerción le sigue una reacción de proporciones semejantes. En casos como México la espiral de violencia se fue expandiendo desde Sinaloa y Juárez hasta llegar a cubrir los estados norteños. Los contrastes con Colombia y Brasil apenas se han esbozado en el presente artículo.

Nuestro estudio ha podido avanzar en los siguientes aspectos: (a) se ha ampliado el marco de análisis sobre las formas de organización de los carteles, de modo que puedan observarse factores que no se limitan a la lógica de las guerras civiles; (b) se describen los mecanismos de acuerdos y estrategias que tiene el narcotráfico para enfrentar al Estado; (c) se ha sugerido un modelo que describe funciones básicas del soborno y la amenaza y (d) se extiende el modelo para comprender las diferencias en políticas de seguridad implementadas en México, Brasil y Colombia.

Un objetivo central ha sido introducir el análisis comparado en asuntos estratégicos. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Cada país presenta una historia compleja del problema que se relaciona con una geografía social y política también distinta. Entre los extremos de represión radical contra el narcotráfico y permisividad y bajos controles, se mueven opciones como la coerción condicionada que ofrece notables ventajas. Hoy mismo en los centros urbanos de estos países, el soborno, la extorción y la amenaza, siguen siendo el desafío diario de la policía y los gobiernos locales. Como respuesta, las políticas de represión violenta han demostrado una mayor exacerbación del crimen; proyectos de pacificación como en Rio de Janeiro, pueden reducir la naturaleza sangrienta e interminable de la criminalidad.

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Fecha de recepción: 07/12/2015
Fecha de aprobación: 09/03/2016

NOTAS

1 El presente artículo recupera los análisis propuestos por Lessing, Benjamin, 2015, "Logics of Violence in Criminal War", Journal of Conflict Resolution 1-31; Schelling, Thomas, C. 1960, The Strategic of Conflict, Harvard University Press, (Edición castellana, La Estrategia del Conflicto, Madrid, Editorial Tecnos, 1964). Garfinkel, M. R & Skaperdas S, 2007, "Economics of Conflict: An Overview", Handbook of Defense Economics, Volume 2, Edited by Todd Sandler and Keith Hartley; Gambetta, Diego, 1993, The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection, Harvard College.

2 El concepto es ambiguo dado que las organizaciones rara vez discuten precios. Pero aquí se aplica en un doble sentido a organizaciones narcotraficantes brasileños, que a diferencia de México y Colombia no se conocen popularmente como carteles. Usamos "cartel" como una característica abreviada para describir organizaciones del narcotráfico con capacidad suficiente para mantener la confrontación contra el Estado.

4 El conflicto de Rio de Janeiro es de alcance metropolitano, mientras que México y Colombia es de orden nacional; ¿son estos casos comparables? Hay cuatro factores que indican que sí. En primer lugar, el conflicto del Río es comparable por su letalidad y destrucción. En segundo lugar, la violencia de los carteles de estado observada en Rio es muy anómala con respecto al resto de Brasil, pero semejante a Colombia y México. En Brasil, las políticas de seguridad se determinan casi en su totalidad por gobernadores estatales, no por presidentes ni alcaldes, lo que hace al estado de Río de Janeiro comparable con Brasil como un todo.

5 Fearon y Laitin (2007) encontraron que el 24% de conflictos violentos y el 17% de luchas separatistas en las guerras civiles terminaron en victoria militar, mientras que en el 23% de las mismas, las guerrillas ganaron autonomía después de luchar contra el estado.

6 Kalyvas (2006) ha sido el autor con mayor alcance en las investigaciones recientes sobre lógicas de violencia en las guerras civiles.

7 El campo de estudio que fundamenta este trabajo analiza lógicas adicionales de violencia contra el estado impulsadas entre cárteles como guerras territoriales: competencia por los mercados locales (Reuter 2009), y aquello que los mexicanos llaman "calentar la plaza", es decir, la violencia en un territorio rival destinado a atraer a las fuerzas del orden. La lista no es exhaustiva: la violencia "expresiva" o "irracional" juega un papel relevante, pero indica también el carácter sostenido del conflicto con el cartel del estado y la supervivencia; a veces la expansión de los carteles más violentos (como Los Zetas en México), sugiere que la violencia contra el estado es, ante todo, estratégica.

