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En su más reciente trabajo, el profesor Eduardo Sáenz Rovner refleja un punto de quiebre frente al tema que venía trabajando desde hace una década, circunscrito a la historia empresarial colombiana, específicamente a las relaciones entre el sector industrial y el Estado durante el periodo de 1940 a 1957.

No obstante, la tesis central de sus investigaciones sigue presente, y es que no existen posiciones dóciles u obedientes en las relaciones de poder, tal como lo expresó en sus libros Colombia años 50. Industriales, política y diplomacia (2002) y La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia (1992). En ellos desmitifica la supuesta posición sumisa de un país como Colombia en vía de desarrollo, frente a los bienes y servicios foráneos, y prueba que lo que existe es un poder nacional que negocia y defiende los intereses de unos sectores específicos, entregando y sacrificando a aquellos que no tienen quien los represente y proteja, pero que de ningún modo significa una imposición resignada al pensamiento político, económico e ideológico de una potencia como los Estados Unidos.

En este nuevo libro, Sáenz defiende una vez más esta idea, cuando dice que “Cuba no fue una simple víctima, sino que jugó un papel muy activo en el fenómeno del narcotráfico. El comercio internacional de drogas ilegales va más allá de la demanda de los países consumidores; además, un país o una región no se vuelve sede de redes de narcotraficantes por simple proximidad geográfica a los mercados” (p. 24). Asimismo, Saénz analiza otros fenómenos como el contrabando y el juego en la isla.

Para demostrar esta idea, el autor examina la condición económica, política, social y judicial de Cuba. El punto de partida de su análisis es la prohibición norteamericana a la producción y venta de alcohol en los años veinte, y el punto de llegada, los primeros años de la Revolución Cubana. Para esto recurrió a documentación inédita ubicada en el Archivo Nacional de Cuba y en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, principalmente los relacionados por el Departamento de Estado y la agencia americana antinarcóticos o Federal Bureau of Narcotics (FBN), además de periódicos cubanos y americanos. Cabe destacar la mirada estratégica que Sáenz utilizó al consultar los comunicados de los embajadores británicos durante el periodo, relacionados en la publicación de University Publications of America con el título British Documents of Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print, ya que en cierta medida se convierte en una observación ajena a las circunstancias, pero con un diagnóstico agudo sobre la situación cubana. Todo esto complementado con una extensa bibliografía secundaria de libros y artículos de autores americanos y latinos. Es precisamente esa rigurosidad en el manejo abundante de fuentes lo que convierte la lectura del libro en un momento de goce para el lector, al dejarle una sensación de haber conocido y entendido algo que seguramente asumía de forma diferente. Además, cabe destacar el anexo de 16 fotografías de distintos lugares y personajes que aparecen a lo largo de su narración, lo que enriquece aún más la lectura.

El libro tiene un prólogo bastante provocador, en donde aparece una de las dos únicas referencias a colombianos inmersos en el narcotráfico, y que tenían nexos con familias de abolengo en el país. “A finales de diciembre de 1956, los hermanos Rafael y Tomás Herrán Olózaga fueron capturados en La Habana con un cargamento de heroína avaluado en 16.000 dólares” (p. 17).

El relato de Sáenz Rovner empieza con una explicación sobre cómo la prohibición de la fabricación y venta de bebidas alcohólicas promulgada por una enmienda constitucional, y complementada por una ley del Congreso americano en 1919, fomentó que Cuba, dada su proximidad con los Estados Unidos, se convirtiera en un espacio propicio para el contrabando de licores, especialmente de ron. Así fue como La Habana, en su carácter de ciudad cosmopolita gracias al comercio del azúcar, lideró esta economía subrepticia. En 1924 el Consulado General de los Estados Unidos en La Habana decía que ésta se había convertido en la base principal para las operaciones de contrabando de licores, de narcóticos e inmigrantes ilegales.

