El nuevo siglo XX, aparece con una lucha de clases cada vez más fuerte y buscando implementar un nuevo modo de producción y de relaciones sociales: El Socialismo, donde se pretende dar una salida a la lucha de clases, a las diferencias económicas, sociales y políticas entre los hombres, diferencias que son percibidas como ilegítimas por los impulsores de este nuevo modo de producción. (Marx; 1962: 888).

Como puede observarse, el mercado aparece como un escenario de conflicto, y es fuertemente atacado por el movimiento de la igualdad, que se va solidificando como una fuerza histórica y que reclama que el mercado debe ser regulado, y es por esto, que se llama a participar al Estado en una forma activa y a desempeñar un papel primordial para que las clases dominadas recobren sus derechos económico, políticos y sociales. En Europa se intenta socializar el mercado, lo que implica terminar con el Laisser - faire, y la creación de la economía mixta; el Estado se hace de alguna forma intérprete de valores, de justicia redistributiva y de pleno empleo.

Keynes (1919) observa este nuevo escenario, de las limitaciones, de la crisis social que ha causado el mercado y generará la teoría para hacerle frente al libre mercado, es decir, da nacimiento a una nueva política económica, contribuyendo de forma activa a la lucha de las ideas. Es Keynes, quien se da a la tarea de encontrar cómo se genera la propensión al consumo con ayuda de la instrumentación fiscal, la socialización de inversiones y, por supuesto, con su política de pleno empleo. Al entrar en crisis el capitalismo individualista, Keynes aparece como salvador del capitalismo, pero con compromiso social, teniendo en cuenta que las crisis económicas no tenían forma de ser evitadas el capitalismo, como tampoco la pauperización de las clases gobernadas.

Al entrar en crisis el capitalismo individualista, Keynes aparece como salvador del capitalismo, pero con compromiso social, teniendo en cuenta que las crisis económicas no tenían forma de ser evitadas el capitalismo individualista, como tampoco la pauperización de las clases gobernadas.

Con estos antecedentes, y con los nuevos postulados, Keynes incide para superar la crisis de 1929, para darle solidez al nuevo orden económico mundial, a tal punto que fue él, el que diseñó los contenidos y los derroteros del documento aprobado en Bretón Woods. El mundo occidental adopta sus políticas económicas a partir de la pos guerra, las cuales tienen éxito hasta los inicios de la década de 1970, cuando las tesis de Hayek remozadas con los argumentos de Milton Friedman, comienzan a abrirse paso en la academia y a ser implementadas por algunos gobiernos con pensamiento político conservador.

Como miembro de la Escuela Económica de Viena, apreció todo el trasegar del desarrollo de la revolución rusa y llegaron a afirmar que esa economía no podría funcionar porque controlaba los precios, los salarios y generaba caos. También se centraron sus ataques, en la planificación central y en el avance del socialismo.

Con la crisis del 24 de Noviembre de 1929, cuando colapsa la Bolsa de Valores de New York, el sistema financiero inhabilitado para recibir ganancias, la quiebra en Estados Unidos de la mitad de los bancos, la paralización de los ferrocarriles, los cierres de empresas y el disparo del desempleo, y las marchas de los trabajadores en Gran Bretaña, Keynes escribe su libro para resolver y salvar los problemas que afectaban en su momento a la economía capitalista, con base en ellas, los gobiernos tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, se vieron obligados a implementar un nuevo trato y unas nuevas reglas, para regular al capitalismo. En este momento, Hayek entra en polémica abierta con Keynes, por que este último fue aclamado, en principio, como el salvador del capitalismo y no como lo describe Hayek, que más bien era un abogado de la inflación y de la intervención gubernamental.

Es necesario precisar los aportes que Von Mises le da a Hayek, en cuanto al Estado, cuando éste lo ve como un mal necesario, destinado a garantizar la convivencia social contra quienes no respeten los fundamentos de la democracia liberal; por lo cual, cumplirá la función de mantener la cohesión social, mediante el monopolio de la fuerza, sobre la base de la seguridad individual y el principio inalienable de la propiedad privada (Restrepo; 2003: 46).

