Luis Alfredo Atehortúa Castro^**

Las políticas culturales constituyen uno de los escenarios estratégicos en materia de decisión pública que vincula la preocupación o indiferencia institucional  y social sobre la identidad, las artes, los valores y el patrimonio  tangible e intangible  de una comunidad en particular. Este artículo analiza la relación entre políticas  culturales y políticas públicas a partir de las experiencias  del municipio  de Bello en Antioquia (Colombia). Se pretende, por un  lado,  analizar  las dinámicas  y expresiones  de la ciudadanía que propiciaron la configuración de políticas con dimensión  de políticas públicas y, por el otro, destacar los aspectos formales que en sentido reglamentario son indispensables, pero no suficientes, a la hora de diseñar y plantear procesos, planes y políticas sobre uno de los sectores que, en los últimos tiempos, viene tomando fuerza en las agendas  públicas de los poderes  locales y nacionales  en Colombia  y América Latina, el sector cultural.

ABSTRACT

Cultural  politics  constitute  one  of the strategic  settings in matters  of public decision-making  that link worry or social and  institutional  indifference  to identity, the arts, values and the tangible  and intangible  heritage  of a particular  community. This article analyzes the relationship  between  cultural politics and public policy from the experiences of the municipality  of Bello in Antioquia (Colombia).  It intends,  on the one  hand,  to analyze  the dynamics  and expressions  of citizenship  that favored the  configuration of politics  with  public  policy  dimensions  and,  on  the  other,  to emphasize the formal aspects which, in the sense of regulation, are indispensable, but not sufficient, at the moment of designing and presenting processes, plans and policies in one of the sectors that, in recent times, has gained force in the public agendas  of the local and national  powers in Colombia  and Latin America: the cultural sector.

Introducción

Por esos mismos días, específicamente en 1990, en el municipio de Bello un grupo de ciudadanos comprometidos y convencidos de la importancia  de espacios  para la cultura  y fundamentalmente indignados  por la demolición del teatro  municipal  por la administración local  de Alberto Builes Ortega, conservador (1988-1990); teatro  que  era  patrimonio  arquitectónico de  la localidad  y que se demolió  con el falso pretexto de construir una casa de la cultura.  Esta situación  motivó  a líderes  locales  para adelantar  una  serie de actividades,  marchas,  denuncias, pasacalles  y foros a través de  los cuales presionaron y generaron  una dinámica  de opinión  pública,  de movilización y de organización social.

Es importante destacar que, simultáneamente, tanto a nivel global como local, aparecía  un llamado  para que se dieran políticas públicas,  entendidas en su momento como  políticas de Estado y de gobierno  sobre un sector, el cultural, el cual se había caracterizado por una tradicional ausencia de atención por parte de los actores institucionales.

Los años noventa constituyen la década en la que aparece un debate que, además de reconfigurar el concepto de ciudadanía más allá de un simple estatus, le asignaba un papel protagónico a los actores sociales, donde sus imaginarios, sus prácticas y sus identidades serían considerados como preponderantes; de la misma forma, se replanteó  la noción  de lo público  como  algo que no se agota en el Estado o en la visión exclusivamente institucional.

En este  sentido,  en  los últimos  años  la cultura  se ha constituido  en un  tema  de  preocupación tanto  para  los actores  sociales  como  para  los institucionales. Durante  la década  del  noventa,  en  Colombia  se dieron dos avances  significativos para el país en materia de políticas  culturales.  El primero es el reconocimiento del país pluriétnico  y multicultural  a través de la Constitución de 1991, con lo que se dio cabida a la diversidad como patrón fundamental de reconocimiento y de inclusión a vastos sectores poblacionales, con lo cual se estableció un vínculo cultural entre el Estado y la sociedad civil. El segundo,  fue la creación del Ministerio de la Cultura en 1997 a través de la Ley General  de Cultura 397 de 1997,  lo que dinamizó  las apuestas  por una política  nacional  de cultura  y el fortalecimiento de este escenario  cultural como un factor estratégico para la intervención y la planificación del desarrollo social y político (Cf. Ochoa, 2003).

Dados los anteriores eventos, este trabajo plantea además, acercamientos y preguntas  pertinentes en relación  con los elementos  tanto teóricos  como metodológicos que  fundamentan la discusión  sobre  los matices  y fronteras de lo político  en escenarios  de construcción y definición  de lo público;  un ámbito en el que aspectos relacionados con el gobierno, el poder institucional, el poder  local, el Estado, la gobernabilidad y la democracia, también  entran en escena.

