SECCIÓN TEMÁTICA: PERSPECTIVAS DIFERENCIADAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y TRANSFRONTERIZA

DOI: 10.17533/udea.espo.n47a11

¹ Licenciada en Historia y Filósofía. Magíster en Historia y en América Latina Contemporánea. Doctora en América Latina Contemporánea. Profesora titular e investigadora, Grupo Estudios Políticos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: amaria.gonzalez@udea.edu.co

Cómo citar este artículo: González Gil, Adriana. (2015). Del desplazamiento forzado interno en Colombia a la migración transfronteriza hacia Ecuador. Estudios Políticos, 47, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 177–197. DOI: 10.17533/udea.espo.n47a11

RESUMEN

La dinámica del conflicto colombiano y su proceso de internacionalización evidencia notables cambios en relación con las modalidades del desplazamiento forzado. El crecimiento significativo y sostenido del número de personas desplazadas en busca de refugio en las fronteras de Colombia con Ecuador, Panamá y Venezuela desde finales de la década de 1990, mostró otra dimensión del problema, la movilidad transfronteriza bajo condiciones forzadas, emergiendo la migración forzada como una categoría de análisis que pone en cuestión los criterios con los cuales suele ser interpretado el fenómeno migratorio, cuando se piensa como el resultado de una decisión voluntaria, frecuentemente asociada a móviles económicos. En este caso, la migración transfronteriza forzada y el tránsito de la categoría de desplazado a la de refugiado invitan a una renovación de las preguntas formuladas en un campo de indagación tan dinámico como el de la migración internacional, que invita también a superar la dicotomía voluntario–forzado en la decisión migratoria y en contextos afectados por las nuevas conflictividades globales, para desvelar las condiciones que explican las respuestas institucionales y sociales al proceso migratorio.

Palabras clave: Desplazamiento Forzado; Migración Transfronteriza Forzada; Conflicto Armado; Colombia; Ecuador.

Abstract

Keywords: Forced Displacement; Forced Cross–Border Migration; Armed Conflict; Colombia; Ecuador.

Introducción. Conflictividad y movilidad poblacional

La magnitud del desplazamiento forzado en Colombia y la crisis humanitaria derivada, son el resultado de la compleja relación entre factores causales estructurales y detonantes coyunturales, que permiten afirmar que solo en el examen de las particularidades que adopta el conflicto armado en escenarios locales y regionales, y sus nexos con otras dinámicas socioeconómicas, políticas y culturales, es posible explicar este fenómeno, evitando los lugares comunes que le atribuyen a la guerra un papel determinante.

Si bien no se trata de desestimar el impacto de la transformación del conflicto armado sobre el incremento del desplazamiento de población, no se limita a esto, en tanto estudios recientes contribuyen al esclarecimiento de sus causas y efectos (Suárez, 2003). No obstante, es innegable que el escalamiento del conflicto, en términos del incremento cuantitativo y extensivo de los grupos armados ilegales, el despliegue creciente de acciones de guerra no convencionales y la consecuente polarización de la guerra, constituyen factores definitivos en un escenario cada vez más proclive a la violencia, en el que prácticas como la del desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las masacres, el homicidio selectivo y el recurso a la violencia "aleccionadora", adoptan la forma de estrategias de la guerra, en detrimento de las consideraciones humanitarias que podrían detenerlas.

Sin duda, uno de los giros que adoptó el desplazamiento forzado de población hacia finales del siglo XX fue su transformación en estrategia de guerra y no simplemente un efecto colateral de la misma, al igual que la práctica del confinamiento. Entre la disyuntiva de huir para salvar la vida o permanecer bajo el dominio de la amenaza y la intimidación, algunas poblaciones no tuvieron ninguna elección, pues el control ejercido por los grupos armados sobre el territorio impidió la movilidad de sus habitantes, la circulación de alimentos, medicinas e insumos y restringió el acceso de organismos de acción humanitaria, nacionales e internacionales, dejando a sus pobladores en condiciones de extrema vulnerabilidad. Esto supone una pérdida de grandes proporciones, en cuanto la estrecha relación con el territorio —su apropiación— define históricamente un modo de vida ligado a la tierra y que comprende sus actividades productivas y reproductivas. Esta relación con el territorio hace mucho más complejo el momento de la decisión. Se trata de enfrentarse a las condiciones que supone resistir los rigores de la guerra permaneciendo en el territorio o salir como única alternativa para preservar la vida. Las "órdenes de desalojo" y las "órdenes de permanecer", fueron estrategias utilizadas por los actores que disputaban el control del territorio. Especialmente el cruce de estas "órdenes" contradictorias dejaron a la población a expensas de las medidas de fuerza, que más que una decisión se trató de una opción forzada por las circunstancias.