Las posiciones básicas del neoliberalismo, reposan sobre la propiedad privada y la libertad individual; su crítica va dirigida hacia cualquier tipo de colectividad; la extra polarización del mercado al campo de la política, el poder y el Estado. Como puede verse, estas sustentaciones son los indicadores actuales del neoliberalismo, una política profundamente conservadora, que como característica tienen, su incapacidad para asumir la autocrítica, frente a los demás pensamientos; además, se podría decir que los planteamientos neoliberales no están totalmente fundamentados en la teoría, tiene algunas bases económicas, pero planteadas de forma polarizada, donde en principio no hay espacio para reconocer los alcances de las fallas del mercado, y esto impide dilucidar variables para darles un tratamiento.

El neoliberalismo, en su dimensión actual, se puede decir que, también es resultado del trabajo teórico de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago, acción que comenzó desde la segunda mitad de los años 50 del siglo pasado; cuyo sentido fue ser críticos y opositores de las políticas de bienestar y de intervención económica que prevalecían en todo el mundo, que se posesionaron dentro del mundo académico a partir de la crisis de 1970, pero con más fuerza a partir de la crisis de 1973, y cuyos preceptos, se centraban como instrumentos para crear demanda agregada, el uso de una política fiscal y la reducción de los gastos para el funcionamiento del Estado. Estas recomendaciones, a la hora de la verdad, no eran nuevas, sino que hacían parte de los trabajos de la Escuela Austriaca desarrollados por Hayek, Mises & Menger, fueron acogidos por Margaret Tatcher en la Gran Bretaña y por Ronald Reagan en los Estados Unidos, los cuales sin ningún reparo, realizaron una fuerte reducción del sector público, no importándoles para nada, las consecuencias negativas en el campo social, pero todas estas medidas de choque, dinamizaron al sector productivo, la inflación era controlada y se genera un nuevo rumbo económico: dinero sólido, liberación económica, límites a los gastos del gobierno y tasas de interés moderada.

Pero todo no fue color de rosa, la reducción de los impuestos, produjo un gran déficit fiscal, y la vocación militarista de Reagan y de Thatcher, en lugar de reducir el déficit, lo ampliaron. Se le da en este momento, un nuevo arranque a la política de privatizaciones, se reducen los subsidios a las empresas estatales y al sector privado y afirman algo nuevo: que el libre mercado tiene interés público, así se comienza a aplicar esta política a los países del Africa, Asia, Europa y de América Latina.

3. El Consenso de Washington

El neoliberalismo, aplicado en América Latina no es el producto de una ideología de capilla, pristina y pura. No. Se trata de un liberalismo pragmático llamado Consenso de Washington, que constituye un recetario de políticas concretas, las cuales carecen de total coherencia teórica (Restrepo; 2003: 193).

El Consenso básicamente contiene diez puntos, que se pueden sintetizar así: 1. Disciplina fiscal; 2. Disminución del gasto público; 3. Mejorar la recaudación impositiva sobre la base de la extensión de los impuestos indirectos; 4. Liberación del sistema financiero y de la tasa de interés; 5. Mantenimiento de un tipo de cambio competitivo; 6. Liberación comercial externa; 7. Otorgar amplias facilidades a las inversiones extranjeras; 8. Privatización de las empresas públicas; 9. Cumplimiento estricto a los compromisos de deuda; 10. Derecho a la propiedad. (Williamson; 2000: 252).

El autor recomienda, que el Banco Mundial debe implementar el Consenso, no en forma homogénea sino diferente, dándole importancia a la dimensión institucional y a las políticas que de él se desprenden, tales como el crecimiento, la distribución de las ganancias, el acontecimiento de las operaciones bancarias y la propiedad. (Williamson; 2000:253, 254). Pero solamente, el completamente ingenuo, interpretaría este consejo como incondicional y neutro, en el sentido de ser aplicado en el horizonte de tiempo por los Estados Latinoamericanos y al mismo tiempo en países del Asia o del África, solo por ser advertencias o políticas recomendadas dentro de un paquete, porque dentro de éste paquete, pueden venir políticas no deseadas para el país, situación que se puede presentar en recomendaciones tales como manejo de la inflación, reforma fiscal, el tipo de cambio, los flujos de inversión, entre otros.