La oportunidad de leer estos fenómenos lleva a delimitar experiencias en las que se dan pistas para la comprensión y entendimiento de las circunstancias en las que se dan esos cambios y transformaciones, pero también para advertir la necesidad de sugerir recomendaciones a las actuaciones de las autoridades públicas y de los actores sociales. En atención  a ello, este trabajo ha centrado la mirada en las dinámicas  y experiencias  de un movimiento  cultural en una localidad  colombiana, el municipio  de Bello-Antioquia,  que  dio cuenta  de iniciativas y de acciones que develaron la conjugación entre políticas culturales y políticas públicas como una expresión de la correlación entre actores sociales y el gobierno  local.

Este artículo está dividido en cuatro secciones.  En la primera parte, se da cuenta de algunos debates  que propiciaron la aparición  de las nociones  y definiciones más predominantes de las políticas culturales. En la segunda parte, se presenta igualmente, la procedencia de los conceptos y definiciones  de las políticas públicas, su complejidad y su utilidad a hora de analizar decisiones públicas.  En la tercera  parte,  se presentan  los antecedentes de las políticas públicas de cultura en Bello, desde finales de los años ochenta  a través de las dinámicas  del movimiento  cultural.  En la cuarta parte, se analiza  el periodo delimitado  1997-2007, el estado de las políticas públicas y la materialización de éstas, las dinámicas  de los líderes culturales y las relaciones  con el poder institucional.  Finalmente,  la quinta  parte,  presenta  las conclusiones del artículo.

1.     Las políticas culturales. Nociones  e identidad

Para  muchos  autores,  la  relación  entre  política  y cultura  es  un complemento esencial de la dimensión  simbólica de la realidad social, en la que, no obstante, se describen serias paradojas, pues la política aparece como un lazo desde el cual la razón pretende cambiar la realidad y la cultura representa el cordón  umbilical,  el ancla en que se sostiene el lenguaje,  las costumbres, los valores,  la memoria  histórica  y la creatividad  (Cf. Subercaseaux,  1994, p. 141). Esto quiere decir que en esta relación surge una intención  reguladora que  amplía  o limita,  que  dinamiza  o estanca  las posibilidades de  acción y de  desarrollo  cultural  de  una  nación  o de  una  localidad,  acciones  que pueden provenir de agentes gubernamentales o no gubernamentales. De allí que,  históricamente, la aplicación  de dichas  acciones  haya tenido  diversas manifestaciones e implicaciones.

En esa  dirección  es fundamental retomar  diferentes definiciones y paradigmas existentes de las políticas culturales. En el contexto iberoamericano predominan tres enfoques o interpretaciones que si bien divergen, son a la vez complementarios entre sí. Cabe señalar que estos enfoques resultan claves con el fin de mostrar en detalle el proceso de conceptualización del término, el cual ha estado cruzado  por variables que dan cuenta de la transición y de la forma tan diversa como se ha planificado o pretendido planificar la cultura, veamos:

1)  Para Néstor García Canclini, las políticas culturales son el conjunto de  intervenciones realizadas  por  diversos  agentes,  tales  como  el Estado, organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios, con el objetivo de orientar  el desarrollo  simbólico  y responder a las necesidades culturales de la población.

3) Alfonso Martinell hace alusión a las políticas culturales al establecer su diferencia con  las finalidades sociales.  Según  el autor,  dichas  políticas aparecen como mediación social y tienen  un fundamento territorial (Cf. De Zubiría, 1998, p. 27).

A su vez,  Néstor  García  Canclini  sostiene  que  otros  factores que contribuyeron para  la ampliación  de  las fronteras de  lo  entendido por política  cultural  fueron las crisis socioeconómicas que  afrontó América Latina en la posguerra,  lo cual llevó a revalorar las nociones  de desarrollo  y al replanteamiento de las dimensiones economicistas predominantes hasta entonces; así como las reivindicaciones radicales de lo social y lo cultural como patrones  fundamentales para el desarrollo  por movimientos revolucionarios y emancipatorios; esto contribuyó  para la ampliación de las fronteras de lo entendido por política  cultural,  una  noción que  definitivamente ha estado fundamentada en las concepciones más recientes por el interés y la necesidad de desarrollo  social y político de las comunidades.

Todos estos aspectos  fueron planteados  en el marco  de las reuniones que,  desde  los años setenta,  venían  presentando propuestas  y organizando diversos eventos auspiciados por la UNESCO.[1] En estas reuniones, básicamente se discutió  en sentido  crítico el criterio economicista que  determinaba los procesos  de  desarrollo,  de  ahí  la importancia  de  incorporar  otro  tipo  de indicadores y de  variables  que  permitieran  ampliar  las dimensiones del desarrollo  a un nivel también socio-cultural y socio-político.

