TWO HYPOTHESIS ABOUT THE IMPACT OF SUBSIDIES TO IRRIGATION SYSTEMS OVER THE LAND CULTIVATION FORMS. THE CASE OF ALTO CHICAMOCHA (BOYACA, COLOMBIA)

DEUX HYPOTHÈSES DE L'EFFET DE L'APPLICATION DES AIDES AUX SYSTÈMES D'IRRIGATION SUR LA FORME D'EXPLOITATION AGRICOLE. LE CAS DU ALTO CHICAMOCHA (DÉPARTEMENT DU BOYACÁ, COLOMBIE)

DUAS HIPÓTESES SOBRE O EFEITO QUE TEM, NA FORMA DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA, APLICAR SUBSÍDIOS A SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO. O CASO DO ALTO CHICAMOCHA (BOYACÁ, COLÔMBIA)

^a M. Sc. Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Investigador Grupo Servipúblicos (COL 0093389). Dirección electrónica: bjcongoteo@udistrital.edu.co.

^b M. Sc. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (Tunja, Colombia). Profesor titular. Dirección electrónica: jags@jaimegarciasierra.com

Palabras clave: desarrollo rural, economía, intervención estatal, pobreza, reforma agraria, tecnocracia rural.

JEL: O, 01,018.

Keywords: Agrarian reform, economics, poverty, rural development, rural technocracy, state intervention.

JEL: O, 01, 018.

Résumé

JEL : O, 01, 018.

Palavras-chave: Desenvolvimento rural, economia, intervenção estatal, pobreza, reforma agrária, tecnocracia rural.

JEL: O, 01, 018.

Este artículo fue recibido el 13 de marzo de 2012, ajustado el 20 de julio de 2013 y su publicación aprobada el 5 de agosto de 2013.

El tamaño de las unidades de explotación agropecuaria afecta de forma directa las perspectivas del desarrollo agrario y, por tanto, del urbano. Las experiencias y propuestas teórico-prácticas conocidas en América Latina, mediante las denominadas reformas agrarias tienden a probar que la explotación minifundista en extensiones iguales o inferiores a cinco hectáreas constituye un obstáculo para producir a bajos costos sociales. Esta situación se agrava cuando, además, compite de manera asimétrica con explotaciones comerciales causando que, en el mediano plazo, los empresarios que explotan la tierra con algún grado de racionalidad se vean expulsados del campo. La estrategia solo ha contribuido a agravar el nivel promedio de pobreza rural (bajos ingresos, sobrepoblación, ignorancia, violencia y emigración expulsiva a las ciudades) y, por ende, la urbana (alimentos a altos precios, desempleo y violencia urbana).

Alrededor del debate se han consolidado dos escuelas: la defensora del esquema tradicionalista de la actividad agropecuaria y la que ampara un esquema modernista. La tradicionalista, autodenominada nueva ruralidad, se nutre de las instituciones internacionales creadas para elevar el nivel de desarrollo agropecuario sosteniendo la idea de que el campo es una especie de receptáculo pasivo de cierta pulsión bucólica de los habitantes urbanos del planeta. Estos teóricos, acomodados en ostentosas oficinas localizadas en las grandes ciudades, han prosperado vendiendo la idea de que el mejor sitio de los campesinos es el campo, sin que importe su nivel de ingreso real, empleo productivo, alfabetismo, sanidad, fecundidad y cultivo de aspiraciones de progreso individual y colectivo; y, ante todo, ignorando de manera consciente que las experiencias del Primer Mundo han probado por siglos la inconsistencia de sus planteamientos, dado que allí se facilitó que la población campesina sobrante por el desarrollo tecnológico emigrara a las ciudades y se convirtiera en semilla de centros urbanos que operan con patrones de mejor racionalidad económica. El artículo prueba que estos planteamientos son falsos.

La escuela modernista, por su parte, se ampara en planteamientos económicos clásicos que defienden la racionalidad de los modos de producción agropecuarios en función de sus costos sociales y su incidencia en las relaciones sociales de producción. De esta forma ha trabajado todavía sin éxito visible, procurando que América Latina comprenda las lecciones del Primer Mundo y que cada vez menos campesinos produzcan cada vez más alimentos a bajos costos sociales y alcancen, por tanto, mayores ingresos reales con una viable posibilidad de bienestar. De paso convirtiendo la emigración campo-ciudad, desde un fenómeno expulsivo destructor propio del modelo tradicionalista hacia uno atractivo constructor de relaciones armónicas entre campo-ciudad propio del modelo modernista. El artículo prueba que estos planteamientos son válidos.

El artículo expone los supuestos teóricos que inspiran a las hipótesis tradicionalista y modernista del desarrollo agrario. Contrastando ambos tipos de supuestos, demuestra en teoría las falacias implícitas y explícitas en la pretensión de mantener al campesino en el campo bajo la presunción, carente de todo sustento, de que la explotación minifundista agraria es compatible con el desarrollo socioeconómico.

Los supuestos teóricos se prueban de manera empírica tomando datos de un estudio de caso materia de tesis magistral sobre el séptimo distrito de riego más grande de Colombia, que antes de 1999 se caracterizaba por modos de explotación explotación minifundista. La información posee carácter secundario y se tomó de un trabajo investigativo magistral previo a este (Gómez, 2003) y de otro observado en el registro de Usuarios Campesinos del Distrito de Riego del Alto Chicamocha (Usochicamocha, 2010; García, 2011).

El contraste entre el planteamiento teórico y el empírico de caso, genera al final conclusiones y recomendaciones relacionadas con el modelo agrario recomendable para impulsar la explotación capitalista de zonas agrarias de tradición minifundista.

En el marco de la llamada nueva ruralidad, invertir recursos públicos en subsidiar sistemas de riego aplicados sobre modos de producción minifundistas o de minifundios repercute rompiendo dichos modos de producción hacia la prosperidad socioeconómica rural elevando ingresos y empleo.

"La economía de subsistencia... es incompatible con... la economía capitalista, tanto más con la de una socialista, esto es, con la división del trabajo y con las técnicas de producción modernas" (Contreras, 1971: 16, 17).

El error consistiría en dar por sentado que mediante la imposición de neorreformismos agrarios por arte de magia desaparecen las contradicciones vigentes en el modo de producción minifundista. Por ello, invertir ingentes recursos en subsidiar la infraestructura de riego para aumentar la producción en zonas de minifundio no disminuye los costos sociales relativamente altos de esta forma de explotación, pues como lo propone Contreras (1971: 12), "...la sociedad (bajo cualquier régimen político) no paga el desperdicio del tiempo de trabajo social implícito en todo producto producido [sic] durante un tiempo de trabajo (mayor que el) socialmente necesario".