8 El contraste de estas relaciones ha sido progresivamente una desconfianza situada principalmente en las zonas de confrontación armada y corredores geográficos que permiten la comercialización y envíos de drogas. La desconfianza amenaza frecuentemente las relaciones mínimas dando lugar a la manipulación de la información por parte de quienes ejercen el control militar en los territorios. Es importante enfatizar que este factor de confianza en Colombia presenta sus diferencias cuando preguntamos sobre los espacios o lugares. Quienes llegan en viajes de turismo a Cartagena o no salen de las capitales de departamentos no pueden tener noción alguna de la desconfianza localizada.

9 Estrada, Fernando, "Guerra civil y contractualismo político incompleto", Revista Analítica Premium, Caracas, Venezuela, 04/09/2008; García, Villegas, Mauricio et. al., Jueces sin Estado, Fundación Konrad Adenauer y The John Merck Foundation, Bogotá, 2008. Este libro recoge testimonios y casos del ejercicio de la justicia en las zonas dominadas por agencias paraestatales. Una contribución de valor para reconocer la toma del Estado por medio de un recurso fundamental de los derechos: la justicia.

10 En otro enfoque las asimetrías de información conducen a enfrentamientos. También aquí la guerra resuelve el problema de negociación mediante una escalada definitiva.

11 Modelos dinámicos sobre 'costos' de la guerra (por ejemplo, Fearon, 2004; Powell, 2012) permiten observar incentivos, pero generalmente se asume que son mínimos para seguir en la guerra.

12 La corrupción es castigada como un mecanismo de influencia "ilícito", mientras que el clientelismo ha sido una práctica aceptada socialmente.

14 Algunos trabajos durante este período 1998 – 2004 se concentraron en aspectos estratégicos del conflicto armado y lógicas de la argumentación. Tales resultados identificaban estructuras discursivas del agente violento para justificar las acciones paraestatales. Instrumentos analíticos permitieran estudiar también las diferencias ideológicas y los procesos de mutuo aprendizaje entre guerrilleros y paramilitares. Un aspecto relativamente novedoso en la metodología empleada fueron las relaciones entre discurso, ideología y conflicto armado en Colombia. Véase especialmente: "La retórica del paramilitarismo", en Revista Análisis Político, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, vol. 44, pp. 39 – 57, 2001. El libro: Metáforas de una guerra perpetua, pragmática de la argumentación en el conflicto armado en Colombia, Fondo Editorial Universidad Eafit, Medellín, 2004, recoge buena parte de este período de investigación.

15 Como pocos autores, Thomas C. Schelling (1960), ha conseguido proponer originalmente una teoría de la estrategia que ha superado por su sencillez las complejas formulaciones en la teoría de juegos convencional (Newman/Nash). Recientemente Schelling ha subrayado las circunstancias de tiempo y lugar que originaron su modelo, véase: Jean-Paul Carvalh, "An interview with Thomas Schelling", Oxonomics 2 (2007) 1 – 8.El esquema gráfico que usamos es válido también (con ligeras diferencias) en Nozick, 1974 y Gambetta, 1993.

16 En novelas como Rosario Tijeras de Jorge Ramos, La virgen y los sicarios de Fernando Vallejo o la Vendedora de Rosas, llevada al cine por José Gaviria.

17 Las acciones violentas se codifican por tipos (por ejemplo, bombardeos o asesinatos). Una sola categoría, "choque", cubre situaciones en las que dos o más individuos intercambian con fuerza letal.

18 Las incursiones policiales son respuesta contra acciones violentas, que se alegan iniciadas por los carteles.

19 Unidades de Policía Pacificadora, Cano (2012) proporciona descripciones detalladas. 'UPP' se ha convertido en una sinécdoque de la estrategia de pacificación más grande, y, debido a su éxito, una "marca" para los programas sociales implementados en las favelas.

20 Un ensayo que evalúa en un contexto internacional el problema de las bandas emergentes: Hoffman, Michael H, "Emerging combatants, war crimes and the future of internationalhumanitarian law", Crime, Law & Social Change 34: 99–110, 2000. Las reflexiones se ocupan de la necesidad de diferenciar y reclasificar a los combatientes y las agrupaciones paraestatales, así como concebir los problemas derivados de categorías limitadas del derecho internacional humanitario,

21 Cubides, Fernando: Burocracias armadas, Bogotá, Norma, 2006. La insuficiente fuerza retórica que tuvieron los comandantes paramilitares (Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Jorge 40) para demostrar el programa ideológico fue compensada con los servicios prestados por algunos académicos argentinos y colombianos. Cubides ofrecía elementos relacionados con el análisis de este fenómeno.

22 León Valencia, Op. Cit.; Alejandro Reyes Posada, Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Editorial Norma, 2009.