SECCIÓN GENERAL

Marta Isabel Domínguez Mejía (Colombia)¹

Fecha de recepción: marzo de 2014

Fecha de aprobación: julio de 2014

Cómo citar este artículo: Domínguez Mejía, Marta Isabel. (2015). Comunidades negras rurales de Antioquia: discursos de ancestralidad, titulación colectiva y procesos de ''aprendizaje'' del Estado. Estudios Políticos, 46, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 101–123.

RESUMEN

Este artículo analiza cómo diferentes actores del proceso de titulación colectiva de tierras de comunidades negras de Antioquia aportan a la construcción de discursos sobre la ancestralidad de estos territorios. Tomando como fuente expedientes de titulación y dos estudios de caso de corte etnográfico, se describe la variedad de procesos de poblamiento de las comunidades negras de Antioquia. En contraste con esta variedad, el proceso de titulación ha consolidado un discurso oficial homogéneo, que profesa la continuidad entre territorios actuales y los ocupados por cimarrones desde el siglo XVIII. Lejos de asumir que esta homogenización limita las posibilidades de los afrodescendientes a materializar sus derechos territoriales, este artículo se centra en analizar los procesos de recepción, aprendizaje y resignificación de ''la ancestralidad'' que ocurren tanto en las comunidades que titulan como en los funcionarios del Estado.

Palabras clave: Ancestralidad; Afrocolombianos; Comunidades Negras; Titulación Colectiva; Formación del Estado; Antioquia.

The following article analyzes how different actors involved in the process of collective land titling of afro–Colombian territories in Antioquia construct discourses about the ancestral occupation of the land. The article describes the variety of migratory processes that have configured black rural communities in Antioquia over the past four decades, as registered in land titling records and as observed in two case studies. Contrasting with this variety of experiences, the process of land titling has consolidated a homogenizing official discourse that professes continuity between the back rural territories of today and those occupied by cimarrones in the eighteenth century. The article argues that processes of reception, learning, re–signification and appropriation of discourses of ancestrality occur within communities as well as amongst State functionaries.

Keywords: Ancestral Lands; Afrocolombians; Black Communities; Collective Land; State Formation; Antioquia.

Introducción

La ocupación ''ancestral'' es uno de los requisitos de la Ley 70 de 1993¹ para que las poblaciones afrodescendientes titulen colectivamente sus tierras. Sin embargo, los procesos de poblamiento de las comunidades negras de Antioquia presentan, en las últimas cuatro décadas, una gran variedad de experiencias migratorias y trayectorias de poblamiento, que no necesariamente se compaginan con una idea de ancestralidad anclada en la ocupación permanente y prolongada de un territorio por parte de una comunidad relativamente estable e implícitamente ''aislada''.

Se toma como fuente principal los expedientes de titulación colectiva de Antioquia, que recogen los informes etnohistóricos, mapas y censos que producen las comunidades, y los conceptos, reportes y resoluciones que producen los funcionarios del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), las entidades gubernamentales encargadas de la titulación. Se abordan también dos estudios de caso de corte etnográfico realizados en Bocas del Atrato, en el golfo de Urabá y en Mandé, en el municipio de Urrao.

1. De ''categorización'' a ''formación del Estado'': repensando el debate entre ''huellas de africanía'' y etnización

La definición de ''grupo étnico'' que explícitamente plantea la Ley y que se ha convertido en ''sentido común'' (Restrepo, 2013, p. 21), es la de comunidades culturalmente diferenciadas, territorialmente definidas y con prácticas productivas particulares. Cuando esta noción se plasma en leyes, decretos y políticas, implica un proceso de categorización en que ciertas características de las comunidades negras se resaltan, generalizan y se convierten en requisitos para acceder a derechos especiales (Ng'weno, 2013, p. 77). Para las comunidades negras, este proceso de categorización implica cumplir con los requisitos para titular, que cubren tres aspectos centrales: a) organizativos, las comunidades se deben organizar en consejos comunitarios; b) culturales, las comunidades deben establecer que tienen una cultura propia; y c) territoriales, las comunidades deben delimitar su territorio, probar que ocupan ''baldíos de la nación'' y que son pobladores ancestrales.³

Hablar de ''categorización'' puede insinuar un proceso relativamente unívoco, de arriba para abajo, como si las categorías plasmadas en las leyes y decretos se produjeran de manera autónoma por un aparato estatal centralizado. Lo que se puede observar, más bien, es que en el ir y venir de los documentos que dan respuesta a los requisitos para titular colectivamente las tierras ocupadas por comunidades negras, los diferentes actores comunitarios, técnicos, funcionarios del Incoder y, en algunos casos, ONG nacionales o internacionales, le imprimen matices a lo que para cada quien implica ser un ''grupo étnico'' culturalmente diferenciado, tradicional y territorialmente definido.