Las reformas agrarias concentradas en aumentar per se la producción minifundista en primer lugar no han tenido en cuenta el desperdicio social que significa subemplear a los miembros de la unidad familiar campesina. Tampoco han tenido en cuenta los altos costos sociales relativos del producto excedente que solo de manera ocasional entra en el mercado a altos precios desmejorando la competitividad general de la economía. Y desconocerían que esta suma de errores solo invalida la utilidad de subsidiar técnicas agrarias como el riego, dado que

...la difusión prematura [frente al modo de producción vigente] de técnicas modernas en la agricultura [como ocurre con el riego], no siempre implica un excedente agropecuario creciente... Los modelos "dualísticos" del desarrollo... con sus supuestos irreales de que el sector agropecuario está homogéneamente atrasado y que el cambio técnico afecta a este sector [es decir, a todos los agricultores] a una tasa similar y constante en el tiempo, no toman en cuenta estas diferencias importantes [entre la eficiencia técnica y la económica]. (Sandilands, 1971: 35).

Los países latinoamericanos que impedimos la movilidad de factores entre campo y ciudad mediante fracasadas reformas agrarias seguimos atados a un patrón de sobrepoblación improductiva ligada al minifundio. Los planteamientos de la auto denominada escuela nueva ruralidad para Latinoamérica, avalados y patrocinados, entre otros, por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), constituyen un adecuado marco de referencia para develar el efecto negativo de esta política (Echeverry y Ribero, 2002; De Janvri y Fajardo, 1991; Llambi, 2004).

Echeverry y Ribero (2002) denuncian cierto grado de frustración regional derivada de las estrategias y paradigmas tradicionales afirmando que esa formulación está agotada y que, por tanto, resulta imperativo formular nuevos paradigmas. Afirman que parte significativa del agotamiento obedece a cierta "...confianza extrema en los esquemas de desarrollo soportados en el mercado..." (Echeverry y Ribero, 2002: 10, 11). Sin embargo, los hechos prueban que lo que está agotado es el diseño de políticas que, precisamente, carecen de diagnósticos y tratamientos apoyados en paradigmas económicos atenidos a las reglas del mercado.

De esta forma la nueva ruralidad amenazaría con aparecer como una reedición de viejos errores que han conducido a estas economías a mantenerse atadas a su atraso colonial (Ospina, 1987). Esos idealismos agraristas solo han permitido que una alta tecnocracia ruralista se mantenga muy bien pagada predicando la vigencia de viejos modelos fracasados inspirando políticas de subsidios campesinos cuyas cifras de pobreza de por sí deberían bastar para declarar su derrota.

El planteamiento neorruralista descansa en doce puntos (Echeverry y Ribero, 2002). La observación, por ejemplo, del punto seis, que propende a visibilizar el peso estratégico de lo rural, contradice lo que plantea el punto once, que invita a determinar la repercusión de los ingresos no rurales sobre los rurales. Son igualmente débiles el punto siete, que subraya lo rural como objeto de política ajeno a las otras dinámicas socioeconómica, el ocho, que busca incentivos para que "retorne la inversión a lo rural", y el nueve, orientado a "corregir asimetrías de modo que se puedan sumar las fuerzas del mercado con el logro de un desarrollo justo" (Echeverry y Ribero, 2002: 12, 13, 17).

A manera de ejemplo, incentivar el retorno de la inversión a lo rural carece de sustento al desconocer el desincentivo a la inversión que constituye la competencia perniciosa entre los modos de agricultura de subsistencia y la comercial capitalista. Resulta inútil pretender que la inversión neta regrese al campo mientras esta perversidad estructural no se rompa.

En cuanto a la única fortaleza detectada, correspondiente al punto 11, que subraya la importancia de evaluar la repercusión de los ingresos no rurales sobre las variables rurales, ciertamente la nueva ruralidad debería regirse por el criterio de que no se puede observar lo rural como un compartimento estancado de la dinámica socioeconómica. Pero ello le significaría desprenderse de atavismos ideológicos que hoy les impiden aceptar que las tensiones que mueven las economías urbana y rural solo pueden racionalizarse al compás de las reglas del mercado, reto que aparece lejano de las posibilidades tecnocráticas de esa escuela.

El punto de vista mayoritario [ha sido]... que la pobreza rural [es] el resultado de una baja productividad... que podría ser aliviada [mediante su] aumento... punto de vista que no era consistente con... el de la baja elasticidad ingreso y precio de la demanda por los productos agrícolas en general. (Currie, 1993: 227).

"Mi respuesta... fue tratar de crear empleos, por fuera del sector agrícola, para lo que yo consideraba era una superabundancia de trabajadores rurales...". (Currie, 1993: 228).

Otro fundamento de la nueva ruralidad se refiere al rescate de la denominada economía rural por los agraristas. Explicada como el estímulo a una peculiar competitividad social que tendría por misión replantear los términos de intercambio de los territorios rurales, prende las alarmas sobre las nuevas formas que toman ahora estos viejos errores analizados según los fundamentos económicos clásicos. El concepto competitividad desciende del tronco trazado por la competencia impidiendo crear o inventar algún tipo de competitividad social por fuera del mercado. En otras palabras: no se puede hablar de competitividad desconociendo la dinámica existente entre empleo eficiente de factores, producción a bajos costos sociales y precios competitivos con alta calidad productiva y mayor movilidad.

El artículo examina adelante de qué manera los términos de intercambio campo-ciudad están viciados no porque haya injusticia alguna entre ambos, sino porque las condiciones materiales en que compiten dentro del mercado acusan graves deficiencias estructurales. A estas se debe que los trabajadores urbanos resulten obligados a consumir productos agropecuarios a precios más altos que los que podrían pagar si el campo trabajara a escalas competitivas, distorsión que ha propiciado aumentos en la importación de bienes básicos que podrían abastecer el mercado local. También se debe a esas deficiencias que los desempleados o subempleados rurales no generen demanda efectiva por bienes no agrarios como calzado o vestuario; y si lo anterior no bastara, también explican que en lo rural no se remunere de forma adecuada el capital de riesgo que se resiste a coexistir con el minifundio. Esta combinación de factores, además, deja sin piso la otra pretensión neorruralista, casi alucinante, de incentivar el regreso de la inversión al campo sin romper estas trampas estructurales.

Si lo anterior no bastara, la presunta economía rural carente de sustento teórico traería consigo la profundización de modos de producción que dicen elevar la productividad cuando en verdad incentivan la oferta de mano de obra desempleada o subempleada en el campo, sin evaluar sus efectos de mayor pobreza y degradación rural por la presión a la baja sobre los precios que genera la sobreproducción irracional (Echeverry y Ribero, 2002; Contreras, 1971).

Neorruralismo y neorreformismo rurales

El neorruralismo se presenta como una escuela joven pero, al contrario, reproduce viejos y fracasados modelos plagados de neologismos. Destaca entre sus voceros el discurso de Kay, de quien se afirma ser "...una de las grandes figuras del artículo social sobre el cambio agrario en Latinoamérica y [que] su obra, siempre rigurosa e incisiva, constituye un referente ineludible en la literatura especializada" (Kay, 2007: 119).