Las imágenes de pueblos fantasmas y el repoblamiento de localidades desoladas son los dos extremos de la dinámica de la movilidad poblacional en Colombia. Así, el incremento del desplazamiento derivó también en cambios sociodemográficos significativos: en 2002, en el 90% de los municipios colombianos hubo desplazamiento, poniendo en evidencia la extensión del conflicto hacia lugares que no habían sufrido su impacto directo en el pasado reciente. Esto supuso una significativa disminución de población en por lo menos 152 municipios y un crecimiento atípico de la misma en 124. Esto significa que el 25% de los municipios del país (276) se vieron abocados a procesos de reordenamiento social y demográfico forzados por la dinámica de la guerra (Codhes, 2003, p. 2).

Desafiar las "órdenes" de los actores armados, asegurar la vida acatando sus disposiciones, ser vinculado por acción u omisión con un actor armado, ser criminalizado por la fuerza pública, son situaciones que evidencian la espiral de la violencia agravada por las distintas modalidades de amenaza a la población civil no combatiente, el tránsito del asesinato selectivo a las masacres indiscriminadas y la consecuente crisis humanitaria; además, los actores armados, en su propósito de control territorial y social, adoptaron el asesinato selectivo como estrategia para desactivar las redes sociales y comunitarias. No obstante, se desplegaron acciones de denuncia de la sociedad civil y de los gobiernos locales a favor de la humanización de la guerra y de la necesidad de buscar un proceso de diálogo y negociación con los actores armados.

Stephen Castles (2003) llama la atención sobre la crisis global de la migración y los problemas crecientes de la política internacional de la migración forzada, caracterizando las múltiples caras de la migración forzada y las dificultades para abordar su conceptualización. En su pretensión de avanzar en la construcción de un enfoque alternativo de la migración, plantea la importancia de situar el fenómeno migratorio en el campo de los procesos de transformación social, lo que implica indagar sobre el contexto en el que tiene lugar la migración —origen y destino— y su articulación con otros niveles socioespaciales y, particularmente, con los procesos globales (Castles 2010). El análisis del caso colombiano ofrece rasgos relevantes para observar la transformación del desplazamiento interno en migración forzada, particularmente bajo las condiciones en que se desarrolla la creciente migración transfronteriza.

1. El territorio siempre en construcción y la movilidad poblacional

La riqueza natural del territorio en el sur de Colombia y las expectativas de su explotación dinamizaron programas de colonización dirigida, en la perspectiva de articular nuevos escenarios productivos al mercado central, lo que implicó establecer estructuras e instituciones que sirvieran a ese propósito. El papel marginal de la burocracia estatal contribuyó a que se activaran diversos intereses económicos para su control, fortaleciendo el poder terrateniente en la región. Los intereses públicos quedaron subordinados a un creciente interés particular por el control de fuentes productivas, hasta convertir el cultivo comercial de la hoja de coca en el principal motor de la economía regional a partir de la década de 1980. Las disputas entre diversos actores y el recurso a la violencia, estuvieron presentes en los distintos momentos de los procesos de colonización.

De modo paradójico, esta coyuntura de escalamiento del conflicto armado por la vía del control de la producción de coca oculta desvela la existencia de problemas estructurales de vieja data, asociados a la tenencia de la tierra, al despojo de los colonos y pequeños campesinos, al fortalecimiento del latifundio y al papel ambiguo del Estado. Lo que sí resulta incuestionable es el impacto de la producción de coca sobre el desarrollo económico y social de la región, al generar una base de acumulación sin presedentes y excedentes incalculables que favoreció un ciclo de violencia generalizada entre los diferentes actores armados (González, 1998, pp. 243), que no se tradujo en la satisfacción de necesidades básicas de la población y, al contrario, contribuyó a agravar las condiciones de pobreza de buena parte de la misma.

La representación de territorio vacío para ser conquistado y civilizado, el predominio de una economía extractiva y la emergencia y asiento de diversos actores armados, institucionales y sociales, marcan el desarrollo regional del Putumayo y determina sus prácticas sociales y políticas. Esta idea del territorio siempre en construcción, de la movilidad permanente de su población, de la ausencia de lazos identitarios, unido al recurrente uso de la violencia, definió el alcance y los límites de la gestión estatal que solo vio en la Amazonía el imperio de la "ley de la selva", justificando su presencia en términos de represión para contener la barbarie (Ramírez, 2001, p. 48). Sin embargo, el Putumayo no es un territorio homogéneo y el desarrollo diferencial de sus tres subregiones impone matices a esta percepción gubernamental y social; pero además, la articulación de factores estructurales y coyunturales tiene dinámicas y ritmos particulares que definen el tipo de interacción entre los distintos actores armados con los diferentes grupos poblacionales allí existentes y, por supuesto, con las estructuras de poder locales.