En este sentido, la profesora Martha Elena Bravo ha elaborado diversos trabajos sobre la cultura, tanto desde la perspectiva  de su gestión como de las políticas. En sus elaboraciones, la profesora Bravo sostiene  que la UNESCO define la política cultural como el conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimientos de gestión  administrativa  o presupuestaria que  sirven de base a la acción  del Estado, pero  aclara que  cada Estado define su política cultural en función de sus valores y objetivos. Con base en la definición antes reseñada  de política cultural, hecha  por Néstor García Canclini, la profesora Bravo sostiene  que “así entendida la política cultural no es sólo política del Estado sino política pública, en cuanto en ella participan diversos sectores de la sociedad,  lo que hoy se denomina sociedad  civil” (Bravo, 1992, p.12).

En un trabajo mucho  más reciente,  la investigadora  Ana María Ochoa Gautier (2003) alude a la política cultural como la movilización de la cultura llevada a cabo por diferentes tipos de agentes  —el Estado, los movimientos sociales, las industrias culturales,  asociaciones de artistas y otros— con fines de transformación estética, organizacional, política, económica y/o social, lo que no dista mucho de lo planteado por Canclini y otros autores, pero de gran utilidad para los propósitos de esta lectura, en la medida en su planteamiento es el producto de un balance crítico sobre las políticas culturales específicamente en Colombia  (Ochoa,  2003, p.20).

El profesor George  Yúdice, de la universidad  de New York, señala en el prefacio  a la obra de Ochoa  Gautier  que si bien la autora,  en un primer momento, se enfoca en la reconstrucción de las políticas culturales orientadas al desarrollo,  ésta  no  acepta  una  visión  puramente reconstructiva  y logra detectar  el poder de lo estético,  sobre  todo,  aquel  que  se manifiesta  en la interactividad  que  las prácticas  artísticas fomentan  en  los actores  sociales. Finalmente,  Yúdice anota  que  algo importante  en  la obra  es que  muestra cómo las políticas culturales,  bien sean agenciadas  desde  el Estado o desde el mercado,  suelen silenciar la crítica y el conflicto, lo cual ha banalizado la cultura (Cf. Ochoa,  2003, p.12).

Los aportes  planteados por  Ochoa  Gautier  permiten  contextualizar mejor un escenario  heterogéneo y polivalente  como es el de la cultura en el ámbito de las políticas, tanto si son pensadas  con el fin de permitir mayores y mejores condiciones para la convivencia, el orden, la paz y la democracia, como si lo son para instaurar referentes simbólicos y prácticos,  útiles para el control social, la enajenación y la reafirmación  del status quo.[2]

Al realizar un recorrido por el panorama  de los conceptos y fenómenos claves de este trabajo, hay que aludir a las políticas públicas,  por su carácter estratégico en los escenarios  de decisión colectiva. Durante  los últimos años, en Colombia se evidencia un interés creciente por la temática, particularmente desde las ciencias sociales y políticas. Existe una terminología amplia y diversa, acorde  con  la polisemia  de  los conceptos de  política  y de  lo público  por separado. No obstante, se puede constatar una noción predominante que define las políticas públicas como el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones  consideradas problemáticas (Cf. Salazar, 1999, p. 41) .

En la bibliografía consultada  sobre el tema, sobresale  el hecho  de que gran cantidad  de autores reseñan  la dificultad semántica  a la hora de definir el concepto de políticas  públicas.  El elemento  central  de este problema lo constituye la carencia de una palabra en castellano que diferencie la dimensión política cuando se habla de políticas, lo que sí sucede en el inglés. El término polity  hace  referencia a la política  entendida como  ámbito  del  gobierno; politics a la política como la actividad de organización y lucha por el control del poder, y policy a la política como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas, concepto que tiene un vínculo  más cercano  al ámbito y sentido de las políticas públicas (Cf. Roth, 2003, p.13).

En la misma dirección, es necesario agregar que la dificultad para definir el término de políticas públicas tiene otro ingrediente de complejidad asociado al desarrollo histórico  del concepto mismo  de política,  pues,  por ejemplo, hasta los años setenta, la política estuvo asociada  exclusivamente al Estado y posteriormente gracias a los aportes de Maurice Duverger en Francia y Huges y Downs  en Inglaterra,[3]   entre  otros, el espectro  de la política  se amplió  al concepto de poder.  Del mismo modo,  en la reflexión política de occidente se ha entendido la política como “el arte de gobernar”,  “la pertenencia a la ciudad”,  “el consenso”, “el conflicto”,  y muchas  otras nociones  que  varían dependiendo del autor que se tome como referencia.

