SECCIÓN GENERAL

Sandra Carolina Bautista Bautista¹

Fecha de aprobación: octubre de 2012

Cómo citar este artículo: Bautista Bautista, Sandra Carolina. (2012). Alternativas analíticas en el campo de la movilización social en Colombia: la acción colectiva de alto riesgo. Lecturas a propósito de la protesta campesina en el Tolima. Estudios Políticos, 41, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 57-79.

RESUMEN

Este artículo aborda el debate teórico y analítico de la acción colectiva de alto riesgo, escasamente desarrollado en el contexto colombiano, como herramienta explicativa de diferentes procesos y tipos de movilización social. Esta perspectiva resulta trascendente al darle especificidad a dinámicas en las que existe una aparente contradicción entre procesos de acción colectiva y condiciones adversas a los mismos. Se realiza un ejercicio de contrastación teórica a partir de autores relevantes en la literatura internacional, proponiendo una definición conceptual aplicable para el análisis de dos procesos de movilización campesina ocurridos en los municipios de El Líbano y Chaparral en el Tolima. Se trabaja en la descripción de dichos procesos a partir de información recolectada mediante trabajo de campo, revisión de prensa y diversidad de documentos, haciendo uso de las categorías analíticas derivadas de la definición construida. Se constata la especificidad de este tipo de acciones colectivas y se abre la puerta a la exploración de esta alternativa analítica, a partir de su potencialidad explicativa.

Palabras clave: Movilización Social; Acción Colectiva; Movimientos Sociales; Campesinos; Tolima.

Abstract

Mentioned mobilization processes are described using collected information in the field, press reviews, and multiple documents, leading to the development of analytical categories based on actual information. The specifics of these collective actions are proven; hence, the potential of this approach remains as a powerful tool for future works.

Keywords: Social Mobilization; Collective Action; Social Movements; Peasants; Tolima.

Introducción

La propuesta de la acción colectiva de alto riesgo (ACAR) permite problematizar las condiciones en las que se desarrollan procesos de organización y movilización social, distinguiendo las formas ''seguras'' de acción de aquellas que resultan altamente riesgosas para los involucrados, siendo a su vez una invitación a incorporar la existencia de contextos adversos como variables analíticas y no como meros escenarios estáticos que se encuentran en el ''afuera'' de la acción colectiva.

Como ha sido presentado por autores como Mauricio García (2005), Adriana González (2006) o María Teresa Uribe (2006), los análisis de movimientos sociales en Colombia han adolecido de un cuerpo teórico que permita vislumbrar las condiciones y rasgos particulares en las dinámicas de movilización social en el país, signada por una constante de violencia. Se ha emprendido así un esfuerzo por evaluar, revaluar y generar propuestas teóricas capaces de captar la complejidad de las acciones colectivas emprendidas, no solo desde la perspectiva nacional, sino también local y sectorial.

Como un aporte a este debate, el presente artículo aborda la discusión sobre la definición y caracterización de la ACAR, que sin constituir un cuerpo teórico completo y cerrado, presenta elementos valiosos para el abordaje de dinámicas de protesta en Colombia, procurando generar herramientas para entender porqué se configuran sujetos colectivos dispuestos a asumir riesgos muy elevados, como detenciones, desplazamiento forzado, exilio o asesinato, para llevar acabo procesos de movilización de carácter contencioso.

El propósito del presente artículo es discutir la trascendencia teórica de la ACAR, cuya potencialidad explicativa para el caso colombiano no ha sido debatida a profundidad, proponiéndola, a su vez, como marco analítico desde el cual abordar procesos de acción colectiva campesina que tienen lugar en los municipios tolimenses de El Líbano y Chaparral.

1. Aproximación a las definiciones de acción colectiva de alto riesgo¹

La discusión sobre la ACAR ha tenido campo en el ámbito internacional, siendo los trabajos de mayor relevancia los de Elizabeth Wood (2003) y Mara Loveman (1998), reconociendo a su vez que el planteamiento inicial sobre la necesaria distinción entre acciones colectivas riesgosas y otras que no lo son se debe al autor Doug McAdam.

En un artículo de 1986, McAdam propone entender que al participar en acciones colectivas, los sujetos movilizados enfrentan costos y riesgos, como elementos conceptualmente diferenciables y que darán origen a dinámicas también distintas de la acción colectiva, lo que conduce a su relevancia como objeto de estudio. Según este autor los costos son ''los gastos de tiempo, dinero y energía que son requeridos por una persona involucrada en cualquier forma particular de activismo'', en tanto que los riesgos serían los ''peligros anticipados —tanto legales como sociales, físicos, financieros y así sucesivamente— de enrolarse en un tipo particular de actividad''. [La diferencia se ejemplifica así:] ''Mientras que el acto de firmar una petición es siempre de bajo costo, el riesgo de hacerlo puede, en ciertos contextos —durante el punto más álgido del macartismo, por ejemplo—, ser bastante alto'' (McAdam 1986, p. 67).