Si bien hubo una reducción de los casos de desplazamiento en el ámbito nacional, en departamentos como Putumayo, Caquetá, Guaviare, Cundinamarca, Guainía, Valle del Cauca, Amazonas y Vaupés hubo un incremento debido a los efectos de la aplicación del Plan Colombia (Codhes, 2004b), especialmente por las fumigaciones de cultivos ilícitos y sus implicaciones para la salud de sus habitantes, el medio ambiente y las condiciones socioeconómicas de estas regiones, que no contaron con alternativas económicas viables al cultivo de la hoja de coca. No obstante, el Gobierno nacional insistió en desconocer las fumigaciones de cultivos ilícitos como causa del desplazamiento forzado,¹ negando la posibilidad del registro de esta población y desconociendo sus derechos, su atención e inclusión en los programas de reparación.

2. Respuestas sociales: acción colectiva y procesos organizativos

Tres rasgos definen la identidad: "su carácter relacional, su carácter histórico y su carácter narrativo", en los que la memoria colectiva, en los términos expuestos, contribuye a la producción de relatos que "afirman y recrean el sentido de pertenencia y la identidad grupal" (Torres, 2007, p. 75). El inmovilismo político que supone la condición del desplazamiento, interpela a la construcción de la identidad colectiva en las comunidades desplazadas, sobre todo cuando esta condición se prolonga en el tiempo y, pese a las condiciones de desarraigo e incertidumbre, los desplazados inician procesos organizativos y de autogestión.

No pueden desconocerse las acciones de los pobladores putumayenses en la perspectiva de transformar favorablemente sus condiciones de vida, en cuanto al grado de afectación de la guerra y la dinámica específica del desplazamiento forzado; sin embargo, en la gama de sujetos sociales presentes en la región, diferenciados particularmente por su vínculo con alguna de las actividades productivas y según las distintas bonanzas de las mismas, se identifican mecanismos de movilización, organización y protesta a mediados de la década de 1990, en los que no es posible distinguir claramente a la población en situación de desplazamiento. En efecto, los estudios sobre los paros cívicos y el movimiento cocalero (Betancourt, 2004; Pinto, 2004; Ramírez, 2001; 2004) explican los factores detonantes de estas movilizaciones y su articulación con procesos anteriores de exclusión y marginalidad, que permiten circunscribir tales episodios en un análisis histórico que pone en evidencia la lucha de estos actores por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos y su inclusión en los espacios de participación y representación. No obstante, en un momento de visibilización del drama del desplazamiento forzado en el país (Conferencia Episcopal de Colombia, 1995) y en el panorama conflictivo de esta región, resulta por lo menos extraño el comportamiento del fenómeno del desplazamiento o su invisibilización.

Por tanto, las movilizaciones campesinas en contra de la criminalización del cultivo de coca anticiparon en sus reivindicaciones la necesidad de concretar algunas condiciones favorables para evitar los desplazamientos masivos que se derivaron de la aplicación de medidas que afectaron su permanencia en la región. La dinámica del conflicto en el Putumayo indica que el potencial de personas en situación de desplazamiento es muy alto, especialmente a partir de finales de la década de 1990. Pero paradójicamente, circunstancias como las asociadas a la lucha contra el narcotráfico, por la vía de la fumigación de cultivos ilícitos, hace que muchos campesinos y colonos cultivadores de hoja de coca no sean considerados como población desplazada, al punto que el Gobierno nacional insiste en desconocer la adopción de esta medida como causal de desplazamiento forzado. Por eso, las distintas respuestas de la población afectada por la aplicación del Plan Colombia y por las demás acciones propias del conflicto en la región, complejizan la búsqueda de respuestas a las preguntas formuladas, en particular ¿quiénes son los desplazados? y ¿qué tipo de acciones emprenden?

Uno de los rasgos característicos de la dinámica conflictiva en el Putumayo —referido al arraigo de sus habitantes a la región— hunde sus raíces en procesos de poblamiento y colonización en los que parece predominar la idea del habitante forastero; sin embargo, colonos, campesinos, indígenas y afrodescendientes viven distintas experiencias de arribo, instalación y apropiación del territorio, y en consecuencia, plantean reivindicaciones diferenciadas respecto al tipo de necesidades no resueltas por una precaria atención institucional, así como enfrentan de modo diverso el impacto del conflicto sobre la eventual pérdida del territorio, tras una salida forzosa del mismo.