Kay (2007) plantea, entre otros asuntos, la existencia de alguna contraposición entre los planteamientos del Banco Mundial (BM) y los del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), manifestando su abierta inclinación hacia estos últimos cuando afirma que

...En Brasil nunca se ha hecho una reforma agraria profunda, a diferencia de otros países de América Latina. La estrategia del MST pasa por la demanda de que el Estado expropie y entregue la tierra a los beneficiados a través [sic] de la reforma agraria. (Kay, 2007: 120).

Esta propuesta resulta contraevidente porque supone que el problema agrario regional consiste en la desposesión de tierra de parte de los campesinos, ignorando de manera voluntaria, primero, que el minifundio es propiedad de la familia campesina, y segundo, que conservar el modo de producción agrario minifundista induce a producir a altos costos sociales relativos profundizando el atraso rural¹.

En otro aparte, Kay (2007: 122) afirma que "...la liberación de mercados generó... un nuevo proceso de concentración de la propiedad... la pérdida de tierras de los sectores campesinos y el incremento de la migración". También ignora voluntariamente que esa supuesta pérdida de tierras a las que se abstiene de calificar como improductivas, al contrario, habría podido producir mejoras relativas en el uso del factor al presionar a la disminución de costos y de precios elevando el ingreso real total a los campesinos que no emigraron (Hissong, 1996).

El incremento de la migración campo-ciudad presionado por la movilidad en el uso del factor tierra ocasiona la elevación del ingreso real de los migrantes y de los no migrantes. Los primeros, al verse incorporados a la masa poblacional urbana, se benefician de ingresos urbanos más altos y de paso reciben subsidios estatales directos de los que carecían en el campo (salud, educación, transporte, etc.). Y los segundos, aunque sea produciendo y vendiendo lo mismo que antes, se reparten entre menos personas el mismo volumen de ingresos. Establecidas las anteriores premisas, gracias a Kay (2007) nos acercamos a la médula del neorreformismo agrario al plantear que

]]> El BM reconoce parcialmente que... [la apertura neoliberal] y esa política de agroexportación no creó los empleos suficientes y no estabilizó al campesinado; por el contrario, dinamizó a [sic] los sectores empresariales pero tuvo efectos en general muy negativos para los pequeños campesinos. (Kay, 2007: 122).

En verdad, habría sorprendido lo contrario. En el caso de Colombia, la apertura de mercados inducida durante los años noventa solo habría producido un reacomodamiento relativo en la movilidad de factores que se habría sumado al éxito de las iniciativas del profesor Currie (1968) y el plan de las Cuatro Estrategias de los años setenta. Lo que explicaría que hoy, en los albores del siglo xxi, todavía esté abierta en Colombia la disputa entre creencias, que no argumentos, acerca de si mantener el viejo modelo orientado a conservar el atraso rural manteniendo a la población desempleada en el campo o seguir impulsando una abierta movilidad de factores campo-ciudad que eleve el ingreso real².

Obedeciendo a los que Kay (2007) llama muy negativos resultados en este aspecto de la apropiación de tierras de parte del campesinado, habría surgido al respecto "...la necesidad de buscar [otros] modos y posibilidades de acceso al uso del recurso de la tierra..." (Kay, 2007: 122), lo que inclinaría la disputa hacia el reacomodamiento del viejo y fracasado modelo agrarista impulsado por la tecnocracia internacional, eso sí, evitando que se le impute su alta responsabilidad en el deterioro (Echeverry y Ribero, 2002).

Corroborando lo anterior, Kay (2007: 122) añade que las iniciativas reformistas del BM

...aluden al apoyo a los procesos de titulación de tierras, con la idea de que una vez que el pequeño productor (la mayoría de ellos sin títulos de propiedad previos sobre sus parcelas) reciba su escritura avalada por el Estado, podrá recurrir a los bancos en busca de crédito, podrá invertir, mejorar su productividad, ser más competitivo en el mercado y de ahí subir su nivel de vida. Pero, como bien se sabe, incluso en las zonas en las que se hicieron proyectos de titulación... nunca llegó esta segunda etapa de mayores créditos, mayor inversión y mejora en los estándares de vida.

El problema consiste en el errático enfoque que busca aumentar la posesión o propiedad de la tierra per se y no en la iniciativa de darles soporte financiero a esos poseedores o propietarios para fomentar la producción. Lo primero constituye un error de fondo; lo segundo, una mera formalidad. Si el flujo de fondos hacia el modo de producción premoderno campesino no ha sido el esperado, es una fortuna porque se les evita permanecer en el campo produciendo a bajos precios y endeudándose con el sector financiero, en cuyas manos quedarían las propiedades rurales. En la medida en que se siga asociando reformar el sector agrícola con subsidiar la consolidación del modo económico de atraso rural, la asignación de subsidios o de créditos en este formato solo agudiza el subdesarrollo general. Mucho más cuando balances como los que plantea este artículo indican que estos recursos solo producen frustraciones entre el propio campesinado y, peor, disminución en la remuneración relativa del empleo de factores productivos eficientes.

Lamentablemente esta suma de fracasos no ha generado crisis alguna entre la alta tecnocracia agrarista que los sigue inspirando. Tal vez por ello no ceja en su empeño en defender sus viejos errores, de modo que continúe calificando al neorruralismo como una que él llama nueva e imaginativa visión de la reforma agraria que tendría las potencialidades de aparecer

...capaz de integrar las sinergias de unas comunidades campesinas y unos pueblos indígenas que tienen toda una cultura de prácticas mucho más sostenibles del territorio que las grandes transnacionales... que destruyen... los recursos naturales y que bien poco es lo que aportan desde el punto de vista del desarrollo local. (Kay, 2007: 123).

Hipótesis básica

Invertir recursos públicos en subsidiar sistemas de riego aplicados sobre modos de producción minifundistas no rompe dichos modos de producción, sino que los empeora consolidando un modo de explotación agropecuaria que riñe con los criterios de explotación racional del recurso rural y, de paso, con los del empleo racional de la fuerza de trabajo campesina.

Conceptualización económica del minifundio

En Colombia los antecedentes coloniales del modo de producción agrario generaron un modelo en el que coexisten de manera destructiva un modo de producción de autosubsistencia —el minifundio— y otro capitalista o comercial (Bushnell, 2000; Guillen, 1996; Ospina, 1987). El modo minifundista se puede caracterizar, entre otros, por los siguientes elementos socioeconómicos que se demuestran subsistiendo en el caso del Alto Chicamocha:

1) Está constituido por una unidad de propiedad familiar.

2) La fuerza de trabajo de dicha unidad son los miembros de la familia.