El Consenso, debería haber incluido los conocimientos de la historia, especialmente su historia económica, su institucionalidad, su desempeño socio - político y cultural de cada país involucrado, sobre las posibilidades o inconveniencias de la liberación del comercio o del capital y sobre el efecto de los impuestos sobre el crecimiento. (Srinivasan; 2000:267, 268, 269).

De acuerdo a las lecturas, se puede decir que, tras el Consenso se esconden todo tipo de instituciones supra nacionales como la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, las Naciones Unidas, entre otras; todas dirigidas, por personas que buscan los mismos intereses de aquellos que las dirigen; estas Organizaciones legislan y dictan patrones de comportamiento, sin que la ciudadanía les pueda exigir cuentas, sus dirigentes no se eligen por sufragio del Pueblo y las decisiones que toman son siempre impopulares. Su función estuvo encaminada a debilitar al Estado con políticas de reestructuración y a reivindicar a las entidades privadas, sin la oportunidad de encontrar una condición socialmente justa para la población; es decir, son estructuras en las que el ciudadano normal no puede exigir nada y los ciudadanos dejan de serlo para convertirse en clientes o consumidores.

4. El nuevo discurso para la aplicación del neoliberalismo y del Consenso de Washington

Éste discurso al que nos referimos es el que manejan las elites, debido a su compromiso, a su dogmatismo y a su fundamentalismo con el neoliberalismo y con la aplicación del Consenso de Washington, es decir, es el paradigma ideológico del libre mercado. Dentro de esta visión, no hay un espacio para construir un propósito nacional ni de identidad, quedando a merced de lo que nos diga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Es decir, estamos avocados a renunciar a lo propio para identificarnos con el pensamiento global de las supra instituciones transnacionales.

De otro lado, para el caso colombiano, la mayoría de los Ex Ministros de Hacienda, los Ex Directores del DNP, los Ex miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, pregonan unos discursos de transnacionalización y curiosamente después de ocupar cargos del orden nacional, pasan a ocupar cargos del orden internacional, pero no para defender los intereses nacionales, sino los de la globalización económica. Nuestro caso no es ajeno al discurso que se pronuncia a lo largo y ancho de los países en vía de desarrollo, es un discurso que no tiene ni siquiera innovación en lo que se refiere al construido transnacionalmente. En términos generales, es abstracto, su respaldo teórico estaría inscrito en el paradigma neoliberal institucional, donde solamente se explicita y se explica el libre juego de las fuerzas del mercado. Estas concepciones, las han aplicado para justificar la reforma del Estado, de la Constitución, para la firma de acuerdos de libre comercio; argumentando que se se necesita nuevas reglas de juego o rediseñarlas para propiciar el crecimiento del país, sin dar posibilidades a la crítica y al análisis con relación a las nuevas formas que se le están dando a las relaciones de producción y de propiedad en el terreno de las instituciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, los únicos esfuerzos que se denotan es la protección a la propiedad privada, como propósito fundamental de los diseños institucionales, siempre estarán vinculando el discurso político con el económico y lo social con lo cultural, pero permanentemente, pondrán como premisa la defensa del mercado y de las instituciones. Curiosamente, nos encontramos de cara a una paradoja muy particular, y es que los productores de la injusticia, la inequidad, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, son los mismos que a través del discurso predican la superación de la injusticia, pobreza, inequidad y la búsqueda incansable por el cuidado del medio ambiente; lo cual queda reseñado, especialmente, en los informes que se dan en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo paradójico, es que le rehúyen a todo lo que tiene que ver con los problemas de desempleo y de producción de ingresos para los habitantes de su territorio.

Hoy, por ejemplo, se construye un discurso cimentado en la consolidación de una relación entre seguridad y democracia, con lo cual, se pretende ocultar el proyecto de Estado que quiere instaurar el Gobierno, y de esta forma, deslegitimar a los contradictores y en algunos casos, hasta llegar a estigmatizarlos. Además, dieron a entender que de la seguridad se desprende, mágicamente, el crecimiento económico, la oferta de empleo y el bienestar social.