Hacer parte de una comunidad, como en el caso de los indígenas que reivindican derechos ancestrales en el Putumayo; construir lazos de pertenencia como comunidad imaginada (Anderson, 1993) entre el conjunto de campesinos minifundistas nativos o procedentes del departamento de Nariño; reclamar derechos de posesión sobre espacios colonizados por parte de colonos aventureros provenientes del interior del país, atraídos por las bonanzas económicas de distinto tipo; o más recientemente, ser parte del conjunto de campesinos sin tierra o desempleados urbanos, que encontraron en el cultivo de la hoja de coca su única fuente de sustento, constituyen una gama diversa y compleja de constitución de vínculos que convergen en la trama de la construcción y reconfiguración territorial y del proceso de configuración de actores colectivos en esta región.

En la coyuntura reciente, la emergencia de nuevos actores o la transformación de los viejos, la irrupción de actores colectivos y las distintas formas de acción y resistencia inauguradas, se articulan desde el punto de vista productivo al ciclo de implantación y bonanza de los cultivos ilícitos y, por supuesto, a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en función de la lucha contra el narcotráfico (González, 1998, p. 27). La no distinción de este complejo proceso de configuración y convergencia de distintos actores, vinculados sin divergencia al ciclo de la coca y a la lógica militarista e insurgente (González, 1998, pp. 27–32), condujo a "narcotizar" los procesos sociales como el de colonización y, en consecuencia, a los actores presentes en ellos; asunto de primer orden para analizar el ciclo del desplazamiento forzado de población en el Putumayo, la doble estigmatización que se cierne sobre sus afectados y las implicaciones derivadas sobre los procesos organizativos y reivindicativos de la población desplazada.

Desde comienzos de la década de 1990, una reorganización del movimiento popular (Múnera, 1998) tuvo lugar en el Putumayo, adquiriendo su máxima expresión en el movimiento cocalero de 1996; asimismo, en ese periodo comenzó un proceso de organización de grupos de defensa de los derechos humanos y distintas manifestaciones ciudadanas por el derecho a la vida, en virtud del escalonamiento del conflicto que irrumpió en la región (Comisión Andina de Juristas, 1993). Todas estas expresiones de protesta, organización y movilización dan cuenta de la persistente marginalidad de la región y de sus gentes, y de la limitada acción del Estado para satisfacer sus demandas; proceso que desde la década de 1970 muestra la constante irrupción de formas de protesta como los paros cívicos y la participación campesina en los mismos, experiencia que contribuyó a configurar líderes relevantes en la región, consolidando movimientos cívicos y su tránsito hacia organizaciones y movimientos políticos autónomos de los partidos tradicionales Liberal y Conservador, buscando una representación local y nacional.

Comprender el impacto del movimiento y las protestas emprendidas en 1996 por los cocaleros, supone ubicar, en perspectiva histórica, las permanentes demandas de la población putumayense al Estado, en materia de necesidades básicas insatisfechas e infraestructura física y de servicios, de la que subyace una lucha por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos (Ramírez, 2001). La experiencia organizativa del Movimiento Cívico del Putumayo constituye un antecedente significativo del proceso de configuración como actores colectivos de la población desplazada, por lo menos hasta que la expansión del proyecto paramilitar a partir de 1997 instauró un régimen de terror, materializado en persecuciones, amenazas, asesinatos selectivos y masacres a campesinos, colonos y líderes, a quienes se acusaba de apoyar a la guerrilla, convirtiéndose en un factor detonante del desplazamiento forzado en la región. El clima de incertidumbre y miedo reinantes, devino en contexto de restricción de la capacidad organizativa y de movilización de la población afectada, pero igualmente presentes en posteriores desafíos, particularmente cuando el escalamiento del conflicto obligó a numerosos campesinos del Putumayo a abandonar sus tierras o a quedar confinados por orden de los grupos armados.

La acción paramilitar y la irrupción de nuevas acciones militares por parte de las FARC generaron un nuevo contexto de confrontación armada que activó el crecimiento sostenido del desplazamiento, alimentado por la relación ambigua de las FARC con los campesinos y la intensificación de sus acciones militares. En efecto, su inicial respaldo a la movilización de los campesinos cocaleros, el desconocimiento posterior del trabajo de sus líderes en la comisión del plan de desarrollo, el rechazo al trabajo de los líderes del movimiento que buscaron alternativas de participación política en los comicios electorales de 1997 y la intensificación de sus acciones militares, reivindicadas como actos de "solidaridad con los campesinos", fueron rasgos que definieron el ambiente bélico que marcó esta coyuntura.

Pese a esto, no puede afirmarse que las iniciativas organizativas y los liderazgos comunitarios murieron con el movimiento cívico. Como en otras regiones del país, la paradoja del conflicto colombiano muestra que, en medio de la violencia y bajo condiciones extremas, los procesos asociativos no se detienen, incluso nuevas experiencias emergen en medio de la guerra (De Sousa y García, 2004; García, 2005).