]]> 3) En esa unidad de propiedad las bases productivas se caracterizan más como recursos que como factores que producen conductas depredadoras del ecosistema (Congote, 2011).

4) Su objetivo de producción no es el intercambio sino la subsistencia, de modo que su ocasional excedente se destina al intercambio.

5) Las condiciones de vida de la unidad familiar circundan la línea de pobreza extrema y, por tanto, generan calidad de vida infrahumana y vuelven utópica toda posibilidad de asociación o cooperativización (Contreras, 1971)

.

Este diagnóstico es coherente con el de Marx (1971) cuando, observando el estado de los campesinos parcelarios en Francia, subrayó como sus características las siguientes:

1) Son grupos aislados de personas.

2) Su aislamiento crea un ambiente de incomunicación.

3) Su comportamiento cultural resulta, por tanto, localista y desafecto a toda posibilidad de relación comunitaria.

4) No existe en la unidad parcelaria división del trabajo.

5) No es posible aplicarle a dicha unidad alguna escala racional de tecnología.

]]> 6) El intercambio de la unidad agraria se produce ante todo con la naturaleza antes que con el resto de la sociedad (Contreras, 1971; Marx, 1971).

La observación comparada de ambos fenómenos nos permite proponer aquí otra de las razones por las cuales Marx (1971) construyó su reflexión política de que a partir de la parcela

...se forma la gran masa... por la simple suma de unidades del mismo nombre, al modo como, por ejemplo, las patatas de un saco forman un saco de patatas. Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una articulación puramente local... la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política; no forman una clase. (Contreras, 1971: 9).

Minifundismo y correlación campo-ciudad

Si admitimos la necesidad de cambios estructurales..., tales como aquellos que han caracterizado la historia económica de... las naciones avanzadas, tenemos... que aspirar a promover la migración rural urbana de mano de obra. La cuestión es si vamos a depender del mecanismo de "repulsión" o [del] de "atracción". (Sandilands, 1971: 36).

"...el factor más importante para explicar las diferencias en los ingresos... es la falta de movilidad de los factores de producción". (Currie, 1968: 195).

El modo de producción minifundista afecta las relaciones sociales de producción generando consecuencias no solo en lo rural, sino a escalas suburbana y urbana. Si bien los neorruralistas afirman que no existe relación alguna o que, en el mejor de los casos, la población urbana conviene que se incline por cierta bucólica conservación del statu quo rural (Kay, 2007), puede demostrarse que, al contrario, sí existe esa relación y que, peor, en Colombia genera altos costos sociales relativos en la producción agropecuaria socavando las posibilidades de desarrollo urbano.

El hecho de que el minifundista utilice de forma precaria la tierra disponible, que el tamaño de su explotación, agravado en ocasiones por accidentada fisiografía, le impida emplear recursos tecnológicos eficaces y que más personas de las necesarias intervengan en generar un bajo volumen de producción cuyo excedente se destina de cuando en cuando al intercambio, explica los altos costos relativos y el precio, resultando inútiles todos los esfuerzos por subsidiar la inversión de recursos en tecnologías de riego.

1) Que el bajo ingreso per capita campesino obligue a su mejor fuerza de trabajo, los jóvenes, a emigrar a la ciudad, tipificando un dañino mecanismo de expulsión (Sandilands, 1971; García, 2011).

2) Que al resultar expulsada, esa fuerza de trabajo aumente la oferta laboral urbana de manera irracional de modo que, al no verse demandada en el corto o el mediano plazo, sea forzada a retornar al campo (mecanismo de contraexpulsión urbana) o, si se permanece, a seguir uno de dos caminos: engrosar los llamados cinturones de miseria urbanos, lo cual aumenta las altas tasas de informalidad, o aumentar la delincuencia urbana (Sánchez y Álvarez, 2011).

3) Que siendo tan precaria la calidad de vida minifundista, la evolución urbana colombiana marcada por cinturones de emigrados configura la paradoja de que a pesar de sus condiciones de marginalidad o informalidad, esta situación sea mejor que la que ofrecía su estadio previo de abandono y miseria en el campo.

4) Que en el corto plazo la emigración expulsada genera un aumento en el ingreso real per capita de los campesinos que permanecen en su zona. Sin embargo, ese beneficio tiende a diluirse por dos razones: porque las condiciones de marginalidad rural se acompañan de una tasa de natalidad incontrolada que termina sustituyendo el volumen de emigrados en un juego de suma cero, o porque se mantiene presionado hacia abajo el ingreso promedio a causa del regreso de quienes fueron expulsados (Contreras, 1971).

5) Y que, a su vez, mientras los campesinos minifundistas solo pueden seguir produciendo a costos sociales altos, la dinámica del mercado urbano tiende a presionar por adquirir esos productos baratos, lo que impulsa las importaciones, dado que "...la sociedad no paga el desperdicio del tiempo de trabajo social implícito en todo producto producido [sic] en un tiempo de trabajo mayor que el socialmente necesario" (Contreras, 1971: 12). Se genera de esta forma una competencia externa que profundiza la crisis estructural del minifundio.

Acerca de estos círculos viciosos en la dinámica campo-ciudad, los tecnócratas de la nueva ruralidad maquillan esta situación empleando eufemismos que solo contribuyen a enrarecer el diagnóstico y las soluciones. El precitado Kay (2007: 123), por ejemplo, se limita a afirmar que

]]> ...si uno plantea la reforma (agraria conservadora del status [sic] quo del campo) en... sentido más amplio, es que también la población urbana puede —y debe— formar parte y sentirse implicada... es importante... que la población urbana apoye este tipo de medidas por razones de la manutención del paisaje y de una cierta cultura rural que beneficia a toda la población.

La hipótesis tradicional de la escuela neorruralista adolecería crasamente de una percepción racional de las conexiones entre los sectores productivos rural y urbano. Puesto que el campo provee a la ciudad no solo de materias primas, mano de obra y bienes básicos consumibles por el resto de la población, es forzoso aceptar que

...el progreso agropecuario [es] generalmente un prerrequisito para el desarrollo industrial... una de las precondiciones más importantes para la expansión industrial es lograr una tasa de crecimiento de la productividad agrícola que supere la tasa concurrente de crecimiento de la demanda de alimentos. (Sandilands, 1971: 25).

Al garantizarse la supervivencia de la economía agraria minifundista de subsistencia, ella obstaculiza el desarrollo de los sectores urbanos y, a manera de efecto bumerán, detiene el progreso de la economía agraria eficiente y eficaz. El campesino minifundista solo observa de cuando en cuando el precio de mercado, que actúa más sobre patrones subjetivos como el hambre, la enfermedad, el cansancio o la ignorancia como las fuerzas que lo llevan a decidir si aumenta o disminuye su producción. Este comportamiento no es propio del agricultor eficiente, a quien le pesan tanto el precio como el costo de oportunidad del empleo de factores.