Abocándose al estudio específico de acciones colectivas que pueden ser catalogadas como de alto riesgo, Elizabeth Wood propone discutir las razones que tuvieron los campesinos salvadoreños para apoyar, siendo población no combatiente y desde el ejercicio de organizaciones gremiales, las acciones y propuestas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el periodo de agudización de la guerra de la década de 1980. Es un abordaje desde una versión ampliada del programa de investigación del individualismo metodológico, toda vez que flexibiliza supuestos como la idea de que las motivaciones para la acción derivan siempre de incentivos materiales o instrumentales y que las preferencias de los individuos están determinadas de antemano (Cf. Bautista, García et al., 2011, p.15).

La autora representa la acción colectiva como un juego de coordinación de n-personas entre individuos que enfrentan la decisión binaria de si participar o no (Wood, 2003, 267). El problema es que la evaluación se realiza únicamente para las decisiones de los individuos, sin valorar o problematizar la pertenencia o no a una estructura organizativa, como si este factor no mediara o no diera un carácter cualitativamente distinto a la participación.

Teniendo en cuenta las condiciones de represión y guerra civil, Wood propone el alto riesgo como aquel que deriva de la ponderación individual entre costos y beneficios, en el que los primeros resultan ser exorbitantes, al enfrentar señalamientos, persecución y muerte, mientras que los beneficios directos de participar en las acciones impulsadas por el FMLN serían muy limitados. En el caso de las tomas de tierras, mientras que los costos eran muy elevados, los beneficios eran distribuidos entre todos los campesinos de una de las ''zonas liberadas'' por el FMLN, de manera que no habría incentivos selectivos individuales que explicaran la participación y sería común la existencia de free-riders, sin que por ello dejara de darse la acción colectiva, como lo prevé la paradoja de Olson (Wood, 2003, p. 12).

Acorde con lo anterior, la autora propone que una ACAR será aquella en la cual los individuos se exponen a peligros inherentes a la participación, que varían de acuerdo con el lugar y a lo largo del tiempo, por lo que realizan una cuidadosa ponderación de costos y beneficios. De ahí que lo más importante en esta explicación del porqué la gente participa sean las motivaciones individuales.

Realizando una fuerte crítica al individualismo metodológico de Wood, Mara Loveman (1998) indaga las causas y los elementos que condicionan la participación de sujetos colectivos en dinámicas de confrontación de Estados represivos, en el caso concreto de las dictaduras del Cono Sur, asumiendo un contraste de conceptualizaciones, con el objetivo de avanzar hacia una ''construcción teórica sintética''.

En esta propuesta, la definición de acción colectiva de alto riesgo se encuentra estrechamente ligada a la estructura de oportunidad política (EOP), observando que un empeoramiento de esta indujo, en el caso de países como Chile o Argentina, a cierto tipo de acción colectiva (Loveman, 1998, p. 485), derivando de allí una redefinición del concepto construido por Sidney Tarrow. Se concluye, por tanto, que un empeoramiento de la EOP, se presenta como rasgo característico de las acciones colectivas de alto riesgo en las cuales se plantean serios desafíos hacia el Estado.

El tratamiento del concepto de ACAR en Loveman se distancia del de Wood en su operativización, al ir más allá del cálculo costo-beneficio y dar relevancia a la construcción de identidades, a los procesos de reclutamiento mediados por relaciones personales, familiares y de amistad —conectadas a su vez con redes sociales e institucionales de carácter regional, nacional e internacional— y a los recursos a los cuales pueden acceder quienes desean movilizarse.

Una crítica sustancial de Lovema a Wood es el trato indiscriminado que se hace de costos y riesgos de la acción colectiva, ya que los primeros ''se sopesan simplemente como ''costos'' potenciales en el cálculo individual'' (Loveman 1998, p. 481). Este hecho trae como consecuencia la imposibilidad de evidenciar el carácter relacional y social del alto riesgo resaltado por MacAdam y Wiltfang más allá del cálculo individual que cada participante pueda hacer (Bautista, García et al., 2011 p.17). Es así como para estos autores ''los costos están bajo el control del activista; los riesgos, como costos futuros, dependen no sólo de las propias acciones de los activistas, sino de las respuestas de otros a las acciones de los activistas'' (p. 489).

En el terreno de la literatura nacional, si bien no se ha discutido suficientemente el andamiaje conceptual de las ACAR, se encuentran significativas investigaciones que analizan acciones colectivas en contextos de violencia política. Dos de las investigaciones más relevantes para este caso son las de Mauricio García (2005) y Adriana González (2006), inscritas en la perspectiva de análisis de estructura del contexto, propuesta por Dieter Rutch. En este abordaje, el contexto se comprende como el conjunto de elementos de carácter cultural, social y político que posibilitan o dificultan la definición de una particular estructura del movimiento, relativa al tipo de organización, de recursos disponibles y de acciones a realizar (Rutch, 1999, p. 268). A la luz de los elementos expuestos por Rutch, se puede afirmar que la estructura del contexto desempeña un papel desde afuera de la dinámica de acción colectiva, para contribuir en la definición de un cierto tipo de estructura de movilización.

La perspectiva aquí propuesta de ACAR recoge la preocupación planteada por Mauricio García (2005, p. 155) frente al descuido en el estudio de las condiciones en las que surge la acción colectiva, presente en la literatura colombiana. Pero intenta avanzar en la relación contexto-desarrollo de acciones colectivas, comprendiéndola no sólo como una de doble vía, sino también como generadora de variadas formas de relación entre sujetos colectivos movilizados y aquellos a quienes plantea los desafíos. Una de estas posibles formas será el alto riesgo.