En este sentido vale la pena hacer una aclaración. Hablar de procesos de categorización, que surgen del reconocimiento legal de los afroescendientes como grupo étnico, no significa insinuar que las comunidades negras no tienen rasgos culturales propios o que ''no existen'' por fuera del proceso de hacer efectivos sus derechos. Estas tampoco ''se inventan'' en un proceso de instrumentalizar la cultura para acceder a beneficios. Por absurda que resulte esta aclaración, una fracción significativa de las discusiones sobre la etnicidad de los afrocolombianos se ha quedado en la polarización de posiciones caricaturizadas: por un lado, la autenticidad étnica cimentada en una idea implícita de aislamiento de las comunidades en la que persisten huellas de africanía; y por el otro, la instrumentalización de lo étnico, planteada como la invención de la comunidad.⁴ La discusión enmarcada en esta dicotomía es doblemente problemática.

Por un lado, desentrañar cómo persisten huellas de africanía en las prácticas, representaciones, memorias y lenguajes de las poblaciones afrodescendientes, no puede llevar a una negación de la contemporaneidad de estos grupos, ni del dinamismo de su cultura. Esto implicaría caer en lo que tan hábilmente critica Johannes Fabian (2002) al hablar de cómo los antropólogos construyen su ''objeto'' de estudio, negando la contemporaneidad.⁵ Esta negación no permite observar los intercambios, las incorporaciones y las resignificaciones de la cultura y el territorio que conllevan los procesos dinámicos y actuales en los que están inmersas las comunidades negras contemporáneas.

Por otro lado, hablar de etnización no significa que estos grupos no tengan sus propios procesos culturales y que no utilicen criterios diferentes a los que ofrecen leyes y decretos para identificarse. De hecho, Restrepo (2013), Bettina Ng'weno (2013), Odile Hoffmann (2007), Carlos Agudelo (2005), entre otros, centran su atención en el proceso contemporáneo de autoidentificarse y ser identificados como comunidades negras, incluyendo procesos de incorporación y resignificación de elementos culturales e identitarios, que se construyen en el intercambio con otros actores: organizaciones afrocolombianas que asesoran procesos de titulación (Domínguez, 2011b); funcionarios estatales que verifican el proceso; ONG internacionales; entidades ambientales; procesos de consulta previa para megaproyectos, minería y concesiones de explotación; académicos y activistas; entre otros.

La manera que conceptualmente se ha encontrado aquí para ''superar'' esta problemática dicotomía entre una cultura legítima pero estática y una cultura dinámica pero instrumental, es recurrir a algunos aspectos teóricos y metodológios de la perspectiva de la formación cotidiana del Estado (Joseph y Nugent, 1994; Agudo y Estrada, 2011), que plantea que la cultura popular y las luchas sociales no se pueden entender sin hacer referencia a las contiendas por gobernar y por establecer un orden estatal. A su vez, ''el orden estatal'' no se puede comprender como algo producido e implementado ''desde arriba'' sino como un ámbito de contienda, moldeado por múltiples actores y sus luchas.⁶

Este artículo se plantea como un aporte a la necesidad de pensar el Estado en términos relacionales, afirmando que es a través de la interacción entre diversos actores que se da forma a órdenes estatales que son histórica y geográficamente específicos. Una perspectiva relacional implica, evidentemente, pensar que esos actores que moldean órdenes estatales, —funcionarios, ciudadanos, activistas, académicos, entre otros—, se constituyen como tal en el mismo proceso de conformación de estos órdenes y, por lo tanto, el proceso no solo da cuenta de la consolidación de regímenes políticos sino también de los propios actores de la contienda. Los grupos de ciudadanos que se organizan, como en el caso de las comunidades negras rurales de Antioquia, se consolidan como actores reconocibles tanto para el Estado como para la sociedad, en el proceso de demandar del Estado el respeto de los derechos especiales consignados en la Constitución. Pero si los actores societales se consolidan en relación con el Estado, también los Estados se moldean en estas contiendas.

2. Aprendizaje y resignificación: procesos hegemónicos y lenguajes de la contienda

La cuestión de los archivos para la investigación del pasado reciente tiene la particularidad de que los investigadores observan, por medio de fuentes etnográficas, entre otras, los procesos políticos y sociales que producen los documentos. Se ve entonces cómo los colectivos se desenvuelven ''en la interacción con instituciones y políticas públicas'' (Bosa y Santoyo, 2010, p. 243), y cómo en esta interacción los colectivos producen documentos que evidencian cómo se vuelven competentes en los ''lenguajes del Estado''.