Además, la competencia inequitativa entre la irracionalidad minifundista y la racionalidad capitalista en el campo no solo arruina al campesino minifundista, sino que expulsa al agricultor eficiente. Por ello, este tipo de cultivos tiende a quedar cada vez más en manos de la masa autosubsistente, irracional, contracíclica y costosa, cerrando más un círculo vicioso cuya recuperación es cada vez más difícil, sobre todo porque esa masa termina alimentando la oferta de mano de obra para todo tipo de delincuencia (García, 2011).

Arruinado el minifundista por la proliferación de más minifundios y eliminado el agricultor eficiente por la baja rentabilidad del capital, cualquier intento intervencionista —como el riego o subsidios a la exportación, como también se ha hecho en el Alto Chicamocha—, mediante proyectos que suelen beneficiar a los protegidos del clientelismo político local, también contribuye a que el experimento fracase.

Como se ha probado arriba, esta suma de argumentos suelen ser ignorados voluntariamente por la tecnocracia agrarista. Por una parte, porque afirman que cierta conversión de los campesinos en "proletarios disfrazados" fuera producto del boom alimentario de los años 80 y no de deficiencias estructurales de ese modo de producción desde el mediano siglo XX, particularmente en Colombia (Kay, 1994: 32,33). Y por otra, porque sigue emitiendo proposiciones sin sustento teórico ni empírico alguno traducidas en diatribas contra capitalistas agrarios que disfrutarían de "...ganancias enormes y ventajas competitivas..." que podrían pagarles "...salarios justos [y garantizarles] condiciones de trabajo, condiciones sociales... a los trabajadores rurales" (Kay, 2007: 132. Véase también: Izquierdo, 1993; Lloveras, 2008; Pearse, 1979).

Ello solo demuestra que sus expositores ignoran voluntariamente las elasticidades ingreso y precio de la demanda por productos agrícolas, según las cuales el consumo de bienes agrícolas no aumenta por el solo hecho de que incremente la producción de estos incluso generándose bajas en los precios o elevación en los ingresos, pues ningún consumidor compra alimentos más allá de los límites que trazan su cuerpo o su capacidad material de almacenar alimentos en buen estado. Tanto así que en el caso hipotético de que la elasticidad "...fuese ligeramente mayor que la unidad, tendríamos que recurrir a fuentes extremas... de aumento generalizado de la productividad" (Currie, 1968: 193) que, además, les dieran salida a la sobreproducción mediante estrategias de exportación que lograran evacuar este riesgo situándola en otros mercados.

Lo anterior explica por qué la promoción del riego agrícola per se carece de una concepción correcta acerca del funcionamiento armónico-caótico de las variables económicas implícitas en la correlación oferta-demanda de alimentos, resultando por ello víctima de la falacia produccionista (Congote, 2013). A medida que un riego tecnificado de zonas minifundistas puede contribuir a aumentar la producción, genera disminución de precios y de los ingresos nominal o real de los productores, desbaratando sus expectativas de mejora socioeconómica y profundizando así el nivel promedio de pobreza (Contreras, 1971; Sandilands, 1971; Congote, 1976; García, 2011).

Pero si como ocurría en el Alto Chicamocha antes del proyecto de riego, existe una combinación de explotación capitalista de la tierra en extensiones amplias tecnológicamente aptas y zonas de explotación minifundista de minifundios, la falacia produccionista ocasiona peores consecuencias. Tal como lo prueba el artículo, la elevación de la producción condujo a que solo algunos capitalistas terminaran salvándose de la crisis comprándoles tierra a frustrados minifundistas o a que desapareciera la explotación comercial de la zona (Contreras, 1971; García, 2011, Gómez, 2003).

Siguiendo el tradicional neorruralismo, las recomendaciones de política características de los organismos internacionales que operan en América Latina suelen incurrir en erráticos diagnósticos que suponen que el problema agrario regional es de tenencia e inclusive de propiedad de tierra y no de demanda, de títulos y no de ingresos, de tecnología y no de movilidad de factores, de producción y no de altos costos sociales relativos (Ibáñez, 2013; Leibovich, 2013, 2010). En este sentido, no cabrían dudas graves acerca de que "El gobierno de los Estados Unidos y sus tecnócratas[,] al recetarnos lo que nunca hubieran pensado auto recetarse [sic], están soñando con una Colombia (inexistente) matando lo que más quieren; «wishfull thinking» se llama esta figura". (Contreras, 1971: 24). Si los Estados Unidos

...hubieran adoptado (estas políticas recetadas para América Latina) en una etapa similar de su desarrollo, no habrían podido llegar a experimentar que la proporción de población rural dedicada a la agricultura allí por los años sesenta fuera de apenas un 6 % y un 11 % para Canadá. (Sandilands, 1971: 33, 37).

En cuanto a la propia Europa, el mismo autor demuestra que el desarrollo económico en aquellas naciones cuando estuvieron enfrentadas a condiciones similares a las latinoamericanas las condujo a reordenar la proporción poblacional agraria de modo que

]]> ...a medida en que la eficiencia técnica (agropecuaria) avanzó, la proporción de la fuerza laboral requerida disminuyó dramáticamente... aproximadamente al 13 % en Nueva Zelanda, 15 % en Dinamarca... y 4 % en la Gran Bretaña, mientras el promedio para toda Sur América [sic] es del 46 %. (Sandilands, 1971: 32, 33).

La paradoja consiste en que pasados casi sesenta años, mientras algunos países latinoamericanos disminuyen de población rural (por factores de empobrecimiento), una muestra de países observados entre los años sesenta del siglo xx y la primera década del xxi en el Primer Mundo señala lo que podría llamarse una reconversión hacia lo rural producto de la prosperidad. En efecto, cada uno de los seis países observados registra aumento en la proporción entre población rural/total, oscilando entre aumentos del 10 % (Nueva Zelanda), del 220 % (Estados Unidos) y del 180 % en la Gran Bretaña (a excepción de Dinamarca). El fenómeno reflejaría la combinación entre menor población dedicada a las tareas agrarias puras y mayor población urbana que regresó a poblar zonas suburbanas, entre otras, por razones ambientales (polución urbana), tributarias (altos impuestos urbanos) o productivas (nuevos núcleos productivos suburbanos) (Cuadro 1).

Panorama actual

La crítica modernista que propone este artículo a las propuestas tradicionales agraristas busca demostrar la importancia de que el desarrollo estructural haya estado y siga estando condicionado por la disminución de la población relativa ocupada en producir alimentos. Para el efecto, se presenta un paralelo entre el panorama de los años sesenta y el del año 2000, con fundamento en datos tomados de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) (FAO, 2011).