Las políticas  públicas  también  han respondido a enfoques  y modelos de interpretación de lo que es el Estado y sus relaciones  con la sociedad  civil.Por un lado, existe un enfoque  racional, prescriptivo,  con fuertes tendencias al formalismo y un carácter deductivo.  De otro lado, existe un enfoque crítico menos modelizable y mucho más inductivo. El primer enfoque consiste en un conjunto de herramientas y técnicas al servicio de la mejora de los rendimientos del poder, sin importar su naturaleza, y catalogado con un perfil de racionalidad instrumental, que no tiene consideraciones sobre las grandes cuestiones  de la ciencia política; su desarrollo principal se ha dado en Estados Unidos. El otro enfoque,  el cual ilumina en gran parte los criterios de lectura, interpretación y análisis de este trabajo, es un enfoque  que ha ido madurando a partir de la valoración de cuestiones  fundamentales de las ciencia política, tales como las relaciones de poder, las hegemonías culturales y simbólicas, la estructura de los recursos, la repartición social de ganadores y perdedores, entre otros aspectos. Estas cuestiones  dirimen  y resuelven  el proceso  de las políticas públicas  en escenarios  de conflicto, a la hora de definir los problemas, tomar decisiones o la articulación de estilos de gestión. Este enfoque ha tenido auge en ámbitos europeos, aunque  sus principales  impulsores  han sido los norteamericanos, Lindblom, Wildavsky y Lowy (Cf. Brunque y Gomá, 1998, p. 25).

La  posibilidad de  tener  un  referente amplio  sobre  el  concepto y noción  de políticas públicas  va más allá de las definiciones,  y es allí donde entran  elementos  de debate  que  están  aún  en caliente  y que  apuntan  a la comprensión de las políticas  públicas  en un contexto  local en tiempos  de globalización. Joseph Valles[4]  afirma que la globalización estimula y requiere de  la repolitización del  gobierno  local  en  todos  sus niveles.  De  manera particular,  sostiene  que  las entidades municipales  se ven forzadas  a tomar conciencia de su ubicación en la gran red mundial  de intercambios de todo tipo, de oportunidades y de riesgos, que, según su ubicación, se derivan para su vida económica, su estructura  social o su identidad  cultural (Cf. Brunque y Gomá, 1998, p. 9).

Si se vuelve a la noción  predominante de las políticas públicas que las entiende como  “sucesivas respuestas  del Estado a situaciones  consideradas como  problemáticas” (Salazar, 1999,  p. 41), se tendría  que  señalar  que  no todas las actuaciones del Estado y del gobierno  son políticas  públicas.  Así, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos  y los actos administrativos,  que en su conjunto  son actuaciones del Estado y del gobierno  desde  lo nacional  hasta lo local,  no son,  necesariamente, políticas  públicas.  Pierre Muller,  ante  el problema de las definiciones  señala que el enfoque  de las políticas públicas es una construcción de representaciones sociales de la acción  pública  y de las relaciones  entre el Estado y la sociedad;  relación que aparece con matices particulares,  adscritos  a la realidad  socio  cultural  y socio  política  de  cada Estado, cada  región  o localidad,  al momento de formular una  política  (Cf. Cuervo, 2007, p. 78).

Se trata de una realidad en la que operan ciertos circuitos, relacionados todos  ellos a través de un fundamento político  al servicio  de los intereses colectivos, donde  el gobierno  y los políticos  son un actor entre  otros. Allí se expresan  realidades  tejidas por las prácticas  tradicionales  de los actores sociales  y políticos,  así como  por  prácticas  e imaginarios  emergentes que fueron revaluando los órdenes,  en contextos  de transformaciones del Estado y de la política en general.

En este orden de ideas, definitivamente la política pública no es cualquier política gubernamental; ello exige instituciones y procedimientos democráticos que  permitan  políticas  ajustadas  a los principios  constitucionales y que  se substancien con la participación intelectual  y práctica de los ciudadanos en dirección  a la satisfacción de necesidades e intereses  colectivos  incluyentes y no arbitrarios (Cf. Aguilar, 1996, p. 33).

Como  se anotó  más arriba,  durante  la década  de los noventa,  en el Municipio  de Bello se dio una gran movilización y organización de líderes artísticos y comunitarios, quienes estaban convencidos de la importancia  del trabajo a favor de la cultura como un ingrediente fundamental para contrarrestar los efectos  de  las decisiones  institucionales  inconsultas  en  dicha  materia, del mismo modo  que para enfrentar los riesgos de las drogas ilícitas y de la violencia urbana. Para los líderes locales, las tendencias y dinámicas impuestas tanto por los procesos sociales de la cultura del narcotráfico como por la desidia y la indiferencia institucional del poder municipal, garantizaban el peor de los futuros posibles, la agudización de todos los conflictos sociales.