Los documentos de la titulación colectiva permiten ver cómo las personas ''interactúan con los instrumentos y las clasificaciones estatales'' y como los van aprehendiendo (Bosa y Santoyo, 2010, p. 244). En el caso de la titulación es ''imposible reclamar un derecho sin llenar un formulario'' o hacer una petición formal (Shijman, 2010, p. 282). Reclamar derechos implica para los sujetos definir su situación. Estas redefiniciones suponen competencias en las diferentes categorías jurídicas y en la producción de folios. La titulación colectiva produce correspondencia dirigida a diversas autoridades, que se convierte en una verdadera ''red de escrituras'' en la que las comunidades aprenden los procedimientos, las maneras de contestar, de defenderse, de apelar y de definirse para estar mejor protegidas. Así, las comunidades retoman, adoptan y adaptan los lenguajes que son ''comprensibles'' para el Estado como parte de su estrategia de acción política y estos lenguajes se incorporan en procesos identitarios complejos (Roseberry, 1994).

Sin embargo, la reflexión quedaría sumamente corta si no preguntara cómo se producen esos lenguajes que se le adjudican al Estado, en la medida en que se despliegan en sus documentos más formales como leyes, decretos y políticas nacionales. Se ha dado mucha menos atención al proceso de aprendizaje, que también ocurre en el ámbito estatal, en el que los funcionarios, en interacción con técnicos, académicos y ciudadanos, van cualificando los lenguajes estatales, adaptándolos a diferentes demandas.

Contrario a la visión de James Scott (1998), de un Estado que construye esquemas de orden geométrico, abstracto, que no tiene en consideración las formas de comunicación cotidiana de las personas del común, estos ''lenguajes del Estado'' son acoplamientos de origen diverso, que surgen precisamente de aprendizajes producto de la interacción con los sujetos sociales, sobre todo aquellos considerados antagónicos, insubordinados o ''peligrosos''.

Si bien es cierto que diferentes actores sociales encuentran que se amplía su espacio de acción política con la aparición de estos lenguajes de la participación, la inclusión y la autonomía comunitaria, resultan ser más una colonización del lenguaje de la contienda que una incorporación profunda de las demandas de estos actores. En la mayoría de los casos implica cambiar para no cambiar y refleja la gran plasticidad de los regímenes de dominación actuales y, a la vez, su resiliencia.

Si bien este es un tema que sobrepasa los alcances de este artículo, al mirar el proceso de construcción de discursos de ancestralidad en el contexto de la titulación colectiva de tierras de comunidades negras, se puede observar de manera puntual el proceso de ''aprendizaje'' y re–significación de los discursos de ancestralidad.

3. Las zonas de titulación colectiva en Antioquia y la variedad de procesos de poblamiento que relatan las comunidades

Los procesos de titulación colectiva de comunidades negras de Antioquia que se tramitaron entre 1997 y 2011, resultaron en 14 títulos colectivos que representan más de 240 000 hectáreas adjudicadas a comunidades negras.⁷ Si bien están en jurisdicción de 11 municipios pertenecientes a 6 subregiones del departamento, una vez se mapean todos los territorios colectivos resulta evidente que se concentran en tres zonas específicas: 1) la zona de influencia de la cuenca media del río Atrato, 2) el golfo de Urabá, y 3) la cuenca del río Porce–Nechí, a la altura de los muncipios de Zaragoza y El Bagre. Existen también dos procesos aislados, uno en Yondó y el otro en Sopetrán.

⁸ y ⁹

Cada una de estas zonas presenta especificidades en cuanto a los procesos de poblamiento y de consolidación territorial. Algunas pistas sobre las trayectorias migratorias de los pobladores que se arraigaron como comunidad negra en las diferentes zonas de Antioquia se pueden recoger en los expedientes de titulación, sobre todo en los censos e informes etnohistóricos que producen las comunidades, casi siempre con la asesoría de organizaciones externas —como Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá)¹⁰ y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)¹¹—, pero también resulta interesante contrastar estos informes con los recuentos que hacen las personas sobre sus orígenes durante los estudios de caso realizados en los territorios de Bocas del Atrato y Leoncito —golfo de Urabá— y Por la Identidad Cultural de Mandé —zona de influencia de la cuenca media del Atrato—.

3.1 Zona 1. Influencia de los procesos organizativos de la cuenca media del Atrato

Todos los procesos de titulación de la zona 1 han participado en las dinámicas de organización de Cocomacia, uno de los territorios colectivos más extensos del país, con solo una fracción de su territorio en Antioquia. En esta zona hay tres territorios colectivos que se caracterizan por ser los más extensos del departamento y por englobar varias veredas, poblados y comunidades en cada territorio, planteándose —a veces— como Consejos Mayores. Estos territorios son los que más claramente se acercan al concepto de ocupación ancestral que contempla la Ley, con una permanencia continua e ininterrumpida en el territorio.