Para los años sesenta se tenía como evidencia que los países desarrollados ocupaban ya una baja tasa relativa de población económicamente activa (PEA) en la producción agrícola, que oscilaba entre un 4 % (Gran Bretaña) y un 18 % (Francia). En forma similar, Argentina, con su tradición agropecuaria que data del siglo xix, en dicho período todavía mostraba comportamientos semejantes empleando, lo mismo que Francia, el 18 % de su PEA en producción agrícola. El panorama de Colombia contrasta porque en tal decenio, el 47 % de la PEA estaba en la agricultura en condiciones de empleo disfrazado o subempleo abierto.

Observando las mismas variables en el año 2000, la situación más crítica de la misma muestra la presentan, en su orden, Colombia y Nueva Zelanda. Mientras la proporción de la población agrícola colombiana disminuyó un 50 %, también el área cultivable se redujo (44 %) (Congote, 1976). Nueva Zelanda, por su parte, muestra que mientras el indicador poblacional rural aumentó un 10 %, la tierra cultivable se redujo en un 19 %. El precario balance colombiano habría podido ser otro si, continuando las políticas del denominado Plan de las Cuatro Estrategias ejecutado por el gobierno de Pastrana entre 1970 y 1974, se hubiera mantenido dinámica la emigración campo-ciudad por atracción, disminuyendo la proporción fuerza de trabajo-área explotable mediante estrategias de absorción racional de esa fuerza no calificada en sectores urbanos como la industria de la construcción o suburbanos como obras y servicios públicos.

Pero el artículo prueba que se ha seguido estimulando la producción agraria con altos costos sociales relativos profundizando el minifundio mediante los subsidios al riego, por ejemplo, indicando que Colombia sigue en contravía con la tendencia de los países más avanzados, incluso los latinoamericanos. Con el agravante de que se ha acrecentado la expulsión violenta de campesinos engendrándose en las ciudades un efecto nocivo en el empleo por las elevadas tasas de informalidad que se aprecian en los estudios más serios y, de paso, por la profundización de la violencia política (insurgente, militar y paramilitar). En efecto, durante la primera década del siglo actual se han registrado graves aumentos en la informalidad urbana entre la población de baja educación (primaria y bachillerato) y, al tiempo, por la expulsión campesina causada por una guerra civil que hasta hace muy poco ni se reconocía ni se declaraba. (Congote, 1976, 2011; Sánchez y Álvarez, 2011; Reyes, 2009).

El caso de Argentina contrasta con el colombiano mostrando que la recomposición demográfico-productiva es viable en Latinoamérica. En el mismo lapso observado para Colombia, mientras la población campesina argentina se redujo en un 40 %, el área cultivable solo disminuyó un 4 %, lo que contrasta con las dos disminuciones paralelas sufridas por Colombia en población y área cultivable. Este paralelo muestra otra de las razones por las cuales la violencia campesina colombiana no tiene comparación con alguna otra de la subregión, fenómeno advertido ya en los años sesenta (Currie, 1968; Congote, 2011) (Cuadro 2).

Al respecto, cabe añadir que

...en estas condiciones no se pueden desarrollar a plenitud la empresa capitalista ni el capitalismo como un todo [sic]... [razón por la cual] nuestros arrestos socializantes se [parecen] a una "Filosofía de la miseria" sin esperanzas de merecer siquiera los honores de la "Miseria de la Filosofía". (Contreras, 1971: 25).

Presentación. Metodología

El estudio de caso que presenta el artículo permite validar-falsear sus dos hipótesis complementando la crítica teórica preliminar. Para el efecto emplea como marco metodológico la observación del efecto macrosectorial que tuvo la asignación de subsidios para crear un sistema de riego en la zona denominada Alto Chicamocha (Boyacá, Colombia), la séptima entre las ocho más importantes de Colombia. El caso generó series cortadas de datos secundarios: la primera examina la situación sin proyecto antes de 1999; la segunda, al año 2001, ya con proyecto, y la tercera, al año 2010.

Así las cosas, el estudio de caso no utiliza información primaria a causa de las restricciones de orden económico y cronológico que debió afrontar la tesis magistral fuente del artículo. Esta es una de las razones por las cuales tanto el análisis como las conclusiones y recomendaciones del artículo tienen carácter preliminar.

El modelo de estimación del efecto se esquematiza en el Anexo.

Una tarea de aplicación de subsidios a sistemas de riego relacionada con la formulación de la Ley 135 de 1961, o de reforma agraria, hizo que el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT) de Colombia asumiera la misión de administrar los sistemas de riego en el país (INAT, 2000). El espectro nacional del sistema muestra que, a excepción de Antioquia, Cauca, Nariño y los departamentos del oriente de Colombia, todas las demás regiones tienen distritos de riego activos que se estiman en más de cincuenta y uno. La región del Alto Chicamocha es el séptimo proyecto colombiano más grande, el total de cuyo agregado significa el 69 % del área total sujeta a riego (Cuadro 3).

La construcción del Distrito de Riego del Alto Chicamocha, tal como la de sus otros pares, buscaba mejorar el sector agropecuario de las regiones objetivo modernizándoles la infraestructura. Las veredas del pantano de Vargas, Holanda, Surba, Ayalas, Las Vueltas, Cuche, San Rafael, Duitama, Tibasosa, Ministerio, Monquirá y Nobsa, que conforman la región del Alto Chicamocha, estaban ocupadas por familias que derivaban su sustento de la producción de cultivos transitorios y pastos con una gran tendencia al autoconsumo, propio del minifundio, acompañada de indicadores sociales próximos a la línea de pobreza. La puesta en funcionamiento del Distrito de Riego en 1999 habría generado expectativas significativas sobre la hipótesis de que los ingentes recursos asignados impulsarían el desarrollo zonal gracias al supuesto tradicional de que este dependía de la disponibilidad de un recurso permanente como el agua eliminando las restricciones estacionales del suministro (Departamento de Boyacá, 1997)⁴.

Las fincas observadas en los cortes 2001 y 2010 se clasificaron en subgrupos de fincas tipo. El primero, propiamente minifundista, con áreas explotadas de hasta 3,5/4 hectáreas (ha), y el segundo, el capitalista con áreas superiores.

Las observaciones de 2001 tuvieron la virtud de mostrar, además de los datos del corte, los de la misma zona sin proyecto de riego, esto es, antes de 1999, lo que permite generar un trípode probatorio de este tipo (Gómez, 2003):

La estimación observada en el lapso "sin proyecto" reveló, entre otros fenómenos, que:

1) En el subgrupo de minifundios:

a) El 92 % de las fincas zonales estaba en el rango de explotaciones inferiores a 3,5 ha aprovechables.

b) El número de predios ascendía a 2.856 unidades.

c) El tamaño aprovechable por finca en este subgrupo ascendía a menos de una hectárea (0,84) (promedio ponderado).