De este abordaje resaltan dos elementos: primero, el alto riesgo no existe per se, sino que surge en el proceso de confrontación que define a las acciones colectivas contenciosas, en el que las respuestas a las decisiones de movilización de los sujetos colectivos van signadas por altos riesgos; segundo, las organizaciones sociales y populares que constituyen los sujetos movilizados no tienen un papel pasivo en la dinámica de riesgo.

Lo anterior recoge parte de los planteamientos de Stathis Kalyvas frente al papel de la población no combatiente como elemento determinante en el desarrollo y definición de la guerra. Pero no se trata de afirmar, sin más, que la población no combatiente promueva la confrontación armada y que realice, frente a esta, cálculos racionales de manera permanente. De acuerdo con este autor griego, la fragmentación del territorio y la soberanía en una guerra irregular, generan diferentes tipos de población a los cuales tienen que enfrentarse las organizaciones armadas: población bajo su control, la que tiene que ''compartir'' con el rival y aquella fuera de su control (Kalyvas, 2006, p.88).

Si la población no combatiente tiene un papel activo en la lógica de violencia de la guerra irregular y se convierte en sujeto colectivo que genera desafíos a poderes establecidos —armados o no, institucionales o no—, el alto riesgo no podrá comprenderse como un contexto generado desde afuera de las organizaciones sociales.

Es esta la diferencia sustancial con trabajos como los de Adriana González, quien centra su investigación en la ''emergencia de actores sociales no violentos que ensayan nuevos repertorios de acción colectiva o resignifican los viejos, en un escenario cruzado por la violencia —la violencia como contexto—'' (2006, p. 36).²

Acorde con lo anterior, la violencia política de la cual son objeto las acciones colectivas analizadas en este artículo, se encontraría en el contexto, es decir en el afuera, en lo que rodea a la acción colectiva. Desde la propuesta aquí presentada, la violencia política se entiende como un recurso utilizado por aquellos a quienes la movilización social plantea desafíos, siendo, por tanto, parte de la relación política que se va construyendo con la acción colectiva.

2. Protesta campesina como acciones colectivas de alto riesgo

La movilización agraria en El Líbano y Chaparral desde mediados de los años noventa del siglo XX se ha caracterizado por ser ampliamente discontinua y referida casi exclusivamente a grandes acciones de protesta articuladas a la dinámica nacional o regional. Para El Líbano el referente de movilización continúa siendo el Paro Cafetero de 1995, sin que a la fecha se registren otras acciones colectivas de tal envergadura. En el caso de Chaparral el periodo de análisis muestra nulas dinámicas de protesta hasta el año 2005, a partir del cual se han presentado movilizaciones locales y regionales.

Resulta importante señalar que en el caso de Chaparral, pese a la gran extensión del municipio, los campesinos participantes en los distintos procesos de movilización de carácter local, regional y nacional provienen de las zonas ubicadas sobre la cordillera central, específicamente de los corregimientos de San José de las Hermosas y La Marina; el primero de ellos se ubica sobre la zona del Cañón del río Amoyá o Cañón de las Hermosas, mientras que el segundo se ubica en el Cañón del Río Ambeima. Dichas zonas se reconocen por ser las más apartadas respecto al casco urbano de la población, de histórica presencia de la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero también las de mayor riqueza hídrica y medioambiental para el municipio.

El reducido número de eventos de protesta no implica la inexistencia de otras formas de acción colectiva contenciosa en la región de estudio. Específicamente, el impulso de procesos organizativos gremiales constituye uno de los principales esfuerzos de acción colectiva campesina, signado también por condiciones de alto riesgo. La organización campesina de mayor relevancia en El Líbano en 1995 fue la Asociación de Medianos y Pequeños Agricultores (Asopema), en tanto que para Chaparral se encuentra la presencia y acción del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (Sintragritol), la Asociación de Trabajadores Agrícolas del Tolima (Astracatol) y la Asociación Ambientalista con Desarrollo al Futuro (Asohermosas).

Si bien las referencias para la definición del alto riesgo se centran en los principales hechos de protesta campesina que han tenido lugar en los municipios de El Líbano y Chaparral, resulta totalmente necesario precisar los alcances del concepto a partir de la referencia a sujetos colectivos concretos.

Para la observación de las acciones colectivas campesinas como de alto riesgo se propone trabajar tres aspectos: en primer lugar, la anticipación de los costos y dificultades. Cada uno de los hechos de protesta referidos permite evidenciar cómo se dimensionan y evalúan las eventuales condiciones adversas con las que se pudieran encontrar los participantes en una determinada acción colectiva antes que ésta ocurra, pero sin que esto implique la anticipación del resultado final y sus consecuencias; en segundo lugar, la claridad sobre quiénes son los contendores, así como del interés en disputa; y por último, las respuestas generadas que trascienden más allá de los eventos puntuales de acción colectiva, diferenciando entre los riesgos asumidos en el desarrollo mismo de un hecho de protesta y aquellos que se realizan posteriormente. Tal situación revela que una característica del alto riesgo será su prolongación en el tiempo.