5. La implementación del modelo Neoliberal en Colombia

La economía de nuestro país en las últimas tres décadas, ha vivido transformaciones trascendentes, su estructura económica se ha modificado fuertemente, el Estado ha permanecido sometido a continuas reformas y se ha logrado implementar un nuevo modelo económico como respuesta política a las exigencias de la elite, basado en la acumulación y en la expansión del aparato productivo y de la transformación del mercado interno, dando pie a un nuevo estadio o fase de la globalización capitalista.

Dentro de este proceso de construcción de modelo neoliberal, está involucrada toda la vida económica, social y política del país. En cuanto a lo político - económico, se supone un nuevo orden, el orden neoliberal, el cual exige la aplicación del Derecho que se debe traducir en una nueva estructura normativa para dinamizar el modelo económico, en términos generales, de lo que se trata es de generar unas nuevas reglas que deben orientar el comportamiento del Estado frente a la economía, lo cual debe conducir a darle legalidad y seguridad.

Esta nueva construcción, se caracteriza por generar una nueva perspectiva de la vida política, donde se vislumbra las transformaciones capitalistas, los cambios en los procesos de acumulación y su interacción con el nuevo orden jurídico económico. Dentro de esta construcción del proyecto neoliberal, aparece un verdadero programa político que hay que aplicar de forma obligada, se trata del Consenso de Washington, el cual, fue fortificado con la incorporación del bagaje teórico del neo institucionalismo especialmente para soportar la apertura económica y la disciplina fiscal que debe abordar el país. Aquí también juegan un papel relevante las instituciones que tiene que ver con la planeación, como es el Departamento Nacional de Planeación, la instancia de presupuesto que no es más que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por supuesto, también, el Banco de la República, los cuales tiene que someterse a examen continúo por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La construcción del modelo implica, establecer un orden jurídico económico, el diseño e implementación de las reformas estructurales del Estado, las reformas al mercado de la fuerza laboral, la reforma al mercado de bienes y servicios, al mercado de capitales, a las telecomunicaciones, al sistema económico y a la dirección de la economía, a los límites de intervención del Estado en lo económico, a la desregulación económica y a la concreción de tratados de libre comercio, a la política de privatizaciones, al mercado de capitales y a la organización empresarial, a firmar los acuerdos con la OMC y a reglamentar la inversión extranjera y a darle cuerpo a la denominada disciplina fiscal. Todos estos aspectos, deben tener un respaldo de seguridad jurídica, lo cual naturalmente queda explícito en la Constitución Política de 1991.

6. La Constitución Política de 1991, Neoliberalismo y Consenso de Washington

Los años 80 que antecedieron a la formulación de la nueva Constitución, fueron años de crisis nacional que estuvo enmarcada por hechos tales como el fortalecimiento de los grupos armados, del narcotráfico y su guerra en contra del Estado, el surgimiento y accionar de los grupos paramilitares, la destrucción de un movimiento político como la Unión Patriótica, lo cual conlleva al recrudecimiento de la violencia política y el cerramiento de espacios para la participación ciudadana en el campo nacional. En el entorno regional, hacía presencia el tránsito de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos, como es el caso de Chile y de Brasil.

A nivel mundial, la corriente neoliberal encarnada en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e instituciones de carácter monetario y comercial del orden mundial, tenían cosas muy claras para imponer a los países en vía de desarrollo: su visión individualista, utilitarista y ahistórica donde quedan excluidas la cooperación, las alianzas y la asociación, además, presumen una homogeneidad cultural, social y política para que supuestamente estos países arrojen resultados similares, desconociendo la complejidad y las variaciones que se dan en los diferentes regímenes políticos.