La relación de causalidad entre el cultivo de coca y la generación de violencia en el Putumayo desdibuja los procesos organizativos de los habitantes de las regiones cocaleras, así como soslaya el papel de la violencia política en el recrudecimiento del conflicto, acentuada tras las movilizaciones de los cocaleros (Ramírez, 2001, pp. 257–293). En efecto, más que una circunstancia derivada de los efectos "perversos" de la economía cocalera, a sus intereses económicos particulares y egoístas, subyace la convergencia de distintos factores de conflicto, represión e intimidación, que afectaron la capacidad organizativa y reivindicativa de los distintos sujetos sociales. El llamado a explorar la existencia de una violencia política que se combina con la violencia delincuencial y del narcotráfico, y las respuestas ambiguas del Estado, son aspectos a considerar antes de anticipar conclusiones sobre una supuesta incapacidad organizativa de la población putumayense. En esta perspectiva, el inmovilismo de la gente revela, más que desinterés, la adopción de acciones de resistencia que deben ser explicadas en función de la convergencia de diversos factores, que también parecen preceder a las nuevas experiencias de organización y movilización emprendidas por la población en situación de desplazamiento.

Campesinos, indígenas y colonos, enfrentados a una situación de vulnerabilidad extrema, se vieron abocados a nuevas pérdidas por efecto del incremento del desplazamiento forzado a partir de 1998 y a nuevas formas de interacción. Las precarias condiciones de los asentamientos ocupados —en las cabeceras municipales—, el miedo y la incertidumbre, pueden explicar la irrupción de acciones de resistencia o la adopción de un bajo perfil en materia de organización y movilización, toda vez que enfrentan la doble discriminación por ser considerados cocaleros y desplazados, asimilados en el imaginario colectivo como bandidos, delincuentes o, en el mejor de los casos, damnificados.

El desafío investigativo de identificar los mecanismos relacionales (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005) que vinculan a grupos o individuos entre sí, a partir del aumento de la incertidumbre, en un espacio de interacción propicio para descubrir sus intereses y necesidades comunes, subyace a esta interpretación respecto a la emergencia de nuevas formas de acción colectiva por parte de actores en proceso de constitución como los desplazados.

3. La emergencia de la conflictividad transfronteriza

La presencia simultánea de distintos actores armados, legales e ilegales, agravó la situación de vulnerabilidad extrema de la población. Durante los últimos veinte años, muchas comunidades fueron sitiadas por la presión de estos actores mediante de estrategias similares de control territorial, obligando a sus pobladores a adoptar medidas extremas como la de cruzar la frontera más próxima.

Entre el fuego cruzado de las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública, hubo pocas opciones. La guerrilla controlaba el ingreso, permanencia y salida de las zonas, imponiendo censos de población como los realizados en Puerto Leguízamo, Puerto Guzmán y en los poblados ribereños del río Putumayo; los paramilitares cortaron las redes de abastecimiento y comunicación desde las cabeceras municipales hacia las zonas rurales, con el fin de debilitar a la guerrilla, convirtiendo a los cascos urbanos de Puerto Caicedo, San Miguel —La Dorada—, Valle del Guamuez —La Hormiga—, Villagarzón y Puerto Asís en sus áreas de influencia; el Ejército, mediante las estrategias de seguridad y control en las fronteras, también restringió la movilidad o la impuso, al tiempo que controló el ingreso de alimentos, víveres y dinero a las zonas rurales. Las fronteras se constituyeron gradualmente en verdaderos campos de operaciones de los distintos actores armados y de enfrentamientos entre ellos, lo que evidenció la porosidad de las mismas, ya que distintas acciones bélicas empezaron a tener lugar a lado y lado del corredor fronterizo (Codhes, 2005).

Las fronteras adquirieron un significado estratégico en la dinámica de la guerra, como territorios de poder en constante disputa y expansión por parte del Estado, la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico (Grimson, 2011). La pretensión de una globalidad sin fronteras que permita que los bienes, los sujetos y las imágenes circulen sin ninguna limitación, encuentra en esta realidad una constatación empírica de sus límites. Es preciso revisar el concepto de frontera, pues en el supuesto de un "mundo sin fronteras", su inevitabilidad se reafirma a través de acciones radicales que la ubican como una barrera que lleva a la exclusión (Augé, 2007).

Las zonas de frontera, convertidas en escenarios de la dinámica expansiva del conflicto, en el marco de la aplicación del Plan Colombia, el incremento de la presencia y acción de grupos paramilitares, los paros armados y otras formas de presión de las guerrillas, dieron cuenta de la agudización del conflicto y su impacto regional. Es el caso de la frontera con Ecuador, un territorio en el que los actores armados circulan para sus actividades comerciales, tráfico permanente de armas, explosivos y otros elementos de guerra utilizados en Colombia, pero en el que también tienen vínculos familiares y étnico–culturales, que desbordan los puntos de cruce oficiales (Montúfar, 2003).