2.1 De la reivindicación cafetera a la resistencia por la vida y el territorio³

Las movilizaciones cafeteras de 1995 son consideradas como las más significativas expresiones de descontento de los cultivadores de café. Los elementos de fondo que las sustentan se articulan en lo que Gonzalo Sánchez llama ''el derrumbe de todo un esquema de desarrollo agroexportador'' (1999, p. 11) forjado alrededor de la caficultura. El crítico panorama forjado desde finales de la década de 1980 condujo a la cesación de pagos entre los caficultores por los créditos adquiridos en años anteriores y, consecuentemente, al embargo de sus propiedades, con el asedio constante por parte de los bancos. De acuerdo con el relato presentado por John Jairo Rincón (2005, p. 67) las expresiones de inconformidad ante la explosión de la crisis cafetera surgieron entre los pequeños y medianos cultivadores ubicados en zonas marginales, precisamente por constituir el sector más vulnerable dentro de la estructura productiva sectorial.

Los primeros foros en El Líbano se hacieron en 1992, gestándose además un proceso de intercambio de opiniones y propuestas con otros cafeteros del país, siendo el centro de discusión el qué hacer frente a la crisis. Resulta importante destacar que en ese momento no existían experiencias recientes de acciones de protesta de carácter contencioso tales como bloqueos, paros o marchas. En palabras de un campesino protagonista de aquel momento, ''Para esas zonas y menos para el cafetero no se sabía qué era un paro, qué era una movilización, qué era una protesta, no, no se tenía como experiencia en ese asunto''.⁴

Ante la ausencia de respuestas a las solicitudes enviadas, los campesinos de El Líbano recurrieron a formas de acción no explotados por ellos hasta ese momento. Es así como se realizaron marchas en diferentes regiones cafeteras y concentraciones en centros poblados, sin abandonar los foros de discusión y los intercambios de experiencias. De estos procesos de movilización se desprendió una dinámica organizativa local que se apoyó en la figura e importancia de diferentes líderes veredales forjados en las dinámicas previas al interior de la comunidad, futura base para la conformación de Asopema.

Analíticamente este punto resulta de vital importancia, ya que el paso de mecanismos de exigibilidad fácilmente asimilables por la institucionalidad cafetera y gubernamental a formas disruptivas de protesta, permite ejemplificar cómo el alto riesgo es el fruto de una relación que se construye y no está determinada per se. Para los cafeteros de El Líbano, existiendo las motivaciones de la protesta cimentadas en la crisis de la caficultura, la primera acción se enmarcó en las vías institucionales, cartas, memorandos y demás; la respuesta por parte del gobierno y la Federación —los contendores— fue precisamente la ausencia de la misma, motivando así una nueva forma de reacción, esta vez más disruptiva, lo que a la postre implicaría riesgos sobre la vida de los campesinos movilizados. En este sentido, el alto riesgo se erige en un conjunto de acciones y respuestas que van elevando progresivamente los costos en su realización, particularmente hacia futuro.

El 18 de febrero de1995 se convocó el Paro cafetero de El Líbano, en principio de carácter netamente local y municipal; sin embargo, tuvo acogida regional mediada por la significativa participación de campesinos provenientes de El Líbano, Villahermosa, Falan, Palocabildo y Casabianca. Esta primera gran acción consistió en la toma, por 22 días, del parque municipal de El Líbano, Isidro Parra, iniciando con 8.000 cafeteros y alcanzando los 14.000 en el momento de mayor participación.

Se conformó una comisión negociadora con participación de líderes por municipio, teniendo como tarea fundamental presentar y discutir las reivindicaciones más importantes, a saber, auxilios para el control de la broca, condonación de deudas para pequeños productores e incentivos para la producción y proyectos productivos. Se firmó un acuerdo con la delegación del gobierno nacional, encabezada por el entonces ministro del interior Horacio Serpa, cuyo punto principal fue la renegociación de las deudas. Así se levantó el paro, pese a que los acuerdos nunca llegaron a cumplirse, persistiendo los problemas que le dieron origen.

En el norte del Tolima se consolidaron los procesos organizativos gestados en la toma del parque de El Líbano, perfilándose la conformación de Asopema a través de la formulación de lineamientos programáticos, la constitución de una junta directiva, la definición de responsabilidades y el desarrollo de un trabajo organizativo desde la perspectiva veredal en los distintos municipios participantes.

Ante el incumplimiento de los acuerdos y la profundización de la crisis, Unidad Cafetera Nacional propuso la realización de un paro de 24 horas en todo el país. Asopema decidió elevar el nivel de confrontación, proponiendo una acción de mayor trascendencia, la toma del Puente Luis Ignacio Andrade sobre el río Magdalena, en la vía que de Honda conduce a Bogotá, al norte del Tolima. Este hecho rescata la necesaria diferenciación que debe hacerse al momento de analizar la dinámica de ponderación de riesgos que establecen los sujetos colectivos movilizados. Por un lado, se encuentra el balance de los riesgos que se está dispuesto a asumir en la ejecución de una acción concreta, en este caso, la variación en el sitio de concentración, soportado en la experiencia adquirida en la reciente toma del Parque de El Líbano. Y como bien lo reconocen los campesinos participantes en estos hechos, la experiencia no fue suficiente, ya que se trataba de un problema de escala —más gente— y, probablemente, más días. No obstante, los posibles riesgos se asumieron teniendo como base el saber adquirido.

