ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Conflictividad política, guerra y Constitución de Cádiz en Valledupar (provincia de Santa Marta), 1811-1815

Political conflict, war and Constitution of Cadiz in Valledupar (Santa Marta Province), 1811-1815

Miguel Antonio Suárez Araméndiz**

** Historiador de la Universidad del Atlántico y Magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander. Docente Auxiliar del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Caldas. Dirección de contacto: miguel.suarez@ucaldas.edu.co / msaramendiz@hotmail.com

Artículo recibido el 16 de junio de 2012 y aprobado el 14 de abril de 2013.

Resumen

En este trabajo se busca mostrar cómo se experimentó en el partido de Valledupar (provincia de Santa Marta), el proceso de independencia de la Nueva Granada y el advenimiento de la Constitución de Cádiz. A partir de este estudio de caso, se buscará mostrar, por un lado, que la supuesta revolución de independencia de la ciudad de Valledupar, más que el proyecto de una élite favorable a ''la causa independentista'', fue el resultado de las tensiones surgidas entre las provincias de Santa Marta y Cartagena. Por otro lado, que en medio de las gestas de la independencia, en la provincia de Santa Marta se produjeron esfuerzos para implementar la Constitución de Cádiz. Valledupar no fue la excepción. Esta investigación está basada en el estudio clásico sobre la provincia de Santa Marta de Ernesto Restrepo Tirado y en documentos del Archivo General de la Nación, y en varios fondos de las secciones Colonia y Anexo.

Palabras clave: guerra de independencia, Constitución de Cádiz, gobierno, ayuntamientos, Nueva Granada, Valledupar, corona española.

Abstract

This paper seeks to show how was experienced in the ''Partido de Valledupar'' (''Provincia de Santa Marta''), the independence war of Nueva Granada and the advent of the ''Constitución de Cadiz''. From this case study, it will try show that the ''independence revolution'' in Valledupar, more than a project in favor to the ''independence cause'', was the result of the tensions raised between the provinces of Santa Marta and Cartagena. Furthermore, during the independence war, in the province of Santa Marta, efforts were made to implement the Cadiz Constitution. Valledupar was not the exception.

Keywords: Independence War, Cadiz Constitution, Government, Municipalities, New Granada, Valledupar, Spanish Crown .

Introducción

La acefalía producida por la captura de los reyes españoles y la imposición de un gobierno napoleónico de facto en Madrid, puso en marcha diversas operaciones tendientes a repeler tanto la invasión de las fuerzas invasoras, como garantizar el funcionamiento del estado en medio de la crisis. Tanto en España, como en América se establecieron juntas de gobierno, proceso que la historiografía ha llamado ''la eclosión juntera''¹. La autonomía que van a experimentar las provincias americanas revistieron una variedad de significados para los actores sociales, como resultado de los diversos intereses, ambiciones y temores de estos sujetos en los territorios americanos de la Corona española. Para algunos la autonomía representaba el medio de desembarazarse del pesado fardo —en ocasiones más simbólico que real²— que representaban los ''controles'' ejercidos por la Corona española sobre sus territorios ultramarinos (especialmente sobre las actividades non sanctas de algunos vecinos americanos y españoles); para otros, era la oportunidad de ganar el favor del rey y sus recompensas mediante la reafirmación de su lealtad. Otros actores parecen haber permanecido inmutables ante los importantes procesos que se gestaban a su alrededor.

Estos hechos han sido objeto de reflexión por la historiografía Latinoamericana y latinoamericanista, especialmente en materia política³ y han recibido un importante impulso en los últimos años, gracias en parte, a las conmemoraciones de los bicentenarios en los diversos países de la región, los cuales dieron lugar a nuevas preguntas y abordajes, sobre viejos temas, espacios, individuos, grupos humanos y acontecimientos⁴. Precisamente, el objetivo de este trabajo, es contribuir a la creciente discusión sobre un tópico que pasó desapercibido por mucho tiempo: la recepción, percepción e intentos de aplicación de la Constitución gaditana en medio de las guerras de independencia en América, sobre todo en las regiones que mantuvieron, de una u otra manera, algún grado de fidelidad a la monarquía y a las instituciones españolas⁵.

Para lograrlo, este trabajo se ocupará de las circunstancias experimentadas en el partido de la ciudad de Valledupar (provincia de Santa Marta) en relación con el proceso de independencia de la Nueva Granada y los avatares experimentados en el proceso de implementación de la Constitución gaditana en medio de la guerra. En este punto habría que advertir al lector que la información con la que se contó para la realización de este estudio es escaza, en virtud del hecho que en el Caribe colombiano, la mayor parte de información que pudiera dar cuenta del funcionamiento de la administración imperial prácticamente ha desaparecido. En el caso de Valledupar, a duras penas sobreviven registros notariales y parroquiales, pero no se encuentra información relativa a libros de Cabildo o archivos judiciales. La información en la que se soporta este artículo proviene de fondos anexos -misceláneos- del Archivo General de la Nación sobre Gobierno, Guerra y Marina e Historia, algunos vacíos de información se han llenado con los insertos documentales presentes en la obra clásica de Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta.

A pesar de ello, se presentará a continuación algunos elementos que pueden servir para entender como algunas poblaciones del Caribe neogranadino, sostuvieron una actitud leal o por lo menos, favorable a la Corona española, afrontaron la independencia y recibieron e intentaron implementar, al menos en parte, la Constitución de Cádiz. En la primera parte, nos referimos a algunos elementos relativos a las dinámicas sociopolíticas de la ciudad de Valledupar antes de la independencia. En la segunda parte, se muestra la reacción de la provincia de Santa Marta frente a la independencia de la Nueva Granada, examinando la actuación de los cabildantes de la ciudad de Valledupar y otros actores, frente a este proceso. Con estos elementos se pretende desvirtuar el supuesto de que al interior de la provincia de Santa Marta, en la ciudad de Valledupar, se suscitó una revolución de independencia. Finalmente, en la tercera parte observaremos que, en medio de la fragmentación jurisdiccional que enfrentó el partido de Valledupar, se ponen de manifiesto los intentos de implementación de la Constitución de Cádiz en medio de las gestas independentistas.

1. El escenario sociopolítico: el partido de Valledupar

El partido de Valledupar⁶, estaba situado en el valle geográfico formado entre la Serranía del Perijá y de la Sierra Nevada de Santa Marta, bañado por los ríos Cesar, Guatapurí, Badillo, Ariguaní y otros ríos menores. Fue el lugar de establecimiento de algunas poblaciones que habían servido desde temprano en el proceso de conquista del interior de la provincia de Santa Marta. Allí tenía lugar la vida material de individuos y familias dedicados a actividades agro-pastoriles, al comercio —legal e ilegal— resultante de dichas actividades⁷. Además este partido era fundamental en la conservación del orden monárquico en una frontera ''plagada'' de indios indómitos, con ''costas abiertas'' por las cuales podían incursionar los enemigos de la corona, especialmente los ingleses, hacia el interior del Virreinato neogranadino⁸.

La cabeza del partido, estaba en la ciudad de Valledupar, que poseía un Cabildo, controlado por los vecinos notables de la ciudad, entre ellos algunos militares provenientes de municipalidades de Santander (España), vinculados a las familias notables de la ciudad y la región. Tras una larga lucha por consolidarse en un espacio agreste y aislado, los vecinos de Valledupar lograron incorporar sus actividades agro-pastoriles a los circuitos comerciales ''regulados'' del Caribe neogranadino⁹. Por un lado, como resultado de la aplicación de las políticas borbónicas de control de los territorios fronterizos¹⁰; por otra parte, por la ampliación de la actividad agro-pastoril gracias a la adquisición de hatos, hatillos, rozas y otras unidades productivas; ello, además de dar un impulso importante a la consolidación de las fortunas de los vecinos del partido, llevó al fortalecimiento de los espacios de poder que fueron rápidamente cooptados por los vecinos ''notables'' y/o por sujetos vinculados con estos. De tal suerte que familias como los Daza Bolaños, Maestre, Mestre, Ustáriz, y otras familias allegadas como los De Armas, Pinto Cotrín (de Valledupar), Fernández de Castro y Díaz Granados (provenientes de Santa Marta), Campusano (de la cercana población de Valencia de Jesús), pudieron representarse y ser reconocidos como ''notables''¹¹.