Al retomar experiencias del trabajo de campo en Mandé, cuando los pobladores hablan sobre los orígenes de la comunidad, especialmente los hombres, lo hacen de manera explícita sobre el proceso de titulación, con la colaboración de Corpourabá y Acnur. Revelan cómo el proceso de entrevistar a los mayores y plasmar por escrito el ''informe etnohistórico'', tuvo un efecto de hegemonización sobre la memoria colectiva. Casi todos, al hablar sobre los orígenes de la comunidad, se remiten a los listados de los primeros pobladores que llegaron, y las líneas familiares que se derivan de estos tal y como lo recuerdan del proceso de titulación. Esto no quiere decir que otros relatos no convivan con esta memoria colectiva. Si se pregunta más directamente por la historia familiar y de vida de pobladores individuales, sale a relucir, sobre todo en los relatos femeninos, ya no la llegada y la permanencia de los pobladores en Mandé, sino las historias familiares de viajes y largas estadías en Medellín, en Urabá, y en diferentes municipios de Chocó. El discurso generalizado de un origen remoto y una permanencia continua en el territorio de un número reducido de familias con una gran descendencia, convive sin conflicto con relatos más individuales de gran movilidad geográfica, y de una trayectoria de vida que combina experiencias rurales con experiencias urbanas.

3.2 Ciclos de migración en el golfo de Urabá: la incidencia de las madereras, bananeras y el desplazamiento forzado

Estos territorios están en zonas de bajamar donde predomina el bosque de mangle. Los bosques nativos de otras especies han sido extensamente intervenidos por la explotación de madera y la mayoría de estas comunidades viven actualmente de la pesca. En Bocas del Atrato, según la evaluación técnica realizada por el Incora, aproximadamente cinco mil hectáreas de las solicitadas son bosques de manglar donde las comunidades han construido sus caseríos y donde llevan a cabo la mayoría de sus actividades.¹² Esto implica que las viviendas y los caminos deben ser construidos sobre pilotes de madera enterrados en las aguas poco profundas características de los bosques de mangle. Como se constató en el estudio de caso, en este territorio no hay terrenos secos donde cultivar.

Las titulaciones colectivas de Bocas del Atrato, Los Mangos y Los Manatíes hacen parte de un mismo proceso: los tres consejos comunitarios se crearon en los mismos días de diciembre de 1998, y todos los pasos para titular se hicieron de manera simultánea. El Consejo Comunitario de Bahía Colombia, aunque geográficamente cercano —colinda con Los Mangos y Los Manatíes—, pertenece a otro proceso de titulación que se adelantó conjuntamente con comunidades negras de los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, en 2006. Todas estas comunidades se unieron bajo un solo consejo comunitario llamado Puerto Girón, pero se disolvió y Bahía Colombia tomó la determinación de continuar el trámite de manera independiente.

3.2.1 Incidencia del conflicto armado y del desplazamiento forzado

Las cuatro comunidades negras de esta zona registran en sus documentos la incidencia del conflicto armado en sus territorios. La situación más dramática se presenta en el territorio de Bahía Colombia, donde en 1996 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) expulsan a los pobladores de las márgenes de los ríos León y Suriquí, que se desplazan a los cascos urbanos de Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó. Se denunció la venta forzada de terrenos y la existencia de trámites de titulación privada en terrenos que hacían parte de la solicitud de titulación colectiva de Puerto Girón. De hecho, la solicitud de titulación de Bahía Colombia es también una solicitud de reubicación de familias desplazadas, interesadas en construir un nuevo centro poblado cerca al mar.¹³ Los informes presentados por Los Mangos y Los Manatíes también mencionan la incidencia de actores armados en sus territorios, reportando el desplazamiento forzado de buena parte de la población seis años antes de comenzar la titulación. En Bocas del Atrato no se reporta la acción directa de los actores armados, sin embargo, en 1998 llegó población desplazada de Cacarica, doblando la población total del caserío. El acta de la visita técnica de los funcionarios del Incoder registró la presencia de 49 familias desplazadas de Cacarica, evidenciando que el número de desplazados casi igualó al número de personas de la comunidad.

3.2.2 Orígenes de las comunidades y procesos de poblamiento

En sus informes etnohistóricos, las cuatro comunidades negras de esta zona coinciden en que sus primeros pobladores vinieron del Chocó en las década de 1960 y 1970. En Bocas del Atrato se identifica como momento de origen 1960–1963, cuando llegan a la zona tres empresas madereras: Madurex, Maderas del Atrato y Maderas de Urabá. Se establecen al mismo tiempo aserríos que emplearon a familias provenientes del Chocó y de otros municipios antioqueños conectados por el Atrato, principalmente Vigía del Fuerte. Los informes etnohistóricos de Los Mangos y Los Manatíes también registran que las personas llegan del Chocó en la década de 1960 para trabajar en empresas madereras. Cuando estas empresas se retiran en la década de 1980 algunas de las familias permanecen, dedicándose principalmente a la pesca y, en algunos casos en que los terrenos lo permiten, a la siembra de cultivos.