2) En el subgrupo de comerciales:

]]> a) Un 82 % se encontraba en el rango de entre 7,0 y 13 ha aprovechables.

b) Existían 245 unidades de explotación que, en promedio ponderado, explotaban espacios unitarios de hasta 13,84 ha.

c) Un tres por ciento (3 %) estaba en el rango entre 29 y 62 ha con 43 unidades que explotaban espacios unitarios de hasta 35 ha (promedio simple).

La primera estimación de impacto con proyecto deja entrever, entre otros datos, que:

1) En el subgrupo de minifundios:

a) Se incrementó el límite del área aprovechable en un 6,9 %, que pasó de hasta 3,5 ha a 3,74 ha en promedio: ]]> impacto => aumento mínimo en el área aprovechable

b) El número de predios por debajo del límite (3,74 ha) pasó de 3.440 unidades a 2.856 existentes sin proyecto, equivalente a un incremento del 20 %.

c) impacto => aumenta el número de fincas minifundistas

d) El tamaño promedio explotado por finca subió de 0,84 a 0,96 ha

e) impacto => aumento mínimo en el área aprovechable

2) En el subgrupo de comerciales

a) El porcentaje de predios que explotaban espacios entre 6,94 y 11,44 ha subió del 83 % al 95 %.

b) impacto => aumentó el rango más bajo de área explotada por fincas comerciales

c) El número de unidades comerciales subió de 245 a 269 (+10 %).

d) impacto => aumento en número de fincas comerciales contrastado por el incremento en el rango más bajo de área explotada

]]> e) El área explotada promedio bajó de 13,84 sin proyecto a 9,45 ha con proyecto (–32 %).

f) impacto => disminuye área promedio explotada

g) Las 43 fincas que estaban en el rango superior (entre 29 y 62 ha) sin proyecto se redujeron a dos con proyecto que explotan entre 57 y 117 ha.

h) impacto => disminuye el número de fincas comerciales

3) Balance de impactos observados (Cuadro 6).

El artículo expone su propia observación del problema apoyado en el análisis del Registro Zonal de Usuarios del Distrito de Riego ajustado al año 2010. La base de datos depurada trabajó la totalidad de las 4.892 unidades agropecuarias que aparecen en el citado registro oficial. Esta fuente es la misma utilizada por Gómez (2003) para sus datos de 2001 (Cuadro 7).

a) El área límite aprovechable pasó de 3,5 a 3,74 ha en promedio (+7 %); impacto => ninguno

b) El número de predios por debajo del límite de 3,74 ha pasó de 4.643 a 2.856 sin proyecto (+63 %).

c) impacto => se consolida el aumento del número de unidades minifundistas

d) El tamaño promedio explotado por finca subió de 0,84 a 1,06 ha (+10,4 %).

e) impacto => aumento mínimo en el área promedio cultivada

a) Bajaron 1 % los predios que explotan espacios entre 6,94 y 11,44 ha, de 95 % a 94 %;

b) impacto => ninguno

]]> c) El número de unidades subió de 245 (1999) a 249 (2010) (+1,6 %).

d) impacto => ninguno

e) El área explotada promedio cayó de 13,8 (1999) a 8,8 ha (2010) (–36 %).

f) impacto => disminuye área promedio comercial

g) Las siete fincas que estaban en el rango superior (por encima de 62 ha) en 1999 desaparecieron en 2010.

h) impacto => desaparecen las fincas del rango comercial superior

De acuerdo con los impactos relacionados, es posible construir un comparado bruto del impacto del proyecto combinando datos sobre tres períodos:

1) 1999 (sin proyecto).

2) 2001 (primera observación con proyecto).

]]> 3) 2010 (segunda observación con proyecto) (Cuadro 8).

Estos datos, entre otros, indican que:

1) En el subgrupo de minifundios

a) Antes de 1999 y en 2010, este número de fincas creció un 63 %.

impacto = aumenta número de fincas minifundistas

b) Entre 2001 y 2010 este número de fincas creció un 35 %.

]]> c) impacto = aumenta número de fincas minifundistas

2) En el subgrupo de comerciales:

a) Entre 1999 y 2010 este número de fincas se mantuvo estable aumentando un 2 %.

b) impacto = neutro

c) Entre 2001 y 2010 este número de fincas disminuyó un 7 % (0,93).

d) impacto = disminuye número de fincas comerciales

3) Impacto observado sobre todas las fincas zonales observadas (minifundios + comerciales):

a) Entre 1999 y 2010 los minifundios crecieron un 58 %.

b) impacto = aumenta número de fincas minifundistas

c) Entre 2001 y 2010 las fincas minifundistas crecieron un 32 %.

]]> d) impacto = aumenta número de fincas minifundistas

4) Balance de impactos observados entre 1999 y 2010 (Cuadro 9).

El concepto cifras extremas constituye una especie de prueba ácida del modelo de impacto porque compara la evolución zonal restringida a las fincas de área explotada mínima (menores de 0,4 ha) con la evolución de fincas de área explotada máxima (superiores a 62 ha) (Cuadro 10).

El modelo permite apreciar, entre otros aspectos, que:

1) Sobre minifundios extremos:

]]> El número se multiplicó por un factor de 1,35 entre 1999 y 2010.

a) impacto = entre 1999 y 2001 aumentó un 35 % el número de fincas minifundistas

El número se multiplicó por un factor de 1,22 entre 2001 y 2010.

b) impacto = entre 2001 y 2010 el número de fincas minifundistas aumentó un 22 %

2) Sobre explotaciones comerciales extremas:

Entre 1999 y 2010 este número de fincas disminuyó radicalmente [Indicador cero (0)].

a) impacto = desapareció la explotación comercial de áreas máximas en la zona del proyecto de riego comparando el corte sin proyecto con el corte con proyecto

Entre 2001 y 2010 la estimación es idéntica [Indicador cero (0)].

b) impacto = desapareció la explotación comercial de áreas máximas entre los cortes con proyecto

3) Balance de impactos extremos (Cuadro 11).

Resultados del modelo de impactos macrosectoriales (Cuadro 12)

1) Las estimaciones de impacto entre 1999 y 2010 muestran que desde la aplicación de subsidios de riego al proyecto Alto Chicamocha disminuyó el área unitaria comercial explotada.

2) Las estimaciones de impacto comparadas 1999-2001-2010 indican aumento en el número de minifundios y disminución de explotaciones comerciales, incluso la desaparición de explotaciones de áreas superiores a 57,4 ha.

3) Las estimaciones de impacto comparadas 1999-2001-2010 sobre observaciones extremas también indican que aumenta el minifundio y disminuye la agricultura comercial.

4) El modelo de impacto indica que a escala macrosectorial el proyecto de riego habría impactado, primero, aumentando el número de fincas minifundistas y, segundo, disminuyendo el número de fincas comerciales.