Dichos respaldos resultaron de suma importancia para el acceso a la burocracia local¹⁵ y se sumaban, a los que realizaban entre sí sirviendo en diversos negocios y emprendimientos económicos, y se fortalecían mucho más cuando, se vinculaban a familias cercanas a la ''élite'' de la capital provincial, especialmente los Díaz Granados y los Fernández de Castro (miembros igualmente de la extensa familia Díaz Granados), algunos de los cuales, además de ocupar importantes cargos en Santa Marta, eran dueños de las mejores tierras del Valle¹⁶. Estos vínculos entre los vecinos notables de Valledupar y Santa Marta, permitían asegurar apoyos ocasionales en las instancias del poder provincial¹⁷. Como se reveló en diversos conflictos políticos locales, pero con mayor intensidad tras el arribo a la ciudad de Valledupar de don Gregorio Hoyos Fernández de Miranda, Marqués de Valdehoyos (1806).

A continuación examinaremos algunos de estos enfrentamientos¹⁸. En 1806, arribó a la ciudad de Valledupar, el Marqués de Valdehoyos¹⁹, en calidad de Comandante de Armas, como resultado del muy largo proceso de control de las zonas de frontera en la Nueva Granada. Dentro de este conjunto de medidas, la formalización de los sistemas de milicias, se constituyó en una de las más importantes. El temor a un asalto inglés y el temor de insurrecciones internas llevó a la formación del ''Cuerpo de Dragones de Valledupar'', formado por cuatro compañías de infantería (dos en Valledupar —una de ellas funcionaba en Badillo y Valledupar—, una en Pueblo Nuevo y otra en San Juan), y cuatro compañías de Caballería (una en Valledupar, una en Jobo, otra en San Juan y una en Badillo) el cual debía funcionar con un número ideal de seiscientos hombres²⁰. Adicionalmente, Valdehoyos, debía encargarse de asuntos tales como, el control del contrabando, la creación de un cementerio y la organización del abasto de carnes²¹ (fuente importante de contrabando de la ciudad).

En poco tiempo, la apuesta de Amar y Borbón fracasó como resultado de la presión ejercida sobre el nuevo comandante de armas por los vecinos notables, especialmente los cabildantes y oficiales de diversas instancias del poder local. Es así como se observa una escalada de conflictos, especialmente a partir de 1807, cuando Valdehoyos y varios oficiales de la ciudad se enfrentaron como resultado de diversas circunstancias, entre otras: la negativa del alcalde ordinario de segundo voto José Valerio de las Cajigas, quien se negó a realizar las gestiones solicitadas por Valdehoyos para socorrer a la ciudad de Riohacha²²; posteriormente el ''abandono'' de la casa del correo de la ciudad por parte del administrador de correos Francisco Cardona y Pumarejo, se convirtió en la excusa perfecta para que Valdehoyos movilizara al alférez real José Vicente Maestre, al ayudante de campo del virrey don Manuel Jiménez, al síndico procurador general de Valledupar don Gregorio José Tavena y otros sujetos, para hacer un importante escándalo que mereció una severa reprimenda a Cardona²³ por parte del administrador de correos de la provincia, José María Martínez de Aparicio; otra ocasión se presentó cuando los cabildantes, por solicitud del teniente de gobernador de Valledupar Andrés Pinto Cotrín, pidieron a Valdehoyos se descargara de sus funciones a un miliciano bajo el supuesto de realizar el censo de la ciudad, a lo cual se negó Valdehoyos en diversas ocasiones²⁴.

Las tensiones se agudizaron cuando Valdehoyos, movilizó varios miembros de la milicia bajo su comandancia para apresar a algunos de los cabildantes y oficiales de la ciudad. La movilización de Valdehoyos contra estos funcionarios tuvo su origen en el golpe asestado por el administrador de correos Cardona y Pumarejo, y por el teniente de gobernador Pinto Cotrín; quienes se enteraron del envío de un correo ordenado por Valdehoyos al gobernador de Santa Marta, a través de dos milicianos, lo cual llevó a que el teniente de gobernador y otro sujeto se movilizaran para aprehender a los milicianos²⁵, adelantando la respectiva diligencia sumarial. Mientras esto sucedía, Valdehoyos realizaba contra estos sujetos una diligencia sumarial bajo el supuesto de estar entorpeciendo el ''servicio al rey''. El 19 de julio de 1807, puso a varios milicianos bajo su cargo, a que se apostaran en las casas del administrador de correos y del alcalde de segunda nominación. Para cuando los milicianos llegaron, los cabildantes y oficiales involucrados en la contienda se habían dado a la fuga²⁶, buscando refugio en Santa Marta, Mompox y Chiriguaná²⁷.

Para octubre de 1807, los cabildantes y demás oficiales fugados, regresaron a la ciudad, amparados por la orden del virrey de no ser molestados nuevamente por el Comandante de Armas y de sostener, todos los funcionarios, la armonía necesaria para la buena administración²⁸. Pese a la intensidad de estos conflictos, los mismos no dieron lugar a amotinamientos, ni levantamientos contra el Comandante de Armas (tal como afirma la historiografía tradicional sobre la ciudad de Valledupar²⁹), sino que deben ser entendidos, en el marco de las dinámicas políticas del mundo colonial³⁰, donde los abusos de poder, los choques entre jurisdicciones³¹, las disputas entre facciones por el ''control del estado'' y, en un nivel más ''mundano'', la lucha por la preservación de preminencias y figuraciones sociales³², eran una parte esencial. No obstante, esto no dio pie (a vista de la información disponible) a la formación de una revolución pre-independentista en la ciudad en 1808. De la presencia de Valdehoyos en la ciudad de Valledupar, no se tienen noticia, pero tampoco de levantamientos promovidos en su contra por parte de los vecinos ''principales''³³.

A continuación revisaremos algunos aspectos relativos a la guerra de independencia en las provincias de caribeñas neogranadinas y la manera en que se experimentó este proceso en el partido de Valledupar, intentado mostrar que lo ocurrido en Valledupar en 1813 dista mucho de ser un movimiento pro-independentista.

2. Las provincias caribeñas frente a la crisis del orden monárquico

A finales de 1808 circularon en el Caribe neogranadino las primeras noticias sobre la crisis desatada tras la invasión napoleónica a la Península ibérica. A la expectación inicial frente a estos hechos, le siguió la declaración de fidelidad a Fernando VII y el rechazo a las acciones de Napoleón Bonaparte contra el gobierno de Madrid³⁴. Esta situación que se mantuvo constante hasta los primeros meses del año de 1810 cuando, la cada vez más convulsa situación española y la presión de diversos grupos sociales, llevó a la formación de las primeras juntas de gobierno (Cartagena, Mompox y Santa Marta). Posteriormente, el camino de estas juntas se bifurcó cuando el Consejo de Regencia ordenó el cese de las actividades de dichos organismos en todo el mundo americano. Desde entonces, por un lado, las juntas de Cartagena y Mompox declararon su independencia³⁵, generando con ello una rebelión de los partidos de la ''Sabana''³⁶.

Como en otros casos, la formación de la Junta samaria se dio como resultado de la necesidad de organizar los ''ramos del real erario, militares y políticos'', así como rechazar ''las funestas ocurrencias de la capital de este Nuevo Reino de Granada''; para tal fin, se convocó a un Cabildo abierto al que concurrieron los principales ''cabeza de familia'' y la mayoría del vecindario, produciéndose un sufragio que puso al gobernador Salcedo y Somodevilla a la cabeza de la Junta, reivindicando la autoridad de la Regencia y de Fernando VII³⁹. En agosto de 1810, tras recibir comunicación desde Santa Fe para que adhiriera al Congreso General del Reino, la Junta samaria reaccionó comisionando a José María Martínez Aparicio, administrador de las rentas de correo, aguardientes, naipes y tabaco de la provincia, como Coronel y Comandante de los Leales Patriotas de Fernando VII, para la búsqueda de armas en Jamaica para la defensa de la ciudad⁴⁰.

De acuerdo con informes presentados por Martínez de Aparicio al virrey Benito Pérez y al consejero de Indias Antonio Ignacio de Cortabarria, está comisión implicó el gasto de una cifra cercana a los treinta mil pesos, así como gestiones en México, Puerto Rico, Riohacha y La Habana, además de poner a disposición de su goleta que nombró Fernando Séptimo, en ''defensa de la justa causa''⁴¹.