En el informe de Bahía Colombia, se habla de que las personas llegan también en la década de 1960, tanto de Chocó como de municipios de Atlántico. La población aumenta en las riberas del río Suriquí hacia 1970 por la demanda de vara de mangle para los cultivos de banano, dando el nombre de ''Los Cortavara'' a la comunidad que hoy se conoce como Bahía Colombia. Con la implementación del nylon bananero, en 1989 se reduce la demanda de varas y la población pasa a depender de la pesca, del cultivo del plátano y del corte de madera para la construcción de casas y puentes.

Durante el estudio de caso en Bocas del Atrato fue común encontrar referencias a la alta movilidad de la población afrocolombiana a lo largo del río Atrato. El hecho de moverse río arriba y río abajo, a veces permaneciendo largas temporadas en diferentes municipios de Antioquia y Chocó, se planteaba como una característica de las comunidades negras de esa zona y nunca se pensaba como algo que entrara en contradicción con el espíritu de la titulación colectiva. En el estudio de caso también se evidenció una estrecha relación con el casco urbano del municipio de Turbo, donde los pobladores temporalmente fijaban residencia ya fuera para estudiar o trabajar. Sin embargo, los títulos requieren implícitamente que solo la asociación permanente y prolongada de una comunidad en un lugar otorgue derechos territoriales. Esto hace que tanto las comunidades como los funcionarios de la titulación construyan nuevos relatos sobre la permanencia de la población en una zona y busquen diferentes recursos para construir la idea de ancestralidad.

3.2.3 Cuenca de los ríos Porce–Nechí: enclaves mineros y redes familiares de migración

Lo que evidencian los relatos etnohistóricos y los censos que realizaron las comunidades negras, coincide con las dinámicas demográficas que registran estudios sobre el enclave minero. La vereda de Pueblo Nuevo fue fundada en 1942 por un grupo de pobladores provenientes de Guapi, Cauca, que llegan en busca de oro (Girón, 1988). El Aguacate y Bocas de Caná registran asentamientos creados entre 1938 y 1942 al llegar algunas familias de Lloró, Chocó, buscando oro para su explotación artesanal. La coincidencia en los lugares de origen, implica fuertes redes de parentesco que entran a desempeñar un papel importante a la hora de migrar en busca de mejores oportunidades. En este caso, la llegada de población de Guapi y Lloró implica una migración escalonada de personas de un mismo grupo familiar, que encuentran a sus familiares y vecinos en el lugar de llegada.

Lo que resulta evidente al retomar los informes etnohistóricos que producen las comunidades negras de las diferentes zonas de titulación de Antioquia, es que construyen discursos sobre la ancestralidad de sus territorios que se incluyen como parte de lo que significa ser los pobladores ancestrales de esta zona, la movilidad a lo largo del río Atrato o los procesos migratorios en busca de oro para su explotación artesanal. Como se expone a continuación, esta construcción de discursos de ancestralidad toma matices diferentes para los funcionarios de la titulación.

4. Los discursos de ancestralidad: fragmentos repetidos y reivindicaciones de verdad en los expedientes de la titulación colectiva

Al examinar la variedad de documentos que producen los funcionarios de la titulación, resulta de particular interés metodológico analizar fragmentos repetidos y documentos copiados de un expediente de titulación a otro. Estas copias aparecen como reivindicaciones de verdad que se alojan en la memorización y la repetición. Implican ideas que se forman los funcionarios sobre lo que significa ser afrodescendiente, sobre lo que implica la ancestralidad, la tradición y el territorio.

En estas repeticiones se pueden identificar tres procesos de reivindicación de verdad que se materializan en las copias y que dibujan un proceso de construcción de discursos de ancestralidad de los territorios de comunidades negras por parte de los funcionarios de la titulación: primero, una necesidad constante por parte de los funcionarios de las visitas técnicas por encontrar las huellas de africanía en las comunidades negras actuales de Antioquia y, sobre todo, corroborar que estas son conscientes de ser los descendientes de esclavos africanos; segundo, la reiteración del vínculo directo entre los territorios actuales de las comunidades negras de Antioquia y los palenques formados en el siglo XVIII; tercero, insistir en el aislamiento de estas comunidades y la ausencia de contacto con otras étnias, manteniendo la ''pureza de la raza''.

Estos lenguajes particulares con los cuales los funcionarios del Estado se refieren a las comunidades y que tienden a homogenizar la variedad de situaciones territoriales, no solamente surgen de los parámetros de la Ley de titulación colectiva. También provienen de la primera experiencia de titulación que tuvieron los funcionarios del Incora en las fronteras entre Antioquia y Chocó.