Una segunda forma de ponderación de riesgos se relaciona con aquellos que se producirán en el mediano plazo, una vez culminada la acción de protesta. Los campesinos reconocen que no hubo mayor reflexión sobre este punto, ya que se creía poco probable o no se consideró, una lógica de represión sistemática posterior a la movilización —como efectivamente ocurrió— azuzada por la configuración de intereses específicos sobre los usos del territorio.

Retomando el relato, la información sobre la propuesta de toma del puente llegó a oídos de las autoridades departamentales y nacionales, procediendo a la militarización de la zona. Encontrándose en las inmediaciones y en la idea de no desmontar la movilización, los dirigentes deciden cambiar el punto de concentración para realizar la toma del Parque Murillo Toro en la ciudad de Ibagué, iniciando el desplazamiento de gente a las ocho de la noche, razón por la cual la toma se produjo en horas de la madrugada del 20 de julio.

Se conformó la mesa de interlocución y se reabrieron las negociaciones, insistiendo en la solución de la problemática cafetera. Según el análisis de John Jairo Rincón, el centro de las negociaciones fue la condonación total de deudas con un tope de 30 millones —contemplando las de pequeños y medianos productores— y los cuestionamientos al proceso de asistencia técnica por parte de FNC y otras entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (Rincón, 2001, p. 70-88). El repertorio de acciones se centró en la visibilización departamental y nacional a través de marchas y bloqueo de vías en Ibagué, contando para ello con mucha solidaridad sindical y de varias organizaciones sociales.

A mediados de agosto de 1995 se realiza un encuentro de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares con el objetivo de generar una dinámica nacional de protesta. Se propuso realizar una marcha de respaldo al paro cafetero del Tolima en Bogotá, convocada por organizaciones sociales y sindicales, destacándose la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Unión Sindical Obrera (USO) y el sindicato de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (Sintrateléfonos).

Estas solidaridades se explican por varios motivos. Desde Asopema se formuló un llamado a las diferentes organizaciones nacionales de manera que sus exigencias tuvieran mayor eco, intentando sobrepasar el cerco informativo que los aisló de la opinión nacional durante la movilización de enero de ese mismo año. De igual manera, entre varios sectores de la vida nacional incluidos los sindicatos, la Iglesia y gremios como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Risaralda, es un acuerdo la crítica situación de los cafeteros, por lo que la solidaridad sindical se enmarcó, en parte, en la consideración del sector cafetero como estratégico para el país y de cuyo estado dependía el bienestar y los ingresos de muchos trabajadores rurales.

Otra parte del acompañamiento de las grandes organizaciones sindicales del país a los productores cafeteros se explicaba por las condiciones de confrontación que algunas de ellas desarrollaron durante 1995, implicando cierto cálculo político que les permitiera sacar partido de las condiciones de inestabilidad política del momento, protagonizada por el gobierno de Ernesto Samper. Teniendo en cuenta que tanto la USO como la Fecode realizaron significativas acciones de protestas,⁵ la solidaridad con los cafeteros movilizados en julio y agosto sería la posibilidad de agudizar la situación del gobierno, buscando mejores resultados en los problemas particulares a cada sindicato.

Precisamente en el marco de dicha solidaridad ocurrió la muerte de Fernando Lombana, uno de los principales dirigentes de la movilización cafetera en El Líbano. Los campesinos movilizados en julio de 1995 decidieron enviar a cien personas del norte del Tolima para liderar la marcha, programada para realizarse desde el Consejo de Bogotá hacia la Plaza de Bolívar. Justo en el momento en el que se inició la marcha, un miembro de la policía, ubicado en una de las tanquetas que transportaban a la fuerza pública, disparó en contra de Fernando Lombana, causando su muerte.

La valoración de los dirigentes sobre los hechos indicó que los consideraban no como algo fortuito, tal como fue presentado por los medios en su momento, sino como una acción premeditada orientada a sembrar temor y desmovilizar al campesinado. Así lo afirmó uno de los dirigentes de Asopema:

Se tenían las versiones de que uno de los líderes del norte del Tolima tenían que matarlo para que los demás cogieran escarmiento [sic], para que nos fuéramos para las casas. Ya era algo premeditado y planificado. Al hombre lo matan, le disparan cuando ya comenzaba a arrancar la marcha y de lógico eso trajo como consecuencia la toma del Consejo de Bogotá, acciones por todas partes y la pérdida irreparable de uno de los principales líderes y el primer compañero que dio la vida por este proceso organizativo.⁶

Este caso permite analizar la lógica de escalamiento de los riesgos en la acción colectiva campesina. Días antes, la certeza del peligro en la movilización queda clara gracias a los pronunciamientos del entonces comandante de la Sexta Brigada, coronel Hernán Contreras Peña, quien afirmó que era evidente la participación de grupos insurgentes en la movilización, dedicados a presionar, amenazar y obligar a los campesinos para generar alteraciones del orden público (El Tiempo, agosto 4, 1995). Sin embargo, como ocurre con las acciones colectivas de alto riesgo, los resultados del escalamiento son muy difíciles de predecir.