La Junta samaria organizó la escogencia del posible diputado con destino a la Junta Central, para lo cual envió una terna a las diversas ciudades en febrero de 1811. Los resultados de esta consulta no ha sido suficientemente debelada, pero en el caso de Valledupar, este proceso se surtió en febrero del mismo año, siendo elegido José Francisco Múnive y Mozo⁴², bajo la consideración que se trataba de un sujeto ''instruido'' de ''todo cuanto fuere útil y particularmente a esta ciudad y su distrito, para sus mejores progresos, fomentos y estabilidad''⁴³. La participación de Múnive y Mozo se vio truncada, mientras se esperaba la respuesta que daría Cartagena a la Regencia sobre los diputados que elegirían. Para entonces, la reducción de los diputados americanos, por las presiones de la guerra, obligaron a Múnive y Mozo a desistir de su participación⁴⁴.

La Junta de Santa Marta se disolvió en obediencia a la orden de la Regencia, volviendo a recaer la autoridad sobre el gobernador y el Cabildo de la ciudad en 1811. Durante el tiempo de su vigencia, la Junta procuró repeler cualquier acción sediciosa al interior de la Provincia y legitimó sus acciones sobre la base de ''la acendrada lealtad de esta provincia hacia su amado Rey el Señor Don Fernando 7° y al Real y Supremo Concejo de Regencia que a nombre de Su Magestad gobierna España, e Indias''⁴⁵. A diferencia de sus pares cartageneros y momposinos, la Junta samaria, obedeció la orden de disolución de la Regencia y cesó sus actividades.

A mediados de 1811 se posesionó como gobernador de la Provincia don Tomás de Acosta⁴⁶. El nuevo gobernador no tardó en iniciar las acciones requeridas para enfrentar al Congreso del reino. En octubre del mismo año, el Congreso escribió al gobernador y al Cabildo de Santa Marta, expresando su desaprobación por la conducta de la Provincia que cargaba de sufrimientos al ''reino'' y amenazó con iniciar hostilidades por oponerse a la ''voluntad general de los Pueblos'', le acusaba de hacer una ''guerra sorda con escritos siniestros y sediciosos, suponiendo falsas noticias y turbando la paz pública''; además de convertirse en el refugio de los ''mal contentos'' opuestos al sistema republicano⁴⁷. Finalmente, recordaron la precariedad de su situación comercial que, según señalaban, ''quedaría paralizado al momento que se les desniegue [sic] la entrada [de las mercancías y productos a provincias como Cartagena]''⁴⁸; pues, Cartagena había impuesto un arancel de 12% sobre las mercancías que salieran de Santa Marta⁴⁹ y, además, aumentó los derechos sobre las cabezas de ganado que se sacasen con destino a esa plaza, con un cobro de ''ocho reales'' por cabeza. Para ello, establecieron en Tenerife, que era el sitio de paso obligado de los ganados que se llevaban desde las sabanas y el valle interior de la provincia para Cartagena, un recaudador con una guarnición de 40 hombres y 12 cañones⁵⁰.

El 15 de noviembre de 1811, el Cabildo samario respondió al Congreso, que desde Santa Marta no se había obligado a ninguna otra provincia a sostener obediencia a España, recordando los elementos que los unían a la monarquía y a España (''el ser, Lengua, Religión y Costumbres''⁵¹), justificando con ello la imposibilidad de apartarse de ella. A toda costa el gobierno samario intentó mantener la defensa de varias poblaciones sobre el río Magdalena, logrando controlar la margen oriental del río hasta Ocaña⁵², al tiempo que buscaban garantizar el establecimiento de la residencia del virrey y de la audiencia en la ciudad, sin que esto llegare a efectuarse.

A partir de 1812, los conflictos entre las Provincias Unidas y la provincia de Santa Marta arreciaron, por el arribo a Cartagena de un grupo de militares venezolanos entre los cuales se encontraba Simón Bolívar. El gobierno cartagenero, que por entonces ya había declarado su independencia, inició una campaña militar contra Santa Marta dirigida en dos frentes. Por un lado, remontando el Magdalena, en cabeza de Simón Bolívar, mediante la cual se tomaron las poblaciones de Tenerife y el Banco, ocupadas por los lealistas, junto con las poblaciones de Gamarra, Guamal, San Antonio, Sitionuevo y Guáimaro⁵³.

Por otro lado, el frente dirigido a tomar la plaza de Santa Marta, bajo el mando de Pierre Labatut, logró su cometido mediante el ingresó a la ciudad en enero de 1813 luego de una victoria naval en Ciénaga⁵⁴. La llegada de Labatut provocó la huida de las autoridades samarias hacia Panamá⁵⁵, al igual que de algunos vecinos prestantes. Un grupo de estos sujetos, falleció como resultado de algunos naufragios, por inanición y deshidratación mientras intentaban llegar a Panamá. Otros que no pudieron abandonar la ciudad perecieron bajo la espada de las fuerzas de ocupación. En el corto tiempo que ocupó la plaza de Santa Marta, Labatut y sus hombres impusieron un régimen de terror, el cual justificó en su ''Manifiesto al Pueblo Samario'', señalando que se trataba de ''limpiar la ciudad de los malos españoles que la avitan [...] por los perjuicios que han causado al estado y a esta provincia y talvez nos causarían permaneciendo entre nosotros con la impolítica y destructora guerra que han sostenido''⁵⁶. Impuso además un empréstito forzoso cuyo costo era de 30.000 pesos. La noticia se difundió rápidamente por toda la Provincia, así como las relativas a la huida de las autoridades de la provincia, lo cual provocó la eclosión de las jurisdicciones de la Provincia. Un par de meses después las fuerzas de Labatut fueron expulsadas por la acción de indios de los pueblos cercanos a Santa Marta liderados por el cacique Antonio Núñez⁵⁷.

Mientras se surtía la toma de la plaza de Santa Marta, ''una comisión'' del gobierno cartagenero se reunió con los miembros del Cabildo de Valledupar, informando de la inminente toma de la ciudad. Los cabildantes de la ciudad acordaron rendirse. Este cambio de actitud, se ha explicado tradicionalmente como el resultado de un plan familiar orquestado por María Concepción Loperena y su cuñada Gabriela Fernández de Castro Díaz Granados, esta última habría convencido a Loperena de apoyar a Bolívar (con quien supuestamente se reunió en Chiriguaná)⁵⁸. Tales afirmaciones, sin embargo, no tienen soporte documental cotejable. Aun cuando es un hecho que María Concepción Loperena era familiar de Gabriela Fernández de Castro, madre de una de las figuras más importantes del gobierno cartagenero (José Álvaro Fernández de Madrid), ello no explica por si solo la rendición de los cabildantes de Valledupar ante las fuerzas cartageneras. Los defensores de esta postura, señalan el hecho de que varios miembros del Cabildo eran parientes de María Concepción Loperena⁵⁹; pero también es cierto que algunos de los más acérrimos defensores del ''Orden Real'' en la provincia de Santa Marta, eran también familiares de esta mujer: tal es el caso del abogado Esteban Díaz Granados y Díaz Granados⁶⁰. Es importante recordar que en medio de la crisis de la monarquía española y de las independencias americanas muchas familias se dividieron en torno a las diversas facciones.

Tal como lo manifestó Garavito, para el caso de Fonseca y Badillo, en Valledupar los cabildantes debieron enfrentar una realidad absolutamente adversa, que contrariaba cualquier pretensión de defensa del ''Orden Real''. Ante la inminente ocupación de las fuerzas cartageneras, el Cabildo de la ciudad de Valledupar reaccionó solicitando apoyos a don Vicente Gutiérrez de Piñeres, una de las principales figuras del gobierno momposino, quien contestó que la ciudad no tenía modo de auxiliarlos, advirtiendo además que debían proceder a confiscar los bienes de los españoles, pues Labatut iría a Valledupar ''a obligar a esas miserables reliquias del orgullo europeo a arrojarse al mar o perecer a los filos de la espada''⁶². Un par de años antes, en agosto de 1811, los cabildantes de Valledupar (incluidos los hijos y familiares de María Concepción Loperena) acudieron ante el gobernador José Medina Galindo, solicitando el envío de 200 fúsiles de los 400 que por orden de Juan de Sámano se habían enviado para la defensa de la plaza de Riohacha desde Valledupar. Cuando la solicitud del Cabildo de Valledupar llegó ante el gobierno de Riohacha, el coronel José María Martínez de Aparicio, estaba adelantando gestiones para la defensa de la plaza de Santa Marta, con lo cual, el envío solicitado por Valledupar se remitió directamente a Santa Marta⁶³, bajo el supuesto que resultaba más urgente la defensa de la capital de la Provincia.