]]> 5) En consonancia, aceptando los argumentos probatorios de la hipótesis modernista del artículo, el proyecto de riego observado con un punto de vista macrosectorial habría impactado de forma negativa el modo de explotación agropecuaria zonal reconcentrando la explotación de autosubsistencia e induciendo a la desaparición de la explotación comercial de la tierra en la zona del Alto Chicamocha.

El artículo concluye solo de manera preliminar y convendría que estas conclusiones fueran probadas con mayor robustez levantando datos primarios in situ. Ello no le quita peso, sin embargo, a la consistencia de los datos secundarios, que tomados de dos fuentes distintas en dos cortes cronológicos diferentes, permiten hablar con algún grado de certeza acerca de las estimaciones de impacto observadas.

Conclusiones relacionadas con el test de hipótesis

La hipótesis de la escuela tradicional neorruralista, que señala que en el marco de la llamada nueva ruralidad, invertir recursos públicos en subsidiar sistemas de riego aplicados sobre modos de producción minifundistas o de minifundios impacta rompiendo dichos modos de producción hacia la prosperidad socioeconómica rural elevando ingresos y empleo.

Ha sido falseada preliminarmente por la estimación de impactos macrosectoriales, validando preliminarmente, por contrapartida, la hipótesis de la escuela modernista, que sostiene que Invertir recursos públicos en subsidiar sistemas de riego aplicados sobre modos de producción minifundistas no impacta rompiendo dichos modos de producción, sino que los profundiza consolidando un modo de explotación agropecuaria que riñe con los parámetros de explotación racional del recurso rural y, de paso, con los del empleo racional de la fuerza de trabajo campesina.

Sustentación final

1) Los datos que analiza el artículo permiten inferir de manera preliminar que el proyecto de riego aplicado en la zona de Alto Chicamocha habría profundizado la explotación agropecuaria hacia el minifundio.

]]> 2) El proyecto de riego habría impactado la zona profundizando la explotación minifundista comprimiendo a esta escala casi toda la explotación comercial preexistente.

3) Sobre la base de que esta profundización minifundista va en contravía de los procesos de desarrollo armónico campo-ciudad exitosos en Europa, Norteamérica y algunos países de Suramérica, no podría defenderse con los datos expuestos que el proyecto de riego zonal del Alto Chicamocha haya contribuido a modificar la forma minifundista de explotación agropecuaria vigente antes de su entrada en operación en 1999.

4) Contrariamente a los supuestos preestablecidos bajo el modelo general de difusión del riego agrícola como propulsor de desarrollo zonal, los ingentes recursos invertidos en el caso observado, estimados en 40.000 millones de pesos del año 1999, solo habrían contribuido a profundizar el modo de explotación minifundista zonal.

El artículo recomienda de manera preliminar que no es necesario invertir enormes y a la vez escasos recursos públicos, por ejemplo, en sistemas de riego, para generar dinámicas transformadoras en los modos de producción agrícolas en zonas donde predominen modos de producción minifundistas.

Los círculos viciosos rurales podrían romperse articulando estrategias modernas de este tipo:

1) Romper la competencia perversa entre campesinado minifundista y comercial incentivando la explotación agraria comercial, disminuyendo la oferta de mano de obra minifundista y elevando, en paralelo y por atracción, demanda de este tipo de factor hacia la explotación comercial agrícola.

2) Liberar por atracción porciones importantes de mano de obra subempleada en el campo, inducidas a satisfacer demandas sectoriales urbanas en sectores líderes como la industria de la construcción u servicios. De ello hay pruebas fehacientes en el artículo que muestran el efecto del modelo del Plan de las Cuatro Estrategias (1970-1974) comparando demográfica y productivamente los años sesenta y la primera década del siglo xxi en Colombia.

3) La disminución relativa y masiva de altos costos sociales en el campo genera incentivos para que la explotación comercial capitalista rural tenga mayor densidad y competitividad elevando, al tiempo, el ingreso nominal de los campesinos que no han emigrado.

]]> 4) La mayor densidad y competitividad agraria capitalista, al inducir aumentos significativos en la productividad rural sujetos a la inelasticidad del precio de la demanda interna, hallarían en la promoción de exportaciones agrícolas un desfogue que evitaría el riesgo de sobreproducción sobre un mercado local limitado y, al tiempo, mediante importaciones subsanaría la demanda interna por otros bienes agropecuarios relativamente más baratos contribuyendo por ambas vías a elevar el ingreso real de toda la población potenciando la propensión marginal al ahorro.

5) Menos fuerza de trabajo que explote mayores extensiones rurales, por un lado, y más fuerza de trabajo que aumente la oferta urbana beneficiada con empleo remunerado, por el otro, significaría que mejores ingresos reales y nominales pueden generar demanda efectiva neta por productos y servicios sectoriales urbanos (inclusive importados) y bienes y servicios rurales (educación, salud), flujos de cuyos efectos en otras naciones el artículo ofrece algún respaldo empírico.

6) Mayor presión de demanda sobre sectores líderes como la industria de la construcción o los servicios hotelero, turístico, bienes y servicios exportables y conexos podría generar presiones saludables por recursos financieros para equilibrar la demanda con una oferta correspondiente de fuerza de trabajo mediante mayor empleo remunerado.

7) Estos recursos financieros se captarían regenerando incentivos hacia el ahorro privado real garantizando su valor constante (lo que no ocurre hoy) sobre la base de los bienes, que facilita producir ese ahorro (vivienda, servicios, tecnología, exportaciones y conexos); por un lado, elevan su precio por presión de demanda efectiva y, por el otro, conservan creciente valorización.

8) La ya sensible presión externa para invertir en zonas de explotación minera generaría equilibrios demanda-oferta de mano de obra de baja calificación atraída desde el sector agropecuario, al tiempo que esos ingresos netos elevarían el ingreso real promedio y generarían demanda efectiva neta por bienes y servicios en otros sectores, modificando el modelo minero desde el rentismo ilegal actual hacia una propulsión real de la movilidad de factores.

9) Mayor competencia externa impulsada por los TLC produciría mayores inversiones agropecuarias capitalistas susceptibles de competir en apertura y, al contrario, quizá capaces de revertirla exportando excedentes sectoriales a países demandantes en Asia, América o África.

10) El artículo insiste en dar una voz de alarma sobre la forma en que las variables aquí observadas pueden servir para anticiparse a los riesgos de plazo medio implícitos en la política de restitución de tierras aplicada desde 2011.

1 El concepto "ignorancia voluntaria" se toma de planteamientos filosóficos expuestos en (Uribe, 2009).

3 Política parcialmente exitosa en Colombia con posterioridad a la aplicación del llamado Plan de las Cuatro Estrategias (1970-1974).

4 Por la brevedad que impone el artículo, los datos de medición de impacto se concentran en extensión de cultivos (promedios simples y ponderados) y número de unidades de explotación observadas.

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