Ante estos fenómenos, las medidas para combatirlo no se hicieron esperar, y en 1926 se firmaron tres tratados entre Cuba y los Estados Unidos con el ánimo de controlar esta situación. Sin embargo, la cosa no funcionó bien, dada la corrupción y debilidad de las autoridades cubanas.

Entre tanto, el comercio de narcóticos –morfina, heroína y cocaína– se incrementaba desde los laboratorios europeos legales, principalmente los ubicados en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Holanda y Suiza. La forma de operar era por medio de los marineros que compraban pequeñas cantidades en bares de puertos europeos para luego venderlas en La Habana, y de ahí reexportarlas hacia los Estados Unidos. A pesar de las denuncias constantes de los norteamericanos a través de los informes del Federal Bureau of Narcotics, dirigido por Harry Anslinger, Cuba tardó once años en ratificar la Convención de la Sociedad de las Naciones sobre narcóticos que tuvo lugar en Ginebra en 1936, y en la que se obligaba a la creación en cada país signatario de una policía especializada para combatir el tráfico y consumo de narcóticos, aduciendo que este mecanismo policial ya estaba presente en la isla.

No obstante, Sáenz es claro al manifestar que no se puede aseverar la existencia de una alianza de los gobiernos cubanos de la época con traficantes de narcóticos. Él argumenta que durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra, bajo los gobiernos de los presidentes Ramón Grau San Martín (1944-1948), Carlos Prío Socarrás (1948-1952) y Fulgencio Batista (1940-1944, 1952-1956), el fenómeno de corrupción no representó que los tentáculos del tráfico de narcóticos salpicaran a la clase dirigente del país. Para él, la participación se dio en mandos medios del Ejecutivo, y sobre todo en la Rama Judicial; “el problema de la impunidad en cuanto al narcotráfico en Cuba durante el segundo gobierno de Batista estuvo más relacionada con el poder judicial que con el ejecutivo y que, en algunos casos clave, el gobierno sí colaboró para aprehender y deportar varios criminales extranjeros” (p. 181). Por ejemplo, en el gobierno de Grau fue deportado el famoso mafioso Lucky Luciano, ante las presiones del gobierno americano por las acusaciones de Anslinger de traficar con narcóticos, situación que nunca fue comprobada, y que Sáenz ratifica con la revisión que él mismo hizo de innumerables documentos sobre el tema.

Para el autor, el cuestionamiento a los presidentes cubanos giró alrededor del estímulo que le dieron al negocio del juego, es decir, a las apuestas y los casinos ubicados en los hoteles, espacios manejados por mafiosos americanos, quienes se habían trasladado a Cuba luego de que el senador por Tennessee, Estes Kefauver, impulsara en 1950 una resolución para crear un comité que investigara el crimen organizado en los Estados Unidos. La dictadura de Batista expidió una ley en 1955 que otorgaba beneficios tributarios para la construcción de nuevos hoteles, y facilitaba la instalación de casinos en los mismos y en los clubes nocturnos. Además creó el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), que financiaba a inversionistas nacionales y extranjeros hasta el 50% de la inversión en hoteles nuevos. Entre 1952 y 1958 se abrieron 28 nuevos hoteles, entre ellos El Riviera, del reconocido mafioso judío Lansky. Sin embargo, el autor advierte que la actividad del juego no fue llevada a Cuba por los mafiosos y que por el contrario dicha cultura se remonta a la época colonial.

En todo caso, Sáenz deja claro que “las empresas turísticas no eran empresas fachadas dedicadas a lavar dólares provenientes del narcotráfico” (p. 145), en la medida en que los ingresos de una y otra actividad no tenían comparación, ya que los casinos superaban ampliamente a los narcóticos y eran un negocio legal.