A esta falta de apoyos, se sumó otro elemento importante que pudo haber intervenido en la rendición de los cabildantes: la situación de la milicia del partido de Valledupar. En 1799 la creación de la milicia de Valledupar estableció que esta debía estar conformada por 600 milicianos (entre infantería y caballería). No obstante, este número ideal de sujetos nunca llegó a conseguirse⁶⁴. Con la disolución del gobierno real, la situación fiscal se agravó de forma considerable, lo que impidió el sostenimiento de la milicia de la ciudad en momentos de mayor necesidad. La imposibilidad de garantizar los pagos a los milicianos, limitó las posibilidades de realizar el llamamiento requerido. Incluso después de haber retornado el orden real a la provincia, a finales de 1813, el gobernador de Santa Marta, Pedro Ruíz de Porras, aún hacía manifiesto su disgusto con las autoridades de Valledupar por no haber conseguido reunir a los milicianos, instándoles a que procediesen, ''[...] a la recolección de los milicianos [...] repartiendo la manutención de toda la fuerza armada entre las vecindades de su jurisdicción [...] convencidos todos de ser una medida necesaria, y única para que se conserven en paz, y en seguridad todos los demás bienes''⁶⁵.

La falta de apoyo del gobierno de la provincia de Riohacha, las amenazas latentes por la toma de la ciudad de Santa Marta y la adhesión de varias poblaciones de la provincia a la ''causa'' cartagenera⁶⁶ (entre ellas la belicosa municipalidad de Chiriguaná, hogar de un considerable grupo de negros armados con machetes⁶⁷), y la falta de recursos para hacer frente al enemigo, fueron los elementos que debieron considerar los cabildantes de Valledupar antes de rendirse ante las fuerzas de ocupación. Si bien, el elemento de las vinculaciones familiares pudo haber tenido un papel importante en la rendición del Cabildo de Valledupar (por ejemplo, para evitar los destrozos ocurridos en Santa Marta), el estado de indefensión de la ciudad, parece proveer una explicación más certera para entender el cambio de actitud de los cabildantes frente a la defensa del rey y del estado. Tal acción le costó a Valledupar parte de su jurisdicción cuando las poblaciones de San Juan del Cesar, Fonseca y Barranca se separaron del partido y adhirieron a Riohacha. Formando un ayuntamiento provincial del que nos ocuparemos en el próximo apartado.

3. A trancas y barrancas: la formación de los ayuntamientos constitucionales en el partido de Valledupar.

Luego de la toma de la ciudad de Valledupar, por parte de las fuerzas enviadas desde Cartagena, en febrero de 1813, el partido de Valledupar experimentó una importante fragmentación de su jurisdicción que propició un debate jurídico, cuya base legal se asentaba en la Constitución de Cádiz de 1812. El movimiento que se ha dado a conocer como la ''revolución de independencia'' de Valledupar, terminó rápidamente cuando, en mayo de 1813, el gobernador de Riohacha Medina Galindo finalmente decidió apoyar al cabildo valduparense, enviando un contingente de hombres comandados por Antonio Buenaventura de la Sierra y un grupo de vecinos de Barrancas, quienes además servirían para contrarrestar las fuerzas cartageneras asentadas en Chiriguaná⁶⁸. El debate al que nos hemos referido se suscitó cuando en junio de 1813, los cabildantes de Valledupar solicitaron la intervención de Francisco de Montalvo, Capitán General y Jefe Político del Reino, para que dichas poblaciones volviesen a estar bajo su jurisdicción.

El recién constituido ayuntamiento de San Juan había informado al Cabildo de Valledupar el 22 de marzo de 1813 acerca de su formación cuando aún la ciudad se hallaba bajo el control cartagenero. Explicó que actuaban de acuerdo con lo establecido en la constitución de la monarquía española, las disposiciones del gobernador y del gobierno de Riohacha, al cual se habían sometido⁶⁹. Posteriormente, informaron al gobernador Pedro Ruíz de Porras su decisión, argumentando que lo habían hecho ante el repudio del ''Ayuntamiento de Valledupar'', cuando algunos vecinos del Ayuntamiento de San Juan se presentaron ''a defender aquel punto que por su situación debía ser atacada por los insurgentes'', todo con el ánimo de ''sostener los imprescriptibles derechos de nuestro muy amado Rey y Señor Natural D. Fernando Séptimo''. Ante lo cual, acudieron a la ciudad de Riohacha y se sometieron a su ''jurisdicción y amparo''⁷⁰.

Para el gobernador Ruíz de Porras, era el resultado de la intervención de una ''mano oscura y vengadora'', que impulsó la creación de un ''Cabildo constitucional'' en San Juan, tal como lo manifestó al Capitán General del Reino⁷¹. Sin duda, Ruíz de Porras se refería a la existencia de una evidente rivalidad entre Riohacha y Valledupar, la cual jugó un papel determinante en este proceso. Al aceptar la adhesión del Ayuntamiento de San Juan, el gobierno de Riohacha, no solo intentaba salvaguardar el orden real, sino también, cobrarse la actitud displicente que los cabildantes de la ciudad habían mostrado frente a los problemas de escasez que se habían presentado en Riohacha en 1807. La adhesión de este ''ayuntamiento'', significaba además la incorporación de una verdadera despensa agrícola y ganadera requerida en medio del conflicto.

A pesar de su esfuerzo, los miembros del recién constituido Ayuntamiento de San Juan nada pudieron hacer, el Capitán General del Reino les obligó a volver a la jurisdicción de Valledupar ''conforme a su antiguo regimen''⁷², recordándoles que a pesar de saber que esa acción se correspondía con ''su celo'', debía desaprobar la conformación del Ayuntamiento por cuanto se apartaba de las leyes y que era disposición de la Junta Provincial adelantar tales acciones, que debían escoger dos alcaldes, para que administrasen la Junta y proponer un ''sujeto de confianza del vecindario'' para ser nombrado Capitán Aguerra con jurisdicción ordinaria⁷³. El Ayuntamiento finalmente se disolvió el 5 de agosto de 1813, proponiendo por Capitán Aguerra a don Esteba Zeledón⁷⁴, quien debía representarlos posteriormente. Valledupar, que también había creado su propio Ayuntamiento en febrero de 1813 debió hacer lo mismo, quedando a la espera de recibir la ''soberana disposición''.

En octubre de 1813, el Cabildo de Valledupar inició las consultas legales para proceder al establecimiento del Ayuntamiento de la ciudad, que debía producirse a partir de la primera elección programada para el mes de diciembre como estaba establecido en la Constitución (Tít. VI, Cap. I, Art. 313). En su consulta, el Cabildo preguntó acerca de si los negros y mulatos podían tomar parte en el nuevo ''Ayuntamiento'', basándose en el hecho que la Constitución de Cádiz había dejado abierta la puerta ''de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos'' a los individuos que por ''cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África'' (Tít. II, Cap. IV, Art. 22). Al parecer, algunos individuos de las ''castas de mulatos, zambos, y negros y principalmente los que nacen de Esclavos desde sus Abolengos'', presionaban para conseguir cargos en esa ''Republica''⁷⁷. En el dictamen que entregó el regidor decano, teniente de gobernador y auditor de guerra de Santa Marta, Esteban Díaz Granados, en diciembre de 1813, negó la posibilidad de elegir y ser elegidos a estos individuos por cuanto debían esperar a ''obtener la Carta de Ciudadanos'', y recordaba que solo podían contar por ciudadanos los blancos ''de las clases de nombres, hidalgos'' y a los indios⁷⁸.

Tras recibir las regulaciones requeridas el Cabildo procedió en diciembre de 1813 a establecer el Ayuntamiento, para lo cual, don José Vicente Maestre de Nieves, alcalde ordinario de primer voto, en su calidad del Presidente del M.I. Ayuntamiento de Valledupar, congregó en la Sala del Ayuntamiento a los ciudadanos ''que se han reunido y se han citado en carteles, oficios y particulares comisiones'', para la escogencia de electores que habrían de elegir Alcaldes, Regidores, Procurador Síndico, Comisarios de Barrio y Alcaldes de la Santa Hermandad para el año de 1814. Tras un discurso de José Dolores Céspedes, escribano de la ciudad, se procedió a dar lugar al certamen. El mayor número de sufragios fueron obtenidos por el vicario don José Francisco Rodríguez, el cura rector de la iglesia de la ciudad don Juan Bautista Rodríguez, don Juan García y don José Dolores Céspedes, quienes tendrían hasta el 31 de diciembre para proceder a las elecciones mencionadas. El Acta del Ayuntamiento de Valledupar fue firmada el 23 de diciembre de 1813 por parte de José Vicente Maestre, José Joaquín de Armas, Juan Bautista Rodríguez, Francisco Esteban Venegas, José Francisco Rodríguez, Juan García, José Dolores Céspedes, José Valerio de las Cajigas, Juan de Plaza, Juan Antonio Daza, José Manuel Bravo, José Manuel Quiróz, José Agustín de Aroca, Manuel José Ramos, José Rafael Suárez, Manuel José Seto, José Felipe Suárez de Oñate, José Custodio Gutiérrez, José Joaquín Gutiérrez, Pedro José Gutiérrez, José Agustín Pio Reina, José Antonio Gutiérrez, Juan José de Aroca y Juan de Ricaño⁷⁹.