Las fronteras también devienen en zonas apropiadas por la vía de la expulsión y el desalojo masivo de la población desplazada, lo que evidencia, mediante la expansión del conflicto, la vulnerabilidad estructural del Estado colombiano o su precaria presencia —institucional y social— para proteger a las comunidades localizadas y que transitan en aquellas áreas, factor explicado como uno de los rasgos que caracteriza la presencia diferenciada del Estado en Colombia (González, Bolívar y Vásquez, 2003), que no logra prevenir los movimientos transfronterizos hacia los países vecinos, con las implicaciones que esto tiene en términos diplomáticos. La creciente migración transfronteriza en el decenio estudiado es el resultado del escalamiento del conflicto armado en el sur de Colombia. Solo entre 1995 y 1999 un total de 39 900 colombianos se desplazaron hacia los países fronterizos: 19 300 hacia Venezuela (48%); 12 700 hacia Ecuador (33%); y 7900 hacia Panamá, (19%) (Codhes, 2000b).

El incremento de la movilidad transfronteriza a partir de 2000 coincide con la presión que sobre la población del sur del país supuso la aplicación de las medidas adoptadas en el marco del Plan Colombia y consolida como primer destino a Ecuador, que pasó a recibir, solo en ese año, 9206 colombianos de los 12 071 que se desplazaron hacia las fronteras (Codhes, 2000a); en 2001, un total de 9000 colombianos de los 13 527 que se desplazaron (Codhes, 2001); en 2002 se desplazaron 21 800 colombianos: 12 000 hacia Ecuador, 9500 hacia Venezuela y 300 hacia Panamá; en el éxodo de 2003 se desplazaron 40 017 personas: 24 571 hacia Ecuador, 11 571 hacia Venezuela y 1692 hacia Panamá. De acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el número de colombianos solicitantes de asilo en países vecinos se ha mantenido constante en los últimos años. En 2005 el Gobierno ecuatoriano recibió el 79% del total de solicitudes de refugio aplicadas en los países vecinos, Venezuela el 17% y Panamá el 4%. De 7091 solicitudes de refugio en 2005 se pasó a 11 662 en 2008. En 2009 se estima que la población refugiada colombiana en Ecuador asciende a 25 182 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2012).

La creciente movilidad poblacional hacia Ecuador adoptó varias modalidades. En ocasiones, se trató de movimientos poblacionales provisionales y mientras cesaban las condiciones que las generaban —combates, fumigaciones de cultivos ilícitos, atentados—, en cuyo caso el retorno voluntario se produjo días o semanas después. En otras circunstancias, y casi siempre tras varios episodios de desplazamiento, la población que se dirigió a la frontera la cruzó para solicitar refugio al Gobierno ecuatoriano o para instalarse en localidades de ese país, donde se contaba con algún contacto previo; en buena parte de estos casos, sin reivindicar su condición de refugiado, evitando así ser estigmatizados en el nuevo destino, sorteando los obstáculos para conseguir refugio e inserción en las comunidades receptoras.²

Por otro lado, en lo relacionado con el valor estratégico de estos territorios en función del desarrollo de megaproyectos, el mapa del desplazamiento forzado en Colombia coincide con zonas de proyectos de gran impacto (Bello, 2003). En el caso del Putumayo, megaproyectos como el de Río de la Plata–Amazonas–Napo–Putumayo–Tumaco que comunicaría a Tumaco con Manaos y Belén del Pará, conectando las costas Pacífica y Atlántica, y la troncal del Llano, que se uniría con la carretera Marginal de la Selva para comunicar por tierra las fronteras venezolana y ecuatoriana, se suman a los intereses por el control del narcotráfico, el tráfico de armas y la riqueza petrolera de la región. Los intereses económicos emergentes —ganaderos, terratenientes, narcotraficantes, capitalistas nacionales y transnacionales— imprimen una dinámica más compleja al fenómeno de la migración forzada, en razón de la presencia de factores causales que la detonan y expanden. En el mismo sentido, la región ecuatoriana de Sucumbíos representa un territorio estratégico para la explotación petrolera, que al igual que el Putumayo es una región de poca inversión social. Se trata de "desplazados del desarrollo", otro grupo de migrantes forzados para quienes no hay un régimen de protección (Castles, 2003).

El panorama esbozado permite afirmar que la dinámica transfronteriza durante el periodo analizado supuso, además del tradicional intercambio comercial, otro tipo de interacciones generadas por la expansión del conflicto armado, los cultivos ilícitos, las estrategias militares del Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y la presencia de proyectos de desarrollo de significativa importancia. Este contexto explicativo de la irrupción y crecimiento de la migración trasfronteriza forzada ha generado, además, una dinámica conflictiva sin antecedentes en la franja fronteriza colombo–ecuatoriana.