4.1 Cocomacia y los discursos de ancestralidad: un punto de partida del aprendizaje del Estado

Cocomacia fue la primera experiencia de titulación colectiva para los funcionarios del Incora de Antioquia. Aunque el terreno solicitado estaba ubicado principalmente en Chocó, era necesario adelantar un proceso separado para la fracción antioqueña para anexarla en la resolución final de titulación. Así, esta experiencia se llevó a cabo con un Consejo Comunitario que hacía parte de un proceso de organización mucho más amplio de toda la cuenca media del río Atrato y que tenía una organización formalmente constituida incluso antes de la titulación colectiva, la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), creada en 1987, cuyo antecedente, como en muchas otras comunidades negras del Pacífico, fueron las Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB) que, en este caso, contaban con el acompañamiento del Equipo Misionero Claretiano. Las dinámicas de reuniones y talleres de las CEB consolidaron una base para la organización, la cual fortaleció la movilización de los pobladores de la cuenca del río Atrato para detener las concesiones de explotación maderera en 1983 (Domínguez, 2011a). Líderes de esta asociación participaron en la Comisión Especial para Comunidades Negras en 1992–1993, que formuló el proyecto de ley de titulación colectiva posteriormente aprobada como Ley 70 de 1993. Una buena parte de lo que aparece en la Ley y en los decretos reglamentarios sobre cómo las comunidades deben organizarse para la titulación colectiva y las formas tradicionales de producción, tiene como fundamento la experiencia organizativa de ACIA.

Toda esta historia fue dejando huellas en la cultura de esas personas que al llegar de África se fueron relacionando, de una forma u otra, con los indígenas americanos y con los españoles, hasta crear una nueva comunidad, somos los que hoy nos llamamos y sentimos pueblo negro de Colombia, o como dicen otras personas, afrocolombianos y afrocolombianas. Es así como se puede ver que ser comunidad negra en Colombia, en especial en el Pacífico colombiano, hace referencia a un grupo de personas cuyo pasado se remite a un origen africano, que ha hecho una apropiación territorial y ha desarrollado ya una cultura, normas y prácticas tradicionales propias, desde las cuales establecen nuestras relaciones sociales y económicas, así como particulares formas de propiedad que establecen una diferencia con el resto de la población colombiana, tal y como lo define el Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia (Historia de la Asociación Campesina Integral del Atrato ACIA, Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato).¹⁴

Esta primera experiencia con ACIA, al organizarse Cocomacia como Consejo Comunitario, sienta un precedente en los funcionarios de la titulación colectiva de Antioquia. De ahí en adelante se puede rastrear la insistencia de los funcionarios del Incora para que todas las comunidades negras del departamento reconozcan vínculos con el continente africano como fundamento de su cultura ancestral, específicamente en los casos de Mandé y Murindó, mientras que en los informes de la visita técnica de funcionarios del Incora introducen en los antecedentes etnohistóricos la historia de los esclavos negros en la época colonial y la formación de palenques, los informes de la junta de los consejos se concentran más en la historia de la comunidad, los primeros ocupantes y sus trayectorias, que en realzar su orígenes africanos. De hecho, el informe de Murindó expresa que muy pocos integrantes de la comunidad sabían que sus antepasados vinieron de África, esclavizados por los españoles.

La resolución final de titulación de Cocomacia retoma los párrafos presentados en el informe etnohistórico de la junta del Consejo Comunitario. Estos mismos párrafos, con algunas variaciones y ajustes, son los que aparecen posteriormente en el resto de las resoluciones de titulación de Antioquia, así se trate de regiones con historias de poblamiento diferente e incluso cuando las propias comunidades no plantearan la esclavitud y el cimarronaje como parte de su memoria colectiva. El siguiente párrafo es copiado del informe de la Junta de Cocomacia y aparece en la resolución de titulación:

Desde el punto de vista histórico, los asentamientos humanos de las comunidades negras de esta región obedecen a los desplazamientos forzados que se iniciaron después del descubrimiento de América. Cuando los europeos asentados en América descubrieron las riquezas existentes y decidieron someter a los africanos a la esclavitud. Es así como desde principios del siglo XVII empezaron a llegar los africanos esclavizados cimarrones, asentándose en diferentes regiones de la costa del Pacífico y del Atlántico. En el departamento del Chocó ocuparon los sectores mineros de Nóvita, Sipí, Tadó y Quibdó. Huyendo del maltrato que recibían de los esclavizadores y buscando mayores oportunidades se fueron ubicando en la parte selvática y en las riberas de los ríos, continuando con las mismas tradiciones agrícolas, pecuarias y mineras. Luego fueron organizando sus familias y de esta forma fundaron sus poblados y caseríos, establecieron una ocupación ancestral e histórica sobre el territorio con sus prácticas tradicionales de producción que les ha permitido desarrollar su propio proyecto de identidad cultural.¹⁵

Los procesos de repetición aparecen como reivindicaciones de verdad que se alojan en la memorización y la repetición de lo que los funcionarios de la titulación en Antioquia entienden por la ancestralidad de los territorios de las comunidades negras. Sin embargo, es evidente que los elementos que constituyen ese discurso oficial de la ancestralidad surgen de procesos de intercambio con las mismas comunidades, en este caso, en el contexto de la titulación colectiva de Cocomacia.