La elección se llevó a cabo el 30 de diciembre dando por resultado la elección de Juan García y de José Valerio de las Cajigas, ''españoles europeos'', para ocupar los cargos de Alcaldes ordinarios, el primero adicionalmente sería el Presidente del Ayuntamiento. A Félix Francisco Suárez de Oñate, Vicente de Armas, José Manuel Bravo, José Antonio Maestre, Francisco Esteban Venegas y José Agustín Aroca como Regidores. José Joaquín de Armas como Sindico Procurador de la ciudad. Para Alcaldes de la Santa Hermandad fueron designados José Felipe Suárez de Oñate y Simón Maestre. Como Comisarios de barrio fueron elegidos Luis José Aroca y José Antonio Morón. Los votos fueron entregados a José Vicente Maestre, Alcalde de primer voto quien debía confirmar la elección⁸⁰.

Las últimas noticias que tenemos del Ayuntamiento de Valledupar refieren a la alarma que encendió el Ayuntamiento, tras conocer las noticias de un supuesto plan enemigo que estaría haciendo circular ''papeles ceductivos'' en las provincias de Santa Marta y Riohacha ''pa que sigan el partido de la independencia que fomenta contra la Monarquía española''⁸¹. Conocidas las noticias el Ayuntamiento se reunió en Cabildo, en presencia del teniente de milicias alcalde ordinario de primer voto, José María Quiróz, el alcalde ordinario de segundo voto, José Vicente de Aroca, el regidor fiel ejecutor, José Valerio de las Cajigas, los regidores provinciales Rafael Suárez de Oñate, José Ildefonso Rodríguez, José Cayetano Pinto Cotrín y el procurador sindico general, José Bernardo de Armas, para tomar ''disposiciones de defensa''. Las noticias habían generado temor entre algunos vecinos ''de algunas familias principales'', que se dieron a la huida⁸².

A pesar de la dispersión y falta de información, es evidente que los ''preceptos'' de la Constitución gaditana comenzaron a circular en la provincia de Santa Marta, sin embargo, la aplicación efectiva de la Constitución de Cádiz es un tema que aguarda un análisis detenido. Pero lo cierto es, que tras el retorno del orden real a la provincia, la Constitución gaditana tuvo un papel importante en la actuación de los vecinos del partido de Valledupar, estos reasumieron la defensa del orden real, tratando de aplicar la Carta gaditana y conservar el orden social trastocado por la conflictividad políticomilitar de la Nueva Granada y del mundo iberoamericano.

***

En medio de este proceso coyuntural, la ciudad de Valledupar y su partido, tuvieron que elegir entre dos caminos posibles, o asumían una defensa enérgica —con todo lo que ello implicaba en costos humanos y económicos— o se rendían para evitar desmanes. La salida escogida fue la segunda (la misma que escogieron los santafereños a la entrada de las fuerzas de reconquista, cuando Pablo Morillo fue recibido con honores), en la ciudad de Valledupar. Mientras que Fonseca, San Juan y Badillo, se decidieron por la defensa del rey al adherir al gobierno Riohacha y formar un Ayuntamiento. El resultado de las diversas decisiones de los actores sociales, les permitieron sobrevivir en medio de condiciones adversas. En el caso de la ciudad de Valledupar, ello explica el hecho que, pese a su actitud pasiva, las autoridades lealistas —una vez restablecido el orden monárquico— no emprendieran juicios severos contra las autoridades y vecinos ''notables'' que participaron en la rendición de la ciudad; por el contrario estos sujetos participan de manera activa de la política al amparo de la Constitución gaditana.

Notas al pie

². Al respecto ver las interesantes discusiones planteadas por Mark Burckholder y Dewey S. Chandler, De la impotencia a la autoridad: la Corona española y las Audiencias en América. 1687-1808 (México: Fondo de Cultura Económica, 1984). Jorge Gelman, ''La lucha por el control del estado: administración y élites coloniales en Hispanoamérica'', en Historia General de América IV. Procesos americanos hacia la redefinición colonial, dir. Jorge Hidalgo y Enrique Tandeter (Madrid: Unesco, Trota, 2000), 251-264 y el debate sostenido entre Annick Lampérière, Carmen Bernand, Gastón Gordillo y Juan Carlos Garavaglia sobre ''La cuestión colonial'' (Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, 2004) http://nuevomundo.revues.org/203#colonial

³. Federica Morelli, ''Entre el antiguo y el nuevo régimen. La historia política hispanoamericana del siglo XIX'', Historia Crítica No. 33 (2007): 122-155.

⁴. En Colombia, por lo menos desde 2006 se ha venido discutiendo constantemente en torno a estos procesos. Desde entonces eventos tales como el XIII Congreso Colombiano de Historia (2006), el XV Congreso de Colombianistas: Independencia e Independencias (2007), el III Simposio Colombiano de Historia Local y Regional. La rebelión de las provincias (2009), han tenido entre sus temáticas centrales reflexiones relativas a los procesos de independencia, los movimientos autonómicos de las provincias neogranadinas y los procesos tempranos de construcción del Estado en Colombia.

⁵. Una interesante reflexión en torno a este tema lo presenta Peer Schmidt, ''Una vieja elite en un nuevo marco político: del clero mexicano y el inicio del conservadurismo en la época de las Revoluciones Atlánticas (1776-1821)'', en México y la economía atlántica (siglos XVIII-XX), eds. Sandra Kuntz Ficker y Horst Pietschmann (México: El Colegio de México, 2006).

⁶. El partido de Valledupar estaba compuesto por Valledupar, como la cabecera del partido, las poblaciones de: San José de Barrancas, Fonseca, Espíritu Santo, San Juan del Cesar de población española y gente libre ''de todos los colores'', Badillo y El Jobo, así como los pueblos indígenas de San Isidro de los Atanquez, Santo Tomás de Villanueva, El Rosario, Marocasa, Santa Ana de los Tupes, San Sebastián de Rábago, San Lucas del Molino y Becerril del Campo, además de algunos sitios y poblados de gente libre ''de todos los colores'', cercanas a las haciendas y hatos bajo la jurisdicción política de esta ciudad.

⁷. Al respecto ver: Hugues Sánchez Mejía, ''Tenencia de la tierra, mano de obra, mercados y productividad en la frontera: españoles, indígenas y comunidades campesinas en la gobernación de Santa Marta, 1700-1810'' (Tesis doctoral en Historia de América Latina: El poder y la palabra, Universidad Pablo de Olavide, 2010)

⁸. Tal como lo harían creer, a las autoridades virreinales e imperiales, algunos funcionarios dedicados al ''control de dicha frontera'', Cfr. Miguel Suárez Araméndiz, ''Los Dragones de Valledupar. La conformación de un cuerpo de milicias a finales del siglo XVIII: vecinos notables, milicias y redes sociales'', Historia y Espacio No. 32 (2009).

⁹. Hugues Sánchez Mejía, ''La precariedad de un proceso de poblamiento: La Gobernación de Santa Marta durante el siglo XVI'', en Indígenas, poblamiento, política y cultura en el Departamento del Cesar, comp. Leovedis Martínez Durán y Hugues Sánchez Mejía (Valledupar: Unicesar, 2001).

¹⁰. Durante el siglo XVIII la Corona española y sus representantes en América se esforzaron por mejorar el control militar de territorios fronterizos. Ello se reflejó en las provincias caribeñas de la Nueva Granada en la creación de cuerpos de milicias regulares, el fortalecimiento de la figura del Capitán Aguerra (que merece la realización de un estudio acucioso), quien tenía entre sus funciones el impulso del poblamiento, la mejora de los sistemas de camino, la organización de expediciones contra indios indómitos que habitaban en las provincias (especialmente en la de Santa Marta), así como garantizar el abasto de las ciudades articuladoras de la economía de la región (Cartagena, Mompox, Santa Marta). Sobre esto ver los trabajos de Hugues Sánchez Mejía, ''Tenencia de la tierra, mano de obra, mercados y productividad en la frontera: españoles, indígenas y comunidades campesinas en la gobernación de Santa Marta, 1700-1810''; Martha Herrera Ángel, Ordenar para Controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos. Siglo XVIII (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Academia Colombiana de Historia, 1999). La obra clásica de Allan J. Kuethe, Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada, 1773-1808 (Bogotá: Banco de la República, 1993), Jorge Conde Calderón, ''La administración de justicia en las sociedad rurales del Nuevo Reino de Granada, 1739-1803)'' Historia Crítica No. 49 (2013).