Estas características  se cumplen  en la experiencia local de Bello, dado que,  desde  la administración del alcalde  de filiación liberal Federico  Sierra (1990-1992),  comenzaron una  serie de negociaciones como  consecuencia de las demandas y las presiones  de los actores sociales. Los logros obtenidos ya referenciados fueron posible  gracias  a la movilización de  los líderes comunitarios, quienes  fueron reconocidos por  parte  de  algunos  actores como  “el movimiento  cultural  de  Bello”. Estos lograron  la aceptación de sus exigencias  por parte de las autoridades municipales en cada uno de los momentos de reivindicación, de modo que la constitución de agendas públicas para la localidad en materia cultural, tuvo durante toda la década del noventa esta característica,  veamos:

a) 1990-1992, gobierno de Federico Sierra. Con este alcalde, los líderes del movimiento  cultural lograron concertar  la compra de un terreno aledaño a La Choza  de  Marco  Fidel Suárez,  conocido como  el Cerro  del  Ángel, circundante al parque principal de la localidad, para la construcción de la Casa de la Cultura y una concha  acústica, en este periodo  se iniciaron las obras.

c) 1995-1997, gobierno de Oscar Suárez Mira (filiación conservadora). Durante este gobierno se vivieron fuertes tensiones con el movimiento cultural, situación generada  por una reestructuración de la Administración  Municipal en 1996,  que llevó a suprimir el cargo de Director de la Casa de la Cultura y a excluir  a uno  de los líderes  más importantes  del movimiento  cultural, quien había llegado por mérito a ocupar  ese cargo y se había destacado por imprimirle al espacio y a las actividades de la Casa de la Cultura un criterio y un sentido público, abierto y democrático;[6] esto incomodó a los funcionarios de la administración municipal. En este período, y a raíz de las reformas regresivas en relación con los intereses del sector cultural, se generó una movilización y una toma de los espacios de la administración municipal  con pancartas, tambores y consignas, práctica que se había realizado  en otras ocasiones  y que generó resultados positivos ante las autoridades locales; allí se exigía el reintegro del director de la Casa de la Cultura y el respeto a muchos de los logros obtenidos en años recientes.  Ante la negación  del alcalde  de reintegrar  al director  de la Casa de la Cultura, los líderes exigieron  que la administración municipal se comprometiera con la financiación  del diseño  de un Plan de Desarrollo Cultural y a que en el grupo contratado  estuviera el director saliente, lo que se convertiría en una acuerdo  entre el movimiento  cultural y el gobierno  de Oscar Suárez Mira.

Todas estas experiencias  develan  matices  de  la política  y del  poder local  tanto  en  su  expresión  institucional  como  social.  Los procesos  de toma de decisión  pública,  en este caso, tienen  relación  con la expresión  y configuración  de una nueva ciudadanía, la ciudadanía cultural, la cual tiene que  ver con  la aparición  de  nuevos  sujetos  políticos  agrupados  alrededor de una creciente  presencia  de estrategias  para defender  valores y prácticas culturales en escenarios de exclusión por parte de los poderes institucionales y del  mercado.  Estos sujetos  se mueven  en  las lógicas  de  las políticas  de identidad, que tienen que ver, a su vez, con la política de la emancipación y replanteamiento de los sentidos tradicionales de la política (Cf. Barbero, 2007, p. 25) . Estos sujetos  lograron  materializar  sueños  expresados  en espacios, acuerdos  municipales  y el fortalecimiento de una tradición que incluso tuvo reconocimiento por parte del Ministerio de la Cultura, al otorgarle  a Bello, en el año 2001,  un reconocimiento y un premio  por tener el mejor Plan de Desarrollo Cultural del país.[7]

Los principales  protagonistas  en  estos  procesos  fueron los líderes culturales  del municipio:  jóvenes  y estudiantes  que  desde  sus particulares nichos de actuación, artistas, líderes barriales, teatreros, profesores de colegios, entre  otros,  quienes  invocaron  el desarrollo  cultural  del  municipio  como propósito  central.  Por lo tanto, es importante  analizar  el Plan de Desarrollo Cultural de Bello 1997-2007 y sus lineamientos de política pública,  ya que en este se expresa el sentir de la comunidad en relación con sus necesidades y las respuestas  institucionales  que ante ellas ha dado  el gobierno  local, así como en cuanto a las limitaciones  y alcances.

En el marco de los intentos por develar experiencias como la de Bello es muy importante indagar acerca de las repercusiones que han tenido las políticas locales  de  cultura  sobre  las dinámicas  culturales,  políticas  y sociales  del municipio, con el fin de establecer  si ésta ha sido implementada y legitimada por la comunidad y sus dirigentes.

Las políticas públicas están en la cima de las preocupaciones actuales en  América  Latina y en  Colombia,  esto  como  resultado  de  las grandes transformaciones de la política en sí misma, del Estado y de los órdenes sociales que están dando  cuenta de un mayor protagonismo de los actores sociales y de la expresión  de otras maneras  de incidir sobre las formas de gobierno  y sobre las dimensiones de la democracia.

Por otro lado, la crisis de gobernabilidad y de legitimidad de los sistemas políticos, ha demandado un vínculo más real entre el Estado y la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, proceso que en Colombia, particularmente desde los años noventa y especialmente a partir de la Constitución  de 1991, refrendó la importancia de la participación en sus dimensiones política, social y ciudadana.