4.2 Cuenca de los ríos Porce y Nechí: los discursos de ancestralidad anclados en la pureza de la raza

Los informes que producen las comunidades negras de la cuenca de los ríos Porce–Nechí coinciden en referir su ''ancestralidad'' a los pobladores que llegaron del Pacífico en busca de oro: ''Cuentan que al llegar se encontraron un paisaje muy hermoso, cubierto de montañas, bosques, ríos y quebradas. Montañas que se dedicaron a demoler con la acción de la minería''.¹⁶

En contraste, los informes del Incora insisten en explicar la existencia de estas comunidades negras como una continuación de palenques del siglo XVIII. En los informes de las visitas técnicas del Incora a esta zona de territorios colectivos aparecen, como en otros casos, los párrafos que describen a los afrodescendientes en Colombia, hablando de manera general de los desplazamientos de cimarrones y la constitución de palenques empleando todos los elementos que institucionaliza la Ley 70 para describir estas comunidades como ancestrales, tradicionales y ambientalistas. En este caso, sin embargo, surge un elemento nuevo: la preocupación por ''la pureza de la raza'' y por enfatizar que las personas de estas comunidades no se han mezclado con otros grupos étnicos:

En la zona ha sido la comunidad negra la que ha habitado este territorio. Fenómenos como la violencia y los procesos de colonización han incidido poco en la migración a la región de grupos o poblaciones, manteniéndose relativamente la comunidad con sus nativos [...] existen comunidades indígenas cercanas, pero hasta el momento no se han dado mezclas interétnicas.¹⁷

La comunidad negra asentada en el territorio de Bocas de Caná se enmarca en la definición que de ellas hace el numeral 5 del artículo 2 de la ley 70 de 1993. En la zona fundamentalmente existe un solo grupo poblacional: negros llegados del Chocó, normalmente como en muchas partes han sufrido un proceso de emigración debido especialmente a fenómenos de violencia y en busca de mejores oportunidades de explotación del oro en otros lugares de la región.¹⁸

Conclusión

Estudios históricos plantean el surgimiento de una sociedad esclavista en Antioquia desde comienzos del siglo XVII, lo cual da cuenta no solamente de la presencia significativa de población negra en la región sino también explica que ''los negros y ''lo negro'' estén presentes en las más diversas maneras en la historia de esta región desde sus primeros tiempos hasta hoy'' (Álvarez, 1981; Patiño, 1997). Si bien se puede hablar de población negra antioqueña desde el siglo XVII, esto no significa que las comunidades negras actuales necesariamente tracen sus orígenes hasta esa sociedad esclavista regional. Lo que se encuentra al indagar sobre las comunidades negras actuales es que presentan altos niveles de movilidad geográfica, especialmente en el siglo XX, viniendo de Chocó, de Cauca y del Caribe, en busca de mejores condiciones de vida y trabajo en empresas madereras, bananeras y mineras, en diferentes subregiones del departamento.

La política de titulación colectiva para comunidades negras fundamenta el derecho al territorio en la presencia continua y permanente de la población en un lugar concreto y delimitado, es decir, solo la asociación permanente y sedentaria de una comunidad le otorga derechos a un territorio (Gnecco y Zambrano, 2000, p. 176). En Antioquia esto ha resultado en un proceso de vinculación discursiva de las poblaciones actuales con cimarrones y palenqueros del siglo XVIII.¹⁹ Si bien esto es comprensible, dado el requisito que pone la ley de ''probar ocupación ancestral'', resulta interesante trazar cómo en Antioquia, en este esfuerzo por conectar discursivamente a las comunidades negras con los esclavos de la provincia de Antioquia, participan de manera central los funcionarios de la titulación. Sin embargo, siguiendo el rastro de estos discursos de los funcionarios, se encuentra que también han sido moldeados en la interacción con las comunidades durante el proceso de titulación colectiva. Estos aprendizajes de ida y vuelta plantean una porosidad tanto en los procesos de formación de discursos estatales como comunitarios.