¹². En el estudio anteriormente citado se determinó la existencia de fuertes vínculos familiares, económicos y políticos de estos individuos. Así, por ejemplo, El Coronel Pedro Agustín de la Sierra, proveniente de la Villa de Ladero (Santander, España), quien desempeñó funciones como Capitán Aguerra en la provincia de Santa Marta, se vinculó por la vía matrimonial a varias familias de la Provincia. En primeras nupcias se casó con Bernarda Campusano (hija de una de las familias principales de la ciudad de Valencia de Jesús), en segundas nupcias con María Marcelina Maestre, tras el fallecimiento de su segunda esposa contrajo nupcias con su joven cuñada María del Rosario Maestre. Quienes a su vez tenían vínculos con los Pumarejo, los Daza, los Bolaños, los Díaz Granados y otras familias principales de la ciudad y la Provincia. Por su parte, el Comandante Juan Manuel Pumarejo, natural de Santoña (Santander España), logró consolidar un fuerte grupo familiar gracias a sus dos matrimonios. El primero de ellos con la samaria Juana Mújica y Rojas. Tras su fallecimiento contrajo nupcias con Rosa María Daza Bolaños, quien era hermana de Juan Salvador Anselmo y Juan Antonio Daza Bolaños, dos funcionarios con fuertes vínculos políticos en toda la provincia de Santa Marta, miembros de una familia reputada por noble.

¹³. Se define aquí la gobernabilidad en el sentido planteado por Eugenía Alicia Néspolo, ''La 'frontera' bonaerense en el siglo XVIII un espacio políticamente concertado: fuertes, vecinos, milicias, y autoridades civiles-militares'', Mundo Agrario No. 7 Vol.: 13 (2006) http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar

¹⁴. Tamar Herzog, ''La vecindad: entre condición formal y negociación continua. Reflexiones en torno a las categorías sociales y las redes personales'', Anuario IEHS No. 15 (2000): 124.

¹⁵. Se tiene noticias de dos elecciones de cabildantes para los años de 1794 y 1796: ''El Gobernador de Santa Marta acompaña testimonio de Elecciones de oficios concejiles, celebrada por el Cabildo de la ciudad del Valle Dupar'' (Santa Marta, 1794), Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Colonia, Empleados Públicos del Magdalena, t. IX, ff. 341-349. ''Expediente sobre elecciones de Alcaldes en Valledupar'' (Valledupar, 1796). AGN, Colonia, Empleados Públicos del Magdalena, t. IX, ff. 201-212. En ambos casos las vinculaciones de los elegidos y sus electores son notorias.

¹⁶. Tal como lo dejaron ver en una amarga queja los vecinos de Valencia de Jesús. Margarita Garrido, Reclamos y representaciones, variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815 (Bogotá: Banco de la República, 1993), 209.

¹⁷. Por ejemplo, en 1796, los cabildantes de Valledupar intentaron imponer al militar y hacendado Pedro Agustín de la Sierra el desempeño de funciones como Alcalde Ordinario de Primera Nominación o voto. Tras declinar la ''oferta'' arguyendo que ostentaba el fuero militar y que además era vecino de la vecina población de Valencia de Jesús, los cabildantes decidieron remitir el asunto ante el gobernador, quien procedió a enviar la solicitud del cabildo valduparense ante un asesor ad hoc (dado que el asesor en propiedad era cuñado de De la Sierra) y ante el virrey (por recomendación del asesor ad hoc y del asesor del virrey), se determinó fallar a favor de De la Sierra y se obligó al Cabildo de Valledupar a cambiar la decisión. ''Expediente sobre elecciones de Alcaldes en Valledupar'' (Valledupar, 1796). AGN, Colonia, Empleados Públicos del Magdalena, t. IX. Años antes, otro importante vecino de la ciudad había conseguido el respaldo del gobernador tras la disputa que se presentó entre él y los cabildantes de Valledupar, por negarse a aceptar el nombramiento que le había conferido el gobernador como Teniente de Gobernador de Valledupar. Se trataba nada menos que de don Juan Salvador Anselmo Daza Bolaños, uno de los pocos hombres de la provincia reputado por noble. Las razones del cabildo, entonces controlado José Vicente Ustariz y sus familiares, eran sin duda, personales y habían resultado de la rencilla surgida por una actuación de Daza como Alcalde Ordinario (en 1770) contra miembros de la familia Ustariz. Daza recibió del gobernador un importante apoyo, quien no dudó en criticar el control ejercido por unas pocas familias sobre los oficios de la ciudad (juicios que el gobernador José Astigarraga había evitado emitir frente a situaciones similares en las que miembros de familias más cercanas a él, lograron ejercer control sobre los oficios de la ciudad). Finalmente Daza recibió, mereciéndolo, el respaldo de las autoridades virreinales y nuevamente el Cabildo fue obligado a aceptar la decisión del gobernador. Los detalles de este proceso se encuentran en dos expedientes: ''Informe favorable de Juan Salvaldor Anselmo Daza nombrado tenientes de Gobernador de Valledupar a quien no dieron posesión el Cabildo, por parte de José Astigarraga'' (1793), AGN, Colonia, Empleados del Magdalena, t. VIII, ff. 714-735 y ''Juan Salvador Anselmo Daza, nombrado teniente de gobernador de Valledupar, su punta con el cabildo'', (1793), AGN, Colonia, Empleados del Magdalena, t. VIII, ff. 759-907.

¹⁸. Las disputas que se generaron entre el marqués de Valdehoyos y algunos vecinos (especialmente cabildantes) de Valledupar, se arguyen como iniciadoras del proceso de independencia de Valledupar, en la construida por Pedro Castro Trespalacios y reproducida de forma acrítica por diversos historiadores, nacionales y extranjeros.

¹⁹. Gregorio de Hoyos Fernández de Miranda García de Hoyos Llanos y Fernández, era hijo de don Fernando de Hoyos y Hoyos, natural de Oviedo, Caballero de la Orden de Calatrava y Marqués de Valdehoyos y de doña María Francisca de Miranda Gómez, cartagenera, quien era hija de don Domingo de Miranda y doña Inés Gómez Hidalgo, marqueses del Premio Real. Miembro de la Orden de Calatrava, Coronel de Caballería de los Reales Ejércitos, Caballero Maestrante de la Real Maestranza de Sevilla, socio de número de la Real Sociedad Sevillana de los Amigos del País y de la Cantábrica que estaba bajo la dirección del Excelentísimo señor Príncipe de la Paz, Comandante de las Armas y de la Reserva de la ciudad del Valledupar desde 1806, a finales de 1814 figuraba como gobernador de la provincia de Cuzco, dónde murió apedreado por habitantes de esos pueblos.

²⁰. Miguel Suárez Araméndiz, ''Los Dragones de Valledupar'', ver Anexo 1. Un número similar de ''vecinos milicianos'' fue reportado en un informe sobre Valledupar de 1766. Cfr. ''Informe en el que se señalan los asuntos más importantes de la Jurisdicción de Valledupar encargado al Teniente de Gobernador y al Cabildo de la ciudad de Valledupar por el gobernador'', AGN, Anexo, Asuntos Importantes, t. 1, ff. 46r-75v.

²². ''Desacatos del Alcalde Ordinario al Marqués de Valdehoyos'', (Valledupar, abril 24 de 1807), AGN, Anexo, Gobierno, t. 16, ''D. José Valerio de las Caxigas Alcalde Ordinario del Valle Dupar solicita el Expediente que cree haber ya remitido el Gobierno de Santa Marta acerca de la queja de injurias que produjo contra el Señor Marqués de Valdehoyos'' (1808), AGN, Colonia, Historia Civil, rollo 20.

²³. Según señalaron Cardona había dejado en remplazo a una de sus cuñadas, generando con ello el retrasado del envío de correos a Santa Fe. ''Querella de José Francisco Cardona contra el Marqués de Valdehoyos por cargos que éste le hiciera'', (1807), AGN, Colonia, Correos de Santander y Magdalena, rollo 13.