Aún con la muerte de Fernando Lombana, la comisión negociadora siguió funcionando y logró avanzar bajo la dirección del Ministerio del Interior, en la formulación de acuerdos con el Ministerio de Agricultura, Bancafé, la Caja Agraria y el Comité de Cafeteros, particularmente en el tema de subsidios, auxilios y condonación de deudas. La noche antes de la firma de los acuerdos, el ministro ordenó el desalojo del parque Murillo Toro, en el cual solo quedaban 2.000 campesinos producto del desgaste de 64 días de toma.

Después de la toma en Ibagué, Asopema se fortaleció y entró en una etapa de consolidación organizativa, formación de las bases e implementación de proyectos productivos locales, sin abandonar el ejercicio de la protesta. Entre 1997 y 1999, según sus dirigentes, surgió un proceso de formación para la capacitación de más de 3.500 personas. Frente a los proyectos productivos, citaban el caso de los trapiches paneleros comunitarios, financiados con recursos del Ministerio de Agricultura y ubicados en El Líbano, Villahermosa, Lérida y Venadillo. La definición del lugar de construcción y la organización de las comunidades para hacer uso de los trapiches quedó en manos de Asopema; posteriormente este tipo de logros fueron capitalizados por las alcaldías o se perdieron, producto de la incapacidad de la organización para mantener el control.

Esta organización agraria logró una importante participación en gran número de movilizaciones y acciones de protesta en estrecha alianza con el sector sindical, con reivindicaciones no netamente gremiales sino relativas al conjunto de derechos sociales, tales como salud y educación, y en solidaridad con esos otros sectores. La experiencia vivida en Ibagué durante 1995 dejó aprendizajes y, en consecuencia, las siguientes acciones de protesta se limitaron en el tiempo, se prepararon más y transitaron por un proceso de selección de los participantes, evidenciando un mejor ejercicio de planificación.

Mientras se cualificaba el proceso de movilización aparecía el paramilitarismo en la región encabezado por el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes declararon como objetivo militar a Asopema. En el norte del Tolima la persecución a los líderes comienzó en 1998, con amenazas de muerte vía telefónica. Entre 1999 y 2001, Asopema vivió la dinámica de persecución más cruenta en contra de sus dirigentes y procesos organizativos que derivó en asesinatos y desplazamientos forzados. De acuerdo con las reflexiones de los sobrevivientes, uno de los principales objetivos del paramilitarismo en la región es exterminar a la que hasta ese momento es la organización agraria de mayor fuerza y proyección.

Según los dirigentes, es su capacidad de movilización la que los hizo vulnerables, ya que, al defender sus derechos, plantearon serios desafíos a poderes locales, regionales y nacionales, ejemplificando porqué el alto riesgo es una relación más que un estado. La conjugación de factores desató una reacción sobre los campesinos y el pulso final fue ganado por los intereses que deseaban despejar el territorio de posibles acciones contenciosas. De esta manera y en el transcurso de escasos dos años, Asopema fue desestructurada y marginada de la acción política local. Y aunque el desenlace final fue el quebrantamiento de la acción colectiva, vale la pena analizar de qué manera se gestaban las condiciones de riesgo que caracterizaron el accionar de esta organización y cómo se posibilitó el desarrollo de la acción colectiva en tales condiciones. Adicionalmente, este caso sirve para proponer que la capacidad de resistencia en la dinámica de riesgo presenta límites más o menos flexibles, según los casos.

2.2 La defensa de los Derechos Humanos en el sur del Tolima

''Supuestamente somos civiles y creemos que no tenemos enemigos y resulta que no, que sí tenemos enemigos''⁷

Las protestas presentadas en Chaparral en 2006 y 2007 surgieron de manera directa como respuesta a diferentes hechos de violencia contra los campesinos en las zonas del Cañón de las Hermosas y de la Marina, específicamente los asesinatos de habitantes y dirigentes agrarios a manos del Ejército Nacional. El 28 de mayo de 2006 fue asesinado y presentado como guerrillero muerto en combate el dirigente agrario Tiberio García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Aguas Claras, corregimiento de La Marina y líder en el programa de familias guardabosque, ejecutado por la Presidencia de la República. Las denuncias mencionan que, además del dirigente agrario, fueron asesinados en circunstancias similares Deimer Verján en el corregimiento El Limón y tres integrantes de la familia Méndez del corregimiento de La Marina.

Estos casos incluidos en los llamados ''falsos positivos'', motivaron la realización de una marcha regional el 14 de junio de 2006, realizada desde los corregimientos de San José de las Hermosas y La Marina hacia el casco urbano de Chaparral. La participación de campesinos asciendió al número de cinco mil, despertando la solidaridad de los habitantes y comerciantes del centro urbano quienes cerraron sus locales durante ese día en señal de protesta. De igual manera, lograron la presencia de las autoridades locales y departamentales del momento: el gobernador Fernando Osorio, el presidente de la Asamblea Departamental, Ángel María Gaitán, el ex asesor de paz Augusto Arias, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el alcalde municipal Heliófilo Mosquera y el personero municipal Gilberto Romero Franco.

El resultado de la movilización sería la realización de una reunión en el Consejo Municipal entre los campesinos movilizados y las autoridades, de la cual surgió un pronunciamiento solicitando la investigación de los hechos, el acompañamiento de organismos humanitarios nacionales e internacionales, así como el freno a la estigmatización de los campesinos y el estricto respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares.