Los Organismos Internacionales que administran y orientan la implementación del legado neoliberal, manejan el criterio que el crecimiento "por si mismo" mejora la condición de los ciudadanos pobres, por eso, obligan a que los gobiernos prestamistas del FMI y del Banco Mundial deben eliminar los subsidios discriminados y establecer la política de focalización para atender la pobreza extrema. Además, consideran la política macroeconómica como neutral y la problemática agraria para todos debe aplicarse con una visión productivista y de competitividad en los mercados, para lo cual obligan a la disminución de la atención del Estado y adicionalmente, que los Estados no deben sostener a las economías campesinas, sino obligar a que estas deban modernizarse (Restrepo; 2000: 271, 272).

Como puede verse, los delineamientos constitucionales sobre el nuevo modelo económico estaban ya diseñados, es decir, debían partir del libre mercado, base fundamental del neoliberalismo, que de una u otra forma, conduce al capitalismo salvaje, y a crear políticas que favorecen sin ningún tapujo al gran capital y a la iniciativa privada, en detrimento de las políticas sociales, partiendo del hecho que el Consenso llama a la reducción del Estado, reduciendo el aparato administrativo y descentralizando las responsabilidades del Gobierno Central con los poderes locales.

El recetario y su inmersión en la actual Constitución, no es otra cosa, que el reflejo de la aplicación de un Constitucionalismo aparente, y refleja también, el programa de una élite dominante que deja por fuera a una parte de ella y a los demás sectores sociales del país. Allí están los intereses particulares o de grupos cerrados, donde salen ganando los más conservadores que se identifiquen con la dinámica de la transnacionalización económica, y es por eso que algunos académicos, afirman que no hay Constitución más neoliberal que la Constitución de 1991, por que elevó a la categoría de Carta Magna la apertura económica para negar los derechos del pueblo y garantizar la implementación del modelo neoliberal en Colombia.

La Constitución Política de 1991 en su Artículo 1°, define que Colombia es un Estado social de derecho, para lo cual, los ponentes del Artículo afirmaron que en Colombia el sector social de la economía, no ha sido entendido como un pilar fundamental del desarrollo y en consecuencia ha sido sistemáticamente discriminado desde los puntos de vista político y presupuestal. Y más adelante dicen que la finalidad social del Estado no sería una actividad de beneficencia, sino una respuesta a los elementales derechos de los ciudadanos (Gaitán, 1991).

En la Constitución del 91, quedan reflejadas dos tendencias, la primera, está dirigida a defender los derechos individuales y colectivos; se eleva a precepto constitucional algunos contenidos del Código Penal, en cuanto al derecho a la vida, a la desaparición forzada, a la intimidad personal y familiar, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la libertad de cultos y la libertad de opinión, entre otros, donde queda reflejado el enfoque individualista, con sesgos urbano, de género y de etnia, pero donde queda difusa la vocación del Estado para garantizar a los ciudadanos de Colombia la igualdad de oportunidades para hacer efectivo el ejercicio de derechos económicos y sociales básicos, sin los cuales la proclamación de la libertad civil y política se queda en simple retórica para la gran mayoría de la población.

La segunda parte, está dirigida a darle todo el desarrollo a la estrategia de ajuste neoliberal, entre los que sobresalen: el desarrollo de la apertura económica, la libertad para la transnacionalización del capital financiero, el marco para las privatizaciones y las concesiones, además que la educación, la salud y los demás servicios concomitantes para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, quedan enmarcados dentro de las lógicas del mercado para su satisfacción, es decir a la oferta y la demanda.

El pacto político y los diversos principios que se logran para que queden plasmados en la Constitución, fueron aquellos que impulsaban de forma precisa la apertura económica y el libre mercado, los cuales quedaron codificados así:

"Artículo 334: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Éste intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo económico de las regiones (Gaitán, 1991: 196, 197). Aquí queda explícita la libertad económica y la iniciativa privada.