Ahora  bien,  las políticas  públicas  tienen  ámbitos  y tipologías  que responden a los distintos  sectores  en  que  se divide  la estructura  político administrativa del Estado, en el ámbito nacional,  departamental y municipal. Estas políticas también demandan un enfoque particular a la hora de su análisis y de su evaluación. Por tanto, es importante  señalar que, en el presente  caso, se trata específicamente de una tipología de política pública en el escenario del bienestar  social y, más concretamente, del desarrollo  cultural, el cual ocupa un lugar como subsector  en las políticas de bienestar  social, que los Estados plantean  en el marco  de la búsqueda de potenciar  elementos  de identidad, así como para la construcción de nación y de ciudadanía.

4.     Evolución de las políticas, los actores y la cultura local entre los años 1997-2007

En 1997,  año en que es aprobado y formalizado  el Plan de Desarrollo Cultural del municipio, a través del acuerdo  municipal  No 032 de diciembre, simultáneamente es sancionada la ley 397,  Ley General  de Cultura,  con la que se establece  la definición  de una política nacional  de cultura así como la creación  del Ministerio de Cultura. Con más de diez años de su puesta en marcha, los balances que se hacen sobre los logros y alcances de este Ministerio y de la política nacional  de cultura tienen varios matices por destacar.

Sobre los desarrollos de este Ministerio recaen valoraciones positivas en el sentido de haber incluido  a la cultura como un asunto de Estado, además, creó la posibilidad de entender la cultura como algo más amplio que el simple mecenazgo ilustrado, el patrimonio  mueble  y las bellas artes; igualmente, se reconoce que, pese a los grandes avances, el país sigue atado a concepciones minimalistas  y simplificadoras  de la cultura que demandan una correlación entre  las acciones  y las políticas  públicas  locales  y regionales,  las cuales contemplen procesos de inclusión a minorías y otros actores, sobre los cuales, generalmente, se emplean acciones  y decisiones  dispersas  desde  diferentes ministerios (Cf. Fierro, 2007).

Entre los aspectos más importantes del plan, como intención, se destacan: la creación  del Instituto de Cultura  Municipal,  la creación  de una  escuela popular  de artes, la creación  de una cátedra municipal,  el fortalecimiento de la memoria  cultural,  la promoción turística,  el afianzamiento de la gestión cultural,  la educación ciudadana, el fomento  de la ciencia  y la tecnología  y la institucionalización del consejo  municipal  de cultura. Además, el Plan en su conjunto  contempla un  componente denominado “la políticas”.  Dicho componente enfatiza  en  una  perspectiva  de  democracia participativa,  que se sustenta en los derechos  humanos  y en los principios  constitucionales de Colombia, parte del reconocimiento de la pluralidad y la diversidad y propone la construcción de  identidad, integrada  a la universalidad y la conciencia planetaria.

Durante el gobierno de Rodrigo Arango (1998-2000) —alcalde al que le correspondió poner en marcha por primera vez algunos de los componentes del  Plan de  Desarrollo  Cultural—, el ambiente  fue ambivalente  al interior de los actores  proculturales, debido  a que  existía un mandato  a través del Acuerdo Municipal,  pero ello no era garantía para la materialización de los programas  y proyectos.  Es necesario  advertir  que,  para  muchos  líderes,  la experiencia del Plan desmovilizó al movimiento cultural, pues a partir de 1997, paradójicamente, el movimiento  cultural de Bello empezó a desarticularse.

Luego de 1997 suceden  varios episodios en la vida local que merecen detallarse. Varios de los líderes del movimiento cultural se van del municipio y algunos del país; algunos alegaron problemas de seguridad, auspiciados por el fortalecimiento del proyecto paramilitar en la localidad, mientras que otros, al profesionalizarse, encontraron trabajo en otros lugares, ya que, históricamente, en Bello no han existido muchas  fuentes de empleo  calificado,  igualmente, al interior del movimiento  se habían generado  fisuras y discusiones  de índole personal,  dadas las aspiraciones  políticas de algunos integrantes  (Flórez, H., comunicación personal,  2007, febrero 15).[9]

En otro  sentido,  la lógica  de  esta  experiencia devela  situaciones  y dinámicas  propias  de los movimientos sociales.  El movimiento  cultural  de Bello tiene, además, características de experiencias donde los actores colectivos han transformado  la defensa de derechos  individuales, la ciudadanía liberal, en  defensa de  los derechos  colectivos,  en  las ciudadanías republicanas y democratizantes (Villasante, 1995, p. 27).