En este caso, el análisis de las posibles condiciones adversas que podrían sobrevenir ante el desarrollo de un hecho de protesta está mediado por la necesidad de afrontar un cierto nivel de riesgo para evitar en el futuro uno mayor. Adicionalmente, la valoración sobre el número de participantes en la movilización se convierte en factor determinante al momento de ejecutar las acciones colectivas contenciosas, ya que un mayor número de personas movilizadas ayuda a amortiguar las condiciones de riesgo, a la manera de un proceso de masa crítica.

El hecho de ser ''invisible'' entre la multitud, aunado a la posibilidad de participar en grandes actividades en compañía de vecinos, amigos y familiares, constituye el motivo para lo que podría ser llamado la masa crítica en la acción colectiva de alto riesgo. De acuerdo con Thomas C. Shelling (1989, p. 64), el modelo de masa crítica estudia el tipo de actividades que se sostienen a sí mismas, toda vez que la medida de la actividad supere un determinado nivel mínimo o número crítico, generándose así una reacción en cadena. El número crítico puede diferir entre personas y no es absolutamente necesario que la totalidad de participantes de la actividad definan sus preferencias de acuerdo a como actúan los demás (personas no susceptibles al número crítico). Schelling cita como ejemplos el permanecer o no en una reunión según la asistencia, en la que habrá gente que se quede independientemente de los demás y otros que lo harán según el número o proporción crítica (mínima) que definan, así como la participación de un acontecimiento social o político.

Análogamente, en la acción colectiva de alto riesgo, el número crítico estaría determinado por la posibilidad de no ser fácilmente ubicado como individuo entre la multitud de manifestantes, buscando con ello minimizar costos futuros, es decir riesgos. Estas consideraciones aplican para los participantes de base, mas no para los dirigentes, quienes por definición son, necesitan y quieren ser visibles dentro de una movilización; por lo que su participación y tipo de papel en las acciones colectivas de alto riesgo requieren una explicación alternativa.

El objetivo de visibilizar los casos de vulneración de derechos humanos por parte del Ejército lo coloca como contendor directo, es decir, como sujeto frente al cual se plantean los desafíos. Es cierto que la reunión establecida como resultado de la movilización se desarrolla con las autoridades civiles, pero estas cumplen, desde la perspectiva de los campesinos, más un papel de intermediación que de responsable directo de los hechos de los cuales surge la protesta. Para este caso particular, las figuras del alcalde, el gobernador, o los concejales, gozan de relativa cercanía con los campesinos, gracias a la relación más fluida que surge de los procesos electorales locales.

Como se puede constatar mediante entrevistas, los campesinos de San José de las Hermosas y de La Marina le otorgan un elevado nivel de importancia a los procesos electorales, particularmente a los locales, contrario a lo que fácilmente se podría pensar de zonas con alto nivel de influencia por parte de las FARC. En dichas zonas, el abstencionismo no ha sido el común denominador;⁸ de hecho, varios dirigentes agrarios han sido candidatos al concejo municipal por el Partido Liberal, más recientemente por el Polo Democrático y muchos aspiran a que algún día exista un representante de los campesinos en diferentes corporaciones locales, departamentales y nacionales.

En este caso el Ejército Nacional se ubica como contendor fundamental por lo que el interés en disputa es definido por los propios campesinos como ''la defensa de la vida'', es decir, evitar la ocurrencia de este tipo de hechos en el futuro. Sin embargo, desde la perspectiva del conflicto armado, el interés en disputa se da en el ámbito del terreno militar y se define por el papel trascendente que desempeña el control poblacional y territorial para el desequilibrio y la derrota de las FARC en zonas que, como el Cañón de las Hermosas, hasta el año 2009, han sido parte de su retaguardia estratégica. Por lo tanto, mientras los campesinos plantean un desafío directo al Ejército reclamando el respeto a sus vidas, para este el desafío se plantea directamente con las FARC.

Aunque los factores inmediatos que desencadenaron el proceso de movilización estuvieron asociados directamente con la muerte de Tiberio García, es importante destacar que los hechos de violencia contra los campesinos y, en general, contra los pobladores de la zona, no resultaba ser un fenómeno nuevo ni de exclusividad del Ejército Nacional.

Pese a las protestas y a los pronunciamientos formulados en junio de 2006, al año siguiente fueron asesinados en circunstancias similares, Camilo Ávilez y Jesús María Riaño campesinos de la Marina, Rubén Darío Luna en San Pablo Hermosas y José Rubiel Caicedo Caicedo en El Limón. Nuevamente los casos que causaron mayor rechazo fueron los ocurridos en el corregimiento de La Marina. En esta ocasión no se trataba de un dirigente comunitario, sino de uno religioso, Camilo Ávilez un joven campesino y reconocido pastor de una iglesia evangélica.

Los hechos que terminaron con la muerte de los dos campesinos de La Marina ocurrieron el 19 de julio de 2007, día en el que se desarrollan unas jornadas de vacunación de ganado. Camilo Ávilez se dirige con Jesús María Riaño, trabajador de su finca, al cumplimiento de las vacunas; desaparecen, pero dos días después militares de la Sexta Brigada, adscrita al Batallón José Domingo Caicedo con sede en Chaparral, reportaron haber dado de baja a dos integrantes de las FARC en la carretera hacia el casco urbano, presentando los cuerpos de los campesinos vestidos de camuflado, con armas de corto alcance y granadas.