²⁴. ''Solicitud del Cabildo de Valledupar para que se descargué a Don Domingo Rodríguez de sus funciones militares, al Marqués de Valdehoyos''. (Valledupar, 24 de mayo de 1807), AGN, Colonia, Poblaciones Varias, f. 754r. ''Del Cabildo de Valledupar a Valdehoyos'', (1 de julio de 1807), AGN, Colonia, Poblaciones Varias, f. 758r. Ver también: ''El Señor Marqués de Valdehoyos da cuenta con lo actuado acerca de las ocurrencias con el Teniente del Valle Dupar y su cabildo'' (1807), AGN, Colonia, Empleados Públicos del Magdalena, t. VIII, ff. 989-997.

²⁵. ''Querella de José Francisco Cardona contra el Marqués de Valdehoyos por cargos que éste le hiciera'', f. 351r.

²⁶. En este proceso huyeron de la ciudad el teniente de gobernador Pinto Cotrín, el administrador de correos de la ciudad Cardona y Pumarejo, el alcalde de segundo voto De las Cajigas, el escribano público José Dolores Céspedes, uno de los tíos del administrador de correos don José Antonio Pumarejo y el alguacil mayor de la ciudad don Antonio Díaz.

²⁷. ''Expediente sobre atropellos de Valdehoyos contra las autoridades de Valledupar'' (1807), AGN, Colonia, Historia Civil, rollo 19, ff. 647r-752r. ''José Valerio Cajigas contra Valde-Hoyos'' (1807-1808), AGN, Colonia, Historia Civil, rollo 20, ff. 681-693

²⁸. ''Copia de cinco oficios y providencias insertadas de la correspondencia que ha tenido el señor Gobernador de Santa Marta con el Marqués de Valdehoyos desde 12 de septiembre hasta 20 de octubre de 1807'' (1807) AGN, Colonia, Historia Civil, rollo 18, ff. 885r-887v.

²⁹. Pedro Castro Trespalacios, Culturas aborígenes cesarenses e independencia de Valledupar (Bogotá: Biblioteca de Autores Cesarenses, 1979). En este libro, y demás obras que explican el proceso valduparense a partir de este autor, se afirma que el Marqués de Valdehoyos era ''Alcalde de la ciudad'' y que fue expulsado en 1808 en medio de un motín popular, liderado por los ''principales'' de la ciudad.

³⁰. Anthony McFarlane, ''Desórdenes civiles y protestas populares'', en Colombia en el siglo XIX, comp. Germán Mejía Pavony, Michael Larosa y Mauricio Nieto Olarte (Bogotá: Planeta, 1999).

³². Uno de los pocos oficiales reales que no se dio a la fuga en el conflicto con Valdehoyos fue el síndico procurador general de la ciudad don Gregorio Tavena, quien informó al gobernador de la provincia algunos elementos presentes en la disputa, señalando entre otras cosas que ''[...] con propia autoridad, he entrado [el marqués de Valdehoyos] en la Iglesia Parroquial, silla, cojín y alfombra poniéndola a la cabeza de las bancas principales del Cabildo, exigido la paz y pretendido incienso y que se le lleve a besar el Evangelio, que solo pertenece a V.S., como Vice Real Patrono'', ''Gregorio Josep Tavena a Victor Salcedo, Gobernador Comandante General de Santa Marta'' (Valledupar, junio 29 de 1807), AGN, Colonia, Historia Civil, rollo 19, f. 638v. El subrayado es mío. Esta es una muestra de la manera en la que los conflictos por la conservación de preminencias sociales pudo jugar un papel determinante en el conflicto entre cabildantes y comandante de armas.

³³. Este hecho llevó a pensar que en Valledupar se había fraguado uno de los primeros movimientos pre-independentistas en medio de los inicios de la crisis de la monarquía hispánica, este parece haber sido un recurso discursivo basado en informaciones que solo fueron vistas por Pedro Castro Trespalacios.Las últimas noticias sobre Valdehoyos lo ubican en 1810 en la ciudad de Santa Fe, donde aparece como ''Coronel Retirado de Cabellería'', quien solicitó en marzo de 1810 se le concediera el grado de Brigadier, ver: AGN, Colonia, Miscelánea, leg. 110, f. 666r (los documentos presentados para tal solicitud no se encuentran en el expediente); así mismo, existen noticias de haber participado en una ceremonia donde se investiría al virrey Amar y Borbón con la Orden Carlos III de la Caballería de la Cruz, ver: AGN, Colonia, Curas y Obispos, leg. 8BIS, f. 326r.

³⁴. Varias noticias circularon en una suerte de boletín denominado ''Extraordinario de las noticias públicas de Cartagena de Indias'', editado por el Gobierno de la Provincia de Cartagena entre 1808 y 1810 (hasta donde se tiene registro). El rechazo al ''Corso'' Bonaparte y la exaltación de la figura de Fernando VII, van a ser una constante de las noticias difundidas en este boletín. Biblioteca Luis Ángel Arango (en adelante BLAA), Hemeroteca, P0387-M.

³⁵. Jorge Conde Calderón, Espacio, sociedad y conflictos en la provincia de Cartagena, 1740-1815 (Barranquilla: Universidad del Atlántico, 1999), 108-109.

³⁶. Anthony McFarlane, ''The 'Revolution of the Sabanas.' Popular Loyalism in the Estado de Cartagena, 1812'', Documento leído en VII Simposio sobre la Historia de Cartagena: La ciudad en la época de la independencia, 1800-1821 (Cartagena: Banco de la República y Observatorio del Caribe, Septiembre 12 a 14 de 2007).

³⁷. Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta (Bogotá: Colcultura, 1975), 498-501.

³⁸. Steinar A. Saether, Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2005), 163.

³⁹. ''De la Junta de Santa Marta al Gobernador y Comandante General de Veracruz (México), acerca de la formación de una Junta Superior de Gobierno'', (Santa Marta, 22 de octubre de 1810), AGN, Anexo, Historia, leg. 12, ff. 621r-622r.

⁴⁰. Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la provincia, 500.

⁴². Múnive y Mozo era un miembro de una de las familias notables de Santa Marta, había desempeñado cargos en la administración de la ciudad y la gobernación de Santa Marta, en calidad de asesor del gobernador de la Provincia Antonio de Samper. Además de ser parte activa del movimiento que emprendió las acciones para la conformación de la Junta de Santa Marta.

⁴³. ''Acta de elección del diputado José Francisco Múnive y Mozo. Valledupar, 23 de febrero de 1811'', Archivo Notarial de Valledupar (en adelante ANV), t. 13, Escritura 1, ff. 5r-v (Deteriorado). El acto fue firmado por los cabildantes regidor fiel ejecutor, alcalde de primera nominación José Valerio de las Cajigas, el alcalde de segunda nominación José Francisco de Orcasitas, el capitán de milicias y de conquista regidor alférez real y ''diputado del partido'' José Vicente Maestre, el teniente de oficiales reales (contador de la caja real) Juan de Plaza, el comandante de escuadrón José Vicente Ustáriz y el subteniente de milicias, corregidor de naturales y procurador sindico general de la ciudad Rafael Díaz Granados. Estos últimos han sido mencionados en una versión tradicional como promotores del supuesto movimiento de independencia de Valledupar.

⁴⁴. Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la provincia, 504.

⁴⁵. ''De la Junta de Santa Marta al Gobernador y Comandante General de Veracruz [...]'', AGN, Anexo, Historia, leg. 12, ff. 621r

⁴⁶. El Teniente Coronel Tomás de Acosta hizo su arribo a la ciudad de Santa Marta, en calidad de Gobernador Comandante de la Provincia en mayo de 1811. Habiéndose desempeñado previamente como gobernador de Costa Rica hasta su traslado a Santa Marta. Su designación como Gobernador Comandante General de Santa Marta no era fortuita, además de la experiencia militar, Acosta tenía un estrecho vínculo con quien sería designado por el la Regencia como Virrey de la Nueva Granada en medio de las gestas independentistas: don Benito Pérez Valdelomar. En 1781, Acosta participó como Ayudante de Pérez de la operación militar para recuperar Pensacola (ciudad que había sido tomada por los ingleses) en medio de la Batalla de Mobila (en el contexto de la ''Revolución Americana'').

⁴⁷. ''Llamamiento que hacen los Diputados del Congreso de Santafé al Gobierno de Santa Marta para que arregle su conducta al Movimiento General de la Independencia (Santafé, 9 de octubre de 1811)'', en Colección de documentos para la historia de Colombia, comp. Sergio Elías Ortíz (Bogotá: Editorial Kelly, 1965).