En el Artículo 335, queda establecida toda la acción del capital financiero y en el Artículo 336 sobre monopolios, permite la participación privada en aquellos sectores donde el monopolio estatal de alguna manera sea lesivo al interés público. Según los ponentes de éste Artículo, la teoría económica contemporánea ha demostrado, que sin necesidad de la existencia de monopolios estatales con arbitrio rentístico, puede conseguirse con la aplicación de impuestos específicos sobre el consumo de los bienes y servicios correspondientes prestado por particulares. Más aún, en otros países se ha demostrado con creces que esta segunda opción es claramente superior a la primera, tanto en términos de eficiencia económica como de la magnitud de los recursos que puede obtener el Estado. También observaron, que el control a los monopolios es una consecuencia de la libertad de empresa y de la dirección general de la economía por parte del Estado y buscando a todo trance impedir que se agudice la iniquidad en la distribución del poder económico y social, y favorecer la instauración de la democracia no simple y exclusivamente a nivel político, sino también en la esfera de la propia economía (Gaitán, 1991:198, 199).

Con respecto a la salud, logran incluir los siguientes artículos, el 48, en el cual se establece que la seguridad social es un servicio público, de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley . . . Allí, los autores establecieron la seguridad social restringida a la salud y a los riesgos de invalidez, vejez, enfermedad profesional y accidental de trabajo, argumentando las condiciones actuales del país. Además recordaron a los Constituyentes que según el Banco Mundial, nuestro sistema de seguridad social tiene uno de los porcentajes más bajos en cobertura en América Latina y es uno de los más costosos. También argumentaron que las reservas para pensionados del Seguro Social, son insuficientes y Cajanal no lo hace, por lo cual consideraron que había un caos administrativo.

También incluyeron el Artículo 49, que versa sobre la atención de la salud y el saneamiento ambiental, como servicios públicos a cargo del Estado, señalando que se les garantiza a todas las personas el servicio de promoción, protección y recuperación de la salud. Aquí se deja abierto para que Colombia, siga asumiendo la prestación de estos servicios a través del sector privado.

Sobre esos dos artículos Constitucionales, fue que se elaboró la Ley 100 de 1993, que incluye salud, pensiones y riesgos profesionales, llevando la contraria de todo lo establecido en los anteriores artículos, donde se acude a darle un sentido importante a una política social subsidiaria propia del modelo económico neoliberal; de ahí, que la ley sea un instrumento que reorganiza los actores del sector salud en un esquema supuestamente competitivo de mercado, donde el principal eje articulador que se hace explícito son las organizaciones de intermediación (EPS, IPS, ARS y ESE), tanto para prestar los servicios, como en su devenir administrativo. Todo este instrumental conlleva a que la red pública de salud colapse, como hoy realmente ocurrió, debido a las imperfecciones del mercado y a la debilidad institucional que se adecuó, lo que da lugar a que se cambie el monopolio público en la prestación del servicio de salud por el monopolio privado.

En cuanto a la política energética en Colombia, el Consenso de Washington, hizo algunas formulaciones que quedaron explícitas en la Constitución Política de 1991, tales como: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (Artículo 365 de la CP). Allí, los ponentes dejan claro que los aspectos económicos de los servicios públicos los desarrolla la ley. También se establece, que los servicios pueden ser prestados directa o indirectamente por comunidades o por particulares organizados. Y el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia del sector. (Artículo 365 de la CP). Aquí se quiso separar las funciones del Estado como productor y regulador, y limitar su papel como productor, porque había que permitirse el surgimiento de la competencia y el mercado en todos los segmentos de la actividad del servicio donde fuera posible, especialmente en la generación y en la comercialización. Como puede verse, propicia la participación del capital privado, no importando si éste es nacional o transnacional.

En cuanto a la banca central, los autores del Artículo 371 de la Constitución Política, argumentaron que le corresponderá al órgano legislativo nacional dictar las leyes a las cuales deberá sujetarse el Banco Central para el ejercicio de sus funciones, y establecer las reglas con las que el Presidente de la República debe expedir los estatutos de éste. En estos últimos se determina, entre otros aspectos, la forma de su organización y funcionamiento, el régimen de sus actos y las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de sus Directores y de quienes presten sus servicio, de tal manera que la organización y sus empelados conserven la independencia necesaria para cumplir técnica y administrativamente sus funciones. Además consideraron, que el Banco Central debe gozar de autonomía administrativa, patrimonial y técnica, como persona jurídica de derecho público.