Una alteración de las condiciones de vida en la frontera tiene lugar y, con ella, nuevas dimensiones de la dinámica migratoria están por explorar (Ahumada y Cancino, 2003; Ahumada y Moreno, 2004; Bello, 2003; 2004b; Montúfar, 2003; Ahumada et al., 2004; Riaño y Villa, 2008). Ecuador tuvo que adoptar medidas sobre la marcha ante el crecimiento inusitado del desplazamiento de población colombiana hacia su territorio, creando planes de contingencia, liderados en buena medida por la Iglesia Católica, específicamente por la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, a través de un convenio con la Acnur (Codhes, 2000a).

Una amplia gama de problemas están asociados al asunto de la atención de este tipo de migrantes forzados en territorio ecuatoriano, tanto en relación con las condiciones de acogida social, favorables o no a su instalación, como en relación con los asuntos de orden legal. En general, puede señalarse que la condición de legalidad o no de la situación del migrante contribuye al tipo de acogida que recibe. La condición de refugiado, si bien no garantiza soluciones duraderas a su situación vulnerable, posibilita el acceso a una oferta institucional de servicios, prevista para estos casos por las instituciones de ayuda humanitaria y les facilita una libre circulación por el territorio ecuatoriano. Al contrario, a quienes se les niega el derecho de refugio sufren exclusión social, incertidumbre e invisibilización, en tanto se los excluye de los programas estatales o de ayuda humanitaria.

Esto no significa que bajo la condición de refugiados desaparezca la vulnerabilidad, exclusión o precariedad económica. Los refugiados colombianos en Ecuador tienen que afrontar también la estigmatización y la discriminación (Riaño y Villa, 2008). Además de la violencia como factor detonante, los factores socioeconómico y político, derivados del "nuevo orden mundial", se suman al factor internacional (Ahumada et al., 2004). En este sentido, la situación de los desplazados hacia las zonas de frontera revela una persistente cadena de exclusiones y vulnerabilidades extremas, las cuales requieren una mirada renovada del problema, con el propósito de que su explicación contribuya a su inclusión en una agenda compartida de acción política regional.

A modo de cierre

Los nuevos contextos de la migración no logran ser explicados a partir de las categorías y las hipótesis de los enfoques clásicos y cada vez se hace más evidente la imposibilidad de construir una teoría general en esta materia. Para los propósitos de este artículo, es de particular importancia centrar la discusión en los hallazgos empíricos que sirven de acicate para abordar las dimensiones propiamente políticas de dos dimensiones de la cuestión migratoria: la referida al carácter forzado de la migración y lo concerniente a la dinámica transfronteriza, en relación con la movilidad poblacional.

La distinción excluyente entre migración voluntaria y forzada, impide ver la complejidad de las motivaciones para migrar y las posibles conexiones entre los rasgos propiamente voluntarios de la decisión y los factores de coacción allí presentes. En la migración, como un proceso continuo, es perceptible distintos momentos y contextos de la movilidad que hacen más difícil la identificación de las condiciones forzadas o voluntarias de la decisión. Esto significa que en los trayectos migratorios coinciden momentos que hacen dificil la distinción entre salida, tránsito, retorno, reasentamiento y dispersión, fenómenos que requieren un examen cuidadoso de sus condiciones antes de avanzar en su caracterización y tipificación. En el mismo sentido, es inconveniente señalar la migración voluntaria como migración económica y la migración forzada como propiamente política. Precisamente, examinar la dimensión política de la migración encuentra, en las posibilidades que ofrece la caracterización de la migración mixta, un punto de partida para la construcción de categorías explicativas (Van Hear, Brubaker y Bessa, 2009).

En la migración transfronteriza, por otra parte, si se considera un recorrido de ida y vuelta entre el debate teórico y el examen de los casos, se encuentran puntos de convergencia en relación con las condiciones de un doble debate: el referido a la conceptualización de la migración forzada en escenarios fronterizos y la dimensión política que adquiere hoy la frontera como problema asociado al crecimiento sostenido de la movilidad humana y la tendencia a su control por parte de los Estados nacionales, lo que supone una mirada crítica al concepto mismo de frontera y sus nexos con la cuestión migratoria.

La tradición liberal moderna da por supuesta la existencia de las fronteras al definir el Estado en función de una población, de una soberanía para el ejercicio del poder y de un territorio que se presume delimitado; sin embargo, la creciente movilidad poblacional contemporánea pone en cuestión tales presupuestos y conduce a problematizar la categoría frontera en términos políticos. El proceso de fronterización supone, entonces, la existencia de "fronteras en movimiento", un cambio en la concepción misma de la frontera como categoría estática, naturalizada, hacia una mirada mucho más compleja que conduzca a caracterizar los distintos factores explicativos de la adopción de medidas y políticas migratorias, en relación con la creciente movilidad poblacional y en función de la cuestión fronteriza: la construcción de una teoría política de las fronteras (Zapata–Barrero, 2012).

