Editorial
Las negociaciones de paz y la sociedad civil
Deicy Patricia Hurtado Galeano1
1 Directora Revista Estudios Políticos. Correo electrónico: revistaepoliticos@gmail.com.
La paz estable en el tiempo no se consigue sólo con acuerdos entre el Estado y los actores armados sino que es preciso desarrollar, promover y contar con una sociedad civil participativa que forme parte de los procesos de paz, directa o indirectamente de las negociaciones y sea luego el actor principal en la compleja reconciliación y reconstrucción posconflicto.
Mary Kaldor. La Sociedad Civil Global
El inicio de los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estuvo marcado por airados debates sobre la presencia o el papel de la sociedad civil en la mesa de negociación y en los distintos momentos del proceso de paz.
Es por lo menos paradójico que tanto los delegados del gobierno como los de la guerrilla hablen en nombre de la nación y que sus propuestas pretenden transformaciones para la sociedad en su conjunto, mientras que la sociedad civil organizada en gremios, movimientos y colectivos de larga trayectoria pareciera resultar incómoda para el proceso mismo de negociación. Sin embargo, conviene no perder de vista lo que tanto la experiencia colombiana como la producción académica1 han puesto de presente: una paz sostenible requiere del concurso de la sociedad civil en los distintos momentos del proceso; no solo por la importancia que han adquirido en la construcción de la paz en el mundo otros actores distintos a los gobiernos, los grupos armados, los asesores y mediadores internacionales, sino porque en las últimas décadas los procesos de negociación han incorporado temas de género, culturales, étnicos y religiosos. Temas en los que, por supuesto, son los movimientos y colectivos quienes tienen la palabra.
En Colombia, el contexto de violencia vivido durante los últimos 60 años ha tenido emparejado el fortalecimiento paulatino de la sociedad civil. Especialmente desde finales de 1980, diversos actores sociales emergieron o fortalecieron su presencia en la esfera pública para reivindicar sus identidades, intereses estratégicos y demandas específicas, pero sobre todo porque esas reivindicaciones han estado marcadas por ejercicios de violencia provenientes de actores armados legales e ilegales contra la sociedad y contra los líderes y organizaciones que emprendieron esas luchas. Los movimientos y organizaciones sociales, antes de cualquier negociación, han sufrido en carne propia los excesos de la guerra.
Tal vez la década de 1990 haya evidenciado más claramente cómo en torno a las movilizaciones por la paz se articularon agrupaciones o colectivos de mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas y estudiantes, entre otros actores sociales y políticos del país. Movimientos que precisamente han procurado salidas al conflicto distintas de la vía militar.
Esa misma sociedad civil que durante tantos años ha contribuido a crear una opinión pública favorable a un proceso de paz, su presencia en la mesa y su papel en el proceso, son las que han sido objeto de buena parte de las dudas y del debate entre los generadores de opinión en Colombia. Como si se olvidara, en palabras de Jaime Zuluaga Nieto, que la sociedad civil ha construido aprendizajes valiosos que pueden hacer más plurales las deliberaciones, enriquecer la comprensión de los problemas y facilitar la búsqueda de alternativas.
No obstante, dadas las circunstancias actuales, más allá del debate sobre la presencia de la sociedad civil en la mesa, sería importante que los protagonistas de las actuales negociaciones de paz intentaran por lo menos interpretar las representaciones de la sociedad civil sobre la guerra y sobre la paz. Pero también deberían ser capaces de leer las propuestas formuladas por esa misma sociedad en materia política, económica y social, porque si bien la discusión sobre muchos asuntos sustanciales se encuentra condicionada, el resultado de un proceso exitoso seguramente habrá de ser sometido a procesos de deliberación y legitimación.
Y por supuesto que el proceso tal como se ha planteado es un asunto que debe importar a la sociedad civil, pues de las decisiones que pacten los guerreros hay una de crucial importancia: la desmovilización de los alzados en armas. Se parte del supuesto según el cual los desmovilizados empezarán a hacer parte de la vida cotidiana de sus familias, barrios, veredas, ciudades, regiones, empresas; se involucrarán en movimientos y organizaciones sociales o crearán las suyas, es decir, al dejar las armas muy seguramente se constituirán en parte de la sociedad civil. Sin embargo, las representaciones sociales, los valores y las formas de pensar al margen de la guerra, no surgen súbitamente. Quienes se desmovilicen muy probablemente encuentren desconfianzas, miedos, odios y resistencias. Por eso se requiere mucha deliberación y cercanía de la sociedad civil con el proceso, y un aprendizaje permanente para recibir de regreso a quienes un día partieron a la guerra.
]]> Así que bienvenidos los mecanismos virtuales y reales que este proceso de paz genere para la interacción con la sociedad civil; bienvenidos los espacios que los movimientos y organizaciones sociales y políticas construyan de manera autónoma para discutir el tema de la paz y los temas sustanciales; bienvenidos los foros y debates que los congresistas y representantes deberían estar promoviendo como parte de su función; bienvenidas las charlas que maestros de escuelas y universidades generen para hablar con sus estudiantes. Pues, parafraseando a María Teresa Uribe: tal vez las palabras de la guerra a las que nos hemos habituado en estas décadas aciagas, hayan obnubilado el lenguaje de la paz. Por eso necesitamos hablar, decía la maestra. Y con estos diálogos tal vez nos estemos jugando una carta invaluable para que el derecho de vivir en paz adquiera entre nosotros algún sentido.
Notas
1 Valencia, Germán; Gutiérrez, Alderid; Johansson, Sandra. (2012). Negociar la paz: una síntesis de los estudios sobre la resolución negociada de conflictos armados internos. Estudios Políticos, 40, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp. 149-174).
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