Jairo Adolfo Castrillón es uno de los líderes proculturales más importantes de la localidad, este, acompañado por Otto Rodríguez, otro líder emblemático del proceso y desaparecido por la violencia y con quien fue director conceptual del diseño del Plan de Desarrollo Cultural, dice:

En este orden  de ideas,  la dinámica  y riqueza  del Plan de Desarrollo Cultural de Bello reposa en su concepción, en el hecho  de haberse  escrito y en el criterio participativo  que acompañó su diseño,  más que en la voluntad de las distintas administraciones de Oscar Suárez (1995-1997), Rodrigo Arango (1998-2000),  Rodrigo Villa (2001-2003) y Olga Suárez (2004-2007).  Aunque hay que reconocer la importancia de estos gobiernos en relación a los aportes que hicieron,  es importante  insistir en que el Plan fue posible  sólo a través de las iniciativas, las presiones  y las propuestas  de los artistas, los gestores, los jóvenes  y las personas  comprometidas con la cultura,  quienes  quisieron poner  en marcha  algún  programa  o proyecto  relacionado con  las políticas del Plan.

A nivel local, la valoración  del plan ha sido evidente desde los líderes, los gestores y la comunidad académica de la localidad.  El centro de historia, los profesores de  los colegios  y recientemente algunas  universidades han incorporado reflexiones positivas sobre dicho Plan y su riqueza  en relación a sus aportes para las nuevas generaciones. Para la clase política,  el Plan se ha constituido,  en muchas  ocasiones,  en un instrumento  incómodo, en una especie  de voz que les replantea  su tradicional  forma de pensar y de actuar en la localidad,  pues lo que allí se ha planteado es crear y sostener espacios, recursos e iniciativas para el bienestar de la comunidad bellanita, en un sentido no electorero  y alejado  de las prácticas clientelistas de los partidos.  De este modo consta en el Plan de Desarrollo Cultural de Bello:

Estas consideraciones deberían  servir de referente  para posicionar  un criterio crítico a las formas tradicionales de la política, así como a la pasividad de los actores sociales a la hora de reclamar sus derechos y plantear iniciativas en relación a los problemas  de la localidad.

Este movimiento  es producto  de líderes que, a causa de la indignación, la rabia  y la impotencia movilizadora, al ver cómo  desde  el año  1989  se demolía un teatro, un lugar de encuentro, lograron pasar a la fiesta y la algarabía producida por la obtención de un Plan de Desarrollo Cultural en el año 1997. Allí se cruzan  un terreno,  una casa de la cultura  con concha  acústica,  una biblioteca municipal, talleres, programas, proyectos y reconocimientos a nivel nacional e internacional sobre una experiencia de gestión cultural, liderazgo artístico y malicia para ver, sentir y vivir la cultura como algo integral al ser humano

Hacia 1999  se pudo  formalizar el Consejo  Municipal  de Cultura, una figura puntual  y estratégica en el Plan de Desarrollo  y en la Ley General  de Cultura. El carácter participativo que se pudo ganar en todas esas movilizaciones locales se legitimó, además, por un reconocimiento adicional en el marco de los desarrollos constitucionales que  el país venía adelantando desde  1991. Dentro  del  conjunto  de  grandes  proyectos  del  Plan,  el consejo  municipal de cultura es uno de los únicos  espacios  creados  en el periodo  1997-2007, pues en Bello se demandaba y la Ley General  de Cultura lo formaliza.[10]  La experiencia en este espacio ha sido muy importante dada la condición veedora y reguladora  sobre el sector cultural.  Sobre ello dice Maryori Ramírez, líder procultural, integrante de la Corporación Cultural Semiósfera y vicepresidenta del Consejo Municipal de Cultura entre 2004 y 2007:

La dinámica  del consejo  municipal  de cultura,  desde  el momento de creación  hasta  el 2007,  ha propiciado  un  escenario  de  participación y de veeduría  sobre  el sector cultural.  El propósito  de los consejos,  inscritos  en los avances constitucionales de 1991,  es justamente  el mismo, es decir, que los alcaldes, los concejos  municipales  y las administraciones públicas locales tengan en estos consejos un respaldo de ideas e iniciativas, así mismo, que las clases políticas que controlan  los recursos públicos  tengan un representante a nombre  de distintos sectores de la comunidad, ojalá aquella  directamente involucrada  con el sector, para que pueda  además  de tener acceso  a toda la información  concerniente, proponer  programas y proyectos.

Conclusiones

Finalmente,  es necesario  señalar que al interior de las situaciones  más destacables de esta experiencia, se halla una particularmente importante  a la hora de valorar las políticas: el componente de lo público  que hay en éstas, lo que  debe  ser observado  con  detalle  para  enriquecer la discusión  y los presupuestos del papel  gubernamental y la ciudadanía en procura  de lograr el bienestar  de la comunidad y satisfacer las necesidades en el marco  del interés general.