La privatización de todos los activos del Estado, fue el propósito de los precursores neoliberales y del Consenso de Washington, con el "diagnóstico" de que existía una hipertrofia del Estado y una distracción de los recursos públicos hacia actividades que de una u otra forma podía desempeñar mejor el sector privado, tales como los servicios de la banca, de infraestructura, de servicios públicos domiciliarios, de salud, de educación, de industria, entre otros. Este proceso de privatización exigía una reasignación de funciones entre el Estado y los particulares, que según ellos redundarían automáticamente en una elevación de la eficiencia y en un ahorro de recursos por parte del Estado, los cuales podrían ser reorientados a suplir la función social. Solo se reconoce, de acuerdo a las orientaciones de Hayek, que el Estado podría proveer los servicios de justicia y defensa, mientras que la provisión de los otros servicios debían ser trasladados al sector privado.

Para los neoliberales, el proceso de descentralización debe quedar incluido en la Constitución, sus reglas y las que se desarrollen deben ser las del mercado en el funcionamiento del Estado. Aquí estarán referenciados tanto el sistema de transferencias, la distribución de competencias y deben ceñirse los entes territoriales a todos los principios que rigen las empresas privadas, estos son: la autofinanciación, la competencia, la eficiencia financiera y administrativa y la sanción final del desempeño por el consumidor. Para ello, deben también realizar ajustes y reducciones a la administración local.

7. A modo de conclusiones

En cuanto a la política social de los neoliberales y del Consenso de Washington, se basa en la entrega de subsidios a los segmentos focalizados como más pobres de la población, siempre y cuando no consideren que ellos tienen derecho a la asistencia, ni que el Estado intervenga en la repartición de las rentas; ella otorga además, al sector privado, el manejo de los subsidios, la decisión sobre los bienes a consumir y concurriendo en el mundo de los contratos de los subsidios estatales y de las donaciones, bien sean estas nacionales o extranjeras, argumentando que el sector privado tiene una responsabilidad social que cumplir.

Esta corriente de pensamiento, también desconfía de la política y del Estado. Para ellos, la política y el Estado deben ceder paso al libre mercado, de ahí se desprende toda su política de privatizaciones, el Estado debe someterse a las reglas del sector privado, es decir, que la competencia entre empresas públicas y privadas debe estar en el mismo nivel y en igualdad de condiciones. De ahí, que muchos pregonan que no hay una diferencia entre empresa pública y empresa privada, lo que deja en interrogante de acuerdo a ese pensamiento, ¿quién gobierna en el mundo: los hombres o el mercado?

La Constitución Política, por sí misma, no puede generar una sociedad lo más avanzada, debido a que su estructura de sociedad está integrada por su materialidad, que no es otra cosa que los medios de producción y distribución de los bienes asociados para satisfacer las necesidades básicas de una sociedad y en nuestro caso todo este dinamismo, lo hemos volcado hacia el sector privado, ya que replantea las relaciones entre Estado y sociedad; y desregula las actividades económicas y la prestación de servicios públicos.

Los desarrollos y modificaciones de la Constitución Política de 1991 a través de Actos Legislativos, Leyes y Decretos, han contribuido a que las empresas de servicios públicos domiciliarios queden en manos del capital transnacional, que el sistema de salud colapse, que la iniquidad en la educación aumente, que el Estado pierda todo manejo sobre todos los vectores de servicios vitales para mantener la seguridad nacional, que el proceso de descentralización se reverse, que el servicio de la deuda crezca, que el déficit fiscal se desborde, pero lo más grave, es el aumento de la pobreza y la indigencia a cifras jamás imaginadas en el país, al igual que la concentración de la riqueza en pocas personas.

Como puede observarse, en el desarrollo de este trabajo, he pretendido demostrar con argumentos sopesados, la ardua incidencia que tiene el pensamiento neoliberal y los delineamientos del Consenso de Washington en la Constitución de 1991, donde sus desarrollos se traducen en una amplia gama de medidas impopulares que favorecen al mercado y afectan a la mayoría de la población colombiana.

¹ (Ver Editorial del Diario "La República" del 19 / 11 / 2007).

8. Referencias