Notas

* El artículo es producto de la investigación, Transformaciones territoriales de las comunidades negras en Antioquia: Procesos de titulación colectiva, organización local, innovaciones y dificultades en el fortalecimiento de capacidades locales 1993–2011, y financiada por el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI), en el marco de la convocatoria temática Expedición Antioquia 2011, y contó con el apoyo del proyecto de sostenibilidad del Grupo de Investigación en Historia Social de la Universidad de Antioquia (UdeA.). En la investigación participaron las estudiantes de Sociología Laura López Toro, Daniela Ochoa Agudelo, Vannesa Monsalve Restrepo y Stephany Narvaez. Agradezco a la historiadora Mayra Parra por la juiciosa lectura de este artículo y por sus valiosas sugerencias.

1 COLOMBIA. CONGRESO. Ley 70. (27 de agosto de 1993). Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.

3 Para una discusión sobre el proceso de organización como consejo comunitario para titular véase Marta Domínguez (2011a).

4 Algunos de los antropólogos que investigaban las comunidades negras de Colombia antes de la Constitución de 1991, participaron de manera activa en su defensa como grupo étnico con rasgos culturales diferenciados. Las huellas de africanía fueron de central importancia para lograr no solamente el reconocimiento étnico de los afrocolombianos, sino también sus derechos territoriales especiales. Defender esta perspectiva, frente a análisis que parecían insinuar que la etnicidad de las comunidades negras era ''inventada'', debe entonces comprenderse, en parte, como el resultado del papel central que desempeñaron los antropólogos en lograr que la Ley 70 de 1993 fuera un hecho, dentro de los plazos que imponía el artículo transitorio 55.

5 Fabian (2002) argumenta que los antropólogos niegan la simultaneidad y contemporaneidad de su objeto de estudio. En este caso de las comunidades negras de Colombia, esta negación se puede ver en algunas de las construcciones de ''ancestralidad'' que la vinculan con el aislamiento, la pureza de la raza y el ''no contacto con otros diferentes''. Este tipo de construcción de ancestralidad se evidencia en muchos de los documentos oficiales de la titulación y muestran la influencia del tipo de discursos antropológicos que discute Fabian.

6 Para mayor detalle sobre esta perspectiva aplicada a la titulación colectiva de tierras de comunidades negras véase Marta Domínguez (2009).

7 A 2014 se adjudicaron 15 títulos colectivos, uno fue revocado y hay otros 3 en trámite. La cifra exacta de la extensión de estos títulos es 243 081 hectáreas y 4872 mt2. (Incoder, ''Expedientes de titulación colectiva de comunidades negras de Antioquia'').

8 El territorio de Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral de Atrato (Cocomacia), traspasa la frontera departamental con el Chocó, sin embargo, el cuadro incluye solamente la información sobre el territorio perteneciente al departamento de Antioquia.

9 El titulo colectivo de Rompederos fue posteriormente revocado, por solicitud de la misma comunidad, argumentando que en ese lugar ya no había más de cinco familias afrodescendientes.

10 Corporación Autónoma Regional de Urabá que asesoró la primera etapa de la titulación colectiva del Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé, también presente en el proceso de titulación de Bocas del Atrato y Leoncito.

11 En el caso del Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé, debido a un desplazamiento forzado en 2007 —como resultado de enfrentamientos entre el Ejército y las FARC— coordinó una misión en la zona de Mandé, apoyando a este Consejo Comunitario en un nuevo proceso para incluir algunos predios que habían quedado por fuera en el proceso de 2001. Acnur apoyó sobre todo en un proceso participativo para la creación del reglamento interno del Consejo Comunitario.

13 Junta Consejo Comunitario Bahía Colombia ''Informe Etnohistórico Bahía Colombia'' Oficina Incoder, CAM, Bogotá, s. f. (cajas y legajos sin numeración), f. 6.

14 De la Torre, Lucía Mercedes. (s. f.) Historia de la Asociación Campesina Integral del Atrato– HACIA. Manuscrito inédito.

15 Incoder, ''Resolución 4566 del 29 de diciembre de 1997'' Bogotá, 1997. A. I. Bogotá, cajas y legajos sin numeración.

16 Junta del Consejo Comunitario de Bocas de Caná, ''Informe Etnohistórico de Bocas de Caná'' s. f. A. I. Bogotá, cajas y legajos sin numeración, ff. 7–10.

17 Incoder, ''Informe visita técnica el Aguacate''. Bogotá, s. f. A. I. Bogotá, cajas y legajos sin numeración, ff. 76–87.

18 Incoder, ''Informe visita técnica Bocas de Caná'' Bogotá, s. f. A. I. Bogotá, Cajas y legajos sin numeración, ff. 73–84.

19 Para mayor información sobre el cimarronaje en la provincia de Antioquia véase Sandra Montoya (2012). Son fundamentales para comprender el tema de la conformación de palenques los trabajos de María Cristina Navarrete (2003), Aquiles Escalante (1981) y Helene Vignaux (2000).

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