El municipio de Bello sigue siendo una localidad de paradojas, la riqueza artística y cultural sigue expresándose en los caballetes de los pintores, en los tablados a través de la danza  y el teatro, los músicos siguen recorriendo sus calles con sus cumbiambas y chirimías,  los grupos de recreación  continúan planeando cada  jornada  de lúdica  y alegría con  los niños  en los barrios y comunas. La Casa de la Cultura  está copada  en reservas  de espacios  para todo el año. Pero, simultáneamente, los combos  y las bandas,  ya no se sabe al servicio  de quien,  siguen  vacunando en los barrios y acercándose a los líderes culturales para intimidarlos.

El Plan de Desarrollo,  es una experiencia que empieza  a desvanecerse luego  de una década  de su puesta  en acción,  texto escrito a varias manos, manos creativas, soñadoras,  participativas que recorrieron  barrios y veredas, que  contaron  con  la ayuda  de  muchos  jóvenes,  algunos  de  ellos,  hoy desaparecidos por la violencia que se ha querido superar. Un plan que todos los políticos han querido mostrar como suyo, pero por el que pocos hicieron algo por ponerlo  en práctica con programas y proyectos.

Las enseñanzas más  valiosas  surcan  las fronteras de  la teoría  y del derecho. Los sueños  de los líderes en los noventa  iniciaron  un proceso  que tiene más de veinte años. El aprendizaje logrado con las movilizaciones, con las negociaciones, con los diseños  y la necesaria  vinculación entre el sector político gubernamental con el social, se hizo siempre indispensable. Cuando un actor de estos falta no habrá público en las políticas, sean estas culturales o de otra naturaleza. Bello sigue siendo un laboratorio para seguir pensando los municipios  colombianos y las localidades en América Latina, en sus entrañas reposa un “secreto a voces” es decir, un testimonio evidente de una experiencia para aprender  cómo se logran metas, fracasando aparentemente.

Cuando  la Casa  de  la Cultura  fue fundada en  1994  empezó una desarticulación de  Rearte,  la corporación cultural  que  reunió  a diferentes líderes de la localidad como una expresión de la ciudadanía que hacía valer sus derechos luego de que el primer alcalde popular derribara uno de los corazones  de la cultura. En 1998, luego de lograrse el Plan de Desarrollo Cultural, vuelve a presentarse una desbandada de líderes del movimiento cultural. Actualmente, en el Consejo Municipal  de Cultura se siguen planeando las actividades  del año,  los foros, los festivales y las discusiones  internas  avanzan  hacia cómo reeditar el Plan y evaluarlo  para tener nuevamente un texto aprobado por el concejo  y el gobierno  local para los próximos años.

Los miedos  y las esperanzas están  también  presentes  en  la políticas públicas, en este caso estuvieron co-implicados,  la búsqueda por los mejores futuros posibles no cesa. En Bello los líderes culturales le siguen apostando a una mejor cultura local, el objetivo ahora es poner en marcha lo que el Plan no logró entre 1997 y el 2007, debido,  unas veces, a la falta de organización social para presionar y tomar iniciativas y otras, a la falta de voluntad política de los gobernantes y funcionarios de turno, quienes actúan, lamentablemente, bajo  en  la lógica  instrumental  del  costo-beneficio particular  y no  para  el bien común.  Nada de esto es extraño  o sorprendente, pero es importante  a la hora  de entender las complejidades intrínsecas  a algo que  nos convoca permanentemente, eso de las políticas públicas.

Notas

^* Este artículo es producto del proyecto de investigación denominado “Políticas públicas de cultura: un rasgo de la relación entre miedos y esperanzas, el caso del municipio de Bello, 1997-2007”, financiado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI), Universidad de Antioquia.

[3] Para una mejor comprensión de este desarrollo Véase: Duverger, 1975 y Dowse, R. y Hughes J., 1993.

[7]   Reconocimiento categoría A, según resolución del Ministerio de Cultura de noviembre 20 de 2001 y Mención de reconocimiento de la Gobernación de Antioquia decreto 2160 de noviembre 20 de 2001.

9. Duverger,  Maurice.  (1975).  Sociología  de  la política.  Barcelona: Ariel.         [ Links ]

10.  Fierro,  Juan  Martín.  (2007,  agosto  11).  El  desafío  cultural.  El Espectador, p. 3E.         [ Links ]

11.  García  Canclini,  Néstor.  (1987).  Políticas culturales  en  América Latina. México D.F.: Grijalbo.         [ Links ]

12. Marcuse, Herbert. (1978). Cultura y sociedad. Buenos Aires: Editorial Sur.         [ Links ]

13. Mena Lozano, Ursula y Ana Rosa Herrera Campillo. (1994). Políticas Culturales en Colombia.  Discursos y Prácticas Institucionales. Bogotá: M y H Editores.         [ Links ]

21. Zuluaga, Victor León. (1998, Noviembre 7). El Plan de Desarrollo Cultural es ahora de los bellanitas.  El Colombiano, p. 7A.         [ Links ]