⁴⁸. ''Llamamiento que hacen los Diputados del Congreso de Santafé al Gobierno de Santa Marta para que arregle su conducta al Movimiento General de la Independencia'', 290

⁴⁹. Armando Martínez Garnica, ''La reasunción de la soberanía por las provincias neogranadinas durante la Primera República'', Anuario de Historia Regional y de las Fronteras Vol.: VII (2002).

⁵⁰. Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la provincia, 523.

⁵². Ernesto Restrepo Tirado. Historia de la provincia, 524.

⁵³. Armando Martínez Garnica, ''La reasunción de la soberanía'', 36.

⁵⁴. Clément Thibaud, Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia de Colombia y Venezuela (Bogotá: Instituto Francés de Estudios Andinos, Planeta, 2003), 224.

⁵⁵. ''Piezas relativas al abandono de la ciudad de Santa Marta por las autoridades y fuerzas lealistas, 30 de enero de 1813'', en Documentos para la historia de la Provincia de Cartagena hoy Estado Soberano de Bolívar, en la Unión colombiana, Manuel Ezequiel Corrales (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1883, 2 tomos), t. 1, 561-574.

⁵⁶. ''Manifiesto al pueblo samario'' (1813), AGN, Anexo, Historia, rollo 7, fol. 356r-v.

⁵⁷. Una excelente explicación sobre este proceso y las razones que condujeron a la defensa de la ciudad por parte de estos indios se encuentra en la obra de Steinar Saether, Identidades e independencia.

⁵⁸. De acuerdo con Pedro Castrotrespalacios, tras reunirse con Bolívar en Chiriguaná, María Concepción Loperena y otros sujetos que la acompañaron, regresaron a la ciudad de Valledupar y declararon la independencia de la ciudad. La vocería habría sido asumida por Loperena quien, a nombre del cabildo, declaró la independencia, quemó el escudo de armas y el retrato del rey y adhirió al gobierno cartagenero, dando a Bolívar una importante donación representada en caballos y ganado.

⁵⁹. Hasta donde se sabe entre los cabildantes se encontraban Antonio Fernández de Castro (hijo de Loperena), Rafael Díaz Granados (medio hermano de José Álvaro Fernández de Madrid, editor del Argos Americano y procurador del gobierno de Cartagena en sus primeros años) y José Vicente Ustariz de la Guerra (posiblemente primo de Loperena).

⁶⁰. De hecho tanto Loperena como Gabriela Fernández de Castro estaban emparentadas con uno de los principales abogados de la provincia de Santa Marta, Esteban Díaz Granados y Díaz Granados, quien era primo en primer grado de Gabriela Fernández de Castro y de José Manuel Alonso Fernández de Castro, esposo de María Concepción Loperena, y yerno de estos últimos.

⁶². ''De Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres al Cabildo de Valledupar, (Mompox Valerosa, febrero 20 año tercero de la República, 1813)'', en Historia de la provincia, Ernesto Restrepo Tirado, 542.

⁶³. ''Del Ayuntamiento de Riohacha al gobernador de la provincia de Santa Marta, don Tomás de Acosta, (Riohacha, 9 de agosto de 1811)'', AGN, Anexo, Historia, leg. 12, ff. 624r-v. Ver también: Rebecca A. Earle, Spain and the Independence of Colombia, 1810-1825 (Exeter: University of Exeter Press, 2000), 45, 47.

⁶⁴. En 1805 por ejemplo, se encontró que la Compañía de Dragones o caballería que tenía asiento en Valledupar solo contaba con 39 de los 42 soldados, la Primera Compañía de Infantería también de Valledupar, contaba con 68 de los 83 soldados y la Tercera Compañía de Infantería con sede en Pueblo Nuevo de Valencia de Jesús con 52 de los 83 de los que debían tener. AGN, Anexo, Guerra y Marina, t. 91, ff. 275r-276v, 573r-576r.

⁶⁵. AGN, Anexo, Gobierno, t. 26, f. 303r.

⁶⁶. En la población de El Banco se formó un gobierno independiente y en otras poblaciones como Guáimaro, Remolino y Sitio Nuevo adhirieron al gobierno de Cartagena, sirviendo de base para las campañas emprendidas por las fuerzas insurgentes en el río Magdalena.

⁶⁷. Hugues Sánchez Mejía, ''De esclavos a campesinos, de la roza al mercado: tierra y producción agropecuaria de los libres de todos los colores en la provincia de Santa Marta (1740-1810)'', Historia Crítica No. 43 (2012).

⁶⁸. AGN, Anexo, Gobierno, 22, f. 862r. La comunicación fue firmada por miembros del ''Ayuntamiento'', Juan José Suárez, José Felipe Maestre, José Manuel Zeledón, José Remigio Daza, José María Maestre y Hoyo, José Ignacio Pérez y Pedro Zeledón. San Juan del Cesar, Fonseca y Barrancas, eran todas en la jurisdicción de Valledupar, que era Cabeza de Partido.

⁶⁹. AGN, Anexo, Gobierno, 22, f. 862r. La comunicación fue firmada por miembros del ''Ayuntamiento'', Juan José Suárez, José Felipe Maestre, José Manuel Zeledón, José Remigio Daza, José María Maestre y Hoyo, José Ignacio Pérez y Pedro Zeledón. San Juan del Cesar, Fonseca y Barrancas, eran todas en la jurisdicción de Valledupar, que era Cabeza de Partido. AGN, Anexo, Gobierno, 22, f. 864r.

⁷⁰. AGN, Anexo, Gobierno, 22, f. 864r.

⁷². ''De Montalvo a Ruiz de Porras (Santa Marta, julio 3 de 1813)'', AGN, Anexo, Gobierno, t. 23, f. 257v.

⁷³. ''De Montalvo a Ruiz de Porras (Santa Marta, julio 3 de 1813)'', f. 264v.

⁷⁴. ''De Montalvo a Ruiz de Porras (Santa Marta, julio 3 de 1813)'',f. 273.

⁷⁵. Al respecto ver: Jairo Gutiérrez Ramos, ''La Constitución de Cádiz en la provincia de Pasto, virreinato de la Nueva Granada, 1812-1822'', Revista de Indias No. 68 Vol.: 242 (2008). Jairo Gutiérrez Ramos y Armando Martínez Garnica, ''Las Cortes de Cádiz en el Nuevo Reino de Granada'' (Selección de fuentes), en Colección Bicentenario (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2009).

⁷⁶. Constitución política de la Monarquía Española (Cádiz: Imprenta Real, 1812).

⁷⁷. ''Consulta de las autoridades de Valledupar sobre si los negros y mulatos podían tomar parte en las elecciones y si podían ser elegidos (Valledupar, octubre 25 de 1813)'', AGN, Anexo, Gobierno, t. 24, f. 26v. Firmaron el documento: José Vicente Maestre, José Joaquín de Armas, Pedro José Pinto Cotrín.

⁷⁸. ''Consulta de las autoridades de Valledupar sobre si los negros y mulatos podían tomar parte en las elecciones y si podían ser elegidos (Valledupar, octubre 25 de 1813)'', f.27v.

⁷⁹. ''Acta del Ayuntamiento de Valledupar (Valledupar, diciembre 25 de 1813)'', AGN, Anexo, Gobierno, t. 24, f. 31v.

⁸⁰. ''Acta del Ayuntamiento de Valledupar (Valledupar, diciembre 25 de 1813)'', AGN, Anexo, Gobierno, t. 24, f. 32v. Examinar estos nombres nos lleva confirmar que en Valledupar no se configuró un movimiento revolucionario. Algunos de los sujetos fueron reputados como firmantes del acta de independencia de Valledupar, entre ellos destacan el Escribano José Dolores Céspedes, el Alcalde de primer voto José Vicente Maestre, Juan de Plaza –contra quien Gutiérrez de Piñeres aconsejó el embargo de sus bienes- y los recién electos José Valerio de las Cajigas, José Agustín de Aroca. El hecho de haberse mantenido como miembros activos de la administración tras el retorno del orden monárquico, demuestra que no pudieron haber participado de un movimiento sedicioso, pues se habría constituido en una muestra de infidelidad inexcusable, que les hubiese acarreado la exclusión o la muerte y la ruina de sus familias.

⁸². ''El Ayuntamiento de Valledupar sobre la circulación de unos papeles sediciosos en Santa Marta y Riohacha, marzo de 1819'', f. 43r.

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