Antes de la movilización, los campesinos presentaron una carta dirigida al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, contando lo ocurrido y señalando la necesidad de investigar los hechos, pero nunca llegó la respuesta. La misiva se planteó comprendiendo la nula efectividad de los pronunciamientos hechos por el gobernador durante la movilización de 2006 y mostraba como se endilgan responsabilidades políticas.

La movilización realizada el 3 de agosto de 2007 no se dió en esta ocasión solo por la necesidad de pronunciarse y denunciar sino que los campesinos iban en busca de respuestas sobre porqué hacer víctima a un joven dedicado a tareas pastorales antes que políticas o militares. Este caso dejó claro para los campesinos que el temor ante la presencia del Ejército no debían sentirlo solo quienes están acusados o efectivamente prestaban algún tipo de soporte a la insurgencia, sino cualquier habitante de la zona. Así puede concluirse de lo dicho por uno de los campesinos de la región: ''ya tenemos más miedo a la Fuerza Pública que a la misma guerrilla''.⁹

En el trayecto de la marcha, más allá del cruce de Maito, el Ejército se apostó a los lados de la carretera y en algún momento se escucharon disparos. Evidentemente las condiciones de riesgo se habían incrementado desde la anterior movilización pero la propuesta ahora no era solamente hacer presencia masiva en el casco urbano de Chaparral sino sostener un diálogo y exigir explicaciones directamente al Ejército. De esta manera, la reunión en Chaparral contó en esta ocasión con la presencia de delegados militares, de la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía.

Surgió la propuesta de conformar la mesa de transparencia, espacio de vocación interinstitucional que supone la participación amplia de las comunidades rurales, con el fin de convertirse en mecanismo permanente para hacer llegar los diferentes casos de vulneración de derechos humanos y construir herramientas para la prevención de este tipo de actos. Inicialmente funcionó como espacio de denuncia, pero paulatinamente fue perdiendo relevancia y presencia por parte de los organismos de control y de las propias comunidades. El proceso se desgastó sin generar resultados efectivos para prevenir de manera real la vulneración de derechos. Para este caso, el escalamiento del riesgo se produjo en el marco de la importancia estratégica tanto militar como económica de la zona, lo que definió parte del interés en disputa.

3. Sobre los aportes de la acción colectiva de alto riesgo

El ejercicio de análisis realizado invita a reconocer, de una manera alternativa, la complejidad de factores que se interrelacionan en el desarrollo de la acción colectiva contenciosa campesina, haciendo énfasis en la aparente contradicción entre movilización social y condiciones adversas a la misma.

Desde la perspectiva analítica, los casos seleccionados permiten ver como la ACAR, más que un momento dentro de la movilización social, constituye una condición y una relación política, la cual se va construyendo de manera progresiva a lo largo del tiempo, en tanto implica la construcción tácita o explícita de acciones, reacciones y respuesta entre sujetos colectivos movilizados y contendores. Si el interés en juego plantea desafíos muy amplios a estos últimos, sus respuestas escalarán el riesgo para quienes se movilizan, situación cuyo desenlace variará de acuerdo con los recursos a los que accedan.

De igual manera, vale la pena observar que para los sujetos colectivos movilizados, los riesgos a los que se enfrentan se ponderan según experiencias y saber adquirido. Su análisis anticipado implica un grado de racionalización de los riesgos como variable intrínseca y no como hecho fortuito, lo cual influye no solo en la toma de decisión individual sobre participar o no, sino que ha determinado cursos de acción para organizaciones y dirigentes.

Notas

* Este artículo surge como producto de la realización de la tesis de grado para obtener el título de magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección del profesor Carlos Miguel Ortiz, así como del trabajo de investigación ejecutado por el grupo Democracia, Nación y Guerra, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección del profesor Daniel Ricardo Peñaranda.

1 Este apartado toma como referencia la discusión teórica presentada en el libro ''Contra viento y marea. Acciones colectivas de alto riesgo en las zonas rurales colombianas 1985-2005'', compilado por Daniel Peñaranda (2011) y que recoge elaboraciones de la autora del presente artículo.

2 El resaltado en negrita es propio.

3 El relato que sirve de apoyo para los apartados 2.1 y 2.2 se construyó a partir de un conjunto de entrevistas a profundidad realizadas entre 2008 y 2010 a campesinos de los municipios de Chaparral y El Líbano. Siempre que no se afirme lo contrario, dichas entrevistas constituyen la fuente principal.

4 Campesino de El Líbano, entrevistado en septiembre de 2009.

5 En 1995 la USO estuvo en paro durante 121 días en disputa con Ecopetrol por la firma de la convención colectiva, finalmente pactada el 11 de mayo de 1995. En ese mismo año, Fecode realizó paros de una semana en febrero y de 18 días en mayo, buscando incrementos salariales.

6 Testimonio de un dirigente de Asopema.

8 Una clara y trascendental excepción son las elecciones de Senado y Cámara, así como las presidenciales de 2006, para las cuales las FARC ordenaron en el ámbito nacional la no votación por los candidatos del uribismo, lo que derivó en altísimas tasas de abstención que en corregimientos como La Marina y San José de las Hermosas alcanzaron el 96%.

9 Campesino de Chaparral, entrevistado en septiembre de 2007.

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