Otra perspectiva es centrar la atención en el estudio de zonas fronterizas específicas antes de abordar los referentes históricos y teóricos del debate sobre las fronteras. Todo esto en la lógica de que una "historia territorial, relacional, sociocultural, de espacios fronterizos específicos", como a partir de la etnografía, es otra entrada al debate que conduce necesariamente al análisis y al debate teórico de los problemas que hoy subyacen a la cuestión fronteriza (Grimson, 2005, p. 127).

Para los propósitos de esta reflexión, resulta impostergable vincular los desafíos que supone la migración transfronteriza al problema de la movilidad humana en condiciones forzadas. La dinámica del conflicto colombiano en los años recientes y su proceso gradual de internacionalización, han generado significativos cambios en relación con las modalidades del desplazamiento forzado, particularmente a la emergencia y crecimiento sostenido del desplazamiento transfronterizo. Este fenómeno comenzó a ser tema de atención, especialmente por su carácter forzado, y al advertir sobre la urgencia de nuevos abordajes a una realidad socio–espacial poco investigada como la frontera, redefinida ahora en virtud de una dinámica que se transforma al tenor del conflicto reciente.

Alejandro Grimson (2005; 2011) permite establecer un diálogo entre las llamadas fronteras abiertas y fronteras cerradas, imponiendo una consideración sobre las sociabilidades construidas por los pobladores de los corredores fronterizos, que dan cuenta de una dinámica diferente, poniendo en cuestión la capacidad de los Estados para asegurar su función de admisión de los forasteros. Las interacciones sociales —relaciones de vecindad— transforman las medidas legales adoptadas por los gobiernos, mostrando la necesidad de nuevos referentes explicativos para comprender los procesos asociados a la cuestión migratoria, específicamente situada en contextos transfronterizos.

En el campo más amplio de la movilidad humana, las condiciones no voluntarias que obligan a muchos a salir de su territorio ponen de presente la realidad de este fenómeno, emergiendo la migración forzada como una categoría de análisis que pone en cuestión los criterios con los que suele ser interpretado el fenómeno migratorio (Riaño y Villa, 2008; Vidal, 2005; Ahumada y Cancino, 2003; Ahumada y Moreno, 2004; Codhes, 2000a; 2000b; 2004). La decisión voluntaria que caracteriza a la migración, frecuentemente reducida a móviles económicos —en busca de mejores condiciones de vida— es sustituida por la inminencia de la decisión en función de la urgencia de preservar la vida. En este sentido, la migración transfronteriza forzada deviene en categoría de análisis, de modo que la categoría de desplazado es sustituida por la de refugiado, con las implicaciones que esto supone en términos del régimen internacional de migración forzada, entendido como: "el cuerpo de instituciones, leyes, políticas y prácticas nacionales e internacionales que existe para tratar con los refugiados o la migración forzada" (Van Hear citado en Riaño y Villa, 2008, p. 10). Si a esto asociamos un debate sobre la cuestión fronteriza, vale la pena recordar que: "la frontera siempre es resultado de un proceso y, por lo tanto, es una realidad construida que sirve para conseguir un orden, pero que es modificable cuando los fundamentos de dicho orden se desvanecen" (Zapata–Barrero, 2012, p. 47).

Notas

* Una versión preliminar de este artículo fue presentado como ponencia en LASA2014 Democracy & Memory. XXXII International Congress, celebrado en Chicago, 21–24 mayo, con el apoyo del Fondo Patrimonial para el Desarrollo de la Docencia, de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia.

1 Aproximadamente 27 044 personas fueron desplazadas durante 2003 de zonas fumigación de cultivos ilícitos (Codhes, 2004b).

2 De las personas que cruzaron la frontera en aquel periodo, un total de 11 612 tramitaron oficialmente el refugio pero solo se otorgaron para 2528, es decir, dos de cada diez. Siete de cada diez colombianos que salieron forzadamente hacia Ecuador, Venezuela o Panamá ni siquiera hicieron el trámite por miedo, desconfianza o desinformación, y prefirieron permanecer en calidad de indocumentados o ilegales (Codhes, 2004a). Durante 2000–2005 se presentaron 36 665 solicitudes de refugio. En 2005, 5737 personas solicitaron asilo, se concedió a 2453, negado a 2669 y abandonadas las solicitudes de 1107. Entre 2000–2005 se acumularon 11 492 solicitudes de refugio de colombianos en trámite o pendientes en Ecuador (Codhes, 2006).

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