La relación entre la mafia americana y el negocio de narcóticos tuvo sus nexos hasta cuando en 1956 los Estados Unidos, a través del Narcotics Control Act, incrementaron las penas por narcotráfico, sin oportunidad de beneficios de libertad bajo palabra y periodos de prueba. “Fue entonces cuando se reunieron los mafiosos norteamericanos en Apalachin, en el estado de Nueva York, y la mayoría de ellos decidió desvincularse de las operaciones de drogas; los que no, operarían los negocios de alto nivel de la importación de la heroína a través de los sicilianos y los franceses de origen corso...” (p. 185).

Los nexos de Cuba con el tráfico de narcóticos tiene su génesis durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando surgió la necesidad de mano de obra barata para trabajar en las plantaciones azucareras, y se introdujeron trabajadores chinos, conocidos como coolies, y con ellos el consumo del opio. En los primeros 50 años del siglo XX aparecen redes con enlaces en México, Medio Oriente, Países Andinos y Francia. El puerto de Marsella era paso intermedio para la cocaína y heroína traídas de Turquía hacia Cuba, y luego introducidas a los Estados Unidos y Canadá. Los franceses de origen corso, dueños de clubes nocturnos en La Habana, traficaban con estas sustancias a través de la provincia de Camagüey. La coyuntura para que individuos de origen andino hayan tenido chance en este negocio fue la situación generada por la Segunda Guerra Mundial, al dejar por fuera del circuito comercial a los europeos y árabes que estaban ocupados en otros menesteres, quizás más productivos como la guerra. Lo curioso es que en esta parte de la historia, Colombia aún no tiene presencia en este circuito, las referencias son a Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Realmente el fenómeno del narcotráfico que tiene como puente a Cuba para llegar a los Estados Unidos, durante el periodo de estudio escogido por Sáenz, muestra un negocio todavía muy pequeño, en el que los traficantes tenían sus couriers, lo que en nuestro lenguaje se conoce como “mulas”, para el envío de algunos gramos, libras y kilos, sin llegar a la modalidad de hoy día, que se hace en toneladas.

La última parte del libro hace un examen sobre la política de antinarcóticos agenciada por los Estados Unidos a través del Federal Bureau of Narcotics y la revolución cubana en cabeza de la figura de Fidel Castro. La conclusión es que la cooperación duró hasta cuando el pensamiento político ideológico de las partes lo permitió, es decir, el primer año y medio de la revolución; una vez se rompieron relaciones, los Estados Unidos asumieron el tráfico de narcóticos como un instrumento de agresión a Cuba, al acusarla de utilizar este mecanismo como un proyecto comunista para minar a la sociedad americana, lo que convirtió el problema en justificación para una intervención militar de los Estados Unidos. Desde luego que todo esto fue una excusa con el objetivo de evitar que los cubanos exportasen la revolución al resto del continente.

Es claro entonces que el clima de anarquía política y corrupción generalizada, sumado a la integración económica de Cuba al comercio internacional, junto con las migraciones de chinos, españoles, árabes, franceses y americanos contribuyeron a que el narcotráfico se fortaleciese en la isla. Por lo tanto, el narcotráfico en Cuba fue un negocio de inmigrantes que requirió capital y conexiones internacionales.

Una de las conclusiones que cabe destacar del trabajo de Sáenz es que desmitifica que en la Cuba prerrevolucionaria el narcotráfico fuera un tipo de negocio permitido. Pero sin lugar a dudas, lo más significativo es poner en evidencia que el narcotráfico no es un fenómeno contemporáneo cuyo origen corresponda a la iniciativa de algunos colombianos, circunstancia que solo se desarrollará en forma sistemática y organizada a partir de 1960 en el país. Es de suponer que este libro es el preludio de futuros trabajos sobre el tema por parte del profesor Sáenz, lo que contribuirá a una mayor claridad sobre las verdaderas raíces del mal que estigmatiza a Colombia en el mundo.

Fabián Ricardo Acuña Calderón
Profesor de la Escuela de Administración y Contaduría, Universidad Nacional de Colombia